Opinión

Por Giovanni Décola*. - Depende: Para la derecha es un eslabón más para seguir debilitando al círculo de funcionarios leales al ideario del Presidente Gustavo Petro, cuya cabeza, es la única que les importa; para la izquierda, tal vez sea una pieza importante del ajedrez, pero cuya caída, no implicaría la pérdida de la partida; empero para los hombres y mujeres de ideas liberales y progresistas, representa nada más y nada menos, que nuestra identidad y sentido de pertenencia, por una causa que volvimos como propia, la defensa del Gobierno Petro.

Desde el año de 2010, cuando Gustavo Petro por vez primera pretendió conquistar el alma nacional, los liberales lo mirábamos con cierta precaución. Lo escuchábamos, pero aún no le copiábamos, de ahí su precaria votación.

En el 2018, cuando Petro nos empezó a refrescar la memoria de personajes históricos del liberalismo  como José Hilario López, en cuyo gobierno se abolió la esclavitud; o de las ideas de Rafael Uribe quien soñaba con una sociedad donde se redistribuyera mejor la riqueza; o de Alfonso López Pumarejo y su  “Revolución en Marcha”, al explicarla como el deber del hombre de Estado, de promover los cambios por medios pacíficos y legales, todo lo que haría una Revolución signada por la violencia. Petro también nos recordaba a Jorge Eliécer Gaitán, y al igual que él, nos repetía que, el hambre no es liberal ni conservador, que la verdadera lucha era entre una inmensa mayoría expoliada y explotada, y una pequeña oligarquía liberal y conservadora, que se repartía a pedazos la Nación, mientras conminaban al pueblo a matarse entre sí, por colores que ellos mismos no distinguían. Esos valerosos discursos a favor de prohombres liberales, hicieron que lo empezáramos a admirar de verdad y muchos liberales le depositamos la confianza en 2018, pero dichos votos no fueron suficientes para alcanzar la victoria.

Si, a los liberales nos daba miedo que regresara el oscurantismo clerical o la nueva ola de pastores mercaderes de la fe (no todos), que siguen ciegamente la agenda de la derecha, pero también muchos liberales se dejaron meter el cuento del castrochavismo, y de la carreta de que, con Petro nos volveríamos peor que Venezuela.

Bastó que desde 2021, un liberal de gran talante, como Luis Fernando Velasco, que interpreta como Petro, el querer y la voluntad de ese gran pueblo irredento, se uniera sin ambages a su campaña, para que ese gran pueblo liberal, que yacía atontado desde la derrota de Horacio Serpa en 1998, 24 años después, emergiera con valor y decisión, para darle el respaldo, no a un hombre, sino a unas ideas, libertarias y progresistas.

Detrás de Velasco, continuaron su ejemplo antiguos senadores liberales como Guillermo García Realpe, o jóvenes promesas como el actual presidente de la Cámara, Andrés Calle, pero sobre todo, se sumaron esa multitud de liberales de principios e ideas, que esta vez perdieron el miedo. Sin esos votos de antiguos y nuevos liberales, que desoyeron las voces anacrónicas que invitaban a votar por un señor igual de anacrónico, hubiese sido imposible la victoria.

Por supuesto que, Gustavo Petro supo catapultar el clamor de esos inmensos sectores que hastiados de tanta corrupción, querían votar diferente y darle la confianza para regir los destinos del país, por encima de entendibles temores, que a mi juicio hacen más parte de la fantasía que de la realidad.

Su Gobierno ha emprendido una heroica lucha por reformas que el pueblo espera con urgencia, pero como afecta algunos privilegios injustos de los poderosos, estos arremeten contra Petro, y si no les importa la suerte del país, mucho menos la de un Ministro que en su época de congresista, fue considerado de los mejores Senadores del País. Velasco no solo tiene las capacidades y el talante para dirigir la cartera de la política, y eso lo reconocen, incluso sus opositores, que a sabiendas de que es un funcionario integérrimo y competente, pero sobre todo leal al presidente Petro y a sus ideas, es para ellos imperioso deshonrarlo y acribillarlo, no tanto para verlo fuera del Ministerio del Interior, sino para socavar al anillo más próximo al primer mandatario.

Hoy Petro, quien entiende perfectamente la jugarreta, valerosamente le respondió a esa legión de Gobernadores, cuya gran mayoría son apostatas del Gobierno del cambio, que si él no se involucra en la escogencia de los gabinetes departamentales, no tienen ellos por qué interferir en la designación o retiro de los Ministros.

Entregarle Petro en bandeja la cabeza del Ministro Velasco a la oposición, sería tanto, como cortarse sus propias piernas.

Lo que sí ha quedado claro, es que hay varios Ministros acobardados, que aún no han perdido el miedo para defender a nuestro Presidente, o por el contrario, están asolapados sirviéndoles a Dios y al diablo.

La arremetida de la gran prensa contra el Presidente es brutal, y si hay Ministros que le tienen miedo a la furia enloquecedora de sus esbirros, es mejor que rectifiquen o den un paso al costado. Ser Ministro es un honor, pero Ministro que no entienda, que por la defensa del Gobierno y de su Presidente, tienen que arriesgar hasta su propio pellejo, es porque están en el lugar equivocado.

Bogotá, D. C, 17 de agosto de 2023

*Abogado especializado en Derecho Administrativo. Periodista.

Por Fernando Cepeda Ulloa *. - Llama mucho la atención el interés del sector empresarial en señalar la importancia de las alianzas público-privadas para maximizar los beneficios que ofrecen múltiples oportunidades que están surgiendo y que son muy prometedoras. Algunas de ellas tienen que ver con los replanteamientos que se están haciendo con motivo de la nueva situación de la globalización. 

Valdría la pena contar con diferentes ejemplos del éxito de estas alianzas tanto en otros países como en Colombia. Y ello tiene validez en cualquier circunstancia, pero con mayor razón en un país en el cual se está hablando de reeditar un Acuerdo Nacional que tuvo una precaria existencia debe dar lugar a una reflexión muy seria. De otra manera, el riesgo de que vuelva a ser un Acuerdo Nacional efímero es bastante probable. Es que las reformas que no pudieron avanzar encontraron un escollo que tenía que ver con el modelo de desarrollo, o sea, cuál es el papel del Estado y cuál el del sector privado. Si estamos hablando de consensos y de no propiciar más fracturas, pues este tema de las alianzas público-privadas es de la esencia.

Luego de los debates para la reforma de la salud la pregunta obvia es: ¿hay un nuevo modelo de desarrollo? ¿Ese nuevo modelo contempla la eventual cooperación del sector empresarial o del sector público? ¿Hay sectores vedados? ¿Existe un consenso sobre la inconveniencia de este tipo de alianzas? ¿Acaso un desacuerdo al respecto bloquearía un acuerdo nacional? ¿Bloquearía las votaciones mayoritarias y así condenaría al fracaso oportunidades muy importantes?

Al verificar tantas expectativas del sector empresarial sobre la conveniencia de estas alianzas público-privadas vino a mi mente el libro del exministro Alejandro Gaviria “Explosión Controlada” en el cual revela, sin reservas ni matices, la posición ideológica del Presidente Petro sobre el papel del Estado en el manejo de políticas públicas estratégicas.

Cuando escucho las expectativas con respecto a eventuales alianzas entre el Estado y diversos sectores empresariales me pregunto qué tan viables eran esos proyectos o esas ilusiones en las circunstancias que estamos viviendo.

La reciente lectura -inescapable- del libro del exministro Gaviria me coloca en una actitud muy escéptica frente a esa posibilidad que, por otra parte, ha dado excelentes resultados en nuestra historia. El libro habla de la siguiente manera a este respecto en relación con la actitud del Presidente Gustavo Petro: “sospecha de las alianzas entre el sector público y privado, en la salud, los servicios públicos, la infraestructura, la vivienda, etcétera. Su posición no obedece a un análisis empírico, a una ponderación de los costos y beneficios, sino a una aversión ideológica”. Y añade: “contrapone el negocio a los derechos. Considera que la participación privada o el ánimo de lucro es incompatible con los derechos sociales (…). Esta hostilidad, que tiene como su anverso lógico una tendencia estatizante, burocrática, revela, en mi opinión, una mentalidad que podría catalogarse como antiliberal” (pp. 63 y 64) y más adelante comenta el exministro: “el debate termina siempre en lo mismo, en un juicio moralista, -nosotros representamos el bienestar general, ellos la defensa de unos negocios” (p. 66) y luego, refiriéndose al tema de la salud: “la reforma identificaba un solo problema (la presencia del sector privado en la administración de los recursos  públicos del aseguramiento en salud (…) el objetivo primordial fue desde siempre la centralización de los recursos (p. 93)”.

Uno se pregunta si al plantearse un Acuerdo Nacional sería conveniente que éste incorporara el tema de las alianzas público-privadas o si tal opción, dada la posición ideológica del gobierno actual, está eliminada.

No es un tema menor. Ya hemos visto el desacuerdo fundamental que se produjo en torno de la Reforma de la Salud. ¿Este veto seguirá inspirando otras reformas? ¿Acaso es una línea roja y por lo tanto inamovible en los diálogos con el gobierno y en los esfuerzos para construir consensos?

Bogotá, D. C, 15 de agosto de 2023

*Analista Político, Catedrático. Exministro de Estado.

Por Amylkar D. Acosta M *. - Como es consabido el pasado 2 de julio el Presidente Gustavo Petro, mediante Decreto 1085, apelando al artículo 215 de la Constitución Política, declaró la Emergencia económica, social y ecológica en el Departamento de La Guajira, “con el imperativo objetivo de conjurar la crisis humanitaria y el Estado de cosas inconstitucional, que lamentablemente se vive en el Departamento de La Guajira y que se ha visto agravado de forma inusitada e irresistible” por el advenimiento del fenómeno de El Niño.

Dicho Decreto ha sido cuestionado por parte de quienes consideran que el mismo transgrede la Constitución Política, alegando que sólo procede dicha declaratoria, tal y como lo establece la Carta en su artículo 215, “siempre que sobrevengan hechos distintos a los previstos en los artículos 212 y 213”, que se refieren a la declaratoria de Guerra exterior y conmoción anterior. Y a juicio de ellos la calamitosa situación que acusa La Guajira no se puede considerar como un hecho sobreviniente sino inveterado. De hecho las medidas cautelares decretadas por la Comisión interamericana de derechos humanos (CIDH) y el Estado de cosas inconstitucional por parte de la alta Corte, datan desde el 2015 y el 2017, respectivamente.

No obstante, nos atrevemos a afirmar que cada niño que muere, como han venido muriendo de manera recurrente, por inanición, por hambre, desnutrición o enfermedades asociadas a estas lacras sociales, cuya responsabilidad comparten tanto el Gobierno Nacional como las autoridades territoriales, debe considerarse como un hecho sobreviniente. De otro modo, este hecho tan aberrante terminaría convirtiéndose en simple paisaje bajo la mirada de un Estado indolente y ausente, que no cumple con la satisfacción de necesidades tan básicas como el acceso a la salud y al agua, que es un derecho fundamental que le asiste a las comunidades más vulnerables.

Además, el artículo in comento no se limita a señalar los hechos sobrevinientes como fundamento y justificación de la declaratoria de la Emergencia económica, social y ecológica, sino que contempla otra causal, cuales son aquellos “que constituyan grave calamidad pública”. Y si no configura calamidad pública la crisis humanitaria que azota y asola al Departamento de La Guajira cabe preguntarse qué se entiende por ella o qué hace falta para reconocerla. De modo que este artículo, el 215, hay que leerlo en su integridad y no parcialmente, pues bien dijo Voltaire que “si usted me da el Padre nuestro en pedazos, le demostraré que cada pedazo es una herejía”. Y, de contera, ni la Constitución ni la Ley se deben interpretar de modo que ofenda la razón y este es el caso!

Para mí, entonces, está plenamente justificada la declaratoria de la Emergencia, económica, social y ecológica, creo que se ajusta al mandato constitucional y consulta el espíritu de la Constitución Política y está, además, bien intencionada, pues con ella se da una clara muestra por parte del Gobierno nacional de que tiene la voluntad política de actuar con la presteza y diligencia que demanda el drama que aflige a amplios sectores de la comunidad en La guajira y muy especialmente los pueblos indígenas asentados en su territorio. Y, como dice Jim Cullen, “en donde hubo voluntad hubo caminos”!

Como lo plantea la Corte Constitucional en su Sentencia T – 025 de 2004, cuando se constata “la vulneración repetida y constante de derechos fundamentales que afectan a multitud de personas, su solución requiere la intervención de distintas entidades para atender problemas de orden estructural”. Ojalá que la declaratoria de esta emergencia sirva para hacer más expedito el cumplimiento de los dispuesto en el Documento CONPES 3944 del 6 de agosto de 2018, mediante el cual se establece una “Estrategia para el desarrollo integral del Departamento de La guajira y sus pueblos indígenas”, expedido en respuesta al Auto 207 del 25 de mayo de 2017 de la Corte Constitucional que conminó al Gobierno a que lo pusiera en práctica.

Pero unas son de cal y otras son de arena, una es la justificación del medio al cual recurrió el Presidente Petro para tomar las medidas conducentes a “conjurar la crisis humanitaria y el Estado de cosas inconstitucional” en el Departamento de La Guajira y otra, bien distinta, es la legalidad y constitucionalidad de los decretos con fuerza de Ley que se expidieron al amparo de la Emergencia económica, social y ecológica. Con respecto a dichos decretos tenemos reparos, sobre todo respecto a la conveniencia y oportunidad de algunas de las medidas tomadas, de lo cual nos ocuparemos en posterior artículo.

En todo caso, como lo establece el artículo 215 de la Constitución Política, “estos decretos deberán referirse a materias que tengan relación directa y específica con el Estado de emergencia”.  No se puede exceder el ejecutivo al expedirlos de las facultades extraordinarias que le otorga el ordenamiento jurídico, al cual debe ceñirse, a riesgo de que sean declarados inexequibles por parte de la Corte Constitucional que, de oficio, examina su constitucionalidad.

Riohacha, agosto 12 de 2023

*Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.

www.amylkaracosta.net

Por José G. Hernández*. - Para que el Estado -en particular, si se proclama democrático- tenga sentido como organización política de la sociedad y pueda alcanzar los objetivos y realizar los valores que ella procura, resulta indispensable que las instituciones funcionen, es decir, que los principios y normas contemplados en ejercicio de la soberanía -por la Constitución- sean aplicados, inclusive, en el evento de una crisis o en épocas turbulentas o especialmente complejas.

No podemos hablar de una democracia auténtica si, a partir de una coyuntura especialmente difícil, desbaratamos todo y volvemos a comenzar, sin dar oportunidad de operación al sistema de frenos y contrapesos, equilibrio y mutuos controles; sin que las soluciones institucionales tengan lugar, provocando o promoviendo vías de hecho ajenas al orden jurídico.

Así, ante la grave situación generada por la imputación de varios delitos al hijo del presidente de la República y a su expareja, cuando no se tiene nada claro -apenas iniciado el proceso penal- y solamente con base en confusas declaraciones y pruebas aún desconocidas en su integridad, no valoradas ni confrontadas por los jueces competentes, no es lo más democrático salir a proponer la renuncia del presidente o un juicio político en su contra, sin mayores elementos de juicio.

Hay que dejar que las instituciones operen. Desde luego, nadie está por encima del ordenamiento jurídico. Quien haya delinquido debe responder y se le debe aplicar con todo rigor la consecuencia penal correspondiente. Pero eso no se decide en las salas de redacción o las carátulas de los medios de comunicación, en los micrófonos, ni en las redes sociales, ni en una encuesta, sino en los estrados. Una vez culminado el proceso penal, mediante sentencia, con plena garantía del debido proceso, del derecho de defensa, del derecho a la prueba, la valoración y análisis de lo que se entienda probado según la ley.

Ahora bien, lo único que hasta ahora ha tenido lugar en el proceso, además del innecesario espectáculo de la captura, ha sido la imputación y la decisión judicial sobre medida de aseguramiento, sin privación de la libertad, aunque con las naturales restricciones a los imputados. Nada más.

Hay un asunto todavía más importante, y de interés público. Acerca de si a la campaña de Gustavo Petro ingresaron dineros mal habidos, y si el candidato y su jefe financiero tenían conocimiento, o si fueron excedidos los topes electorales, tampoco hay ninguna claridad, pruebas, ni decisiones judiciales o administrativas. Especulación, choques mediáticos entre opositores y amigos del Gobierno. Nada establecido. Ninguna certidumbre pública sobre lo ocurrido, aunque -a no dudarlo, por la salud del país y de su democracia, para la tranquilidad del electorado y por la legitimidad del Gobierno- las instituciones deben operar. Todo debe ser investigado a fondo, con pruebas, con fundamento, con garantías y pronto por las autoridades competentes. No puede haber impunidad.

La Constitución debe ser aplicada. Debe ser ejercido el control jurídico, y también el político a cargo del Congreso, pero no con base en los endebles elementos de los que hasta ahora se dispone. En la Constitución están previstas las consecuencias, si los hechos en referencia se acreditan. Que operen las normas.

Bogotá, D. C, 10 de agosto de 2023

*Expresidente de la Corte Constitucional

Por José G. Hernández*. - Para que el Estado -en particular, si se proclama democrático- tenga sentido como organización política de la sociedad y pueda alcanzar los objetivos y realizar los valores que ella procura, resulta indispensable que las instituciones funcionen, es decir, que los principios y normas contemplados en ejercicio de la soberanía -por la Constitución- sean aplicados, inclusive, en el evento de una crisis o en épocas turbulentas o especialmente complejas.

No podemos hablar de una democracia auténtica si, a partir de una coyuntura especialmente difícil, desbaratamos todo y volvemos a comenzar, sin dar oportunidad de operación al sistema de frenos y contrapesos, equilibrio y mutuos controles; sin que las soluciones institucionales tengan lugar, provocando o promoviendo vías de hecho ajenas al orden jurídico.

Así, ante la grave situación generada por la imputación de varios delitos al hijo del presidente de la República y a su expareja, cuando no se tiene nada claro -apenas iniciado el proceso penal- y solamente con base en confusas declaraciones y pruebas aún desconocidas en su integridad, no valoradas ni confrontadas por los jueces competentes, no es lo más democrático salir a proponer la renuncia del presidente o un juicio político en su contra, sin mayores elementos de juicio.

Hay que dejar que las instituciones operen. Desde luego, nadie está por encima del ordenamiento jurídico. Quien haya delinquido debe responder y se le debe aplicar con todo rigor la consecuencia penal correspondiente. Pero eso no se decide en las salas de redacción o las carátulas de los medios de comunicación, en los micrófonos, ni en las redes sociales, ni en una encuesta, sino en los estrados. Una vez culminado el proceso penal, mediante sentencia, con plena garantía del debido proceso, del derecho de defensa, del derecho a la prueba, la valoración y análisis de lo que se entienda probado según la ley.

Ahora bien, lo único que hasta ahora ha tenido lugar en el proceso, además del innecesario espectáculo de la captura, ha sido la imputación y la decisión judicial sobre medida de aseguramiento, sin privación de la libertad, aunque con las naturales restricciones a los imputados. Nada más.

Hay un asunto todavía más importante, y de interés público. Acerca de si a la campaña de Gustavo Petro ingresaron dineros mal habidos, y si el candidato y su jefe financiero tenían conocimiento, o si fueron excedidos los topes electorales, tampoco hay ninguna claridad, pruebas, ni decisiones judiciales o administrativas. Especulación, choques mediáticos entre opositores y amigos del Gobierno. Nada establecido. Ninguna certidumbre pública sobre lo ocurrido, aunque -a no dudarlo, por la salud del país y de su democracia, para la tranquilidad del electorado y por la legitimidad del Gobierno- las instituciones deben operar. Todo debe ser investigado a fondo, con pruebas, con fundamento, con garantías y pronto por las autoridades competentes. No puede haber impunidad.

La Constitución debe ser aplicada. Debe ser ejercido el control jurídico, y también el político a cargo del Congreso, pero no con base en los endebles elementos de los que hasta ahora se dispone. En la Constitución están previstas las consecuencias, si los hechos en referencia se acreditan. Que operen las normas.

Bogotá, D. C, 10 de agosto de 2023

*Expresidente de la Corte Constitucional

Por Fernando Cepeda Ulloa*. - Históricamente no pocos reyes sufrieron atentados o fueron objeto de pena de muerte. Es que al llegar a las más encumbradas alturas del poder se desatan odios, envidias, venganzas que no se satisfacen sino con la eliminación de la figura más poderosa.

En los tiempos republicanos la situación no ha sido muy diferente. Si miramos la principal democracia del mundo, Estados Unidos, encontramos que figuras tan eminentes como Abraham Lincoln o John F. Kennedy fueron asesinados en espacios públicos, en presencia de sus esposas y del público. También fueron asesinados otros presidentes y por fortuna no hay que añadir a la lista los que sufrieron atentados que no lograron su propósito letal como los de Roosevelt, Truman, Gerald Ford, James A. Garfield, William McKinley.

En nuestro tiempo el problema parece ser de otra naturaleza. La seguridad para los gobernantes, por fortuna ha mejorado significativamente.

A raíz de esta situación algunos han hecho recuento de los expresidentes que han recibido tratamiento similar y se ha establecido que desde el año 2000 por lo menos 78 exjefes de gobiernos han sido procesados criminalmente. Ahora, los judicializan. Contra el expresidente Trump hay varios procesos judiciales en marcha. Recientemente fue notificado que pronto recibirá una acusación formal. Se menciona la reciente condena del presidente Sarkozy en Francia, la de Berlusconi en Italia, la de Lula en Brasil, la de los Kirchner en Argentina y no se escapan países que se consideran modelos como Uruguay y Costa Rica. Algunos han sido absueltos, otros condenados. Tantos ejemplos son indicador notorio de los riesgos del poder. Muchos de ellos tienen que ver con el tema de corrupción. No puede excluirse que en no pocos casos se trata de persecución política.

De todas maneras, un repertorio tan numeroso de investigaciones criminales contra personas que ejercieron la Presidencia o el cargo de Primer Ministro genera desencanto en la ciudadanía, no solamente en la del país de ese exgobernante sino en el mundo entero que reafirma así su desconfianza en los políticos y en el ejercicio del poder.

La transparencia es requisito indispensable en el manejo de los asuntos públicos. Es un ámbito en el cual no solamente la realidad sino las apariencias tienen que indicarle a la ciudadanía, sin lugar a dudas ni sospechas, que sus gobernantes son impecables. Cuando se pierde esa credibilidad con respecto al más alto nivel del poder político se genera un daño casi irreparable. Son diferentes los procedimientos que se utilizan cuando un dirigente ejerce una alta función oficial con respecto a los que se le aplican cuando ya no lleva la investidura que lo protege. En algunos países existen tribunales especiales para el juzgamiento de los más altos funcionarios. En otros existen procedimientos especiales ante el Congreso, Asamblea o Parlamento pero, entonces, es inevitable que lo que debería ser un juicio conforme al Derecho se convierta en un juicio político en el cual son las mayorías las que hacen el pronunciamiento final. Otro es el caso cuando no existen estos privilegios y el asunto va a la justicia ordinaria. Nada fácil. No creo que exista un país que haya encontrado la fórmula óptima para el manejo de estas situaciones. El riesgo para los gobernantes es muy grande. Y el riesgo para la vigencia de la democracia es aún mayor.

La denuncia o acusación es un recurso necesario que evita mayores males.

Bogotá, D. C, 23 de julio de 2023

*Analista Político, Catedrático. Exministro de Estado.

Por Juan Camilo Restrepo*-. Los abigarrados nueve protocolos que se divulgaron en La Habana, y que habrán de orientar las negociaciones con el Eln en adelante, merecen varias consideraciones.

Al momento de escribir este artículo aún no se ha concretado con el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas su participación en el proceso de seguimiento y verificación. Es indispensable que esto se precise pronto, pues sin la participación de la ONU es utópico que el cese al fuego entre en vigor, efectivamente, el 3 de agosto.

El atiborrado protocolo que se refiere a la manera como se adelantará la “participación ciudadana” es a mi entender el que mayores interrogantes plantea. Resumo algunos de ellos:

El proceso de consulta con la sociedad civil durará hasta mayo de 2025, tal como se lo había precisado no hace mucho Antonio García al presidente Petro. Así está escrito en este protocolo con todas las letras: las consultas con la sociedad civil se prolongarán hasta mayo de 2025.

En el complejo mecanismo de consultas con la ciudadanía que se ha acordado habrá nueve encuentros regionales y quince grandes reuniones de carácter nacional, clasificadas temáticamente.

En estas abigarradas consultas se despacharán los primeros puntos de la agenda acordada en Méjico. La negociación sobre los demás temas solo estaría comenzando a partir de mayo del 2025. Hasta entonces nos iremos de foros en foros itinerantes a lo largo y ancho del país.

Del gran “Comité Nacional de Participación” (conformado por 81 miembros) saldrán recomendaciones que se pondrán a consideración de la mesa de diálogos.

Queda también claro que en el proceso consultivo con la ciudadanía se abordarán solamente los puntos 1,2 y 3 de la agenda. Pero que los otros complejos asuntos, como los contemplados en los puntos 4 y5 de la agenda entre los que se encuentran la entrega de armas y la desmovilización del Eln, solamente se empezarían a discutir a partir de mayo del 2025.

No queda en claro, aunque ha habido declaraciones ambiguas de los miembros de la mesa al respecto, si las recomendaciones del “comité nacional de participación” tendrán carácter “vinculante” o si serán meros insumos para la mesa.

Si se llega a pretender que las conclusiones del Comité Nacional de Participación tienen carácter “vinculante”, ello equivaldría a montar ni más ni menos una asamblea constituyente por la puerta de atrás. Este es quizás el punto más oscuro e intrigante de los protocolos divulgados. ¿Será que lo han dejado ambiguo a propósito?

El proceso consultivo con la ciudadanía concluye con la elaboración de un gran “plan nacional de la consulta ciudadana” que tampoco queda en claro ni cómo se elaborará ni qué uso se le dará.

La conclusión a la que se llega es que -si se cumple el itinerario señalado en los protocolos divulgados la semana anterior en La Habana- los diálogos con el Eln no estarán concluidos en lo que queda del periodo constitucional de Gustavo Petro.

Prácticamente todo el tiempo de ahora en adelante estará dedicado al complejísimo proceso que se ha diseñado de consultas con la ciudadanía. El próximo año y medio se nos irá en foros.

Vamos a entrar, entonces, a partir de ahora y hasta mayo del 2025, en lo que Álvaro Gómez denominaba un “estado dialogante”, en vez de una negociación de paz propiamente dicha con el Eln, que muy improbablemente concluirá durante el mandato de Gustavo Petro.

Bogotá, D. C, 23 de julio de 2023

Abogado y Economista. Exministro de Estado.

Por: José Félix Lafaurie Rivera*. - En Agroexpo 2023 presentamos con la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural un proyecto enmarcado en el convenio de venta de tierras ganaderas para reforma agraria, al que también hizo alusión el presidente Petro en su discurso de instalación de la nueva legislatura, como un camino para avanzar en su compromiso de gobierno con la Reforma Rural Integral.

El proyecto se basa en dos realidades:

La primera: que hay ganaderos con tierras subutilizadas en ganadería extensiva, y la segunda: que no lo hacen por “engorde ocioso”, como predican las narrativas contra la ganadería, sino porque la conversión de esas tierras a sistemas más productivos, como los silvopastoriles, exige inversiones que el ganadero no puede asumir.

Ahora, la solución del Proyecto:

Primero: el ganadero vende al Gobierno el 40% de su tierra. Segundo: con otra fórmula ganadora (capital de venta + crédito de fomento + asistencia técnica), el ganadero reconvierte su 60% restante a Sistemas Silvopastoriles Intensivos. Tercero: el terreno comprado es adjudicado a beneficiarios de reforma agraria, acompañado de un proyecto productivo de la Agencia de Desarrollo Rural, ya sea en ganadería sostenible, con lo cual se aprovechan las sinergias de la vecindad y la asistencia de FEDEGÁN, o en otros renglones productivos.

¿Quién gana?

El Gobierno, no solo porque impulsa su programa de Reforma Agraria hacia la nueva meta que formuló el presidente, de un millón y medio de hectáreas durante su periodo, sino porque avanza en su programa contra el cambio climático, gracias a la capacidad restauradora de los Sistemas Silvopastoriles.

El beneficiario de reforma agraria, pero solo si el gobierno marca realmente una diferencia con la INTEGRALIDAD (riego, crédito, asistencia, asociatividad y un largo etcétera); si no lo hace, algunos miles más de pobres sin tierra pasarán a ser pobres con tierra y el campo sufrirá una nueva frustración…, otra de tantas.

El ganadero, pues los Sistemas Silvopastoriles Intensivos le permiten mayor productividad y rentabilidad, con potreros, literalmente, convertidos en bosque con pasturas mejoradas, especies forrajeras y árboles, para que las vacas coman “mirando p’arriba” como explicó coloquialmente el presidente en su discurso.

Las ventajas de este sistema son todas: una capacidad de carga hasta cinco veces mayor, es decir, más animales en menos tierra y, por ende, mayor producción de carne y leche; mayor bienestar y menores problemas de salud animal; mayor captura de carbono y menor emisión de gases de efecto invernadero; mayor fijación de nitrógeno en el suelo y menor utilización de químicos; y quizás las más importante desde el punto de vista ambiental: la recuperación de las cuencas hídricas y de la biodiversidad.

Finalmente, gana la ganadería como actividad económica, con un mayor y mejor aporte a la seguridad alimentaria y a las exportaciones, a partir de productos orgánicos altamente demandados por los mercados, por sus mayores valores en elementos nutracéuticos, como el Omega 3.

En 2006, en nuestro Plan Estratégico 2019, planteamos que la ganadería podría devolver a la naturaleza y a la producción de otros alimentos 10 millones de hectáreas, hasta triplicando su producción en los restantes 20 millones, en los que podría albergar hasta 90 millones de animales en condiciones de sostenibilidad, lo que nos llevaría a los primeros lugares de la ganadería mundial y, de paso, a convertirnos también en paradigma de reconversión productiva sostenible.

Lo seguimos afirmando, pero no lo podemos lograr solos. Que el Gobierno así lo haya entendido es un primer paso hacia una gran revolución agraria. Es cuestión de replantear la meta y avanzar, porque la ganadería sostenible es una forma de paz social y de paz.

Bogotá, D. C, 23 de julio de 2023

*Presidente de FEDEGAN

@jflafaurie

Por Gabriel Ortiz*. - A Colombia nada la conmueve. La polarización a la que hemos llegado conduce a 50 millones de habitantes, a pasar por encima de cualquier acontecimiento por importante o trascendente que sea.

Ni los más encumbrados personajes reaccionan, cuando los hechos nacionales o internacionales tienen que ver con la soberanía, la independencia, la vida de las gentes, la seguridad y la economía.

Que se recuerde, el último acontecimiento que movió masas fue la visita del Papa Francisco, que congregó físicamente a gentes en todas las ciudades, campos y regiones.

Otras, muy pocas reacciones localizadas, obedecen a rechazos a la inseguridad que parece no tener fin, porque una comunidad frágil, temerosa y escondida lo permite.

Los que no pierden la oportunidad para mostrarse y expresarse pública y violentamente, son los hinchas de ciertos equipos, cuando les resultan contrarios los resultados de los encuentros.

Es decir: somos el país indolente que apreciamos el jueves 13 de julio, cuando Colombia alcanzó quizás, el mayor triunfo diplomático y territorial de su historia. El litigio marítimo, que teníamos con Nicaragua desapareció de una vez por todas. No habrá posibilidad para que ese país, pueda volver a meter sus narices en nuestro mar. ¡Este mar es nuestro! Como dice la canción.

Infortunadamente hubo demoras. Una de ellas, cuando el expresidente López Michelsen pidió ser recibido por el entonces mandatario Uribe Vélez, para exponerle la fórmula salvadora del litigio, como la renuncia al Pacto de Bogotá. Su colega no lo recibió, pero le envió a su canciller Fernando Araujo, a quien le fue explicada la solución. Nadie sabe si Araujo no transmitió el tema a Uribe, o que a este poco le interesó el tema, y prefirió seguir en La Haya.

En el 2012, el Nobel Juan Manuel Santos, siendo presidente, con su Canciller Holguín, asumieron un fallo que reconocía la soberanía de Colombia sobre el archipiélago de San Andrés, pero afectaba 70.000 kilómetros de mar territorial. Santos fue enfático en desconocer la pretensión de Nicaragua, porque “los límites de Colombia solo pueden ser fijados o modificados por la Constitución”, ¡y punto!

Así las cosas, Santos y sus sucesores continuaron afrontando el litigio, hasta este 13 de julio, cuando todo quedó resuelto a favor de Colombia y sin apelaciones, ni reclamaciones. La generalidad de la población no entendido, lo sucedido. Tímidamente recibió la noticia. Ni siquiera Petro, quien anunció que esperaría el fallo en las Islas, cumplió la cita. Tardíamente twiteo el hecho sin decirle al país que era el mayor triunfo diplomático. La verdad, verdadera a pocos les interesó. Otra nación, se hubiera tomado plazas, calles y avenidas para celebrar.

Somos un pueblo inmerso en la polarización, al que solo lo motivan orientaciones, colores, tendencias de manipuladores de opinión.

El Oh Gloria y demás explosiones de júbilo y alegría, desaparecieron, al igual que la historia y la geografía del pensum escolar.

BLANCO: La caída del dólar: ¿seguirá, subirá, o continuará igual?

NEGRO: Nadie reacciona a nada: se censuró el libro de la periodista Laura Ardila y nada ha pasado.

Bogotá, D. C, 23 de julio de 2023

Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.   

Por Mauricio Cabrera Galvis *. - La Guajira es el departamento con el mayor número de personas viviendo en situación de pobreza y de miseria, sin acceso a agua potable y otros servicios básicos. Lo increíble es que esta dramática situación no se debe a la falta de plata, pues el departamento ha recibido mucha, sino a la debilidad institucional, y, sobre todo, a la corrupción que ha desviado los cuantiosos recursos de regalías que ha recibido a unos cuantos bolsillos privados, en lugar de beneficiar a toda la población.

La situación de pobreza es apabullante: dos terceras partes de la población del departamento (67.4%) vivían con ingresos mensuales inferiores a $354.000, que es el mínimo que estima el DANE para definir la pobreza monetaria. En contraste el promedio de pobreza nacional es de 39%.

La situación de pobreza extrema, o miseria, es la de aquellas personas que no tienen ni siquiera para la alimentación básica, pues sus ingresos mensuales en 2021 eran inferiores a $161.000. De nuevo la Guajira tiene el deshonroso primer lugar con un 40.4% de su población en esas condiciones, que es más de 3 veces el promedio del resto del país, y nueve veces más que el departamento con mejores condiciones que es Risaralda con el 4.8%

Como consecuencia la calidad de vida de la mayoría de los guajiros es deplorable. Para enfrentar esta situación el presidente Petro y todo su gabinete se movilizaron a ese departamento, desde donde despacharon por una semana, anunciando un plan de choque con proyectos prioritarios para atender las necesidades más urgentes, y decretando una emergencia económica para desarrollar soluciones estructurales.

Lo inexplicable es que se mantenga esa situación inhumana en un departamento que ha recibido cuantiosos recursos por concepto de regalías del carbón y el gas. En efecto, desde 1994, la Guajira ha recibido más 15 billones de pesos (de 2023), que deberían haber sido suficientes por lo menos para dotar de agua potable a todos sus habitantes, o para conectarlos a las redes de energía.

En realidad si se han adelantado múltiples proyectos, pero muchos han quedado inconclusos, o se culminan pero no se les da continuidad ni mantenimiento. Por ejemplo, en el caso del suministro de agua se han construido 6.400 pozos y jagueyes, pero la mayor parte de estos sistemas se encuentran fuera de servicio debido a fallas en los esquemas organizativos que permitan responder frente al mantenimiento, operación y sostenibilidad.

Una de las explicaciones de este desperdicio de recursos es sin duda la debilidad institucional. En 12 años la Guajira ha tenido 15 gobernadores distintos, algunos que solo han durado unos cuantos meses y la mayoría destituidos al ser vinculados a casos de corrupción, delitos electorales y otros procesos penales abiertos.

Lo peor es la impunidad sistemática. Según la secretaría de Transparencia de la Presidencia, entre 2010 y 2023 se presentaron 922 delitos contra la administración pública y solo en el 16 por ciento de los casos hubo capturas; en un 2 por ciento se dictaron condenas, y las imputaciones fueron del 24 por ciento. En consecuencia, el 86% delitos relacionados con hechos de corrupción en la región está en inminente riesgo de prescripción, mientras que el 11% por ciento ya han prescrito.

Para que la Emergencia Económica y Social decretada por el Gobierno para la Guajira tenga éxito, debe incluir medidas de emergencia judicial contra la corrupción.

Cali, 8 de julio de 2023

Filósofo y economista. Consultor.