Opinión
Por Gabriel Ortiz.- Por fin se puso al descubierto la refriega que existe dentro del gobierno, entre los uribistas “purasangre” y los que acompañan a Duque, con lealtad, porque según dicen: siendo desleal, el hipócrita también es ingrato.
Indigno el diálogo secreto entre el embajador Pacho Santos y la nueva Canciller. El honor es un ave extraña, para engañar al Jefe de Estado.
Dentro del partido de gobierno hay muchos que son más papistas que el Papa. Se ven muy por encima de quien fue elegido. No respetan su autoridad. Se alinean sin pudor al lado del “eterno”. Solo ante él se inclinan y por él vociferan. Desde el mismo día de la posesión, un “bachiller” pasó por encima de quien estaba jurando defender la Constitución. Fueron muchas las sonrisas y abundaron los aplausos de la galería, que consideraba que otro que se encontraba entre los invitados, era el hombre fuerte: el patrón.
En el espíritu de Duque parecía existir el deseo de cumplir con los principios y promesas de su campaña, empezando por fortalecer la paz, crear empleo, fortalecer la economía, beneficiar a las clases populares y demás ofertas.
Los colombianos consideraban que había llegado una juventud al poder, con propósitos que se fijan las mocedades cuando llegan a la cosa pública. Y seguramente esa era su intención. No contaba con la presencia de falsos consejeros y exprimidores de poder. Esos que le trabajaron la voluntad, para desviarlo hacia el restablecimiento de la hegemonía en el gobierno. Fue cuando Duque empezó a separarse del propósito que traía de ser el Presidente de todos los colombianos.
Bachilleres, primos, cabales, palomas, sanpachos y eternos formaron filas para apoderarse de pérfidas costumbres políticas, fortaleciendo una polarización que creyeron estruendosamente rentable para sus ambiciones.
Duque alcanzó a liberarse de las amarras e invitó a todos los partidos políticos a acompañarlo. El país vibró de emoción, pero la frialdad se apoderó rápidamente de la idea, cuando se descubrió que en la trastienda de los “purasangre” existen otros intereses rabiosamente destructores.
Bogotá, D. C, 22 de noviembre de 2019
*Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.
José G. Hernández*.-Es mucha la expectativa -con alguna exageración- que ha generado en el país el paro que, como forma de protesta, está programada para este jueves 21 de noviembre. Mientras el Gobierno considera que no hay motivo para la protesta -por cuanto, según afirma, se funda en falsedades-, los organizadores sostienen que hay muchas razones para marchar: posibles reformas en materia laboral y pensional; desempleo; influjo de organismos internacionales neoliberales en la política económica; privatizaciones; errónea política en materia tributaria; crímenes que se cometen contra indígenas, defensores de Derechos Humanos y desmovilizados; abandono oficial de muchas regiones del país; incumplimiento de los compromisos gubernamentales en materia presupuestal para educación universitaria; incumplimiento de lo pactado en el Acuerdo de Paz; deplorable administración de justicia; casos de corrupción. En fin, se protesta contra varios males de nuestra democracia.
Consideramos que el Ejecutivo no es el llamado a calificar o dictaminar si hay o no motivos justificados para la protesta, porque no es él quien protesta y además porque, en buena parte, son sus decisiones u omisiones las que constituyen la razón del descontento. Quienes deben saber si tienen o no -una o muchas- razones para expresarse contra el Ejecutivo son aquellos que decidan salir a marchar. Por algo irán el jueves a las calles, y están en todo su derecho, protegido por la Constitución, siempre que la marcha sea pacífica y respetuosa del orden jurídico.
¿Qué debe hacer el Gobierno y qué deben hacer las autoridades al respecto? Garantizar el libre ejercicio del derecho, en cuanto el artículo 2 de la Constitución les ordena asegurar la efectividad de los derechos, facilitar la participación popular en la toma de decisiones y proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida y en sus derechos, a la vez que el 37 es claro en establecer que "toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente" y que las limitaciones a ese derecho básico solamente las puede prever la ley, no el Gobierno, ni la administración. Lo propio consagra los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos -por ejemplo, la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos-. Se trata de manifestaciones legítimas de apoyo o de protesta, que el Gobierno, en una democracia, debe garantizar, comparta o no los motivos.
Desde luego, las autoridades de policía deben garantizar la marcha o reunión pacífica, y también preservar el orden público, de manera que deben reaccionar cuando haya desmanes, violencia, ataques a las personas o a los bienes públicos o privados. La violencia no hace parte de este derecho. Es constitutiva de delitos, y los violentos deben ser judicializados.
Ahora bien, es preocupante que algunos ciudadanos hayan decidido organizar "comandos" o "grupos" de particulares "antidisturbios" parapoliciales. Eso no le corresponde a la ciudadanía sino a las autoridades. Se presta para abusos, confusión, obstrucción, enfrentamientos que se salen del control de la autoridad -la cual ve invadidos sus terrenos-, y puede ocasionar daños muy graves a la comunidad. Tales grupos son, por definición ilícitos, y favorecen formas delictivas por uso de armas y por usurpación de autoridad pública. Mucho cuidado con esa clase de experimentos, que son inconstitucionales y anti democráticos.
Bogotá, D. C, 21 de noviembre de 2019
*Expresidente de la Corte Constitucional
Por Víctor G. Ricardo*.- Surgen incertidumbres en España tras la nueva convocatoria electoral. Por una parte, si el preacuerdo alcanzado por el PSOE y Unidos Podemos lograr atraer a otros partidos con el fin de conseguir una mayoría suficiente que permita sumar apoyos de cara a una investidura de Pedro Sánchez. Por otra parte, qué opciones le quedan al centro derecha español ante este preacuerdo y qué posibilidades tendría de perdurar en el tiempo.
Como se viene diciendo, tanto Pedro Sánchez como Pablo Iglesias han ganado, a su vez perdiendo. No se logró el respaldo que predecían las encuestas al Sánchez perder dos escaños e Iglesias siete. Con todo, el sistema de formación de gobierno en España exige unas mayorías que están muy lejos de los escaños que suman ambas formaciones, obligando a Sánchez a buscar el apoyo de una amalgama de partidos regionalistas y nacionalistas, algunos claramente partidarios de “romper” España, o con ex miembros de ETA al frente, como es el caso de Arnaldo Otegui, coordinador general de EH Bildu. La siguiente pregunta es ¿a cambio de qué estos darían su respaldo a Sánchez?
La situación es delicada. Ahora se le critica a Sánchez porque “para este viaje no hacían falta alforjas”, en el sentido de que ahora está aceptando sin condiciones una oferta de UP que rechazó tajantemente antes, como es dar a Pablo Iglesias una vicepresidencia del gobierno. Se están poniendo sobre la mesa cuestiones que no tendrían encaje en un Estado de Derecho como el español, como el derecho a la autodeterminación (no contemplada en la Constitución) o la amnistía para los políticos del proceso, condenados el pasado octubre por el Tribunal Supremo. Se habla de una crisis institucional en España. Porque, sí o sí, para que Sánchez pueda formar gobierno deberá contar con el apoyo explícito (votando a favor) o implícito (absteniéndose) de ERC, esto es, los independentistas que aspiran romper el país.
Mientras tanto, el PP de Pablo Casado se debate entre ofrecer una “abstención patriótica” al PSOE para que no pacte con UP ni independentistas, o hacer oposición mientras dure este gobierno “Frankenstein” como se le conoce comúnmente en España. La primera de las opciones dejaría cancha libre a Vox para que se erija como principal partido de la oposición. La segunda de ellas permitiría poner en marcha un gobierno que despierta demasiados recelos en el mundo empresarial, entre otros, pudiéndose, a la postre, responsabilizar a Casado por no haber hecho nada ante el desastre que se avecinaba. Hay una línea dentro del propio partido que plantea ofrecer una propuesta tripartita que integre a Vox, Ciudadanos y PP para formar un gobierno de gran coalición. Si fuera esta la opción final de Casado, lo idóneo sería que lo planteara cuanto antes para evitar que el más que probable portazo de Sánchez le ocasione el menor daño posible. Es, sin duda, un dilema de difícil solución, sobre todo, teniendo en cuenta que su liderazgo en el partido sigue lejos de consolidarse.
Bogotá, D. C, 20 de noviembre de 2019
*Excomisionado de Paz.
Por Jairo Gómez*.- El cerco mediático que el Gobierno Duque le ha montado al paro de este jueves delata la debilidad de una administración que no ha logrado cuajar en la opinión y que por más esfuerzos que haga para desmentir las razones sociales y económicas que mueven a los ciudadanos, sabe que más temprano que tarde las regresivas reformas que hoy se empeña en desconocer tendrá que realizarlas.
Sabe el ciudadano del común, porque no es bobo, que el FMI y el Banco Mundial tienen sometidas estas economías a un bucle impositivo que diseña sus políticas macroeconómicas, luego de nada le sirve la coral estrategia para impedir la reivindicación de unos derechos sociales y económicos que por más de cuatro décadas de neoliberalismo se han atropellado no solo en Colombia, sino a lo largo y ancho de América Latina.
Miremos en contexto por qué llegamos hasta aquí: la democracia liberal y la economía de mercado están haciendo crisis porque la desmedida desregulación no resolvió el problema del desempleo y menos las aspiraciones individuales de la sociedad; al contrario, ese complejo sistema macroeconómico que nos montaron lo hicieron sobre la base de los constantes recortes en la inversión social que agudizó la pobreza y la inequidad.
“Hoy la credibilidad de la fe neoliberal en la total desregulación de mercados como forma más segura de alcanzar la prosperidad compartida está en terapia intensiva, y por buenos motivos. La pérdida simultánea de confianza en el neoliberalismo y en la democracia no es coincidencia o mera correlación: el neoliberalismo lleva cuarenta años debilitando la democracia”, dijo recientemente en un artículo el premio nobel de economía, Joseph Stiglitz.
Ese fracaso neoliberal que nos vaticina Stiglitz ya está haciendo agua en Colombia, y el descreimiento de su gente por la democracia, sus vetustas y corruptas instituciones está copando la paciencia de los colombianos, como ocurrió en Chile y Ecuador.
Esa situación respalda el paro nacional en Colombia pues como dice Stiglitz ya no hay fe y la confianza se desvanece; lo corroboran las encuestas que revelan la baja popularidad de Duque, quien debe estar calibrando los alcances de una bomba social en plena ebullición. Chile y Ecuador son el mejor ejemplo. La desafiante actitud de las élites en esos países provocó un estallido social sin precedentes y trajo consigo el rechazo generalizado a una política económica que enriqueció exponencialmente a quienes están en la cúspide de la pirámide y, de contera, estafó al pueblo.
No lo dude, proteste. La marcha tiene rebosante justificación. No pueden las élites de este país seguir mirando para otro lado; la aberrante desigualdad está generando un clima de máxima tensión porque ya no son los estratos bajos los únicos paganinis, las capas medias de la sociedad se están proletarizando sin que los políticos, anestesiados por las abultadas dietas, cumplan lo prometido a sus electores.
Duque trata por todos los medios neutralizar una ciudadanía que hoy no traga entero, que despojada de prejuiciadas opiniones mediáticas es más autónoma e independiente. Los colombianos ya no son pendejos; desmontar la movilización haciendo promesas y proponiendo acuerdos no le es útil al gobierno, menos cuando pretende imponer una reforma tributaria que beneficia a los poderes económicos en detrimento de los salarios, las pensiones y la inversión social.
Ahora, la marcha no la podemos limitar al plano económico y social, la protesta también incluye el dolor por el asesinato de indígenas, líderes sociales y desmovilizados de Farc, sin dejar de soslayo la constante arremetida legislativa del gobierno para desconocer el acuerdo de paz y neutralizar su implementación. Llegó el momento de corregir o de lo contrario…
Bogotá, D. C, 20 de noviembre de 2019
*Periodista y Analista Político.
@jairotevi
Por Guillermo García Realpe*. – Este jueves 21 de noviembre será una fecha memorable para el país. Después de muchos años Colombia vuelve a tener un paro cívico nacional de enormes proporciones donde diversos sectores manifestaran en las calles su inconformismo con las políticas del actual gobierno.
No sólo marcharán los estudiantes, también los indígenas, las centrales obreras, el magisterio, los campesinos, los ambientalistas, los afro, los líderes sociales, defensores de los derechos humanos y todos quienes de una u otra manera hemos visto que las condiciones actuales del país no son las mejores en diversos frentes, por eso acompañaremos la marcha, eso sí, debe dejarse claro que la marcha debe hacerse de manera pacífica, sin atentar contra los bienes públicos del Estado, ni de la empresa privada, hay que manifestarse pero de manera respetuosa.
Motivos los hay suficientes y es una justa causa la que se defenderá éste jueves. La percepción general de los colombianos es que hay falencias muy graves en diversos sectores que no están permitiendo que el país se enrute como debe ser.
Colombia vive hoy un baño de sangre generalizado que no respeta raza, ideología o credo. A los líderes sociales los están matando, también a los desmovilizados de las FARC, volvieron los bombardeos, los falsos positivos, y mientras el país llora a sus muertos, el gobierno nacional por el otro lado bajo la mesa preparando las reformas pensional, laboral, salarial, que se siente van a radicar el año entrante y que desde luego serán muy gravosas para la gente. Pero desde ya, el liberalismo anuncia que no le va a halar a esos proyectos que menoscaban la calidad de vida de los colombianos más vulnerables.
El gobierno nacional es duro con los colombianos del común y la clase trabajadora, pero generoso con las multinacionales y el empresariado, a ellos se les perdonará diez billones de pesos en exenciones tributarias y eso desde todo punto de vista además de absurdo, es injusto.
Por todo ello marcharemos, pero además por la dura situación de desempleo que ya supera los dos dígitos y que ubica a dos millones 600 mil personas sin una fuente de trabajo, eso es vergonzoso y triste que el país no brinde oportunidades a su gente, también la inflación que hacía años no se sentía de la forma en que hoy está. A los trabajadores, a las familias ya ningún salario les alcanza y eso va en detrimento de una buena economía del hogar y en detrimento de una buena calidad de vida.
Nosotros marcharemos, también, en respaldo de los estudiantes que reclaman financiación justa y debida de la educación superior pública. No es posible que los recursos de la educación que les pertenece a nuestros jóvenes para poder tener saberes y aportarle profesionalmente al país en un corto tiempo no se garanticen de una forma adecuada, eso es inaudito.
Ahora bien, la poca voluntad política de éste gobierno para implementar el proceso de paz es un aliciente más que nos convoca a colmar las calles y avenidas del país, no es posible que los programas del posconflicto no se estén ejecutando o estén marchando a medias. Eso es inadmisible, un proceso de paz que fue catalogado por el mundo entero como modelo, es hoy un desastre por la falta de ganas del ejecutivo, de su gabinete y de su partido de gobierno de sacarlo adelante.
Se necesita de la misma manera avanzar en la consolidación de temas tan relevantes como el de la formalización, legalización y acceso a la tierra, a promover la sustitución de cultivos de uso ilícito por proyectos productivos legales y rentables, es así como se reconstruye el tejido social en las regiones y desde sus bases, no de otra manera.
Los indígenas, los líderes sociales, ambientales, de derechos humanos, los líderes promotores de la restitución de la tierra, tienen todo el derecho de pedir que no los maten más. Un llamado al gobierno nacional a que respete a la sociedad colombiana y no la descalifique porque tienen todo el derecho, el fundamento y toda la justicia. Por eso yo también marcho el 21 de noviembre, hagámoslo todos y todas, pero de manera pacífica.
Bogotá, 19 de noviembre de 2019
*Senador de la República
@GGarciaRealpe
Por Amylkar D. Acosta M*.- A raíz del enardecimiento de su población y de las multitudinarias manifestaciones, sin precedentes en los 29 años de vida democrática de Chile después de la caída del sátrapa Augusto Pinochet, que sacudió sus cimientos, el Presidente Sebastián Piñera reaccionó militarizando las calles de Santiago. Al referirse a la revuelta popular, se apresuró a espetar que “estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie y que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite”, asumiendo e insinuando que eran fuerzas externas, extrañas al país, quienes aupaban y estimulaban la protesta.
Esta declaración exacerbó aún más los ánimos y atizó la protesta. Pero a poco andar recapacitó y, ante la realidad de los hechos, le tocó entonar la palinodia y aceptar que este era su problema. Esto dijo, retractándose de su primera declaración: “los problemas se acumulaban desde hace muchas décadas y los distintos gobiernos no fueron ni fuimos capaces de reconocer esta situación en toda su magnitud. reconozco y pido perdón por esta falta de visión”. Más claro no canta un gallo. Y, a renglón seguido, procedió a recomponer su gabinete ministerial y anunciar varias medidas, todas ellas de tipo social, en su intento de sofocar las llamas que amenazaban con abrazar al establecimiento.
Cabe preguntarse qué pasó en Chile, cuyo modelo económico se consideraba paradigmático en Latinoamérica y de la noche a la mañana se produce semejante estallido. Según el profesor emérito chileno de la Universidad de Oldenburg (Alemania) Fernando Mires en su país existe un “fuerte malestar de fondo, oculto y reprimido que de repente aparece a borbotones”. En su concepto, dicho malestar viene provocado por las fuertes desigualdades sociales que generan “privilegios solo al alcance de unos pocos, lo que termina generando un resentimiento social en la vida cotidiana del país”. El rechazo al aumento en el precio del pasaje en el Metro en 30 pesos fue sólo el florero de Llorente.
Chile y Colombia tienen en común que lograron reducir sensiblemente la pobreza y la pobreza extrema, en virtud del largo ciclo (2003-2012) de precios altos de las materias primas (cobre, petróleo, carbón, oro y ferroníquel, especialmente), gracias al cual en Colombia, por primera vez, la clase media supera el porcentaje de la población que está por debajo de la línea de pobreza. Pero, ojo, gran parte de esa clase media está en condiciones de vulnerabilidad, esto es, con un pie en la clase media y el otro en la pobreza, en riesgo de volver a caer en la trampa de la pobreza y se resiste y lucha para impedirlo.
No cabe duda que lo que está fallando es el Modelo y la política económica y social que de él se derivan. Como lo sostiene el Nobel de economía Joseph Stiglitz, “las élites aseguraron que sus promesas se basaban en modelos económicos científicos y en la investigación basada en la evidencia´. Pues bien, cuarenta años después, las cifras están a la vista: el crecimiento se desaceleró y sus frutos fueron a parar en su gran mayoría a unos pocos en la cima de la pirámide. Con salarios estancados y bolsas en alza, los ingresos y la riqueza fluyeron hacia arriba, en vez de derramarse hacia abajo…Los ciudadanos sienten que se les vendió humo. Tienen derecho a sentirse estafados”.
Y de contera, ni en Chile ni en Colombia se ha reducido en un ápice siquiera la enorme desigualdad que acusan. Colombia es el segundo país más desigual del continente y el cuarto en el planeta y nada se está haciendo para cerrar las brechas tanto en ingresos, como en la riqueza y, en la peor de todas, en la tenencia de la tierra. Chile con un coeficiente Gini de 0.45 y Colombia de 0.51 están entre los más altos de la región. Bien dijo el célebre politólogo estadounidense de origen japonés Francis Fukuyama que “la desigualdad deslegitima el sistema político, da origen a movimientos sociales y a actores políticos antisistémicos, configura el escenario para conflictos sociales fuertemente polarizados y para una lucha por beneficios” y este es el caso!
Según el ex presidente Ricardo Lagos que, en lo que respecta al régimen impositivo chileno, “nuestro sistema tributario prácticamente no ha cambiado pese a las numerosas reformas que se han querido hacer” y agregó que en Chile “la mitad de los impuestos que se pagan corresponden al impuesto al valor agregado, al IVA, el más regresivo de los impuestos. Es la gran camisa de fuerza de los sectores derechistas y más conservadores de Chile. Y eso ha sido imposible modificarlo”. Cualquier parecido con el caso colombiano no es coincidencia.
En el caso de Chile, el propio Canciller del país austral Teodoro Ribera Neuman desmiente la intervención e interferencia foránea en su conflicto social y manifiesta claramente que el objetivo principal de su gobierno “es hacernos cargo de las demandas sociales internas y no traspasar este descontento a una intervención extranjera”. Así de claro. Y hablando de Colombia, no se puede seguir, entonces, macartizando la protesta con la ya desgastada monserga del castro-chavismo, la protesta es un derecho legal y constitucional irrenunciable de los ciudadanos que el Gobierno debe respetar y garantizar.
Riohacha, noviembre 15 de 2019
*Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía
www.amylkaracosta.net
Por Juan Camilo Restrepo*.- Quedan escasas cuatro semanas para cerrar la actual legislatura. La ponencia para la discusión de la reforma tributaria (o ley de financiamiento II) apenas se vino a radicar esta semana. Por razones legales y constitucionales la reforma tiene forzosamente que estar aprobada antes del 31 de diciembre si se quiere que rija para el año fiscal 2020. Éste, además, es el plazo de supervivencia jurídica que otorgó la Corte Constitucional. Son, pues, unas semanas cruciales las que se avecinan.
En realidad, son cruciales más por el lado de los beneficios tributarios que por el de los ingresos. Al gobierno se le apareció la virgen con los dividendos anunciados por el Banco de la República y por Ecopetrol (cerca de doce billones entre los dos) para ser transferidos a la Nación el año entrante. Con lo cual podrá cumplir ésta las metas fiscales cómodamente. Haya o no reforma tributaria.
El afán nace es por el lado de los estímulos a la actividad productiva que estaban contemplados en la ley que se cayó, y que si no se reactivan antes del 31 de diciembre no podrían entrar en aplicación el año entrante.
Con la caída de la ley de financiamiento no se dio la hecatombe que pronosticaban el gobierno y los gremios. Pero es cierto, sin embargo, que existen muchas expectativas en la actividad productiva para poder aprovechar las abundantes gabelas que les otorgó la ley tributaria. De allí la urgencia.
No es una buena ley tributaria. Pero es la única que está sobre la mesa. Y probablemente las agencias calificadoras nos bajarían la nota si el gobierno no es capaz de liderar la aprobación de una nueva ley fiscal antes de terminar el año.
El gobierno ha dicho que se debe aprobar exactamente la ley original que fue declarada inexequible. Es muy improbable que esto suceda. Ya muchos parlamentarios individualmente, y algunos partidos como colectividades, han anunciado que introducirán cambios a la ley original.
Lo que resulta indispensable es que dichos cambios sean bien meditados y calibrados. El gobierno tiene que ejercer un liderazgo en este sentido. Liderazgo que no ejerció en la pasada ocasión. Es muy probable que ante la difícil situación de desempleo que se está viviendo se introduzcan iniciativas para inducir por la vía fiscal más empleos.
No resulta tampoco conveniente que el ya muy frondoso árbol de los beneficios y gabelas tributarias se siga aumentando cuando, en rigor, lo que habría que hacer es podarlo.
El gobierno, con un exceso de optimismo, le asigna las perspectivas de un crecimiento económico del 3% y el aumento y de la inversión a los privilegios tributarios que ha otorgado a manos llenas. No hay que caer en el costoso espejismo que todo se arregla en una economía como la nuestra a punta de privilegios fiscales.
La urgencia de tramitar la ley de financiamiento II en esta legislatura desplazó las no menos urgentes reformas pensional y laboral para el año entrante. Es algo delicado y lamentable. El gobierno debería aprovechar este tiempo para preparar una buena ley pensional lo mismo que una laboral. Leyes que no tiene listas. Y ambas son apremiantes. Frente a ninguna caben improvisaciones. O ingenuidades como la de pretender -tal como se ha anunciado- que la ley pensional se va a concertar en el comité del salario mínimo. Este comité no es para eso.
Lo que se impone de ahora en adelante es un gran liderazgo (que por el momento no se vislumbra) del gobierno en el Congreso: que es el foro natural para tramitar la apretada agenda legislativa que se aproxima.
El desorden parece seguir imperando en torno a la Reforma Tributaria. A pesar de que el gobierno había dicho que no admitiría modificaciones a la ley que fue declarada inexequible, ya se han registrado 50 enmiendas que se espera suban a 100 antes de comenzar el debate.
Llegó la hora en que el gobierno tiene que tomar las riendas de los proyectos de ley en el Congreso. Tiene que liderarlos, cosa que no viene haciendo. El futuro de la credibilidad de la política económica se juega precisamente en este esquivo liderazgo.
Bogotá, D. C, 17 de noviembre de 2019
*Abogado y Economista. Exministro de Estado.
Por: José Félix Lafaurie Rivera*.-Nadie pone en duda el derecho a la protesta social. Lo que rechazamos, mirando el aterrador espejo del vecindario, es el vandalismo y la sinrazón de quienes, valiéndose del derecho a la protesta, destruyen la propiedad pública y privada.
Es, entonces, imperativa la reglamentación de la protesta social, una de las primeras propuestas por la que fue crucificado malintencionadamente el exministro Botero, porque reglamentar no es prohibir; es poner límites, pues todo derecho los tiene, tanto para los manifestantes como para la Fuerza Pública; es respetar los derechos de quienes, libremente, no quieren protestar.
Reglamentar es, también, establecer responsabilidades a quienes convocan. Personalmente pienso que es irresponsable y malintencionada la convocatoria del 21 de noviembre, no solo en un momento de crispación política y desenfrenos violentos en el continente, sino contra un gobierno que atendió el clamor de los estudiantes -no los entiendo-, que ha respondido a las expectativas salariales de los trabajadores, que lucha contra la inseguridad y la violencia heredadas, y de contera, contra mezquinos intereses políticos.
Estamos frente a una gavilla para desestabilizar al gobierno de Iván Duque; no porque sea bueno o malo, porque haya subido o bajado el desempleo, porque la economía vaya tan bien como la ven desde afuera o tan mal como la ven desde adentro, porque esté comprometido con quienes de veras quieren la paz, o porque ataque con decisión la violencia en campos y ciudades, por cuenta de una paz mal hecha y de su inmediata consecuencia: el narcotráfico.
A ese club de indignados por todo y por nada solo los une su antigobiernismo y ni siquiera necesitan ponerse de acuerdo, porque, simplemente, el enemigo de mi enemigo es mi amigo.
Petro no se resigna a su derrota en las urnas y cumple su amenaza de mantener al pueblo en las calles, sin importarle las consecuencias, porque son las que él persigue: desestabilizar la democracia para instaurar el socialismo bolivariano de sus mentores.
La izquierda, que cobija a los impunes narcoterroristas, asesinos y abusadores, beneficiarios de la paz de Santos y hoy sentados en el Congreso o, simplemente, “volados”; persigue lo de siempre: la instauración de un sistema basado en la utopía de la igualdad, la lucha de clases, el control estatal de la economía y de los derechos a la propiedad privada y la libre empresa, entre otros. Y eso tiene nombre: comunismo.
El “centrosantismo”, que hoy se viste de patria y de indignación, no se resigna a abandonar el trueque extorsionista de apoyos por mermelada. El problema no es Botero ni Carrasquilla, ni siquiera los muertos del narcotráfico, que Santos nos dejó como herencia maldita, sino los muertos de “este gobierno”; el problema es atacar al gobierno de los “enemigos de la paz”, que ellos crearon para polarizar al país, porque media Colombia, que también quería la paz, le dijo NO al acuerdo fariano y casi echa a perder el Nobel.
Y claro…, están los narcotraficantes, interesados en la anarquía que favorece su negocio. Y está “la opinión”, el sentir de millones de colombianos, con mucha información, pero “desinformados” por las redes y por algunos medios que añoran la bonanza de la pauta oficial que pagó su apoyo entusiasta.
Esos son los intereses detrás del paro nacional. Si usted va a marchar, póngase la mano en el corazón y, con responsabilidad, piense en su propio mañana y en el de Colombia. Chile no está lejos. Y lo que esperamos quienes NO marcharemos, es que la Fuerza Pública contenga con firmeza a todo aquel que pretenda desbordar los límites de sus derechos.
Bogotá, D. C, 17 de noviembre de 2019
*Presidente de Fedegan
@jflafaurie.
Por Mons Libardo Ramírez*.- Causa extrañeza, a algunos, que siga habiendo un “debate sin fin” (El Tiempo 27-10-19), en torno al “aborto legal”, cuando en realidad ese debate quedó abierto desde el día, para unos “memorable” para otros “lamentable”, cuando la Corte Constitucional (10-05-06), dio la Sentencia 355, considerando este asunto como “un tema de salud”, y, en tres casos determinados, “despenalizó” el delito del aborto. En querer imponer la opinión de unos pocos, y en forma sesgada, está el origen de este debate, pues no se habló en la Sentencia de “legalizar”, pero se ha querido darle esa dimensión, y la misma Corte pasó luego acrecentar diferencias al hablar de que de allí ha surgido, como un “derecho de la mujer”, pedir que se mate al hijo de sus entrañas. Además, recientemente, se ha pretendido, de parte de la misma Corte, exigir al Ejecutivo hacer reglamentación del aborto como si fuera un “derecho de la mujer”, que se puede practicar hasta los últimos días del embarazo, y que, prácticamente, los galenos no puedan presentar “objeción de conciencia”, algo tan claramente reconocido por nuestra Constitución (Art. 11), y por códigos civiles.
Como graduado en Derecho Canónico, estudioso de legislaciones de distintos países, Presidente por 12 años del Tribunal Eclesiástico Nacional, defensor del derecho natural al sagrado derecho de la vida, siento que, para bien de nuestro País, debo pronunciarme en este nuevo momento álgido. Es que de parte de la misma Corte Constitucional se pretende obligar al Presidente de la República, y colaboradores del Ramo de Salud, a dar reglamentaciones que no les corresponden, con detalles que pisotean aspectos de derecho natural que reclama el respeto a la vida, primer derecho de los seres humanos. Es de advertir que desde el 2006 venimos repitiendo que, estamos ante reclamos no solamente de carácter religioso, sino acordes con Tratados de Derechos Humanos, y gran número de científicos, sosteniendo la preciosa realidad de la dignidad y derechos de la persona humana desde su concepción, a pocas horas de ser engendrado, hasta su muerte natural.
Es de destacar cómo, en nuestros días, hay gran sensibilidad por seres vivos de la naturaleza, las plantas, las aves, los toros, y los niños ya nacidos (postnatal), pero en relación los no nacidos (prenatal), tan débiles e indefensos, qué inclemencia, al contraponerlos a sus madres, a quienes quieren dar el derecho de exterminarlos, al considerarlos como un estorbo a sus libertades. Es que los tres casos despenalizados pueden ser fácilmente extendidos a número infinito, pues hay posibilidad de alegar causas con gran facilidad. Que hubo “violación”, cómo se puede contradecir su afirmación si las relaciones íntimas son de ordinario sin testigos; en caso de “peligro de la salud y vida de la madre”, con qué amplitud se puede alegar, al tener en cuenta que todo embarazo trae serio peligro; ante la “deformación del niño en crecimiento uterino”, antes que matarlo hay múltiples medios de su mejoramiento, con médicos especialistas en ello, y, siendo, por lo demás, esos niños ya nacidos, centro de amor y cuidado de hogares con sentimientos naturales humanitarios.
Existe, además, el hecho de que, apenas dada la referida Sentencia de la Corte de despenalización en los casos mencionados, dictó el Ministerio de Salud la Reglamentación 444 que fue demandada por destacados Juristas, y fue declarada nula por el Consejo de Estado (15-03-13), por incompetencia de ese Ministerio para emanarla. Se precisó, en ese momento, que es al Parlamento a quien le correspondería, si lo estima correcto hacerlo, dar una determinación al respecto, pero si éste se niega por estimarlo inconveniente, no hay camino constitucional para que en este orden de cosas se proceda a dar orden al Ejecutivo para realizar este acto. Sería ilegal que el Presidente, o cualquier funcionario que reciba esa orden, la cumpliera, pues estaría realizando algo ilícito y nulo.
De un Presidente que, con valor, y exponiendo su prestigio, pensó que, “a conciencia”, debía hacer objeciones a la legislación sobre la JEP, se espera que, en este caso, al menos igualmente grave, objete esa orden inconstitucional que ha recibido y se niegue a cumplirla. En el caso del aborto es de rememorar la actitud de gran valor cívico del Rey Balduino, de Bélgica, que prefirió renunciar a esa dignidad, con peligro de no ser restituido de su cargo (05-04-90), antes que rubricar algo en contra de la ley natural, para que otro, si lo estimaba procedente, firmara lo aprobado en el Parlamento.
Bogotá, D, C, 17 de noviembre de 2019
*Obispo Emérito de Garzón
Email:
Por Gabriel Ortiz.- Algo va de la mermelada a la corrupción. De un tiempo para acá, la mermelada ha ido tomando una fuerza inusitada. En nuestro medio a todo lo que se quiere satanizar, se le “clava” el remoquete de confituras o conservas de frutas cocidas con azúcar. Con prebendas, favores, premios y canonjías, todos los Estados suelen premiar a los partidos políticos, a los dirigentes y a todos los que en una u otra forma los benefician, o se vuelven manejables, cómodos y fáciles.
El gobierno Santos se ha llevado todos los méritos en esas materias, desde que su ministro Juán Carlos Echeverry, le dio ese calificativo a un reparto más equitativo de las regalías. Otros gobiernos –por ejemplo el de Uribe- repartían contratos, auxilios parlamentarios y muchas cositas más, para recompensar a los que se “manejaban bien” y no censuraban ministros.
Lo que ha sido una costumbre, se emplea hoy para desacreditar a quien convirtieron enemigo acérrimo de Uribe, desde el mismo momento en que ese 7 de agosto de 2010, le dijo a Colombia que era el Presidente de todos los Colombianos, e hizo nombramientos sin consultar al “eterno”.
Desde entonces la mermelada se convirtió en la fruta prohibida. Se utiliza para desacreditar al gobierno Santos, y de paso, para ocultar la galopante corrupción, que pasa por los ojos amodorrados de los encargados de los controles. De ahí que en Colombia se tapen con mermelada la corrupción, los robos de los dineros del Estado, los sobornos, los premios a esos “amigos”, que votan amañadamente lo que el gobierno requiere. Eso no se ve, no se investiga y desde luego, no se castiga.
Esa es la diferencia entre mermelada y corrupción. La primera sirve como espejo retrovisor, la segunda para el tapen, tapen.
Así suelen ocurrir los actuales desarrollos políticos en Colombia. Se ve con asombro, como reviven la hegemonía, que había sido eliminada desde el Frente Nacional. Hoy, el gobierno Duque busca institucionalizarla de nuevo, a pesar del Servicio Civil, que le impone dique a Duque. Nadie que milite fuera del Centro Democrático, puede aspirar a un puesto gubernamental y mucho menos a un contrato.
Los agazapados en el CD, impiden que se vislumbre un Acuerdo Nacional que remedie los problemas que invaden a Colombia por la hegemonía reinante.
Es tal la influencia que quieren tener dentro del gobierno, que se atreven a todo. Ante los últimos acontecimientos, José Obdulio Gaviria, como cualquier Goebbels, cuestionó y reprobó la divulgación de los actos del gobierno Duque. Y fue más allá: le pidió la renuncia al Colega Álvaro García. Los mismos miembros del partido de Duque, desconocen su autoridad. Quieren gobernar, nombrar y destituir. El Presidente debe hacerse sentir y notificarle a Gaviria y demás parlamentarios y parlamentarias, que él es el Jefe del Estado, viejo.
BLANCO: El plantón de Roy a Acore.
NEGRO: El gélido encuentro entre la Vice Marta Lucia y la nueva canciller, Claudia Blum. Ramírez quería ese puesto.
