Opinión

Por Gabriel Ortiz.- Colombia es un país de contrastes que difícilmente pueden entender los habitantes de muchas naciones que le siguen la pista al Proceso de nuestra Paz.

No habíamos logrado celebrar el cuarto aniversario de los acuerdos de La Habana, cuando ya un plebiscito quiso enterrarlo. Por fortuna antes de rubricar el documento, se le habían aplicado los blindajes necesarios para que los enemigos de la paz no lo volvieran trizas.

Terminado el conflicto con las Farc, ese grupo hizo entrega de 10 mil armas de guerra, que se convirtieron en el primer monumento a la paz, elaborado por la artista Doris Salcedo, con unas lozas en acero pacientemente martilladas por mujeres victimas de los 50 anos de violencia que ha sufrido nuestro país. Son diez mil armas que han salido de nuestro territorio.

Pero ¿hacia dónde vamos? El presidente Duque ha revivido la entera libertad para adquirir armas y portarlas. El decreto, mediante un “mico”, da facultades al Ministerio de Defensa para expedir las autorizaciones especiales que requieren los compradores. Es decir: se va a   armar a la gente gente, sin mayores restricciones. Marcharemos hacia la conformación de ejércitos privados -antes los llamaban paramilitares-. Se desconocen las razones por la cuales Duque dio a conocer, previamente el decreto en cuestión, al expresidente Uribe y a otras personas no menos cuestionables.

Mientras se acaban las guerrillas, aparecerán grupos iguales o peores a los que actuaron en esa época del terror.

La medida gubernamental, con mínimas condiciones, legalizará el suministro y porte de armas. Volverá el olor a pólvora y muerte. En Texas, Estados Unidos, cualquier persona que demuestre buen comportamiento, puede adquirir cuantas armas quiera. Pero algo debe exhibir. En nuestro medio, según el decreto serán mínimas las condiciones y a discreción del Mindefensa. Sabemos la facilidad y el billete que compran certificados.

La delincuencia que nos acosa en barrios, pueblos, ciudades y campos, tiene bajo su mando grupos terroristas y sicariales que la sostienen.

Hay mafias que alquilan pistolas y ametralladoras para que los asaltantes y criminales puedan cometer sus crímenes. La reinante corrupción, soborna y extorsiona a ciudadanos, autoridades, honrados comerciantes y pudientes campesinos, porque quienes la ejercen, son conocidos personajes, con ejércitos de guardaespaldas armados hasta los dientes.

El decreto presidencial, ha debido ir de tajo contra esas organizaciones y el enjambre de delincuentes que con toda suerte de armas blancas y de fuego, siembran el pánico entre las gentes de bien que deben tomar un bus, un taxi, el Transmilenio, la bicicleta, las calles, acudir a un cajero, un banco, o simplemente dar un caminata por un centro comercial.

El rechazo a la consultada y aplicada medida del Presidente Duque, ha sido casi unánime, porque hay sectores y “señores” que añoran esta guerra que estamos superando.

BLANCO: El paso de Jeyson Murillo al Barcelona.

NEGRO: La acusación de Uribe a la Corte de quererlo encarcelar.   

Bogotá, D. C, 27 de diciembre de 2018

*Exdirector del Noticiero Nacional y de Notisuper

Por Clara López Obregón.- Una cadena de decisiones adoptadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene a sus aliados y contendores en vilo y a muchos expertos en temas de seguridad proclamando que el mundo es hoy menos seguro, por los virajes y el estilo impulsivo del Presidente que las produce.

El presidente Trump ha antagonizado a sus socios de la OTAN y al Gobierno de Corea del Sur exigiendo que asuman una mayor proporción de los gastos en seguridad, bajo la amenaza de retirar las tropas estadounidenses. Tomó la decisión de trasladar la embajada de Estados Unidos en Israel a Jerusalen, sin obtener ningún compromiso hacia la solución del conflicto palestino israelí y se retiró del acuerdo atómico con Irán en contra del criterio de sus principales aliados europeos quienes insistieron e insisten que desconocer el acuerdo que esta funcionado solamente conduce a exacerbar las tensiones internacionales.

Tal vez una de las decisiones más polémicos ha sido el anuncio de retirarse del Tratado de armas nucleares intermedias, INF, por su sigla en inglés, que de llevarse a cabo podría desencadenar una nueva carrera armamentista, con nuevos actores como China, Irán, Corea del Norte, India y Paquistán. Más aun, algunos funcionarios de la administración estadounidense han manifestado que otro tratado de limitación de armas nucleares, el New Start Treaty, puede dejarse expirar sin solicitar nueva renovación en 2021. No es de poca monta un comentario hecho por el Presidente Trump que alguno de sus asesores filtró a la prensa: Para qué tenemos armas nucleares si no es para usarlas.

Los últimos días han registrado una escalada de críticas por la intempestiva renuncia y salida de James Mattis, el Ministro de Defensa, considerado uno de los últimos, sino el último, funcionario de la administración Trump que podía refrenar las decisiones impulsivas del Jefe de Estado. Su salida fue motivada por la orden de retiro de las tropas estadounidenses de Siria y la reducción a la mitad de las que operan en Afganistán, sin aviso previo a los aliados y mucho menos una estrategia para afrontar las consecuencias. Alemania, Gran Bretaña y Francia ya han manifestado su desacuerdo y en Estados Unidos, incluso, voces autorizadas de su propio partido han cuestionado la medida.

Con motivo de la crisis con Corea del Norte del año pasado, el senador republicano de Tennessee, Bob Corker, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, había afirmado que las amenazas de Trump podrían desencadenar la tercera guerra mundial. “Dependemos de Rex Tillerston (Secretario de Estado), Jim Mattis (Secretario de Defensa) y John Kelly (Secretario General de la Presidencia) para ayudar a separar a nuestra nación del caos,” dijo en ese momento.

Esa palabra “caos” ha aparecido estos días en boca de comentaristas y exfuncionarios refiriéndose al proceso de toma de decisiones en la Casa Blanca. También la preocupación de que la decisión de usar las armas nucleares reposa exclusivamente en manos del Presidente de los Estados Unidos. En la actualidad, ninguno de esos tres hombres de contención continúa al servicio del Gobierno.

Quien sí está, es el asesor de seguridad nacional, John Bolton, de quien un editorial del New York Times afirmó: “Sí, John Bolton sí es así de peligroso”. Con treinta años de carrera, su talante es bien conocido. Tiene poco respeto por la diplomacia y los compromisos internacionales y favorece soluciones unilaterales, como su jefe. En lo que atañe a nuestro vecindario, apoya la intervención militar en Venezuela que el presidente Trump promovió durante reuniones con varios presidentes latinoamericanos y que no descartó cuando fue abordado por un periodista.

El mundo puede estar llegando a un punto de inflexión en materia de seguridad global. Los acontecimientos recientes en la Casa Blanca son un mal augurio, tanto para la paz mundial como para la regional. La chispa que prenda la pradera puede producirse en cualquier parte, incluso en la frontera colombo-venezolana. No hay duda, el mundo es más inseguro hoy que en cualquier momento de la Guerra Fría. 

Bogotá, D. C, 26 de diciembre de 2018

*Precandidata a la Presidencia y Excandidata a la Vicepresidencia de Colombia. Exalcaldesa de Bogotá y Exministra de Trabajo.

Por José G Hernández*.- El respeto debido a las decisiones de la Corte Constitucional, no impide que se discrepe de ellas, particularmente cuando, desde el punto de vista jurídico -como ha venido ocurriendo en los últimos meses-,  autos y fallos presentan inconsistencias, contradicciones o deficiente motivación. En tales casos, no solamente se tiene el derecho sino el deber de formular la crítica correspondiente, como contribución de la academia -en una democracia participativa- a la preservación de los valores y principios fundamentales, a la vigencia efectiva de la Constitución y a las rectificaciones a que haya lugar, en bien de la jurisprudencia y la doctrina.

La función que fue asignada por el Constituyente a la Corte Constitucional no consiste en apoyar o en atacar, desde el punto de vista político, las decisiones oficiales o las políticas de los gobiernos, ni tampoco en valorar la mayor o menor  conveniencia y la oportunidad de las normas sometidas a su examen, sino en velar por la intangibilidad, la integridad y la supremacía de la Constitución, mediante el estudio y la confrontación  jurídica, objetiva e imparcial de dichas disposiciones -inferiores en la jerarquía normativa-  con los principios y reglas de nivel constitucional. 

Cuando el artículo 4 de nuestra Constitución proclama que ella es “norma de normas”, está subrayando el postulado de supremacía o supralegalidad que la caracteriza en cuanto proveniente del poder originario y soberano –poder constituyente-  del cual es titular el pueblo, y que siempre debe prevalecer sobre los preceptos dictados por los órganos constituidos.

 Estos últimos -Congreso y Gobierno, por ejemplo- fueron creados por la Constitución, y fue el Constituyente, por medio de ella, quien, dentro de ciertas reglas y en determinadas materias, les otorgó facultades -que de otro modo no tendrían- para expedir normas jurídicas exigibles a los gobernados.

Por ello preocupa que, hoy por hoy, se observe una cierta tendencia de la Corte a debilitar el control de constitucionalidad y a obstruir, invocando formalistas y caprichosos criterios, el ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad por parte de los ciudadanos.

La Corte permitió que el Congreso -cuyo poder de reforma estaba sometido a reglas- las modificara mediante el  “fast track” (procedimiento de reforma abreviado); que sustituyera al pueblo en la refrendación del Acuerdo de Paz; que sustituyera la Constitución en cuanto a la estructura de la justicia transicional. Y ha flexibilizado en grado sumo el rigor en  la exigencia de sujeción de las leyes a la Carta Política, generando un creciente desorden institucional. Véase, por ejemplo, la manera irregular como se tramitan normas legales y hasta constitucionales en el  Congreso, sin siquiera leer los textos, sin publicación oportuna, sin cumplir el reglamento  y sin debate, todo lo cual -si se aplica el actual criterio de control constitucional- será avalado por la Corte.

Resulta, entonces,  imperativo retornar a conceptos como los puestos en vigor desde 1920 por Hans Kelsen, y en Colombia por el Acto Legislativo 3 de 1910, por la Constitución de 1991 y por la jurisprudencia de los primeros años de su vigencia. Hay que fortalecer el sistema de control de constitucionalidad.

Reflexionen sobre esto en diciembre, señores magistrados.

Bogotá, 26 de diciembre de 2018

*Expresidente de la Corte Constitucional

Por Juan Camilo Restrepo Salazar*.- El Gobierno ha anunciado que en este año presentará su propuesta para el ajuste del salario mínimo durante el curso mismo de las negociaciones. Es una propuesta novedosa, pero ¿será útil?

Históricamente todos los gobiernos han jugado en la mesa de concertación del salario mínimo un papel de mediadores, es decir, no se juega ni con patronos ni trabajadores; permite que estos negocien, y solamente en el evento de que no haya acuerdo se fija el salario mínimo por decreto gubernamental.

Ahora el Gobierno ha anunciado que cambia de jurisprudencia. Y se juega desde mas temprano con un porcentaje específico. Hasta el momento la Confederación Nacional de Trabajadores (CGT) planteó un 10% de ajuste, la central unitaria de trabajadores (CUT) habló de un 12%, y el Concejo gremial planteó un 4%. A su turno los empresarios plantearon un 4% para comenzar las negociaciones. Entre tanto, Planeación Nacional indicó que el índice de productividad para el año fue de 0.52%, al paso que la inflación de los últimos 12 meses se ubica en 3.27%.

Así las cosas queda por responder la siguiente pregunta: ¿qué utilidad tendrá que el Gobierno renuncie a su tradicional función de mediador en el proceso de negociación del salario mínimo? Si el porcentaje que anuncia es muy alto y se acerca más al de los trabajadores, se le percibirá inmediatamente como haciéndole el juego al sector trabajador; y si es muy bajo se le señalará como alineado con las pretensiones empresariales. En cualquiera de esos dos extremos la propuesta gubernamental no va a ser aceptada por la parte que se sienta desconocida, y la fijación del salario mínimo desembocará, como ha sido tradicional, en un decreto.

Otro riesgo que se corre con este innecesario anuncio del Gobierno consiste en que éste, el Gobierno, se entusiasme más de la cuenta con un determinado porcentaje tal como irresponsablemente lo ha hecho el gobierno español este año. Los socialistas conjuntamente con el grupo Podemos, pactaron un ajuste del salario mínimo español para el 2019 del 21%. Cifra pasmosamente alta que le va a generar todo tipo de desarreglos a la economía española. Igual ha sucedido en México donde el nuevo gobierno se estrenó con un ajuste del 16% en el salario mínimo.

De otro lado la fijación del salario mínimo colombiano para el 2019 se enfrenta a otro escollo: el proyecto de ley que cursa en el Congreso según el cual deberán pagarse 15 días de salario a los trabajadores que devenguen hasta 3 salarios mínimos en dos desembolsos que se harían en marzo y septiembre, y que según el observatorio laboral de la Universidad del Rosario tendrá un costo de 4 billones de pesos para los empleadores.

La pregunta que queda flotando es: ¿ésta prima será tenida en cuenta al hacer los cálculos del salario mínimo? Pues los sobrecostos que acarrea para el sector empresarial son evidentes. No tiene lógica  que dentro de la Reforma Tributaria se estén bajando las tasas impositivas de las empresas, pero que de otro lado se estén elevando sus costos con esta prima, cuyo trámite ya va muy avanzado en el Congreso. 

¿Qué va a decir el Gobierno de todo esto? ¿Va a tirar línea en su anuncio de ajuste para el año entrante?

Lo que es cierto es que la utilidad de la nueva figura por virtud de la cual el Gobierno abandona su tradicional función de mediador para pasar a ser juez y parte, no tiene, a primera vista, una justificación clara.

PD: Ya escrito este artículo se anuncia que el salario mínimo para el 2019 se ajustará en un 6%. El gobierno hizo bien en no anunciar durante las reuniones de concertación cual era su propuesta. De esta manera el gobierno echó atrás en su anuncio de haberse convertido en juez y parte, pero preservó su papel tradicional de mediador en las negociaciones tendientes a establecer el salario mínimo del año siguiente. Tal como se argumenta en este artículo.

Bogotá, D. C, 23 de diciembre de 2019

*Abogado y Economista y Exministro de Estado.

Por Amylkar D. Acosta M* .- De los proyectos de ley o de actos legislativos que tramita el Congreso de la República se suele decir a menudo que se sabe lo que entra pero no se sabe lo que sale al final para sanción presidencial. El proyecto de acto legislativo de la reforma política no ha sido la excepción. Tirios y troyanos coinciden en que lo aprobado es una verdadera colcha de retazos. Y entre retazo y retazo, entre los escombros de la demolición a la que quedó reducida la propuesta de Reforma Política y Electoral  propuesta por parte de la Misión Especial que se derivo del Acuerdo final con las FARC, se coló un artículo mediante el cual se crea el Fondo de Inversiones de Iniciativa Congresional.

Este proyecto fue aprobado en volandas al filo de la media noche del pasado 16 de diciembre, el último día y hora del primer período de la primera legislatura que expiraba. El Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, embebido en el trámite del bodrio en que terminó convertido el proyecto de ley de financiamiento, prefirió mirar para otro lado, siendo aprobado a los pupitrazos el proyecto de acto legislativo de la reforma política en su primera de dos vueltas.

La iniciativa partió de la Senadora del Centro democrático Paloma Valencia y en virtud de la misma el Congreso y los congresistas recobran la iniciativa del gasto que les esta vedada, pudiendo presentar y aprobar proyectos de inversión específicos, previo visto bueno del DNP, hasta la concurrencia del 20% del presupuesto anual de inversiones de la Nación. Las criticas no se hicieron esperar, dado que con ello se estarían reviviendo los execrados “auxilios parlamentarios” que tanto se abominan.  

El más remoto antecedente de este endriago nos remite a la administración de Eduardo Santos, cuando siendo Ministro de Hacienda el ex presidente Carlos Lleras Restrepo, este, en su Memoria fechada en 1942, reprochaba el hecho de que el Congreso asumiera “año por año unas facultades de iniciativa que no les confiere la ley orgánica. Así, se introducen nuevos gastos, en forma desordenada, en un proceso complicado de inflación presupuestal, de reajustes, de repartos por diputaciones, de transacciones sobre las cantidades que a cada miembro de la comisión de presupuesto corresponde distribuir. Y ese proceso no solo es ilegal, sino arbitrario, caprichoso, anticientífico”. Añadía él que “la reforma más necesaria es, sin duda, la supresión de la iniciativa parlamentaria en materia de gastos públicos”.

Años después, ya como Presidente de la República, con el propósito de promover y aupar la disciplina fiscal, así como la eficiencia y eficacia del gasto público, a través de la reforma constitucional de 1968 le quitó al Congreso de la República la iniciativa del gasto. Pero el remedio resultó peor que la enfermedad, pues para que se la aprobaran le dio vida al engendro de los vitandos “auxilios parlamentarios”, los cuales devinieron en fuente de corrupción.

La Constituyente de 1991 quiso cortar por lo sano, para evitar que la gangrena de la corrupción corroyera el parlamento y proscribió los auxilios parlamentarios a través del artículo 355 de la Constitución Política. Pero, a poco andar, el lugar de los “auxilios parlamentarios” lo vinieron a ocupar los denominados “fondos de cofinanciación” y el “Fondo Interministerial”, lo más parecido a una vieja y funesta práctica en el Congreso de los EEUU y de otros países de habla inglesa, en donde los congresistas pueden acceder para su manejo discrecional a partidas del presupuesto conocidas con el remoquete del “barril de los cerdos”. Posteriormente los “fondos de cofinanciación” y el “Fondo Interministerial” mutan y se convierten en los “cupos indicativos” o los “recursos por regionalizar”.

Además de la distorsión presupuestal que han significado estas distintas modalidades de injerencia del Congreso y los congresistas en la asignación del presupuesto de inversión pública, ahora motejada como “mermelada”, tienen como hilo conductor la falta de transparencia y probidad en la ejecución de tales recursos. Lo que se censura no es el hecho mismo de que los parlamentarios gestionen recursos para que estos sean invertidos en sus regiones, sino la relación incestuosa entre gobierno y Congreso y el entramado corrupto al que han dado lugar. 

La Corte Constitucional, en su Sentencia de exequibilidad de los “cupos indicativos” (C – 1168 de 2001), si bien considera que “no vulneran en sí mismo la Constitución, ya que constituyen legítimas partidas de desarrollo regional y no configuran entonces auxilios parlamentarios”, deja en claro que “no deben constituir instrumentos de desviación de poder”, que es justamente lo que se ha venido dando. De allí la reacción contra la “mermelada tóxica” en que se han convertido por parte de la ciudadanía y el desprestigio del Congreso de la República, que se debe en gran medida a los escándalos recurrentes que los han rodeado.

Ello explica el airado rechazo que ha recibido la aprobación por parte del Congreso de este Fondo, que revive los “auxilios parlamentarios”, so pretexto de que con él, según la Senadora Paloma Valencia, dizque “se garantiza el manejo transparente de las relaciones del Ejecutivo con el Congreso, elimina los auxilios parlamentarios y la mermelada y le devuelve al Congreso una de las funciones principales, que es el poder incidir en la manera como se gastan los recursos que pagan todos los colombianos” .

Ello va a contrapelo de la que sostuvo el Presidente Iván Duque con motivo de la aprobación del Presupuesto General de la Nación para la vigencia del 2019: “con el apoyo del Congreso de la República se aprobó un presupuesto, en el que no hay ni un solo cupo indicativo; lo que demuestra que pueden llegar los recursos transparentemente a las regiones de Colombia” . Con lo que se acaba de aprobar por parte del Congreso de la República se está borrando con el codo por parte del partido de gobierno y del Congreso en pleno lo que el cándido Presidente Duque intenta hacer con la mano. 

 Bogotá, diciembre 22 de 2018

*Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.

www.amylkaracosta.net

Por Jos Felix Lafaurie*.- Se acaba 2018 y, al son de los villancicos, el Gobierno no escapa al ojo crítico de los balances decembrinos, alimentados por la realidad recortada de los medios y formadores de opinión.

El país estaba acostumbrado al pulso entre poderes para negociar apoyos por prebendas; al pago de favores con las instituciones y los bienes del Estado; a la gobernabilidad por complicidad en el negocio sucio de la mermelada.

Hoy vuelve a la colaboración armónica y al respeto entre poderes; hoy las instituciones vuelven a ser de los colombianos; ya no Fonade de “los ñoños”, el Sena de los Verdes, Planeación de unos y Agricultura de otros. Hoy los contratos de alimentación no son recurso de campaña ni de enriquecimiento.

Pero el cambio se enfrenta a la mezquindad de los interesados en deslegitimar. La Ley de Financiamiento es un ejemplo.El gobierno presentó un proyecto, como corresponde, para que el Congreso hiciera lo que le corresponde: debatirlo en democracia. Nunca antes se habían discutido tantas propuestas, y aunque con menos recursos, la de Financiamiento es un ejemplo de lo que debe ser una ley.

Pero claro; venimos de la mermelada y el fast track. Claro que repartiendo ministerios y contratos el Gobierno habría sacado avante su proyecto, pero a costa de la transparencia. Entonces el aporte de todos los sectores es calificado de “Frankestein”, y la ausencia de mermelada de “falta de liderazgo” del presidente y sus ministros.

Si la reforma a la justicia se cayó por enésima vez, es porque a la ministra del ramo le faltó “liderazgo” con las Cortes y a la del Interior “manejo” con el Congreso. Falso. Se cayó porque la justicia no ha mostrado voluntad de transformarse.

Esta sociedad está enferma y el tratamiento empieza con el ejemplo. Si Duque mantiene su talante, de no ceder a la mafia de la mermelada, de colaboración antes que “manejo”, de respeto a la oposición y a la protesta, de firmeza contra la corrupción y la violencia, su gobierno será histórico y este país veleidoso, comenzando por los medios, terminará valorando esa “revolución ética”.

Bogotá, D. C, 23 de diciembre de 2018

*Presidente de Fedegan

@jflafaurie

Por Jorge Enrique Robledo*.- Sin Estado no existiría el capitalismo. Porque además de su papel de gendarme –fuerza pública, soberanía nacional, Justicia…–, es un imperativo del desarrollo económico y especialmente del empresarial. Sin el respaldo del Estado, en los tiempos corrientes las economías se anquilosan, y en las crisis, que son inevitables, colapsarían los países. ¿Empresas sin el aporte oficial a la educación pública, la seguridad social, los servicios públicos, las vías, los puertos y los subsidios y sin controles al capital financiero ni incidir en las tasa de interés y de cambio? Aunque quisiera, el neoliberalismo no elimina la intervención del Estado en la economía. No puede. Lo que hace es ponerla al servicio de los poderes globales que impiden el verdadero progreso de países como Colombia.

En la economía de mercado resulta inevitable financiar el Estado con impuestos. Y estos no deben estrangular a las empresas, porque ellas son la principal fuente del ahorro, el progreso técnico y el mejor empleo, de lejos de mayor calidad que el de la informalidad. Pero los impuestos tampoco deben despojar de sus ingresos a los sectores populares y a la clase media. Por razones de justicia social y porque –ojo, empresarios– las empresas se quedan sin compradores. El salario no debe verse entonces solo como un costo de la economía, dado que también es la capacidad de compra de una nación, pilar de las ventas de todo tipo.

Lo que dificulta para ponerse de acuerdo en el debate tributario, ya en concreto, son los intereses individuales de dos tipos: las miopías que llevan a pensar que todo lo que sea bueno para mí también lo es para el país y el mayor poder de quienes han logrado separar su suerte personal de la Nación y, a conciencia, actúan contra el progreso de Colombia. Y todos ellos han montado su propuesta tributaria sobre falacias.

Falacia uno. “Muy pocas empresas, las mayores, pagan todos o casi todos los impuestos nacionales”. La verdad es que más de la mitad son indirectos (IVA, aranceles, combustibles), regresivos por definición al castigar, principalmente, a los pobres y a las clases medias. En renta también aportan las empresas pequeñas y medianas y la clase media asalariada y por cuenta propia. Y el monto de los pagos de las megaempresas no debe extrañar, porque obtienen el 80 por ciento de las ganancias empresariales. Falacia dos. “El impuesto sobre la de renta de las empresas es del 70 por ciento”. Otra fábula. Su renta nominal es del 33 por ciento, la actual reforma la rebaja al 30 y la real es bastante menor de lo que dicen las normas. La tasa en renta de las pequeñas y medianas y las grandes es igual, cuando debe ser inferior para las dos primeras, que además no gozan de las exenciones de las mayores. Falacia tres. “Si se rebajan los impuestos empresariales, el progreso nacional se disparará por añadidura”. Ojalá fuera tan fácil. Otro truco para tapar las causas principales del subdesarrollo del país.

Si algo evidencia el estilo marrullero con el que se gobierna a Colombia, es que no existe un cuadro oficial, refrendado por entidades respetables aceptadas por todos, que señale cuánto paga en impuestos, de verdad, cada sector de la economía, para que, a partir de esas cifras, pueda debatirse con seriedad sobre cómo debe ser la estructura tributaria.

Si bien el reclamo ciudadano impidió que se ampliara el IVA a más bienes de la canasta familiar, de todas maneras la reforma es regresiva. Porque más IVA a cervezas y gaseosas, que son artículo de consumo básico, castiga a pobres y clase media y porque esta pagará más impuesto de renta, aumento que se suma al muy fuerte de la reforma de Santos de 2016. Y porque a las megaempresas les mantendrán las numerosas exenciones y, como si fuera poco, les reducirán la renta en diez billones de pesos, cifra que Carrasquilla, violando la Ley 819/03, le ocultó al país.

Si se analiza la reforma no solo en 2019, además se evidencia la irresponsabilidad de Duque y Carrasquilla. Porque generará nuevos ingresos por siete billones en ese año, pero la renta se reducirá en diez billones desde 2020, aumentando el déficit fiscal, faltante que, como ya anunciaron, atenderán recortándoles los subsidios a los pobres, hasta alcanzar cinco billones de pesos al año (Enlace 1).

Bogotá, 21 de diciembre de 2018.

*Senador del Polo Democrático Alternativo

Por Gabriel Ortiz*.- Con secreta mermelada que camuflaron como fondo congresional en la aplazada reforma tributaria y un pupitreo acelerado, vertiginosamente pasó la ley de financiamiento -la finacio y miento-. Un Senado soñoliento con David Barguil como ministro ad-hoc, y en la mañana siguiente una cámara apenas desperezándose, Colombia recibió un 19 de diciembre con el más confuso remedo tributario de su historia. Retardatario como los de siempre. Con premios para los ricos y sacrificios antitécnicos para la clase media y la pobreza.

El verdadero titular de hacienda estuvo en la penumbra para eludir aquello de los bonos de agua y ciertos negocios en Panamá.

La cacareada mermelada hizo su agosto en diciembre, con el fondo congresional, que entrega el 20% del presupuesto a merced de los parlamentarios del gobierno, de los independientes y de la oposición, para repartir a su manera. ¡Resucitaron los auxilios parlamentarios!

¿Será correcta la utilización de ese dinero? ¿Tendrá manejo legal y vigilado por el nuevo gobierno Duque, que tanto condenó esa forma de gastar los dineros del pueblo?

La confusa ley y la nueva mermelada se anuncian como una obra maestra, a un país que creyó en un gobierno y en un congreso que acaba de elegir.    

Tanta bulla y tantas expectativas, para lograr la mitad de la mitad. Pero nos sacarán a los más pobres 8 billones de pesos, mientras los bonos de agua siguen intactos.

 Por lo pronto, se han anunciado serias demandas a esta reforma, por inconstitucional y por vicios en todos sus trámites. Una de ellas fue anunciada por el excandidato Germán Vargas Lleras.

Entre tanto, el Presidente Duque sigue y seguirá defendiendo los nuevos impuestos y sacando su retrovisor para justificar la necesidad de 6 billones más para cubrir el faltante de 14 billones que nadie ha podido explicar o justificar.

Este jefe de Estado, en quien todos tenían puestas sus esperanzas, ha recibido, en estos cien días, palo de todos los sectores. Lo regana el jefe, quien con su tradicional arrogancia lo llama al orden. Lo conminó a enderezar su rumbo, para salvar al país.

Con la tradicional alevosía que exhiben los parlamentarios del CD, la senadora Cabal y su colega Gaviria, le ordenaron cambiar la cúpula militar y ahora le exigen una crisis de gabinete, porque no les sirven los ministros que acompañan a Duque. Es claro que son jóvenes e inexpertos en política, pero van aprendiendo.

El CD quiere acorralar a Duque por el resultado de las ultimas encuestas, como si fuera el único culpable. El jefe y cada uno de los miembros de ese partido deben responder por la impopularidad. Todos deben rodearlo. Otra actitud los convierte en simples oportunistas, que buscan prebendas y mermeladas para adquirir más poder en las elecciones del próximo ano. Duque debe asumir el poder y sacudirse de todos esos falsos seguidores que lo engañan.

BLANCO: El entierro “temporal” de la Ley TIC.

NEGRO: La negativa de la justicia norteamericana de liberar a Andrés Felipe Árias, porque puede “volarse”.

Bogotá, D. C, 21 de diciembre de 2018

*Exdirector del Noticiero Nacional y de Notisuper

Por Horacio Serpa Uribe*.- Se terminó el año y en materia de salud seguimos lo mismo, más para atrás que para adelante. Los hospitales públicos quebrados, las EPS en proceso o a punto de ser intervenidas y liquidadas; los afiliados al sistema, especialmente los subsidiados, sin servicio adecuado y de tumbo en tumbo, las urgencias llenas, las consultas con especialistas dilatadísimas, los médicos mal pagos, el resto de empleados en precarias condiciones, el sistema de las cooperativas deficientes y con un personal reprimido y mal atendido, las tutelas en auge y la gente pobre y de clase media en agonía o esperando la muerte. Es apenas un retrato parcial.

¿Qué se hace la plata de la salud? El presupuesto aprobado para el año entrante es altísimo. Si dentro del sistema todo el mundo le debe a todo el mundo, nadie paga a tiempo, cada quien, privado o público vive denunciando y reclamando; si no se entregan los medicamentos; si ya nadie le quiere fiar a nadie; si todos rechazan a los enfermos cuyos medicamentos son costosos; si hay que rogar y tener palanca para conseguir una UCI o una operación especializada de urgencia; ¿en que se gastan tan cuantiosos recursos? Alguien tiene que responder, en alguna parte se evapora el dinero.

No niego la buena intención de todos los gobiernos ni la positiva actitud de los legisladores de siempre sobre este aspecto vital. Pero el sistema “no da pie con bola”. Con tantos años de reformitis lo evidente es que el enfermo no se cura, vive en estado comatoso, muchos de sus órganos están atacados por virus resistentes a los medicamentos normales, las cirugías a las que lo han sometido no han dado satisfactorios resultados, las enfermedades terminales lo agobian y lo cierto es que si continúan los tratamientos y los galenos de siempre no quedará más remedio que aplicarle la extremaunción.

En eso se está y es una irresponsabilidad mayor esperar al velorio. Se requieren medidas drásticas, de urgencia, para atacar la calamitosa situación de hoy y un plan para ir regresando a la normalidad. En suma, se necesita un nuevo sistema nacional de salud.

Es difícil porque cada quien opina distinto y porque nadie, solo, se atreve a meterle la mano a fondo al problema, que es el más delicado de todos. Por eso es que se requiere consolidad un propósito común por la salud, convenir un pacto nacional integrado por el gobierno nacional, con el Presidente de la República a la cabeza, los Alcaldes y Gobernadores, el Congreso Nacional, los Partidos Políticos, las comunidades científicas, los sindicatos y organizaciones que representan a trabajadores, clínicas y hospitales, todas las entidades que tengan directa relación con el tema, para concebir y luego  ejecutar un sistema de salud moderno, integral, ético, equitativo, de cobertura universal, que saque a los colombianos de tremendo atolladero.

Sin duda el acuerdo base debe ser entre gobierno y partidos. Es urgente, es lo primero, se puede lograr. Lo otro será seguir con los remiendos y las desgracias. 

Bogotá, D. C, 20 de diciembre de 2018

*Abogado. Excongresista, Exministro del Interior, Exdiplomático, Exgobernador de Santander.