Opinión

Por: Mons. Darío de Jesús Monsalve Mejía* - La Iglesia es la eucaristía. Por la eucaristía, la Iglesia renueva constantemente su ser de “Iglesia de la Pascua”. Por ella, constituida por muchos pueblos, se transforma en un solo Pueblo, gracias a una sola MESA, que el Señor ha preparado para nosotros.

Las primeras comunidades cristianas eran, por ello, asiduas a la celebración dominical de la eucaristía; para ellos resultaba algo connatural. Era, como lo entendemos hoy, fuente y cumbre de toda evangelización, pues en ella se sentían comunidad reunida y enviada (misa- misión), a comunicar el gozo de la Pascua, la alegría de la salvación, el anuncio de un futuro posible ya en Jesús y las primeras comunidades, con el poder y la fuerza interior y comunitaria del Amor.  

La eucaristía, nos dijo en tiempos recientes, San Juan Pablo II, “ha de ser principio y proyecto de misión. Entrar en comunión con Cristo en el Memorial de la Pascua significa, al mismo tiempo, experimentar el deber de hacerse misionero del acontecimiento que aquel rito actualiza. La despedida final de cada Misa constituye una consigna que impulsa al cristiano a comprometerse en la propagación del Evangelio y en la animación constante de la sociedad” (Mane Nobiscum Domine: “Quédate con nosotros Señor”, 24). 

Como para los primeros cristianos, para nosotros la eucaristía no solamente nos permite el encuentro con Cristo Resucitado en la Comunidad, animada por el Espíritu Santo con la Palabra, con el Sacramento del Sacrificio y el Ministerio sacerdotal y diaconal, sino que, como le gustaba decir a San Juan Crisóstomo, nos permite descubrir, entre tanta tragedia, sufrimiento y exclusión, a Jesucristo “EN EL ALTAR DEL POBRE”.

La eucaristía es “la Mesa y Misa del mundo” porque es anticipación de “la Mesa y Misa del Cielo”, de la consumación definitiva del mundo. Por ello se ha de celebrar también “sobre el altar del mundo”, como esperanza de la humanidad transformada en Cristo e himno del universo. 

Desde estas apreciaciones podemos entender que nuestro Plan Quinquenal de Pastoral en la Arquidiocesis de Cali, tenga como fuente, camino, cumbre y pedagogía participativa, la celebración dominical de la Eucaristía, la Pascua que se prolonga en los domingos del Año Litúrgico.

Que la comprensión y vivencia de la Eucaristía dominical, esté iluminada también desde la espiritual Esponsal y Familiar de la Mesa Eucarística, “Banquete de Bodas del Cordero”, Mesa del Hijo y de los “hijos adoptados en Él”, y Pan que el Padre Celestial sirve a los primeros invitados, que no le corresponden, al pueblo de Israel, y a todos los excluidos de la humanidad, para integrarlos a la Mesa Común, a la Familia surgida con Cristo Jesús.

Desde los Santos Esposos de Nazaret, María y José, desde el misterio del Reino de Dios y de quienes se acogen a su Palabra y Voluntad, desde el don de María, hecho al pie de la Cruz, la Iglesia necesita mantener este “timbre esponsal y familiar”, inicio de un tejido social que tiene su raíz teológica en la Nueva Creación, en la nueva humanidad y familia que surge con Jesús.

“Del Señor somos”, dice Pablo en Romanos14,8. “Y del Domingo vivimos”, añadimos nosotros en este inicio del quinquenio 2019-2023. Nuestro énfasis está entonces en afirmar a Cristo Jesús como SEÑOR DE LA NUEVA CREACIÓN, EL KYRIOS, Señor glorioso, por medio de la resurrección.

Pascua y Pentecostés tuvieron lugar en el mismo día de la Semana, el primero, sellando la Nueva Economía de Cristo y la Iglesia, la Nueva Alianza de la salvación.

El Domingo, Día del Señor, desde los comienzos, era la cena que recordaba el misterio pascual de Cristo y, al mismo tiempo, la espera de su segunda venida. Ya San Justino daba como razón para el nombre de DOMINICUM, Domingo, el Señorío de Jesús “por ser el PRIMER DÍA en que Dios creó el mundo, y el día en que Cristo Resucitó de entre los muertos”.

Y la fe de las primeras generaciones, como la de los mártires de Abitene, en el siglo IV, proclamaba esta consigna: “Sine Dominico non possumus”: “NO PODEMOS VIVIR SIN CELEBRAR EL DÍA DEL SEÑOR” (Didascalia de los apóstoles). Y en el mismo siglo IV, después de Constantino, el Domingo se convertiría ya en “el día del descanso”, para darle espacio al encuentro con el Resucitado, a la Eucaristía y a la Asamblea, al “Altar del pobre”, al descanso y a la vida en común, en la comunidad de esposos y de la familia, a la fiesta y la esperanza, cifradas en la victoria de Cristo.

Que este Año 2019 sea nuestro inicio de LA RECUPERACIÓN DEL DÍA DOMINGO, como tiempo y espacio de la espiritualidad cristiana, eucarística, eclesial, social y familiar. 

Que nos propongamos, al menos, recuperar con nuestras feligresías, en este año, los SIETE DOMINGOS imprescindibles: de Ramos, de Pascua, de Octava pascual (de La Misericordia), de Pentecostés, Corpus Christi, de la Jornada Mundial de los pobres (33 del tiempo ordinario), y de Cristo Rey del Universo.
A todos les llegue mi saludo afectuoso de Año Nuevo y mi oración y bendición por un Año del Señor bien vivido y con la abundancia de los bienes divinos y de los que construimos los humanos para el bien común.

A todos nos acompañen el Amor esponsal de María y José, de Cristo y la Iglesia, el Amor familiar del Hogar de Nazaret. Feliz año 2019. 

Bogotá, D. C, 20 de enero de 2019 

+ Darío de Jesús Monsalve Mejía
Arzobispo de Cali

Fuente Conferencia Episcopal.

Por Lorena Rubiano Fajardo.- El verdadero odio es el desinterés, y el asesinato perfecto es el olvido: Georges Bernanos.

Con la mano en el corazón, la mirada hacia el cielo, la oración en los labios, quiero entender que nos pasa a los colombianos. No me cansaré de escribir, comentar analizar y proponer que busquemos el camino de la paz y la concordia. No más muertes. No más asesinatos, no más bandidaje, no más corrupción.

Como no va a ser posible tener un país viable. Aquí todo lo queremos resolver con frases y palabras de cliché: cuando asesinan a algún líder comunal o social, a un guardabosques, a un erradicador de coca, indígenas, afrodescendientes,  a un reclamante de tierras, a un líder político, emiten un comunicado que ya está elaborado y no es sino agregarle el nombre: fue por lío de faldas, o fue en una riña, o fue por equivocación y agregan que inician una exhaustiva investigación.

La realidad es que alguien determinó que para el tema electoral, para ganar las próximas elecciones, había que exterminar a los líderes sociales. Alguien hace la lista, alguien financia, alguien evita que las autoridades intervengan, alguien apreta el gatillo para que inocentes compatriotas caigan vilmente asesinados, muchas veces al lado de sus familias.

Por favor señores del Gobierno, ustedes están en el poder, ustedes tienen las riendas del país, no sigan diciendo que es culpa del anterior gobierno y más bien busquen soluciones inmediatas.

Lo que vivimos día a día es que el asesinato de líderes sociales en Colombia va en aumento en varias zonas de nuestro territorio, llegando ya a la cifra de diez, líderes sociales y comunales, en lo que va corrido del año.

Lo grave es que estos personeros de la comunidad se sienten indefensos y preocupados porque la situación va a empeorar cuando se acerquen las elecciones. Con esto buscan amedrentarlos, y aislarlos del tema electoral, por falta de garantías para la participación política.

Entonces los que reclaman sus derechos, los que denuncian amenazas, los que se oponen a proyectos mineros o agroindustriales inmensos que acaban con la biodiversidad, son puestos en esa lista de candidatos a recibir un tiro en la cabeza.

En nuestro país, denunciar, cuidar nuestros parques naturales, como ocurrió con el operario del Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta, o ser líder de su comunidad, lo convierte en candidato a ser víctima de un atentado, generalmente mortal.

Señor Presidente: convóquenos a una gran cruzada nacional por la vida  y antes de ver la viga en el ojo ajeno, miremos la viga en el nuestro., No sigamos distrayéndonos en mirar el caso venezolano mientras, aquí nos siguen asesinando.

Señores de la Fiscalía: agudicen las investigaciones, capturen y acusen ante los jueces con prontitud, revisen quienes se están quedando con siete millones de hectáreas en las zonas de asesinatos de líderes sociales y comunales, por ahí puede estar la respuesta a este derramamiento de sangre.

Colombia necesita una reingeniería social, moral, ética desde la escuela, con énfasis y conocimiento de los valores humanos.

Termino esta nota condenando el abominable atentado contra nuestra Policía Nacional, en la Escuela de Cadetes General Santander. Sea cual sea su origen proviene de mentes perversas y asesinas. Sacrificar a nuestros jóvenes campesinos con fines políticos y oscuros es infame.

Bogotá, D. C, 19 de enero de 2019

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Por Jorge Enrique Robledo*.- Modificando este artículo que ya estaba redactado, expreso mi total repudio al acto terrorista en la escuela de Cadetes General Santander, mis condolencias a los familiares, amigos y compañeros de las víctimas y mi solidaridad con la Policía Nacional. Y llamo a que este horror no exacerbe más la violencia verbal que tanto daña a Colombia.

De otra parte, perdida entre las noticias navideñas se supo que Carlos Valdés, director del Instituto de Medicina Legal, tuvo que renunciar a su cargo porque se descubrió que había mentido sobre el análisis de la propia Medicina Legal de una toalla encontrada en la casa de Jorge Enrique Pizano, el auditor de la Ruta del Sol II que acabó de desenmascarar las componendas Odebrecht-Aval-Fiscal Martínez. Fue tal el descaro de Valdés, que dijo que habían encontrado sangre de Pizano, cuando sus peritos le habían certificado “negativo para sangre”, animal y humana (https://bit.ly/2BuPCsI).

Ante semejante tentativa de fraude, investigué el papel de Valdés sobre su deber de decirnos de qué había muerto Jorge Enrique Pizano, luego de que el hijo de este, Alejandro, muriera envenenado por el cianuro presente en una botella de agua que estaba en la oficina de su padre. Muerte natural, suicidio u homicidio era lo que tenía que establecerse en el caso de Jorge Enrique, interrogante que con razón conmocionó a los colombianos y a la prensa internacional. Mis conclusiones en detalle pueden verse en el siguiente enlace (https://bit.ly/2CvjC8l).

Jorge Enrique Pizano murió teniéndole miedo al Fiscal Martínez, a quien había denunciado por la corrupción de la Ruta del Sol II. Tanto, que le exigió a Noticias Uno que sus grabaciones del 2015 con Martínez solo se publicaran después de su muerte o tras haber logrado salir de Colombia. Luego la suerte política del Fiscal –ya muy desacreditado en ese momento– quedó atada a si Pizano, que “sabía demasiado”, había o no fallecido de muerte natural. Y entonces Valdés, puesto en ese cargo por Martínez, se puso al servicio, no de la verdad, sino de lo que le conviniera a su jefe.

La primera explicación de la muerte de Jorge Enrique Pizano la dio el patólogo del hospital de Facatativá, el cual, en la necropsia clínica concluyó que había fallecido por infarto agudo del miocardio. Pero tras el escándalo por envenenamiento de Alejandro Pizano, la propia Fiscalía le pidió a Medicina Legal que examinara las muestras biológicas que quedaron de dicha necropsia, conservadas en formol.

Desde ese día, Valdés se dedicó a insuflarnos la idea, como incontrovertible, de la muerte natural de Pizano, a pesar de que esa certeza era contraria al conocimiento científico. Porque si bien todos los análisis dieron negativo para cianuro, ellos tenían fallas que los invalidaban: no eran a partir de sangre ni de líquidos gástricos, las muestras óptimas para encontrar cianuro, y estas se habían conservado en formol, el cual, con rapidez, elimina el cianuro de toda muestra. Y esto lo certifican dos manuales de Medicina Legal, el PET (Procedimiento Estandarizado de Trabajo) y la Guía DG-M-25, la cual incluye, entre las “Muestras no aptas para análisis toxicológico”, la “Muestra en formol”. No es casual entonces que los patólogos hablen de “falsos negativos”, que ocurren cuando el resultado da negativo pero es falso, porque la muestra no sirve. Luego nadie puede afirmar, con total certeza, que Jorge Enrique Pizano murió por muerte natural y no por cianuro. 

Las inconsistencia de las afirmaciones de Carlos Valdés y de su subdirectora, Claudia García Fino, se las reclamaron personalmente periodistas de Semana, al tiempo que les pidieron que se le explicaran estas verdades al país, a lo que ellos se negaron (https://bit.ly/2R438xt), días antes de la vulgar estafa en beneficio del Fiscal que Valdés intentó con la toalla. Que Procuraduría y Fiscalía investiguen formalmente.

Coletilla. Crece el rechazo a la falacia de que la venta de Medimás “es un negocio entre privados”, que pueden hacer lo que les dé las gana. Y atérrense con las características del comprador de Medimás (https://bit.ly/2SXjuWo).

Bogotá, 19 de enero de 2019.

*Senador del Polo Democrático Alternativo

@JERobledo

Por Horacio Serpa Uribe*-.Cuando en los años sesenta del siglo pasado se crearon las guerrillas, iban por el poder. Con ideologías definidas, con ideas bien estudiadas, con base social, con apoyos intelectuales y bastante comprensión internacional, desbordados de entusiasmo, las Farc y el Eln primero, luego el Epl, después el M19 y otros sectores contestatarios armados, buscaron acabar el Frente Nacional, destronar “el orden actual”, imponer sus postulados revolucionarios e implantar un sistema político  diferente, con distintos gobernantes y partidos, para que llegaran una nueva democracia y un compromiso social diferente.

La tarea no fue fácil. Distintos factores internacionales se sumaron a la contienda, los criterios intelectuales y los propósitos políticos fueron degradados por la gravedad de una lucha atroz, violenta en demasía, sucia en todos sus rincones, prolongada en exceso y sin resultados definitorios. La intensidad de la guerra se contaba por litros de sangre, diferentes lados y épocas reclamaron victorias estratégicas, empate técnico, fin del fin, y medio siglo no alcanzó para que se esculpiera el triunfo “en letras de molde”. ¿Quién ganó? En términos reales, fuera de explicaciones, teorías y pretextos, ninguno. Pero la guerrilla no logró su cometido, las posibilidades se cerraron, la perspectiva inmediata era la de continuar una guerra de desgaste, cruel para el país, y por fin surgió la razón de la inteligencia, tan subestimada por tantos, tanto tiempo.

La paz es la salida de todos. La paz abre el camino de perseguir y lograr ideales sin destruir, y brinda la oportunidad general de consolidar una buena democracia y de alcanzar un propósito común: el bienestar del pueblo.

El gobierno del Presidente Santos y las Farc dieron el paso, se lograron unos Acuerdos que no sin dificultades fueron acogidos por las instituciones y amplios sectores ciudadanos, políticos, sociales, intelectuales y empresariales. El país hace esfuerzos, en medio de incomprensiones y de mucha mala leche, para cumplirlos. Surgió un punto interesante: el Presidente Duque y su gobierno han dado muestras de apoyarlos. Se han presentado problemas, hay incumplimientos atribuibles a la parte institucional e inconformismo en las filas del partido fariano. El más retrechero ha sido Iván Márquez, quien está a punto de mandar los Acuerdos para el chorizo.

De Marquez se esperaba, como líder que fue de las Farc en los diálogos, que lo fuera también en la labor de buscar el cumplimiento de los Acuerdos. Pero hace rato se distanció de tales trámites y ahora, en declaración internacional, se duele de la entrega de las armas. Menciona la paz, no habla de guerra, pero la gente piensa: si Márquez desprecia la oportunidad de ir 8 años al Congreso Nacional, ¿cuál puede ser el plan B de este guerrero que no quiere hacer política constitucional? ¿De nuevo la guerra? Sería volver a las armas por el solo prurito de generar problemas, desgracia, muerte, sin destino, sin espacios. Ojalá este personaje interesante e inescrutable dé la talla en democracia y decida, de una vez por todas, hacer la guerra por sus ideas, pero “por otros medios”. ¡Aún es tiempo!   

Bogotá, D, C, 17 de enero de 2019

*Abogado. Excongresista, Exministro del Interior, Excandidato Presidencial, Exdiplomático, Exgobernador de Santander.

Por Victor G Ricardo*.- Esta semana está anunciado que el Presidente de la República, Iván Duque, se reunirá con los dirigentes de las principales fuerzas políticas representadas en el Congreso de la República. Los colombianos vemos con mucho interés y esperamos con mucha expectativa los resultados de estos encuentros, sobre todo porque por el bien del Gobierno y de todos los colombianos es fundamental que se adquiera la gobernabilidad necesaria para poder sacar adelante los proyectos sobre reforma política, judicial y económica.

Necesitamos que estos proyectos se adelanten adecuadamente y que ello permita la ejecución de obras en las distintas áreas y regiones, derrotar la corrupción, organizar un sistema judicial adecuado que garantice que no haya impunidad y se dé pronta justicia y que se hagan o lleven a cabo las reformas necesarias para tener un Estado que garantice los derechos ciudadanos, la seguridad de las distintas ciudades del país así como de las zonas rurales, pero sobre todo que nos permita llevar a cabo un mejor desarrollo con equidad. 

Que la paz se consolide en el marco de la verdad, justicia, reparación y no repetición, como política de Estado y no de gobierno que la haga sólida y duradera. Para adquirir la gobernabilidad anhelada no se deben confundir alianzas o acuerdos o concertación con mermelada. En todos los países del mundo cuando los gobiernos no tienen mayorías, acuden a construir coaliciones en el marco de acuerdos programáticos que se entren a desarrollar en un gobierno en que participen las fuerzas políticas que lo apoyen  y así mismo también se definan los grupos o movimientos políticos que harán oposición.

Lo que no puede entender la ciudadanía es cómo en los Ministerios hay personas vinculadas a partidos o movimientos que no reflejan su apoyo en el Congreso a las iniciativas gubernamentales. Tenemos ejemplos cercanos en nuestra región latinoamericana de cómo, por no construir los gobiernos y fuerzas políticas a partir de gobernabilidad, no han podido cumplir con las promesas presentadas al pueblo e incluso se ha llegado a que, por falta de coaliciones, hasta las economías se hayan visto afectadas y hayan perdido credibilidad tanto a nivel interno como internacional. 

Todo esto nos lleva a que realicemos los esfuerzos que sean necesarios para poder, gobernando para todos los colombianos, hacer las obras y acciones de gobierno que todos esperamos. Colombia hoy en el continente tiene un puesto de privilegio que no podemos desaprovechar. No podemos ser inferiores a la responsabilidad de la hora presente. Por tanto, esperemos que los esfuerzos de identificar puntos de coincidencia se logren y así podamos contar con la coalición necesaria que le dé mayor gobernabilidad al Presidente y su gobierno y así tengamos la garantía de los éxitos en su gestión.

Bogotá, D. C, 16 de enero de 2019

*Excomisionado de Paz

Por José G Hernández*.- Hablando de la virtud de la imparcialidad, que debe imperar en el servicio público, en la administración de justicia y en los medios de información, vale la pena recordar algunos elementos en relación con estos últimos.

Como lo recordábamos en intervención radial, la Constitución garantiza a todas las personas -como un derecho fundamental-  el derecho a la información, el cual, según reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional, es “de doble vía”, en cuanto, bajo un principio de libertad, se tiene tanto derecho a buscar y a divulgar informaciones como a recibirlas. La Carta califica de manera expresa la información que se suministra y se recibe: debe ser veraz e imparcial. Si no lo es; si es una información manipulada, sesgada, arreglada o editada, de manera que produzca ciertos efectos, la exigencia constitucional es quebrantada y los derechos de la audiencia  son vulnerados. Y ello comporta una responsabilidad social, como lo subraya el mismo precepto superior.

Obviamente, desde el punto de vista de la actividad del Estado, el derecho a la información así como la libre expresión del pensamiento y los conceptos, exigen que se preserve la libertad. De allí la prohibición total de la censura, consagrada en el mismo precepto, y la garantía otorgada constitucionalmente a los particulares para fundar medios de comunicación y para  ejercer su papel como una función social. Ello implica, por contrapartida, responsabilidad social.

La información, pues, tiene que ser veraz e imparcial. Veraz, es decir, conforme a la verdad, que, según el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, significa “conformidad de las cosas con el concepto que de ellas forma la mente”. En esta materia, la conformidad debe ser establecida entre lo que se informa y la realidad de los hechos informados.

Imparcialidad significa que, en las informaciones estará ausente lo que el mismo Diccionario presenta como “designio anticipado o prevención en favor o en contra de personas o cosas”, lo que a su vez “permite juzgar o proceder con rectitud”. Así, el medio o el periodista que informa no tiene por qué inclinar la información en un sentido favorable o desfavorable a una cierta persona o entidad, ni a una determinada corriente política, ni le corresponde tomar partido respecto a los hechos a que se refieren las informaciones, y menos acomodar los datos que suministra para ocultar o tergiversar algo. Simplemente, debe informar, enterar, entregar la noticia desnuda y pura; los acontecimientos deben transmitirse al público en forma completa y tal como se produjeron, sin alterarlos ni desfigurarlos, y sin inducir, por fuera de ellos, la opinión de quienes reciben la información.

Es lo propio de la ética profesional del periodista y de la credibilidad de los medios de comunicación. Su papel consiste en registrar lo que pasa, de modo fidedigno y auténtico.

Lástima que, de un tiempo para acá, la polarización en que se encuentra el país  haya  afectado a varios medios -no todos afortunadamente-, cuya imparcialidad se ha perdido. Algunos de ellos, en vez de suministrar información veraz e imparcial, desinforman, intercalando en la noticia sus propias opiniones, inclinaciones u objetivos, y  dando lugar a confusión. Exactamente lo contrario de su función social.

Bogotá, D. C, 16 de enero de 2018

*Expresidente de la Corte Constitucional

Por Jairo Gómez*.- El palo no está para cucharas y menos cuando entramos en una etapa preelectoral y la violencia política arreciará en todo el territorio nacional, en donde las castas regionales y las mafias politiqueras aupadas por el narcotráfico, cerrarán filas para preservar el control de la administración local.

¿No sentirá vergüenza el canciller Trujillo García, el tener que ir a foros internacionales a suscribir declaraciones contra terceros países que no respetan los valores democráticos, mientras en su país, a diario, asesinan un líder social o un defensor de los derechos humanos?

¿No se dará cuenta el ministro que mientras él posa, adusto y serio, junto a sus homólogos latinoamericanos, millones de ojos en el mundo entero lo están observando y, al mismo tiempo, haciéndose la pregunta: Cómo así que en Colombia desde el primero de enero de 2016 al 10 de enero de 2019 han asesinado (cifra de INDEPAZ) 566 líderes sociales y defensores de derechos humanos, y no pasa nada?

El asesinato de estos líderes -representantes de campesinos y de la población más vulnerable del país- en las regiones más apartadas de Colombia y la magnitud de sus pérdidas no tienen parangón en la historia contemporánea de América Latina. Lo más grave es que la mayoría de los asesinatos perpetrados son contra personas comprometidas con la implementación del acuerdo de paz.

Son tan aterradoras las cifras que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya está contemplando la posibilidad de nombrar un relator en Colombia para abordar tan delicado tema. Claro que es urgente que lo haga, se reclama desde muchos sectores de la sociedad civil que además se mueven en Estados Unidos para que el Congreso de ese país, ahora que los demócratas asumieron el control de la Cámara de Representantes, priorice esta realidad que viola flagrantemente los derechos humanos.

No se trata de socavar la institucionalidad colombiana, pero ante esta masacre, gota a gota, sí es necesario que la comunidad internacional mire con lupa un hecho que ya suena a extermino; con un lamentable asterisco y es que desde las mismas autoridades militares y políticas en muchos casos estos líderes sociales son asociados a actividades opositoras, antipatriotas y señalados de traidores, como lo denunció en su reciente visita el relator de la ONU, Michael Fort.

Si a esta realidad le sumamos, y no se puede dejar de soslayo, el asesinato de más de 80 desmovilizados de las Farc que suscribieron el acuerdo de paz con el Estado colombiano, nos estamos acercando a un escenario crítico que corrobora seriamente la percepción que se tiene sobre la falta de compromiso de la actual administración con la consolidación de la paz y la generación de un clima de tolerancia y de respeto por los derechos humanos.

El palo no está para cucharas y menos cuando entramos en una etapa preelectoral y la violencia política arreciará en todo el territorio nacional, en donde las castas regionales y las mafias politiqueras aupadas por el narcotráfico, cerrarán filas para preservar el control de la administración local.

El anterior es un escenario que el gobierno del presidente Duque debe contemplar seriamente para evitar que ese ciclo de violencia se agudice, si es que ya no comenzó con el asesinato de 114 líderes sociales y defensores de derechos humanos en tan solo cinco meses y medio del actual gobierno.

Qué impotencia! Qué tristeza me produce el sistemático asesinato de líderes sociales en Colombia y, lo peor, no poder hacer nada para evitarlo. Qué vergüenza! que en la llamada democracia más antigua de América Latina, se asesinen defensores de derechos humanos y no pase nada. Qué dolor de patria.

Bogotá, D. C, 15 de enero de 2019

*Periodista y Analista Político.

@jairotevi

Por Juan Carlos Bocanegra*.- Vivimos en un mundo competitivo donde solo un bajo porcentaje de la población puede acceder a unos medios de vida digna. En general, las condiciones sociales, económicas y laborales son precarias en la mayoría de los países y Colombia se encuentra en el puesto 90 según el Índice de Desarrollo Humano (IDH) elaborado por Naciones Unidas.

Las sociedades que se encuentran en escenarios de pobreza se desenvuelven en un ambiente hostil, limitado en educación y una baja formación en valores y principios que no les permite gozar de buenas relaciones dentro de una comunidad; siendo los actos violentos y las decisiones egoístas el vehículo preferido para la supervivencia.

Resultado de lo anterior, se edifican gobiernos que dirigen erradamente las naciones y no garantizan equidad ni bienestar entre sus habitantes. Se crea un circulo vicioso que poco a poco deteriora la sociedad y va nutriendo el peor de todos los males que nos puede rodear: la corrupción.

La corrupción son los actos cometidos por personas que abusan de su poder e influencia para hacer uso indebido de los recursos financieros y humanos que tienen a su disposición. Como consecuencia de este fenómeno, se forja una cultura del “todo vale” que afecta de manera negativa el comportamiento ciudadano y en el caso que concierne a la administración de un Estado, se reduce la capacidad para atender las necesidades de su población.

Los hechos derivados de la corrupción impiden el crecimiento de un país. Se construyen carreteras con materiales de mala calidad, los puentes se vienen al piso, se pierden los subsidios de los niños y abuelos, se ofrecen medicinas vencidas en los hospitales, y toda la desviación de recursos que deberían ser invertidos para la educación, salud, deporte, generación de empleo, cultura e infraestructura, termina siendo el fortín económico de unos pocos que endulzan a sus seguidores con mercados y una falsa amistad.

Ahora, creo que el país esta despertando frente a las injusticias que hemos padecido y muestra de ello son las expresiones sociales que han tomado fuerza estos años. En los últimos meses los estudiantes a nivel nacional se organizaron y le exigieron al Gobierno más inversión para la educación, hace unos días cientos de ciudadanos salieron a las calles para pedir la renuncia del fiscal Néstor Humberto Martínez por el caso de Odebrecht y, durante todo este tiempo, las redes sociales han sido el canal de expresión más eficiente por medio del cual se han denunciado los miles de abusos que día a día cometen las personas que ejercen algún tipo de autoridad.

Sin embargo, debemos entender los actos de corrupción como un comportamiento que puede estar presente en cualquier persona, indiferentemente de su ocupación, esta mala conducta no esta definida únicamente para el funcionario público. Hay que tomar conciencia que somos nosotros los que debemos cambiar si queremos transformarnos en una sociedad de bien y no pretender solamente que señalando a los demás encontraremos la solución.

El problema debe ser corregido desde la infancia, y a razón de esto, la educación que se imparte en la familia es esencial. Acostumbrar al niño a ser honesto, a jugarle limpio a la gente y a respetar las normas es fundamental para consolidar la futura generación que, desde su libre albedrío, ejercerá acciones éticas que favorecerán a la comunidad.

De igual manera, hay que cambiar la cultura que premia el enriquecimiento ilícito y el facilismo; esa cultura que no sanciona debe ser sustituida por aquella que fomenta el respeto por la dignidad humana y los valores esenciales que rigen las conductas honestas y transparentes. Si algo nos ha enseñado la historia, es que cuando se han detectado actos indebidos y no se ha hecho nada, lo que termina prevaleciendo es la tolerancia al delito y esa actitud nos convierte en cómplices.

Para nosotros, nuestros vecinos, amigos e hijos es fundamental tener estos conceptos claros para poder mitigar las consecuencias de la corrupción y los males que esta produce. Solo de esta manera podemos construir las bases de una sociedad más inteligente, más consciente a la hora de elegir a sus gobernantes y más capaz de demostrar que la fuerza de sus acciones colectivas esta medida en la solidez de sus principios individuales.

Bogotá, D. C, 14 de enero de 2019

*Administrador de Empresas de la Universidad de los Andes, especialista en Gestión Regional del Desarrollo de la misma universidad. Orgullosamente cucuteño, convencido en el potencial de nuestra región e interesado en temas de emprendimiento y políticas públicas sobre desarrollo territorial.

Por Juan Camilo Restrepo.- La entrega del fondo parafiscal de la carne y la leche debió hacerse por licitación pública, y no a dedo como ocurrió. Las razones son las siguientes:

1. La ley 1753 de 2015 (Ley del Plan Nacional de Desarrollo Vigente) no permite la contratación directa con Fedegan. La Corte Constitucional declaró exequible la intervención temporal del Ministerio de Agricultura, a través de encargo fiduciario, en la administración y recaudo de contribuciones parafiscales en forma reglada

La expedición de la Ley 1753 de 2015, Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, artículo 106, implicó una modificación esencial del artículo 7 de la Ley 89 de 1993, pues estableció las reglas generales para la administración de todas las contribuciones parafiscales agropecuarias y pesqueras; omitió cualquier referencia a la contratación directa con Fedegan; incluyó autorizar al Gobierno nacional, Ministerio de Agricultura, asumir la administración temporal de estos recursos, a través de encargo fiduciario, si la entidad contratante no está en condiciones de garantizar el cumplimiento de las reglas y políticas que deben regir la ejecución de las contribuciones parafiscales; y, señaló la obligación de garantizar la participación y representación de los gravados con la cuota parafiscal respectiva.

Las atribuciones al Ministerio de Agricultura de asumir temporalmente, por medio de un encargo fiduciario, contenidas en los incisos tercero y cuarto de esta disposición fueron demandados ante la Corte Constitucional.

En sentencia C-644 de 2016 se declaró la exequibilidad de tales incisos. La Corte hizo un detallado estudio sobre la parafiscalidad y las atribuciones del Congreso en esta materia. Precisó que sólo puede ejercerse de conformidad con el reglamento y la ley. Es decir, que no es cierto que el Presidente o el Ministerio puedan hacerlo en forma discrecional, sino que deben ceñirse estrictamente al reglamento respectivo. Y que este reglamento le compete expedirlo al Gobierno nacional en desarrollo de su potestad reglamentaria.

Recordó la Alta Corporación que en otras oportunidades, la ley ha autorizado al Gobierno revocar la administración de contribuciones parafiscales, tal como lo dispuso la Ley 321 de 1996, en relación con la cuota de fomento cacaotero, que fue declarada exequible en la sentencia C-002 de 1998.

2.- El Gobierno nacional asumió temporalmente la administración de las contribuciones parafiscales a Fedegan

El Gobierno nacional, mediante Decreto 2537 de 29 de diciembre de 2015, asumió directamente  la administración de las contribuciones parafiscales ganadera, pues consideró que se daba la causal de cuando una entidad administradora “no está en condiciones de garantizar el cumplimiento de las reglas y políticas que debe regir la ejecución de las contribuciones parafiscales, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, por razones especiales definidas mediante reglamento, podrá asumir temporalmente, a través de un encargo fiduciario, la administración de dichas contribuciones y efectuar el recaudo”.

Esta administración temporal, por encargo fiduciario, en cabeza de Fiduagraria.

3.- Decisiones del Consejo de Estado en acción de cumplimiento y de nulidad

Fedegan ha acudido a la jurisdicción administrativa en numerosas oportunidades para oponerse a la pérdida de su contratación directa y especial. Veamos los más importantes:

Acción de cumplimiento ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en la que pretendía que se le ordenara al Ministerio de Agricultura contratar con Fedegan la administración y recaudo de las cuotas de fomento ganadero y lechero, de conformidad con el artículo 7 de la Ley 89 de 1993.

En sentencia de 9 de febrero de 2017, el Tribunal denegó esta solicitud, por cuanto el artículo 106 de la Ley 1753 de 2015 modificó la autorización de la contratación directa como lo estipulaba la Ley de 1993.

Esta decisión fue apelada por Fedegan. La Sección Quinta del Consejo de Estado, en sentencia de 6 de abril de 2017, la confirmó con base en el cambio operado en la Ley del Plan, Ley 1753 de 2015, artículo 106.

Fedegan acudió al Consejo de Estado en acción de nulidad contra el Decreto 2537 de 2015, que reglamenta la asunción temporal de las contribuciones parafiscales, con solicitud de suspensión provisional.

En providencia de 1º de agosto de 2016, la Sección Primera del Consejo de Estado denegó la suspensión provisional y confirmó esta denegación el 19 de diciembre de 2016.

4.- Concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado

El 12 de diciembre de 2017, la Sala de Consulta resolvió el interrogante expresado por el Ministro de Agricultura sobre si en la licitación pública para seleccionar el nuevo administrador de la cuota parafiscal de carne y leche puede participar Fedegan.

La Sala expresó que no existe ningún instrumento o figura jurídica que le impida participar en el proceso de licitación. Y no puede aplicarse la analogía para restringir su participación. Además, que no es posible tener en cuenta los antecedentes del participante, pues los pliegos deben establecer reglas generales.

Debió hacerse por licitación pública y no a dedo.

Bogotá., D. C, 14 de enero de 2019

*Abogado, Economista y Exministro de Estado