Opinión
Por Jairo Gómez.- Se abre de nuevo el debate sobre un tercer canal de televisión. Es justo y necesario, pero hay que hablar, además, de un cuarto o quinto canal. Sería sano para la democracia y vital para el proceso de paz que hoy se negocia en La Habana, y próximamente en Quito.
Muchos desde su criterio empresarial consideran que Colombia admite más canales privados pues es el único país en América Latina con dos opciones nacionales, mientras en el resto son cuatro o más las propuestas televisivas.
Diría que el país está maduro para cinco canales. Se garantizaría, con ello, más pluralidad informativa y contenido con calidad. Es decir, se le despejaría el camino a nuevos dueños con una visión distinta sobre la televisión moderna e incluyente. Es sustancial, creo, que en una eventual adjudicación el prototipo de licitación deba contemplar otros requisitos: por ejemplo, conceder esos nuevos canales a otro modelo de empresa, más democrática en su composición, y que no represente intereses unipersonales ni de un pequeño conglomerado de socios. Nada sacamos si se persiste en el espejo de unos dueños que, además de explotar el lucrativo negocio de la televisión, tengan incidencia en otras actividades de la economía nacional. Eso es nocivo para cualquier democracia. Se privilegia el negocio tal como ha ocurrido.
Claro, la televisión es un negocio pero con responsabilidad social; es un medio que juega un papel estelar en la vida cotidiana de los colombianos. De ahí la importancia de crear otros canales. La actual oferta televisiva necesita de más competencia. ¿Cómo hacer la paz y no incluir la creación de más medios de comunicación? ¿Cómo hacer una reforma política y no incluir los medios de comunicación? Son preguntas válidas en un contexto en el que es necesario abrirle espacio a las comunidades y organizaciones sociales, a los nuevos movimientos políticos producto de un acuerdo de paz. El Acceso a los medios de comunicación, concretamente la televisión, es clave para consolidar la paz en el posconflicto. Es imperativo un tercer canal o más señales de televisión abierta.
Porque hacerlo crea alternativas a la unanimidad en la información, nos da herramientas para acabar con la interferencia del poder sobre el periodismo serio e independiente, y nos permite desmentir el mito de que solo el gran capital tiene el músculo económico para hacer una televisión de calidad.
Como consecuencia de no haber solucionado esos problemas aún, la televisión que tenemos, por ejemplo, desconoce valores fundamentales de la democracia como el debate plural, apadrina el periodismo que no informa a la gente, y lo mezcla con un contenido de entretenimiento desaliñado. En clave periodística se ironiza: “si sangra, manda”; y otros periodistas, resignados, dicen: “si piensas, apestas”. Esa es la realidad en las salas de redacción.
“La profesión periodística se metamorfoseó en el negocio de la información, que se convirtió en la industria de los medios y ahora se halla en manos de multinacionales”, escribió en su libro “El Ataque Contra la Razón”, el ex vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore. En efecto, al estar en manos de multinacionales priorizan el interés económico de sus propietarios y dejan de lado cualquier sentido de responsabilidad social. Pluralizar los espacios de comunicación televisiva mediante la adjudicación seria y responsable de otros canales puede ser la alternativa a este nuevo modelo de negocio. En el contexto de los acuerdos de Paz, esa alternativa no sólo es deseable sino imprescindible.
Por lo demás, comparto la tesis central del comisionado y negociador Sergio Jaramillo: la paz significa sacar de la actividad política el uso de las armas. Pero también, como lo he mencionado, debe contemplar el acceso a los medios de comunicación para consolidar lo pactado, porque es ahí en donde comienza la etapa más difícil de la reconciliación. Dicen los teóricos que la democracia descansa en la comunicación persuasiva. La alternativa a la persuasión es la fuerza.
Por Horacio Serpa.- Un puesto es un cargo, una labor con remuneración. “Me dieron un puesto”, “me botaron del puesto”, “estoy pidiendo puesto”, “me quedé sin puesto, “lo que usted necesita es un buen puesto”, son frases comunes en lo público. También dicen, “ese congresista tiene más puestos que un bus”. Igual es en lo privado: “por fin conseguí un puesto que no depende de los políticos”.
Los políticos gestionan puestos aquí, en Somalía, en los Estados Unidos y en Francia. La política es una lucha democrática por el poder, y cuando el poder se alcanza los ganadores gobiernan con sus amigos, salvo los cargos de carrera administrativa, que por ser de naturaleza técnica permiten continuidad y coherencia en la administración pública. Es falsa la afirmación de que tener puesto o ser empleado público es dañino, inconveniente o pecaminoso.
Es bobo esperar que un presidente, gobernador o alcalde, en cualquier país, gobierne con sus contradictores políticos. Se gobierna para sacar adelante una propuesta, un plan, que fue lo que determinó el triunfo en las elecciones. Por eso es incorrecto afirmar que cuando un partido aspira a que miembros de su colectividad formen parte del gabinete ministerial de un Presidente políticamente amigo, sea burocrático o clientelista, o una untada de mermelada como se dice en lenguaje moderno.
Mirando la realidad política nacional, fuera bueno que alguien asumiera la tarea de examinar la relación partidista entre los funcionarios de un par de Ministerios, o en la Vicepresidencia de la República. Tengo la seguridad de que nadie se sorprendería de los resultados, lo que no me molesta porque “cada Alcalde manda en su año”. No me preocupan esos puestos, sino la forma de ser simultáneamente funcionario y candidato.
En lo que al Partido Liberal respecta, especialmente estamos con el Presidente Santos por su empeño hacia la paz, encomiable, valiente, necesario. No nos quejamos del gabinete porque nos sentimos bien tratados. No criticamos el reciente reajuste porque lo apreciamos más amplio y participativo para asegurar los acuerdos con la Farc y el Eln. Desde luego, quisiéramos sentirnos mejor representados en responsabilidades de orden social y de comando político, a nivel nacional y seccional. “Para que digo que no, si sí”.
Lo demás que se diga es “folklor político”. Carreta, demagogia, especulación, o “teoría” politiquera e interesada. Por el lado liberal seguimos siendo solidarios con el gobierno nacional, resueltos amigos de la paz, sin comprometer el derecho a la independencia crítica. Así como el Presidente tiene el fuero de escoger a sus colaboradores y de impulsar las políticas y programas en los que cree, el Partido Liberal también tiene el derecho de aceptar o no sus decisiones y de apoyar o no sus propuestas. Seguir en la Unidad Nacional ya no nos interesa.
En la paz somos incondicionales, a menos que se incurra en despropósitos o en inconveniencias que lesionen la democracia o el Estado Social de Derecho. Vamos bien y seguimos siendo buenos para sacar adelante la reconciliación y la convivencia.
Por Amylkar D. Acosta M[1].- ELECTRICARIBE, filial del grupo empresarial español Gas Natural-Fenosa es el operador de red en la región Caribe de Colombia y abarca a 7 departamentos, excluyendo al archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina que por ser insular cuenta con su propio operador.
Esta empresa tiene una pésima reputación entre sus usuarios, aproximadamente 2.6 millones, equivalente al 25% de la demanda nacional, debido a la pésima calidad del servicio que reciben, el cual no cumple con los mínimos requerimientos de Ley, tales como son la eficiencia, la calidad y sobre todo la continuidad.
Sus problemas empiezan por el tipo de mercado al cual sirve, se trata de un mercado no competido, pero tampoco competitivo, en razón de que el 80% de sus usuarios se reparte entre los estratos 1 y 2, barrios subnormales y zonas de difícil gestión, los cuales se caracterizan por su bajo poder adquisitivo y por consiguiente con muy poca capacidad de pago de su factura.
Ello repercute en la calidad de la cartera, de allí que la deuda de difícil cobro en estos segmentos supere los $400.000 millones y de contera la deuda del sector oficial supera los $144.000 millones. Bien dijo el ex ministro de Estado Rodrigo Escobar Navia que un mercado de pobres es un pobre mercado.
Y ello nos ha conducido a un callejón sin salida, atrapados en un círculo vicioso, en el que no se paga porque no se presta un buen servicio y la empresa alega que no presta un buen servicio porque no tiene caja debido al impago por parte de los usuarios. Y hablando de caja, las dificultades no son menores; ahora mismo la deuda contraída con los bancos está rozando los $2 billones. Ello le resta capacidad de maniobra a la empresa, la cual se ve abocada a comprar actualmente el 22% de la energía que comercializa en bolsa a precios mucho más altos que si la contratara.
Y así llegamos a la nuez de la problemática que afrontan los usuarios de ELECTRICARIBE, cual es el rezago histórico en materia de inversión, el cual ha repercutido en el deterioro del servicio que se presta. A esa conclusión llegó un estudio que contratamos a nuestro paso por el Ministerio de Minas y Energía, coordinado por la experta Carmenza Chahín, a través del cual, además de hacer un buen diagnóstico de la situación planteada, se dieron unas recomendaciones.
A ello se vino a sumar una distorsión causada por una norma regulatoria supremamente perversa, que toma como base para la remuneración de las inversiones en distribución la metodología del costo medio histórico, lo cual desincentiva la inversión en expansión, para garantizar así la calidad, la confiabilidad y la reducción de pérdidas, ya que sólo se reconocen una vez efectuadas dichas inversiones.
Ese es el gran lastre que le impide a ELECTRICARIBE prestar un buen servicio: la falta de inversión en la infraestructura. Ello da lugar a la sobrecarga de los transformadores y conductores por crecimiento de la carga, pero también por obsolescencia de la red, contaminación y mayores requerimientos de mantenimientos, máxime cuando su fragilidad está en niveles críticos. De allí su gran vulnerabilidad, tanto mayor habida cuenta que la demanda de energía en la región Caribe (7%) crece por encima del promedio nacional (4.2%).
Lo más preocupante es que, según el más reciente informe de la Superintendencia de Servicios públicos, lejos de mejorar sigue el deterioro de la calidad del servicio que se presta, como crecen también la inconformidad y las protestas en toda la región, las cuales se exacerban cada día más por cuenta de falencias en la atención a los usuarios.
Y no es para menos, pues según la misma Superintendencia durante el año 2015 en promedio la duración acumulada de las interrupciones del fluido eléctrico en las ciudades capitales de la región Caribe fue de 67.2 horas, muy por encima del promedio nacional que, según un estudio de mercados energéticos para la CREG, fue de 45.6. Y la frecuencia no fue menor: 59.9 veces en promedio se interrumpió laprestación del servicio por cortes intempestivos y/o racionamientos no programados, que contrasta con 41.4 veces en promedio para el nivel nacional.
La falta de firmeza y confiabilidad del Sistema eléctrico en el Caribe se ha convertido en el principal cuello de botella para la competitividad regional, afectando a las empresas grandes, medianas y pequeñas, a la hostelería, al comercio, al tiempo que se ha convertido en una calamidad para los usuarios residenciales, desesperados y desesperanzados, que ya no ven salida distinta al cambio de operador de red, como lo están demandando los gobernadores y alcaldes de las ciudades capitales de la región Caribe.
Valledupar, abril 30 de 2016
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Por Jairo Gómez.- La clase política, empresarios, el sector financiero, los gremios de toda índole, y las élites nacionales y regionales están más divididas que nunca. Intentaron por la vía de la guerra acabar con la guerrilla y no se pudo y, tras el fracaso, se buscó la solución negociada que hoy está a la vuelta de la esquina; sin embargo, los retos que les plantea el posconflicto los aterrizó en una realidad insospechada. Hoy los tiene patinando sobre el qué hacer con el país en un seguro posconflicto.
El presidente Santos, el colombiano más comprometido con la firma de la paz, como debe ser, se encontró con un rechazo inesperado, el de su misma casta que no duda en calificarlo como “traidor de su clase”, no obstante insistir, invariablemente, en que en Cuba no “se está poniendo en riesgo el modelo económico”; y, en términos políticos, sus aliados están más divididos que nunca. Más allá de las agallas burocráticas, algunos partidos miembros de la Unidad Nacional no logran empatar con el proceso de La Habana.
Y ese empate no se da porque es evidente que desde Cuba saldrán unos acuerdos que buscan depurar la política, sacar a Colombia de un sistema formalmente democrático y sustancialmente corrupto. Esto no le gusta a los políticos tradicionales, no quieren ceder. Pretenden perpetuar una maqueta de sociedad desgastada e insufrible.
El Centro Democrático en lo suyo: oponiéndose a la negociación con mensajes efectistas, pero ausente de contrapropuestas que consoliden una contra-paz argumentada y colmada de alternativas, distinta a la salida militar del conflicto armado que aún pregona su mentor.
Ellos (los políticos), los anteriormente mencionados, son cómplices de las élites económicas, es decir la aristocracia rentista, financiera, gremial y energética, amén de los grupos económicos, que direcciona el poder sin necesidad de pasar por las urnas.
Comparten los mismos principios, lo que los analistas políticos denominan “la puerta giratoria”, es decir la relación atávica entre política y negocios. Protegen los intereses de los grandes capitales: a ambos les preocupa la confianza inversionista y la seguridad jurídica, para que las multinacionales lleguen, a sus anchas, a “masificar la prosperidad en el país”. Y auspician, con sus decisiones, el inmovilismo social, una lacra que le cierra la ventana a la esperanza de progreso y oportunidad de las clases medias y trabajadoras en que se sustenta la democracia y la sociedad.
Esos postulados, incoherentes con la paz que queremos los colombianos, son regresivos y ponen en entre dicho el futuro de los acuerdos. La reacción virulenta de FEDEGAN y del Procurador contra la política de restitución de tierras es una prueba irrefutable. No estoy diciendo nada nuevo, pero que nunca se nos olvide lo útil que puede ser lo obvio.
Por Gabriel Ortiz.-Definitivamente el proceso de paz que se negocia en La Habana, tiene enemigos que no desperdician ocasión para torpedearlo, por las cosas más nimias, triviales y superfluas.
Se han dedicado muchos meses para analizar punto a punto, la agenda que contempla miles de aspectos que tienen que ver con la vida actual y futura del país y se escuchan reacciones de los diferentes sectores nacionales e internacionales.
Sorprende entonces que aún haya recalcitrantes y tercos sectores que han tomado como deporte atacar el proceso, unos para defender sus privilegios e intereses, y otros para seguir ciegamente la idea de un grupo político que busca permanecer en el ámbito nacional a base de mentiras y energúmenos torpedos, que afianzan con las mismas armas con las que Joseph Goebbels engañó al pueblo alemán durante la dictadura de Hitler.
Los diálogos de La Habana buscan, entre otras, la devolución de las tierras que se tomaron por asalto ciertos grandes terratenientes, a través de amenazas, asesinatos y acciones paramilitares. El estridente ruido de las motosierras aún retumba por campos y veredas, recordando los asesinatos de quienes quisieron defender sus predios, hoy en poder de grandes finqueros, y desde luego de guerrilleros, paramilitares y bandas criminales.
La consigna de cierto dirigente, de algunos de sus parientes y de muchos seguidores, es evitar a toda costa la paz, porque ella conlleva justicia, cambios y castigos para quienes se beneficiaron con tan perversas prácticas; esos que hoy mintiendo y “goebbeliando”, quieren seguir usufructuando bienes mal habidos.
Claro que si se descubren iguales crímenes a las Farc o al Eln, hay que aplicar la inexorable justicia y el rechazo por parte de las autoridades, de la sociedad y del concierto universal.
Se ha avanzado mucho, para que ahora boicotear y horadar el proceso, por la aparición del “Paisa”, como negociador. Es uno de los más sanguinarios, pero estamos negociando con un enemigo al que no se ha vencido, ni siquiera con la tal seguridad democrática. Jefes y combatientes de las Farc y el Eln, han asesinado, como también lo han hecho los responsables de los falsos positivos. Así, que no más ataques, ni mentiras, ni torpedos. La paz está muy cerca, muy cerca.
BLANCO: En ruso, hablan el nuevo minambiente y Alan Jara, para sacar la paz adelante.
NEGRO: El tinto de Benedetti no le gustó al uribismo.
Por Luis Fernando García Forero.- La decisión de construir la Paz ya ha sido tomada por el Pueblo de Colombia y no existen razones para que este proceso no se dé. No será el mejor o el peor, pero será el de nosotros.
Y tendrá detractores, contradictores o enemigos, pero la fuerza creativa de nuestro imaginario colectivo, que decidió futuro y se miró en su diversidad, ya ha asumido el reto.
El proceso del Postconflicto es un desafío mayor que convencer a una ínfima parte de la perdida de sus espacios. Al final, el beneficio de un país en paz, con tendencias capaces de usar la palabra y el disenso respetuoso para dirimir sus diferencias, con personas trabajando en conjunto para reconstruir nuestras comunidades y motorizar sus sueños en pos de la equidad y la justicia, será suficiente para acallarlos a todos.
En Colombia tenemos que abrir ventanas y construir puentes. Los problemas de la estructura de nuestra sociedad, que generaron el conflicto están vigentes y el clima de hostilidad no las resolverá, por el contrario, contribuye a ahondar la brecha entre el problema y la solución verdadera.
Las tareas pendientes para el Postconflicto son múltiples y en diversas dimensiones. Los procesos de desarme, desmovilización y reintegración de excombatientes, la reconciliación, la atención a población vulnerable, la construcción de la memoria y la verdad, la justicia transicional y la reparación de las víctimas, la prevención de la violencia y el crimen, la reforma de las Fuerzas Armadas y de Policía, la reconstrucción y el desarrollo económico, la estabilización política y la participación del sector privado, la sociedad civil y la comunidad internacional en las estrategias de gobernabilidad, no son poca cosa.
Pero ellas dependen de detener los fuegos, de reducir las hostilidades, pero escuchando los disensos. No se puede estar de acuerdo con todo, eso no es humano ni racional, pero estar en desacuerdo con todo es un exabrupto histórico y una irresponsabilidad con el país.
En este conflicto todos los colombianos hemos sido víctimas. Tal vez no de forma concreta y directa de la violencia, pero si hemos sido marcados por la violencia cultural y por la estructura de la desigualdad, legitimada por la exclusión, el racismo, el elistismo y las nuevas formas de la violencia como la homofobia y el irrespeto a la diversidad.
Creo fervientemente en la necesidad de la Paz y estimo este proceso que toca vivir, afortunadamente, como una oportunidad real y concreta para mirarnos, en nuestra diversidad, en nuestros defectos y virtudes, en otras oportunidades y amenazas, para construir una Colombia Mejor, pero para todos.
Mi responsabilidad con la Historia de Colombia reside en mi esperanza de edificar, desde mis capacidades y labores cotidianas como periodista y ciudadano, la esperanza de una paz verdadera, no perfecta, pero con posibilidades de dar pié a la reconciliación nacional.
Por José Gregorio Hernández.- EL Gobierno presentó a consideración del Congreso un proyecto de acto legislativo que fue aprobado en primera vuelta –primer período ordinario de sesiones-, con miras a agilizar, según se dijo, el proceso de aprobación de las normas constitucionales o legales que desarrollen lo que se pacte en La Habana como culminación del proceso de paz llevado a cabo con esa organización armada.
Se diseñó un procedimiento especial para dar trámite a los proyectos que en su momento debe presentar el Ejecutivo en cumplimiento de lo convenido en la mesa de negociaciones.
El texto aprobado en los primeros debates contemplaba una comisión especial legislativa para la Paz, que en un principio el propio presidente de la República llamó “congresito” y que, ante las críticas, pasó a convertirse en la reunión de las comisiones primeras de Senado y Cámara de Representantes adicionadas por unos “congresistas” no elegidos por el pueblo, sino por las mesas directivas de las cámaras, con el encargo de dar primer debate a las iniciativas del Gobierno. Esa comisión fue suprimida en segunda vuelta.
Entonces, serán las comisiones primeras las que den el primer debate a los proyectos, y el segundo debate tendrá lugar en las plenarias. Pero con dos características:
- Los miembros del Congreso no tendrán iniciativa. No podrán presentar proyectos, ni de ley ni de acto legislativo. Eso corresponderá exclusivamente al Gobierno.
- No podrá el Congreso modificar los proyectos de origen gubernamental, a menos que así lo autorice el Gobierno, siempre que los cambios encajen en los acuerdos de paz celebrados.
Además, al Presidente de la República le serán otorgadas facultades extraordinarias imprecisas y prorrogables por su propia decisión, mediante decreto.
Eso quiere decir que, por una parte, el Congreso será un convidado de piedra, tanto en materia legislativa como en lo atinente a reformas constitucionales, y por otra que el verdadero poder constituyente no estará en Colombia sino en la mesa de negociaciones de La Habana. Las reformas serán aprobadas formalmente por el Congreso, pero en realidad el Congreso quedará excluido de sus funciones constitucionales.
En sustancia, este proyecto de acto legislativo, si se aprueba en dichos términos, no será otra cosa que una sustitución de la Constitución. Las reglas esenciales sobre reforma serán revocadas por el Congreso, en su propio detrimento. El Congreso abdicará de sus atribuciones -señaladas en la Constitución de 1991-, y los acuerdos de paz se convertirán en normas constitucionales. Algo bien distante del ideal democrático acogido en todas nuestras constituciones.
Por Felicia Saturno Hartt.- Lo Plural es el corazón mismo de América Latina, el hilo que conecta sus regiones, sus lenguas, sus realizaciones. Plurales somos y diversos. Pero, en esa pluralidad, en esa diversidad, está nuestra identidad sociopolítica, el mayor desafío que tienen que comprender los que han hecho de la Política, su camino.
Comprender la pluralidad requiere ojos de demócrata, un poderoso sentimiento de respeto por el imaginario que nos nutre, en términos de cosmovisión, consciencia colectiva e ideología, así como en las realizaciones materiales de este principio.
De hecho, la Democracia en mayúsculas tiene entre sus ideales materiales la consciencia de la pluralidad, porque si algo define ese sistema de libertades humanas, es el Pluralismo Político, porque “los fines humanos son múltiples, inconmensurables y en permanente conflicto”, como afirmaba Berlín.
Ciertamente, de los ideales democráticos, es el más humano, porque se acerca a la esencia de la condición humana, al meollo de la actitud, como expresión de las creencias, sentimientos y acciones de la gente.
Es la realidad empírica, la que tenemos enfrente cuando nos enfrentamos a la diversidad y la pluralidad de las búsquedas de la gente, a sus sueños, a sus necesidades, a sus expectativas.
Por ello, muchas formas políticas llevadas a la práctica se tornan totalitarias, porque sienten el terror a la pluralidad, a que la gente sea y sienta diferente. Porque el reto de la Política no es dirigir a la gente solamente; es abordar los consensos y manejar los disensos.
Valores, creencias y fines son los desafíos a que se enfrenta el líder o dirigente político cuando asume el camino de la Democracia. Y no es fácil, porque los límites del populismo y la dictadura se tocan.
Aceptar, reconocer, tolerar y respetar la pluralidad es una necesidad política en América Latina. Porque la Exclusión no es una palabra vacía de discurso electorero, es una realidad inherente a esa falta de aceptación de la gente en su contexto, el escaso reconocimiento de sus problemas y sus necesidades, la poca e inexistente tolerancia a lo que no conocemos por ignorancia o por omisión y el irrespeto al status de la gente como ciudadano, no sólo con obligaciones, sino con sus derechos inalienables.
Es definitivamente inhumano lo que hemos podido ver en las últimas semanas: funcionarios del estado trabajando en instituciones sociales que no pueden ver, más allá de sus privilegios elitescos, el poder avasallante de la pobreza como realidad sociohistórica. Porque ese problema no es de quien lo sufre, sino del funcionario que es incapaz de cambiar la realidad de esas familias, de esos ciudadanos que, en sus ópticas, son de segunda.
Desde otro punto de vista, es absurdo que se recojan firmas, por creencias religiosas, para detener la posibilidad de formar hogares homoparentales, cuando no se hace nada con los niños abandonados o en tutela del estado, institucionalizados, que cada día serán más, por el embarazo precoz y otras causas no abordadas e incluso ya estructurales.
Asimismo, el trato diferenciador de los usuarios de los servicios de transporte masivo, el manejo demagógico del trabajo informal, la atención discriminativa de los enfermos en los servicios colapsados, la impunidad ante los asesinatos de los periodistas, la entrega discriminativa del papel para los periódicos y demás acciones que dicen que lo plural molesta, porque no está en el manual, en el instructivo o en las prioridades.
Aún con más indicadores de la negación deliberada de la Pluralidad, existen poderosas fuerzas de cambio que pueden, en un futuro cercano, edificar el camino de uno de los sistemas políticos más autoritarios, la Democracia.
Por Amylkar D. Acosta M.-El programa es el más antiguo del país, con 90 años de existencia, hace parte de una estrategia que está enfocada a mejorar el estado nutricional de los niños en edad escolar y de paso contribuir a su retención en los planteles educativos, evitando su deserción temprana de las aulas.
En este sentido es multipropósito, procurando satisfacer y garantizar dos derechos fundamentales de los niños, el de la alimentación y el de la educación, que por tratarse de ellos son prevalentes. Ahora mismo tiene una cobertura del 49% de la población objetivo de estudiantes oficiales SIMAT, es decir 4´061.335 niños y niñas, sin cubrir la totalidad de los días del calendario escolar.
Por espacio de 43 años el programa de asistencia alimentaria estuvo a cargo del ICBF, desde su creación en 1968, hasta que en 2011, a través de la Ley del PND se tomó la determinación de retornarle esta responsabilidad al Ministerio MEN, que lo había agenciado desde 1926, dizque “con el fin de alcanzar las coberturas universales en el PAE”. Esta finalidad no sólo no se ha alcanzado, sino que el Programa viene en un franco deterioro, en medio de los escándalos por las malas prácticas de sus operadores, por las irregularidades en su contratación y ejecución y por los casos de corrupción aberrantes detectados y denunciados por los organismos de control. Pero, a decir verdad, los inconvenientes que se presentan con el PAE no se reducen a las tropelías que se vienen cometiendo con los dineros del programa.
Desde el 2013 los gobernadores prendieron las alarmas al constatar que el PAE estaba desfinanciado; es así cómo, según el estudio de costos adelantado por el ICBF, su operación para el 2015 demandaba una suma de $1.5 billones y sólo se le asignaron en el PGN por parte del Ministerio de Educación $789.000 millones, a todas luces insuficiente. Ello condujo a que después de haber suscrito convenios por parte de 31 departamentos con el MEN para operar el PAE en 2013, 21 de ellos, antes de iniciar la ejecución del mismo, los dieron por terminado por mutuo acuerdo. Es por ello que actualmente en 19 de los 32 departamentos del país, el MEN opera directamente el PAE y en muchos de ellos se han presentado situaciones que han sido piedra de escándalo. De allí que el MEN no pueda eludir su responsabilidad, toda vez que, además de ejecutor del Programa es responsable también de su supervisión, monitoria y control, los cuales han fallado estruendosamente.
No obstante lo anterior y desoyendo las reiteradas solicitudes de concertación por parte de los gobernadores, el MEN decidió por sí y ante sí expedir el Decreto 1852 de 2015, con el cual buscaba supuestamente la “articulación y armonización sistemática de las normas legales vigentes”, pero el propósito no fue otro distinto que pasarle esa papa caliente a los departamentos.
Y lo más grave fue que concomitantemente con el traslado de la competencia para ejecutar el PAE por parte de los departamentos, amparado en la Ley de Presupuesto, el Presupuesto asignado para el PAE en el 2016, que ya venía desfinanciado, tuvo un drástico recorte y sólo se le asignaron $423.000 millones (¡!). Es claro que este proceder por parte del MEN, que compromete la viabilidad y la sostenibilidad del PAE, es contrario al precepto constitucional según el cual no se le pueden trasladar funciones y competencias a las entidades territoriales, si al mismo tiempo no se le transfieren los recursos necesarios y suficientes para asumirlas.
Como es obvio, asumir por parte de los departamentos la ejecución del PAE en tales condiciones, ante la imposibilidad de cumplir con las exigencias de los lineamientos técnicos, operativos y administrativos del Programa, entraña para los gobernadores la inminencia de ostensibles riesgos técnicos, financieros, legales, fiscales, penales y disciplinarios, que ellos no están dispuestos a asumir. Por ello los gobernadores, que apenas están iniciando su gestión de 4 años, se rehúsan a encartarse con la ejecución del PAE y le piden al MEN que lo retome.
Y ello es viable, habida cuenta que la propia Ley 1769 prevé una válvula de escape al establecer que “de manera excepcional y de acuerdo con la reglamentación que para el efecto se expida, el Ministerio de Educación Nacional podrá ejecutar directamente los recursos del PAE que le sean apropiados en su Presupuesto de inversión”. Y este es el caso, la gravedad de la crisis por la que atraviesa este Programa y dada la sensibilidad del mismo, amerita la intervención del Gobierno central para evitar una crisis sistémica de la alimentación y nutrición de la población más vulnerable del país.
Bogotá. Abril 24 de 2016
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Por Claudia López.- Las imágenes en redes sociales están a la orden del día: lo que antes eran ríos caudalosos, rebosantes de biodiversidad, hoy son caños secos o lo suficientemente contaminados como para que no sobreviva nada allí. Donde el daño ambiental aún no es irreparable, la incompetencia de las autoridades pone en riesgo lo poco que queda: los páramos con minería, Caño Cristales con exploración petrolera, San Martín en el Cesar con fracking, las ciénagas atravesadas por carreteras 4G...
Y cuando se les cuestiona, cuando se les presenta evidencia más sólida que la descabellada búsqueda en Google del gerente de Ecopetrol, entonces se irritan y responden con una pataleta.
Muchos tomadores de decisiones gubernamentales están cegados por una visión ramplona del capitalismo. Incapaces de pensar una economía de mercado productiva, competitiva y diversificada. Obsesionados con generar rentas cortoplacistas para tapar el déficit fiscal aún a costa de los ecosistemas.
Durante “El Niño”, 124 municipios padecieron desabastecimiento de agua; Bogotá y Medellín enfrentaron crisis por contaminación atmosférica y el Ideam proyecta que el Caribe y la Orinoquia se desertifican como consecuencia del cambio climático. Pero altos funcionarios y sectores de la empresa privada siguen empeñados en que el petróleo, el carbón y el oro son más importantes que los ecosistemas o que contar con una política de adaptación al cambio climático.
Pero esta semana la sociedad civil, el Congreso, los medios comunicación y los activistas demostramos que no todo está perdido. En menos de una semana desde el anuncio de la ANLA, la acción colectiva informada logró la revocatoria de una de las 4 licencias para explorar yacimientos petroleros en la Serranía de La Macarena. Un absurdo disfrazado de decisión técnica que reveló graves fallas y abusos desde el Estado en la protección de los recursos naturales. Este logro no soslaya que necesitamos más que movimientos ciudadanos reactivos. Tenemos que ganar más que batallas en Twitter para poner freno al abuso de poder y el prevaricato que causan incertidumbre a todos, incluso a los inversionistas que pretenden beneficiar.
Nuestros desafíos en cambio climático, desarrollo económico, inclusión social y posconflicto necesitan una política de desarrollo ambiental, social y fiscalmente sostenible. Que entienda que en el top de nuestras ventajas comparativas están el agua y la biodiversidad, y no oro ni petróleo. Mucho más sentido común y seguridad ambiental, social y jurídica son las contribuciones que tenemos que asegurar para afrontar con éxito los enormes desafíos que plantea el futuro.
