Opinión

Por: Amylkar D. Acosta M*.- Acaba de ser sancionada la Ley 1962 del 28 de este mes y año, gracias a la cual se fortalecen las regiones administrativas y de planificación (RAP), para bien de las regiones. En virtud de la misma “se dictan normas orgánicas para el fortalecimiento de la RAP y se establecen las condiciones para su conversión en regiones como entidad territorial (RET)”, teniendo como primera prioridad la derogatoria de ese artículo 32 de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial que se convirtió en el freno de mano que ha impedido el avance y la consolidación de las RAP al establecer que por cuenta de la RAP “no se generará gasto del Presupuesto General de la Nación, ni del Sistema General de Participaciones, ni del Sistema General de Regalías”.

Gracias a la gestión del los gobernadores, liderados por el Gobernador del Atlántico y ex constituyente Eduardo Verano de la Rosa se pudo lograr la concertación del texto final. Ellos resistieron los embates de la abulia centralista, insistieron, persistieron y nunca desistieron de la causa autonomista y al final se cumplió el adagio popular de que la constancia vence lo que la dicha no alcanza. Ello es una muestra palmaria de lo que se puede lograr cuando se anteponen los intereses generales a los intereses particulares y gracias a ello se forja la unidad. Unidos somos más y más fuertes como región! 

Como es bien sabido, con fundamento en el artículo 306 y 307 de la Constitución Política de 1991 se constituyeron las RAP del Centro, la del Pacífico y, más recientemente la de la Región Caribe el 19 de octubre de 2017, mientras está en ciernes la del Eje cafetero. Siempre hemos dicho que las RAP son la escala técnica para llegar a las regiones como entidad territorial, también previstas en la Constitución Política, que es su puerto de destino, para avanzar en el propósito de alcanzar un sueño largamente acariciado por las regiones, cual es la autonomía regional para dejar de ser alfil son albedrío del agobiante centralismo. 

Al no contar con fuentes de financiamiento propio para su funcionamiento, ni poder acceder a los recursos necesarios para financiar y acometer proyectos de inversión de impacto regional, que es su razón de ser, las RAP estaban llamadas a fracasar. Pues bien, el texto de la Ley prevé que los departamentos que hagan parte de las RAP podrán aportar los recursos con cargo a su presupuesto para su funcionamiento, al tiempo que el Gobierno Nacional también podrá hacer lo propio, no les está vedado hacerlo.

Se dice, explícitamente que “el Gobierno Nacional podrá asignar una partida en las leyes de presupuesto general de la Nación para cofinanciar el cumplimiento de las atribuciones conferidas”. Sólo se hace la salvedad de que “esta partida, en ningún caso, afectará los recursos que por concepto del Sistema General de Participaciones hayan sido asignados a los departamentos, municipios y distritos”. También podrán las RAP gestionar recursos de cofinanciación con los distintos niveles de gobierno, así como de cooperación internacional y, cómo no, a través de las alianzas público-privadas. 

Y algo muy importante, se les faculta a las RAP para que estas puedan presentar proyectos, siempre de impacto regional, para su trámite y aprobación por parte de los órganos colegiados de administración y decisión (OCAD) y la asignación de recursos para el financiamiento de los mismos provenientes del Sistema General de Regalías, amén de la ejecución de los mismos. Igualmente.  Podrán presentarse por parte de las RAP proyectos de impacto regional a los distintos fondos de cofinanciación de los que dispone el Gobierno Nacional y así acceder a contrapartidas provenientes del Presupuesto General de la Nación. También podrán contar con recursos provenientes del crédito público.

Uno de los propósitos primigenios de de esta Ley era “establecer las condiciones para su conversión en Región Entidad Territorial y su funcionamiento”. Pues bien, allí se establece la hoja de ruta que nos habrá de conducir a tan preciado como anhelado propósito. Ahora las RAP, una vez cumplan cinco años de su constitución, quedan habilitadas para iniciar el trámite conducente para constituirse como RET, a la cual también se le establecieron sus funciones, competencias y fuentes de financiación. 

Y algo tan fundamental como trascendente, en esta Ley se dispone que “el Gobierno Nacional, por medio del DNP, con la participación de los departamentos conformará una Misión de descentralización en los 6 meses siguientes a la aprobación de esta Ley”. Y la misma dispondrá  de “un plazo de 18 meses para presentar al Congreso de la República iniciativas constitucionales y legales para ordenar y definir la distribución de competencias entre la Nación y las entidades territoriales señaladas en el artículo 286 de la Constitución Política”. Es decir, que, además de los departamentos, los distritos, los municipios y los territorios indígenas, contempla también a las regiones y provincias que se constituyan hacia el futuro como entidades territoriales, las cuales se equipararán en su tratamiento a aquellas. 

Ello es tanto más importante dado que el país está en mora de revisar, actualizar lo concerniente a las competencias, concomitantemente con la reforma del Sistema General de Participaciones (SGP), que ha debido tramitarse desde el año 2017, después que perdió vigencia el Acto legislativo 04 de 2007, que modificó el Acto legislativo 01 de 2001. Como es bien sabido, estos dos actos legislativos, que modificaron los artículos 347, 356 y 357 de la Constitución Política, le costaron un ojo de la cara a las regiones, al tiempo que desequilibraron aún más la distribución de los ingresos públicos en desmedro de ellas. 

Santa Marta. Junio, 29 de 2019

*Expresidente del Congreso y Exministro de Estado

Wwww.amylkaracosta.net

Por Guillermo García Realpe*-. Ante la manifestación clara del Ministro de Defensa, Guillermo Botero, de que en diez o doce semanas iniciarán las fumigaciones con glifosato en Colombia, comenzando por los departamentos de Nariño, Cauca y Norte de Santander, sobre este anuncio, tengo que decir; que sin duda, es una manifestación absolutamente grave por parte del Gobierno Nacional, pero de alguna manera facilista también, que desde el alto gobierno pretendan enfocar su lucha contra el narcotráfico atacando la población más vulnerable de esta cadena. 

No solamente se tiene que enfocar en el tema de la producción, sino que el Gobierno debe afinar sus esfuerzos en reforzar la interdicción  que consiste en la incautación de grandes laboratorios y en los diversos controles terrestres, marítimos y aéreos. Aquí se tiene que atacar a las verdaderas mafias, pero no afectando a humildes campesinos que son utilizados por éste negocio criminal y que ante la carencia de oportunidades en estas regiones, no tienen más salida que ser permeados por el narcotráfico, no significa ello, que justifiquemos esta situación, de ninguna manera, pero el Estado sí debe encontrar soluciones de fondo que les permita a esas familias hacer la transición hacía la productividad lícita. 

Fumigar a los campesinos es condenarlos a la pobreza y a la marginalidad, pero se arriesga el Gobierno Nacional de que la resiembra que está alrededor de 40% cuando es forzada la erradicación o por fumigaciones, como lo demuestra un reciente informe de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito –UNDOC-, entre tanto dice ese mismo informe, que los programas de sustitución voluntaria y acordados, tiene un porcentaje inferior al 1% de resiembras, lo que traduce esto, es que la fumigación no sólo es absolutamente contraria a la salud, al medio ambiente y a la sociedad en general, sino que es ineficaz en la lucha contra el narcotráfico. 

También riñe esto con las declaraciones del mismo Presidente de la República, que ha dicho que en los pasados diez meses de su gobierno han erradicado 80 mil hectáreas de cultivos de uso ilícito, ¿entonces, para qué fumigar?, esa es la pregunta que hoy nos hacemos muchos en el país. Si han sido tan exitosos en programas sin aspersión aérea, para qué insistir en un herbicida que se ha comprobado con evidencia científica que es perjudicial para la salud, que atenta contra el medio ambiente y las fuentes hídricas y que no diferencia entre los cultivos lícitos de los ilícitos. 

El Gobierno Nacional debe apuntar sus esfuerzos, sus programas y sus planes para cumplir el punto tercero de los Acuerdos de La Habana, entorno a la sustitución de los cultivos ilícitos por productos legalmente rentables para fomentar una economía también legal y rentable en las zonas con presencia de cultivos de uso ilícito. Esa es la ruta acertada, la ruta de las oportunidades, la ruta de las inversiones, la ruta de construcción de vías para que haya mercadeo a precios justos de los productos de nuestros campesinos de Colombia, insistir en el retorno del glifosato es continuar por la ruta equivocada. 

Nuestra posición está del lado de nuestra región, por eso, no dudaremos en acompañar a todos los campesinos que se movilicen de iniciarse las fumigaciones con glifosato en nuestro país, particularmente en el departamento de Nariño. Nunca nos pondremos la camiseta de los gobiernos, nos pondremos la camiseta de nuestra región y especialmente de su gente más vulnerable: los campesinos. 

Igualmente seguiremos reclamando las obras y las inversiones que el Sur de Colombia y particularmente Nariño requieren desde hace mucho tiempo por los gobiernos. 

Los nuestros han sido históricamente territorios que han padecido el abandono estatal, que han sufrido con rigor los embates de la guerra, fenómenos que han conllevado a que concentremos grandes niveles de pobreza, marginalidad y exclusión. La inversión social ha sido escasa y el único apoyo que recibimos de los gobiernos es redoblar el pie de fuerza de soldados y policías, hombres y mujeres que tienen que ponerle el pecho a una violencia que no les pertenece, cuando lo que verdaderamente requerimos es inversión en salud, educación, infraestructura, vías, productividad, fuentes de empleo, en fin tantas cosas de las que hemos estado huérfanos por décadas y ahora como “premio” nos quieren fumigar con glifosato. ¡No más! 

Pasto, 2 de julio de 2019

*Senador de la República

@GGarciaRealpe

Por Juan Camilo Restrepo*.- Lo que viene sucediendo con las normas sobre regalías hace recordar la historia de Penélope, quién esperando el retorno de su marido Odiseo hacía y deshacía una tela indefinidamente.

Hace algún tiempo hicimos un dispendioso cambio a la ley de regalías dándole más recursos a las regiones no productoras de recursos no renovables, y menos a las regiones donde está ubicada geográficamente la explotación del recurso no renovable.

Esto fue lo que el exministro Echeverry denominó en su momento “esparcir mejor la mermelada en toda la tostada nacional”, expresión que terminó convirtiéndose inexactamente en sinónimo de corrupción parlamentaria.

Aquella reforma se apoyaba en una lógica muy sólida: la explotación de un recurso no renovable no se hace solo gracias al lugar geográfico donde está ubicado el recurso, que finalmente es fruto del azar, sino por el esfuerzo y ahorro de todo el país. De todos los colombianos.

Cuando se explota un pozo petrolero, pongamos por caso, no se hace solamente porque esté ubicado en tal o cual región sino gracias al ahorro y al esfuerzo de Ecopetrol que, solo o asociado con terceros, hace posible sacar el recurso no renovable a la superficie y comercializarlo.

Por eso la justicia reclama que el producido de ese esfuerzo nacional se haga a lo largo de todo el territorio nacional (la famosa tostada), y no solamente en provecho predominante de las entidades territoriales a las que les cupo en suerte acoger en su geografía la reserva del recurso no renovable, sea crudo, gas, oro, carbón o cualquier otro mineral.

Ahora parece que en desarrollo de una promesa de campaña del Presidente Duque se decidió deshacer la tela de Penélope, y comenzar de nuevo.

Se acaba de aprobar en el cuarto de ocho debates una nueva reforma constitucional que vuelve las cosas al estado anterior, es decir, que las regiones productoras recibirán de nuevo más regalías.

En efecto, las regiones productoras que hoy reciben 11,2% pasan al 25% de las regalías, al paso que la participación de las regiones no productoras permanece inalterada.

¿Cómo se financia la mejora de las regiones productoras? Sustrayéndole una tajada significativa al fondo de pensiones de las entidades territoriales que se nutre con parte de las regalías y que pasa del 22,5% al 4,5%. Un ahorro importante se transforma en gasto.

En buen romance: se le da gusto a las regiones productoras pues se restablece su mayor participación, las no productoras quedan en su plata, pero el fondo de pensiones de las entidades territoriales queda en los huesos.

Grave costo el que se asume para dar desarrollo a la promesa electoral del entonces candidato Duque. El fondo de pensiones de las entidades territoriales (que nadie defiende ahora por supuesto pues no tiene doliente) queda desprovisto de su más importante fuente de recursos.

Cuando vengan las crisis en los departamentos y municipios que no habrá de demorar, cuando éstos se vean en dificultades para cubrir las mesadas pensionales a su cargo, cosa que pueden no tardar mucho, nadie se acordará entonces que el origen del problema se gestó en una promesa electoral que derivó a deshacer la tela de las regalías, penosamente tejida, como lo hacía Penélope.

Bogotá, D. C, 1 de junio de 2019

*Abogado y Economista. Exministro de Estado.

Por Mauricio Cabrera Galvis*.- Si una imagen vale más que mil palabras, en esta época postmoderna de las redes sociales un video vale más que mil estadísticas. La opinión pública que había permanecido pasiva e insensible frente a la matanza de centenares de líderes sociales, defensores de derechos humanos y exguerrilleros desarmados, reaccionó con rabia e indignación frente al video del niño que grita desconsolado frente al cadáver de su madre recién asesinada.

Las cifras de la masacre son impresionantes. Desde enero de 2016 se registran 872 asesinatos relacionados con el postconflicto: 702 líderes sociales y defensoras de Derechos Humanos, 135 exguerrilleros de las Farc y 35 de sus familiares, incluyendo un bebé de 6 meses. Pero son estadísticas frías, noticias rutinarias que no conmueven a un país narcotizado –en todos los sentidos de la palabra- frente a la sangre derramada.

El video del grito doloroso del niño le puso rostro a esta tragedia. Quienes no lo han visto acá lo encuentran (https://bit.ly/2YmEicv). Su madre era María del Pilar Hurtado, una líder social del Cauca, que había tenido que salir de su pueblo por amenazas tras denunciar las “casas de pique” de narcos y paramilitares. Se fue a esconderse de la muerte en Tierralta, Córdoba, pero hasta allá la alcanzó, ahora por exigir tierra y vivienda para los desplazados.

El país y el mundo entero han reaccionado, con la excepción del silencio cómplice del señor Almagro que prefiere callar para asegurar su reelección a la secretaría de la OEA. La sociedad civil ha convocado una gran manifestación para el próximo 26 de julio para exigir que paren la masacre. Este es el texto de la convocatoria en la que todos tenemos que participar para acompañar el grito de los huérfanos:

“... Este baño de sangre debe terminar. Es imperativo que se emprendan las acciones necesarias para acabar con estos asesinatos, garantizar la presencia integral de las instituciones del Estado en los territorios y poner en marcha la protección efectiva de la vida de estas personas.

Llamamos a nuestros compatriotas a que el próximo 26 de julio salgamos a las calles y plazas, en Colombia y en el exterior, para rendir homenaje a los líderes y lideresas sociales y para exigir que se ponga punto final a estos crímenes. Invitamos a los medios masivos de comunicación, a los partidos políticos, a las iglesias, a los gremios empresariales, a las universidades, a las organizaciones sociales, y a la ciudadanía en general a respaldar y promover esta iniciativa.

Las niñas y los niños de Colombia merecen que persistamos en nuestro esfuerzo de paz para lograr que ni uno más tenga que llorar su orfandad.”

Cali 30 de junio de 2019

*Filósofo y Economista. Consultor.

Por José F. Lafaurie*.- “Naciones Unidas debe volver por sus fueros”

La OEA, la prestante “Organización de Estados Americanos”, surgida de la mano de Alberto Lleras en medio del estallido de violencia bogotana de abril de 1948, casi como “hermana menor” de la ONU (1945) para el continente, y las dos paridas entre las esperanzas del final de una guerra y las incertidumbres de una nueva, la “Guerra fría” contra el comunismo por el dominio político y económico del mundo; esa OEA respetable vuelve por sus fueros, después de una “insulsa”  y nefasta gestión entre 2005 y 2015.

Durante la Secretaría de Insulza, y con la indiferencia de los Estados Unidos de Obama -hay que decirlo-, la OEA se dejó eclipsar por la pretensión bolivariana de “barajar” la institucionalidad multilateral del continente, pero sin Estados Unidos, sobre la base del odio al “imperialismo yanqui” y a favor del comunismo internacional instalado en el Foro de Sao Paulo desde 1990.

Nacieron el ALBA en 2004, Unasur en 2008 y Celac en 2010, y todos los países al sur del Río Bravo cayeron en esa trampa disfrazada de integración, en gran parte por la presencia gris de la OEA, que llegó, inclusive, a respaldar fraudulentas elecciones que mantuvieron a Chávez en el poder.

Desde 2015, con Almagro, la OEA no solo recupera espacio frente a la multilateralidad bolivariana que se desmorona, sino que asume posiciones verticales frente  a la dictadura venezolana, que hoy se consolidan en su 49º Asamblea General, con la presidencia de Colombia en Medellín, que aceptó las credenciales de Julio Borges y la  delegación del gobierno Guaidó, con las esperadas réplicas de los amigos de Maduro y el retiro de la delegación uruguaya.

Y mientras la OEA vuelve por sus fueros, ¿qué pasa en la imponente ONU, concebida en la Conferencia de Yalta  (1945) y, sin duda, la más importante organización mundial? Me atrevo a diagnosticar gigantismo burocrático y exceso de diplomacia “jet set”, que se deja ver en el rito anual de su Asamblea General y en la gestión de sus delegaciones nacionales.

Pero además, en su defensa de los Derechos Humanos, un objetivo loable, por supuesto, se percibe una influencia “ideologizada”, evidente en sus posiciones frente a la dictadura venezolana y el “proceso de paz” en Colombia. Su más reciente expresión son las declaraciones de la Alta Comisionada Bachelet, “preocupada” por las sanciones contra Maduro, las cuales se apresuró a rechazar, precisamente, el secretario Almagro, afirmando que “le dan aire a un régimen oprobioso”.

Las reacciones de la ONU frente al gobierno Duque son del mismo talante. Calló mientras el país se inundaba de coca durante el gobierno Santos, pero su delegado, con argumentos de ocasión, se pone del lado de los enemigos de la aspersión aérea.

Mientras el gobierno Santos firmó un Acuerdo, chamboneó con su implementación y lo dejó sin recursos, el gobierno Duque muestra resultados. En un año pasó de 2 proyectos productivos colectivos a 24, y de cero individuales a 300; extendió los apoyos financieros, tiene listas para entrega 500 parcelas, focalizó  las “obras por impuestos” hacia los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial y ya entregó 400 obras.

Sin embargo, la ONU parece ciega a estos resultados y los “expertos” de la señora Bachelet, no solo se atrevieron a “instar” al Gobierno a cumplir el Acuerdo, como si no lo estuviera haciendo, sino a acusarlo de incitar a la violencia contra excombatientes, como si efectivamente lo estuviera haciendo.

Como la OEA, la ONU también debe volver por sus fueros de garante de los Derechos Humanos con independencia ideológica y política.

Bogotá. D, C, 30 de junio de 2019

*Presidente de Fedegan

@jflafaurie

Por: Mons. Omar de Jesús Mejía Giraldo - Saludo de Paz y Bien a todos mis hermanos en la fe. Me dirijo a todos, pero especialmente a ustedes queridos sacerdotes, a quienes invito a ser los primeros interesados en motivar el crecimiento en la fe y en la oración a nuestras comunidades.

El Papa Benedicto XVI, nos pide con urgencia, que, en la actualidad, frente a la cultura de lo fácil y de la falta de compromisos estables y duraderos, se establezcan hábitats de fe. “En un ecosistema, el hábitat es el lugar donde vive la comunidad”. La Eucaristía es "fuente y culmen de toda la vida cristiana" (LG 11). Así las cosas es necesario entender que la Eucaristía es indispensable para un cristiano – católico. La Eucaristía es el hábitat normal donde cada cristiano – católico debe vivir, porque la Eucaristía es la presencia del mismo Dios y Señor manifestado en la persona de Jesucristo. Dice la Palabra: “Después tomó pan y, dando gracias, lo partió y se lo dio diciendo: Esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Hizo lo mismo con la copa después de cenar, diciendo: Esta copa es la alianza nueva sellada con mi sangre, que es derramada por ustedes” (Lc 22,19-20).

Con fe firme creemos y confesamos que Jesús, el Señor, está presente en el Santísimo Sacramento del Altar y por ello, la Iglesia, sabiendo que la Eucaristía es el mismo Dios que se nos da, nos invita a adorar, contemplar y venerar la Santísima Eucaristía, acto de piedad y de amor que nos convoca a crear un hábitat eucarístico, a crecer en la virtud de la oración y a comunicar nuestra caridad a los hermanos como consecuencia de nuestra entrega a Dios amor.

Para la Iglesia siempre ha sido de gran preocupación la santidad de sus ministros; por eso, el mismo Papa Benedicto XVI, en el año 2009, convocó para que el día de la fiesta litúrgica del Sagrado Corazón, se dedicará una especial oración por la santificación de los sacerdotes.

Aprovecho esta oportunidad para invitar de una manera fraterna, afectuosa y reiterada para que juntos, como comunidad de fe y amor, nos sintamos todos llamados a orar sin cesar por la santidad de los sacerdotes de nuestra querida diócesis de Florencia.

La propuesta es la siguiente: En la fiesta litúrgica del Sagrado corazón, cada año, tengamos la intención particular de orar por los sacerdotes, pidiendo a Dios la santidad para cada uno. Cada primer Viernes, después de la Santa Misa de las 6.30 AM, en la capilla de la comunidad de las Clarisas, se exponga el Santísimo, para la adoración y que permanezca abierta hasta las 5.00 PM, hora en que se dará la bendición y ojalá en algunas horas del día, algunos sacerdotes puedan estar allí, para ofrecer, a quienes lo deseen, el sacramento de la penitencia. Que se exponga el Santísimo Cuerpo de Cristo, en todos los templos parroquiales, todos los primeros viernes de cada mes, después de la Santa Misa de la noche, hasta las 9.00 PM, y se motive para que la comunidad ore por la santidad del clero, oración que invito, se haga en completo silencio, de tal manera que se propicie un encuentro y un diálogo personal con el Señor.

Queridos hermanos, que Dios todopoderoso, los bendiga y acompañe; el corazón Inmaculado de María los acompañe con su Santa y agraciada presencia.

“La santidad de los sacerdotes es signo de esperanza para la Iglesia y para el mundo” (Benedicto XVI)

Florencia, 30 de junio de 2019

* + Omar de Jesús Mejía Giraldo. Obispo de Florencia

Por Gabriel Ortiz*.-La corrupción marchó al acecho de una sociedad que ya sabía lo que venía, porque no era la primera vez que sentía el fuetazo de un puñado maléfico que todo lo puede, lo consigue lo admite y lo disfruta.

Durante doscientos años Colombia ha sido sometida al capricho de belicosos anarquistas que, de tiempo en tiempo, tuercen la voluntad de un pueblo, a su manera, para sacar el mayor provecho al poder que les otorga, desde la más prometedora democracia, hasta el funesto estado de opinión que pretende implantar el uribismo.

En estos últimos años se ha venido recrudeciendo la corrupción. Han aflorado los amiguismos políticos que siembran la depravación, la perversión y el soborno. Desaparecen los dineros públicos, al tiempo que surgen proyectos gigantes que se ejecutan tramposamente, se derrumban, quedan inconclusos y nadie responde por ellos. Hasta los precarios alimentos de los niños más pobres, suelen engordar a los tramposos y a sus calanchines agazapados en la podredumbre de una política envenenada.

La última reforma a la justicia introdujo con el sistema penal acusatorio perversos negociados que han implantado en nuestro medio, la mejor manera de apoderarse de los bienes del estado y de los ciudadanos, a cambio de precarias ¨vacaciones¨ pagadas por nosotros en lujosos establecimientos policivos o militares, o en casas cárceles.

Y lo más grave: ¡nuestra población, parece alborozada! Muchos se hacen los de la vista gorda y esperan beneficiarse con la corrupción. No de otra forma podríamos explicarnos que cuando se realizó la consulta popular para eliminarla, el número de sufragantes no alcanzó el umbral. Faltaron 472 mil sufragios.

Ese fue el primer baño de rosas que se dieron los deshonestos al recibir un país enfermo y sin ganas de sanar. Sabían que el Gobierno, la sociedad y un Congreso repleto de dudas, echarían por tierra el clamor de gran parte de los colombianos.

El esperanzador proyecto, el anhelo y la ilusión, rodaron por el suelo. Tuvieron entierro de tercera y sarcásticas risotadas de parte de los legisladores, que no vacilaron en alargar el último debate justificando impedimentos para actuar. ¿Cómo puede un congresista decir que está impedido para votar contra la corrupción?

El debate y el tiempo se agotaron al igual que las esperanzas de un pueblo que quería salir de la podredumbre.

Los buenos, los probos, los nobles, derrotados y con la moral en el piso, desalojaron los salones de un congreso que sepultó la única forma de sanear un gobierno, unas finanzas, unas actuaciones funestas de contratistas que se enriquecen sin piedad, porque los triunfantes y traficantes celebraban con alborozo el rudo golpe a un país que ya no resiste más. Ya vendrán nuevos ¨saludos a la bandera¨, pero entre tanto: ¨Arrobarpuntocom¨.

BLANCO: La firmeza de la Corte para impedir el uso del glifosato.

NEGRO: Impopulares e ineficientes, debería ser el nuevo eslogan de Peñalosa que le costó una millonada a la Alcaldía. Empezando por los contaminadores buses “nuevos”.    

Bogotá, D. C, 28 de junio de 2019

*Exdirector del Noticiero Nacional y de Notisuper.

Por José G. Hernández.- El Estado de Derecho se caracteriza por la efectiva y permanente sujeción de todos -gobernantes y gobernados, servidores públicos de todas las ramas, y particulares- a un orden jurídico previamente establecido, dentro de un esquema institucional que garantice el equilibrio, la separación y la colaboración armónica entre las ramas y órganos del poder público para alcanzar los fines estatales.

En cuanto a la rama judicial, debemos recordar: jueces y magistrados están llamados a realizar los fines primordiales del Derecho -la justicia, la equidad y la seguridad jurídica- y, por supuesto, al actuar, están sometidos en grado superlativo a la Constitución y a las leyes.

Los jueces ejercen la función quizá más delicada de las que corresponden al Estado: “Juris Dictio”, que significa “decir el Derecho”. Venir al caso concreto para que las previsiones genéricas y abstractas de las normas se cristalicen en cabeza de personas en concreto; hacer efectivos los derechos, las obligaciones, las cargas y las responsabilidades. “La constante y perpetua voluntad de dar a cada cual lo suyo”, como lo expresara Ulpiano.

Si ello es aplicable a todos los jueces, con mayor razón a los constitucionales, encargados de velar por el imperio y la supremacía de la Constitución.

De allí que resulte preocupante la perniciosa tendencia de algunos de ellos -no todos- a aplicar las normas jurídicas, inclusive las de la Carta Política, con base en interpretaciones que se miran (con criterio subjetivo) “convenientes” u "oportunas" desde el punto de vista político o económico, pero sin atención al significado y efectos que tiene ese criterio bajo una estricta perspectiva jurídica.

Hemos podido examinar recientes autos y sentencias, tanto en materia de control constitucional en abstracto como en materia de revisión de decisiones de tutela, y la conclusión objetiva a la que llegamos no es otra: sin generalizar -porque también hay buenos magistrados y acertadas decisiones-, la verdad es que se percibe -y de manera creciente- una gran falta el rigor jurídico, de motivaciones bien fundamentadas y claramente expuestas, de razones suficientes para llegar a la decisión. Así, muchas demandas de inconstitucionalidad se rechazan por el prurito de exigir al ciudadano del común el cumplimiento de complicados requisitos técnicos no previstos en norma alguna.

Debemos reconocer que hoy, infortunadamente, muchas decisiones se adoptan sin atender a las reglas de hermenéutica; sin una valoración de los hechos; sin previa lectura de las demandas ni de los alegatos; sin análisis de las disposiciones aplicables; sin una adecuada ponderación; sin una relación lógica entre la motivación y la resolución.

Todo ello conduce a un deficiente control de constitucionalidad que, hoy por hoy, no está cumpliendo su función. Hay que volver al rigor jurídico y que los jueces fallen en Derecho.

Bogotá, D. C, 27 de junio de 2019

*Expresidente de la Corte Constitucional.

Por Víctor G. Ricardo*.- Los sucesos de inseguridad y violencia que se han venido presentado en los últimos días, en diferentes sitios del país, han creado un clima de gran preocupación, temor y desasosiego. Esto, con razón, porque no es posible que las autoridades permitan que robos masivos en semáforos como el que se llevó a cabo en una calle de alta circulación del norte de Bogotá se presenten.

No entiende uno como la delincuencia se ha tomado las distintas ciudades y la zona rural. Pero además es como para un cuento de no creer que en un semáforo donde se presentaba un trancón un número considerable de atracadores en plena luz del día y con instrumentos como martillos y bujías y armados de armas blancas hasta donde se sabe aprovecharán el semáforo y el trancón para romper los vidrios de más de cinco vehículos y robar a sus ocupantes sus pertenencias, celulares y carteras.

¿Hasta dónde ha llegado la inseguridad? Y qué decir si analizamos los asesinatos que en distintas regiones se han venido cometiendo, como el de María del Pilar Hurtado en el municipio de Tierralta, que además lo hicieron delante de sus dos hijos pequeños y de muchos otros defensores se derechos humanos. Por otra parte, más de 130 ex guerrilleros de las Farc que se acogieron a la paz del pasado gobierno también han perdido sus vidas, lo que ha generado una alarma roja entre todos los exguerrilleros que no sabe uno donde puede terminar.

Ya son tantos los hechos delincuenciales que no se publican en los distintos medios de comunicación. Muchas personas han perdido su vida, como víctimas de atracos con el único motivo de hurtar un celular o un reloj o cualquier pertenencia comparativamente insignificante.

Han aumentado el robo de vehículos y a casas, tanto urbanas como rurales. Lapregunta que uno se hace es ¿qué es lo que está pasando y cómo es posible que los gobiernos municipales, como es el caso del de Bogotá, no están haciendo una tarea especial con la Policía y los cuerpos de seguridad para controlar esta lamentable situación?

A nivel nacional, ¿dónde está la acción de los Ministros, del Director de la Policía y del director de Unidad de protección que deberían ya haber aconsejado al Presidente de la República para tomar acciones y decisiones extraordinarias ante la grave situación que estamos viviendo?

Nos podremos esperar inversión extranjera o interna mayor si no tenemos acciones de gobierno con rapidez y seriedad que les garantice a los colombianos un mínimo de seguridad por sus vidas, bienes y condiciones. Hace ya varios meses y en distintas oportunidades he venido advirtiendo del desmejoramiento de la seguridad en las distintas regiones y hoy con angustia escribo de nuevo sobre el mismo tema. Y es lógico porque pasa el tiempo y las cosas en lugar de mejorar se empeoran. No aguantamos más ver que los responsables de las instituciones sigan como si nada estuviera pasando; estos tienen que responder o el Gobierno debe replantear su política y que salgan de la administración los responsables por no tomar medidas o ser ineficientes en sus acciones. Llego el momento de exigir más diligencia y acción de gobierno. No queremos más muertos. No podemos vivir con tanta inseguridad. Queremos menos palabras y explicaciones y más diligencia en las acciones. ¿¿Y para concluir que decir de lo político y el hundimiento de la Ley anticorrupción?? ¡¡¡¡Sin comentarios!!!!

Bogotá, D. C, 26 de junio de 2019

*Excomisionado de Paz

Por Jairo Gómez*.- La denuncia que refiero es de mucha gravedad y es tal vez la más importante de la legislatura que concluyó el pasado 20 de junio (2018-2019); la hizo el senador Gustavo Petro en compañía de otros partidos políticos y hoy, más que nunca, cobra vigencia por las premoniciones que hizo en su momento por la crisis que desataría en el Grupo Aval su amistosa relación con Odebrecht.

Petro, como siempre serio en sus exposiciones, dejó una constancia, a finales de 2018, en la que advierte de oscuros nubarrones económicos que se avecinan para el país por el hecho de que la justicia de los Estados Unidos llamara a los estrados judiciales al hombre más rico de Colombia, Luis Carlos Sarmiento Ángulo, para que dé una explicación sobre los sobornos que repartieron a diestra y siniestra con Odebrecht, para quedarse con multimillonarios contratos de obras públicas en Colombia, entre esas, seguramente, la vía al Llano.

“A un alto costo personal junto con otros colegas -dijo Petro- realicé un debate Odebrecht-Sarmiento y (en ese debate) traté de demostrar cómo la asociación entre estas dos empresas había capturado a buena parte del Estado colombiano, y sobornado a las más altas instancias de agrupaciones políticas, en función de asegurar un contrato y una rentabilidad en miles de millones de pesos en una cuantía superior a los 50 millones de dólares”.

En aquella constancia ante el Senado, aseguró Petro que el Grupo Aval -“que controla uno de cada cuatro pesos de la economía nacional”- debe responder como ya lo hizo Odebrecht ante la justicia norteamericana por cada una de sus actuaciones y aclarar con verdad plena cómo fueron los hechos, a quiénes directamente sobornaron y en qué condiciones se repartieron esos dineros del cohecho.

“Los propietarios del Grupo Aval, toda su gerencia, los testigos que dijeron medias verdades en Colombia hoy presos y la mayoría de no presos serán llamados a declarar para contar la verdad integral y completa”, sentenció entonces Petro.

Pero lo más grave de la intervención del senador Petro es que en su momento alertó sobre las consecuencias negativas que tendría para la economía colombiana y los efectos perversos contra los pequeños accionistas del Grupo Aval y las trabajadoras y trabajadores que aspiran a una pensión en el inmediato futuro. Y es aquí, en este punto, donde le aparece otra pata a la mesa que obliga a preguntarse si tendrá que ver la crisis de la vía al Llano y la incompetencia de la firma Coviandes, propiedad del Grupo Aval, con esos sobornos que la justicia de Estados Unidos le investigó a la firma Odebrecht, y que seguramente también hará parte del cuestionario que le tiene preparado a la Organización Sarmiento Angulo.

Pero además, es bueno recordar que en esa oportunidad el congresista advirtió sobre las secuelas que implica negociar con la justicia de los Estados Unidos, y que hoy debe estar mirando con lupa qué sucedió en la vía al llano. En ese momento, Petro vaticinó que “seguramente habrá una transacción económica cuantiosísima como le toco (pagar) a Odebrecht, y (ello traerá) unas consecuencias en el próximo año que es importante que el Congreso de la República conozca de antemano; este hecho sin precedentes en la historia de Colombia (es) el hecho de corrupción más grande y al mismo tiempo el proceso judicial, no en territorio colombiano desgraciadamente, más grande, contra la agrupación económica más poderosa de Colombia (el Grupo Aval) dueña de medios de comunicación, dueña de la política, de buena parte de la banca y de la economía, (que va a ) ser procesada y (obligada a) decir la verdad que esperamos la diga. (Este caso) producirá una serie de hechos económicos (graves) en Colombia”.

Y Petro, a manera de recomendación, sugirió que “los pequeños accionistas del Grupo Aval deben organizarse ya; los trabajadores y trabajadoras del Grupo Aval deben organizarse ya; habrá un impacto sobre el sistema pensional de Colombia; el Congreso de Colombia debe alistar el blindaje para que la crisis no pegue sobre los más débiles: los trabajadores y trabajadoras aspirantes a pensión”. Y es aquí, en este otro punto, donde nos asaltan otras dudas: ¿Lo que ocurre hoy en la vía al Llano, responsabilidad de la Organización Sarmiento Angulo, ya es parte de esa crisis que vaticinó Petro? ¿Estará pasando el Grupo Aval por una situación crítica y no nos hemos dado cuenta? O el Grupo Aval ¿no nos ha dicho toda la verdad? Y, entre otras, ¿qué sabe el Gobierno del asunto? ¿Y la Superintendencia Bancaria?

Sin duda, el taponamiento de la vía al Llano es un monumento a la corrupción. Todo se hizo mal y los dineros producto del cobro de peajes por más de 20 años terminaron en otra bolsa (¿la de Nueva York?) y la tragedia de los llaneros sin solución. ¿Tendrá que ver todo esto con los sobornos por más de 50 millones de dólares que investiga la Justicia de Estados Unidos?

Bogotá, D. C,25 de junio de 2019

*Periodista y Analista Político

@jairotevi