Opinión

Por AmylkarD.Acosta.-En Colombia el abandono del campo es proverbial, ni la economía campesina ni la agroindustria han podido pelechar, de allí que históricamente casi siempre ha crecido por debajo de la economía y la ausencia del Estado ha permitido que los ilegales copen ese vacío e impongan su ley, ya sea por la fuerza o a través de la cooptación. El fenómeno de descampesinización en Colombia no tiene nada que ver con los procesos que registra la historia como etapa embrionaria del desarrollo del capitalismo clásico, entre otras cosas porque en Colombia el desarrollo del capitalismo fue tardío y deforme. La gran diferencia entre lo acecido en Colombia y en los países desarrollados es que en estos el desplazamiento de los campesinos a las ciudades obedeció a su industrialización, mientras tanto en nuestro país se ha producido un virtual vaciamiento del campo por cuenta de la pobreza y la violencia que los confina o expulsa hacia los cinturones de miseria de las ciudades.

En el campo se concentra la pobreza, el analfabetismo, el desempleo y la exclusión social, principales lacras de la sociedad colombiana, una de las más desiguales del mundo. Colombia en los últimos años ha avanzado en la superación de la pobreza, aunque esta sigue siendo mucho mayor en el campo (13´121.000 siguen en la pobreza extrema), pero no en lo atinente a la desigualdad que, por el contrario, se acentúa. Basta con decir que el Gini rural pasó de 0.74 a 0.88 y no es para menos habida cuenta que el 77% de la tierra la acapara el 13% de los propietarios, al tiempo que el 36% de estos poseen el 30% de la tierra.

El campo colombiano no se reduce a la agricultura y a la ganadería, afectadas hace muchos años por el raquitismo, sobre todo desde la apertura atolondrada hacia adentro decretada en 1991. Es muy diciente que, como lo afirma el experto Juan José Perfetti, “en Colombia desde el año 2005 la producción agrícola total se mantiene alrededor de los 25 millones de toneladas”. Resulta patético comprobar que teniendo 7 millones de hectáreas aptas para el cultivo de maíz, arroz y soya a 480 kilómetros de Bogotá, estemos importando más de 10 millones de toneladas de granos y aceites desde Argentina que dista 10.700 kilómetros de Bogotá, de Brasil que está a 9.000 kilómetros o de Iowa (EEUU) a 6.500 kilómetros. Y ello pasa, sencillamente, porque en otras latitudes el agricultor y la agricultura cuentan con el apoyo y el estímulo por parte del Estado con los que no cuenta el campo colombiano.

El Informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que tuvo como Director académico al reputado profesor Absalón Machado, fue muy  descarnado en su diagnóstico: “Colombia es más rural de lo que se cree, pero cuenta hoy con más hectáreas en minería que en producción de alimentos. El Gobierno firma tratados y asociaciones de libre comercio y crea incentivos para el empresariado agroindustrial pero, con honrosas excepciones, el desempeño productivo agropecuario deja mucho qué desear. Entre tanto, sectores de pequeños y medianos campesinos esperan del Estado medidas de más envergadura para evitar que sus economías desaparezcan o queden reducidas apenas a medios de sobrevivencia”.

Pero, preocupa aún más la constatación de que no obstante “la mayor vulnerabilidad de los pobladores rurales…la institucionalidad estatal para atenderlos se ha debilitado o desaparecido y las coberturas en la provisión de bienes y servicios públicos (educación, agua potable, infraestructura, salud, saneamiento básico, asistencia técnica, etcétera) no se comparan con el peso de las estrategias y programas de subsidios sectoriales que en la práctica benefician a quienes tienen más capacidades y recursos”. Así es como se difumina el Estado, cuando no es que reduce a su función a servir de gendarme, lo cual ha llevado a los campesinos a percibir el conflicto armado que padecen como una guerra ajena a ellos, que son quienes sirven de carne de cañón, ya sea como conscriptos o como proscritos. 

Enhorabuena tres años después del Informe del PNUD se dieron a conocer los resultados de la Misión para la transformación del Campo, bajo la batuta del ex ministro de Hacienda José Antonio Ocampo, con miras a “saldar la deuda histórica con el campo” colombiano. Esta Misión vino a llenar un vacío, el de la falta de una Política de Estado tendiente a sacar al campo y a los campesinos de su postración inveterada, generando condiciones de protección, inclusión y cohesión social, elementos esenciales para construir una paz estable y duradera. Su objetivo es claro, se trata de “garantizar oportunidades económicas y derechos económicos, sociales y culturales a nuestros habitantes rurales” y a quienes retornen añadiríamos nosotros, “para que tengan la opción de vivir la vida digna que quieren y valoran”, reconstruyendo el tejido social desgarrado por la violencia despiadada que los ha escarnecido. Esta es una asignatura pendiente del Estado colombiano. 

Bogotá, mayo 15 de 2016

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Por Héctor Abad Faciolince.-Debe haber una doble resistencia civil: la ya convocada por Uribe contra el acuerdo, y otra convocada por quienes hemos sido víctimas de este conflicto, a favor del acuerdo.

Aunque parezca un trabalenguas, es claro: hay quienes están en desacuerdo con el acuerdo (Uribe y sus seguidores), y quienes estamos de acuerdo con el acuerdo: muchos de los que hemos sido víctimas de este conflicto de medio siglo y no lo queremos seguir sufriendo. Unos resistirán en contra del acuerdo; otros resistiremos a favor del acuerdo.

Íngrid Betancourt fue víctima de las Farc y está a favor del acuerdo; numerosas víctimas de la guerrilla o de los paramilitares están a favor del acuerdo. En esa unión de las víctimas de las Farc, de los paramilitares, y a veces del Estado, en esa unión de muchos, es donde está nuestra fuerza. Una fuerza serena que debe resistir contra aquellos que quieren volver a las soluciones de fuerza, a la solución militar, que nos llevaría a medio siglo más de conflicto.

Por lo tanto: debemos hacer nuestra propia resistencia civil a favor del acuerdo, en contra de esa otra resistencia civil (y legítima) que se opone al acuerdo. Dos resistencias civiles no se golpean, no se insultan, no se matan: se confrontan, discuten, y finalmente votan pacíficamente. Eso se llama democracia. Y si la resistencia civil contra el acuerdo de paz gana, nosotros aceptaremos pacíficamente su victoria, aunque pensemos que están equivocados. Y si nosotros ganamos, ellos deben aceptar pacíficamente nuestra victoria, así piensen que estamos equivocados. Y si ellos ganan, gobernarán los que están en contra del acuerdo de paz. Y si nosotros ganamos, gobernarán los que estamos a favor del acuerdo de paz.

Ellos (los de la resistencia civil contra el acuerdo) están diciendo que si se firma el acuerdo de paz vendrá el socialismo a Colombia. Nosotros decimos que si se firma el acuerdo habrá un nuevo movimiento político (el de las Farc) que busca sin armas el socialismo, y que en una democracia todos pueden proponer sus ideas. Que no se puede prohibir que se proponga el socialismo como sistema ideal de gobierno. Otra cosa es que votemos por ese sistema, o que pensemos que su socialismo (bolivariano) es bueno. La resistencia civil a la que convoco no está de acuerdo con ese tipo de socialismo, pero sí con que ese tipo de socialismo se pueda proponer sin armas y que la gente pueda votar, o no, por esa propuesta.

La resistencia civil a la que convoco es en contra de los que quieren que siga la lucha armada. Queremos discusión de ideas en paz; queremos que las Farc propongan su socialismo (así sea un error, así haya demostrado su fracaso en Venezuela) en paz; queremos que el uribismo proponga en paz su país de terratenientes, agroindustrias y empresa privada. Si todos proponen sus ideas en paz, la gente votará (en paz) por lo que mejor le parezca.

Tenemos que resistirnos a que los que se resisten a la paz por miedo a que las Farc propongan el socialismo. Que propongan eso si quieren, pero en paz. Las Farc van a perder, serán una minoría, pero una minoría obligada a ser pacífica, una minoría que no dispara ni secuestra ni trafica. Y también la resistencia civil de Uribe y sus seguidores tendrá que ser pacífica, no una resistencia que financie grupos armados de supuesta “autodefensa”, usados para el ataque.

De este modo, con muchos movimientos civiles y pacíficos de resistencia, crearemos una democracia real. Bienvenida la resistencia civil de la derecha. Bienvenida la resistencia civil de la izquierda. Yo convoco a una resistencia civil pacífica del verdadero centro democrático: la nuestra, la de las víctimas que no queremos más conflicto, sino paz para dirimir los desacuerdos con argumentos y sin violencia.

Por Edward Rodríguez.-En los últimos años  las ciudades han vivido un cambio, no por los retos que ofrece la  modernidad, sino por el comportamiento de sus ciudadanos que han visto como los problemas de movilidad, la toma de los espacios públicos, la indigencia y el vandalismo amenaza la convivencia pacífica en las grandes urbes.

Es fácil recordar cuando se iba a los estadios en las tardes de domingo y durante las noches para arengar a los equipos, se iba en familia y se disfrutaba incluso hablando y compartiendo mientras se hacía fila para acceder a los eventos. Todo esto cambió con los años y comenzó a tornarse violento, cuando surgieron los antagonismos entre las barras, al punto que se llegó a la agresión y hasta el linchamiento por el solo hecho de vestir una camiseta o llevar el distintivo del equipo preferido. El vandalismo comenzó a hacer presencia y se empezó a hablar de apuñalados y muertos en los escenarios deportivos.

Las autoridades bajaron la guardia y las libertades se dejaron ganar el puesto por el libertinaje, la incultura y la grosería que comenzó a campear en todos los espacios. Incluso muchos de estos, se convirtieron en verdaderos fumaderos y expendios de droga y alrededor de estos sitios de esparcimiento comenzaron a pulular las bandas y pandillas que de inofensivas, pasaron a ser  las auspiciadoras del desorden y del delito.

Es la realidad de una nueva época donde el vandalismo hace de las suyas en medio de una ciudadanía que se volvió permisiva y perdió ante los antivalores que hoy han sepultado las mínimas normas de urbanidad, por eso ya se convirtió en un lugar común decir que no existe respeto por los bienes públicos, los monumentos y lugares históricos que se han convertido en los orinales públicos y en los fumaderos y lugares para ventilar vicios, hoy las plazoletas históricas lucen destruidas, decrepitas y olorosas.

La cultura ciudadana que el alcalde Antanas Mockus nos imprimió y que llegó a ser ejemplo en las grandes capitales del país y por la cual volvieron a lucir las buenas maneras y la ciudadanía sentía seguridad, fueron dejadas atrás y las modas violentas han vuelto a reinar en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali por nombrar apenas unas pocas, donde la violencia se tomó las calles y las basuras y el desorden son la impronta.

Todo este desajuste social nos llevó a presentar un proyecto de ley al Congreso, para devolverle la tranquilidad a los ciudadanos y regresar a la cultura ciudadana, que nos permitió vivir momentos de seguridad, donde la cultura estaba por encima de ese pensamiento que ha tomado vida y que se ha vuelto el azote de la convivencia, “El todo Vale” y la cultura  del dinero fácil, que no puede seguir dirigiendo el futuro de nuestra sociedad.

Llegó el momento de ponerle orden a las ciudades y aunque algunos discrepen, esto solo se puede alcanzar a través de imponer castigos, multas pecuniarias y cárcel para los infractores, todo esto acompañado de políticas públicas de prevención del delito a través de propuestas culturales que permitan restituir el orden perdido.

El irrespeto por el peatón a la hora de pasar una calle, el desconocimiento de las cebras, los semáforos convertidos en lugares de venta y proclives para el asalto. Hay medidas y el Congreso tiene la palabra, pero no ha querido debatir los proyectos que podrían ponerle coto situaciones que poco a poco nos llevan a la anarquía.  

Uno se pregunta si al Gobierno  nacional y distrital no le causa ningún resquemor que los jóvenes se sigan hundiendo en el submundo de las drogas y el vandalismo a diario se salta las normas de convivencia y se siguen colando más de 200.000 personas en el transporte público, mientras las riñas y los atracos a diario se ensañan con las ciudades.  

Coletilla.

Mientras el Gobierno sigue enfrascado en los diálogos de la Habana, las ciudades continúan siendo presas de la delincuencia y el vandalismo, una problemática que no da espera y que debe ser enfrentada para devolverle la seguridad a las personas de bien, que siguen siendo la mayoría de los colombianos.

Por Gabriel Ortiz.- La Resistencia civil, el desorden o la desobediencia, se sabe dónde empiezan, pero nunca cómo terminan. La democracia, más en un país como Colombia, las permiten y las catalogan como un derecho ciudadano. Hay que defenderlas, hasta cuando los líderes que las propician son incapaces de manejarlas.

Por ello es tan peligrosa la pretensión del ex presidente Uribe de atacar de nuevo la paz y la concordia. Esto suele ocurrir en esas épocas de fases selenitas cuando afloran y se apoderan de él, defectos de personalidad dominantes, como la ira y la venganza. Esos mismos fantasmas lo conducen a difundir acusaciones sin soporte o prueba alguna, como ocurrió con los 12 millones de dólares. O cuando sueña haber tenido la fórmula para evitar el caso Nicaragua, siendo él culpable por no haber escuchado las valiosísimas tesis del ex presidente López, que dejaban por el suelo las pretensiones de Ortega.

Sus nuevas elucubraciones lo llevan ahora, a boicotear un proceso que nos puede conducir a la tranquilidad y al progreso.

Su seguridad democrática fracasó, como muchas de sus iniciativas que tanto defiende y con las que engaña a sus seguidores. Su dudoso paso por la Aerocivil, sus convivir, su ley cien, las chuzadas, falsos positivos, yidispolítica, Reficar, corrupción, etc.

El jefe del Uribismo, no sale de la cacareada afirmación de que Santos le entregará el país “a la Far”. Que habrá impunidad y que el narcotráfico se convertirá en delito político. Son muchas las cosas que dice y no puede probar, porque no están en la agenda de La Habana.

Se declara un “honorable total”, un hombre ecuánime, que ha actuado conforme a la ley, pero tampoco aporta pruebas.

Su objetivo con la resistencia civil, es torpedear el Plebiscito y convocar concentraciones contra este mecanismo. Sus marchas quedaron desacreditadas el 2 de abril, aunque exalta el orden y la no utilización de grafitis en ellas. Eran tan pocos que no hubo manera de desordenar nada.

Cuánta sangre necesitará el ex presidente para entender que la paz del mundo moderno, no se logra a plomo, por ello no la obtuvo durante sus dos períodos. Parece que solo la apoyará bajo sus condiciones: muerte, secuestro, mentira, extorsión, paras y apóstoles.

BLANCO: Por fin Santos respaldó a Cristina Plazas en el ICBF, pese a las protestas de los políticos corruptos.

NEGRO: El nuevo desplante a los pensionados.

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Por Jorge Gómez Pinilla.- Con Mauricio Vargas Linares hubo un primer asomo de extrañeza cuando el 27 de febrero pasado escribió una columna titulada ‘Justicia para todos’, donde luego de un sesgado recuento de hechos concluía que los delitos cometidos durante el gobierno de Álvaro Uribe –y los delincuentes que los cometieron- debían quedar cobijados por la justicia transicional que comenzará a aplicarse a los guerrilleros de las FARC tras su incorporación a la vida civil. (Ver columna).

Oportunismo rastrero, pensé, pero de la extrañeza pasé al asombro cuando soltó una perla en la que descargó la culpa de las chuzadas del DAS sobre los mismos magistrados víctimas del espionaje, y de paso las justificó en el contexto de la lucha contra la guerrilla: “lo que lleva al gobierno de Uribe a hacerles seguimientos a los magistrados es el hecho probado de que algunos estaban en contacto con conocidos testaferros del narcotráfico, fenómeno que hace parte integral del conflicto armado que la mesa de La Habana intenta acabar”. A continuación se refirió a las dádivas entregadas a Yidis Medina para favorecer la reelección de Uribe, y le parecieron “un juego de niños” al lado de la ‘mermelada’ con la que el actual gobierno conquista a congresistas para la aprobación de sus proyectos, como si la mermelada de Santos estuviera forzando algún atropello contra la Constitución.

Tuve la impresión de que el escribiente le estaba haciendo el mandado a algún uribista emproblemado, y recordé que Mauricio Vargas y Diego Palacio eran muy amigos desde que este trabajó para El Tiempo, y bastó juntar los dos nombres en el omnisapiente Google para encontrar una columna anterior titulada ‘La Corte que se torció’, donde ejerce una juiciosa defensa –casi de oficio- del exministro de Protección Social de Uribe, Diego Palacio, condenado precisamente por las dádivas entregadas a Yidis...

A calzón quitado, el efímero ministro de Comunicaciones de César Gaviria sostiene sin ruborizarse que Diego Palacio está preso porque “la Corte Suprema de Justicia tomó la decisión de apartarse del ordenamiento jurídico para activar una vendetta política y personal en contra del presidente Álvaro Uribe y de sus principales colaboradores”. Y para que no quede duda de quién es su defendido, a renglón seguido asegura que “el asunto ha quedado en evidencia en una tutela interpuesta por Diego Palacio (…) para tratar de tumbar la condena que pesa sobre él por el caso de la ‘Yidispolítica’.

Mauricio Vargas está en su derecho de salir en defensa de un amigo, ni más faltaba, pero a eso en el argot periodístico se le llama hacerle un mandado a alguien. Ahora bien, del asombro se pasa al estupor cuando en su columna del domingo pasado, titulada ‘Serpa y el armadillo’, enfila baterías contra la posibilidad de que el exministro de Justicia Yesid Reyes pueda ser escogido como el próximo Fiscal General de la Nación, y con tal objetivo cae en la bajeza de dibujarlo como un títere de Horacio Serpa, a quien según Vargas le convendría ponerle en ese cargo “para que evite el avance del proceso por el asesinato de Álvaro Gómez en el que algunos testigos del mundo del narcotráfico le han atribuido una participación”.

Al margen de una protuberante inexactitud, pues ese proceso no reposa en la Fiscalía sino en la Corte Suprema de Justicia, ese mismo día Antonio Caballero opinaba muy diferente sobre Yesid Reyes: “un respetado jurista y un hombre decente y de carácter, a quien todo el mundo colma de elogios tanto en lo profesional como en lo personal, y que carece de intereses económicos y de ambiciones políticas” (ver columna).

Lo lamentable es ver a un colega columnista acudiendo a la perversa táctica uribista de encochinar a un candidato a la Fiscalía para impulsar a otro, en este caso a Néstor Humberto Martínez, y destilando la misma ‘mala leche’ de la también uribista María Isabel Rueda al hacer sinuosas sindicaciones de tipo penal contra Horacio Serpa, basado en la declaración trasnochada de un mafioso que según la revista Semana “¡Está loco!” (ver artículo).

Decía George Orwell que “periodismo es publicar lo que alguien no quiere que publiques, todo lo demás es relaciones públicas”. En el caso que nos ocupa Mauricio Vargas está haciendo relaciones públicas a favor del candidato que Álvaro Uribe quiere de Fiscal, del mismo modo que en noviembre de 2014 la señora Rueda hacía relaciones públicas a favor de la tesis según la cual Samper y Serpa habían mandado matar a Álvaro Gómez. Tesis que hoy desvirtúa hasta el más poderoso enemigo que tuvo Ernesto Samper, el entonces embajador de EE UU en Colombia, Myles Frechette, sin duda el hombre mejor informado que hubo sobre su gobierno.

La misión más sagrada del periodismo es la búsqueda de la verdad, y fue precisamente en busca de ella que en octubre del año pasado publiqué el libro Objetivo: hundir a Serpa, donde le formulé a mi entrevistado diversos interrogantes sobre el proceso 8.000 y el asesinato de Álvaro Gómez, algunos de los cuales no habrían de gustarle, pero respondió a todo. Diferente a cuando en noviembre de 2014 le hice a María Isabel Rueda una pregunta puntual, y para evitar responderla hizo que Felipe López cancelara la columna que tuve durante cinco años en Semana.com.

Esto lo traigo a colación a raíz de la tripleta de columnas de Mauricio Vargas que acabo de citar. He mencionado mi libro no con el ánimo de promover su venta, sino porque ahí están las respuestas que Horacio Serpa le da a ese tema. Pero si no existiera el libro, a Vargas le conviene repasar lo que Myles Frechette le dijo a Julio Sánchez Cristo el 27 de noviembre de 2015, donde arroja luces definitivas sobre dicha inculpación e incluso suelta al desgaire un nombre en particular, como sugiriéndole un rumbo a la investigación. (Ver entrevista con W Radio).

Es con base en esta información que el lector desprevenido se puede formar su propia impresión, en torno a quién cree que utiliza una tribuna de opinión para hacer relaciones públicas a favor de sus protegidos o en contra de sus malqueridos, y quién la utiliza para hacer un periodismo que revele lo que muchos quieren ocultar.

Por ejemplo, a los que parecen trabajar unidos de la mano (negra) para ocultar a los verdaderos asesinos de Álvaro Gómez Hurtado.

Por Jaime Enrique Durán Barrera. En la historia de los pueblos existen momentos que requieren decisiones contundentes. Por ello la escogencia de hombres y mujeres idóneos para regir los destinos de una sociedad y afrontar los desafíos del cambio, es un paso determinante para el éxito de un líder.

Los procesos políticos dependen de la escogencia de los mejores hombres. En este sentido, sin temor a equivocarnos, Horacio Serpa, en los últimos cuarenta años, es uno de los más importantes y destacados líderes políticos del país.

Su trayectoria y experiencia avalan un recorrido impecable en todos los escenarios de la vida nacional y también un liderazgo legítimo y polémico que ha construido un espacio e imagen propia como un convencido demócrata de la paz y la convivencia ciudadana.

Horacio Serpa, como liberal, ha tenido la vocería deliberante en el árido escenario de la política colombiana. Desde ser juez en su natal Santander, hasta gozar de un prestigio nacional producto de su liderazgo como Copresidente de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. Serpa ha asumido los retos con visión de estadista y como un liberal convencido del papel de sus ideales dentro del Partido.

Ha tenido presencia relevante en el Congreso y le ha tocado vivir momentos emblemáticos de la Historia de Colombia que requirieron posiciones que generaron polémica, definiéndolo como un político capaz de dialogar y buscar puntos en común sin abandonar sus criterios.

En los procesos de paz, ha sido Horacio Serpa participe y actor en varias oportunidades, su ideario político está basado en la convivencia nacional y en el respeto a las diferencias. De hecho su bandera en el actual proceso de paz tiene como objetivo lograr el fin del conflicto entre el Gobierno y las Farc a través de la negociación política que se lleva a cabo desde hace tres años en  La Habana.

El momento histórico exige que el partido Liberal asuma el camino de la conquista del poder y para ello se requiere la trayectoria y la experiencia de un dirigente como Horacio Serpa, quien  encarna la visión social demócrata y el conocimiento para la futura reconstrucción del tejido social colombiano.

El Partido inicia este jueves y durante cuatro días, su Congreso Liberal. Dentro de sus objetivos está la de aprobar sus estatutos, establecer las reglas de juego para escoger candidato único a la Presidencia de la República en el 2018 y elegir la dirección nacional.

Este Congreso Liberal es de suma importancia no sólo para el futuro del Partido, sino para Colombia, puesto que nuestras tesis están enmarcadas en la justicia social, la inclusión, la lucha contra la inequidad, el orden y la libertad, como mecanismos para desarrollar una verdadera  democracia en Colombia.

Por todo lo expuesto, Horacio Serpa es el líder con mayor experiencia e  idoneidad, para asumir la Dirección única del Partido Liberal en un momento histórico, por la complejidad de la situación política y el rol a futuro de la colectividad, cuyo principal objetivo, después del Congreso, es reconquistar el poder en las elecciones del 2018.

Por Amylkar D. Acosta M.-  Hemos sostenido que el Estado colombiano ha cometido dos pecados capitales, darle la espalda al mar y el abandono del campo a su propia suerte. Por fortuna, el remordimiento de la conciencia colectiva se está traduciendo en acto de contrición y propósito de enmienda.

En los últimos años, por fuerza de las circunstancias, el país ha empezado a valorar su privilegiada condición de ser la esquina oceánica de América y se ha convencido de la necesidad de construir más y mejores puertos, al tiempo que se modernizan los que venían operando, se atiende la erosión costera causada por el cambio climático y se registra una avalancha de empresas que se están relocalizando en sus litorales, tanto en el Caribe como en el Pacífico. Y eso está muy bien.

Lo propio podemos decir con respecto al campo colombiano, increíblemente desde 1971 no se hacía en Colombia un Censo del sector agropecuario. Por fin le llegó su hora y el año pasado el Censo agropecuario, gracias al cual se dispone de información actualizada y confiable de la pungente realidad del campo colombiano de la que se adolecía. Ahora ya no hay disculpas, la política agropecuaria dejará de “volar por instrumentos”, adivinando o partiendo de supuestos o suposiciones para su implementación.

Ahora los responsables de la gestión pública, los formuladores de la política pública y el Congreso de la República disponen de esta base para la determinación de una transformación integral del sector, tal como quedó planteada en el Plan de Desarrollo y lo contempla el primer punto de los cinco que hacen parte de la Agenda que se negocia en La Habana.

Se dio otro paso importante con La Misión rural, coordinada por el experto José Antonio Ocampo, complemento necesario del Censo agropecuario, que le sirvió de base para diagnosticar con toda crudeza la dramática situación que acusa el campo colombiano.

Colombia es un país de tremendas desigualdades, con enormes brechas intrarregionales e interregionales, pero la mayor de ellas es la que existe entre las zonas rurales y las ciudades. Además del diagnóstico, la Misión rural esboza y propone una estrategia tendiente a sacar el campo de la postración, la exclusión social y la pre - modernidad, para, de esta manera, reivindicar la población allí asentada.

Es bien sabido que la falta de un ordenamiento del territorio se ha constituido en una fuente generadora de conflictos en el campo, tanto por la ocupación como por el uso del territorio. De allí la perentoria necesidad de avanzar en el ordenamiento territorial tanto departamental como regional, esfuerzo este en el que está empeñado el DNP y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), como lo manda la Ley orgánica de ordenamiento territorial. Así mismo, teniendo en cuenta la proliferación de conflictos por el territorio y por la tierra, tendrá que dilucidarse lo concerniente a los títulos y la tenencia de la tierra, así como el saneamiento de los mismos, la suerte que habrán de correr los baldíos y la Ley de ZIDRES, así como la restitución de tierras a quienes fueron despojados de ella y, cómo no, lo atinente a la formación y actualización del catastro, ahora con un enfoque multipropósito.

Y, claro, no se puede abordar la problemática del campo y de la ruralidad, que han sido el teatro de la guerra cruel y cruenta que por más de medio siglo lo ha asolado, sin aludir al postconflicto, una vez que se le ponga término al conflicto armado con la firma del Acuerdo de La Habana. Partimos de la premisa de que la negociación llegó hace rato a su punto de no retorno y que es inminente el cierre de la misma y por lo tanto, habida cuenta de que la paz es territorial, desde ya las regiones deben alistarse y a aprestarse para asumir los retos que planteará este nuevo escenario. La construcción de la paz se tiene que dar desde los territorios y no desde los escritorios.

A este proceso hay que meterle pueblo, convocando a  la sociedad civil y las organizaciones sociales y las autoridades territoriales deben fungir como gestores de paz y convivencia, en el entendido de que este es un imperativo moral insoslayable.

Nunca antes se había llegado tan lejos en el propósito de ponerle fin a este  conflicto armado sexagenario y nunca antes habíamos estado tan cerca de lograrlo. Se impone, entonces, la necesidad de forjar una Gran Alianza por la Paz, como bien supremo de la Nación. No la dejemos escapar, para ver si, al igual que las estirpes condenadas a Cien años de soledad en la obra cumbre de nuestro laureado García Márquez, tengamos “por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra”. 

Montería, mayo 6 de 2016

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Por Felicia Saturno Hartt.- La verdadera política no la hacen aventureros. Aun cuando la pasión es un factor necesario para asumir su reto, exige otros contenidos y muchas certezas. Se requiere una percepción del orden, continuidad, plan y discurso. Y estas dimensiones no son, ni deben ser  improvisadas.

La política en América Latina ha sido un juego de ilusiones permanentes. Y estas ilusiones han contribuido, en casi todos los casos, a la construcción de hegemonías y de gobiernos de intención totalitaria. Poderosos en la forma, pero capaces de debilitar las instituciones, cuyos roles contienen la estructura de los estados y la gobernabilidad política.

Indudablemente los pueblos que han vivido regímenes autoritarios o democracias cleptócratas, de diferente cuño, han querido apostar a la pasión de la utopía. Esa impostura ante lo tradicional, ha favorecido a personajes sin ideología, sin programa o sin escrúpulos y, en muchos casos, han generado los peores resultados, sobre todo en lo referente al buen gobierno: instituciones sólidas, economías sanas y respeto a los DDHH.

Se pasa de la rebelión de la imposibilidad a la anarquía, dos extremos peligrosos y, en muchos escenarios, insuperables al corto plazo, ya que la impostura a lo tradicional se vistió, ante el vacío programático e ideológico, de la legitimidad popular de los excluidos, quienes al final, seguirán siendo aún más desplazados, de sus sueños y esperanzas, por la hegemonía y sus redes y, se tornarán, a mediano plazo, por la urgencia de las faltas cotidianas, en grupos desesperanzados.

De hecho, las tendencias a la justicia por propia mano, visible en los linchamientos, recientemente presentados en varios países de América Latina, es uno de los indicadores de ese proceso de desgaste y decadencia gubernamental y del deseo de los ciudadanos menos favorecidos, por las falsas administraciones liberadoras, de superar la impunidad de un sistema de justicia politizado y corrupto.

El ciudadano común, el de a pié, es criticado, por analistas y por los mismos políticos por su supuesta pasividad. No hay nada más falso y más cercano a la especulación. En América Latina, la discusión política es una práctica cotidiana, donde se cuelan los comentarios y críticas de seguidores, partidarios y escépticos, en espacios públicos y privados, donde el análisis tiene la precisión de un cirujano.

La gente, el ciudadano, sabe muy bien el valor de la política. Sabe que las decisiones políticas tienen doble filo. Y saben muy bien de costos y pérdidas. Porque el fracaso de las políticas estatales lo viven los ciudadanos y las comunidades, no los dirigentes.

También el ciudadano de a pié sabe muy bien que le falta a la agenda política, que negociados le quitan la posibilidad de un mejor transporte colectivo, que estrategias mantienen a tecnócratas en posiciones de dirección a pesar de salir reprobados en sus gestiones.

La gente sabe quiénes son los aventureros de la política, pero no tuvieron voz. Por ello, los totalitarios, con cargos y sin ellos, le temen tanto, hoy en día, a las redes sociales. Porque, a pesar que los periodistas hacen su trabajo bajo el sino de la muerte, el ciudadano acciona su cámara y publica la inequidad, la injusticia, la decidía y el abuso, en tiempo real a las redes y la solidaridad, automática y necesaria, lo hace tendencia.

Pero lo más aterrador, en este contexto, es la ceguera de los grupos políticos. Los que aún compran medios, los que hacen desfalcos y no buscan culpables, los que no dan cuentas claras, los que eligen posibles autoridades sin el voto directo de las militancias, los que no se sienten servidores públicos sino dueños y señores.

Por el posible impacto de la educación y la democratización de los recursos tecnológicos, América Latina está en camino de una redefinición política. La tarea pendiente es la eficacia, en todas sus dimensiones. Porque la diferencia la hace los objetivos alcanzados. No es derecha o izquierda, no es verde o alternativo, no es el centro o los indignados, es el ámbito de lo concreto, de lo que se ha carecido.

Obviamente, se preferiría que aparte de ser eficaces, hubiese la pasión de una utopía, para no olvidar que la razón debe estar de la mano de los valores, del imaginario histórico, que forjan instituciones, inspiran la existencia y preservan del abuso y la barbarie.

En sólo dos años América Latina volverá a elegir quien decidirá sus destinos, a la luz de los cambios y desafíos de las crisis globales. Se espera que la oferta sea más ganada a ser eficaces e inspiradores que cleptócratas.

Por Jorge Gómez Pinilla.- Tomado de El Espectador.- Abrigaba la esperanza de que el paso del tiempo demostrara que estaba equivocado, pero lo ocurrido este sábado 23 de abril en la Feria del Libro de Bogotá señaló mi amargo acierto, cuando una masa humana cercana a los 30.000 jóvenes taponó el ingreso al recinto ferial, en patética evidencia de un fenómeno donde la superficialidad y el dominio de la forma rutilante sobre el contenido han comenzado a mandar la parada.

Fue precisamente por ello que el ‘catano’ escritor y columnista Daniel Samper Ospina, aterrado al comprobar que los chinos que hicieron colapsar la Filbo para comprar Chupa el perro de su ahora homólogo Germán Garmendia, son los mismos que años atrás compraban sus libros (cuando él era el autor que entre los jóvenes más ‘pegaba’), produjo un video-parodia donde desnuda la tramoya histriónica de que se vale Garmendia para captar la atención de sus encandilados fans. (Ver video).

La situación de todos modos no es para chiste sino en extremo preocupante, porque muestra a la juventud sumergida en una oleada de conformismo y apatía por la conducción de la sociedad que le cae como anillo al dedo a eso que los jóvenes de antes llamábamos “la clase dominante”.

Garmendia vino a promover las ventas de un libro de autoayuda, digámoslo sin ambages. Y el propósito de esos libros es hacerle olvidar a la gente que la solución de sus problemas comienza por cuestionar la sociedad donde se originan, por ser sujetos activos. Les adormecen la conciencia –cada vez a más temprana edad- para hacerles creer que el problema es de ellos, que basta con tener una actitud positiva para que les lluevan “bendiciones” y se despeje el camino al éxito, pendejadas de esas. Y la prueba de que no sirven para nada es que la pobreza mundial aumenta en relación directamente proporcional a la venta de esas publicaciones repletas de obviedades pseudo intelectuales que pretenden hacer pasar como libros: Paulo Coelho (“no hay pecado en ser feliz”), Walter Risso (“niégate a sufrir por amor”), Deepak Chopra (“pensar es practicar la química del cerebro”) y demás mercaderes de la confusión colectiva.

En la misma senda de gurú de la superación personal se ubica ahora el chileno Germán Garmendia, cuyo libro –si así se le puede llamar- es un compendio de consejos para sus fanáticos, o sea para el rebaño de imberbes lectores obnubilados por las payasadas y la epiléptica edición de sus videos, a quienes quiere ayudar a que “luchen por sus sueños” con este tipo de sabias enseñanzas: “para cumplir tus sueños tienes que madrugar”; o “arriésgate a hacer lo que te gusta y no lo que la sociedad te impone”. ¡Qué lucidez! Ha nacido pues el “Coehlo gomelo”, y la definición no es mía sino de Tola y Maruja en El Espectador.

Esta columna no habría visto la luz si no fuera porque la que escribí hace ocho días hablaba de una adolescente de 15 años que tuvo el coraje de enfrentar al rector uribista de su colegio delante de todo el plantel educativo, cuyo nombre no se mencionó para evitar represalias del poder político-escolar donde ella cursa su décimo grado (Ver columna). Yo abrigaba la esperanza de que algún medio nacional se interesara en hallar y visibilizar a esa chica indómita y pensante (como eran los jóvenes de antes), pero la decepción fue mayúscula cuando la que brilló con luz propia fue una tal Juliana Robles de pensamiento precozmente anquilosado, quien se despachó en Las 2 Orillas con una diatriba contra los adultos titulada “Así les duela, Germán Garmendia es el mejor escritor del mundo”. (Ver columna)

Juliana Robles es una chica inteligente, brillante redactora además, aunque confundida, porque escribe desde lo emocional y eso le hace decir cosas como que “Compré Chúpate el perro y me gusta más que Cien años de soledad. Puede que dentro de unos años me guste García Márquez, pero ahora es el tiempo de Garmendia. Me da todo lo que quiero y estoy de acuerdo en todo con él. Gracias a él pudimos demostrar fuerza el sábado en Corferias y comprobamos que nos tienen miedo”.

“Me da todo lo que quiero y estoy de acuerdo en todo con él”. ¿Sí captan el modo ‘veneración religiosa’ que le expresa a ese bobito simpáticón? Miedo no, pánico es lo que producen sus palabras. Y el pánico es por lo que dejamos de hacer nosotros los mayores, pues lo que “escupe” es evidencia de que hemos engendrado a una generación vacía y desencantada: “Qué culpa que escupamos sobre sus ídolos literarios (…). ¿Acaso ellos no harían lo mismo si en su niñez no hubieran tenido Internet? Si quieren educarnos, ¿por qué no se atreven a conocernos mejor?”

Es ahí donde Juliana llega al meollo sin propónerselo: la generación a la que pertenece no creció al amparo de sus padres sino de la mano del Internet que nació con ella, y lo que hoy reclaman estos jóvenes no es por las injusticias del sistema (como hacíamos nosotros) sino por el abandono a que se vieron sometidos por aquellos progenitores que descubrieron aliviados que tan maravilloso invento les permitía dedicar más tiempo a sus cosas y menos a sus hijos, sin que estos se molestaran porque estaban embebidos en la magia de una red tan fascinante como alcahueta, protectora y falta ver si además… deformadora.

A riesgo de estar equivocado, me atrevo a diagnosticar que ante la confusión reinante y la ausencia de verdaderos líderes a seguir, nuestros niños y jóvenes, cada día menos nuestros, caen rendidos en admiración hacia quienes los descrestan con juegos verbales o visuales de ingeniosa apariencia o de aparente genialidad, pero que a la luz de un somero análisis no pasan de ser embelecos baratos, trucos de feriante.

Juliana remata su columna diciendo “Relájense, no queremos hacer una revolución, ni siquiera pretendemos su respeto; lo único que queremos es que nos dejen en paz”. Es lo más descorazonador que hemos escuchado los que 20 o 30 años atrás arriesgamos casi hasta la vida para brindarles una mejor sociedad a nuestros hijos y nietos. Hoy, ante semejante desfachatez y tan sombrío panorama solo dan ganas de responderles con su mismo lenguaje irreverente, pero no con el ánimo de insultarlos sino porque sabemos que solo así escucharán esta alerta temprana:

Jovencitos adoradores del ‘escritor’ youtuber, ¿saben qué?: vayan a que los chupe el perro.

DE REMATE esta caricatura de Matador que encontré por ahí, donde alguien le dice al multimillonario youtuber argentino Rubius: “Sus chistes idiotas, carentes de humor y dirigidos a una masa poco crítica, solo significan una cosa: usted está condenado al éxito”. Teniendo en cuenta lo que escribe Juliana Robles extasiada sobre Germán Garmendia, todo indica que ella también triunfará en la vida.

Por José Gregorio Hernández.- Como lo informó El Nuevo Siglo, se generó una tormenta política por la invitación de la Corte Constitucional a las Farc para que expongan sus puntos de vista sobre las normas que revisa en materia de plebiscito. En realidad, en ello no hay nada extraño.

Con un criterio propio de la democracia participativa, en un proceso público como lo es de constitucionalidad, la Corte  -autorizada por el Decreto 2067 de 1991 y por su propio reglamento-, suele invitar a distintas instituciones y organizaciones a exponer sus conceptos en torno a los temas que se debaten.

Desde luego, los magistrados estudian los documentos y alegaciones de los ciudadanos que decidan aceptar la invitación,  pero ellos no condicionan su decisión, ni hay efecto vinculante alguno, y se reservan sus propios conceptos para el análisis posterior y el debate público que debe tener lugar en la Sala Plena. Como lo dispone la Constitución, en estos procesos interviene también el Procurador General de la Nación, y aunque es muy importante su concepto, la Corte no está obligada por él. Puede acogerlo o no. Lo propio ocurre con quienes, como ciudadanos,  participan en el proceso, bien sea para defender o para impugnar las disposiciones objeto de examen.
 
Se debe subrayar al respecto:

-La Corte formula estas invitaciones, mediante auto, con el fin de incorporar al proceso distintos enfoques y perspectivas en relación con el asunto debatido. De ninguna manera se está confiriendo un “status” o nivel de mayor importancia, o reconocimiento,  a quienes son invitados. Sus argumentos se reciben –si quieren enviarlos, porque se trata de invitación, no de citación-, se tienen en cuenta, y las decisiones son del resorte exclusivo de la corporación.

-El proceso de constitucionalidad es público, con la salvedad de las deliberaciones que tienen lugar a puerta cerrada en Sala Plena. Inclusive, algunos hemos sostenido que lo debería ser en toda su extensión, y que -como ocurre actualmente en México-, al debate y a las votaciones debería poder concurrir cualquier ciudadano.

-La invitación de la Corte no tiene implicación alguna de carácter penal. Por el hecho de invitar a unos ciudadanos o grupos a participar no se les está absolviendo de delitos que les puedan ser imputados. Esa no es la jurisdicción, ni la competencia de la Corte Constitucional.

-Eso sí, quienes participen en los procesos de constitucionalidad deben ser ciudadanos en ejercicio. No pueden tener sus derechos políticos suspendidos como pena accesoria por sentencia judicial.