Opinión

Por Jairo Gómez*.- “Dejamos a un lado Venezuela para adentrarnos en otros temas de interés mundial”, suelen decir los informativos en la televisión. Por supuesto la diatriba contra el régimen de Maduro es mordaz, pero nada se dice, a fondo, del fracaso de la mal llamada “ayuda humanitaria” y el tal “cerco diplomático” para tumbar la camarilla chavista que rige los destinos de Venezuela.

Se quedaron con los crespos hechos: Donald Trump, Iván Duque y Juan Guaidó; pero además los halcones Rubio, Abrams y Bolton que metieron al inquilino de la Casa Blanca en esta cruzada golpista. Pobre Trump, un duro revés al que se le suma su fracaso en la promovida cumbre con el líder norcoreano King Jong-un, las comprometedoras declaraciones de su exabogado Cohen y la amenaza demócrata de abrirle una investigación por abuso de poder. Terrible semana para el magnate.

Varios funcionarios de la embajada americana en Bogotá no ocultaron su desazón por lo ocurrido ese fin de semana en la frontera y el poco impacto que provocó una supuesta ayuda humanitaria fríamente politizada; tan politizada que el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) no ocultó su rechazo a una acción que rompió con los principios básicos de neutralidad, imparcialidad y eficacia de la ayuda humanitaria.

El presidente Duque, por su parte, nos repitió hasta la saciedad que su tan cacareado “cerco diplomático” era el comienzo del fin del régimen de Maduro. Qué monumental falacia. Ni maduro se cayó y el tal cerco diplomático se diluyó en el fracaso de la frontera; fue tal la zozobra que produjo que de inmediato se revivió la propuesta de la Casa Blanca y de los opositores venezolanos: la intervención militar. El rechazo a esa iniciativa bélica no se hizo esperar y Europa no dudó en oponerse y, sin otra opción, el Grupo de Lima hizo lo propio.

Hoy los críticos le censuran a Duque el liderazgo que asumió contra el régimen chavista de la mano de Trump y su grupo de halcones. Los gringos no tienen aliados, tienen intereses y mañana, si tienen que hacerlo, nos patean el trasero. 

Y Guaidó, el político bisoño, presidente de la Asamblea Nacional, cometió un error: picó de audaz y se vino a Colombia no obstante la prohibición de abandonar su país que le impartió la justicia venezolana. Corre el riesgo, si regresa, de ir a la cárcel. ¿Ocurrirá? Aún no lo sabemos, pero de ser así perdería el espacio que había ganado en las calles y dejaría de ser la piedra en el zapato en que se le había convertido al régimen chavista. Se equivocó junto a Borges y otros líderes de la oposición al creer que detrás de la ayuda humanitaria venía el golpe militar a Maduro. Quedó claro: esa no es la salida.

Propone el expresidente Pepe Mujica elecciones libres en Venezuela, monitoreadas por Naciones Unidas y los países que se han mantenido al margen de este debate; propuesta que como demócratas avalamos quienes creemos en la salida negociada; creo que el presidente Maduro debe ponderar seriamente esta iniciativa, porque pretender desconocer que su país pasa por una difícil situación es tapar el sol con un dedo. El pueblo venezolano necesita y quiere cambios, pero lejos de las soluciones violentas.

Bogotá, D. C, 5 de marzo de 2019

*Periodista y Analista Político.

@jairotevi

Por Jorge Enrique Robledo*.-Casi todo lo principal que nos distingue a los seres humanos de nuestros parientes más cercanos en la naturaleza es socialmente aprendido, es decir, parte del conocimiento acumulado para poder comprender dicha naturaleza y construir relaciones humanas que respondan mejor a los momentos históricos. De ahí que en público nadie cuestione la importancia de la educación y la ciencia en el progreso, pero sí es común que los mandamases oculten que su avance depende de las condiciones económicas, sociales y políticas nacionales que lo estimulan o anquilosan, de donde provienen las grandes diferencias entre los países.

Aunque no estuvo en el programa de campaña de Duque, el Congreso aprobó fácilmente la creación del Ministerio de Ciencia, decisión que ilusionó a más de uno. El Polo votó sí a la ley, pero con constancia. Porque los del Centro Democrático, que creen más en los votos que da el proyecto que en la ciencia, condicionaron su aprobación a que el Ministerio apenas fuera Colciencias con otro nombre y con el mismo escasísimo presupuesto. Y porque en Colombia la ciencia no puede desarrollarse en serio mientras el modelo económico imponga –como ocurre en especial desde 1990– un aparato productivo especializado en negocios de baja complejidad tecnológica y con herramientas importadas.

El Premio Nobel de Física, Serge Haroche, de la Comisión de Sabios nombrada, advirtió que para desarrollar “buena ciencia hay que tener un buen sistema educativo que no deje a nadie por fuera” y que, además, hay que “poder mantener a los científicos y a los intelectuales dentro del país”. “Elemental, mi querido Watson”. Pero ninguna de las dos condiciones se cumple. Porque los colombianos con mayores conocimientos tienden a residenciarse en el exterior, expulsados por un país incapaz de emplearlos en lo que saben y quieren hacer. Y porque, con excepciones, las instituciones educativas están lejos del buen nivel que se requiere. Las públicas en razón de que el Estado no las financia con las sumas suficientes y las privadas porque solo pueden ser de mejor nivel las muy escasas y más caras que solo unos pocos alcanzan a pagar. Para una economía atrasada y mediocre, educación y ciencia mediocres, han impuesto los mismos con las mismas.

De otro lado, un senador del partido de Duque lanzó un lema que movieron bastante en las redes: #FecodeNoEducaAdoctrina. El Centro Democrático explicó el “adoctrina” con un video en el que dicen que “el adoctrinamiento político es el primer paso para cualquier dictadura. Lo hizo Stalin, lo hizo Hitler y lo hicieron Chávez y Maduro. Aquí lo hace Fecode” (http://bit.ly/2Haw2GO). Y remató otro congresista de ese sector con un proyecto de ley sustentado en esas falacias y diseñado para atemorizar al magisterio y lesionar la libertad de cátedra, base insustituible del avance de las ciencias sociales y naturales.

Y estas barbaridades no provocaron el debate que habrían generado en un país menos manipulado que este. Porque los profesores de la educación pública entran por concurso y no por recomendaciones políticas y Fecode defiende la libertad de cátedra y no determina lo que cada educador enseña en su aula. Porque en todo lo positivo que tiene la educación colombiana y en detener mucho de lo negativo que han intentado imponerle ha sido clave la lucha y el duro y mal pago trabajo de maestras y maestros. Y porque no pueden proclamarse demócratas y a la vez agredir con tal saña al magisterio y a su organización gremial, cuyo crimen ha sido defender con dignidad una mejor educación para Colombia. ¿Se imaginan hasta dónde habría llegado la famosa tacañería oficial con la educación pública sin las luchas democráticas del profesorado y el estudiantado?

Tamaña agresividad de la cúpula duquista responde a que los educadores reclaman que en el Plan de Desarrollo se apruebe reformar el Sistema General de Participaciones para que haya recursos que impidan que los colegios se caigan en pedazos, mejorarles los sueldos y nombrar en propiedad a los 50 mil tercerizados, que nadie en el magisterio sufra y se muera por culpa del sistema de salud y que los hijos de los pobres puedan cursar, como los otros, tres años de preescolar. Un verdadero crimen. ¿O no?

Bogotá, 1 de marzo de 2019.

*Senador del Polo Democrático Alternativo

Por Amylkar D. Acosta M*.- El DANE acaba de revelar su reporte del crecimiento del PIB en el año 2018 y su registro del 2.7% muestra un importante repunte con relación al año 2017, que fue del 1.4%, prácticamente lo duplicó. Como es bien sabido, la economía colombiana pasó por un largo período de letargo durante los cuales la tasa de crecimiento del PIB venía en caída libre, a consecuencia del reflujo del boom minero-energético y la consiguiente caída de los precios del petróleo, el carbón, el oro y el ferroníquel, especialmente. En efecto, durante los últimos tres años el crecimiento del PIB se deslizó desde el 4.9% en 2013 hasta tocar fondo en 2017, cuando gracias al efecto rebote y al mejor desempeño del sector manufacturero, especialmente, dicha tendencia se revirtió el año anterior. 

Este ritmo de crecimiento de la economía lo avizoraron los 39 analistas que fueron consultados a comienzos del año para la Encuesta Mensual de Expectativas Económicas por parte del Banco de la República cuyo pronóstico promediaba el 2.65%. No obstante, nos parece demasiado arriesgada la apuesta del Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla al aventurarse a proyectar un crecimiento del PIB del 3.6% para el 2019. Fedesarrollo es más prudente y vaticina un crecimiento del PIB para este año más modesto, del 3.3% y analistas de la firma comisionista Alianza lo calculan en la horquilla entre el 3% y el 3.4%. Creemos que el Ministro está pensando con el deseo cuando, además, aspira a que el crecimiento potencial, que había caído desde el 4.8% al 3.5%, se nivele tan pronto en el 4%, ganando medio punto porcentual.

Como ya quedó dicho la reactivación de la industria del dio el mayor impulso al crecimiento del PIB en el 2018, al pasar del terreno negativo en el que estaba el año anterior con un decrecimiento del -1.8% en 2017 al 2%. A este respecto vale la pena acotar que, si bien este resultado es positivo y alentador no es satisfactorio, habida cuenta que dicho crecimiento viene en declive, pues después del brinco que dio del -1.2% en el primer trimestre de 2018 para pisar terreno positivo en el segundo trimestre con un crecimiento del 4.4%, este se descolgó en el tercero y cuarto trimestre al reducir su rítmo de crecimiento al 3% y 2.5%, respectivamente. Por esta razón nos parece muy puesta en razón la observación del economista investigador del Bbva Research, refiriéndose al sector manufacturero, en el sentido que “su tendencia reciente aún no refleja una tracción significativa y, además, su resultado aún se ubica por debajo del PIB total”.

El sector de minas y canteras sigue siendo el patito feo, esta vez fue el único sector de los 12 considerados cuyo crecimiento se mantiene en terreno negativo, aunque hay que reconocer que su caída del -0.8% fue leve y que la contracción del mismo viene cediendo, pues en el 2016 fue de -2.5% y en 2017 del -5.7%, lo cual nos indica que lo peor para este sector ya pasó. Según manifiesta la industria extractiva, la conflictividad social en las zonas en donde operan aunada a la falta de seguridad jurídica están entorpeciendo dicha actividad y frenando su crecimiento. En palabras del experto Eduardo Chaparro, “hay una severa exposición de esta industria a no saber qué pasará mañana y así las cosas, el empresario se acuesta en un campamento minero y amanece en un parque natural”.

Se espera que esta recuperación de la economía se pueda consolidar  aupada por la política expansiva que puso en marcha la Junta directiva del Banco de la República para contrarrestar la desaceleración de la economía, bajando de manera sostenida la tasa de intervención hasta llevarla al 4.25%. También se espera que la favorezca el buen comportamiento de los precios del crudo, que cerraron el año anterior en US $71 el barril, US $7 más que en 2017, estimándose que este año fluctúe alrededor de los US $65 el barril.

También puede coadyuvar a mejorar aún más el ritmo de crecimiento de la economía la decisión del Gobierno de descongelar los ingentes recursos sin ejecutar del Sistema General de Regalías (SGR) e invertirlos en proyectos de interés regional que siguen atascados en los OCAD. Empero, la inoficiosa e inconveniente Ley de garantías se interpone en el camino, convirtiéndose en un freno de mano que lo puede impedir. Esta Ley no tiene sentido después que se abolió la reelección presidencial, que fue la que la motivó, por esta razón lo más recomendable sería su inmediata derogatoria. 

Medellín, marzo, 1 de 2019

*Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía

www.amylkaracosta.net

Por Juan Camilo Restrepo Salazar*.- Por estos días se ha vuelto a hablar profusamente del tema de los subsidios. Este es probablemente uno de los más delicados asuntos de las finanzas públicas colombianas. A la fecha ascienden a $ 74 billones por año, lo que constituye uno de los gravámenes más onerosos del presupuesto nacional.

Desde hace algún tiempo se viene hablando de la necesidad imperiosa de racionalizar esta modalidad de gasto público; pero hasta la fecha se ha actuado muy poco.

Por racionalizar los subsidios debe entenderse, en síntesis, que ellos no vayan a favorecer a las personas más pudientes, sino que con una focalización adecuada se orienten hacia quienes tienen menor capacidad de pago.

En el proyecto de Plan de Desarrollo hemos visto áreas de sol y sombra. De una parte, se anuncia que a partir del 2020 se refinará la metodología para calcular el Sisbén IV que sería una especie de parteaguas para establecer quien amerita subsidios y quien no. Esto no es claro actualmente, con lo cual muchos de los subsidios se filtran hacia personas o grupos que no los necesitan.

De otra parte hemos presenciado a propósito del Plan de Desarrollo marchas y contramarchas melancólicas como las que se vieron con relación al subsidio de consumo de energía eléctrica del estrato 3, que está valiendo cerca de $ 700.000 millones al año. En la versión original del Plan se proponía eliminarlo pero bastó un trino del Presidente de la República para que esta iniciativa se retirara. Lo cual habla muy mal de la coordinación que se está dando al interior del gobierno. ¿Cómo es que el plan no se lo explicaron al Presidente quienes lo elaboraron antes de presentarlo al Congreso?

Se ha repetido la misma historia de la Ley de Financiamiento o Reforma Tributaria, cuando muchos de sus ingredientes, que se creían oficiales, fueron descalificados por el propio Presidente de la República.

Como toda policía tributaria, pero muy especialmente la de subsidios, no puede servir para darle gusto a todo el mundo. Porque cuando así se procede las cosas siempre salen mal.

Lo que viene sucediendo con el fondo de estabilización de los combustibles es bien diciente. Su déficit, a la fecha, asciende a $ 13.8 billones. Déficit apenas comparable con el que se intentó justificar la Reforma Tributaria o Ley de Financiamiento ¿Por qué se acumuló un déficit tan grande? Porque cuando subió el precio del crudo y se debió elevar el precio a los consumidores (donde sea dicho de paso se concentra uno de los subsidios más costosos y regresivos de la política fiscal) no se elevó en la proporción necesaria el precio al consumidor, como lo exigía el buen funcionamiento de un fondo de estabilización. Se intentó darle gusto a todo el mundo y las cosas han salido mal. Hasta el punto de que el déficit de este fondo es actualmente uno de los mayores chicharrones de la política fiscal.

En el 2016 se buscó racionalizar toda esta política de subsidios. Se preparó inclusive un proyecto de estatuto muy ambicioso que buscaba racionalizar la integralidad del tema. Este estatuto ni siquiera tuvo primer debate en las Cámaras. Y mientras tanto, el costo anual de los subsidios, la mayoría regresivos, sigue pesando como una pesada piedra de molino sobre el presupuesto anual de la Nación.

Por intentarle dar gusto a todo el mundo también se ha caído en protuberantes contradicciones. De una parte se busca racionalizarlos con la solución inteligente con el Sisbén IV. Pero de otro lado el árbol de navidad de los subsidios se sigue recargando con costosas gabelas otorgadas a gente con capacidad de pago. El ideal de la equidad está cada vez más lejos. Prueba de ello fue la cantidad de subsidios, costosos e ineficientes, en beneficio de unos poquísimos, que se introdujeron en la última Ley de Reforma Tributaria.

Llegó pues la hora de racionalizar el asunto de los subsidios. Y para ello hay que empezar por no olvidar la regla de oro: no se puede pretender darle gusto a todo el mundo. Pues cuando así se hace, los subsidios regresivos tienden a perpetuarse. Y a agregar más subsidios regresivos que benefician solo a unos pocos.

Bogotá, D. C, 3 de marzo de 2019

*Abogado y Economista. Exministro de Estado.

Por José Félix Lafaurie Rivera.-  El editorial de El Tiempo sobre el crecimiento económico en 2018, calificado como “aceptable”, señalaba, sin embargo, que “la agricultura se desaceleró” –como si no existiera el sector pecuario– y que “las cosas para el campo habrían salido peor”, de no ser, paradójicamente, por la ganadería y la pesca de cultivo.

Sí. La ganadería; la actividad con mayor presencia rural y sustento de millones de campesinos; la que aporta el 22% del PIB agropecuario y el 1,4% del PIB nacional; la principal en cuanto al valor de su producción anual de carne y leche, que duplica al sector avícola, triplica al caficultor y al floricultor, cuadriplica al porcicultor y quintuplica al bananero.

La producción ganadera es definitiva para la seguridad alimentaria del país, y en cuanto al potencial exportador, mientras la leche se abre campo con los derivados, la carne –no dudo en afirmarlo– es una oportunidad desperdiciada, cuando se impone la sustitución gradual de la dependencia minero-energética y crece el déficit de la balanza comercial, que superó la barrera de los 7.000 millones de dólares en 2018.

No pienso con el deseo. En 2009, gracias al liderazgo de Fedegán, la carne fue incluida en los Programas de Transformación Productiva para renglones exportadores y la política pública se alineó con ese horizonte. Ese año obtuvimos la certificación de país libre de aftosa y avanzaban programas de trazabilidad y control de movilización de animales, en exitosas alianzas con Fedegán directamente y como administrador de la parafiscalidad. En 2013, el gobierno Santos ratificó el alto potencial exportador de la carne, pero, lejos de obrar en consecuencia, desalineó la política, fracturó la parafiscalidad y desandó lo avanzado. El daño fue inmenso, con la pérdida del estatus sanitario en primer lugar, pero sobre todo en “costo de oportunidad” frente al potencial exportador.

Literalmente, volvimos a 2011, pero conservamos la convicción y el empeño de avanzar en las metas que le hemos propuesto al Gobierno para 2022, en una nueva etapa de colaboración hacia objetivos comunes: 1) 500 millones de dólares en exportaciones, que ya logró la ganadería en el pasado y lo puede volver a hacer. 2) Recuperar el consumo interno hasta, por lo menos, 20 kg/persona/año. 3) Incrementar productividad con sistemas silvopastoriles amigables con la naturaleza.

El camino está abierto. A pesar de la aftosa, en 2018 las exportaciones superaron los 71 millones de dólares, y la reapertura del mercado ruso, principal destino de nuestra carne (63%) es una excelente noticia. Líbano (10%), Jordania (9%) y Emiratos Árabes (2%) son mercados con amplio potencial; de ahí la importancia de llegar con fuerza al Medio Oriente y Norte de África. En la reciente feria “Gulfood 2019” en Dubai, la más importante en alimentos, volví a sentir el orgullo de ver la presencia de la carne colombiana y percibir el interés por nuestro producto.

China es una meta por sus volúmenes, pero la prioridad son los mercados de alto precio (USA y la UE) y mayores exigencias de admisibilidad, para lo cual la ruta está señalada: 1) Recuperar el estatus sanitario; 2) Consolidar la trazabilidad 3) Implementar, por fin, un Sistema de Inspección que garantice la inocuidad, 4) Avanzar en la propuesta de Fedegán de una “Plataforma Exportadora”, a partir de organizar la producción –clusters– para garantizar calidad, precio y oferta sostenible.

Los países con TLC firmados importan anualmente más de 3 millones de toneladas. Ahí están las oportunidades servidas para tomar una tajada de esa torta. Fedegán, de la mano con el Gobierno, persistirá en el propósito de llevarle al mundo carne colombiana.

Bogotá, D. C, 3 de merzo de 2019

*Presidente de Fedegan 

Por: Mons. Ricardo Tobón Restrepo - Ha sido noticia en estos días el encuentro del Papa Francisco con los Presidentes de las Conferencias Episcopales de todo el mundo para afrontar el tema de los abusos a menores. Decía, en efecto, el Papa “la carga de la responsabilidad pastoral y eclesial nos pesa, obligándonos a discutir juntos, de manera sinodal, sincera y profunda sobre cómo enfrentar este mal que aflige a la Iglesia y a la humanidad”. Esta reunión no es el punto inicial sino un paso más en un camino doloroso de prevenir y combatir este drama mundial de los abusos a menores, que la Iglesia viene recorriendo desde hace varios años. El encuentro apunta a que siendo un problema global tenga también una respuesta global.

Enfrentar seriamente este problema es muy complejo, pues exige actuar en múltiples campos: la formación de los candidatos al sacerdocio, la recta y eficaz aplicación de las disposiciones legislativas ya dadas por el Magisterio para las denuncias, investigaciones y procedimientos frente a este crimen de acuerdo también con las disposiciones dadas en cada país, la cuidadosa atención a las víctimas, la colaboración con diversas entidades para la prevención y corrección con decisión y justicia de los delitos, la adecuada pastoral sacerdotal, el permanente acompañamiento de la comunidad cristiana.

Si se quiere superar radicalmente este mal es preciso entrar en un espíritu de purificación y conversión. Hemos aceptado un contexto de materialismo, hedonismo y relativismo que borra los criterios y normas del comportamiento moral, que anula la dimensión trascendente de la vida y que impide una auténtica espiritualidad. Hemos perdido la fe; hemos pecado mucho. Por tanto, necesitamos una conversión profunda que vaya a las raíces; no basta con poner controles jurídicos. Nos tenemos que comprometer a asumir la transformación total que ofrece el Evangelio y que lleva a la madurez humana y a la santidad que brillan en Cristo.

Es necesario de otra parte, como ha señalado el Papa, transformar este mal en una oportunidad para la limpieza y acrisolamiento de la Iglesia. Nos encontramos en un momento de transición. Es verdad que toda transformación entraña aspectos inquietantes, pero esta evolución marcará la llegada de una nueva era y esto nos debe llenar de esperanza. Para ello, debemos comenzar por sanar las graves heridas que ha dejado el escándalo de la pedofilia tanto en los menores como en los creyentes. Urge en todos los católicos una sólida formación humana, una fe a toda prueba, un recio camino espiritual y una inquebrantable decisión de comunión eclesial.

La Iglesia debe fortalecer su credibilidad. Si quiere cumplir su misión de presentarse como maestra para guiar la vida moral y la formación espiritual de la sociedad, no puede empañar su autoridad con las incoherencias y los testimonios perversos de las personas que en su interior cometen estos crímenes gravísimos, que avergüenzan a toda la comunidad, que llevan a los sacerdotes inocentes a cargar el peso de esta plaga y que entorpecen su tarea apostólica. Esto está haciendo realmente mucho daño. Debemos lograr que la comunidad se sienta segura y que las niñas, los niños y los jóvenes puedan participar con confianza en la vida de la Iglesia.

Estos propósitos requieren entre nosotros una verdadera solidaridad. Como ha subrayado el Papa Francisco, siguiendo a san Pablo, somos un solo cuerpo, por eso todos somos responsables. Precisamente, la convocatoria de todos los Presidentes de las Conferencias Episcopales, representantes de todas las comunidades eclesiales de cada país, significa que se trata de un problema global de la Iglesia y que debe afrontarlo todo el pueblo de Dios. Es una movilización de toda la Iglesia para que reaccione solidariamente. Toda la Iglesia junta debe escuchar, afrontar y encontrar los mejores caminos en este momento. Oremos mucho y comprometámonos decididamente con humildad y esperanza.

Bogotá, D. C, 3 de marzo de 2019

*+Arzobispo de Medellín

Fuente Conferencia Episcopal Colombiana.

Por Gabriel Ortíz.- Se apagaron los parlantes, se silenciaron las guitarras, trompetas, clarines y timbales, Juanes, Bosé y demás tomaron sus aviones. El F23 pasó como una ráfaga que supuestamente abriría una ventana de alivio a la opresión en Venezuela.

El F25, llegó con un amanecer dominado por el odio, la inquina, la aversión y enemistad de dos países que olvidaron las penurias que enfrentaron unos patriotas comandados por Bolívar, el Libertador.

¿De dónde habrá salido tanta rabia, ojeriza y tirria entre dos naciones que se decían “hermanas”? Cada una tenía derecho a escoger su propio destino. Cada cual consideraba que iba hacia la democracia. Colombia manejando una guerra de sesenta años que no quería abandonar, Venezuela aplicando un socialismo Siglo XXI con todas sus consecuencias. Dos modelos catastróficos cabalgando sobre la guerra que dirigentes y buena parte de la población escogieron. Así, mientras tolerábamos a los nuestros la saña y la furia a un proceso de paz, transigimos con las cáusticas críticas a Maduro por sus funestas prácticas dictatoriales, tiránicas y abusivas.

Venezuela sirvió al “eterno” y a sus muchachos para sembrar el miedo a los electores en los últimos comicios. Lo peor del planeta era el castrochavismo y si se votaba por alguien diferente, nos convertiríamos en una Venezuela…  y aunque ganaron para allá vamos, si no se aplacan la bilis y el rencor que hoy nos invade.  

La guerra en que nos están montando no se aplaca con amenazas, ni con el Grupo de Lima intimidando, o los Estados Unidos advirtiendo que es el hermano mayor, que nos salvará a la salida del colegio, si el agresivo nos ataca.

La gresca, el jaleo y el alboroto continúan en la frontera, igual que ocurre con la Ley Estatutaria de la Jep, el renacer de los paras con los cooperantes, el rearme de la población y el asesinato de líderes sociales.

El Presidente Duque, cuya popularidad debe haberse encumbrado con su liderazgo en esta contienda puede, ¡pero él solo!, cambiar el rumbo de las cosas. En sus manos está la autoridad para frenar la infamia de conducirnos a una guerra que puede agotarnos, arruinarnos, destruirnos y diezmar nuestra población.

Es el único que puede lograrlo: tiene juventud, inteligencia, talento y autoridad, para regresar las aguas y evitar que la sangre ruede a lo largo de más de 2.000 kilómetros de nuestra permeable frontera. Gran parte de la Comisión de Relaciones Exteriores, lo acompañará y le aportará luces para que la comunidad internacional, logre encontrar el diálogo que localice el camino que afanosamente  busca un Maduro herido para alcanzar la razón y el juicio, que inclusive lo aleje de sus ataques a la Prensa, como ocurrió con el colega Ramos de Univisión.

¡Estamos a tiempo! Duque sin Uribe, puede lograr lo que esperamos de un presidente que es de todos los colombianos. ¡El concierto terminó!

BLANCO: El crecimiento de Ecopetrol. Que no lo sepa el vendedor Carrasquilla.

NEGRO: La mala hora de los periodistas. Despidos a granel y cierre de medios.

Bogotá, D. C, 2 1 de marzo de 2019

*Exdirector del Noticiero Nacional y de Notisuper.

Por Juan Fernando Londoño.- El debate sobre las posibles objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la JEP se ha centrado mucho en los efectos que ello tiene sobre la JEP, pero existe un punto igual o incluso más relevante y es el desbarajuste que las leyes estatutarias están generando sobre el equilibrio de poderes en Colombia.

Con las leyes estatutarias se ha convertido a la Corte Constitucional en un colegislador y se ha eliminado la posibilidad de objeciones presidenciales por razones de conveniencia, lo cual socava el equilibrio entre las tres ramas del poder que sirve de fundamento a la democracia.

En nuestro ordenamiento, este tipo de leyes deben ser tramitadas en una sola legislatura en el Congreso de la República, luego de lo cual deben ser enviadas para su revisión a la Corte Constitucional. Mientras que el Congreso debe tramitar el proyecto en una sola legislatura, la corte ha tardado hasta dos años en sus decisiones, como sucedió con la Ley 1757 de participación ciudadana, para poner solo un ejemplo. Es curioso que al órgano popular se le exija una aprobación rápida de las que se consideran las leyes más importantes, mientras que la corte, en secreto, puede demorar sus fallos a conveniencia.

Adicionalmente, la Corte Constitucional puede acudir a cualquier argucia argumentativa con el propósito, no solo de señalar la inconstitucionalidad de una ley, sino de crear legislación mediante interpretaciones que no pocas veces trastocan voluntad popular representada por el Congreso. Pero no solo se socava al Congreso como órgano representativo sino también a la ciudadanía como constituyente primario porque las revisiones de la corte cercenan la posibilidad de que los ciudadanos demanden las normas contenidas en las leyes estatutarias, restringiendo así el constitucionalismo popular que ha enriquecido nuestra democracia, pues una vez son analizadas las normas por el tribunal constitucional no caben contra ella ningún tipo de demandas.

Las revisiones de constitucionalidad de la Corte Constitucional también mutilan el poder presidencial porque no es cierto que el presidente pueda realizar objeciones de conveniencia política a las leyes estatutarias. Ese tipo de facultad presidencial existe para todas las demás leyes, pero no para estas. Y no solo el presidente ve recortada sus facultades, sino que el Congreso no tiene ninguna opción de estudiar dichas objeciones porque la Constitución es clara al señalar que las leyes estatutarias solo pueden tramitarse en una sola legislatura. Si el Congreso acepta estudiar las objeciones presidenciales estaría viciando dichas actuaciones pues no tiene ninguna facultad para realizar modificaciones al contenido de la ley en una legislatura diferente.

En el caso que tiene el presidente en sus manos, la mejor opción sería firmar la ley estatutaria de la JEP y preparar un proyecto de modificaciones a los aspectos de dicha ley que le preocupan con el fin de que se discutan como una nueva pieza de legislación, paradójicamente, como se trata de una ley estatutaria el Congreso tendría que tramitar dicho proyecto de ley entre el final del mes de marzo y el 20 de junio cuando termina la legislatura.

Por estas razones lo que deberíamos empezar a discutir es si tiene sentido conservar las leyes estatutarias con su diseño actual dado que es evidente que con ellas se distorsiona el equilibrio de poderes al convertir a la Corte Constitucional en un colegislador, al limitar la posibilidad de que el Congreso pueda realizar un estudio juicioso de las que se consideran las leyes más importantes porque su tiempo de aprobación se limita a una legislatura, porque cercena la participación de los ciudadanos para demandar la ley y porque mutila el control del presidente sobre dicha legislación al omitir facultarlo para realizar objeciones de conveniencia política a dichas leyes.

Bogotá, D. C, 27 de febrero de 2019

Ex vice ministro del interior (*)

Por José G Hernández*.- El incidente de la imposición de multa a un ciudadano por la inofensiva y totalmente lícita conducta de comprar una empanada en la calle ha dado lugar a los apuntes humorísticos y a no poca burla, lo que se explica por el carácter irrazonable, desproporcionado y absurdo de la medida policial.

Miradas las cosas desde el punto de vista jurídico, debemos anotar que la norma invocada, perteneciente al Código Nacional de Policía, ha sido mal interpretada y mal aplicada. Es verdad que su redacción no es la más precisa, pero entenderla como la entendieron y aplicaron no tiene ningún fundamento.

Cuando se prevén sanciones para quien promueva la invasión del espacio público no se está hablando de quien compre algo en la calle, entre otras cosas porque a los transeúntes no les corresponde la función de verificar si el vendedor ambulante o estacionario tiene o no licencia, y por tanto, posición legítima, para tener su puesto en la calle. Comprar un dulce o una empanada, o lustrarse los zapatos, no equivale a promover la invasión del espacio público.

Ahora bien, los vendedores ambulantes y estacionarios -como lo ha dicho la Corte Constitucional desde 1992- son titulares del derecho fundamental al trabajo, y por tanto, si se los desplaza como forma de descongestión del espacio público, tienen derecho a ser reubicados, y ello corresponde a la autoridad municipal o distrital. Y en todo caso, según el principio constitucional de la buena fe y el postulado de la confianza legítima, si fueron previamente autorizados para comercializar sus productos en determinado sitio, esa autorización debe ser respetada.

Se dice que el incidente de la empanada tuvo origen en una sentencia judicial de tutela. No creemos que el juez haya ordenado sancionar a los compradores de empanadas. Y si asumió competencia, por tutela, para los efectos de protección de un derecho colectivo y difuso como el del espacio público, se equivocó, pues para tal efecto la indicada es la acción popular (art. 88 C.P.), no la de tutela (art. 86 C.P.).

En todo esto lo que hay es una indebida aplicación del Derecho. Y normas mal redactadas y peor interpretadas.

Buena parte de lo que ocurre proviene del ejercicio apresurado y un tanto irresponsable de quienes preparan los proyectos de ley -y hasta de reformas constitucionales- y de quienes, en el Congreso, votan con base en decisiones políticas, sin mirar ni discutir los contenidos; sin considerar la redacción de las normas y sin medir los efectos de las mismas.

Y otra buena parte proviene del no menos apresurado e irresponsable entendimiento de los preceptos por parte de los llamados a su aplicación.

Bogotá, D. C, 27 de febrero de 2019

*Expresidente de la Corte Constitucional

Por Clara López Obregón*.- La posible objeción por inconveniencia de la ley estatutaria de la JEP por parte del presidente de la república encierra un serio debate constitucional y podría convertirse, de concretarse, en un precedente peligroso para la institucionalidad democrática colombiana.

El debate trae a la memoria el tan mentado aforismo colonial según el cual “la ley se obedece, pero no se cumple.” Esta máxima fue muy socorrida por los encomenderos del Perú y la Nueva Granada para no aplicar las Leyes de Burgos de 1512 y las Nuevas de Indias de 1542 con las cuales el monarca español buscaba proteger a los indígenas americanos de los peores abusos denunciados, entre otros, por Fray Bartolomé de las Casas.

Pero lejos de representar un acto de rebeldía o desacato, ese postulado, como lo explica Alfonso López Michelsen, es el antecedente de la acción de inconstitucionalidad que se incorporó a la Constitución en la reforma de 1910, diez antes de que Hans Kelsen la propusiera en su famosa constitución para Austria. El “no se cumple” era una fórmula del derecho medieval castellano que autorizaba plantear ante el rey inconformidad con una Cédula Real que contenía una injusticia o incumplía algún fuero. En tales casos, la norma se acogía en obediencia al soberano, pero el destinatario quedaba habilitado para solicitar que se suspendiera su aplicación mientras se surtía el trámite de súplica y se impartía la decisión real, la cual tenía carácter definitivo e inapelable.

Han pasado seis siglos desde que esa fórmula, aplicada con anterioridad a la democracia, la república y la división de los poderes, sabiamente acertaba al permitir el cuestionamiento razonado de las órdenes y normas, pero también al consagrar el cierre de la discusión cuando la autoridad suprema investida entonces en el rey -hoy en la Corte Constitucional- definía la cuestión. Ahora, con motivo de la sanción presidencial de la ley estatutaria de la JEP, se está retrotrayendo la discusión sobre el órgano de cierre a etapas anteriores a la existencia del control de constitucionalidad de las leyes.

La ministra del Interior fue la primera en anunciar que el presidente Duque podría objetar la ley por inconveniencia ya que al tratarse de una ley especial tramitada bajo el mecanismo del fast track del acuerdo de paz del Colón, ya fue objeto de control de constitucionalidad automático. Después terció el fiscal general quien quiere hacer valer por la vía de la inconveniencia algunas tesis que la corte no encontró acordes con la Constitución. La polémica arrecia, pues no son pocas las voces cercanas al Gobierno que abogan por la objeción presidencial, fundada en la inconveniencia para el país, de aquello que la Corte Constitucional encontró apegado a derecho.

Y no es una polémica menor. El precedente puede ser funesto para la separación de poderes y para el imperio de la legalidad que tanto defiende en abstracto el presidente Duque pero que en concreto no está dispuesto a “obedecer” en contravía de lo que reza el aforismo castellano. Son varios los casos que se van acumulando: el desconocimiento de los protocolos para el regreso al país de los negociadores del ELN, los principios de Naciones Unidas de no intervención en los asuntos internos de otras naciones en el caso de Venezuela y ahora una posible objeción por inconveniencia de la ley de la JEP.

Cuando se contempla la eventualidad de la objeción de una ley estatutaria que cuenta con sentencia de constitucionalidad, lo que se estaría rechazando es la supremacía de la Constitución y la cosa juzgada constitucional. Por esa vía se le daría un golpe al Estado social y constitucional de derecho y el país se abocaría al espinoso camino del desconocimiento de la Constitución para satisfacer las conveniencias políticas del gobernante. El presidente todavía está a tiempo de evitar una crisis constitucional de impredecibles consecuencias. Presidente, no espere hasta el 12 de marzo para hacer lo constitucional. Sancione la ley estatuaria de la JEP ¡Ya!

Bogotá, D. C, 27 de febrero de 2019

*Precandidata a la Presidencia y Excandidata a la Vicepresidencia de Colombia. Exalcaldesa de Bogotá y Exministra de Trabajo.