Opinión
Por Héctor Abad Faciolince. Tomado de El País. Foto: Alfaguara - Yo he entendido la historia reciente de mi país no a través de ninguna teoría, sino a través de las historias familiares. Cuando uno tiene una familia numerosa, la ficción es casi innecesaria: en una familia grande, todas las cosas han ocurrido alguna vez. Esas historias me permiten reflexionar sobre lo que ha pasado y sobre lo que pasa en Colombia, para luego tomar una decisión que es política, pero también vital, porque no está dictada por la ideología, sino por la imaginación: trato de pensar de qué manera podríamos vivir mejor, sin matarnos tanto, con menos sufrimiento, con más tranquilidad.
Para explicar por qué celebro y estoy tan feliz con el Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Santos y la guerrilla de las FARC, voy a intentar reflexionar con ustedes a partir, otra vez, de una historia familiar.
Nunca sentí ninguna simpatía por las FARC. El esposo de una de mis hermanas, Federico Uribe (sin parentesco con el expresidente de Colombia), fue secuestrado dos veces por la guerrilla. La primera vez lo secuestró el Frente 36 de las FARC, hace 28 años, cuando él tenía 35. Once años después, otro grupo lo volvió a secuestrar; los muchachos que lo vigilaban en la montaña eran tan jóvenes que le decían “abuelo” a un hombre de 46. Federico no era, ni es, una persona rica. Tal vez tenía el apellido equivocado. Tampoco era pobre y no sería extraño que los muy pobres lo vieran como muy rico.
Mi cuñado (ahora excuñado, porque en todas las familias hay divorcios) tenía y tiene 120 vacas lecheras en un pueblo a 2.600 metros de altitud en el oriente de Antioquia. Después de un mes secuestrado y de pagar la “cuota inicial” del rescate para que lo soltaran, tuvo que seguir pagando lo que faltaba, en cómodas mensualidades, durante 36 meses más. La guerrilla, tan amable, le dio tres años de plazo para pagar. Ustedes preguntarán: ¿y por qué no acudía a la policía, al Ejército, a las autoridades del pueblo? Él les contestaría: “Permítanme una sonrisa”. En las zonas rurales de Colombia el Estado no existía; hay partes donde no existe todavía; cuanto más lejos esté la tierra de las ciudades principales, menos Estado hay. Si Federico no pagaba las cuotas, tampoco podía sacar la leche de la finca, y de eso vivía. Si no pagaba las cuotas, lo podían matar en la misma lechería. Si no pagaba las cuotas, le podían secuestrar a uno de sus hijos, mis sobrinos. En fin, en ausencia de un Estado que controlara el territorio y defendiera a los ciudadanos, no había otra que pagar. O hacer lo que hicieron otros finqueros: vincularse a un grupo paramilitar que los protegiera a cambio de una cuota mensual parecida. Federico Uribe no era de esos que se complacían en ver matar, y los paramilitares mataban sin preguntar. Además, los paramilitares habían matado a su suegro, a mi papá, y no era el caso de aliarse con otros asesinos.
Federico —acabo de llamarlo para preguntarle— va a votar no en el plebiscito sobre la paz. “Yo no estoy en contra de la paz”, me dijo, “pero quiero que esos tipos paguen siquiera dos años de cárcel. Mientras me tuvieron secuestrado mataron a dos”. Yo lo entiendo, lo aprecio y no lo considero un enemigo de la paz, así no esté de acuerdo con él. No me siento con autoridad para juzgarlo y tiene todo el derecho de votar por el no. Pero, aunque lo entiendo, espero que él también me entienda a mí ahora que escribo que voy a votar por el sí. Entiendo su posición sobre la impunidad. Creo tener derecho, sin embargo, a decir que no me importa que no les den cárcel a los de las FARC, pues cuando el presidente Uribe hizo la paz con los paramilitares escribí un artículo en el que sostuve que no me interesaba que los asesinos de mi padre pasaran ni un día en la sombra. Que contaran la verdad, y listo: que los liberaran, que se murieran de viejos. Si no me creen, aquí pueden ver ese artículo, publicado en la revista Semana en julio de 2004: http://www.semana.com/opinion/articulo/una-cuestion-personal/66783-3.
De los 28.000 paramilitares que aceptaron desmovilizarse durante el Gobierno de Uribe, tan solo un puñado de ellos pagaron cárcel, y no porque el presidente lo quisiera, sino porque la Corte Constitucional lo obligó. Su proyecto inicial ofrecía impunidad total. El texto del Acuerdo de Ralito (el sometimiento de los paramilitares) nunca nos lo mostraron; a las víctimas de los paramilitares no nos llevaron a la zona de los diálogos para decirles en la cara el dolor que nos habían causado y para darles la bienvenida a la vida civil, como en mi familia hubiéramos querido hacer; tampoco se sometió el acuerdo con ellos a un plebiscito. Esto no es un reclamo, sino una comparación. Santos ha publicado el texto (larguísimo, farragoso, pero útil, del Acuerdo de La Habana); llevó a las conversaciones a grupos de víctimas (incluso a mí me invitaron, pero no quise ir, pues no me siento víctima ya); y ahora lo somete al veredicto del pueblo.
Si en el caso de los asesinos de mi padre yo estaba de acuerdo con un pacto de impunidad, con la única condición de que los paramilitares contaran la verdad y dejaran de matar, creo tener autoridad moral para decir que también estoy de acuerdo con el Acuerdo de Paz con las FARC, los secuestradores de mi cuñado. En el caso de las FARC, también acepto una alta dosis de impunidad a cambio de verdad. Tengan en cuenta además que por delitos atroces, entre los cuales se incluye el secuestro, no es cierto que en este acuerdo haya impunidad total. Los responsables pagarán hasta ocho años (si lo confiesan todo antes de que empiece el juicio) de “restricción efectiva de la libertad”, no en una cárcel corriente, sino en condiciones que el Tribunal Especial para la Paz decidirá. Y si la confesión ocurre durante el juicio, esos ocho años los pasarán en una cárcel normal. Y si no confiesan y son derrotados en juicio, la pena será de 20 años en cárceles del Estado.
Así que no estoy de acuerdo con mi excuñado, a quien comprendo y admiro y sigo queriendo igual, en que se haya firmado un acuerdo de impunidad total. Fue un acuerdo muy generoso con las FARC, sin duda, y ojalá la guerrilla hubiera aceptado pasar siquiera dos años en la cárcel, que es a lo que aspira Federico. Pero esto fue lo mejor que el Gobierno pudo lograr, tras cuatro años de duras negociaciones, con una guerrilla que no estaba completamente derrotada.
Cuando escribo para España, o cuando hablo con españoles, algunos esgrimen el ejemplo de ETA para decirme que el Estado no puede ser condescendiente con los terroristas ni puede perdonar. No creo que los casos se parezcan ni se puedan comparar. Las FARC nacieron en un país violento, muy desigual y muy injusto, lo que no las justifica, pero sí explica en parte su furor. La guerrilla de las FARC llegó a tener 20.000 hombres en uniforme; llegó a tomarse la capital del departamento (Estado) del Vaupés, Mitú. Ejerció control y dominio (como un Estado alternativo que impartía “justicia” y resolvía líos domésticos) en amplios territorios rurales.
Las FARC han sido una guerrilla despiadada, sanguinaria, sin duda. Una guerrilla que cree firmemente y con fanatismo mesiánico en la última religión del siglo XX, el comunismo marxista leninista. En la lucha armada, en su ideología, en sus actos de terror, creo que la guerrilla se equivocó de un modo atroz. Pero en más de medio siglo de desafío al Estado no ha podido ser derrotada por las armas. Colombia tiene el presupuesto de seguridad más alto de América Latina; tiene el Ejército más numeroso; gastamos en armamento lo que no nos gastamos en salud o educación. Tuvo un presidente, Álvaro Uribe, cuya mayor obsesión durante ocho años fue exterminar a la guerrilla que había matado a su padre. La debilitó mucho, las FARC quedaron en menos de 10.000 efectivos, pero tampoco la pudo derrotar. Su ministro de defensa, Juan Manuel Santos, llegó al poder y, al verla debilitada, les volvió a ofrecer lo que todos los presidentes anteriores (incluyendo a Uribe) les habían ofrecido: unas conversaciones para llegar a un acuerdo de paz. Y Santos acaba de conseguir lo que ninguno de los presidentes anteriores consiguió: que las FARC se plegaran a dejar las armas y aceptaran convertirse en un partido político con garantías de seguridad e incluso con una mínima representación en el Congreso en las próximas elecciones.
En todas las familias hay uno que otro envidioso; se sienten celos aun entre los hermanos. Por eso entiendo tan bien, por eso me parece tan comprensible, tan humano, que los dos presidentes anteriores (Pastrana y Uribe) sientan celos porque Santos haya logrado lo que ellos buscaron sin conseguir. Se entiende también que quieran adoptar para su envidia una máscara más noble, la máscara de la “impunidad”. Pero estoy seguro de que, si ellos estuvieran en el poder, ofrecerían una impunidad igual o mayor que esta. Un presidente mucho más viejo, casi centenario, lúcido, ya curado de espantos y mucho más allá del bien y del mal, Belisario Betancur, un presidente que estuvo a punto de firmar la paz con la guerrilla hace 30 años, pero que fue saboteado por la extrema derecha (mezcla de paramilitares, terratenientes y una franja del Ejército) mediante el exterminio de líderes de izquierda y de todo un partido político, la Unión Patriótica, este viejo presidente, en cambio, conservador y católico, votará por el sí. También Gaviria y Samper harán campaña por el sí.
Termino: las historias familiares, que son como una novela real, me han obligado a sentir y me han enseñado a pensar mucho sobre el sufrimiento, sobre la justicia y la impotencia, sobre la humillación y la rabia, sobre la venganza y el perdón. Escribir la injusticia que se cometió con mi padre, el asesinato de un hombre bueno, me curó de la necesidad de aspirar a ver en la realidad la representación de la justicia (una cárcel para los asesinos). De alguna manera yo siento que pude hacer justicia contando la historia tal como fue. Seguramente si mi cuñado hubiera podido contar la historia de su secuestro, como lo hicieron Ingrid Betancourt o Clara Rojas, ahora estaría más tranquilo y en el mismo grupo de ellas, el grupo de los que apoyamos el sí. Es por eso que ahora que he contado la historia de Federico, y ahora que he explicado mi posición para un periódico español, yo le preguntaría a mi excuñado lo siguiente: ¿no es mejor un país donde tus mismos secuestradores estén libres haciendo política, en vez de un país en que esos mismos tipos estén cerca de tu finca, amenazando a tus hijos, mis sobrinos, y a los hijos de tus hijos, a tus nietos? La paz no se hace para que haya una justicia plena y completa. La paz se hace para olvidar el dolor pasado, para disminuir el dolor presente y para prevenir el dolor futuro.
Por Gabriel Ortíz.-El desespero arropa, y de qué manera al uribismo, a ese grupo que ha juntado todas sus malas energías, con las que pretende pervertir y degradar una nación que logró escapar al paramilitarismo y la corrupción, para conseguir una paz negada durante más de medio siglo.
Como no le funcionó una tramposa tercera reelección para escapar, junto con varios de sus muchachos a la justicia y como continúan lloviendo investigaciones graves contra él y algunos de sus más cercanos amigos y parientes, Uribe busca nuevamente llegar al poder a como dé lugar, por si, o por interpuesta persona que le camine a esos instintos y propósitos. Y habla arrogantemente de decapitar los acuerdos de La Habana, cuando regrese a ese poder perdido.
Lleva cuatro años y medio sin dormir tranquilo -parece que el insomnio es su delirio- porque se encontró con un Presidente amigo de encontrar la paz y derrotar la violencia que se utilizó para arrebatar vidas, tierras, fortunas y bienes de quienes atizaron la guerra por tantos años para ensangrentar la patria, desplazar y destruir lo que no saciara sus apetitos.
Las negociaciones no fueron fáciles, no por exageradas exigencias de las Farc, sino por la intromisión de Uribe y sus muchachos, que no dieron tregua alguna durante ese período para tratar de impedir que se llegara al anhelo de un pueblo tan sufrido. La mentira y la saña, fueron sus armas. No ahorraron minuto para inventar cuanto cuento pasara por sus mentes. Quisieron desorientar a las Fuerzas Militares y llevarlas hacia las más insospechadas acciones. Pero fallaron. Ellas son leales a su pueblo y respetuosas de la Constitución. Se quisieron valer de algunos militares retirados para torpedear los diálogos, pero sus compañeros descubrieron la “maturranga”.
Hoy el país respira un nuevo aire, mira un apacible horizonte y recibe las primeras caricias de la paz.
Hay que leer las 279 páginas del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, para decirle SÍ. No de otra manera podremos decirle al uribismo que sea honrado, decente, leal y honesto. Y que aprendan a elaborar resúmenes responsables, no llenos de mentiras. Nuestra paz será estable y duradera. ¡SÍ!
BLANCO: El respaldo internacional a Colombia por lograr la paz.
NEGRO: La percepción de seguridad de Bogotá, es prefabricada. Cuidado.
Por Diego González.- Las calles de Bogotá se han convertido para sus transeúntes en una película de terror al mejor estilo de los muertos vivientes, en donde los ciudadanos a diario observan despavoridos una horda de adictos ansiosos deambulando descoordinados, con la mirada perdida, con apariencia de zombies , expectantes y al acecho de cualquier desprevenido que pueda convertirse en su potencial víctima.
Este fenómeno se agudizo con la intervención realizada en el barrio conocido como el Bronx, antes denominado el cartucho, en donde operativos de la Policía Nacional desmantelaron las principales “Ollas” del narcotráfico, dando como resultado el desplazamiento de todos los habitantes de la calle y su posterior arribo masivo a distintas zonas de la ciudad, alterando la seguridad, la salubridad pública y la tranquilidad de los habitantes de estos sectores.
Ellos son los “Zombies” del Bronx, un grupo de mujeres y hombres enfermos, que tristemente han sido abandonados por sus propias familias cansadas de luchar infructuosamente contra su insuperable adicción a las drogas, son instrumentalizados por grandes mafias del narcotráfico y tanto el Estado Colombiano como la administración distrital, no ha podido darles una atención integral.
Resulta pertinente aclarar que la intervención al Bronx fue un hecho sin precedentes que se constituye en motivo de orgullo y regocijo para todos los bogotanos, teniendo en cuenta que el principal móvil de este operativo fue la protección de la niñez y la adolescencia que había sido arrebatada de su ambiente natural y estaba siendo sometida al yugo de la prostitución y las drogas.
Sin embargo, esta situación dejo al descubierto que la administración distrital no dimensionó el impacto de este desplazamiento masivo en los lugares aledaños, porque aunque ilegal, este era el lugar en donde se concentraba una gran cantidad de habitantes de la calle y peor aún, tampoco calculó que detrás de la salida de todos ellos se trasladarían los denominados “ganchos”, nombre con el que se conoce a los grandes expendedores de drogas.
Con el pasar de los días se evidencia más la crisis y se hacen reiterados los episodios de hurto, venta de drogas y alteración del orden público, frente a esto, la administración distrital justifica su incapacidad para actuar en una Sentencia de la Corte Constitucional, que señala que “el estado no puede actuar por la fuerza para obligar al indigente a recibir su ayuda” ya que se invadiría la esfera de otros derechos como el del libre desarrollo de la personalidad.
Paradójicamente, para la Corte Constitucional, la esencia del libre desarrollo de la personalidad, como derecho, es el reconocimiento que el estado hace de la facultad natural de toda persona a ser individualmente como quiere ser, “acorde con su plan de vida, sin afectar los derechos de los demás” y precisamente es ahí en donde se está presentando el corto circuito, pues las conductas delictivas de los habitantes de la calle, se traducen en la afectación de los derechos de la niñez, la juventud y la ciudadanía en general.
Es precisamente aquí en donde la administración distrital debe apelar a las diferentes alternativas, como el método de la Ponderación de derechos, en virtud del cual cuando existe un conflicto entre dos derechos fundamentales, se decide valorando cual es el derecho de mayor peso para la sociedad, por ejemplo el derecho a la vida de los habitantes de la calle versus el libre desarrollo de la personalidad.
Finalmente se evidencia que la administración está en mora de adelantar un Censo que le permita determinar cuántos de estos habitantes de la calle están en pleno uso de sus facultades mentales y cuantos por el abuso de sustancias psicotrópicas y alcohol han perdido la razón, no pueden valerse por sí mismos y se constituyen en un peligro para la sociedad, la declaratoria de interdicción por parte de los jueces, otorgaría las herramientas necesaria para que en esos casos, estas personas puedan ser internadas contra su voluntad en Centros donde se les preste la atención psiquiátrica correspondiente evitando incidentes desafortunados por su presencia en las calles.
Por Jairo Gómez.-Pactado el Acuerdo Final en La Habana entre el Gobierno y las FARC, la inquietud que surge es si las actuales instituciones son las adecuadas para desarrollar los acuerdos.
Ésta intranquilidad cobra vigencia si se parte del principio de que lo acordado obliga a hacer reformas de fondo que aseguren la ‘No repetición‘ de las promesas incumplidas y los desencuentros, que fueron el germen de la atroz guerra que estamos por terminar con las FARC.
El fantasma del incumplimiento siempre ha gravitado en las instituciones que tenemos, de allí que hoy se hable del Gran Acuerdo Político Nacional que no es otra cosa que una Constituyente. Y no es un temor infundado si, tras hacer un análisis comparativo entre el Acuerdo de La Habana y la Constitución Política de 1991, vislumbramos que gran parte de lo pactado está en las líneas de la Carta Fundamental, y que los gobiernos y legisladores, por arte de birlibirloque, le han mamado gallo. Cuánto dolor nos hubiéramos ahorrado si el tema de la propiedad de la tierra estuviera resuelto, o los espacios políticos no se hubieran restringido y el Estatuto de la oposición fuera una realidad.
El acuerdo apenas despunta y ya se está impugnando el Fondo de Tierras que se estipuló en el punto agrario. Se refutan las tres millones de hectáreas que le brindarán una nueva realidad a los millones de campesinos desplazados y víctimas del despojo por efectos del conflicto. Desde tiempos inmemoriales hemos escuchado de reformas agrarias, de democratización de la propiedad de la tierra, de modernizar el campo, de incluir a los campesinos al ciclo productivo de la nación y legalizar las tierras a los labriegos: promesas incumplidas.
Esto corrobora la desconfianza que se tiene de las instituciones: los invito a leer los artículos 63, 64 y 65 de la Constitución que en esencia obliga al Estado a definir el acceso a la tierra, a los que también les mamaron gallo. Otro ejemplo, como el anterior, nos permite ilustrar cómo operan las instituciones del Estado haciéndose las de la vista gorda con el interés de la sociedad en general.
En el Acuerdo de Paz sobre Reforma Rural Integral se pactó normalizar la vida laboral de los campesinos. En verdad no se necesitaba del pacto de La Habana para encauzar los derechos laborales de los trabajadores y campesinos colombianos; La Constitución en su artículo 53 obliga al Congreso a expedir el Estatuto del Trabajo, y desde hace 25 años le vienen mamando gallo a la norma.
Retomo la incertidumbre inicial de si estas instituciones son las adecuadas para garantizar lo pactado en Cuba y veo con preocupación la suspicacia política con que se examina el futuro de los acuerdos. Un ejemplo de ello es el cuestionamiento que el Vicepresidente Vargas Lleras le hace a la Justicia Especial de Paz, poniendo en entredicho el papel de las cortes versus los alcances del Tribunal de Paz, tema medular para la terminación del conflicto. La malpensada interpretación quiere sembrar dudas donde no las hay, además de provocar, desde las Cortes, animadversión a lo pactado.
La ‘No repetición‘ de las promesas incumplidas es un compromiso insoslayable si no queremos volver a los ciclos de violencia política que hoy superamos con el cese al fuego bilateral y definitivo con las FARC.
Por Humberto de la Calle. Foto: Reuters. Tomado de El Tiempo.- Reitero que el debate es conveniente y ojalá todos los colombianos intervengan a conciencia. Comenzando por el Vicepresidente, encuentro verdaderas equivocaciones en algunos comentarios sobre lo acordado en La Habana.
Me referiré únicamente a verdaderas afirmaciones equivocadas. Es decir, aseveraciones que contradicen de manera incontrastable el Acuerdo. Dejo de lado los temores y las sospechas.
El Vicepresidente afirma que la Jurisdicción Especial podría procesar a un empresario como financiador de la guerra “porque alguna vez tuvo que pagar una plata a un grupo armado”. Sugiere que la JEP procesa “a los responsables de las conductas criminales cometidas sistemáticamente, a los autores materiales de delitos atroces y de crímenes de lesa humanidad y a los grandes financiadores de los grupos armados”.
Pues el punto de partida es inexacto. Y lo que propone corresponde justamente a lo ya pactado.
Dice el Acuerdo: a quienes hayan incurrido en “las conductas de financiación o colaboración con los grupos paramilitares, que no sean resultado de coacciones, respecto de aquellas personas que tuvieron una participación determinante o habitual en la comisión de los crímenes competencia de esta jurisdicción, según lo establecido en el numeral 40”, se les aplicarán las mismas sanciones de restricción efectiva de la libertad previstas para guerrillas y agentes estatales.
El numeral 40 agrupa las conductas más graves, no amnistiables. Ellas son los delitos de lesa humanidad, el genocidio, los graves crímenes de guerra y algunas otras.
En cuanto a aquellos cuyo apoyo a los paramilitares no revista las características anteriores, como lo dijo la declaración formal del Gobierno publicada el 25 de mayo, la JEP “tendrá la función de resolver la situación jurídica de terceros cuando no hayan tenido una participación determinante en los delitos más graves y representativos. En estos casos la JEP podrá (…) renunciar a la persecución penal...”.
En conclusión, el Vicepresidente sugiere algo que ya fue pactado y hace afirmaciones sobre los terceros que no corresponden al lenguaje textual del Acuerdo.
María Isabel Rueda dice que se van a “congelar cerca de 10 millones de hectáreas productivas en un banco de tierras”. Alude a la inexistencia de un catastro y a una informalidad de un 48 %.
No es cierta la pretendida congelación. Ni tampoco la cifra. El Fondo de Tierras dispondrá de 3 millones de hectáreas durante 10 años. Sus principales fuentes serán la recuperación de tierras adquiridas de forma ilegal y otras fuentes, todas ellas con fundamento en herramientas existentes. No se habla de congelación en ningún caso.
En cuanto al catastro, precisamente se pactó la actualización del mismo, para lo cual el Gobierno viene tomando las medidas correspondientes. Y la formalización, con una meta de 7 millones de hectáreas, no depende del Fondo de Tierras. Es, de paso, la mejor demostración de que el Acuerdo es pro estabilización de la propiedad “con sujeción al ordenamiento constitucional y legal”. No tiene un ápice de estatización de la tierra.
En las Circunscripciones Especiales de Paz, afirma la misma distinguida periodista, “los partidos tradicionales tendrán territorio vedado”. No es cierto. Las circunscripciones ordinarias para Cámara no se afectaron. Esto es, los electores de una Circunscripción Especial votan normalmente por los candidatos ordinarios de acuerdo con el número de curules vigente. Lo que ocurre es que, en determinadas regiones golpeadas por el conflicto, se crean escaños adicionales transitorios, exclusivamente para los movimientos ciudadanos de ese territorio. Es elemental y obvio. Es para darles una representación adicional a esas zonas. De paso, no es cierto que las Farc vayan a ganar en todas esas circunscripciones. Esa afirmación no corresponde a la estadística electoral.
Estas son solo algunas muestras de imprecisiones que era preciso aclarar. Reitero que el debate es conveniente y ojalá todos los colombianos intervengan a conciencia.
Por Amylkar Acosta.-Con la firma del Acuerdo final en La habana el pasado 24 de este mes, los colombianos empezamos a sintonizarnos con el futuro que nos habrá de deparar, estamos ahora en modo paz. Resultó providencial que la fecha de la realización de la Cumbre do Gobernadores coincidiera con el Día después de este magno acontecimiento. Al decir de Federico Engels, hay años en los que sólo transcurren días de historia y hay días en los que transcurren años de historia, estos últimos días han sido de esos cargados de años de historia. Cómo no evocar en este momento las palabras con las que concluyó su discurso de posesión el ex presidente Cesar Gaviria el 7 de agosto de 1990: “colombianos y colombianas bienvenido(a)s al futuro”!
Con la firma del Acuerdo final el día de ayer concluyen las negociaciones que se prolongaron por espacio de tres años y medio, para dejar atrás más de 52 años de confrontación armada por la que el país nacional ha pagado un alto precio en vidas humanas. Firmado este Acuerdo, gramaticalmente no estamos hablando de un punto seguido, ni siquiera de un punto aparte, sino de un punto final a la pesadilla en que se les convirtió esta guerra a los colombianos, que sin distingo de raza, credo o religión la hemos padecido, directa o indirectamente.
Bien dice Adriana La Rota que “con todo lo que abominamos esta guerra, nos cuesta trabajo imaginarnos vivir sin ella…Frente a la disyuntiva de un pasado horrendo pero conocido y un futuro incierto que exigirá algo nuevo de cada uno de nosotros, el miedo está jugando un papel. Entendamos eso y no dejemos que sea el miedo el que tome la decisión”. Es entendible, entonces, que no sean pocos quienes, como en la Ley de la atracción, se aferran al pasado como el náufrago al madero y prefieran seguir llorando sobre la sangre inútilmente derramada.
Ya que se nos abre la oportunidad de escapar de esa realidad pavorosa que fue (¡qué lindo pretérito!) la guerra con las FARC miremos fijamente a ese horizonte promisorio que nos invita a desbrozar nuevos caminos de paz y esperanza, en lugar de seguir mirando hacia atrás, no vaya a ser que se repita el pasaje bíblico en que la mujer de Lot por hacerlo terminó convertida en estatua de sal. Con este Acuerdo, como lo afirmó en su discurso de posesión el Presidente Santos el 7 de agosto de 2010, se sentarán “las bases de una verdadera reconciliación entre los colombianos”. Se lo propuso el Presidente Santos, insistió, resistió y persistió, se jugó todo su capital político para lograr este Acuerdo y lo logró, para beneficio de todo(a)s lo(a)s colombiano(a)s. Definitivamente, quien persevera alcanza. La paz que ahora nos disponemos a construir se fundamentará en la verdad, la justicia y la reparación, que son la piedra miliar de una paz estable y duradera, que es a la que aspiramos, no nos transamos por menos.
No obstante, como lo afirma magistralmente el escritor William Ospina “al final de las guerras, cuando estas se resuelven por el diálogo, hay un momento en que se alza el coro de los vengadores que rechaza el perdón, que reclama justicia. Pero los dioses de la justicia tenían que estar al comienzo para impedir la guerra. Cuando aparecen al final, sólo llegan para impedir la paz. Después de una guerra de 50 años, es tarde para los tribunales”. Qué le vamos a hacer. La Justicia que esperan las víctimas, además de conocer la verdad sobre la suerte de sus seres queridos, unos muertos y otros desaparecidos, es su atención y reparación, más que la severidad de las penas a sus victimarios, que poco o nada contribuyen a ello.
El Sumo Pontífice Pablo VI dijo en la Encíclica Populorum Progressio que “el desarrollo es el nuevo nombre de la paz”. Por su parte el Papa Juan Pablo II afirmó acertadamente “que nadie se haga ilusiones de que la simple ausencia de guerra, aún siendo deseada, sea sinónimo de una paz verdadera. No hay verdadera paz sino viene acompañada de equidad, verdad, justicia y solidaridad”. Están en lo cierto y esa es la importancia que reviste el Acuerdo suscrito: abre las posibilidades para la más profunda transformación política, económica, social y ambiental de nuestro país.
Saludamos el advenimiento de este nuevo escenario, el del post-acuerdo, que deberá pasar primero por el cedazo de la refrendación popular del Acuerdo final a través del Plebiscito próximo a convocarse, en el que, como lo sostiene el Padre Francisco de Roux, “lo que está en juego no es el futuro del Presidente Santos, ni el futuro político del ex presidente Uribe, ni el futuro del ELN, ni el futuro de las FARC, sino la posibilidad de que podamos vivir como seres humanos”. A quienes recurren al retruécano con el que se pretende confundir a los incautos al no poder convencerlos “decir sí a la paz es votar no al Plebiscito” respondámosle con la coherencia: “decir sí a la paz es decir sí al Plebiscito. Y una reflexión final: para alcanzar la paz no basta con desarmar a las FARC también hay que desarmar los espíritus y, algo muy importante, desengatillar la lengua, que siempre habla de lo que abunda en el corazón!
Bogotá, agosto 27 de 2016
www.fnd.org.co
Por Iván Diaz Mateus.-En el artículo anterior, mal titulado por cierto, examinamos algunos aspectos de la ideología Conservadora y nos comprometimos a continuar esta línea de debate sobre el Plebiscito a los acuerdos con la Farc.
Edmund Burke, filósofo conservador en la Inglaterra del siglo XVII, definió los partidos políticos como: “un grupo de hombres unidos para promover el interés nacional mediante acciones conjuntas sobre la base de algún principio determinado en el que todos están de acuerdo”, no creemos que ningún partido serio escape a esta precisa interpretación y menos que la coyuntura actual no sea la propicia para pensar en ese sentido, ya que la responsabilidad de las colectividades frente a lo que está por decidirse es inexcusable y debe afrontarse con claridad y coherencia.
La Corte Constitucional al ocuparse del examen a la Ley estatutaria que regula el plebiscito a los acuerdos con las FARC, dijo que el Acuerdo Final es: “…la definición de una política pública de un proceso de negociación entre el Gobierno y un grupo armado ilegal, lo cual dista de ser un articulado concreto.”, en otras palabras el acuerdo final no necesariamente es la concreción de hechos (dejación de armas, desmovilización, reinserción, etc.), es, según lo precisado, el convenio sobre el modo, sobre la forma para llegar a esos fines y nada más. Eso es lo que ha presentado el miércoles pasado el Gobierno en conjunto con las Farc, una clara intención de paz y la forma como se llegará definitivamente a ella.
Sabemos que la mayoría tiene una inquietud fundamental: ¿Qué es lo que aprobaremos o dejaremos de aprobar con nuestro voto, el próximo mes de Octubre?, la respuesta es: aprobaremos o improbaremos los acuerdos sobre el camino para llegar a la paz.
A renglón seguido nos cuestionamos, ¿qué sucede si gana el SI al plebiscito?, si gana el SI al plebiscito el presidente queda habilitado legal, constitucional y políticamente para implementar dichos acuerdos, es decir tomar las decisiones de su competencia para hacer realidad lo pactado o presentar al Congreso las reformas necesarias con el mismo fin. En sentido contrario, si el plebiscito pierde, o sea gana el NO, simplemente el presidente no estará habilitado para continuar el proceso.
También ha dicho la Corte Constitucional que los acuerdos deben ser publicitados ya que según la sentencia: “…por medio de esa información las personas podrán conocer de manera suficiente lo relacionado con las condiciones negociadas entre el Gobierno y el grupo armado ilegal y con base en ello decidirán libremente si apoyan o no la decisión política del Presidente vinculada al Acuerdo Final”.
En resumen, nuestro Partido, una vez tenga claro el contenido de los acuerdos, que son la hoja de ruta para llegar a la paz, deberá definir si invita a sus militantes a apoyar con el SI la continuidad de los mismos, o con el NO el final de ellos. En cualquier caso todos y cada uno de nosotros podrá definir libremente que hacer. Pero un Partido de la trascendencia nuestra no habrá de quedarse en silencio. En ese contexto intentaremos en la próxima oportunidad resumir con la mayor precisión posible qué fue lo que se acordó y así seguiremos consolidando las bases para pensar, lo que debemos hacer los Conservadores.
Por María Victoria Llorente.- Tomado del NY Times en Español. Después de cuatro años de deliberaciones en La Habana, Cuba, finalmente se logró un acuerdo para que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), la guerrilla de izquierda más antigua del hemisferio occidental y la más desafiante para el Estado colombiano, deponga sus armas y se transforme en una organización política. El desafío ahora es que el acuerdo final de paz no se vuelva rehén de las mezquindades políticas partidarias y personales, y se convierta en un logro del conjunto de la sociedad colombiana, que debe apropiarse de él.
Para que este acuerdo se legitime, las partes decidieron llevar a cabo un plebiscito en el que los colombianos deben decir sí o no a la totalidad de lo pactado. Esta votación se hará el 2 de octubre y, según el resultado, será el punto de partida para implementar el acuerdo, o significará el fracaso de la negociación.
Lo que sigue ahora es la disputa para refrendar la paz, que enfrenta un serio problema: la creciente identificación del acuerdo de paz con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. En los últimos cuatro años, las negociaciones en La Habana se convirtieron en el centro de gravedad de la casa presidencial y, a su vez, en el campo de batalla de la oposición política de derecha encabezada por el expresidente Álvaro Uribe, ahora un influyente senador por el Centro Democrático. Esta confrontación se agudizará aún más durante la campaña por el plebiscito. El tono beligerante del debate ha impedido una reflexión serena y constructiva sobre los desafíos y las oportunidades que representa la paz para el futuro de Colombia.
La identificación del proceso de paz con el presidente Santos y su gobierno es problemática por varias razones. Por un lado, se ha generado una relación de doble vía muy perversa entre la impopularidad del gobierno (que actualmente ronda el 65 por ciento) y la desaprobación de los colombianos frente al proceso de paz (que está alrededor del 50 por ciento). La ecuación es simple: la mala imagen del gobierno empaña la percepción de la población sobre este proceso, y los obstáculos que surgieron durante la negociación aumentaron la impopularidad del gobierno. Como consecuencia, la oposición y Uribe han enfocado la campaña por el no en la impopularidad de Santos. Uno de los principales argumentos es que la aprobación del acuerdo —que prevé la desmovilización y una amnistía amplia para la mayoría de los 8000 combatientes de las Farc— generaría una grave impunidad para los perpetradores de crímenes que han causado enorme daño a la sociedad colombiana. Agitando esa amenaza, los sectores hostiles a lo pactado han llegado a tergiversar posiciones del gobierno en temas de política económica, educación, seguridad y justicia.
Lo que la oposición no dice es que si gana el no, los colombianos perderíamos la oportunidad más concreta de poner fin a este conflicto armado que ha frustrado el desarrollo del país, y nos ha anclado a odios y luchas que pertenecen al pasado.
La polarización asfixia la posibilidad de un debate más fértil sobre las agendas de la transición y de construcción de paz. Esto, por supuesto, no se da en el vacío sino en una sociedad fragmentada. Décadas de violencia han sido un obstáculo para lograr consensos sobre temas fundamentales como la democracia, la descentralización, los modelos de desarrollo territorial y la inclusión social y económica.
En este momento los colombianos nos encontramos atrapados en un ajedrez político donde el gobierno y la oposición defienden pragmáticamente sus intereses.
Con mayor frecuencia vemos cómo distintos grupos de interés intentan chantajear al gobierno diciendo que votarán por el no a los acuerdos de paz a menos que se adopten determinadas políticas o se cumplan compromisos adquiridos en el pasado. En un ejemplo caricaturesco de cómo opera esta conducta centrada en el interés particular, el gremio de taxistas anunció que apoyará el no para cobrarle al gobierno el que no haya prohibido el servicio de Uber como, según dicen sus líderes, lo había prometido el presidente Santos en su campaña electoral hace dos años. Y no es el único.
Este tipo de actitudes alimentan la polarización reinante. Pero no hay que olvidar que la paz que derivará de los acuerdos no es del gobierno ni de las Farc, sino de toda la sociedad colombiana.
Sin duda, la culminación de las negociaciones de paz genera un escenario de esperanza. Debemos respaldarlo. Pero para garantizar su éxito hay que hacer comprender a los colombianos que la paz es una ventana histórica para unirnos en torno a las agendas que transformen las condiciones responsables de la reproducción de la violencia política en el país.
Y para ello es indispensable impulsar de manera inmediata una estrategia que separe al plebiscito del debate sobre el éxito o el fracaso del gobierno de Santos para que los colombianos comprendan que la paz —o la guerra— está en sus manos. ¿Cómo se logra esto? Un primer paso es comprometer a diversos movimientos de la sociedad civil, como plataformas empresariales, grupos estudiantiles y de jóvenes y colectivos de artistas, entre otros, en una campaña para debatir las oportunidades que ofrece la paz para impulsar el bienestar del país. Estamos ante una coyuntura decisiva que nos ofrece la posibilidad de dejar de soñar con la paz para convertirla en una realidad. Y tal vez sea nuestra última oportunidad para hacerlo.
Por: Jorge Enrique Robledo. El acuerdo final suscrito entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc es fundamentalmente positivo, de lejos y principalmente, para el futuro de los colombianos, que así disfrutaremos de por lo menos dos cambios de gran importancia que nadie puede negar.
El primero, las armas de las Farc les serán entregadas, con plazos cortos, acordados y conocidos, a los representantes del Consejo de Seguridad de la ONU –las principales potencias militares del mundo–, para que estos procedan a inventariarlas y destruirlas. Y el segundo, más importante aún –porque las armas no se disparan solas, solo se usan si hay la voluntad de hacerlo–, que las Farc renuncian a su decisión equivocada de medio siglo de hacer política a bala y se someten al imperio de la Constitución y las leyes de la República.
Tampoco es menor la importancia política de un pacto que en la práctica concluye que la existencia de un régimen económica, social y políticamente inicuo, como el de antes y el ahora, no explica ni justifica de manera automática buscar cambiarlo con las armas en la mano. Afortunadamente para los colombianos, la vida confirmó que Clausewitz tenía razón cuando dijo que la guerra constituye una decisión política, la cual, en circunstancias iguales, puede tomarse o no y también puede cambiarse, como en efecto está sucediendo.
Hasta aquí los que a mi juicio son argumentos suficientes para votar Sí en el plebiscito del 2 de octubre. ¿Qué decir de las críticas a los acuerdos?
Es cierto que luego del reintegro de las Farc a la vida civil, Colombia seguirá siendo muy semejante a lo que hoy vemos, con sus problemas y lacras de todos los tipos. Tan parecida será que continuarán gobernando Santos y la Unidad Nacional con sus políticas retardatarias. Pero de esta verdad, que no apunta a rechazar el acuerdo del proceso de paz, no puede deducirse que sea mejor que continúe una lucha armada que nada positivo le ha producido al país. Y en cambio sí puede probarse que el fin de la confrontación bélica mejorará las condiciones para que avancen las luchas democráticas sociales y políticas, capaces, esas sí, de lograr las transformaciones que el país necesita.
Y en relación con los aspectos que no se compartan de los acuerdos de La Habana, si estos se comparan con las indiscutibles ganancias de ponerle fin a esta violencia, hay que concluir que es mejor desarmar a las Farc que no desarmarlas. Hizo falta, por ejemplo, que estas reconocieran como un grave error de siempre el alzamiento armado y que, en consecuencia, le pidieran perdón a la Nación como un todo. Tampoco acierta la forma como se diseñó su llegada al Congreso –cuya presencia no objeto– y que por razones del umbral amenaza con sacar de la Cámara y del Senado al Polo y a otras fuerzas que nos hemos opuesto, dentro de la legalidad y sin mermelada, a un régimen inicuo. Pero que quede claro que estas anotaciones no revocan la certeza de que lo que más nos conviene a todos los colombianos es que el Sí gane el plebiscito.
Además de ser mejor desmovilizar inmediatamente a las Farc que no hacerlo, el triunfo del No puede llevar a situaciones bastante más negativas de lo que afirman sus promotores. Si gana el No, dicen, las Farc seguirán sin usar sus fusiles, se les impondrá con rapidez un acuerdo “mejor”, se firmará una nueva paz y sanseacabó. ¿Y si eso no sucede? Porque también puede ocurrir que la enorme e indeseable incertidumbre que se generaría termine en que el llamado acuerdo “mejor” no logre darse y en que el país regrese a situaciones que el pacto suscrito nos da la certeza de que no se repetirán. Con mucha frecuencia, lo que se considera mejor es enemigo de lo bueno. Cómo resulta hoy de cierto que más vale pájaro en mano que ciento volando.
Por Gabriel Ortiz.-Esta semana se juntaron lágrimas de alegría y dolor. Las que despejan el panorama colombiano al lograrse la paz y esas que derraman los enemigos del proceso, ante la actuación de la justicia, tanto en el país como en el exterior.
Los acuerdos de La Habana esfuman la borrasca que durante 60 años ha azotado a una nación, a varias generaciones y al optimismo de millones de compatriotas, cuya vida no valía nada. Valioso aporte de Santos a un país agónico.
La creciente población de viudas, huérfanos, dolientes, secuestrados, despojados, desplazados y extorsionados llegó a su fin con la firma de los acuerdos que muchos atacan porque ven esfumar sus privilegios, negociados, fácil enriquecimiento, acomodo político, chantajes y libertad para usufructuar una prosperidad mal habida.
Nadie perdió tras 4 y medio años de lucha dialogada, porque al final todos ganamos una nueva patria, un nuevo derrotero vigilado por nosotros, por la Onu, El Vaticano, el concierto de las naciones y el orbe en general. Quedarán disidencias de las Farc; el ELN, los paras, las bacrim y la delincuencia común, que al final: entrarán por las sendas de la razón.
Estamos asistiendo a una paz posiblemente imperfecta -porque no existe nada perfecto-, pero mejor que una guerra perfecta, como lo expresó Enrique Santos Calderón, artífice de este triunfo de los colombianos.
Viene ahora la verdadera reconciliación que nos garantice la fórmula magistral de admitir a seis asistentes con voz, pero sin voto en el parlamento, la aprobación de un plebiscito sin hombres armados, los asentamientos de excombatientes, unas Farc como partido político y el respeto a la vida de quienes hoy abandonan el conflicto.
Habremos de asumir costos, entre ellos el económico, que como lo afirmó en su última columna Rudolf Homes, lleva a mucha gente a decir que no va haber plata para la paz, mientras nunca preguntó si había plata para la guerra.
Para fortuna de Colombia, de los colombianos y del mundo sensato, las lágrimas se alejan, porque desaparece una guerra que creíamos interminable y se nos abre el panorama hacia un país distinto, con justicia social, próspero, sin corrupción, sin paros dirigidos, amable, respetuoso, cálido y sin odio. ¡A votar por el Sí! El panorama está despejado.
BLANCO: El admirable grupo negociador de La Habana, con De la Calle a la cabeza y la batuta de Santos.
NEGRO: ¿Metro Elevado? Inverosímil.
