Opinión

Por Gabriel Ortiz.- La campaña electoral se abrió, avanza y ya muestra signos de suciedad, pese a que Colombia requiere una nueva política.

Al país ha regresado la hegemonía y la supremacía, que todos creyeron eliminada tras los acuerdos de Benidorm y Sitges de los años 50, cuando se transitaba por una dictadura tenebrosa. Alberto Lleras y Laureano Gómez, se perdonaron, estrecharon sus manos y se sentaron en España a dialogar para salvar a la atormentada Colombia. La hegemonía de entonces impedía que valores muy reconocidos y generosos aportaran sus conocimientos a los gobiernos, si pensaban diferente.

Hemos regresando a esas prácticas, primero entre el 2006 al 2010, cuando alternaron en el panorama guerrilleros y paramilitares.

Hoy contamos con un Presidente joven, tal vez muy joven, al que sus colaboradores aconsejan erróneamente en muchos aspectos, impidiéndole aprovechar los caminos que cimentó el Nobel de Paz. Nadie duda que esos asesores, buscan y aconsejan otros rumbos que para llevarnos a una hegemonía uribista o del DC. Nadie que piense diferente puede llegar, en este gobierno, a una posición medianamente importante. Es cierto que Duque ganó por 2.300.000 votos. Pero entre ellos estaban los antipetristas, muchos de los que apodaban izquierdistas por su pensamiento progresista, esos que salieron verracos a votar porque nos convirtiríamos en otra Venezuela y tantos más que deseaban algo distinto. No todos eran uribistas, porque entre los 10 millones había de todo. Pero quien no tenga el rótulo o bendición del “eterno”, no podrá llegar a la nómina.

Iván Duque, es el presidente de los colombianos. El que eligieron los colombianos y el que debe gobernar por cuatro años. Eso lo desconocen quienes asfixian y asesoran al Jefe de Estado. Son expertos en practicar el odio y sepultar la paz para regresarnos al paramilitarismo, a una sociedad armada hasta los dientes, a un ejército de “cooperantes”, a destruir la paz, desaparecer la JEP, e inhumar la verdad, a la que tanto temen.

Y durante las elecciones que se avecinan, ya hay engaños, enredos, falsificación y manipulación de la propaganda de los adversarios, celadas, intrigas y demás vicios ya aplicados. Hay funcionarios que de frente hacen campaña política a candidatos del Centro Democrático, utilizando los dineros públicos. (Léase Mono Sánchez en Boyacá)

Los candidatos de otros movimientos serán calificados de extrema izquierda, o abusadores de niños, o antiuribistas. Será otra campaña con banderas de odio, cizaña y engaño, para que la gente salga votar enverracada.

Duque puede convertirse en el líder que saque a Colombia de esa práctica y que lime las asperezas que nos impiden disfrutar de la floreciente economía, la paz e impida  que siga ascendiendo el pesimismo que observan los gremios económicos. Debemos olvidarnos de Venezuela, del odio, del rencor y la rabia, para salvar a esta sociedad, que quiere la paz y rechaza la hegemonía.

BLANCO: La solución salomónica de la Corte Constitucional sobre objeciones presidenciales. 

NEGRO: ¡Gran oportunidad! “Fumigaciones Botero ofrece glifosato a $2 millones hectárea”. Reclame plato de longaniza.

Bogotá, D. C, 21 de marzo de 2019

*Exdirector del Noticiero Nacional y de Notisuper:La Noticia Viva.

Por Juan Fernando Londoño*.- Pese a que el proceso de paz es la mejor noticia que ha generado Colombia en muchos años, su diseño y alcances aún nos dividen. Un sector importante de la población, que se considera mayoritario por su triunfo en el plebiscito y en la elección presidencial, reclama para sí esos triunfos como un derecho para modificar los acuerdos de paz con las Farc.

De otra parte, las Farc han demostrado su compromiso con los acuerdos firmados y tienen el derecho a que se respeten los términos bajo los cuales aceptaron entregar las armas y desmovilizarse. Quienes concibieron y acompañaron el acuerdo de paz, pese a la derrota en el plebiscito, siguieron adelante con su deber moral de hacer lo que era mejor para el país: terminar el conflicto armado con la guerrilla más importante y vieja del hemisferio, salvar cientos de vidas y evitar los sufrimientos derivados de la guerra. Ellos también sienten (sentimos, para ser honesto, pues me incluyo en ese grupo) que se debe proteger tanto el logro como su diseño, cuya pieza central es una justicia transicional que permitirá que los actores de la guerra reciban penas no privativas de la libertad a cambio de la confesión de sus crímenes y de colaboración eficaz para dilucidar lo sucedido y reparar a sus víctimas.

Antes de la presentación de las objeciones a la JEP el país se encontraba en un tranquilo empate negativo sobre el acuerdo de paz, pues el Gobierno, ni se comprometía a implementarlo, ni hacía nada por destruirlo. Con el anuncio de las objeciones, ese equilibrio se destruyó.

Esta situación pone a Colombia en una situación que se denomina como la paradoja de la fuerza irresistible, en la cual una fuerza imparable choca contra un objeto inamovible. En este caso la fuerza imparable es el uribismo y la fuerza inamovible son los líderes del Sí. La única forma de solucionar este problema es que ambos empiecen a ceder en sus posiciones, pero para ello debe existir una premisa de sinceridad en la discusión sobre las verdaderas intenciones y alcances de las pretensiones de cada uno.

Para empezar a salir del empantanamiento en que nos encontramos, los voceros de la defensa del acuerdo deben aceptar que es posible introducir modificaciones, pero los voceros del No en el plebiscito deben aceptar que esas modificaciones no pueden alterar las condiciones que permitieron la desmovilización de las Farc, esto es, no se desarmaron para ir a la cárcel y su objetivo era hacer política. Esos dos aspectos fueron los que no permitieron llegar a un acuerdo en las negociaciones posplebiscito de 2016.  El uribismo quería enviar a la cárcel e impedir participar en política a los miembros de las Farc, condiciones que únicamente son posibles si hay una derrota militar del adversario, lo cual no fue el caso (y que se comprueba ante la incapacidad de derrotar al ELN que es una guerrilla mucho menor).

Si el uribismo renuncia a la idea de que le puede propinar una derrota humillante a las Farc por la vía política, cuando no la consiguió por la vía militar; y si los defensores del acuerdo aceptan que es posible introducir ajustes, como el aumento de los jueces en la JEP y de miembros de la comisión de la verdad mediante un nuevo mecanismo de selección, será posible avanzar en un diálogo que permita doblar esta página.

Pero si el objetivo no confesado de los voceros del No es la impunidad para otros actores del conflicto, entonces el diálogo será muy difícil, porque sus acciones no estarán dirigidas a mejorar el acuerdo, sino a evitar que muchos de los responsables de crímenes de guerra se vean en la necesidad de confesar las atrocidades que se cometieron.

De momento lo importante es que se empiecen a alzar voces, desde la sociedad civil, para encauzar las diferencias por la vía del diálogo y finalmente cerrar la discusión sobre una paz que nos beneficia a todos.

Bogotá, D. C, 21 de marzo de 2019

*Exministro del Interior.

Por José G Hernández*.- Se dispone el Congreso a resolver sobre las objeciones que, por inconveniencia, formuló el Presidente Duque sobre seis artículos del proyecto de ley estatutaria para la JEP. No se puede abstener de decidir.

Característica fundamental de un sistema jurídico que desarrolle los principios del Estado de Derecho es la existencia, en la Constitución y en las leyes, de  normas claras que contemplen las funciones de cada rama y órgano del poder público. Cada órgano tiene definidas sus atribuciones, funciones, facultades y obligaciones, y debe ejercerlas sin incurrir en omisión ni en extralimitación, sin perjuicio de la colaboración armónica, tal como lo contempla el artículo 113 de la Constitución.

La función de todos los órganos del poder público ha de ser ejercida de modo que, además de no invadir las funciones de otros, realice los postulados y las reglas, en normas jurídicas y no en la arbitrariedad, ni en la torcida interpretación de sus mandatos. Para que ello sea así, y para que la sociedad mantenga su confianza en la justicia, en el Congreso, en el Ejecutivo, en los órganos de control, y para que los ciudadanos tengan seguridad en la vigencia de sus derechos y garantías, es indispensable que impere el Derecho. Y que incluso en el caso de decisiones políticas lo reconozcan y apliquen.

Así, pues, las funciones públicas deben ser cumplidas exclusivamente con sujeción a los mandatos de la Constitución y las leyes, y dentro de las competencias de cada uno. El artículo 122 constitucional estipula que no habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento, a la vez que el 121 dispone que ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley.

El artículo 6, por su parte, dispone que los servidores públicos respondan tanto por vulnerar la Constitución o la ley como por omisión o extralimitación de funciones.

Por ejemplo, la Corte Constitucional, que tiene a cargo la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, profiere sentencias, con carácter obligatorio, que hacen tránsito a cosa juzgada constitucional. No emite conceptos, porque no tiene una función consultiva, lo que, en cambio, sí corresponde a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, que, a su vez, no profiere sentencias. Entonces, nadie debe pedir conceptos a la Corte Constitucional, ni ella los debe emitir. Ni la Corte debe pronunciarse sobre las objeciones por inconveniencia, una competencia del Congreso.

Otro ejemplo: el Procurador General debe emitir concepto ante la Corte en el proceso de control sobre objeciones presidenciales por razones de inconstitucionalidad, pero no podría descalificar o rechazar fuera de proceso unas objeciones por inconveniencia, lo cual es privativo de las cámaras.

Y deben aplicarse las normas. Así que, cuando el artículo 200 de la Ley 5 de 1992 (Reglamento del Congreso) estatuye que si una cámara declara fundadas las objeciones y la otra infundadas “se archivará el proyecto”, eso es claro. No hay lugar a interpretación distinta, como alguna que escuchamos, según la cual, en tal evento se archivan las objeciones. Con todo respeto, eso no sería otra cosa que la flagrante violación de un claro precepto de la ley.

Bogotá, D. C, 21 de marzo de 2019

*Expresidente de la Corte Constitucional

El Centro Democrático (CD), empeñado en revivir su litigio ideológico con las Farc-EP, busca en la extinta organización guerrillera el 'sparring' perfecto para que lo ayude a sobrevivir en las encuestas y, por ende, lo catapulte como la mejor opción en las elecciones de octubre. 

Esa es su estrategia. Por ello el misil electoral está dirigido al corazón del acuerdo de paz: la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Combinando todas las formas de lucha, acude ahora, como en el pasado cuando manipuló la información en favor del no en el plebiscito, a manosear a las víctimas vendiendo la idea de que lo pactado en La Habana no es cosa distinta a un acuerdo de impunidad, entonces hay que hacerlo trizas. 

Sin duda, presionado por su gran mentor, el presidente Duque, tomó la decisión de ayudarle a su partido a tejer la propuesta electoral objetando seis artículos de la ley estatutaria y proponiendo modificar constitucionalmente el acto legislativo que creó el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, no obstante existe una prohibición expresa de la corte que obliga a los próximos tres gobiernos a no enmendar lo acordado entre el Estado colombiano y los representantes del entonces grupo insurgente. 

No es la Comisión de la Verdad o la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas las que busca desaparecer el presidente Duque y su partido el CD, es la JEP y tras su decisión neutralizar la verdad, gestar inseguridad jurídica y cerrarle la puerta a cualquier posibilidad de paz futura y negociada. 

Ese es el tema de campaña que le es funcional al senador Álvaro Uribe y sus dirigidos; a todo vapor, con la maquinaria bien aceitada (¿mermelada?) y sin argumento alguno insisten en que la JEP debe acabarse, al tiempo que la señalan como una instancia humillante para los miembros de la Fuerza pública al ser “comparados con los terroristas”. Vieja estrategia para querer instalar, de nuevo, el discurso, ya superado, de que Colombia no experimentó “un conflicto armado”. 

Paradójicamente, la oposición a esta mirada del conflicto el expresidente Uribe no la encuentra en sus adversarios políticos, sino en los propios exmilitares y expolicías que decidieron, voluntariamente, acogerse a la JEP (ya van más de dos mil agentes del Estado en armas que se acogieron a los beneficios de la Justicia transicional, entre ellos cerca de una veintena de generales).

Se equivocan el CD y el presidente Duque: ni habrá impunidad para los miembros de la extinta guerrilla, ni la fuerza pública encontrará otro árbitro diferente a la JEP que les brinde los beneficios que hoy ya ostentan. 

El proceso de la Justicia Transicional ya comenzó a dar resultados, así lo entienden los países garantes, la Unión Europea, los demócratas en el Congreso de Estados Unidos y, el organismo más importante, la Corte Penal Internacional (CPI), por eso el respaldo a la JEP es incondicional. “Dejen trabajar a la JEP”, dijo Naciones Unidas. El que quiera más que le piquen caña, dice el adagio popular. 

Se metió el presidente Duque en un terreno movedizo apenas despuntando su mandato, terreno en el cual los debates serán intensos y se tomarán por lo menos dos años, mientras el país se pregunta ¿para qué lo elegimos? ¿Para revivir un discurso de la guerra ya superado con la negociación? O para que le entregue a los colombianos una nación próspera, incluso con más turistas, si es lo que pretende y eso solo lo garantiza, la paz.

Bogotá, D, C, 19 de marzo de 2019

*Periodista y Analista Político.

@jairotevi

Por: Guillermo García Realpe*.- Como es de conocimiento nacional la vía Panamericana continúa cerrada por cuenta del paro indígena y campesino que se adelanta en el departamento del Cauca, lo que ha generado serios traumatismos viales y graves afectaciones sociales y económicas. 

Pero no sólo el Cauca está siendo afectado, sino que casi todo el sur occidente colombiano; departamentos como Nariño, Huila, Caquetá y Putumayo ya sufren los rigores de los bloqueos  en las vías que conectan a las regiones del sur. 

Somos solidarios con las justas causas de los pueblos indígenas y apoyamos sus reclamaciones, pero también somos conscientes de la necesidad imperiosa de buscar salidas urgentes que permitan una solución definitiva a la situación que hoy afecta a las gentes del sur. 

Ya son múltiples las afectaciones sociales y económicas en los sectores productivos del sur de Colombia como el lechero, papero, transportador, comercio, entre otros, por lo que el Gobierno Nacional a través de los Ministerios de Agricultura e Interior, deben concertar salidas definitivas para superar este momento que hoy tiene paralizado al sur occidente colombiano. 

Se requiere entonces que Gobierno y comunidades concreten provisionalmente un levantamiento del paro mientras dialoguen sobre los temas de fondo del cumplimiento de las actas de compromiso con las comunidades indígenas y campesinas del Cauca y del sur del país, el Gobierno debió anticiparse a éste bloqueo con un diálogo constructivo y efectivo, no se llevó a cabo y hoy requerimos que cuanto antes haya un levantamiento del mencionado bloqueo. 

Hoy son múltiples los compromisos pactados, pero que sin embargo no han tenido un avance significativo, por ejemplo, una de las peticiones puntuales de las comunidades indígenas es el cumplimiento del Decreto 1811 del 2017 y su inclusión dentro del Plan Nacional del Desarrollo como un capítulo especial para los pueblos indígenas, así mismo que cese el exterminio a líderes sociales y los enfrentamientos de grupos armados ilegales, y desde luego sus aspiraciones en materia de tierras por el orden de 41 mil hectáreas, entre muchos otros. 

Toda esta situación se ha traducido en múltiples afectaciones, los alimentos han empezado a subir sus precios, las medicinas y combustibles escasean, los transportadores y el comercio ya reportan millonarias pérdidas, las entidades de salud ya han declarado la alerta amarilla en varios zonas, y desde ya se plantean establecer puentes aéreos para abastecer insumos hospitalarios. 

En Caquetá por ejemplo cientos de animales bovinos no han podido ser transportados al occidente colombiano, el servicio de gas domiciliario y el transporte público fueron suspendidos. En la vía que comunica a Neiva con el sur del país presenta cierres generando afectaciones graves, la misma problemática registran departamentos como Nariño y Putumayo. 

Entre tanto el Gobierno ha señalado que para los próximos cuatro años se han designado partidas por el orden de diez billones de pesos del Plan Nacional de Desarrollo para atender las necesidades de las comunidades indígenas, también inversiones por 24 billones de pesos para el departamento del Cauca. 

Y es que según la Federación Colombiana de Transportadores de Carga, Colfecar, las pérdidas de dicho gremio son millonarias, esto teniendo en cuenta que cada día se realizan alrededor de 189 viajes por estas vías, recorridos que movilizan cerca de 2000 toneladas de mercancías como abonos, manufacturas, arroz y avena. A esto se suman 124 mil galones de líquidos como petróleo, gasolina, biodiesel, bebidas, entre otros. 

Así mismo en el sector de transporte de pasajeros registra también millonarias pérdidas económicas. Ojalá  más temprano que tarde hayan salidas definitivas que permitan ponerle fin a esta difícil situación que hoy tiene en crisis social y económica a los departamentos del sur y que el Gobierno Nacional entienda sus justas causas. 

Bogotá, D. C, 19 de marzo de 2019

*Senador de la República

@GGarciaRealpe

Por Horacio Serpa Uribe*.- ¡Ecopetrol es la empresa de todos los colombianos! Eso fue lo que aprendí de niño y lo sigo pensando con el alma. Ecopetrol le ha garantizado el abastecimiento de crudo al país y le ha brindado la satisfacción de lograr ser dueño, en buena medida, de la riqueza petrolera. Ecopetrol es un buen ejemplo para la comunidad y en líneas generales ha sido honorable y eficazmente bien administrada. Gracias a Ecopetrol sabemos los colombianos que somos capaces de manejar lo nuestro.

La Empresa Colombiana de Petróleos ha colaborado en la solución de muchos problemas nacionales y ha brindado ayuda social a diferentes comunidades necesitadas del país. Gracias a ella Colombia en general y muchas regiones en particular han alcanzado mejoramientos y desarrollo. También ha brindado empleo y oportunidades de formación laboral y profesional a la gente.

Gracias a lo que produce Ecopetrol, a las ganancias que genera, se fortalece el presupuesto nacional. Bástame con recordar que este año el fisco público, es decir el gobierno del Presidente Duque, recibió más de nueve billones de pesos a título de participación de utilidades. Además Ecopetrol paga gruesas sumas de dinero en impuestos y aporta grandes recursos por concepto de regalías.

Es posible que no todo haya sido color de rosas. Ecopetrol ha cometido errores, en oportunidades no ha atendido adecuadamente las relaciones laborales, otras veces ha pecado de clientelismo, y está de por medio la contaminación ambiental que en algunas épocas fue desastrosa, sin pretender decir que aún no ocurran casos delicados estilo Lizama. También está de por medio el ingrato asunto de Reficar. Pero en la balanza de la equidad y de la conveniencia, el platillo de lo bueno se inclina muy, pero muy favorablemente, sobre el de lo inapropiado.

De esta empresa tan importante para el presente y futuro de la nación ya se vendió el 10% de su capital, no recuerdo exactamente con qué pretexto. Ahora se pretende vender otra parte con el argumento deleznable de que se necesita  cubrir “el hueco” que no atendió la pasada reforma tributaria. Que frescura tan grande, como si la tal ley de financiamiento no hubiera sido en extremo gravosa. O como si el gobierno no tuviera otros medios para lograr ingresos sin afectar al pueblo ni al interés nacional. ¿Por qué no piensa en disminuir sus propios gastos?

El Estado, por medio de sus diferentes gobiernos desde cuando comenzó la actual época neoliberal, enajenó casi todos sus activos. Hubo hasta regalos y despilfarros. De esos recursos no se sabe nada, ningún ciudadano se tomó siquiera un tinto, como ocurrió con la plata de Isagén. ¡No sean tan desconsiderados con los colombianos que ya no tenemos nada en qué alimentar el amor propio!

Cuando se sale de lo poco que se tiene para atender las necesidades del momento, se llega a la ruina. En este caso es peor, porque se enajena lo que da de comer. ¿No es eso lo que llaman vender la gallinita de los huevos de oro? 

Bogotá, D. C, 18 de marzo de 2019

*Abogado. Excongresista, Exministro del Interior, Excandidato Presidencial, Exdiplomático, Exgobernador de Santander.

Por Juan Camilo Restrepo Salazar*.- Los informes que el FMI debe rendir sobre la marcha de las economías de todos los países afiliados, conocidos como consultas del artículo IV, tienen la ventaja de que sin ser obligatorias sus recomendaciones permiten tener un punto de vista independiente sobre la marcha de la economía.

La semana pasada el FMI rindió su concepto sobre la economía colombiana y bien vale la pena, en consecuencia, detenerse en algunas de sus conclusiones más relevantes.

En términos de crecimiento económico para Colombia en este año del 2019, el FMI es relativamente optimista. Después de haber tenido crecimientos del 1.8% para el 2017 y de 2.7% para el 2018, el FMI considera que las perspectivas para Colombia en este año son favorables, debido a la flexibilidad de la política económica, los precios más altos del petróleo y la coyuntura mundial más favorable, que deberían llevar el crecimiento en este año del 2019 a niveles superiores al 3.0%.

Con relación a la situación fiscal, por el contrario, el FMI no observa el mismo optimismo. Si bien es cierto el año 2019 podremos pasarlo como se dice “dejando pelos en el alambrado” -gracias a la Ley de Financiamiento, pero sobre todo por virtud de los dividendos extraordinarios que Ecopetrol podrá entregar al Gobierno- el panorama del 2020 en adelante no luce tranquilizante. Entre líneas el FMI pronostica que del año entrante en adelante la política fiscal tendrá que apoyarse en recortes draconianos del gasto público y muy probablemente en una nueva Reforma Tributaria.

Echa también de menos el FMI que no se hayan emprendido por este gobierno reformas estructurales como las pensiones. “El sistema de pensiones tiene una baja cobertura y es altamente regresivo, anota el fondo. Reducir las tasas de reemplazo y aumentar las edades de jubilación de hombres y mujeres (que el gobierno ya dijo que no  haría) serían pasos importantes para fortalecer el sistema pensional. Los ahorros logrados podrían utilizarse para apuntalar el pilar no contributivo. Deben considerarse reformas estructurales mas profundas del sistema contributivo con el fin de ampliar el acceso, ya sea que estén gestionadas por Colpensiones o por el Sistema de Ahorro Privado”.

Personalmente me llamó la atención en este informe del FMI, cosa que no es usual, el jalón de orejas que le da al Banco de la República. Textualmente dijo lo siguiente: “La misión celebra las modificaciones introducidas en el proceso de toma de decisiones del Banco Central para reforzar el análisis que la respalda y para sincronizar las reuniones de la junta directiva del Banco Central con divulgaciones importantes de datos. En adelante (y esto es lo novedoso en boca del FMI) el Banco Central debería preparar comunicados que sean coherentes a lo largo del tiempo y que expliquen mejor la opinión de la Junta directiva sobre las disyuntivas en materia de políticas”.

En síntesis: el informe del FMI sobre Colombia es relativamente tranquilizante. Si bien no se observan nubarrones en el corto plazo, es importante registrar que el panorama fiscal a partir del 2020 lo califica el FMI como preocupante; al mismo tiempo que echa de menos que se le haya dado largas a enfrentar cambios estructurales que necesitamos con apremio, muy especialmente en el campo pensional.

Y a este propósito valdría la pena, para concluir, esta reflexión: el asunto de las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la JEP sin duda alguna consumirá una gran cantidad de tiempo y de energías, tanto del gobierno como del Congreso, en los meses venideros. Esto significa que habrá menos capacidad para responder con diligencia a las reformas estructurales que, como lo anota el FMI, siguen como tareas inconclusas.

Bogotá, D. C, 18 de marzo de 2019

*Abogado, Economista y Exministro de Estado.

Por Mauricio Cabrera Galvis*.- Cuando no se esperaba, volvió a aumentar el desequilibrio externo de la economía colombiana, y este grave hecho con sus consecuencias, ha pasado desapercibido en medio de los debates políticos y económicos de las últimas semanas.

El reporte del Banco de la República sobre los resultados de la Balanza de Pagos en 2018 muestra que aumentó el saldo negativo de nuestras transacciones reales con el resto del mundo –lo que se conoce como el déficit de la cuenta corriente- llegando a USD 12.661 millones con un incremento del 23% con respecto al año anterior. En relación con el tamaño de la economía este déficit equivale al 3.8% del PIB, mientras que en 2017 era el 3.3% y los analistas esperan que este año aumente todavía más.

Es claro que al final de año la balanza de pagos tiene que estar en equilibrio, y el déficit corriente tiene que ser financiado con entradas de capital. El año pasado fueron de USD 13.168 millones, de manera que hubo un excedente que permitió acumular reservas internacionales. Sin embargo este equilibrio esconde varias tendencias muy preocupantes.

La primera es que se esperaba que con la recuperación de los precios del petróleo y el carbón y todos los programas de promoción de las exportaciones, el aumento de las ventas al exterior contribuyera a disminuir el déficit. En efecto, los ingresos por exportaciones aumentaron USD 4.640 millones en el año (un 11.7%), de los cuales un 83% provinieron de mayores ventas de hidrocarburos y minerales.

Sin embargo las importaciones de bienes crecieron aún más (12.2%), con lo cual el déficit de la balanza comercial superó los USD 5.300 millones. Como para el 2019 se esperan precios del petróleo inferiores a los del año pasado, los pronósticos apunta a que el déficit comercial siga aumentando y puede llegar hasta los USD 6.000 millones.

La segunda preocupación tiene que ver con los flujos de Inversión Extranjera (incluyendo los capitales golondrina), que hacen parte de los ingresos de capital que financian el déficit corriente: por un lado disminuyeron drásticamente respecto del 2017, pasando de USD 21.653 a 11.358 millones, y no hay perspectivas de transacciones significativas que permitan esperar un aumento para este año.

Cali, 17 de marzo de 2019

*Folósofo y Economista. Consultor.

Por Amylkar D. Acosta M*.- Muchos han sido los desaguisados propuestos en el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo presentado por el Gobierno Nacional al Congreso de la República y que este tramita en sesiones extraordinarias, suscitando una gran controversia y en no pocos casos de ellos el ejecutivo ha terminado retirándolos en volandas. Es el caso de la eliminación de los subsidios a la tarifa de energía y la elevación de la cotización al Sistema de seguridad social de los trabajadores independientes, así como la unificación de la tarifa de impuestos a los licores, entre otros.

A guisa de ejemplo están las propuestas contenidas en el mismo en relación al Sistema General de Regalías (SGR). En lugar de aprovechar la oportunidad para enderezar los entuertos de los OCAD y su funcionamiento, reflejados en la baja ejecución de sus recursos, lo que se busca es recentralizar aún más su manejo. Se propone modificar el artículo 6 de la Ley 1530 de 2012, reservándole a los OCAD como función sólo “aprobar y priorizar la conveniencia y oportunidad de financiar los proyectos de inversión sometidos a su consideración”. Con ello le arrebata a los OCAD la facultad de definir “los proyectos prioritarios”, como lo manda el Acto legislativo 05 de 2011. Y lo que es más grave, le quita también la competencia a los OCAD de “evaluar, viabilizar”, como lo dispone la Ley 1530.

Además, de aprobarse el artículo 28 del proyecto, todos, absolutamente todos, los proyectos financiados con recursos provenientes de los fondos del SGR serían “viabilizados por los ministerios o los departamentos administrativos”. Aquellos que, por su naturaleza, no correspondan a ningún Ministerio o Departamento Administrativo” los viabilizaría el DNP, el cual además “ejercerá la Secretaría Técnica del OCAD –PAZ”. Esta norma sería un retroceso y trasgrede el principio de la autonomía territorial consagrado en la Constitución Política.

Esto es lo único que le hace falta al gobierno central para tener el control absoluto del SGR y sus recursos, que son de las regiones, después que contraviniendo y desacatando un fallo de la Corte Constitucional que tumbó el artículo 31 de la Ley 1606 de 2012 que lo imponía, en un acto de contumacia, estableció a través del artículo 28 de la Ley 1744 de 2014 el poder de veto del gobierno central en los OCAD. Y, como si esto fuera poco, habilitó al gobierno nacional para que a motu propio pueda presentar sus propios proyectos a los OCAD, compitiendo con los proyectos que presenten alcaldes y gobernadores. Se imaginan ustedes, el Gobierno Nacional fungiendo como juez y parte, con poder de veto en los OCAD, arrogándose la prerrogativa de presentar sus propios proyectos al mismo y ahora pretende, además, ser quien viabilice los proyectos para su aprobación. En estas condiciones, cuál será la suerte de los proyectos presentados por los gobernadores y los alcaldes.

En el Artículo 52º se dice “proyectos de gasto público territorial. Para garantizar el cumplimiento de las metas de cobertura previstas en el presente Plan, se podrán autorizar vigencias futuras ordinarias o excepcionales durante el año 2019 para proyectos que conlleven cofinanciación nacional, con sujeción a lo dispuesto en las Leyes 819 de 2003 y 1483 de 2011. Por lo tanto, como lo veremos, podrán comprometer en vigencias futuras tanto los recursos ordinarios del SGR como aquellos provenientes de los ingresos adicionales.

A renglón seguido se dice en el Artículo  54°:“autorización para el uso de recursos de mayor recaudo…1. Incorpórese al Presupuesto de Ingresos del Sistema General de Regalías para el bienio 2019 - 2020, la suma de $3.743.368.299.111, resultante de la diferencia entre el valor presupuesto para este bienio y el valor efectivamente recaudado en la Cuenta Única del Sistema General de Regalías, así:

2. De los recursos incorporados en el numeral anterior, destínese la suma de $3.743.368.299.111 al Presupuesto de gastos, según el siguiente detalle…Los recursos incorporados en el presupuesto bienal del Sistema General de Regalías a través del artículo 7 de la Ley 1942 de 2018, no estarán limitados por lo dispuesto en el artículo 40 de la misma Ley”.

Con este artículo, simplemente, lo que están haciendo es flexibilizando la norma, dejando sin límite y con las manos libres a los actuales gobernadores y alcaldes para comprometer más del 50% de los recursos del bienio que le corresponden de acuerdo a la norma vigente. Así las cosas, podrán comprometer hasta el 100%, porque no tendría techo, lo cual me parece muy irresponsable de cara a las próximas administraciones que se instalen el 1 de enero del próximo año. Si a esto se añade la derogatoria de la Ley de garantías, a la que se comprometió el Presidente Duque en el Congreso de la Federación de Municipios en Cartagena a tramitarla con mensaje de urgencia, se imagina la feria, en vísperas además de las elecciones de octubre?

Bogotá, marzo 16 de 2019

*Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía

www.amylkaracosta.net

Por Jorge Enrique Robledo*.- Para Iván Duque es políticamente muy rentable su decisión contra la Justicia Especial de Paz (JEP). Pero para los colombianos, muy mala. Porque les hace daño al atacar un proceso de paz que, con todo lo que se quiera debatírsele por años y años, probado está que en la Colombia de hoy, por esa razón, hay bastante menos sangre, menos viudas, menos huérfanos y menos víctimas entre la población civil y la fuerza pública. Porque llena de incertidumbre a los alzados en armas que se reintegraron a la vida civil. Porque el ataque a la JEP la debilita en sus diversas funciones, incluida la de ofrecerles verdad a la víctimas. Y porque atropella a la Corte Constitucional y la separación de los poderes, elementos fundamentales de la democracia establecida por la Constitución.

Tan equivocado anda Duque, que canta en coro con el Fiscal Martínez, funcionario que puede servir en las escuelas de Derecho para explicarles a los alumnos sobre cómo NO debe actuar un Fiscal General, incluso si no hubiera hecho la última trastada, la de utilizar al corrupto subfiscal Carlos Bermeo para engañar y mentir con el cálculo de hacerle daño a la JEP y desviar la atención sobre su repudiable conducta frente a la corrupción en la Ruta del Sol (Odebrecht-Grupo Aval).

También es grande el mal que Duque le provoca a Colombia ante la comunidad internacional. Porque la deja como un país donde no se respetan los compromisos del Estado ni siquiera cuando se tiene a la ONU como la garante. Inmenso error el de Duque y Holmes Trujillo –el ministro de Relaciones Exteriores que ya anda en campaña presidencial para 2022, según él mismo lo confesó– si creen que en el exterior pueden tramar tan fácil como traman aquí, donde los presentan como genios porque politiquean con las relaciones internacionales y se inclinan ante las amenazas de guerra de Trump, que además pueden incendiar a Colombia. Para comprobarlo sirve bien la crítica de The Economist a Duque (http://bit.ly/2ua4TfC).

Es en especial pernicioso que Duque haya decidido irritar nuevamente a los colombianos, reencauchando el debate contra el proceso de paz. Porque es obvio que así recalienta la pelea de perros y gatos que lo caracterizó, esta vez para obtener réditos en las encuestas y en las elecciones de final del año, astucia que le funcionó para alzarse con la Presidencia de la República. Para entender mejor la manipulación en marcha, basta saber, como el propio gobierno lo confesó, que la reforma constitucional anunciada a la par con las objeciones a la ley estatutaria no les será aplicada a quienes estén respondiendo ante la JEP. Pero estén seguros de que le darán manivela a la mentira de que quienes no somos duquistas es porque deseamos lo peor para los niños.

Es obvio que así tira una cortina de humo sobre el que hoy debería ser el principal debate en el país, el del Plan de Desarrollo, esguince que se explica porque en realidad es un Plan de Subdesarrollo. Los que eligieron a Duque pensando que votaban contra las políticas de Santos deben saber que en uno de los artículos del Plan en debate –que tiene 183– se ordena mantener vigentes 472 artículos de los dos planes de desarrollo de Santos. Otra razón para afirmar que en economía y relaciones sociales, y en mucho de lo político, Duque equivale a Santos III, incluso en que a las mayorías del Congreso las cuadra con mermelada. Y que nadie espere un resultado diferente si siempre se hace lo mismo.

El Plan de Subdesarrollo confirma que Duque les puso conejo a agricultores e industriales, y con ellos a desempleados y trabajadores informales, a los que llevó a las urnas diciéndoles que cambiaría las políticas de producción y empleo de Santos. Tampoco hay cambios de importancia en la salud, las condiciones laborales de médicos, personal de enfermería y sobre las clínicas y hospitales ni en las necesidades de más recursos para el sistema educativo, aspecto en el que también coincide con Santos en no cumplirle al magisterio lo pactado. Y nada hay que en verdad demuestre una decidida voluntad política para enfrentar la desenfrenada corrupción, cáncer que corroe el país.

Coletilla: así le replicaron las bancadas de oposición a Duque: (http://bit.ly/2W29VXg)

Bogotá, D. C, 16 de marzo de 2019

*Senador del Polo Democrático Alternativo

@JERobledo