Opinión

Por: Jorge Enrique Robledo / @JERobledo.- Un día en un ascensor, una señora me dijo: “Estamos mamados, no, ¡remamados!”, a lo que un joven agregó “de los mismos con las mismas”. Y por donde voy, entre costeños y cachacos, trabajadores y empresarios y del estrato uno al veinte, escucho igual reclamo. Al país se le llenó la tasa, ya no con los unos o con los otros, como ocurrió en el plebiscito, sino con los unos y los otros, refiriéndose a los que han mandado en Colombia, hecho político nuevo al que le sirvió de detonante el escándalo de Odebrecht.

Son muy exitosas en las redes una foto de 1940 en la que aparecen, como Presidente y ministro, los abuelos de Juan Manuel Santos y Germán Vargas, el recuerdo de que Santos fue ministro de Gaviria, Pastrana y Uribe y la constancia de que a Ordóñez lo eligieron primero los uribistas y luego los santistas, verdad que se explica porque en el Congreso un santista suele ser un ex uribista. ¡Y no pocos andan en trance de voltearse otra vez!

Tanta irritación con “los mismos” tiene sobradas razones, empezando por la situación económica y social, en particular desde 1990 cuando, todos ellos –Gaviria, Samper, Pastrana, Uribe y Santos–, decidieron aplicar “las mismas” políticas en contra del progreso del país, políticas que destruyen el agro y la industria, desemplean o envilecen la calidad del empleo, maltratan a la clase media, agravan la desigualdad social y hacen de la salud y la educación negocios de mala calidad. Una prueba a la mano: entre el 2003 y 2010, el dólar bajó de 2.877 pesos a 1.897 –Enfermedad Holandesa–, nivel donde se mantuvo hasta el 2014, presionando el reemplazo de la producción y el trabajo nacional por el extranjero. Mientras tanto, les ha ido muy bien a las trasnacionales y a unos cuantos nativos, en especial, a los que buscan la riqueza rápida y fácil, no a partir de crearla, con dedicación y esfuerzos, sino apropiándosela mediante maniobras especulativas y corruptelas.

Si algo además nos tiene hasta la coronilla, es la descomunal corrupción, la pública y la privada, la nacional y la trasnacional, originada en un acuerdo político que viene desde el Frente Nacional, al igual que el descaro con el que actúan “los mismos” en clave de “nosotros mandamos aquí”, tan bien ilustrado por el pacto de impunidad en torno a Odebrecht, el fiscal anticorrupción corrupto, la Corte Suprema y Martínez Neira y por su decisión de violar la ley para impedir que se revoque a Peñalosa, al que repudian el 80 por ciento de los bogotanos.

Tanta mamadez contra “las mismas” políticas también se explica porque por fin fracasó la calculada división con la que “los mismos” han manipulado la política en el país. Primero, cuando envenenaron a los colombianos para obligarlos a escoger entre los jefes del liberalismo y el conservatismo, mientras entre ellos pescaban en su beneficio y en el de otros cuantos. Y luego, también a través de los partidos hijastros que crearon “los mismos” para continuar con “las mismas”, negándole a Colombia hasta su potencialidad de crear riqueza y llevándola a una de las peores desigualdades sociales del mundo, tanta, que está en la base de la crisis empresarial porque en el país no hay ni a quién venderle.

Lo que se decidirá entonces en 2018 es si se vota continuismo o cambio, es decir, si se elige a otro de “los mismos” o a una opción diferente, que le inicie la modificación del rumbo del país, derrote la corrupción, consolide el proceso de paz e impulse en serio una economía de mercado en la que de verdad se estimule que se cree más riqueza y se reduzca la pobreza. Con este fin, con Claudia López y Sergio Fajardo, y nuestras respectivas organizaciones, acordamos construir una coalición para ir unidos en una lista al Senado y una sola candidatura a la Presidencia (Para los detalles http://bit.ly/2xzEf2r). Bienvenidos todos a esta lucha para que por fin le toque a Colombia.

Coletilla: la Contraloría acaba de confirmar nuestras acusaciones en el caso Navelena Odebrecht Banco Agrario. El crédito de los 120 mil millones de pesos sí se hizo violando las normas, la plata está perdida y 50 mil millones de esos fueron para pasarle al Banco Agrario una deuda mala que Navelena tenía con el Banco de Occidente (http://bit.ly/2hoXCFh). 

Bogotá, 22 de septiembre de 2017.

Por Horacio Serpa.-No fue fácil la vida institucional del Partido Liberal después de que el Honorable Consejo de Estado, por acción popular, ordenara poner en vigencia los Estatutos aprobados en 2002, dejando sin valor los acogidos en la Convención del año 2011. Fue difícil implementar las nuevas-viejas normas del Partido y las órdenes del Consejo de Estado, pero lo más trabajoso fue aguantar la pugnacidad que desataron las personas que demandaron a la Colectividad y ganaron la contienda judicial.

La Dirección Liberal, cuya legitimidad nunca fue cuestionada por las autoridades, procedió a cumplir las órdenes de lo Contencioso Administrativo tan pronto la sentencia quedó en firme, fecha desde la cual operaron en todo momento y lugar los Estatutos del 2002. No obstante, el Partido siguió siendo objeto de requerimientos, demandas, tutelas y desacatos, hasta el punto de que el año pasado, un día antes de su celebración el Congreso Nacional fue suspendido por orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el cual ejerció un procedimiento de vigilancia para el cumplimiento de la sentencia, como es propio de estos juicios populares.

Qué decir de los improperios, insultos, tergiversaciones, acusaciones y señalamientos injuriosos que desataron contra la Dirección Nacional, especialmente contra el suscrito, los impugnadores, que se imaginaron ser dueños del Partido, tergiversando la decisión judicial. Fueron dos años incómodos, dolorosos, durante los cuales no hicimos bochinches como nuestros detractores, sino que esgrimimos realidades y argumentos jurídicos. El Honorable  Consejo Electoral fue consciente de lo que pasaba y obró en todo caso con prudencia y la ley en la mano. Lo mismo ocurrió con el Despacho que el Tribunal designó para que vigilara el proceso, por fortuna.

En las últimas semanas, el Partido fue atacado con dos Tutelas ante el Honorable Consejo de Estado. Desde la Dirección Nacional respondimos con hechos y la ley en la mano.

Recién notificada la sentencia, que siempre respetamos, el Veedor del Partido presentó una Tutela, la cual finalmente llegó a la Honorable Corte Constitucional. La semana pasada esta Alta Superioridad dejó sin efectos la sentencia del Honorable Consejo de Estado. Todos sabemos el significado de la conocida expresión: “Roma locuta, causa finita”.

Ese mismo día el Honorable Consejo de Estado negó las nuevas Tutelas. El Partido, como se dice,  “quedo libre de polvo y paja”. No hago bulla ni ostentación por los fallos; digo con humildad que se impuso el recto criterio del Partido Liberal y el saber esperar, sin nunca utilizar la diatriba. Estoy contento. Comparto mi alegría con todas y todos los liberales.

No habrá revanchismos. Invito a los liberales, a todas y a todos, los de ayer, los de hoy, a integrarnos y a librar las batallas de Marzo y Mayo, para triunfar. 

Hoy cabe perfectamente un verso que nunca olvido de Martí: Cultivo una rosa blanca, en junio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca; para aquel que me rompe el corazón con que vivo, cardos ni ortigas cultivo, cultivo una rosa blanca”. 

Por Mauricio Cabrera Galvis.- Las consultas populares se han convertido en el mecanismo de defensa de los municipios contra las consecuencias de la minería en sus territorios, pero también amenazan con frenar la exploración y producción de petróleo en el país. Es cierto que muchos municipios mineros o petroleros se quedaron con el pecado y sin el género: con los perjuicios ambientales y sociales y sin solucionar sus necesidades básicas, como salud y acueducto. Sin embargo, si la riqueza minera y petrolera no sirvió para que esos municipios salieran de la pobreza, no es culpa del petróleo ni de la minería sino de los corruptos.

A la fecha 2 municipios le han dicho que no a la explotación de hidrocarburos en su territorio (Tauramena, Cumaral), 4 han rechazado la minería (Pijao, Cajamarca, Cabrera y Piedras) y otros 2 (Arbeláez y Jesús María) se oponen tanto al petróleo como a la minería).

Hay todo un debate constitucional sobre si la decisión sobre los proyectos de petróleo o minería corresponde a los municipios o a la Nación, pues la Corte ha señalado que la participación ciudadana es un derecho fundamental que debe garantizarse en todas las etapas del proceso minero, pero también ha establecido que el proceso participativo debe ser bien informado. Sin entrar en honduras jurídicas, hay un aspecto fundamental de la participación que hasta ahora ha sido ignorado: las consultas son un derecho, pero también imponen deberes y tienen consecuencias. Por eso cuando se pregunta a los ciudadanos si dicen Si o No a una decisión –por ejemplo a la explotación de petróleo- también se les debe informar de las consecuencias de esa decisión. 

¿Cuáles deben ser las consecuencias de decidir no ser un pueblo petrolero? Por lo menos dos. La primera, que se debe renunciar a recibir regalías de hidrocarburos producido en otros municipios. Sería absurdo e injusto que un municipio no quiera asumir los costos de la actividad petrolera –que los tiene pero son controlables-, pero si espere que otros municipios asuman esos costos y le compartan las regalías y otros beneficios sin ninguna contraprestación. La segunda consecuencia es más radical y lógica. Si un municipio rechaza la producción de hidrocarburos debe entenderse que rechaza también el consumo de gasolina, diesel y gas, y por lo tanto a los municipios que han dicho No en las consultas no debería volver a despachársele ninguno de esos combustibles y deben volver a los vehículos de tracción animal, a cocinar con leña o a buscar fuentes de energía alternativa.

Por Ariel Ávila.- Hace algunos días el gobierno norteamericano manifestó que era posible descertificar a Colombia debido al problema del narcotráfico

La afirmación sorprendió a la opinión pública en general, pues si algo ha hecho Colombia es ser la punta de lanza, en todo el mundo, del modelo norteamericano de lucha contra las drogas. Desde el inicio del Plan Colombia en el año 2000, se han fumigado más de un millón de hectáreas de coca, con el famoso glifosato, que contiene el roundup, una sustancia cancerígena y considerada en muchos países como altamente peligrosa. Es decir, por casi 20 años envenenamos nuestros campesinos y zonas rurales. Además, se han erradicado durante los últimos años centenares de miles de hectáreas de coca y se han mandado a la cárcel miles de campesinos. Invito a cualquier parroquiano a que visite las cárceles en Putumayo, Caquetá, Guaviare, llenas de campesinos que dicen: “Me cogieron por Ley 30”. Las siguientes gráficas muestran los niveles de aspersión aérea y erradicación manual en los últimos años:

El aumento de los cultivos de coca no se puede adjudicar a que el Gobierno nacional hubiese bajado la guardia en la lucha contra las drogas, de hecho, la realidad es más compleja. Se podrían dar cuatro explicaciones, sin embargo, una de ellas es la más importante y es la explicación económica. Con la revaluación del dólar, el precio de la hoja de coca se incrementó casi un 40 por ciento, igual sucedió con la base de la pasta. Un gramo de pasta base pasó de valer 1.200 pesos o 1.400, dependiendo de la región, a valer 1.900 pesos. Obviamente como en cualquier mercado el incentivo para cultivar aumentó. Pero el precio no solo aumentó por el dólar, también por la demanda cada vez más grande de nuevos actores en el mercado, particularmente Brasil. Por ejemplo, en la actualidad el precio de la pasta base de coca en Tumaco está a 1.900 pesos y en Guaviare está a 2.400. Un precio bastante alto.

En segundo lugar, hay un tema de ausencia de capacidad local para generar mercados internos y en gran parte esto se debe a incumplimientos de pactos agrarios en los últimos 25 años. Por ejemplo, hay zonas en Putumayo, como Puerto Ospina, a la que le prometieron luz, vías terciarias y crédito desde las marchas cocaleras de 1996 y casi todo se ha incumplido. En la medida en que no hay condiciones para un mercado local, no le queda otra alternativa a los campesinos que sembrar coca para lograr sobrevivir.

La otra explicación es que muchos campesinos entre el año 2008 y 2011 habían migrado de los cultivos de coca a la minería ilegal, pues los precios del oro estaban bastante altos y los costos de transacción eran bajos. Con la crisis económica los commodities bajaron de precio y la población volvió a migrar a la coca. Claro, como cuarta explicación se podría decir que efectivamente algunos campesinos pudieron haber incrementado los cultivos de coca ante las expectativas de recibir beneficios producto del acuerdo de paz. Sin embargo, resulta un poco curiosos que campesinos que no saben leer, ni escribir, que no tienen acceso a internet y que no tienen una red de comunicación entre ellos, puedan manipular la dinámica de un mercado. Mientras que empresarios colombianos que hablan tres o cuatro idiomas, que saben utilizar internet y que están agrupados en gremios nunca han logrado tal nivel de coordinación. Es decir, pensar que la coordinación en el mundo rural es mejor que en el mundo urbano integrado parece es un chiste. 

Por último, hace poco el experto en cortinas de humo Néstor Humberto Martínez dijo: “Tenemos que triplicar la capacidad operativa contra los narcocultivos”. Solo le puedo decir: después de 20 años de fracaso de esta política todo indica que ese no es el camino. Más bien, en lugar de estar haciendo shows mediáticos, le recomiendo al fiscal combatir las partes no visibles del crimen, donde realmente se hace la riqueza del narcotráfico, al campesino le quedan migajas, pues la gran riqueza está en el blanqueo de dinero. Le doy un dato señor fiscal, donde la institución que usted coordina tiene un papel importante: de cada 200 investigaciones sobre lavado de activos, solo una termina en condena, la mayoría ‘extrañamente‘ se quedan en el camino. Imagínese, qué tal caigan en manos de funcionarios como Gustavo Moreno, el cual usted nombró.

Así que Colombia tiene derecho a iniciar otras estrategias de lucha contra las drogas, la hasta ahora utilizada es una opción, pero no es la única.

Por José Gregorio Hernández.- Sobre la actualidad colombiana -infortunadamente- hay muchas más preguntas que certezas. Interrogantes a los cuales no se ha respondido, o no se ha respondido de manera satisfactoria: 

-¿En qué momento –y sobre todo, cómo- llegaron a las altas magistraturas personajes oscuros que han avergonzado a las altas corporaciones judiciales y han hecho que los colombianos hayamos perdido confianza en nuestras instituciones? 

-¿Cómo es posible que el Gobierno haya propuesto inicialmente una improvisada inclusión de la reforma a la justicia en la reforma política, reduciéndola a la reproducción de la Comisión de Aforados (Acto Legislativo 2 de 2015), declarada inexequible por la Corte Constitucional por razones de fondo y, además, por la vía del “fast track”, específica y únicamente previsto para la implementación del  acuerdo de paz firmado con las Farc? 

-¿Por qué ahora quiere, con la misma finalidad, un referendo, si  antes –en relación con el proceso de paz- afirmó, tras proponerlo y reformar la Ley Estatutaria, que un referendo era un suicidio? ¿Y, especialmente, cómo propone un referendo, si antes propuso un plebiscito sobre el Acuerdo de paz, lo perdió y después no cumplió el veredicto popular? 

-¿Por qué el presidente Santos –quien hizo parte del Gobierno Uribe- declara en Estados Unidos (Conferencia Internacional de Desarrollo Sostenible)   que esa administración no creyó en el cambio climático y que por ello eliminó el Ministerio del  Ambiente?  No pertenezco al Centro Democrático, pero -siguiendo a Aristóteles- soy amigo de la verdad, y, hasta donde recuerdo, la Ley 790 de 2002 –impulsada por ese gobierno-  contempló, en el numeral 10 del artículo 7, el “Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial”. Hasta donde entendemos, Colombia nunca ha negado el cambio climático y, por el contrario, desde la Constitución, se proclama como objetivo nacional la protección del medio ambiente y  de la ecología. ¿Está bien que se distorsionen las cosas ante un organismo internacional?  ¿Creen que nadie se da cuenta? 

-Seguimos sin entender la razón para que el Gobierno haya adelantado el proceso de paz con las Farc, quiera avanzar en proceso similar con el ELN y hasta contemple admitir el de grupos criminales comunes, sin exigir la liberación de secuestrados (o, al menos, el señalamiento del lugar en que reposan sus restos, si murieron en cautiverio), y sin exigir tampoco la devolución de los menores reclutados, ni la plena reparación de las víctimas. 

-¿Cuál la razón para el cambio de actitud del gobierno Santos respecto al de Venezuela -su  nuevo  mejor  amigo, según se dijo en 2010-, si, además, confió en ese gobierno para asesorar y verificar todo lo relativo al proceso de paz adelantado con las Farc? 

-¿Cómo puede el Gobierno actual aterrarse de la corrupción y de la falta de independencia de la administración de justicia, si ha postulado sus candidatos  a los distintos altos cargos sobre la base indeclinable del apoyo que en ejercicio de sus funciones den a la paz, desde luego confundida ella  con el Acuerdo Final? ¿Y cómo es eso coherente, si inclusive una magistrada de la Corte Constitucional fue elegida por el Senado bajo la amenaza según la cual, si era elegido otro de los integrantes de la terna, las Farc regresarían a la guerra? 

Un Gobierno debe ser coherente y, sobre todo, veraz.

Por Jairo Gómez.-La turbia y conspirativa relación con los altos tribunales de la justicia hizo aguas y el muro de impunidad va camino a derrumbarse. 

El ambiente está espeso. En los pasillos del Congreso los murmullos no cesan y muchos parlamentarios están al borde de un ataque de nervios. Comentarios van y vienen; no hay sosiego. La turbia y conspirativa relación con los altos tribunales de la justicia hizo aguas y el muro de impunidad va camino a derrumbarse. 

Ni las gruesas paredes del Capitolio Nacional pueden contener los fuertes vientos que soplan desde afuera. “Qué irá a decir Ñoño Elías”, es una pregunta recurrente, sin dejar de lado el ventilador que puede prender Musa Besaile. El fiscal anticorrupción corrupto, Gustavo Moreno, ya logró un preacuerdo con la Fiscalía para ser testigo de primera mano en los casos que hoy comprometen a las Altas Cortes. El asunto es insostenible por más que desde las instancias de poder se intente contener esta podredumbre que va camino a convertirse en el “huracán Bustos”, pero de categoría insospechada. 

Hoy cabe la expresión de un expresidente que invitaba a sus congresistas adeptos a votar antes de que los cogieran presos.

Nunca antes había visto a la clase política tradicional y a las élites tan preocupadas por perder el control de las instituciones de este país: desde la presidencia y su estructura burocrática, pasando por el Congreso hasta llegar al sistema judicial, la cara más oscura de esta atribulada democracia. 

No estoy siendo exagerado, la opacidad con que se administró este país durante décadas y décadas puede, al parecer, llegar a su fin. 

Es tal la preocupación, que en su afán de quitarse el mote tradicional de la política de sus hombros hoy los candidatos de partidos inmersos en aquelarres de corrupción quieren maquillar sus contenidos con propuestas participativas y de compromiso ciudadano, para buscar arrancar una firma que no es otra cosa que una rúbrica más. Como dicen los mismos parlamentarios: “una firma no se le niega a nadie”, cuando se trata de promover un debate o una ley. 

Están complicados y muy en serio, los políticos de vieja usanza. A estos políticos se les puede aplicar la metáfora que Zizek utiliza para explicar momentos de crisis que las sociedades o en particular algunos sectores no quieren asumir, y entonces recuerda la escena clásica de dibujos animados en la que un gato sigue caminando más allá del borde del precipicio sin darse cuenta de que ya no hay suelo debajo de sus pies, y solo se cae cuando mira hacia abajo y se percata que, debajo, solo está el abismo. 

Salir de ese abismo no les va a ser fácil, tendrán que emplearse a fondo para imponer un verdadero cambio. Cosa poco probable, por el rosario de incumplimientos en que se ha convertido la democracia en Colombia. No tienen un discurso auténtico y el mensaje para el ciudadano es más de lo mismo. 

En ese contexto, las matemáticas funcionan y de qué manera. La creativa propuesta programática va camino al ofrecimiento de incrementos salariales, bajadas de impuestos, al mejoramiento del sistema educativo y de salud etc. Y, por supuesto, en la canasta de los sufragios se sumarán los votos que los mencionados parlamentarios, en problemas, dejarán “huérfanos”. 

Es ese discurso que los colombianos venimos escuchando desde que molemos el café; desde inveteradas épocas y nada cambia. Es un desgaste evidente el que golpea, y muy fuerte, a la actual clase política que no se llama a engaños: están convencidos que la clientela y la corrupción, les alcanzará para mantenerse en el poder. Amanecerá y veremos. 

@jairotevi

Amylkar D. Acosta M.- El 11 de septiembre de 2001 se produjo el más devastador y cruel atentado terrorista, esta vez contra el corazón de la primera potencia económica y militar del mundo, los EEUU, por parte de Al Qaeda, cuyo cabecilla era el temible Osama Bin Laden, quien sería dado de baja posteriormente en Pakistán, 6 años después. El mismo tuvo como blancos todo el complejo de edificios del World Trade Center, incluidas las imponentes Torres gemelas, en Nueva York y el Pentágono, en el Condado de Arlington (Virginia). 

El saldo en víctimas humanas no pudo ser más aterrador: 2.749 muertos, 6.000 heridos y 24 desaparecidos. Irónicamente, justo en el momento que Bush tramitaba en el Congreso un proyecto para la instalación de un escudo antimisiles para blindar a los EEUU de ataques externos, tres aviones que despegaron de aeropuertos domésticos (vuelos 11 y 77 de América Airlines y 175 de United Airlines) sirvieron como “misiles” para este aleve ataque. 

La respuesta del Presidente Bush en su momento fue declarar la guerra “eterna” al terrorismo y anunció una “cruzada” contra el mismo, expresión esta que fue de tan mal recibo, por su connotación histórica, que debió rectificarla a la primera oportunidad. Repìto lo que dije hace 10 años[1], el mundo no es más seguro que cuando Bush y sus aliados la emprendieron contra el motejado “Eje del mal”. 16 años después de declarada la guerra “eterna”, el terrorismo sigue vivito y coleando, sólo que ahora el protagonista no es Al Qaeda sino el Estado Islámico de Irak y el Levante (ISIS, por sus siglas en inglés), conocido tambiérn como Dáesh o Daish, que el troglodita de Trump atribuye haber fundado al ex presidente Barack Obama (¡sic!). 

Los presidentes de EEUU, particularmente los presidentes republicanos, como los borbones ni olvidan ni aprenden. Las contínuas provocaciones y amenazas del Presidente de Corea del Norte Kim Jong Un, con la seguidilla de lanzamiento de misiles balísticos, que podrían portar ojivas nucleares con gran capacidad destructiva, han tenido por respuesta la amenaza de retaliación por parte del ogro de Trump, de responder “con un fuego y una furia nunca antes vista”. Esas son sólo baladronadas!

Y mientras tanto, un nuevo fantasma recorre a Europa y no sólo a Europa, la amenaza terrorista del ISIS, el cual recurre a métodos inimaginables de sembrar muerte y pánico a su paso, desde el frío acto de degollamiento de quienes no comulgan con su dogma religioso, pasando por los atentados suicidas, hasta el uso de vehículos para arrollar a indefensos y despreocupados transeuntes. Sus ataques por doquier han causado asombro, desconcierto y consternación en el mundo entero, pues ningún país está a salvo de sus atentados, siempre en sitios emblemáticos y concurridos, con el propósito deliberado de causar el mayor número de víctimas fatales posibles. 

El ISIS ha sido diezmado por parte de la gran coalisión de más de 30 países, encabezada por las grandes potencias, al dar al traste con su intentona de hacerse fuerte en Irak proclamando el Califato y hacerles morder el polvo de la derrota a los yihadistas en Mosul, su principal baluarte. No obstante, con la misma intensidad con la que se lucha para neutralizar este grupo extremista, el mismo se robustece reclutando voluntarios despitados y radicalizados, fanatizados con sus prédicas, especialmente entre la juventud desencantada y propensa a abrazar su causa, por no tener ninguna otra opción de vida en una sociedad carente de valores que los margina y los discrimina. 

La peor respuesta que se le ha dado a la amenaza latente del terrorismo internacional es la postura del nuevo inquilino de la Casa Blanca, quien con su consigna de “América primero”, como el avestruz, ha enterrado la cabeza en la arena. Trump y con él EEUU renunciaron a su liderazgo indiscutible en el mundo, cediéndole sus espacios a China y Rusia, que han cobrado una gran relevancia geopolítica. Con el manido cuento de que “el americanismo y no el globalismo será nuestro credo”, trump ha replegado a los EEUU a sus propias fronteras y ha impuesto una política aislacionista que le puede salir caro. En uno de sus acostumbrados bandazos se desdijo de lo que había dicho de la OTAN; “dije que era obsoleta. Ya no es obsoleta” espetó el Presidente Trump. Pero su rectificación llegó tarde, pues la canciller de Alemania, una de las principales aliadas de EEUU, Angela Merckel tomó atenta nota de sus dubitaciones y dejó en claro que "los momentos en los que podíamos confiar plenamente en los demás, en cierta medida, han terminado y por lo tanto, sólo puedo decir que los europeos tenemos que tomar nuestro destino en nuestras propias manos". 

Y mientras tanto los ciudadanos del mundo siguen en ascuas, indefensos, más expuestos que nunca a la acción irracional y sanguinaria de estructuras criminales que se escudan en el integrismo religioso para justificar lo injustificable que es cegar la vida al prójimo por profesar una fe distinta a aquella con la que ellos comulgan. Vivimos en un mundo mucho más hostil y vulnerable que enantes! 

Bogotá, septiembre 18 de 2017

www.amylkaracosta.net

Por Horacio Serpa.-El Congreso Nacional del Partido Liberal se realizará los próximos 28 y 29 de Septiembre, en Bogotá. Ya todo está dispuesto para recibir a 1.400 delegados del País. Asistirán representantes de los sectores político, social y abierto. Será un Congreso amplio, deliberativo, de gran participación, en el que se elegirá la nueva directiva nacional y se aprobarán las reglas para definir la candidatura a la Presidencia de la República. Desde luego, otros temas nacionales, populares y partidistas ocuparán la atención de la máxima instancia directiva de la Colectividad.

Hace un año no se pudo realizar el Congreso por una orden judicial recibida el día anterior a su celebración. Ella tuvo que ver con la decisión del Honorable Consejo de Estado para que se restablecieran los Estatutos aprobados en 2002, derogados por una Constituyente partidista que la más alta autoridad administrativa del País calificara de ilegal.

En el último año se han hecho a conciencia los mayores esfuerzos por cumplir todas las disposiciones del Consejo de Estado y del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Estamos seguros de haberlo hecho correctamente. Se están cumpliendo con exactitud los Estatutos, tanto el Tribunal como el Consejo Electoral están informados de las actividades del Partido, ya están elegidos los Delegados y dentro de una semana comenzaremos los actos preparatorios de lo que será una memorable jornada. Participarán Congresistas, Diputados, Concejales, ExMinistros, delegados de los sectores sociales y de opinión, etc, con el mejor afán de servirle al País, a las ideas liberales y a la paz.

En el Congreso Nacional el Partido ratificará su ideario democrático, popular, social, en incansable búsqueda de la paz y de la igualdad. Con seguridad expedirá una plataforma programática moderna, muy ajustada a las realidades nacionales. Y ratificará su vocación reformista. Avanzamos en materia de convivencia pero se mantienen la pobreza, el desempleo, una educación deficiente en calidad y sigue la anarquía y la injusticia en la salud. Lo que ocurre en esta materia, muy apropiadamente denunciado esta semana por el señor Procurador, es inaudito. Medimás tampoco dio “pie con bola” y siguen pagando el pato los más pobres y los millones de compatriotas del sector solidario.

Nos falta atrevernos a hacer la reforma económica. Siguen la concentración de la riqueza y el desempleo, no se distribuye apropiadamente el ingreso, el Estado no cumple su deber regulador y poco se avanza en bienes y servicios. Hay que reconocer que progresamos, pero las cosas buenas no le llegan a todos los colombianos. Ni siquiera podemos decir que en nuestra Nación todo el mundo come y tiene agua.

Estos son asuntos de los que nos ocuparemos los liberales. La corrupción tendrá amplio debate. Y desde luego, el proceso presidencial. 

Nada está decidido. No hay una candidatura que supere el 10% en materia de intención de voto y faltan 8 meses para la primera vuelta. El liberalismo no ha salido a la palestra. En pocos días cambiará el panorama y el Partido Liberal comenzará a encabezar las grandes causas.

Por Jaime Enrique Durán Barrera.- En una audiencia en el Congreso de EE.UU. sobre tráfico de drogas en Colombia, la semana que acaba de pasar, el Secretario Adjunto de Estado para Seguridad y Lucha Antinarcóticos, William Brownfield, criticó severamente a nuestro país por su laxo papel en la lucha contra el tráfico de drogas, ya que, entre 2013 y 2016, los cultivos de coca crecieron en más de un 130%, pasando de 80.500 hectáreas de cultivos ilícitos en 2013 a 188.000 hectáreas en 2016 y señalando que “tal vez lo más problemático es la producción potencial de cocaína que aumentó en más del 200% en el mismo período de tiempo”.

Según el Presidente Donald Trump “la sanción para Colombia es una “opción” y que no la aplica a “ese país pues, tanto la Policía Nacional como las Fuerzas Armadas son aliadas con las fuerzas de seguridad de EE.UU. en el Hemisferio Occidental”.

Pero Colombia, desde su Presidente, Juan Manuel Santos y demás funcionarios gubernamentales, como el Ministro del Postconflicto, Rafael Pardo, insistieron en la corresponsabilidad frente a la problemática de las drogas: "Las autoridades de los países consumidores tienen una responsabilidad fundamental con sus conciudadanos y con el mundo de reducir el consumo y atacar las organizaciones de tráfico y distribución en sus propios países".

Como Senador de la República, estimo que Colombia es soberana para elegir la mejor estrategia, para no sólo combatir los cultivos de coca, su procesamiento y luego su tráfico, sino lograr su erradicación como cultivo ilícito y como alternativa económica para centenares de grupos familiares y comunidades.

Nuestro país asumió la decisión histórica de suspender la fumigación aérea de cultivos con glifosato, en octubre de 2015, por sus potenciales riesgos a la salud pública y al medio ambiente colombiano, teniéndose en cuenta  que Colombia es uno de los tres países con mayores humedales del mundo y rica biodiversidad,  estimada esta decisión como uno de los factores de incremento de la producción según la DEA.

La ARC, la institución de la Organización Mundial de la Salud que investiga el cáncer, clasifica desde 2015 el glifosato como "probablemente carcinogénico" y en “aplicaciones aéreas implican que éste no sólo cae sobre los cultivos de coca, sino también sobre otros cultivos de los alrededores, sobre la vegetación silvestre, fuentes de agua, personas, etc”. Su uso para erradicar tiene graves consecuencias.

Ocho países de la Unión Europea, a pesar del lobby permanente de Monsanto, productor del glifosato, bloquearon su utilización en sus territorios, al igual que California y otros estados de EE.UU., Canadá, etc e incluso el  Informe de la Relatora Especial sobre el Derecho a la Alimentación de ONU, Hilal Elver, estima que “la práctica agroindustrial podría representar violaciones a los DD.HH, particularmente las relacionadas al uso de plaguicidas como el glifosato.

En este sentido, es importante señalar que Colombia ha asumido el reto de edificar la paz, que es un desafío monumental, que implica generar cambios estructurales, no sólo para erradicar la violencia de un conflicto armado de 5 décadas, sino para dar respuestas propias a sus problemas más complejos, como su debilidad institucional, su escasa regionalización gubernamental y la planificación de su desarrollo sustentable.

El costo de consolidar la paz como factor de futuro implicó grandes sacrificios, pero su logro definitivo, en términos de cambio y desarrollo, abrazará a todos los ámbitos de la vida sociopolítica. Un país que vigorice una estrategia de desarrollo sustentable no tendrá en el cultivo e industrias ilícitas una alternativa de desarrollo y no estará a la merced del crimen y de la violencia transnacional.

Así que Señor Trump, los colombianos asumimos el camino de la erradicación del problema de las drogas, desde una perspectiva social, económica, cultural y ecológica. Un proceso más lento, pero que será exitoso.

Si el gobierno estadounidense nos va a descertificar, ésto sería un irrespeto a las políticas que está implementando el Presidente Juan Manuel Santos en esa materia, cuando Colombia ha sido quien ha puesto los muertos por la lucha contra ese grave problema geopolítico.

Ahora bien, exigimos que Estados Unidos demuestre cuáles han sido los resultados de las políticas adelantadas para disminuir el consumo en su territorio, siendo uno de los países con mayor cantidad de dependientes a las sustancias psicoactivas. Mientras tanto Colombia continuará combatiendo duramente el tráfico y erradicando manualmente, sin glifosato, así nos descertifiquen.

Por Mauricio Cabrera Galvis.- No podían ocultar su cara de satisfacción. En las entrevistas radiales la voz se les notaba emocionada, pues habían logrado su objetivo de desprestigiar al país para desacreditar al gobierno Santos y ganar puntos para sus campañas electorales.

Me refiero a la reacción de los dos expresidentes, el de los falsos positivos y el del Caguán, frente a las irrespetuosas amenazas de Trump de “descertificar” a Colombia, dizque por haber fracasado en la lucha contra el narcotráfico. Habían logrado lo que buscaban con sus cartas y sus contactos con el Congreso y al Gobierno norteamericano, sin importarles las consecuencias negativas para el país.

Lo que han hecho estos dos personajes es poner sus intereses electoreros y sus odios personales por encima de la suerte del país. Los partidos por encima de la patria es la consigna retorcida de los vendepatrias. Lo peor de todo es que justifican sus infamias con mentiras.

Veamos por ejemplo las patrañas que dijo en la entrevista que le hicieron en La W el expresidente del Caguán. Dijo que se había suspendido la fumigación con glifosato como una concesión a las Farc y que esa era la causa del aumento de cultivos ilícitos. Doble mentira. La decisión se tomó por razones científicas y jurídicas y el aumento de los cultivos tiene otras explicaciones que ya he analizado.

Dijo que Samper le había entregado el país con 180.000 has. de coca y que él las había reducido a 90.000. Mentira. Según datos del SIMCI de las Naciones Unidas, en diciembre de 1997 había 79.000 has. de coca. Fue en su gobierno cuando aumentaron, a 102.000. en 1998 y al máximo que ha tenido el país -163.000- en el 2000 como resultado del sometimiento a las Farc en el Caguán. Al final de su gobierno solo las redujo a 120.000.

Para defender a su nuevo mejor amigo, dijo que en el 2010 se había reducido el área de coca a 40.000 has. Mentira. Al final del gobierno de la seguridad democrática todavía habían 85.000 sembradas. En su inquina contra el presidente y el vicepresidente no mencionó que la mayor reducción de cultivos ilícitos se logró en el primer período de Santos, al final de los 5 años de Óscar Naranjo como director de la Policía, pues en el 2012 se llegó al mínimo histórico de 49.000 has. 

Para echarle más agua sucia al país dijo que el fracaso en la lucha contra el narcotráfico era responsabilidad de Colombia pues Estados Unidos sí estaba reduciendo el consumo. Mentira, porque allá sigue aumentando la demanda de cocaína, y porque el éxito contra el narcotráfico no se mide solo por el área sembrada sino por la cocaína incautada.