Opinión

Por Víctor G. Ricardo*.- Soy un ciudadano que considera que, antes de asustarse con los cambios y estar pensando en abandonar el país, lo que debemos hacer para el futuro de Colombia es trabajar juntos para disminuir esa gran brecha que existe actualmente frente a gran parte de la población y las regiones que carecen de recursos y que están lejos de encontrar atención en la salud, la educación, en vías de comunicación, en buenas carreteras que brinden la posibilidad de empleos dignos a sus habitantes. 

Para decirlo de otra manera, debemos unirnos para disminuir esa gran distancia que existe entre la población que vive en buenas condiciones de vida, en condiciones normales y aquella que no cuenta con los recursos y condiciones idóneas y que se ve aún más marcada entre quienes viven en las zonas urbanas y las zonas rurales.  Y cuando hablo de campo o zonas rurales, desafortunadamente nos estamos refiriendo a esa gran mayoría del territorio nacional, dónde además de no existir condiciones dignas de vida, están rodeadas por la mayor problemática de pobreza, violencia y falta de oportunidades.

Pero lo que no podemos confundir es la necesidad que el Estado llegue a estas poblaciones y regiones, con los malos y equivocados mensajes que estamos enviando a la comunidad internacional, que veía a Colombia como un país apto para nuevas inversiones que generan empleo o a los empresarios nacionales que no están viendo un panorama claro para el desarrollo de sus actividades empresariales. Y es que el desarrollo de las regiones y la satisfacción de las necesidades de las poblaciones más afectadas no se opone al desarrollo empresarial y la atracción de inversiones, y por ello se debe tener cuidado con los anuncios que se hace, pues si los mismos no responden a políticas claras, no solo no lograremos los objetivos de desarrollo económico, sino que impediremos igualmente la necesaria justicia social.

Un claro ejemplo de lo expuesto lo vemos en los mensajes que el ministro de Hacienda recientemente ha tenido que salir a clarificar, entendiendo que si no se tiene cautela en las políticas económicas, los ingresos de nuestra nación se disminuirían y así, por más reforma tributaria que se haga, tendríamos muy pronto problemas fiscales de incalculables repercusiones y las gentes que están esperando que la acción de gobierno los beneficien y lleguen a sus regiones, verían de nuevo frustrados sus sueños y esperanzas.

Por otra parte, es realmente impresionante la inseguridad que se está viviendo tanto en las diferentes ciudades como en los campos, y este junto con los malos mensajes en un hecho que afecta gravemente la posibilidad de cumplir con el anhelado cambio y la justicia social que todos añoramos.

La inseguridad en general que estamos viviendo y sufriendo, es muy grave. Es impresionante ver en los medios de comunicación las muertes que ocurren como consecuencia de los atracos; la cantidad de robos, independientemente del lugar y en medio de la presencia de la fuerza pública.  Además de ello, las muertes causadas por los enfrentamientos de bandas o venganzas entre grupos ilegales están creando mucho miedo e incertidumbre.  

Desde la capital de la República hasta en las distintas capitales de los diferentes departamentos, como en las cuidadas intermedias y en territorios rurales, la gente está muy preocupada por la inseguridad. ¿Cuándo llegará el día en que nos sintamos seguros en nuestro país? ¿En que podamos caminarlo, disfrutarlo, recorrerlo y vivir sin miedo, sin amenazas, en comunidad?

El cambio, la justicia social y el desarrollo de todos requiere que como base de todo prestemos mucha atención a la seguridad de todos los rincones de Colombia y la construcción de políticas claras y coherentes que no se ven empañadas o afectadas por mensajes poco claros, contradictorios o incluso malos mensajes.

Bogotá, D. C, 19 de octubre de 2022

*Excomisionado de Paz.

Por: Guillermo García Realpe*.-Tras más de 35 años de vigencia el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito SOAT, sigue dando de qué hablar.

En primer lugar, hay un malestar generalizado del gremio de motociclistas en Colombia por las onerosas tarifas anuales que se cobran por concepto del SOAT.

Si bien las aseguradoras argumentan que como actores viales, son los motociclistas quienes provocan la mayoría de accidentes en calles y carreteras lo que no les da un margen absoluto para respaldar la atención en salud de las personas que sufren accidentes y son víctimas de siniestros viales, porque dicen ellos, el porcentaje destinado para tal fin no les da para cubrir. Manifestando un déficit en ese sentido que tiene que ser subsanado con lo que pagan los propietarios de vehículos con cilindraje hasta de 2500 CC que hoy registran menos accidentalidad en las vías. Algo no del todo entendible, cuando vemos que la ADRES (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud) recibió entre 2016 y 2020, cerca de $1,8 billones de pesos.

Y es que el sistema de seguridad en carreteras se queja de que la gente no paga el SOAT, y claramente no lo están pagando por los altísimos costos de esos seguros. En muchas ocasiones el SOAT cuesta lo que vale una moto, entonces tiene que haber ahí una racionalidad entre la tarifa y la garantía de seguridad en salud para terceros.

Ahora bien, no nos digamos mentiras, también se están presentando hechos de corrupción gravísimos, no en vano en los últimos días hubo un pronunciamiento del Ministro de Transporte, Guillermo Reyes, denunciando que cinco IPS que manejan este tema se han robado un billón (con B) de pesos. Algo totalmente desbordado que, requiere una investigación a fondo y que los responsables vayan a la cárcel.

Estamos de acuerdo en que la gente pague el SOAT, pero a unas tarifas justas y que los recursos sean bien administrados por las aseguradoras, las afiliadas a FASECOLDA.
Estamos aquí ante un caso similar a lo que ocurre en la Costa Atlántica con las tarifas de energía eléctrica, la gente no paga por los altísimos costos en el valor de ese servicio.

Entonces, es prioridad en Colombia, establecer tarifas diferenciales para motociclistas, todos sabemos que las grandes ciudades tienen un riesgo enorme de producir los accidentes que lo que tienen que cubrir las pólizas, pero en el sector rural, entre los campesinos de Colombia, hay mucho menos riesgo de accidentalidad, el número de accidentes son muy bajos. Entonces, no existe digamos, la necesidad de tener grandes tarifas para garantizar una accidentalidad muy baja, quiere decir que los campesinos de Colombia están ayudando a financiar la alta accidentalidad de las ciudades, eso a toda luces es injusto y por supuesto tiene que buscarse esa alternativa.

Hoy en Colombia la gente que es propietaria de un vehículo o una pequeña moto tienen que trabajar no para el sustento de sus familias, sino para pagar los costos de los seguros, los costos de las multas, los costos de las grúas, los parqueaderos en las secretarías de tránsito, y además el exagerado precio que valen las licencias de conducción en Colombia. Esto se volvió un círculo vicioso del abuso con la gente.

Es que no solamente la DIAN, la UGPP y otras estructuras tributarias del Estado han dictado estatutos, sino que alrededor de estos temas del tránsito y el transporte y lo que tienen que pagar los taxistas y motociclistas en Colombia, es exagerado.

Estoy de acuerdo que debe haber seguros, para amparar los riesgos, los accidentes, los daños, y por supuesto los gastos de salud y hospitalarios, pero las tarifas que hoy tienen los SOAT en Colombia en muchos casos son bastantes onerosas y la gente, no tiene forma de pagar.

Por ejemplo, un campesino en Bruselas, el corregimiento cafetero más grande de Colombia, ubicado en Pitalito, sur del Huila; me decía que paga $700 mil pesos al año, cuando su motocicleta escasamente supera el millón de pesos en su valor comercial. Entonces, estos colombianos están trabajando es para las aseguradoras. Algo ilógico.

Se está volviendo costumbre en Colombia que si no es la DIAN, es la UGPP, todo el mundo quiere sacarles los ojos a los usuarios de los diferentes servicios y la gente ya no aguanta más.

Lo que hay que hacer hoy es reglamentar de manera seria las tarifas tan altas que hoy pagan los colombianos por concepto del SOAT, rebajar sustancialmente esas tarifas que hoy son un atraco al bolsillo de los usuarios, y también poner en cintura a los miles de intermediarios que venden el seguro bajo altos porcentajes de comisión. Se calcula que en el país hay más de 22.000 intermediarios que venden el SOAT y muchas de estas empresas captan hasta 25% del valor que pagan los usuarios para asegurar su vehículo.

De igual forma que las aseguradoras dediquen un porcentaje de esos billonarios recursos y articulen con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, campañas de prevención efectivas para evitar la alta accidentalidad vial que deja anualmente a más de 7200 víctimas en las carreteras de Colombia.

Bogotá, D. E, 18 de octubre de 2022
*Exsenador Liberal.
@GGarciaRealpe

Por Juan Carlos Echeverry*.- En 1930 Argentina empezó una espiral de descenso que hoy, 90 años después, no para. En mi modesta opinión, las claves se hallan en dos cosas. Decirse mentiras económicas como que los precios de la energía y el transporte sean una fracción de sus costos, entre muchas otras; y deteriorar las instituciones políticas, las políticas públicas y de justicia.

Al final de los años cincuenta Cuba empezó una espiral de descenso que hoy, 60 años después, no para. Las claves se hallan en decirse mentiras económicas, como que los cubanos no debían someterse a los dictados e incentivos del mercado, y que la producción sería definida en unas hojas de papel (hoy de Excel) por un burócrata que determina qué, quién, cómo y para quién se produce, y quién gana y quién pierde; y deteriorar las instituciones políticas, las políticas públicas y de justicia.

En los años setenta Venezuela empezó una espiral de descenso que aún, 50 años después, no para. Las claves se hallan en decirse mentiras económicas, como que los precios de la gasolina y el diésel debían ser una centésima del precio mundial; y deteriorar las instituciones políticas, la calidad del liderazgo, las políticas públicas y la justicia.

En los años mil seiscientos España empezó una espiral de descenso que, según Ortega y Gasset, duró 300 años. Las claves se hallan en decirse mentiras económicas, endeudar al Reino, meterlo en guerras para perder, destruir su industria y su fisco; y osificar sus instituciones políticas y de justicia.

Estas cuatro lecciones son demoledoras. Cuando los pueblos hispanos cometemos errores nos empeñamos en ellos por espacio de medio siglo, un siglo o tres siglos.

No es un tema de educación. España, Argentina, Cuba y Venezuela en su momento, (y aún hoy), eran los pueblos de habla hispana con los mejores indicadores de educación. Sí creo que es un tema de cultura, en términos de cómo se acostumbra a la gente actuar, qué riesgos se deja que enfrente, cómo se los convierte en mantenidos económicos y en inmaduros políticos.

Colombia decidió empezar a decirse mentiras económicas cuando, en el gobierno Duque, a pesar de que los precios de los combustibles se duplicaron, decidieron subsidiar el 50%. Hoy los camioneros quieren el diésel subsidiado, los taxistas y motociclistas la gasolina subsidiada, y protestan si no se los mantiene así.

Colombia está a punto de alterar a fondo sus instituciones políticas. Finalmente, la justicia colombiana hace tránsito a perdonarle todo a los malevos de todas las raleas, bajo la consigna de la Paz Total. Que bien podría llamarse el crimen total legitimado. Cuando se puede masacrar, violar, asesinar, robar niñas, esclavizar, traficar, expropiar, evadir y lo único que hay que hacer es esperar en el monte a la siguiente paz gubernamental, de las cuales ha habido 25 en medio siglo, según documenta el profesor Cepeda Ulloa, Colombia ya evolucionó a desbaratar su justicia.

Las instituciones económicas (decirse la verdad todos los días), las políticas (escoger buen liderazgo y cambiarlo cuando se equivoca) y las de justicia (al que hace el mal le va mal y al que hace el bien le va bien), son frágiles.

Las malas decisiones económicas y las malas instituciones políticas y de justicia son a los países como las drogas a las personas. Una vez se las prueba es fácil volverse adicto. Una vez se cae en la adición es casi imposible recuperarse. El gran temor es que hayamos empezado a transitar una nueva etapa histórica que pueda durar décadas. O más.

Bogotá, D. C, 18 de octubre de 2022

Economista. Exministro de Hacienda y Expresidente de Ecopetrol.

Por Humberto Tobón*.- El profesor de la Universidad Católica de Risaralda, Antonini de Jiménez, defendió y justificó el genocidio de casi 50 millones de indígenas durante los periodos de la conquista y la colonia, la mayoría cometidos por los españoles desde México hacia el sur.

Jiménez, a quienes sus allegados y alumnos lo llaman “toñito”, diminutivo de Antonini, aseguró que no había posibilidades de una reconciliación dialéctica entre una civilización (española) y otra que no era una civilización (comunidades indígenas), lo que implicó “que una tenía que perecer. ¿Cuál?, la primitiva”.

Y en medio de una mueca burlona, “toñito” aseguró que ese perecimiento lo sufrieron los ibéricos a manos de los fenicios. Y con total naturalidad afirmó que “en Europa nadie tiene un problema en aceptar esto, como tenían que hacer los indígenas de mano de occidente, y bendito sea el Señor, que así ocurrió”.

“Toñito”, quien dice ser doctor en economía y se autocalifica como filósofo autodidacta, habló en un foro en la Asamblea de Risaralda, a propósito de la conmemoración de la invasión española hace 530 años.

Pasando por alto el aniquilamiento de los millones de indígenas por parte de la corona española, durante más de tres siglos, afirmó que era necesario poner en la balanza el oro que se robaron y lo que ellos dejaron en materia cultural, religiosa, económica, comercial, lingüística e institucional. “¿Cuánto vale esto y cuánto vale el oro?, para ver quien sale a deber”.

Y con liviandad académica y argumental, “toñito” concluye que “si España no hubiera venido, acá, no se hablaría español hoy. Acá no habría mestizos”.

El profesor Jiménez Castillo tiene toda la libertad de expresar sus ideas, pero claramente no tiene derecho a justificar aquí uno de los más grandes genocidios de la historia, que va en contra de la memoria y los derechos ancestrales de dos millones de indígenas que viven en Colombia y de los miles y miles de africanos esclavizados que murieron, tratados como animales, durante la Colonia española.

A mí me indignan las palabras de Antonini, y me desconcierta, en grado sumo, que los intelectuales locales guarden silencio ante semejante justificación de un genocidio en suelo americano, pero se rasguen las vestiduras por la ascenso del neofascismo europeo. Incomprensible.

A “toñito”, quien fue un vocero radical antivacuna durante la pandemia de Covid 19, supuestamente “en nombre de la libertad”, es bueno recodarle que los pueblos indígenas no necesitaban un idioma, porque tenían 1.200.

En América vivían alrededor de 60 millones de nativos, que formaron unas culturas sólidas, con organización social y política eficiente, distribución igualitaria del trabajo, habilidades excepcionales en la agricultura, constructores fenomenales y con un comercio dinámico entre lo que hoy llamamos norte y sur.

Para finalizar, imagínense una escena como la protagonizada por este profesor español, pero en la Knéset​, el parlamento de Israel, defendiendo la teoría de que la Alemania de Hitler tenía derecho a imponer su “superioridad racial” y que los judíos debían agradecer sin chistar. Ya voy Toño.

*Estos conceptos no comprometen a la RAP Eje Cafetero, de la que soy subgerente de planeación regional.

Pereira, 17 de octubre de 2022

Economista de la Universidad Libre. Estudió Administración Financiera en la EAN y Comunicación Social en la U Jorge Tadeo Lozano.

@humbertotobon

Por Jorge Enrique Robledo*.- Al golpe que se prepara hay que sumarle el pésimo negocio que le impusieron Duque y Carrasquilla a Ecopetrol cuando, tras otra demagogia de falso ambientalismo, la obligaron a comprarle ISA al Estado colombiano por 14,2 billones de pesos, plata que despilfarraron en politiquería.

Cuenta Esopo en una de sus fábulas que un mago le regaló a un campesino una gallina que ponía un huevo de oro cada día, con lo que se volvió el más rico de la comarca. Y que este nuevo rico un día decidió matar la gallina con el sueño infantil de apoderarse en un instante de la totalidad de la mina de oro que supuso tenía adentro, con lo que sin nada se quedó.

Esta historia me llega a la mente por el fuerte castigo que la reforma tributaria le propinará a Ecopetrol, de 7,6 billones de pesos en 2023, monto tan alto que representa la tercera parte del aumento del recaudo, calculado en 22 billones. Y la exacción escalará a 12 billones desde el 2026. Con razón, directivos de la empresa y analistas le han reclamado al ministro de Hacienda y a los congresistas petristas.

Los nuevos impuestos provienen de una sobretasa al impuesto de renta y de la no deducibilidad de las regalías que define la reforma, que además le crea un problema mayúsculo a Reficar –del Grupo Ecopetrol– por el cambio del régimen de zonas francas, empresa a la que se le debería dar un trato distinto a las privadas pero que los TLC impiden, como ocurrió con el día sin IVA solo para la producción nacional.

Se castiga a Ecopetrol, una empresa que en un 88,5 por ciento pertenece al Estado, es decir, a los colombianos y cuya producción e impuestos financian en grande el gasto público nacional, las regalías de los departamentos y buscar y producir más hidrocarburos, de cuyos éxitos depende que el dólar y la crisis nacional no se salgan de madre.

Y esos mismos recursos deben financiar la urgente modernización de la refinería de Barrancabermeja –que no adelantaron ni Santos ni Duque y que el candidato Petro ni siquiera incluyó en su programa–, para que Colombia salga del peor extractivismo imaginable, el del absurdo de exportar petróleo e importar el 37 el 35 por ciento de la gasolina y el ACPM, respectivamente.

Al golpe que se prepara hay que sumarle el pésimo negocio que le impusieron Duque y Carrasquilla a Ecopetrol cuando, tras otra demagogia de falso ambientalismo, la obligaron a comprarle ISA al Estado colombiano por 14,2 billones de pesos, plata que despilfarraron en politiquería. Para empeorar las cosas, en un año, las acciones de ISA se han desvalorizado en 2,8 billones de pesos y en dividendos apenas pagarán el tres por ciento, en tanto Ecopetrol paga 17 por ciento más –en pesos– por su deuda adquirida en dólares. Y Duque dejó listas las privatizaciones de Cenit e Invercola, del Grupo Ecopetrol.

Que no resulte que una falsa defensa del medio ambiente –falacia demostrada hasta la saciedad y protegida por sectarismos políticos–, haya levantado una ola antipetrolera y anti Ecopetrol tan fuerte, que le abra paso al objetivo privatizador de décadas y revierta la lucha nacionalista de los trabajadores del petróleo y de los demócratas colombianos, incluido Jorge Eliecer Gaitán, que en 1951 convirtieron en Ecopetrol a las trasnacionales petroleras que monopolizaban el negocio en Colombia, convirtiéndose en la mayor empresa de la historia nacional y la número 294 entre las 300 más grandes del mundo (Forbes, 2021).

Sin duda, esta es una de las razones por las que al FMI le gusta la reforma tributaria. El colmo sería que se sacrificara la gallina de los huevos de oro de los colombianos.

Bogotá, D. C, 17 de octubre de 2022

*Exsenador de Colombia

Por José Félix Lafaurie*.- En general fue bien recibido el Acuerdo para la compra de tierras a ganaderos que quieran venderlas en condiciones válidas de mercado, con destino a campesinos sin tierra. Sin embargo, no faltaron descalificaciones: a la ministra porque me agradeció; y a mí, porque si me opuse al Acuerdo de Santos con las FARC, tildan de incoherente y sospechoso que participe en un proceso con el Gobierno para su cumplimiento.

Al Gobierno, por negociar con un gremio “de derecha”, y a ambos, Gobierno y Fedegán, por una propuesta populista; y claro, no faltan las narrativas de los “odiadores”, para quienes la tierra de los 600.000 ganaderos, pequeños, medianos y grandes, es despojada y, por tanto, hay que quitársela... y punto.

“Oídos sordos” a tan envenenadas reacciones y, más bien, algunas reflexiones:

1. Colombia no es un cuadro en blanco y negro, sino una realidad con matices en los que podemos encontrarnos. Lo opuesto al negro no es blanco solamente, sino, simplemente, NO negro.

El Acuerdo de Tierras: histórico

2. La recuperación del campo y el sueño de convertir a Colombia en potencia agroalimentaria no es populismo, es un reto posible a partir de grandes ventajas comparativas; reto que no es de izquierda ni de derecha. Decía Ortega y Gasset que solo una “aspiración” mantiene unido y vivo a un pueblo. Sí, aspiraciones, sueños alcanzables.
3. ¿Quién ha dicho que el campo está condenado al abandono y la violencia, que no podemos tener un modelo de desarrollo equilibrado, en el que lo urbano, que se sirve de lo rural, le retribuya en inversión, desarrollo y bienestar?; una deuda histórica, una recuperación siempre prometida y siempre incumplida.
4. No se trata, finalmente, de una compra-venta de tierras para entregarlas a campesinos y abandonarlos con su título de propiedad, como en el pasado. La INTEGRALIDAD hace parte del Acuerdo. Ya la ministra del ramo planteó un programa de vivienda rural, el Gobierno se compromete con vías, quizás la expresión más dramática del abandono; y deberán incorporarse Finagro, el Banco Agrario y el MinTIC con internet, mientras que Fedegán brindará asistencia en ganadería sostenible a partir de Sistemas Silvopastoriles, que capturan CO2 y generan ingresos por servicios ambientales.

Ya acordamos el QUÉ y avanzamos en el CÓMO. Fedegán prepara un documento sobre los procesos de compra y sobre su participación en las comunidades beneficiadas. El Gobierno hace lo propio y nos encontraremos en una Mesa de Trabajo con tres principios claros:

1. Transparencia en los procesos de compra y asignación de tierras.2. Integralidad, pues su carencia fue la causa de fracasos anteriores.3. Responsabilidad frente al campo y el país. Esto no puede salir mal.

En un país donde no se presume la buena fe, sino la mala, siempre habrá aves de mal agüero, y carroñeras también, pero a palabras malintencionadas..., oídos sordos.

Bogotá, D. C, 16 de octubre de 2022

*Presidente de FEDEGAN

Por Amylkar D. Acosta M*.-Primero fue el Presidente de la República Gustavo Petro quien, ante la gravedad de la situación planteada por el alza desmesurada de las tarifas de energía, amenazó con la intervención de la Comisión de regulación de energía y gas (CREG), no sin antes abrir “primero un espacio de diálogo” entre los agentes de la cadena y el gobierno en el propósito de bajarlas. Por su parte la Ministra de Minas y Energía Irene Vélez, siguiendo sus instrucciones, instó a las empresas generadoras y comercializadoras de la energía para que procedieran a renegociar los términos de sus contratos bilaterales de compra-venta de energía tendiente a lograr dicho cometido.

Eso sí, su advertencia fue perentoria: “si no se anuncia un porcentaje de reducción significativa en las tarifas de energía por parte de las empresas, el Gobierno tomará medidas más radicales”. Y reiteró que “si vemos que no hay voluntad suficiente de estas empresas, otras decisiones serán tomadas”. Cumplido el ultimátum dado a las empresas por parte de la Ministra para que arribaran a sus acuerdos con la contraparte, se anunció por parte de ella el acuerdo alcanzado, al que denominó “Pacto por la justicia tarifaria”.

Básicamente la reducción de la tarifa al usuario final, la que se reflejará  en la factura del mes de noviembre, oscilará entre el 4% y el 8%, que no es tan significativa para los usuarios.  Estos esperaban más, un alivio mayor en sus bolsillos. La verdad sea dicha,  es irrisoria en unos casos e inexistentes para otros la rebaja. De allí que los usuarios del servicio de energía se debatan entre la insatisfacción y el desconcierto, porque la misma está lejos de sus expectativas toda vez que no le mueve la “aguja” a las desproporcionadas alzas, que superan el 40% en la región Caribe y el 24% en promedio en el resto del país. Esta rebaja lejos de ser un remedio es un remedo, no pasa de ser un placebo. Como en la fábula El parto de los montes de un insignificante ratón, lo anunciado está muy lejos de lo que los usuarios aguardaban.

Ahora bien, como era de esperarse, la renegociación entre generadores y comercializadores se circunscribió a lo atinente a la reducción del Índice de precios al productor ((IPP), que había pasado inexplicablemente del 4% al 34% y a la solicitud de los distribuidores para diferir los pagos que realizan en el mercado mayorista de energía, similar  a la opción tarifaria que los comercializadores aplican a los usuarios para el pago de energía.

En lo que respecta al indexador de los contratos bilaterales vigentes se revisó a la baja y hacia el futuro se logró el consenso en el sentido que en delante se adoptaría el menor valor entre el Índice de precios al consumidor (IPC) y el Índice de precios al productor (IPP), mientras se establece un nuevo indexador específico para la actividad de generación y comercialización, además de diferencial según la fuente de generación. Ello es un avance significativo y la última palabra, al momento de definir la metodología a seguir, la tiene el DANE, el mismo que armó el tierrero al modificar el indexador que rigió hasta el 2020.

Capítulo aparte merece el cargo por restricciones (R). Quedó por fuera de esa renegociación, porque además no les incumbe a ellos, porque es un tema regulatorio propio de la CREG, lo concerniente a los costos de restricción (R), que también están presionando al alza las tarifas de energía, toda vez que pasaron de $20 por KWH en enero a $70 por KWH. Como es bien sabido los costos de restricción obedecen a ineficiencias que se presentan en el Sistema Interconectado Nacional (SIN), debido a atrasos en la ejecución de los proyectos de generación o de transmisión, que obligan a despachar “generación de seguridad”, casi siempre Térmica y por ende más costosa.

Dichas limitaciones en la infraestructura de SIN, impiden que el servicio de electricidad se preste con eficiencia, calidad, continuidad y confiabilidad, tal y como lo dispone la Ley eléctrica 143 de 1994. En este caso se habla de restricciones eléctricas. Pero también se presentan restricciones operativas, cuando el SIN falla a la hora de responder a las fluctuaciones de la demanda de electricidad por parte de los generadores.

Desde luego, el costo de las restricciones se calcula con base en los precios de oferta de los generadores y las mismas se asignan a los comercializadores de energía que atienden la demanda. No obstante, cabe resaltar que al comienzo de la operación del mercado mayorista (la Bolsa), de conformidad con la Resolución de la CREG 035 de 1995, el cargo por concepto de las restricciones se repartía, 50% y 50%, entre los generadores y los comercializadores. Posteriormente, la misma CREG expidió la Resolución 063 en el año 2000, que modificó la anterior y se dispuso que el 100% del costo de las restricciones las asumieran los comercializadores, las cuales a su vez terminan endosándoselas a los usuarios finales vía tarifas (¡!).

No es justo que sean los usuarios quienes tengan que asumir un sobrecosto en las tarifas por este concepto, cuando deben ser los responsables de dichos atrasos quienes lo asuman.

La CREG, entonces, debería eliminar sin tardanza el cargo por restricciones, excluyéndolo de la fórmula tarifaria (CU). Ahora que el Director ejecutivo de la CREG Jorge Valencia afirma que ya están “trabajando en las bases metodológicas sin dejar de lado la estructura general del costo unitario”, es la oportunidad para que se ocupen de ello y le hagan justicia a los usuarios. De esta manera, la rebaja de la tarifa podría llegar hasta el 16%, que sí sería significativa.

Cota, octubre 17 de 2022

*Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.

www.amylkaracosta.net

Por Fernando Cepeda Ulloa*.-Tengo bien sabido que escribir libros, ensayos o columnas no es lo mismo que influir. Y eso lo compruebo una y otra vez. No importa el tema.

Ahora cuando comienza a hablarse de las elecciones subnacionales, Gobernaciones, Alcaldías, Asambleas, Concejos, me pareció útil devolverme casi medio siglo, cuando con la ayuda de una persona familiarizada con el tema estadístico, Claudia González, nos formulamos una serie de preguntas sobre el comportamiento del voto urbano y su impacto en la vida política y en la relación de fuerzas entre liberales y conservadores, las dos corrientes políticas predominantes.

En la perspectiva de hoy los datos son impactantes. El sólo tema de la abstención electoral habla por sí sólo. “El desarrollo y la urbanización parecían estar asociados de alguna forma a la apatía política”. Entre 1958 y 1974 la votación liberal en Bogotá pasó de 46.0 de participación a 26.1. Asombroso. Entre 1958 y 1974 la abstención con respecto al potencial de sufragantes mayores de 21 años, es enorme: 64.6 en Bogotá; 70 en Medellín; 67 en Cali; 67.2 en Barranquilla; 70.8 en Cartagena.

Y al lado de este fenómeno, el presidente López Michelsen (estoy usando un libro publicado en 1976) anotaba en su Informe al Congreso: “Poco a poco la dependencia económica (…) ha hecho irrumpir en la política candidatos del contrabando, del chance, de las mafias, de los concesionarios de casinos, etc. Y, obviamente tal práctica debe ser extirpada, por medio de una vigilancia más severa”.

Al terminar el libro (“Comportamiento del voto urbano en Colombia: una aproximación” Bogotá, Uniandes, 1976) se presentan unas consideraciones que han mostrado su vigencia desde entonces, hace casi medio siglo. Leamos: “La urbanización del voto se ha convertido en un serio factor de incertidumbre (…)” “El voto no cautivo está ahí, disponible, a la espera de circunstancias y de fenómenos de liderazgo que bien lo pueden canalizar hacia postulados de izquierda, de derecha o de corte populista”.

Y la frase final del libro: “¿Podrán los partidos políticos colombianos darse el lujo de mantenerse al margen del proceso político urbano? El futuro político pertenece a los partidos que sean capaces de movilizar el voto disponible de las áreas urbanas”.

Creo que la elección presidencial de 2022 es una respuesta contundente a esta afirmación.

En octubre de 2023 el voto urbano estará otra vez disponible en las ciudades. Son 32 capitales. Es fácil hacer una contabilidad político-electoral para determinar cuántas hay que conquistar para asegurar así una mayoría nacional en el nivel presidencial. Ya está claro cómo es que se construye una infraestructura urbana para ganar, sobre todo si está reforzada con una buena estrategia nacional.

Hacer política electoral es una tarea muy dura. Requiere muchos sacrificios. Perseverar en ella no es fácil. De allí la importancia de los partidos políticos que, siendo permanentes, realizan un trabajo que ya es casi imposible para un ciudadano individualmente., ¡Aunque están en crisis en todo caso, hacen una diferencia muy grande! ¡Por eso los han desacreditado tanto… y ellos se ayudan!

El fraccionamiento de los partidos no ayuda. En la campaña presidencial algunos candidatos me dijeron que presentarse como representante de un partido era un suicidio político. Lo que tocaba era decir que venía apoyado por firmas y buscando firmas. Lo que esto quiere decir es que se requiere una inteligente estrategia de acreditación de los partidos políticos, ojalá acompañada de menos fraccionamiento.
Difícil hacer política al margen de las organizaciones que se inventaron para esa compleja tarea.

Bogotá, D. C. 16 de octubre de 2022

*Abogado - Ex Ministro del interior y de justicia de Colombia

Por Juan Camilo Restrepo*.-El hoy presidente Petro no ha podido dejar atrás un método de comunicaciones que le fue útil durante la campaña, pero que está resultando nefasto para utilizarlo desde el gobierno. Me refiero al disparo de ráfagas inesperadas de trinos que levantan una gran polvareda, que a la postre no terminan en nada, pero que en el entretanto causan inmenso daño a la imagen institucional del país. Últimamente vivimos metidos en un torbellino de sustos y sobresaltos ocasionados por los trinos fallidos del presidente.

Un buen día está el presidente Petro visitando el departamento del Atlántico, desde donde dice que habrá que decretar una especie de emergencia económica precautelativa frente a la ola invernal que se avecina. La emergencia económica prevista en el artículo 215 de la Constitución no fue ideada para cubrirse precautelativamente, sino para hacerle frente a hechos inesperados o emergentes de gravedad. Sin embargo, la idea comenzó a sonar. ¿Se avecina entonces un estado de emergencia constitucional se preguntó la gente? Al fin no pasó nada, pero hubo casi una semana de sobresalto constitucional por cuenta de este anuncio.

En otra ocasión el presidente Petro, en la asamblea de Andesco en Cartagena, anunció que se disponía a “Intervenir la Creg”, pasándole sus funciones regulatorias al ministerio de Minas y Energía ante el alza de las tarifas en la energía eléctrica. Nuevamente hubo confusión y sobresalto. ¿Cómo es eso se preguntó de nuevo la gente que se va a intervenir la entidad especializada en regular las tarifas de los servicios públicos creada hace 30 años para (rompiendo toda la institucionalidad) pasarle sus funciones a un ministerio? Esta amenaza presidencial resultó ser un mero volador de distracción, que no acabó en nada distinto de generar susto y desconcierto.

Tercer ejemplo. En repetidos trinos el presidente Petro dio a entender que el gobierno se disponía a quebrantar la Regla Fiscal para adquirir tierras con base en más endeudamiento. De nuevo cunde el desconcierto. ¿Cómo así que se va a abandonar la norma que nos garantiza un mínimo de estabilidad financiera para comprar tierras con endeudamiento desmesurado por $60 billones, cuando la Reforma Agraria se puede cumplir perfectamente sin reventar la Regla Fiscal? De nuevo el susto y el desconcierto. Afortunadamente el ministro Ocampo salió a decir lo contrario de lo que estaba sugiriendo su jefe, y las aguas volvieron a tranquilizarse.

Último ejemplo: con el propósito de echarle el agua sucia de la inflación, que efectivamente está muy alta, al Banco de República, el presidente sale a desconceptuar en un insólito hilo de trinos al emisor, afirmando que en vez de subir las tasas de interés que ha elevado el Banco para enfriar la economía, lo que debería pensarse sería en un impuesto a la salida de capitales golondrina como el que estableció la Argentina cuando inició su descenso a los infiernos. De nuevo susto, sobresalto y estupor. La cotización del dólar no se hizo esperar y llegó en los días subsiguientes a este trino a niveles históricos. Es seguro que ni el Banco de la República ni el ministro Ocampo acompañarían al presidente en este despropósito. Pero el mal quedó hecho. Y la reacción del mercado cambiario fue la mejor muestra de la sorpresa que causó el inesperado trino presidencial.

La moraleja de todo esto es que parece que nos vamos a tener que acostumbrar a un curioso estilo de gobierno en el cual, en vez de hechos concretos se lanzan voladores que duran tanto como los de los fuegos artificiales, que no terminan en nada, pero que causan un inmenso daño por la incertidumbre que crean sobre la seriedad de la acción gubernamental.

Bogotá, D. C. 16 de octubre de 2022

*Abogado y Economista. Exministro de Estado

Por Gabriel Ortiz*.-Empezó la resurrección de la reforma agraria que le frustraron al expresidente Carlos Lleras Restrepo y que entregó un millón de hectáreas. Para qué recordar los oponentes, que arruinaron las ilusiones de un gobierno, un pueblo y una nación por alcanzar pacificación, concordia y armonía.

Esta vez la paz total, podría mitigar la voracidad de quienes ven en la tierra, su razón de existir.

El presidente Petro y su ministra de agricultura, Cecilia López, se impusieron la obligación de darle un vuelco a la tenencia de tierra. En escasos dos meses alcanzaron un acuerdo con los ganaderos para dotar de granjas a los campesinos sin parcelas, dentro de su plan para adelantar la reforma agraria que está consagrada en los acuerdos de La Habana.

Se comprarán 3 millones de hectáreas de tierras productivas y de excelente calidad, con vías, agua y demás servicios. Se invertirán de 10 billones anuales para pagarlas y entregarlas a los nuevos propietarios. Esos predios, no pueden tener ningún proceso, deben estar saneados fiscalmente y sus precios no pueden estar por fuera del mercado, ni de las especificaciones que exija la UPRA. Tampoco podrán ser producto de la acción de las autodefensas u otros grupos subversivos.

El gobierno está a la espera de las primeras ofertas, para que el país conozca al primer campesino granjero, dentro de la paz total.

Es de esperar, que no toda la tierra, provenga de los ganaderos, ni que sea Fedegán el único oferente. Existen extensiones de muchos terratenientes que quieren entrar en la subasta. Por ello, no se admitirán intermediarios. De terrateniente a Gobierno, será la negociación.

Logrado lo de la tierra, hay otros frentes que deben actuar: las asesorías para producción de alimentos y los abonos, ya que Monómeros está en crisis. Hay manera de reemplazarlos y producirlos orgánicamente en las propias granjas, como lo hizo Fedecafé en épocas de Don Arturo Gómez Jaramillo y Hugo Valdez. Hay una tecnología caucana, a base de hoja de coca que produce humus de altísima efectividad, que al mismo tiempo desplazaría ese cultivo para narcóticos.

El Banco de la República, debe bajarse de la arrogancia y la nube, y reducir los intereses, permitiendo al sector financiero suministrar crédito barato agroindustrial y alcanzar producción masiva de alimentos. Así, sin abusar de las tasas se reducirá efectivamente la inflación, sin encarecer y recalentar el resto de la economía.

Estos granjeros podrán conformar organizaciones cooperativas, que los capacitarán para alcanzar eficientes técnicas de producción, conformar medios de transporte, establecer centros de mercadeo al por mayor y al detal y exigir precios de sustentación.

Estamos frente al resurgir de una nueva Colombia con un enjambre de granjeros que conformarán una poderosa clase media capaz de derrotar la inflación, crear empleo y llenarnos de divisas.

BLANCO: El Emisor no le cree al crecimiento del 2.2% en el 2023 que nos calcula el FMI. Solo nos permitirá un 0.7%.

NEGRO: La TV mostró las casas de 600 millones que se llevó el huracán Julia de Providencia.

Bogotá D.C. 14 de octubre de 2022

*Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.