Opinión
"Hoy hemos dado un paso fenomenal, que puede cambiar el rumbo de las exportaciones agropecuarias del país, cuando la diversificación es un imperativo para disminuir la dependencia de la renta petrolera".
Por José Felix Lafaurie Rivera*. - Escribo estas líneas acabando de dejar Colonia, Alemania, donde culminó la mayor feria de alimentos del mundo, ANUGA 2023, evento al que Fedegán asistió por primera vez ¡en 2001!, hace ya 22 años.
Sin embargo, nuestra participación este año tiene una diferencia sustancial: por primera vez el gremio ganadero; Fedegán, se une al avícola, Fenavi, y al porcícola, Porkcolombia, para mostrar el potencial del país en la producción y exportación de proteína animal. Este no es un asunto menor; se trata de tres gremios consolidados, los tres administradores de recursos parafiscales, con un nicho importante en el mercado nacional y con potencial exportador, los tres compartiendo stand y representando a Colombia en un evento de nivel mundial.
Pero, además, uno de los nuestros, Augusto Beltrán, fue elegido, en la convención celebrada en Maastricht, como miembro del Board of Directors del International Meat Secretariat (IMS), significativa posición que se une a la de nuestro colega Gonzalo Moreno, de Fenavi, en el Executive Committee del International Poultry Council (IPC).
En los últimos diez años la producción de carne de pollo aumentó un 42,8%, hasta 1,9 millones de toneladas, y su potencial exportador se estima entre 273 mil y 364 mil toneladas anuales. Los porcicultores crecieron más del 7%, produjeron 526 mil toneladas y quieren también abrirle las puertas del mundo a su esfuerzo productivo. Los ganaderos, que produjimos más de 900 mil toneladas de carne y 7 mil millones de litros de leche, en 2022 superamos la meta de 500 millones de dólares en exportaciones.
Comienzo tuvieron las cosas: En mayo de 2006, culminadas las negociaciones del TLC con USA en noviembre de 2005, afirmé en mi columna semanal que “nuestra apuesta es introducir carnes de calidad en el mercado americano en no más allá de cinco años, sin tener en cuenta otros mercados interesantes como el europeo y el chino”.
Pues bien, acabamos de obtener admisibilidad al mercado chino, pero ni un solo kilo de carne colombiana ha llegado al de Estados Unidos y la Unión Europea, cuyos TLC no solo se demoraron en entrar en vigencia (2012 y 2013), sino que ya completaron diez años operando, sin que hayamos logrado obtener admisibilidad sanitaria.
En el entretanto, a partir de la red de frigoríficos construidos con aporte de recursos parafiscales, íbamos en ascenso en el mercado venezolano hasta 2009, cuando, abruptamente, se suspendieron las exportaciones. “En carne propia”, aprendimos, primero, que no hay que poner los huevos en una sola canasta; y segundo, que no podemos sentarnos a esperar lo que no ha de llegar. Empezamos entonces a buscar mercados con mayor ímpetu, a “maletear” por el mundo, acompañados, hay que reconocerlo, por nuestras autoridades sanitarias y de comercio exterior.
Como hablo en plural, debo aclararle a mis lectores que FEDEGÁN no exporta, pero una de sus misiones gremiales es fomentar las exportaciones, por su efecto modernizante y dinamizador de la productividad y la rentabilidad ganadera, y por su aporte a la diversificación exportadora del sector agropecuario.
Sin abandonar las gestiones ante USA y la UE, empezamos con los mercados de bajo precio, principalmente de Oriente Medio; exportamos carne, pero incursionamos también en la exportación de animales, con estricto cumplimiento de normas sanitarias y de bienestar animal, aunque debimos enfrentar ataques y campañas estigmatizantes.
Hoy hemos dado un paso fenomenal, que puede cambiar el rumbo de las exportaciones agropecuarias del país, cuando la diversificación es un imperativo para disminuir la dependencia de la renta petrolera. Se trata de una apuesta con vocación de permanencia para incursionar en el mercado mundial de proteína animal.
¡Nos seguirán viendo juntos!
Bogotá, D. C, 15 de octubre de 2023
*Presidente de FEDEGAN
@jflafau
¿Por qué los más ricos siguen teniendo la misma tajada del pastel si mejoran los ingresos de los más pobres?... una de las razones: la riqueza está muy concentrada y los frutos del desarrollo los acaparan unos pocos…
Por Mauricio Cabrera Galvis*. - Se espera que el Ministerio de la Igualdad combata la desigualdad; lo que no es evidente es cual desigualdad, pues existen muchas clases. Hay desigualdades regionales, étnicas, de género, de oportunidades y varias otras, pero desde el punto de vista económico hay tres clases de desigualdades que inciden en todas las mencionadas.
Una es la desigualdad en el acceso a los bienes y servicios básicos, que es la expresión de la Pobreza; otra es la desigualdad en la distribución del Ingreso que refleja cómo se reparten lo producido en la economía, y una tercera es la desigualdad en la distribución de la Riqueza.
Desde hace más de 50 años todos los gobiernos han prometido en sus planes de desarrollo disminuir la desigualdad, pero apuntando siempre a la primera y, solo en los últimos años a la segunda. Como resultado se ha producido un paradójico desarrollo social: una notable reducción de la pobreza, ningún cambio en la distribución del ingreso y una mayor concentración de la riqueza.
Uno de los signos más visibles de la desigualdad social es la diferencia en el acceso a los bienes básicos como alimentación, salud, educación, vivienda, agua o energía. No hay medida para esta desigualdad, pero si existen dos indicadores que clasifican la población entre los pobres que no tienen acceso y los que si lo tienen. Son el de Pobreza Monetaria que mide cuantas personas no tienen ingresos suficientes para adquirir la canasta familiar, y el de Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) que identifica a quienes no tienen salud, educación o vivienda con servicios.
La Pobreza Multidimensional ha descendido de manera significativa en Colombia puesto que durante décadas ha habido un esfuerzo para mejorar el acceso de población a los servicios básicos. Desde el 2012 ha bajado del 26.5 % a 12.9 %. La explicación es el aumento de servicios y subsidios ofrecidos por el Estado que han aumentado la cobertura en salud, educación, así como el acceso a vivienda propia. La disminución del IPM no implica que se haya disminuido la desigualdad en el acceso a estos servicios básicos porque el índice no mide la calidad de los mismos como sucede en educación y salud.
En cuanto a la Pobreza Monetaria disminuyó de 40.8 % en 2012 a 34,7 % en 2018. En el 2020, la pandemia y la demora y la insuficiencia de los auxilios del gobierno hicieron que explotara la pobreza hasta 42.5 %. En los dos últimos años se revirtió un poco este aumento, pero el porcentaje de personas en situación de pobreza es muy similar al de 10 años antes.
Los logros en materia de disminución de la pobreza y acceso a servicios básicos no han modificado las profundas desigualdades en la distribución del ingreso y la riqueza que existen en Colombia. En 2012 el GINI del ingreso era de 53.9 y 10 años después es más alto (55.6), a pesar de la gran disminución en la pobreza multidimensional y el aumento de los ingresos monetarios de los pobres. La razón es muy simple: los ingresos de los ricos han subido más.
¿Por qué los más ricos siguen teniendo la misma tajada del pastel si mejoran los ingresos de los más pobres? La respuesta es compleja, pero una de las razones es porque la riqueza está muy concentrada y los frutos del desarrollo los acaparan unos pocos, pero este será el tema de la próxima columna.
Cali, 8 de octubre de 2023
*Filósofo y Economista. Consultor.
“Gracias a la JEP, Colombia vive tiempos en los que la reconciliación echa raíces y las víctimas son protagonistas del cambio de paradigmas”
Por Hubert Ariza*. -El pasado 3 de octubre, en la Plaza de Bolívar, a escasos metros del centro de poder nacional, Colombia vivió uno de los momentos más impactantes en el proceso de reconciliación nacional: la solicitud de perdón, en nombre del Estado, del presidente Petro a 19 madres de Soacha por el asesinato de sus hijos a manos de agentes descompuestos de la fuerza pública, en el fenómeno sistemático de violación de derechos humanos conocido como los falsos positivos, que dejó una cifra de víctimas, según la Jurisdicción Espacial para la Paz (JEP), que hoy está marcada con sangre en la historia del conflicto armado interno: 6402.
Los llamados falsos positivos son un concepto que encubre la barbarie de la política contrainsurgente aplicada durante los ocho años del Gobierno del presidente Álvaro Uribe, que incluía contar cuerpos, llamados positivos, para incrementar la popularidad del Gobierno, ganar elecciones, y demostrar el supuesto éxito de la seguridad democrática, el aumento del poder estatal y control territorial, y el avance en la derrota militar de las FARC y el ELN.
Todo comenzó cuando el entonces ministro de la Defensa, Camilo Ospina, firmó la directiva 029 de 2005, que garantizó recompensas y estímulos a los militares por captura o eliminación física de guerrilleros y líderes de organizaciones criminales, y que la fuerza pública aplicó a rajatabla en los territorios, muchas veces en alianza con organizaciones paramilitares, usando tácticas de engaño, sin detenerse a cuestionar el enorme daño a la democracia y la institucionalidad.
La tragedia de los falsos positivos ha permitido ratificar el valor de las víctimas, la fortaleza de las instituciones y la trascendencia de la JEP, donde oficiales del Ejército, incluidos generales en retiro y suboficiales, han comparecido para atestiguar sus graves faltas a la Constitución y al Derecho Internacional Humanitario (DIH), amparados en una normatividad que no sirvió para ganar la guerra, sino para degradarla, ahondar el dolor y el terror de las comunidades, y manchar el honor de las Fuerzas Militares, que casi 20 años después han tenido que pedir perdón a las víctimas, la sociedad y la comunidad internacional por sus delitos atroces.
Uno de los casos más estremecedores ha sido la audiencia de la JEP en Yopal, del pasado 18 de septiembre, en la que 21 oficiales, incluido el general en retiro Henry William Torres Escalante, perteneciente a la Brigada XVI, reconocieron su participación en el asesinato de 303 civiles, que presentaron como bajas en combate y celebraron como el triunfo del Estado sobre la subversión. Su declaración hoy es, paradójicamente, el triunfo del Estado sobre la atrocidad y el engaño; la victoria de los Acuerdos de Paz sobre los guerreristas.
A hoy han comparecido ante la JEP 41 oficiales a reconocer sus delitos y decir la verdad, dejando sin piso la narrativa de que fueron hechos aislados, o discursos de la guerrilla para deslegitimar a la fuerza pública.
Lo que ha ocurrido en la JEP ha obligado al país a valorar la justicia transicional y a dimensionar el significado del perdón como esencia de la reconciliación. La derecha, que dispara a diario bulos contra la Justicia Transicional, ha perdido audiencia. La verdad sale a flote a borbotones, en medio del llanto de las víctimas y el arrepentimiento de los victimarios, venciendo los argumentos de los negacionistas, arrinconando a los revisionistas, obligando a los responsables a dar la cara, pero también generando nuevos episodios de polarización entre viejos enemigos de la reconciliación que arremeten, arrinconados por la verdad, en su lucha por deslegitimar la institucionalidad para la paz. La desmesurada reacción del expresidente Uribe a una columna en El Espectador, del jurista Rodrigo Uprimny, es ejemplo de ello.
Todo sería diferente si el presidente no fuera Petro. Con su llegada, crece con el paso de los días el impacto de la JEP en la construcción de la verdad y el tema de los falsos positivos dejó de ser un tabú para la opinión pública. Además, el Estado y la fuerza pública lo asumen en la actualidad con responsabilidad democrática y no se atrincheran en razones de Estado para evadir el clamor de las víctimas porque haya verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
Con el nuevo Gobierno, igualmente, los actos de excusas públicas a las víctimas dejaron de ser un asunto esporádico de un Estado vergonzante y a la defensiva. En tan solo 33 días, el primer mandatario, personalmente, pidió perdón en nombre del Estado en dos casos emblemáticos de violación de derechos humanos: el 31 de agosto por el asesinato, el 19 de agosto de 2011, a manos de un agente de policía del niño grafitero Diego Felipe Becerra; y el pasado 3 de octubre a las 19 madres de los falsos positivos de Soacha, en donde pronunció un discurso en el que dijo: “la verdad no es para vengarnos”.
Gracias a la JEP, Colombia vive tiempos en los que la reconciliación echa raíces y las víctimas son protagonistas del cambio de paradigmas. Ahí está la clave para sanar la democracia y avanzar hacia un acuerdo nacional en el que proteger la vida sea la guía de un nuevo futuro. Después de 60 años de guerra interna y tantos hechos de barbarie protagonizados por uno u otro bando, faltan muchos actos de perdón del Estado, por su acción u omisión. La JEP abrió la puerta a la verdad. Hay que permitirle que entre a esta casa grande llamada Colombia y nos cambie la vida para siempre.
Bogotá, D. C, 9 de octubre de 2023
*Periodista, internacionalista y analista político.
“Veremos si efectivamente el espíritu constructor de un gran pacto nacional pasa ahora al terreno de las formulaciones”
Por Juan Camilo Restrepo*. - En las movilizaciones populares del pasado 27 de septiembre, que resultaron financiadas en buena parte con recursos del presupuesto nacional, el presidente Petro hizo algunas reflexiones sobre lo que entiende como “el gran acuerdo nacional”.
“El gran acuerdo nacional” lo ha venido mencionando el jefe del Estado como una muletilla que repite permanentemente en sus alocuciones. Pero fue solo hasta el este discurso que empezó a concretar lo que se entiende con ese enunciado.
Según la versión que se ha divulgado de su intervención en la Plaza de Bolívar aquel día, se entiende por gran acuerdo nacional un pacto con la oligarquía colombiana -estas son sus palabras- y la cabeza del Ejecutivo, para que sin que este último “tenga que arrodillarse ante nadie” se llegue a un consenso sobre tres grandes temas: la verdad, la educación y la tierra.
Dentro de esta perspectiva las otras grandes reformas que están llegando al Congreso o que van a llegar, quedarían por fuera del “gran acuerdo nacional”. Éstas, entonces, y como es natural, deberían ser concertadas con los partidos políticos en el seno de las cámaras legislativas. Sea dicho de paso que una buena parte de estas reformas ni siquiera se ha radicado todavía en el Congreso, ni tampoco han sido cuantificadas fiscalmente. Falencia que pesa como una piedra de molino en el cuello de la sostenibilidad fiscal futura del país.
Pero volvamos un momento a lo que dijo Petro que eran las tres columnas del “gran acuerdo nacional”.
En primer lugar, habla de la verdad. Se entiende que se refiere principalmente a los juicios que se están adelantando en la JEP, y muy concretamente al destape de responsabilidades que de allí se derivan, en lo concerniente a las desapariciones forzosas sobre las cuales se han venido presentando en esta jurisdicción evidencias escalofriantes; las últimas de las cuales se refiere a lo acontecido en el departamento del Casanare.
Lograr un gran acuerdo nacional de respaldo a este meritorio trabajo que viene adelantando la JEP no debería ser imposible. En realidad, el único grupo político que mantiene sus destempladas descalificaciones a la JEP es el que encabeza el expresidente Álvaro Uribe.
Se trata de un asunto que debe aceptarse, no solo por los oligarcas a los que se refiere Petro, sino por toda la comunidad colombiana. El reconocimiento de la legitimidad en los procesos que viene adelantando la JEP es elemento fundamental en la aclimatación futura de la paz en nuestro país.
El segundo pilar que según el presidente debe sostener este “gran acuerdo” es el de la política agraria, y muy especialmente lo relacionado con la entrega de tierras a los campesinos a través del gran fondo que aspira distribuir 1.5 millones de hectáreas durante este gobierno.
El gobierno Petro ha dicho que, en esencia su programa agrario se centra en desarrollar el punto número 1 de los acuerdos con las Farc en La Habana, que trata justamente sobre la transformación rural integral.
El hecho de que el término de referencia del actual gobierno para avanzar en una reforma agraria lo haya concretado en desarrollar el punto número 1 de los acuerdos de La Habana es algo positivo, que debería ayudar a concretar el pilar número 2 de esbozado “gran acuerdo nacional”.
En efecto, el número 1 de los acuerdos de La Habana fue quizás el que se trabajó con mayor esmero. Su discusión tomó cerca de dos años y convocó a las mejores inteligencias del país sobre el tema del desarrollo rural. Se trata de un programa multianual que habrá de desarrollarse durante el llamado post conflicto, y no trata solamente de distribuir 3 millones de tierras peladas a los campesinos sino, además, de acompañar este esfuerzo distributivo de otro de no menor envergadura como es la formalización de 7 millones de hectáreas y la dotación de bienes públicos en los espacios rurales de Colombia.
No se ve porqué la ratificación de los propósitos del punto número 1 de lo acordado en La Habana no pueda convocar un núcleo suficiente de opinión favorable para construir el segundo propósito del “gran acuerdo nacional”.
Habrá, si, que hacerle retoques a la formulación que recientemente se le ha hecho a través de un proyecto de decreto divulgado por el Ministerio de Agricultura para comentarios, que da la impresión equivocada de que el único camino en el que está pensando la administración Petro para distribuir tierras es el de la figura de la “extinción de dominio”. Figura que viene desde la ley 200 del 36 y que puede aplicarse cuando se quebranten principios de adecuada explotación o de respeto a los postulados ambientales.
Pero lo más inquietante de este proyecto de decreto es que la extinción de dominio se presenta como un mero proceso administrativo cuya ultima palabra la tendría una unidad gubernamental subalterna como es la Agencia Nacional de Tierras. Es indispensable que estos procesos de extinción de dominio tengan una segunda instancia que debe ser el ámbito jurisdiccional para evitar cualquier suspicacia que se pueda presentar. La reciente creación por el Congreso de la jurisdicción agraria nacional es una buena ocasión para que sea ella quien diga la última palabra cuando se presenten conflictos a resolver con motivo de la aplicación para fines de reforma agraria de la figura de “extinción del dominio”.
Debe aclararse también que la “extinción del dominio” en los predios rurales es apenas uno de los varios caminos que el gobierno tiene a su disposición para formar el acervo de tierras que se van a utilizar con fines de reforma agraria. Además, es indispensable pensar en la adjudicación de baldíos que, de acuerdo con luminosa sentencia reciente de la Corte Constitucional, solamente pueden utilizarse para fines asociados a la reforma agraria.
El último pilar que mencionó el presidente es el relacionado con la reforma educativa que está preparándose. Si realmente se quiere llegar a un gran acuerdo nacional sobre este tema resulta indispensable que el gobierno tome nota de las observaciones que ya han formulado a los borradores de reforma los voceros de las grandes universidades privadas del país. Que no pueden desconocerse olímpicamente si es que efectivamente se quiere llevar este asunto a la agenda del gran pacto nacional.
En síntesis: después de las puntadas que soltó el presidente Petro este 27 de septiembre sobre lo que entiende como la agenda de un gran pacto nacional, ésta empieza a hacer el tránsito de una simple muletilla a algo, aunque muy vago todavía, que comienza a tomar forma.
Veremos si efectivamente el espíritu constructor de un gran pacto nacional pasa ahora al terreno de las formulaciones concretas.
Bogotá, 8 de octubre de 2023
*Abogado y Economista. Exministro de Estado
“Me siento extranjero en todas partes, menos en el Caribe” Gabriel García Márquez
Por Amylkar D. Acosta M*. - Según el gran pensador antioqueño Luis López de Mesa, Colombia es un archipiélago de regiones claramente diferenciadas, pero tuvimos que esperar hasta 1991 cuando se reconociera ese hecho en la Constitución Política, al igual que su carácter multiétnico y pluricultural, es lo que llama coloquialmente el destacado periodista del Caribe Juan Gossaín, “un sancocho de gentes”, en el que se confunden y fusionan muchas razas.
Muchas regiones del país se disputan el título de ser la cuna de la independencia, pero lo que nadie pone en duda es que el Caribe se constituyó en la catapulta de los últimos reductos de las diezmadas tropas del ejército realista forzados a salir en desbandada hacia Cuba, después de morder el polvo de la derrota en las fortalezas de Bocachica (Cartagena de Indias), obligando al último gobernador español brigadier Gabriel de Torres a capitular ante los patriotas, consolidándose de esta manera la gesta independentista. Ello acaeció en 1821, el 11 de octubre, potísima razón esta que tuvieron los gobernadores de la región para adoptar esta fecha emblemática como el Día del Caribe.
La Región Caribe tiene una larga trayectoria en su lucha por la integración y la autonomía regional. Hace rato nos convencimos de que lo peor que le puede pasar a las regiones, parodiando a López de mesa, es que ellas se reduzcan a ser un archipiélago de departamentos sin conexidad ni articulación alguna. Uno de sus hitos más remotos fue la constitución de la Liga costeña en 1919, desde entonces los esfuerzos por lograr la cohesión y la integración regional han sido la constante.
Su objetivo fundamental ha sido dejar de ser alfil sin albedrío del asfixiante centralismo, que se entronizó en la Constitución de 1886 mediante la fórmula dicotómica de la centralización política y la descentralización administrativa, que siempre tuvo durante su vigencia centenaria más de lo primero que de lo segundo. Más de 100 años después se dio un paso de la mayor importancia con la expedición de la Ley 76 de 1985, mediante la cual se crearon las regiones de planificación, más conocidas como los CORPES, las cuales perduraron hasta el año 1999.
Luego se dio un paso de la mayor importancia en la Constituyente de 1991, la cual expidió una nueva Constitución política, en la cual, además de reconocer la existencia de las regiones, consagró el principio de la autonomía territorial. Y fue más lejos, al permitir que las regiones se pudieran constituir inicialmente como regiones administrativas y de planificación (RAP) y luego como entidades territoriales (ET). En la elección del Congreso de 2010 más de 2.5 millones de ciudadanos del Caribe se expresaron en las urnas a favor de avanzar en pos de este objetivo.
La RAP del Caribe, constituida el 19 de octubre de 2017, se puso en marcha el 1 de febrero de este año, se ha venido posicionando en la región, convocando a los distintos estamentos a avanzar en el firme propósito de contrarrestar la recentralización que se ha venido dando a lo largo de los 32 años de vigencia de la nueva Constitución, de nivelar la cancha cerrando las enormes brechas sociales entre la región Caribe y el centro del país, cumpliendo el papel de articulador e integrador, en el entendido de que juntos, unidos somos más y más fuertes, ganando de paso una mayor capacidad de interlocución frente al gobierno central.
El pasado 30 de junio el Consejo regional de la RAP aprobó la versión preliminar del Plan estratégico regional (PER) del Caribe, El futuro se hace presente, el cual nos servirá de carta de navegación para enfrentar de consuno, los siete departamentos que la integran, los retos que nos plantea el nuevo modelo de desarrollo en ciernes, que tiene en la Transición energética justa y la estrategia de Transformación productiva sus dos ejes fundamentales. Su apuesta es por la superación de la pobreza, mediante la generación de empleo formal e ingreso, el desarrollo de capacidades y competencias, la inclusión y la cohesión social, optimizando el aprovechamiento de su potencial en biodiversidad, recursos naturales renovables y no renovables y sobre todo su capital humano. Esta, que es su carta de navegación, nos permite decir que El Caribe está listo para encarar sus retos!
El PER fue revisado y evaluado por parte del DNP, como lo dispone la norma y conceptuó posteriormente, recibiendo su visto bueno, requisito este sine qua non, para que el Ministerio del Interior, previo el lleno de otros requisitos legales, expidió la Resolución número 033 fechada el 11 de septiembre, mediante la cual otorgó el “Registro al Esquema Asociativo Territorial Región Administrativa y de Planificación – RAP Caribe”, en el Registro de Esquemas Asociativos Territoriales”. Este constituye un paso más en su posicionamiento y consolidación institucional.
Bogotá, agosto 15 de 2023
*Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.
www.amylkaracosta.net
Sí, un Acuerdo Nacional no puede ser el resultado de “concilio” a puerta cerrada entre políticos…
Por: José Félix Lafaurie Rivera*. - Como lo he repetido muchas veces quizás, este tema me devuelve sin falta a Álvaro Gómez Hurtado, un gran colombiano que le planteó al país un gran “Acuerdo sobre lo fundamental” y, como la coherencia era uno de los rasgos de su talante, no dudó en sentarse en triunvirato a presidir la Asamblea Constituyente que derivó en la Carta del 91, con su adversario histórico, el Partido Liberal, y con un miembro del grupo guerrillero que apenas tres años atrás lo había secuestrado.
Han pasado tres décadas y, hoy, otro miembro de esa guerrilla, reinsertada con indulto en 1990, ocupa el solio de Bolívar y pone sobre la mesa, nuevamente, el tema del Acuerdo Nacional; lo había hecho en campaña, pero entonces era inevitable desligarlo de los cálculos electorales, como hoy se podría pensar que, simplemente, se trate de ganar gobernabilidad.
Como sea, si me preguntan, creo que el país necesita, hoy más que nunca, de un Gran Acuerdo Nacional, algo de lo que no solamente se está hablando en la Casa de Nariño.
¿Por qué se necesita ese gran acuerdo entre los colombianos?
Primero, porque llevamos más de ¡dos siglos! en una vorágine de violencia en medio de la cual se han aplazado, no tanto unas reformas u otras, sino la consolidación misma de la nación próspera para todos que debería ser Colombia. En guerra todo el siglo XIX; con una “gran guerra” comenzó el XX, marcado luego por la violencia política, la guerrillera, la marimbera, la paramilitar, la cocalera; todas hoy, en pleno siglo XXI, condensadas en la violencia narcoterrorista.
Segundo, porque el país, hoy como nunca, está amenazado, desde sus cimientos -su democracia-, por la violencia y el poder corruptor del narcotráfico.
Tercero, porque el país ha estado siempre fragmentado -por eso las guerras y la violencia- y hoy lo sigue estando, entre izquierdas y derechas; entre la falsa narrativa de amigos y enemigos de la paz; entre pobres y ricos, entre la Colombia rural y la urbana.
Y finalmente, porque este escenario, que no es de coyuntura, sino estructural, histórico, ha hecho que el país pierda la fe, que no crea en las instituciones: en el gobierno, en el Congreso, los partidos y la clase política; en ¡la justicia! -gravísimo-; en los órganos de control…, en nada. Y con la fe, el país ha perdido -dicen- lo último que se pierde: la esperanza.
El para qué de un Acuerdo Nacional es solamente una conclusión de Perogrullo: Para recuperar la esperanza; ¿en qué?: en la paz, que no es solamente el silencio de los fusiles y el final de la violencia, sino lo que viene después: el progreso y el bienestar para todos, algo en lo que bien vale la pena estar “esperanzado”.
¿Cómo alcanzar un Acuerdo Nacional? Si es verdaderamente nacional, con una gran participación; y… ¿cómo concitarla? Aquí es donde los grandes líderes políticos, en el Gobierno y su coalición, en la oposición o en la neutralidad, todos los líderes políticos, o “pelarán el cobre”, o podrán sacar a la luz los kilates de su grandeza y el tamaño de su liderazgo.
Sí, un Acuerdo Nacional no puede ser el resultado de “concilio” a puerta cerrada entre políticos, pero esa necesaria “paz política”, que obliga a dejar a un lado el agravio, la diatriba y la estigmatización, es sustrato y condición de un acuerdo al que puedan sumarse los empresarios, los sindicatos, los políticos, las iglesias, la Academia, los jóvenes, el país entero… Un acuerdo deseable… Ojalá así fuera.
Bogotá, D. C, 7 de octubre de 2023
*Presidente FEDEGAN
@jflafaurie
“El único caso en el que se pudo establecer por parte de la Contraloría General de la República que una empresa no aplicaba el subsidio a sus destinatarios sino que se quedaba con el mismo es el de la abominable y abominada ELECTRICARIBE”.
Por Amylkar D. Acosta M *. - A propósito de los subsidios conviene dejar establecido que los mismos quedaron reglamentados en el artículo 99.3 de la Ley 142 de 1994 de servicios públicos, como “un descuento en el valor de la factura” de los más vulnerables, en este caso de los estratos 1, 2 y 3. Ello dio lugar a la creación del Fondo de Solidaridad para Subsidios y redistribución del ingreso (FSSRI) mediante la Ley 286 de 1996. Ello responde a uno de los principios que rigen la prestación del servicio de energía: eficiencia, calidad, continuidad y solidaridad. Este último tiene que ver con su acceso por parte de la población más vulnerable, contemplado en el 7º de los 17 Objetivos del desarrollo sostenible (ODS).
Para su financiación se estableció un esquema de subsidios “cruzados”, consistente en que los estratos 5 y 6, así como los usuarios no regulados (léase industria y comercio) pagaran una contribución del 20%. El estrato 4 es neutro, no recibe subsidio pero tampoco paga dicha contribución. Así se dispuso en el artículo 47 de la Ley 143 de 1994, previendo que “el faltante de los dineros para pagar la totalidad de los subsidios será cubierto con recursos del Presupuesto nacional”.
No obstante, en el año 2010, a través del artículo 2º de la Ley 1430 se eximió del pago de la contribución a los usuarios industriales y desde entonces el valor de los subsidios corre por cuenta de los estratos 4, 5 y 6, así como del Presupuesto general de la Nación (PGN). Según Sentencia C – 086 de la Corte Constitucional dicha contribución constituye un “impuesto nacional con destinación específica”.
Ya para el año 2018 el monto de los subsidios de energía ascendía a los $3.1 billones, de los cuales $1.8 billones se cargaron al PGN. Actualmente lo que se recauda por la sobretasa sólo alcanza a cubrir el 36% de los subsidios, de tal modo que el déficit que debe cubrirse a través del FSSRI supera los $5 billones, con cargo al PGN.
En desarrollo de una Asamblea de usuarios del servicio de energía en Santa Marta el pasado 17 de septiembre, convocada por el Ministro de Minas y Energía Andrés Camacho, este levantó una polvareda al espetar, sin pestañear, que “los subsidios por ley se asignan a los estratos 1,2 y 3. Y no se les entrega a la gente directamente, se les entrega a través de las empresas. Como la mayoría de las empresas son privadas, entonces se quedan con los subsidios y los administran. La transición debe garantizar que los subsidios lleguen a la gente”.
La respuesta de los gremios del sector (ANDEG, ANDESCO, ACOLGEN, ASOCODIS, NATURGAS y SER Colombia), todos a una, no se hizo esperar, le respondieron en el acto a su ligereza en los siguientes términos: “los subsidios aplican directamente a los usuarios mediante sus facturas y luego el Gobierno realiza los reembolsos mediante procedimientos que aseguran la validez de dicho proceso”. Además, revelaron que en la mayoría de los casos, los pagos se han demorado más de lo esperado, llegando al punto de acumular deudas pendientes desde el segundo trimestre del año.
Entre otras cosas, esta morosidad por parte de los distintos gobiernos en hacer efectivo el giro de los subsidios a las empresas prestadoras de los servicios, cuyo monto tiende a subvalorarse a la hora de aprobar el Presupuesto general de la Nación, sumados a los $4.9 billones de la cartera de los usuarios por cuenta de la aplicación desde la pandemia en 2020 de la opción tarifaria y la deuda de usuarios oficiales y constitucionalmente protegidos, que para abril de este año ascendía a $800 mil las puso en aprietos, al punto que se llegó a hablar de un inminente apagón financiero de las mismas.
Que se sepa, el único caso en el que se pudo establecer por parte de la Contraloría General de la República que una empresa no aplicaba el subsidio a sus destinatarios sino que se quedaba con el mismo es el de la abominable y abominada ELECTRICARIBE. Y ello dio lugar a un juicio de responsabilidad fiscal, que terminó con un hallazgo administrativo con alcance fiscal por valor de $78.517,59 millones para las vigencias 2015 y 2016”, obligando a la empresa a su reintegro.
Ahora bien, como lo afirman los gremios en su comunicación al Ministro, “si hay evidencias de malos comportamientos por parte de ellas, invitamos a interponer las denuncias que correspondan ante las autoridades pertinentes y a que estas, en derecho, ejerzan sus funciones en tal materia”. El Ministro tiene la palabra!
Cota, septiembre 30 de 2023
Economista. Expresidente del Congreso, Exministro de Minas y Energía.
www.amylkaracosta.net
Estamos ante una justicia independiente. Y estamos expuestos a sus aciertos y errores.
Por Fernando Cepeda Ulloa *. - Me pareció terrible la expresión que tanto el presidente Petro como su hijo mayor utilizaron para referirse a la persona que ejercerá la tarea de Fiscal y la de juez en el caso que se tramita sobre enriquecimiento ilícito y corrupción, en la Fiscalía General.
Elucubré sobre el tema y, finamente, resolví acudir al Diccionario de la Real Academia. Me pareció que era el método más sencillo sobre el significado de esta expresión que jamás había oído que se utilizara con respecto a un juez o Fiscal de la República. Es más. Jamás escuché entre mis compañeros de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, por allá a finales de los años cincuenta, que su aspiración fuera la de llegar a ser verdugos. Podría afirmar que jamás escuché esa palabra en nuestras conversaciones estudiantiles. Y tampoco recuerdo que ninguno de nuestros profesores la utilizara.
El diccionario, ya bastante deteriorado, trae doce acepciones de la palabra verdugo. Tan sólo la quinta me proporcionó una respuesta que me tranquilizó porque, de alguna manera, como que ayudaba a justificar su utilización. Veamos: “5. Ministro de Justicia que ejecuta las penas de muerte y en lo antiguo ejecutaba otras corporales; como la de azotes, tormentos, etc.” Recuerdo que hay doce acepciones de esta palabra Verdugo y tan sólo la quinta, como acabamos de leer, se refiere a la administración de justicia, pero en cabeza del Ministro y no de un fiscal o de un juez. Pero bueno, ya se acerca al tema.
No creo ni que el Presidente ni su hijo hablaran de verdugo en relación con el Ministro Osuna que todos percibimos como de muy buenas maneras y ni siquiera en una pesadilla podríamos imaginarlo realizando las tareas que esta quinta acepción nos indica. No conozco el o la Fiscal del caso, ni sé quién sería el juez o la juez que tendría que asumirlo. Es bien claro, no es el Fiscal General, Francisco Barbosa, quien debería ejercer las funciones que el diccionario señala, pero en ningún caso la ley, le asignan al verdugo.
Siempre he considerado que la tarea de investigación criminal y la del juzgamiento son de las más difíciles para un profesional del Derecho. Inclusive he creído que deberían recibir una formación especial, muy diferente de la que reciben hoy, por las implicaciones que tienen en el proceso decisorio y en la manera como ello afecta personalmente la vida del investigador y del juzgador. Atribuyo buena parte de la impunidad, y de los casos de prescripción tan numerosos, a la incapacidad que muchos profesionales del Derecho tienen para tomar decisiones de tanta envergadura. Fue una de las razones por las cuales no aspiré a ser un especialista en el Derecho Penal.
No quiero imaginarme la situación personal del investigador en el caso del hijo del Presidente y, mucho menos, la situación del juez que tenga que dictar la sentencia. Es que se trata de un tema de interés nacional, que no va a pasar desapercibido y con respecto al cual, ahí sí que es cierto, la opinión pública va a operar como un verdugo, sin tener todos los elementos de juicio y, en muchos casos, alimentada por prejuicios de muy diverso orden.
La opinión pública parece no darse cuenta de que el fiscal Barbosa no tiene a su cargo todos los miles de casos que se tramitan en esa institución. Tampoco parece entender que no puede interferir en la actividad de los investigadores y de los jueces. Estamos ante una justicia independiente. Y estamos expuestos a sus aciertos y errores. Para ello hay recursos que buscan remediar decisiones que son producto de la acción de seres humanos, falibles, y no de seres infalibles que no existen.
Bogotá, D. C, 1 de octubre de 2023
*Analista Político, Catedrático. Exministro de Estado
Estamos al borde de rescatar la autoridad en las vías nacionales, o de entregarla presenciando impasibles un estallido social tan grave o peor que el anterior.
Por Juan Camilo Restrepo Salazar *. - Las cifras comienzan a decir que sí: que el estallido social ya comenzó; y que apenas estamos empezando a darnos cuenta.
Veamos primero las cifras agregadas: según Confecar mientras en 2019 hubo 185 bloqueos de carreteras; en 2020, 184; en 2022, 125; en lo que va corrido del 2023 llegamos a 501 bloqueos viales. Es decir, durante los ocho primeros meses del año en curso se registra un aumento del 301% frente a los bloqueos registrados en todo el año pasado.
Según la ANDI, los 501 bloqueos que se han presentado este año, hasta agosto, representan 7.029 horas para el transporte de carga, o sea 229 días perdidos.
Los datos que entrega la ACP (Asociación Nacional del Petróleo) no son menos inquietantes: en rutas que interesan el transporte de combustibles se han identificado este año 180 bloqueos con una duración agregada de hasta nueve días, que han afectado seriamente los despachos desde las plantas de distribución de Mansilla en Facatativá, Sebastopol en Santander y Apiay en el Meta. En total se ha hecho imposible el envío oportuno de 20 millones de galones equivalentes al 1% del consumo nacional.
Las pérdidas económicas son también enormes. Según la ANDI llegan a $1,73 billones debido a las movilizaciones sociales, $ 6.400 millones por piratería y $ 1,9 billones atribuibles a destrozos de la infraestructura.
Sumémosle a esto los primeros fogonazos de desórdenes urbanos como el que tuvo lugar en Suba con la reciente vandalización de un CAI y los disturbios en el barrio Patio Bonito, lo mismo que en Medellín y Cali donde hubo igualmente destrozos del mobiliario urbano y en sus sistemas de transporte comunitario.
Las autoridades (militares y de policía) tendrán que responder pronto, de manera rotunda, si este tipo de desmanes son tolerados impasiblemente o si se evitan contundentemente.
Si la respuesta es la primera, es evidente que estaremos asomándonos de manera indolente a presenciar un nuevo estallido social; si la respuesta es la segunda quizás ello signifique que las medidas se están tomando aún a tiempo: estamos en el filo de la navaja.
Sin que ello represente una represión indebida o ilegal, el gobierno debe decidir si va a aplicar o no las normas vigentes que prohíben el bloqueo de vías nacionales por donde transcurre el comercio de mercancías esenciales, combustibles y alimentos.
El gobierno debe decir si a las manifestaciones de descontento ciudadano va a exigirles que se ubiquen en las bermas de las carreteras o si va a permitir impasible el bloqueo de vías.
El gobierno debe decir -y actuar en consecuencia- si considera que el derecho que asiste a quienes ejercen su protesta a la vera de una carretera prevalece sobre el derecho superior de la ciudadanía a que no se entorpezca el tránsito de los víveres y medicamentos del que depende la vida de muchos más.
Es evidente que la conflictividad social está en aumento. La polarización que vive el país, la vecindad de las elecciones regionales a finales de octubre, y la envestida de los grupos narcotraficantes envalentonados con las conversaciones de cese al fuego blandengues que estamos presenciando, son el caldo de cultivo ideal para que reaparezca un estallido social tan grave o peor que el que hubo en 2019-2020.
Estamos al borde de rescatar la autoridad en las vías nacionales, o de entregarla presenciando impasibles un estallido social tan grave o peor que el anterior.
El gobierno Petro tiene la palabra.
Bogotá, D. C, 1 de octubre de 2023
Abogado y Economista. Exministro de Estado.
"El proyecto hoy no está maduro para ser aprobado".
Por José Manuel Restrepo*. - Uno de los logros del gobierno es que ha puesto en el debate reformas y temas calientes en los que urge avanzar. La reforma laboral, de salud, justicia, pensional, política, entre otras, han sido históricamente debates difíciles de dar, con costo político, pero con falencias y deudas históricas. El problema es que el debate en algunos casos se ha dado entre amigos y sin consensuar, sabiendo que la gobernabilidad es limitada, y en otros casos, con eventuales herencias indeseadas.
El turno estas semanas fue para la reforma pensional. Del debate y audiencias realizadas, quedan algunas conclusiones. La primera, es que el proyecto hoy no está maduro para ser aprobado. Aprobarlo como está, supone una carga fiscal de tal dimensión que sería casi un robo intergeneracional, donde las generaciones jóvenes de hoy tendrán un problema imposible de administrar más adelante y dificultades para su pensión desde el 2070. En adición a lo anterior, habremos aprobado una reforma que destruye el ahorro e inversión de largo plazo, promueve la politiquería y no soluciona la nueva realidad demográfica, conduciéndonos seguramente a otra reforma pensional.
Pensando en el Congreso, porque creo en la necesidad de una reforma, algunas sugerencias. Los pilares solidarios y semi-contributivos (los más importantes porque atenderían al segmento más amplio y vulnerable de la sociedad), hoy prácticamente no existen en el proyecto o porque no tienen financiación en el marco fiscal de gasto a 10 años (más o menos una “casita en el aire”) o porque se cambió el modelo (semi-contributivo) desincentivando el ahorro pensional y reduciendo injustamente el valor monetario que recibirá esta población. Tristemente, estos que eran los avances claves del proyecto por su impacto social, pueden ser ineficaces o inadecuados.
En el pilar contributivo, desaparece el componente de ahorro individual y con ello las AFPs y el ahorro de más del 90% de los colombianos que habremos de hacer, transitará a una bolsa incapaz para administrar y con sesgos politiqueros. Eso sí fortalece el régimen de prima media, que sabemos es insostenible dada la nueva realidad demográfica y más cuando se tienen inamovibles en el proyecto, que debiesen cambiar, como edad de jubilación, tasa de aporte, tiempos de cotización, tasas de reemplazo, entre otros.
Desde lo fiscal y como el CARF y Fedesarrollo lo señalan, se necesitarían mínimo 10 billones más por año para lo subsidiario y generaría un aumento en el pasivo Pensional de más de 900 billones. ¡Herencia mortal a nuestros hijos y nietos!
Y desde la gestión del fondo público que se llevará nuestros ahorros (con la duda de si esto es o no una cuasi-expropiación a futuro y claramente una restricción a la libertad económica para que cada uno decida dónde y con quien manejar su ahorro), preocupa que así sea 1 peso, se termine gastando o abriendo más espacio fiscal en el presupuesto anual del gobierno para el derroche, y preocupa también la ausencia de independencia y de capacidad profesional de Colpensiones para administrar el dinero.
Así las cosas, como el Congreso actuarán con seriedad, el debate es largo y profundo y los ajustes igual. Y lo anterior en especial por el futuro de nuestra juventud.
Bogotá, D. C, 29 de septiembre de 2023
*Rector Universidad EIA
