Opinión
Por José Gregorio Hernández.- Fueron varias las homilías del Papa Francisco durante los días santos. Como siempre, palabras sinceras, bien fundadas, con un altísimo contenido, lleno de mensajes a los feligreses y, en especial, a los dirigentes mundiales. Palabras pronunciadas con autoridad moral, religiosa y política.
El tema predominante en esas brillantes intervenciones del Pontífice ha sido el de la paz mundial, que hoy, más que nunca después de la guerra fría, está en grave peligro.
El Papa ha pedido a Dios -y lo acompañamos en esa plegaria- "que acabe con los conflictos y las guerras en el mundo, el tráfico de armas y los sufrimientos que padecen los más débiles".
Se ha referido concretamente a los casos del Oriente Medio, Israel y Palestina, así como a los interminables conflictos que tienen lugar en Siria, Irak y Yemen, clamando por la paz en esos países.
El caso de Siria es el que más preocupa al Santo Padre. Ha dicho con razón que se trata de un verdadero drama "que no cesa de sembrar horror y muerte". Agregamos que allí hay una verdadera crisis humanitaria, en un escenario de destrucción y sufrimiento indecible, y en donde el terrorismo y la violencia que se ha desatado causan daños enormes a una población indefensa. Así pudo verse el sábado santo en Al Rashidin, a la afueras de Alepo, en donde tuvo lugar un cruento y cobarde ataque contra refugiados que pretendían huir de la guerra. Un suceso cuyo balance es de más de 120 muertos.
El Pontífice también le pidió a Dios que otorgue "a los representantes de las Naciones el valor de evitar que se propaguen los conflictos y acabar con el tráfico de las armas".
No podemos olvidar lo ocurrido también en Siria días antes, cuando el Gobierno de Bashar Al Assad usó armas químicas que cobraron la vida de noventa personas y dejaron a muchas otras en grave estado. Ni tampoco la respuesta de Donald Trump, Presidente de los Estados Unidos, quien ordenó el bombardeo de la base desde la cual fueron planificadas y ejecutadas las acciones gubernamentales lesivas del Derecho Internacional. Tras ese ataque ha venido el rechazo de Vladimir Putin y el veto de Rusia a cualquier decisión sobre la guerra en Siria por parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
El mismo Trump ordenó igualmente el bombardeo en Afganistán contra el Estado Islámico, estrenando la más poderosa arma no nuclear, que no ha tardado en ser conocida como la "madre de todas las bombas".
Y está latente la situación, muy grave, entre Estados Unidos y Corea del Norte. Mutuas amenazas; ensayos de armas nucleares y misiles por parte de Kim Jong-Un, un loco que desafía al país norteamericano y al mundo entero.
En fin, un estado de cosas que ha movido al Santo Padre a pedir -como lo hacemos también nosotros- mesura, calma, serenidad, imperio del Derecho y de las relaciones internacionales por el camino de la diplomacia, para que, ojalá no nos encontremos en la antesala de la tercera guerra mundial.
Por Horacio Serpa.-No es mucho lo que se conoce de la visita de los doctores Pastrana y Uribe al Presidente Trump, celebrada en los Estados Unidos el viernes de pasión. Se comenta que hablaron del proceso de paz en Colombia y de la situación en Venezuela, y se supone que los expresidentes fueron largos en hacer comentarios, nada edificantes, sobre el Presidente Santos. A eso fueron.
Sería importante saber quién invitó a quién. Si Pastrana y Uribe gestionaron la cita fue porque consideraron que era hora de ponerle quejas al Mandatario Estadounidense. ¿Para ello colaboró el doctor Pinzón, Embajador ante la Casa Blanca? Si así fue, ¿estuvo enterado de la diligencia el Presidente Santos? ¿Santos autorizó esas gestiones para que fueran a hablar mal de él? Ni de fundas. Por eso es dable considerar que los expresidentes tienen sus amigos en esas altas esferas y no necesitaron ninguna ayuda oficial. Las relaciones entre gente importante de la derecha son cercanas, efectivas, y abren todas las puertas.
Pero que el menú de esa reunión fue carne de Presidente, no lo dude nadie. Debieron calentársele mucho las orejas al doctor Santos, pues los cuentos, con seguridad, fueron interminables. Lo menos que dijeron los acusetas fue que Colombia se había vuelto un régimen represivo, maduro-castrista, en el que la prensa está amordazada y las cárceles se encuentran llenas de partidarios suyos a los que la satrapía santista mantiene abandonados, a pan y agua. También le dirían que tenemos una nueva Constitución hecha por Timochenko y que sus muchachos, fusil al hombro, recorren de lado a lado la carreta séptima gastando a manotadas los dólares que acumuló el cartel narcotraficante más poderoso del mundo.
Parece una caricatura, pero eso es lo que ellos dicen aquí, a diario. Fue la misma cantaleta de la carta al Congreso Norteamericano. Que Colombia es una Venezuela al cuadrado, que el Presidente Santos es un usurpador, que no tienen garantías para oponerse al neo-comunismo y que el proceso de paz es solo un embeleco que se ha utilizado para aumentar el narcotráfico y destruir a nuestra patria inmortal.
El expresidente insiste en que el gobierno usurpó el mandato ciudadano y escamoteó los resultados que en el plebiscito negaron el Acuerdo con las Farc. Mala memoria. La misma noche plebiscitaria los partidarios del NO salieron a decir que también estaban por la paz y requirieron unas modificaciones al documento de La Habana. Hubo muchas reuniones, a ciencia y paciencia de todos, y finalmente se estructuró un conjunto de propuestas que fueron discutidas en la Mesa negociadora, las cuales se aceptaron casi en su totalidad. Se hizo un nuevo Acuerdo.
Lo único que no se aceptó fue la orden de que se metiera a la cárcel a todos los guerrilleros sin ninguna clase de análisis y que nunca pudieran participar en política. Vale decir, los puntos vitales, según experiencia internacional, para poner fin a un conflicto armado interno. ¡Así no se puede!
Por Amylkar D. Acosta M.- La noticia de la elección de Donald Trump como Presidente de los EEUU, justo el día siguiente de instalada la 22ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP 22), cayó como una ducha de agua fría. Y no era para menos, con su elección se había dado un cambio extremo en la gran potencia del Norte, sobre todo en el abordaje del dramático cambio climático al que tanto pánico le tiene la comunidad internacional, a contrapelo de lo que piensa el nuevo inquilino de la Casa blanca. Para el señor Trump, “el cambio climático es un invento que pretende proteger la naciente industria china, perjudicando la industria americana. Este fenómeno no está demostrado y no tiene un sustento real”. De allí su historieta del Cambio climático como un “cuento chino”, como una “patraña”.
Acostumbrados como estamos a que los candidatos hacen campaña en poesía y gobiernan en prosa, se creía que las declaraciones de Trump eran tan sólo baladronadas para conquistar incautos, pero no, los pasos que ha dado desde el primer día de su mandato en esta materia han sido decepcionantes para quienes se hacían la ilusión de que Trump sentaría cabeza. En efecto, para la Agencia de Protección Ambiental de EEUU la llegada de Trump fue como si irrumpiera un elefante en una cristalería. Para él “por demasiado tiempo la Agencia ha gastado dinero de los contribuyentes en políticas anti-energía que están fuera de control y que destruyeron millones de puestos de trabajo, mientras afecta a nuestros granjeros, negocios e industrias” y, por lo tanto había que meter en cintura y reorientar a la EPA.
Procedió, entonces, a designar a Scott Pruitt, aliado incondicional de la industria petrolera, radical entre los radicales del escepticismo con respecto al cambio climático, como Jefe de la EPA. Sus antecedentes lo delatan: no sólo lideró una conjura de procuradores estatales para tumbar en las cortes las medidas regulatorias tomadas por Obama en procura de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero limitando el uso del carbón y los derivados del crudo e incentivando el uso de las energías renovables y limpias, sino que adelantó procesos contra la propia agencia que ahora dirige, aduciendo que la EPA era demasiado “activista”. Como Fiscal general del Estado de Oklahoma interpuso varias demandas contra decisiones de la EPA tendientes a controlar las emisiones de GEI, con el fin de bloquearlas.
Para que no quedara duda sobre su concepción Scott Pruitt, ya como Director en funciones de la EPA, manifestó, contra todas las evidencias, que “no estoy de acuerdo en que (la actividad humana) sea un contribuyente primario al calentamiento global que vemos”, al tiempo que cuestionó el hecho de que se le asignara a la EPA la regulación de las emisiones de GEI. En palabras de Trump, Pruitt “revertirá esa tendencia y restaurará la misión esencial de la Agencia de mantener nuestro aire y nuestra agua limpios y seguros”, cuando ya no están ni limpios ni seguros. De hecho, se apresuró a levantar la exigencia de la EPA a las compañías que extraen el carbón y el petróleo de reportarle sus emisiones del gas metano. El Presupuesto de la EPA se redujo para el 2017 en un 25% y 3.000 puestos de su plantilla de personal fueron suprimidos de tajo, entendible porque su misión pasó a un segundo plano en la agenda del Gobierno federal y su prioridad ahora es la carrera armamentista y la industria bélica para “que EEUU vuelva a ser grande otra vez”.
Según este bárbaro “medir con precisión el impacto de la actividad humana en el clima es algo muy difícil y existe un inmenso desacuerdo sobre el alcance de este impacto. Entonces no, no estaría de acuerdo con que se trate de un factor importante en el calentamiento global…Debemos seguir el debate y seguir analizando el impacto del CO2”. Él nos invito a emular al par de liebres de la fábula, que viendo que se les aproximaban dos perros amenazantes en lugar de huir del lugar y evitar ser presa fácil de ellos, se pusieron fue a discutir si la raza de los perros, porfiando entre ellas si eran galgos o podencos y mientras se ponían de acuerdo los canes dieron buena cuenta de ellas.
No hay más ciego que el que no quiere ver ni más sordo que quien no quiere oír, máxime cuando el Secretario de Prensa de la Casa blanca Sean Spicer se da la licencia para “no estar de acuerdo con los hechos”, refiriéndose a la controversia que se suscitó en los medios a propósito del número de asistentes a la ceremonia de asunción del cargo por parte de Trump. Y al defender al autor de semejante metida de patas, la Jefa de campaña y tal vez la más cercana consejera del Presidente Kellyanne espetó que “él (Spicer) solamente está ofreciendo hechos alternativos”. Ello es lo que han dado en llamar “post-verdad”, que tantos desvaríos viene propiciando en el mundo entero, en donde tiene como caja de resonancia a las redes sociales.
Santa Marta, abril15 de 2017
www.amylkaracosta.net
Por Jorge Enrique Robledo.- ¿Cómo ve a Colombia en ciencia y tecnología?, le preguntaron a Rodolfo Llinás, uno de los pocos compatriotas que trabajan en la vanguardia del conocimiento universal. “Mal”, respondió, y agregó: “El nivel de la educación en Colombia es más bajo de lo que debiera ser, dada la inteligencia natural de los colombianos (…) el número de profesionales de la ciencia, ante el concierto de los países, sigue siendo comparativamente bajo. Colombia no está dando todo lo que puede dar desde el punto de vista humano”.
Y agregó algo más negativo. “Dado el incremento de la capacidad de otros países estamos empeorando. Oigo con frecuencia ‘estamos mejorando paulatinamente’ y eso no es verdad, nos estamos quedando atrás comparativamente”, realidad que se constata al comparar la complejidad de los aparatos productivos, de hoy y de hace un siglo, de Colombia y de Estados Unidos, Europa y Japón, al igual que los aportes respectivos a la ciencia y el conocimiento.
Llinás también sintetizó el inmenso daño que les provoca a las naciones no adentrarse en el mundo de la ciencia y la tecnología complejas: “La riqueza de un país se mide por el valor del capital humano. Las riquezas naturales se pueden ganar o perder (ejemplo: el petróleo)”, como con dolor lo confirmamos los colombianos. “La riqueza básica de un país está dada por el nivel intelectual de su población (…) La educación, la ciencia y la tecnología son y han sido siempre la base del desarrollo de las civilizaciones humanas”, verdades que conocen de sobra pero que no orientan las decisiones de quienes han gobernado a Colombia.
Señaló asimismo otra verdad que ha sido cuidadosamente escondida por quienes han mal dirigido el país: “Es necesario” que haya más recursos para la educación, pero con agudeza agregó Llinás que ello “no es suficiente”, porque si no hay cómo aplicar esos conocimientos en Colombia, “la única opción es irse del país”, como bien lo saben tantos jóvenes que, frustrados, se van al exterior, expulsados de su Patria por quienes nos imponen decisiones como las de los TLC. E indicó las causas por las que “nuestros científicos no pueden ser fantásticos. No porque falte capacidad, sino porque simplemente no existe el interés ni la voluntad social y política necesaria para sostener un eje científico fuerte” (http://bit.ly/2nnCeCC).
Como otra evidencia de lo que ocurre, el gobierno de Santos, aunque aduzca lo contrario, mantiene la misma y mala línea de sus antecesores sobre estos tópicos. Así lo confirma que la plata para ciencia de la Ley de Regalías, que tanto cacareó, no llegue completa a ese objetivo porque, primero, el Ministerio de Educación y Colciencias permitieron que fuera convertida en mermelada clientelista o que no se ejecutara y porque, de un plumazo, pretenden quitarle, por lo menos, 1.3 billones para otros asuntos.
Hasta en el ridículo terminó el anunciado Conpes sobre ciencia, con el que, siguiendo las órdenes ventajistas de la OCDE, intentaron meter otras políticas. Y que cuando recibió el rechazo de la comunidad científica nacional, en vez de atenderle sus razones y modificarlo, lo engavetaron, seguramente con el propósito de dejarlo para más adelante, cuando puedan coger al país descuidado (http://bit.ly/2oSb188).
Pero lo peor de esta historia es el silencio que ha caído sobre ella. Se convirtieron en burla los recursos para ciencia de la Ley de Regalías y desapareció hasta el propósito de aprobar una política sobre ciencia para Colombia, en uno de los países científicamente más atrasados del mundo, ¡y si alguna mención hubo en los medios fue marginal! ¡Casi que cero información, que cero debate, que cero crítica!, con lo que se confirma el poder del mal gobierno y hasta donde ha llegado esa especie de lavado de cerebro que se les ha venido practicando a los colombianos, una lobotomía que en la práctica les impide hablar de temas de importancia capital como este, mientras que unos pocos, a quienes no les generan graves sufrimientos el atraso nacional, con el respaldo de abundante corrupción, se apoderan de una parte desproporcionada de la muy poca riqueza que crea el país.
Coletilla: el 21 de marzo recusé al Fiscal para actuar sobre el caso de la corrupción de Odebrecht, dados sus vínculos con los implicados, y además le hice varias preguntas al respecto. Y aunque ya se le vencieron los términos legales, nada me ha respondido. Otra razón más para considerar que no puede ser Fiscal quien además miente y, en actitud despótica, ni siquiera responde los requerimientos ciudadanos y legales
Por Mauricio Cabrera Galvis.- La agudización de la crisis política en Venezuela, con el fallido intento de cercenar la democracia eliminando los poderes del Congreso, ha relegado a segundo plano el análisis y el debate sobre la profunda crisis económica de nuestro vecino. Se olvida que uno de los combustibles de la crisis política es el deterioro de la economía y que no es posible la solución de la primera sin resolver la segunda.
El problema es que ni gobierno ni oposición han presentado un plan económico creíble para solucionar los desequilibrios macroeconómicos y reactivar la economía. No porque ignoren lo que se debe hacer, sino porque saben del costo político que tendría el solo anunciarlo.
El socialismo del siglo XXI logró resultados importantes en materia de bienestar social financiados con los altos precios del petróleo, lo que le permitió tener altos niveles de apoyo popular. Cuando cayeron los precios, y además mermó la producción de PDVSA, se cayó la estantería y no solo se hizo imposible sostener el modelo sino que se quebró el país.
En la primera década de este siglo Venezuela alcanzó los mayores niveles de crecimiento de América Latina, pero desde 2014 el PIB viene en retroceso con una caída acumulada superior al 16%; al mismo tiempo los precios se dispararon llegando a una hiperinflación superior al 600% anual, y el déficit fiscal llegó a ser el 16% del PIB el año pasado.
La causa próxima del desbarajuste ha sido la reducción de los ingresos petroleros: mientras que en 2012 las exportaciones venezolanas se acercaban a los 100.000 millones de dólares, en 2016 cayeron a menos de la tercera parte. Así, las importaciones se desplomaron a solo 20.000 millones de dólares frente a un máximo de 66.000 millones cuatro años antes. A pesar del ajuste comercial el déficit de la balanza de pagos se ha incrementado por la ausencia de inversión extranjera y la fuga de capitales.
En un país con altísima dependencia de bienes importados, tal caída de las importaciones ha significado un gran desabastecimiento de bienes de consumo, aún los de primera necesidad, lo que junto con el acaparamiento y el auge del mercado negro explica tanto la hiperinflación como la pérdida de apoyo popular del gobierno.
Por Alberto Barrera Tyszka.- Los líderes del chavismo han declarado que jamás abandonarán el poder. Ni ahora, ni mañana, ni nunca. ¿Cómo pueden lograrlo si cada vez tienen menos popularidad? Dando un golpe de Estado desde el interior del Estado. Controlando la legalidad para usarla en contra de sus adversarios. Eso es lo que viene ocurriendo desde hace tiempo en Venezuela.
Las elecciones que debieron realizarse el año pasado están suspendidas, ni siquiera tienen fecha. Todos los poderes públicos han sido tomados por el partido de gobierno. Los altos mandos de las Fuerzas Armadas se han declarado, también, militantes del oficialismo. La inhabilitación política a Henrique Capriles Radonski, dictada ayer, es una última muestra de la desesperación de un gobierno que se ha quedado sin pueblo. En Venezuela hay una élite política que, antes que perder sus privilegios, está dispuesta a prohibir la democracia.
Hay una historia que es importante recordar. Ocurrió el 23 de diciembre del año 2015. Unos días antes, el chavismo había sufrido su primera derrota histórica en unas elecciones y la oposición había obtenido un contundente triunfo en los comicios parlamentarios. La nueva Asamblea Nacional, que debía empezar a sesionar el 5 de enero del año siguiente, tendría mayoría opositora. Pero faltaban dos semanas para esa fecha. Y el chavismo todavía dominaba el parlamento.
Un día antes de navidad, en una sesión fuera del calendario de sesiones parlamentarias, la mayoría del oficialismo designó 13 nuevos miembros y 21 nuevos suplentes para el Tribunal Supremo de Justicia de la nación. De esto no habla la canciller Delcy Rodríguez cuando vocifera en la OEA denunciando satánicas conspiraciones.
Fue entonces cuando, en un acto lleno de irregularidades, donde incluso uno de los candidatos a juez también era diputado y —por tanto— votó por sí mismo, los chavistas dieron un golpe y empezaron a construir la crisis institucional que hoy vive el país. Fue una maniobra que terminó de consolidar su control absoluto sobre la justicia en Venezuela.
La gran mayoría de los miembros designados ese día no cumplen con los requisitos que establece la ley para formar parte del máximo tribunal. Pero todos cumplen con una exigencia fundamental: son devotamente leales al partido de gobierno. Esa fue la verdadera reacción tras el resultado electoral. Ante la simple posibilidad de la alternancia, el chavismo respondió manipulando la legalidad para desconocer el voto popular. Decidieron enfrentar la democracia con violencia institucional.
Sin separación de poderes y sin elecciones, la democracia en Venezuela es un espejismo muy frágil. El gobierno pretende ampararse en la constitución para violar la constitución. Detrás de su discurso de izquierda, invocando una supuesta “revolución”, actúa cada vez más como las antiguas dictaduras de derecha del continente.
Desde el inicio, la nueva Asamblea Nacional, con mayoría opositora, estuvo herida. Antes aun de ejercer el poder había sido despojada de su verdadero poder. Las estadísticas no pueden ser más evidentes: desde enero de 2016, el Tribunal Supremo de Justicia ha emitido más de 50 sentencias en contra del parlamento, cancelando o rechazando cualquiera de sus acuerdos o promulgaciones.
En el pasado mes de septiembre, el tribunal sentenció que todas las decisiones y acciones que se tomen o se produzcan en el parlamento son nulas. Esta pugna ha llevado, incluso, a que en estos momentos los diputados de la Asamblea Nacional tengan meses sin cobrar sus sueldos. Esto tampoco lo menciona Delcy Rodríguez cuando habla en la OEA.
La canciller venezolana denuncia un “linchamiento mediático diplomático” y asegura que todo el conflicto se debe los intentos del parlamento por “derrocar al gobierno”. Probablemente, al inicio, la oposición no haya actuado con inteligencia política. Su dirigencia creyó que con dominar el parlamento podría forzar la salida de Nicolás Maduro de la Presidencia de la República mediante el referendo revocatorio.
Pero un error político no es un delito. Los diputados opositores tan solo se propusieron activar un mecanismo que está en la constitución. Antes que eso, posiblemente, debieron desactivar el secuestro que mantiene el chavismo sobre las instituciones. En ese momento, debieron plantearse —desde diferentes espacios de lucha— comenzar a recuperar la independencia de los poderes públicos en el país.
A través del Tribunal Supremo de Justicia, el gobierno de Nicolás Maduro ha conseguido que el efecto del éxito electoral de la oposición se evapore, que la mayoría no sea la mayoría, que la democracia sea tan solo una gimnasia retórica. Con el control institucional, el oficialismo mantiene la apariencia de legitimidad mientras actúa como una dictadura. Promueve el diálogo mientras suspende las elecciones. Acepta la mediación del Vaticano para aumentar la represión y el número de presos políticos.
Es, al mismo tiempo, el policía malo y el policía bueno. Invita a la oposición al diálogo, al camino de la democracia, y después asegura que la oposición jamás volverá al poder: “ni por las buenas ni por las malas”. Así ha logrado conseguir que la bipolaridad política tenga una aparente coherencia discursiva.
Pero esto tampoco lo cuenta Delcy Rodríguez en la OEA. A la canciller le parece bien que el Tribunal Supremo de Justicia haya suspendido al parlamento. Piensa que se trata de un ejercicio correctivo ante una nueva conspiración. Aunque celebra las protestas contra Macri en Buenos Aires, cree que las protestas populares que se realizan en Caracas carecen de legitimidad, que solo buscan derrocar al gobierno y que deben ser reprimidas.
Delcy Rodríguez dice en la OEA que Venezuela tiene los mecanismos para resolver las “discrepancias” entre los poderes. Habla como si un golpe institucional fuera un impasse, un simple malentendido.
Después de las elecciones parlamentarias de 2015, el gobierno de Maduro realizó un enorme fraude poselectoral. Lo que perdió en las urnas lo recuperó con oscuras maniobras, controlando los poderes públicos. El oficialismo ha convertido la democracia en una gran estafa. Ha transformado a las instituciones en bandas de sicarios judiciales, destinadas a liquidar a sus adversarios políticos.
Por eso los venezolanos están en las calles. Reclamando que se les devuelva el poder de sus votos. Exigiendo que se cumpla la constitución. Mientras no se logre desactivar el control oficial sobre las instituciones; mientras no exista un poder electoral distinto, capaz de cumplir con el calendario establecido aunque no le convenga al gobierno; mientras no haya un nuevo Tribunal Supremo de Justicia independiente, no habrá posibilidad de diálogo y de futuro.
Seguirá sin haber democracia en Venezuela.
José Gregorio Hernández.-La Cámara de Representantes ha aprobado en último debate el texto del Acto Legislativo que incluirá en la Constitución un artículo transitorio mediante el cual se busca “blindar” los acuerdos de paz suscritos entre el Gobierno y las Farc.
Se trata de impedir que durante los próximos tres períodos presidenciales puedan ser modificados los términos del Acuerdo Final de Paz firmado el pasado 24 de noviembre en Bogotá, convirtiéndolos en obligatorio referente de constitucionalidad que, por tanto, debe tener en cuenta la Corte Constitucional cuando examine cualquiera de las normas que están siendo tramitadas por el procedimiento denominado “fast track”.
Así lo dice el Ejecutivo, por boca del señor Ministro del Interior, Dr. Juan Fernando Cristo: “Aquí de lo que se habla son (Sic) de los parámetros de interpretación que debe hacer (Sic) la Corte Constitucional de la legislación que expida el Congreso. En ese caso, cuando se trate de Derechos Humanos y de Derechos Fundamentales conexos, la Corte tendrá obviamente en cuenta el texto de los Acuerdos de Paz cuando se trate de valorar cualquier iniciativa que le llegue”.
Ante objeciones de la oposición, el mismo funcionario había expresado que, por medio de este acuerdo, los acuerdos de paz no se incorporaban al bloque de constitucionalidad.
No obstante, el artículo 4 del Acto Legislativo 1 de 2016, que está vigente y no ha sido declarado inexequible por la Corte Constitucional, plasma un artículo transitorio en el que señala: “En desarrollo del derecho a la paz, el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera constituye un Acuerdo Especial en los términos del artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949. Con el fin de ofrecer garantías de cumplimiento del Acuerdo Final, una vez éste haya sido firmado y entrado en vigor ingresará en estricto sentido al bloque de constitucionalidad para ser tenido en cuenta durante el periodo de implementación del mismo como parámetro de interpretación y referente de desarrollo y validez de las Normas y las Leyes de Implementación y Desarrollo del Acuerdo Final”.
En otras palabras, lo aprobado en la Cámara consagra el blindaje, y es cierto que no dice expresamente que el Acuerdo Final se incorpore al bloque de constitucionalidad. Pero no era necesario que lo dijese. Ya lo estableció un Acto Legislativo -el 1 de 2016- que, en criterio de la Corte Constitucional, está en pleno vigor -porque la Corte interpretó la refrendación popular, que condicionaba la entrada en vigencia de tal reforma, como “refrendación” del Congreso-. Esa norma incorporó el Acuerdo al bloque de constitucionalidad, y lo que se acaba de aprobar, que también hará parte de la Constitución, petrifica el Acuerdo, al menos durante un tiempo de tres períodos presidenciales –doce años, si el período sigue siendo de cuatro años-.
En síntesis: 1) El Acuerdo de Paz hace parte del bloque de constitucionalidad, en calidad de Acuerdo Especial en los términos del artículo 3 común de los Convenios de Ginebra de 1949; 2) Es referente obligado de constitucionalidad; 3) Por tanto, hace parte de la Constitución; 4) Pero, además, es una cláusula pétrea, inmodificable por tres períodos presidenciales, y obliga al Gobierno, al Congreso y a la Corte Constitucional. 5) Es una cláusula pétrea introducida por el poder de reforma -es decir, por un órgano constituido, por fuera de su competencia-, no por el Constituyente, y en consecuencia, es ilegítima e inconstitucional, por sustituir la Carta Política en su esencia.
¿En qué quedó la Constitución de 1991? Ustedes dirán.
Por Jorge Gómez Pinilla.-En días recientes fui invitado por un grupo de estudiantes de Comunicación de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB) a hablar sobre el posconflicto, y hoy quiero recoger parte de las reflexiones que allí hice.
Las Farc fueron derrotadas desde que el establecimiento logró sentarlas a negociar la paz –pues su objetivo había sido siempre la toma del poder por la vía armada-, pero la extrema derecha ansiosa de continuar la guerra las sigue tratando como si todavía estuvieran combatiendo. La prueba reina la dio el senador uribista Daniel Cabrales cuando las acusó de ser las responsables de la tragedia en Mocoa. Según Cabrales usaron “dinamita explosiva”, o sea explosivos que explotan. Es la dialéctica del agua mojada, que permite apreciar la erudición que acompaña a tan docta bancada. (Ver noticia).
No nos llamemos a engaños, después de haber superado el conflicto armado con las Farc nos ha surgido un nuevo conflicto, el de las plañideras agrupadas en torno a Álvaro Uribe y el neo-paisa Alejandro Ordóñez, máximos representantes de la caverna empeñados en atravesarse como vacas muertas en la rueda de la reconciliación, por dos razones básicas: porque la paz los aniquila (se quedan sin enemigo para asustar a la concurrencia) y porque deben impedir a toda costa que comience a operar el tribunal de justicia contemplado en la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), cuya implementación haría que se conozcan las escabrosas verdades de la guerra que aún permanecen ocultas.
De ningún modo puede pasar desapercibida la presencia en la marcha ‘contra la corrupción’ de alias Popeye, pues es reflejo del talante de las fuerzas que hoy se oponen a que se consoliden los acuerdos con las Farc. Popeye, lugarteniente del más grande asesino que ha habido en la historia de Colombia, fue recibido como héroe por el exvicepresidente Francisco Santos, quien afirmó que “tiene derecho a marchar porque ya pagó su deuda con la sociedad”, y aquel ni corto ni perezoso aprovechó el ser tratado como uno más entre los suyos para pedir “que el presidente de la República renuncie, porque es una rata”. (Ver noticia).
Una sanguijuela como Popeye acusando al presidente de ser una rata, hágame el favor… Es lo mismo que si en vida Pablo Escobar hubiera acusado al entonces presidente César Gaviria de ser un asesino, y es cuando uno se pregunta si tanta vitrina a tan redomado sicario será indicativo de que lo están capacitando para incluirlo en la próxima lista del Centro Democrático al Senado. Sea como fuere, esto es patética evidencia de que estamos tratando con ratas.
Hablando de roedores, tampoco se puede desconocer que a falta de sensatez y coherencia política, las fuerzas enemigas de la paz se han visto obligadas a recurrir a los sectores más ignorantes, incultos y maleables de la población. Hablo de lo que el mismo Alejandro Ordóñez definió como “la fuerza del voto religioso”, gente a la que se le puede movilizar con solo asustarlos diciéndoles que la familia está en peligro porque a los niños los quieren poner a leer cartillas que los vuelven homosexuales, y que la patria también está en peligro porque Santos resultó ser un marxista leninista que ‘autoengañó’ al candoroso Álvaro Uribe, y que así como vamos Colombia terminará convertida en otra Venezuela.
A continuación los pondrán a rezar para que Dios se apiade nuestra maltratada nación y restaure la moral perdida, y la recua de idiotas útiles quedará suficientemente ‘emberracada’ para votar por el que su pastor –evangélico o cristiano- les señale, no sin antes haberles recordado la sagrada obligación del divino diezmo…
El asunto de todos modos no se presta a chistes, porque llegado el caso pueden convertir a esas masas adocenadas en beligerante fuerza de choque, amoldable a sus propósitos desestabilizadores.
Pero si por los lados de la extrema derecha llueve, por los de la extrema izquierda no escampa. Sumado al reciente bombazo que perpetró el ELN cerca a la plaza de toros de Bogotá con saldo de un patrullero muerto y decenas de heridos, ahora han salido con un comunicado en el que señalan a la emisora araucana La Voz del Cinaruco de ser un medio “funcional” a los militares, a la vez que califican al portal La Silla Vacía como parte de “una matriz mediática difamadora (…) que llama a golpear al movimiento social para debilitar a la guerrilla”. Como dije en columna anterior, lo que hace el ELN en su insensatez es darle abundante munición a los enemigos de la paz, esa misma a la que los elenos están mostrando tan poca voluntad de acogerse.
Así las cosas, mientras la derecha anda muy juiciosa en la tarea de sembrar desesperación para luego aparecer como los salvadores del despiporre, a las fuerzas de centro e izquierda les conviene actuar con cabeza fría en busca de conformar la más amplia de todas las coaliciones posibles, como único recurso para enfrentar a tan poderosos enemigos.
O como dijera Luis Carlos Jacobsen en Facebook: “Nosotros acá jodiendo y ellos organizaditos en redes hace dos años, con cristianos enlazados en Whatsapp como profesionales. Sigan así y veremos cómo se llevan el proceso de paz en nuestras narices...”
DE REMATE: Si el candidato uribista pierde la elección presidencial en 2018 habrá un nuevo conflicto armado, solo que ahora con fuerzas neofascistas. En últimas, ya tienen su propia guerrilla. Y si ganan, preparémonos para el regreso de la guerrilla al monte. La caverna habrá logrado su objetivo.
En Twitter: @Jorgomezpinilla
Por Jairo Gómez.-Una semana antes del dos de abril, el día de la famosa marcha uribista, discutíamos con un amigo sobre las consecuencias de la movilización si ésta lograba los siguientes resultados: si salen 500 mil, es buena; si son un millón, es para que Santos y su proceso de paz se lo tomen en serio; y si aparecen dos millones, Uribe pone presidente.
Y la verdad, ninguna de las anteriores ocurrió. No hubo respuesta abrumadora de la ciudadanía, ni siquiera uribista. Eso quiere decir que el mensaje no cuajó por varios motivos: por un lado, la abrupta llegada (¿o programada?) de “Popeye” hizo caer en un desprestigio incontestable la mentada convocatoria; y por el otro, que no convenció la idea de persuadir a los colombianos de que la protesta era contra la corrupción, idea que no tenía sustento alguno cuando el retrovisor evidentemente mostraba lo contrario: el núcleo, el anillo central del Gobierno Uribe, o está en la cárcel o huyendo de la justicia colombiana.
Ahora, la ambición delirante de exigir la renuncia del presidente Santos ya rayaba con el insípido argumento de señalar al Jefe del Estado de estar entregándole el país a las FARC, agrupación con la cual se negoció un acuerdo de paz.
En este último punto, en mi opinión, se equivocó el uribismo al convocar su marcha. Creyó que el éxito de la misma iba a ser comparable a la movilización de ahora un año cuando se llamó a las masas bajo la premisa de que en las negociaciones de La Habana el país terminaría en manos del “narcoterrorismo” de las FARC o del “CastroChavismo”. En ese momento, cuando aún no se había firmado el acuerdo y se diseñaba la Justicia Transicional, el Centro Democrático encendió el debate nacional en términos de que la impunidad para la guerrilla era una realidad y su elegibilidad política una afrenta contra el ciudadano. Este hecho provocó escozor en la opinión, el mensaje tuvo éxito y, naturalmente, la presencia de los paisanos fue masiva.
En esta línea, pretender recurrir al mismo argumento adulterando los hechos 365 días después dejó al uribismo fuera de foco, la asistencia fue precaria –comparada con la del año anterior, repito- porque la gente comprendió que las FARC ya no son guerrilla, el proceso de dejación de armas es una realidad y los más de siete mil de sus integrantes están en las Zonas Veredales a la espera de la implementación del Acuerdo de Paz. Es decir, que la paz con esta agrupación, hoy desarmada, es verdad no una posverdad.
Maltrecho quedó el Centro Democrático después de la marcha del sábado a la cual, según los más sensatos, solo salieron cerca de 300 mil personas; es decir, sus cálculos creo que les fallaron y la insolvencia del mensaje degeneró en desespero, al punto que, por ejemplo, obligó al Pastor Arrázola en Cartagena a movilizar a su gente con un discurso homofóbico y a muchos empresarios en Cali a exigir a sus trabajadores salir a la marcha so pena de perder sus puestos. Actuar así es envilecer la política, es pervertir el sistema democrático que se dice defender.
@jairotevi
Por Amylkar D. Acosta M.-La consulta popular que tuvo lugar el pasado 26 de marzo en el Municipio tolimense de Cajamarca avivó el debate en torno a la actividad minera en el país. Y no es para menos, toda vez que el escrutinio de la votación en la que participaron 6.296 ciudadanos, arrojó como resultado que un 97.9% de ellos se pronunciaron en desacuerdo con que en dicho Municipio “se ejecuten proyectos y actividades mineras”. El blanco principal de este rechazo a la minería en este caso tiene nombre propio, el proyecto de gran minería de La Colosa, ubicado en el cerro La guala y operado por la multinacional AngloGold Ashanti, con un potencial de 28 millones de onzas de oro troy.
En la medida que el Código de Minas (Ley 685 de 2001), además de darle a la actividad minera el carácter de “utilidad pública e interés social”, dispuso en su artículo 37 que “ninguna autoridad regional, seccional o local podrá establecer zonas del territorio que queden permanente o transitoriamente excluidas de la minería”, dicha competencia le quedaba reservada a la Autoridad Nacional Minera. Ello dio pié a una colisión de competencias entre la Nación y las entidades territoriales, la cual derivó en una proliferación de demandas contra dicha norma.
Como no sólo la política es dinámica sino también la jurisprudencia, pues la Corte Constitucional, después de reiterados fallos dejándola en firme, terminó declarando inexequible el artículo 37 de la Ley 685 de 2001 (Sentencia T-445 de 2016), dándole con ello un espaldarazo a las entidades territoriales, que con ello adquieren un gran empoderamiento como autoridad minera. Resolvió la Corte Constitucional que las entidades territoriales poseen la “competencia para regular el uso del suelo y garantizar la protección del medio ambiente, incluso si al ejercer dicha prerrogativa terminan prohibiendo la actividad minera”. Al respecto cabe decir que hay distintas interpretaciones entre los expertos.
Ahora que, merced a los fallos de las altas cortes, las entidades territoriales están llamadas a asumir nuevas competencias, las mismas no están preparadas para ejercerlas, por lo que es menester desarrollar capacidades y competencias técnicas para que de esta manera cuenten con mayores y mejores elementos de juicio en la toma de decisiones atinentes a la actividad extractiva. No todo se puede reducir a la convocatoria de consultas populares sin que medie siquiera la deliberación y el debate por parte de sus órganos colegiados (asambleas y concejos), amén de las organizaciones sociales y gremiales. Para ello se requiere un replanteamiento de la gobernanza de los recursos naturales, que pasa por un fortalecimiento de su arquitectura institucional y funcional.
Después de estas providencias de las altas cortes el escenario es otro, pues dejan sin piso las demandas reiteradas contra los actos administrativos proferidos por los alcaldes para convocar las consultas populares, los cuales dieron lugar incluso a investigaciones disciplinarias a varios alcaldes. Detrás de Cajamarca vienen en camino una docena de consultas similares más, amén de las que están en ciernes contra la industria petrolera y el sector eléctrico, con los mismos argumentos.
Ahora la discusión se centra, no en la competencia para excluir la actividad minera en todo o parte de su territorio, sino en dos aspectos primordiales, el alcance de la decisión que se toma a través de dichas consultas y la conveniencia de que la política pública en materia minera se defina a través de las urnas. Y, desde luego, la gran preocupación que invade a la industria minera y no sólo a esta sino también a los demás sectores es que con esos cambios súbitos de jurisprudencia, que atentan contra la seguridad jurídica, sumados a la incertidumbre que comportan dichas consultas, pueden conducir a la parálisis de la actividad productiva y a ahuyentar la inversión.
Es a todas luces inconveniente supeditar la actividad minera o cualquier otra a consultas cuyos resultados no admiten término medio ni matices, o es blanco o es negro. De allí que compartamos con El Espectador su consideración en el sentido que “la consulta niega cualquier minería, incluso la que pueda elaborarse de manera sostenible”. Ello lleva a posiciones extremas que no le hacen bien al país, porque no permiten el discernimiento. Mientras la minería formal debe cumplir con las estipulaciones de Ley y se ha de ceñir a las normas legales, particularmente aquellas que protegen el medioambiente, la extracción ilícita del mineral está fuera de control, empezando porque al no tener un título que la ampare escapa al radar de la autoridad minera.
No se puede perder de vista lo que representa el sector minero para la economía nacional, 2.1% del PIB, que le ha reportado a las finanzas públicas en el último lustro ingresos por $8 billones, que emplea directamente 350 mil personas, pero que si se suman los puestos de trabajo generados en toda la cadena estamos hablando de más de un millón de personas las que dependen de esta actividad. Esta actividad ocupa sólo 4.4 millones de hectáreas, el 3.8% de las 114 millones de hectáreas con las que cuenta Colombia, de las cuales sólo 2.2 millones están en explotación y a duras penas 500 mil hectáreas están siendo intervenidas. Es de anotar que el 50% de la totalidad de los títulos otorgados por la autoridad minera corresponden a materiales de construcción, los cuales son extraídos por la pequeña y mediana minería.
Bogotá, marzo 31 de 2017
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