Opinión
Por Amylkar D. Acosta M*.- Continuando con el análisis del texto Centralismo, descentralización y federalismo en la historia de Colombia escrito por el ex ministro José Antonio Ocampo, nos vamos adentrar ahora en la génesis del centralismo y la centralización del Estado colombiano. Luego del pulso entre Bolívar, el libertador y Santander, el hombre de la leyes, en el Congreso de Cúcuta, en torno al centralismo y al federalismo que ganó este último al asumir la Presidencia de la Gran Colombia (1832 – 1837), prolongando su vigencia durante tres décadas (1853 – 1886).
1886 se convertiría en el punto de quiebre, merced a la voltereta de uno de los más caracterizados exponentes del radicalismo liberal, Rafael Núñez. El converso regeneracionista, enantes fervoroso federalista y uno de los gestores de la Constitución de 1863, dio un viraje político de 180 grados. Para Núñez, el radical (1855) “la Federación es nuestra tierra prometida (…) la historia administrativa de la Nueva Granada, casi desde su fundación, es la historia del desarrollo de los fueros seccionales, a despecho de la más obstinada resistencia del poder nivelador, o sea del centralismo”.
Pero, años más tarde renegó del radicalismo liberal, con el que había hecho causa común y había sido participe de la entronización del federalismo. En su diatriba contra esta, después de declararse liberal independiente (1875), afirmó que “el gobierno general (léase Gobierno central) no es, por tanto, sino simple delegatario revestido de especiales atribuciones administrativas por la voluntad de los Estados… Las funciones de la autoridad nacional son limitadas; mientras que las funciones del Gobierno de los Estados abrazan generalmente todo lo que puede ser materia principal de administración pública”.
Al alimón con Miguel Antonio Caro, de acendrado espíritu conservador, proclamó la Constitución de 1886 y a través de esta se revirtió el federalismo, que fue borrado como institución y en su lugar se consagró una estructura del Estado colombiano regida por el principio de una República unitaria con una fórmula dicotómica de “centralización política y descentralización administrativa”, pero que siempre tuvo más centralización política que descentralización administrativa. Se adujo como pretexto por parte de Núñez para dar este giro en U la necesidad de unir “lo que es necesariamente indivisible”. Desde entonces ha primado en Colombia un régimen presidencialista, en donde el Presidente de la República además de ser el Jefe de Estado, es el jefe de Gobierno y Suprema autoridad administrativa. Podríamos decir que este fue el origen primigenio del agobiante centralismo que aún pervive en Colombia.
Como lo sostiene Ocampo, el desmonte del régimen federal y la entronización en su lugar del centralismo a “ultranza” fue traumático, tortuoso y violento, alcanzando su clímax en la guerra civil más cruel y cruenta de todas cuantas asolaron a Colombia en el siglo XIX. Nos referimos a la guerra de los Mil días, la más duradera (17 de octubre de 1899 – 21 de noviembre de 1902) y sangrienta, la que aprovechó EEUU para aupar y estimular el secesionismo que terminó con la separación del departamento de Panamá de Colombia.
Muestra Ocampo cómo “la concentración de los ingresos tributarios en el nivel nacional era ya alta en 1929, pero se acentuó después de la segunda guerra mundial y muy especialmente desde 1967”. No obstante, fue justamente en la administración del Presidente Carlos Lleras Restrepo cuando el centralismo, la centralización y la concentración de poder empezó a ceder, gracias a la reforma constitucional de 1968 a través de la cual se creó el Situado fiscal, una bolsa de recursos del Presupuesto General de la Nación que se le transfieren a los departamentos y municipios. Adicionalmente, se crearon una serie de institutos descentralizados.
Hago la salvedad que si bien se desconcentraron estos recursos, estos iban aparejados con nuevas funciones y competencias que la Nación delegó en cabeza de las entidades territoriales. Por ello, coincido con Ocampo cuando afirma que este paso “aunque de espíritu descentralizador, condujo a la nacionalización de facto de la educación primaria y de la salud a través del control central sobre los fondos educativos regionales (FER) y los servicios seccionales de salud (SSS), dejando a los departamentos sin funciones económicas y convirtiéndolos en meras agencias políticas del Gobierno nacional”. Lo propio ocurrió con los municipios, los cuales “pasaron a depender casi completamente de las transferencias y de las agencias nacionales”.
Según Ocampo los avances obtenidos en materia de descentralización tuvieron un duro revés posteriormente y en su concepto sólo se retomaría su hilo conductor en los años 80 del siglo XX, con medidas tales como la Ley 14 de 1983 y el Decreto – legislativo 232 de 1983, mediante los cuales se incrementó el porcentaje de cesión del IVA a favor de los municipios. Posteriormente, la Ley 12 de 1986 incrementó la cesión del IVA a favor de los municipios del 30% al 50% (¡!).
Cota, febrero 12 de 2022
*Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.
www.amylkaracosta.net
Por Mauricio Cabrera Galvis*.- En Colombia hay una crisis alimentaria. El Hambre acecha a pesar de las optimistas declaraciones oficiales. Al gobierno no le gustó que la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) la pusiera en el mapa de los 20 países con mayor riesgo de sufrir hambre este año.
Ante la queja oficial, la FAO sacó a Colombia del vecindario de países como Afganistán, Sudán o Haití, pero eso no quiere decir que el problema no exista; más aún, no es solo un riesgo sino que una buena parte de la población está sufriendo hambre o desnutrición.
La encuesta Pulso Social del DANE hace una cruda radiografía de esta realidad: solo el 69% de los hogares en las 23 principales ciudades del país hacen tres comidas al día. Como es muy factible que en las ciudades más pequeñas y en el campo la situación sea aún peor, no es arriesgado decir que por lo menos una tercera parte de los colombianos -más de 17 millones de hombres, mujeres y niños- se acuestan todos los días con hambre.
La situación de las ciudades es muy desigual. En unas como Manizales, Bucaramanga, Cali, Santa Marta o Riohacha, más del 80% de los hogares tienen los tres ¨golpes” diarios; otras como Ibagué, Popayán, Neiva o Bogotá, están muy cerca del promedio nacional. En cambio, en Cartagena y Barranquilla la situación es aterradora: solo el 30% de lo hogares tienen las tres comidas diarias, y el 70% padece física hambre.
Con las cifras del DANE se constata la insuficiencia de los programas de ayudas del gobierno para mitigar los efectos de la pandemia. Fue grande el esfuerzo del DNP de montar el programa de Ingreso Solidario para dar ingresos a 3 millones de pobres, pero el monto de $160.000 mensuales por hogar fue muy bajo como lo comenté en su momento. Por eso el número de familias que hacen hoy las tres comidas diarias son las mismas que había antes de iniciar el programa.
En el extremo, el hambre es morir de inanición, pero la inseguridad alimentaria no solo es comer poco sino también comer mal; es la malnutrición con todas las enfermedades que genera y sus efectos negativos sobre el desarrollo mental y emocional de los niños. Por eso la conclusión de una encuesta del ICBF del 2015 era que el 54,2% de la población colombiana estaban en situación de inseguridad alimentaria, es decir que no se alimentaba bien. Con la pandemia, es seguro que este porcentaje aumentó.
Frente a la discusión entre el gobierno y la FAO, se pronunció una voz muy autorizada, la de la Asociación de Bancos de Alimentos (ABACO) y dijo sin ambages que la situación de hambre en Colombia sí es crítica (https://bit.ly/3rHzQX2). No solo por las terribles cifras del DANE, sino por algo mucho más doloroso: la desnutrición crónica que sufren hoy más del 10% de los niños en Colombia, y los más de 5 millones de adultos o adolescentes que la sufrieron en su infancia y hoy padecen sus consecuencias, pues es una enfermedad irreversible que les impide su adecuado crecimiento y desarrollo.
Hoy existe la capacidad de producir alimentos para toda la población, pero no existe el modelo económico ni la voluntad política para distribuirlos. El hambre debería ser uno de los temas principales de la campaña presidencial.
Cali, 13 de febrero 2022
*Filósofo y Economista. Consultor.
Por Paloma Valencia*.- Para enero del 2022, los precios de los alimentos aumentaron en un 21%. Once puntos por encima del aumento del salario mínimo. El paro del 2021, la crisis mundial de los contenedores y la devaluación del peso han afectado el precio de los insumos agropecuarios. Insumos que pesan hasta el 35% del costo de producción de los alimentos. Colombia necesita producir sus propios fertilizantes, plaguicidas, insecticidas, fungicidas y herbicidas para tener precios de la canasta familiar más bajos.
El aumento de los precios de los alimentos empezó por el paro dictador del 2021. Los bloqueos generaron que la comida pasara de una inflación del 4% en abril al 9,4% en mayo. A diciembre del 2021, el aumento era del 17%. Alianza y Valores estima que la inflación de diciembre estaría alrededor del 9% sin el paro. Así las cosas, la inflación de los alimentos cercana al 10% es una preocupación muy grande para un país de ingreso medio.
Para diciembre de 2021, de los insumos agropecuarios estudiados por el DANE, el 63% de los herbicidas aumentaron de precio, el 49% de los insecticidas, y el 44% de los coadyuvantes. La devaluación del peso (subida del precio del dólar) es una de sus causas. El año pasado el peso se depreció respecto al dólar en más del 10%. Esto sumado al alto valor del flete marítimo, los costos de puerto a bodega, y el flete al interior del país. Todo esto cuesta 169 dólares por tonelada. Mientras en Brasil lo mismo cuesta 79 dólares por tonelada.
En el caso de la papa, por ejemplo, el precio está determinado en su tercera parte por el valor de los insumos agropecuarios. El 22% del costo de producción se usa en el pago de fertilizantes y un 10% en plaguicidas. Los fertilizantes son importados de Estados Unidos y China, los cuales tienen un arancel entre el 5% y el 10%. En el caso de los plaguicidas, algunos son producidos en Colombia, sin embargo, importamos el 98% de los ingredientes para fabricarlos. Para el 2020, importamos 2,2 millones de fertilizantes, y aumentamos en un 32% las importaciones de plaguicidas llegando a las 74.300 toneladas.
Los intermediarios son otro cuello de botella. La ANDI afirma que el sector minorista de comercialización de los insumos agropecuarios presenta especulación de precios. Frutas, papa y hortalizas adquieren en un 70% los insumos agropecuarios de los minoristas. Un sector ordenado es el del banano, el cual adquiere el 100% de sus insumos de las compañías importadoras.
El presidente Iván Duque sancionó una ley el pasado enero para solventar algunas problemáticas. Baja el arancel del 0% para la importación de insumos agropecuarios- pero no resuelve el problema de tarifas arancelarias a ingredientes para la producción de insumos-. Crea un observatorio de este mercado, y un fondo con presupuesto de 70 mil millones de pesos para garantizar el acceso a insumos por parte de productores. Aun así, esta ley resuelve un problema coyuntural pero no estructural.
El país necesita producir sus propios insumos agropecuarios, y en los casos donde sea más barato importarlos, los productores deben tener acceso directo a la empresa importadora, y no a los intermediarios. Así mismo, necesita disminuir los precios de transporte y logística (flete externo, interno, y transporte de puerto a bodega) para ser más competitivo. Necesitamos una política de inversión privada que promueva la producción autónoma de los insumos agropecuarios, y servicios de extensión que revisen la proporción necesaria de productos.
Bogotá, D. E, 10 de febrero de 2022
*Senadora del Partido Centro Democrático
Por Cecilia López Montaño.- Empiezan a conocerse reacciones de quienes sí saben del tema y confirman los altísimos riesgos que se enfrentan en Colombia y que tienen a muchas personas en riesgo de padecer hambre, realidad que en medio de la pandemia se confirmó con los trapos rojos que según la encuesta Pulso Social no se han resuelto del todo. Hoy dos tercios de los jefes de hogar afirman que su situación económica que ellos enfrentan ha empeorado durante el último año.
Definitivamente la ignorancia es atrevida pero que esto le pase a un columnista muy reconocido demuestra que el apoyo al gobierno se ha vuelto ciego. A raíz de todo el escándalo que la vicepresidenta armó sobre el Informe de la FAO, lo que se demuestra es que el tema de la inseguridad alimentaria en Colombia tanto en el gobierno como en muchos sectores que se creen muy ilustrados es totalmente desconocido. Quien lea el mencionado informe, a lo que se refiere es a la Seguridad Alimentaria aguda y no crónica en la cual Colombia no está bien pero no está en estado crítico.
Como lo dice el informe este mapa en que aparece nuestro país se refiere es a un tema coyuntural, la seguridad alimentaria aguda, relacionado con todos los factores que nadie puede negar que pueden generar en el país una severa crisis alimentaria en los próximos meses: las pocas oportunidades de empleo que nadie se atreve a negar, aumento de los precios de los alimentos cuyo precios crecen al 17.3% según el DANE, el conflicto armado recrudecido en varios territorios, y además de otros, la inmigración venezolana que según el mismo DANE tiene actualmente una tasa de desempleo del 24% y sigue elevándose.
Empiezan a conocerse reacciones de quienes sí saben del tema y confirman los altísimos riesgos que se enfrentan en Colombia y que tienen a muchas personas en riesgo de padecer hambre, realidad que en medio de la pandemia se confirmó con los trapos rojos que según la encuesta Pulso Social no se han resuelto del todo. Hoy dos tercios de los jefes de hogar afirman que su situación económica que ellos enfrentan ha empeorado durante el último año.
Y como para completar este panorama, lo que acaba de denunciar la Contraloría General y que recoge EL HERALDO, "el Programa de Alimentación Escolar (PAE), una estrategia del Gobierno que busca atender las necesidades integrales de los beneficiarios… en 2021, según la Contraloría, dejó mucho que desear en varios departamentos". La historia se repite ante los ojos despistados o cómplices de los responsables del Estado: En Valledupar, la cobertura del programa no alcanzó ni al 50 % durante el año pasado. Y los demás, como afirma este medio, "pasaron hambre". Lo mismo o peor sucedió en Sincelejo, y en los departamentos de Magdalena y Guajira, donde los niños muertos por desnutrición se toman como algo inevitable. Además, cuando entregan esas raciones con mucha frecuencia son de una precariedad dolorosa, me costa, o con alimentos en mal estado. Y eso que no tenemos información de Arauca, en plena guerra, de Norte de Santander con graves problemas sociales y de muchos territorios con graves crisis de seguridad.
A ver señores del gobierno: ¿se equivocó la FAO? Pregúntenle a los Bancos de Alimentos que afirman lo siguiente: "Situación de hambre en Colombia sí es crítica." ¿No le parece al gobierno que tener 42% de pobreza se puede asociar claramente con una crisis alimentaria? Definitivamente ocultar las falencias del gobierno sumado a la ignorancia termina en análisis atrevidos, por decir lo menos. Por todo lo anterior y mucho más es inaceptable definir el informe de la FAO como "chimbo".
Bogotá, D. C, 9 de febrero de 2022
*Economista, investigadora, conferencista y política colombiana, se ha desempeñado como Directora del Seguro Social, directora de PREALC, OIT, embajadora de Colombia en los Paises Bajos, Ministra de Agricultura, Ministra de Medio Ambiente, Directora del Departamento Nacional de Planeación y Senadora de la República.
Por Simón Gaviria*.- La decisión del Banco de la República fue criticada y sorpresiva, un alza de 100 puntos básicos no tiene antecedentes recientes en el país. Es una decisión audaz que no solo ratifica la independencia del Banco y su el compromiso con la inflación, sino que prevé protección frente una posible burbuja financiera en mercados internacionales. A pesar de su impopularidad, es la decisión correcta para evitar que los más pobres sean las principales víctimas de incrementos desmedido de precios. Rectificar más adelante saldría más costoso. Ahora que los candidatos recorren el país quejándose que el salario no alcanza para hacer mercado, no deberían perder de vista este mensaje.
A pesar del incremento de 5,62% en la inflación en 2021, la tesis de la “temporalidad” pos-pandemia dilató la decisión de aumentar las tasas de interés. Se argumentó que las restricciones operacionales por el Covid-19 y la falta de inversión durante la pandemia estaban causando un fenómeno inflacionario “temporal” que se resolvería rápidamente en la nueva normalidad. En ese contexto, se consideró que incrementar la tasa de interés frenaría una insípida recuperación, obstaculizando la recuperación de empresas y el empleo, una medicina peor que la enfermedad.
Con el tiempo, la economía se revitalizó rozando el 10% en crecimiento. Record en ventas de motos, televisores y carros fueron evidentes con las ventas minoristas creciendo a más del 20% por varios meses. Pero con ello también se fue acentuando y deteriorando la inflación de alimentos hasta un 17,23%, sin evidencia de mejorar. Los estímulos internacionales fortalecieron la llegada de remesas que sobrepasaron los US$10,000 millones en noviembre, un record histórico. La temporalidad de la inflación que atajaba la decisión de intervención del Banco de la República, se convertía en permanente.
Especialmente grave socialmente es que los hogares pobres y vulnerables experimentaron una inflación de 6,85% mientras que la clase media sufrió un 5,78% y la clase alta 4,39%. A pesar de frenar la economía, bajar la inflación beneficia a los más los necesitados, consolidando avances sociales. Considerando una inflación de 7,0% en EEUU y la certeza de alza de las tasas de interés en mercados internacionales, esta alza es oportuna y hará que en el agregado el incremento sea menor dada su anticipación.
Nueva Riqueza
Como con toda enfermedad sabrá amargo el remedio, los críticos hablan de oportunidades perdidas y consecuencias. No hacer nada para que se desborde la inflación, sin duda es peor. Como siempre, debe haber un amigo que se quede con las llaves del carro sin tomar y esté en contra del aguardiente de las 2am. Aunque esté muy divertida la fiesta, se debe pensar en el día siguiente.
Jeremy Grantham, famoso inversionista, asustó a los mercados recientemente al advertir una burbuja financiera y una inflación de “commodities” permanente, por diez años. Otros anticipan una crisis financiera a partir del colapso de alguna de las cryptomonedas que han acumulado más de US$2.2 billones en activos. El Banco de la República es independiente y para poder ser responsable está demostrando la importancia de ejercer su autonomía. Mientras nadie quiere que se acabe la fiesta, ellos ya están pensando en madrugar para salir a trotar.
Bogotá, D. C, 9 de febrero de 2022
*Actual fellow del instituto Marron en NYU. Ex-director nacional de planeación y presidente de la cámara. También padre de Sofía, Filipa, y Victoria.
Por José G. Hernández*- Este 17 de febrero se cumplen treinta años de la instalación de la primera Corte Constitucional. Un alto tribunal transitorio, con período de un año, integrado por siete magistrados elegidos como lo estableció el artículo transitorio 22 de la Constitución:
“ARTICULO TRANSITORIO 22. Mientras la ley no fije otro número, la primera Corte Constitucional estará integrada por siete magistrados que serán designados para un período de un año así:
Dos por el Presidente de la República; uno por la Corte Suprema de Justicia; uno por el Consejo de Estado, y no por el Procurador General de la Nación. Los magistrados así elegidos designarán los dos restantes, de ternas que presentará el Presidente de la República.
La elección de los Magistrados que corresponde a la Corte Suprema de Justicia, al Consejo de Estado, al Presidente de la República y al Procurador General de la Nación, deberá hacerse dentro de los cinco días siguientes a la entrada en vigencia de esta Constitución. El incumplimiento de este deber será causal de mala conducta y si no se efectuare la elección por alguno de los órganos mencionados en dicho término, la misma se hará por los magistrados restantes debidamente elegidos”.
Esa primera Corte Constitucional estuvo conformada por los magistrados Ciro Angarita Barón, Eduardo Cifuentes Muñoz, José Gregorio Hernández Galindo, Alejandro Martínez Caballero, Fabio Morón Díaz, Simón Rodríguez Rodríguez -su primer presidente- y Jaime Sanín Greiffenstein. De ellos, cinco han fallecido. Quedamos vivos Eduardo Cifuentes Muñoz -hoy Presidente de la JEP- y quien firma esta columna.
La Corte eligió a su secretaria general, la jurista Martha Victoria Sáchica Méndez, quien ha desempeñado ese cargo a lo largo de tres décadas. Una excelente funcionaria, varias veces magistrada encargada, y quien es, sin duda, la memoria viviente de la Corte Constitucional. Sonia Vivas, otra importante jurista, fue elegida relatora, y su trabajo ha permitido el seguimiento completo de lo actuado por la Corporación desde su primera sentencia, la T-001 del 3 de abril de 1992, de la cual tuve el honor de ser magistrado ponente. Sea la ocasión para rendirles merecido reconocimiento.
La Corte fue instalada por el Presidente de la República, César Gaviria Trujillo, uno de los más activos impulsores del proceso político-jurídico que llevó a la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente.
La Corte se enfrentaba al duro desafío de instalar y poner en funcionamiento el sistema de control judicial que preservara los valores, principios y reglas de la nueva Carta Política, que introducía formidables cambios en el Derecho Público colombiano. Su tarea no sería fácil, y ciertamente no lo fue, pero figuras de gran experiencia y prestancia intelectual nos señalaron el camino a los más jóvenes, y fueron sentadas las bases de lo que debía ser -y ha sido, con muy contadas excepciones- una Corte Constitucional respetable, independiente, imparcial, insobornable, recta, clara, directa, honesta, innovadora, capaz de entender el Derecho Constitucional de los tiempos modernos, y el papel de aquéllos a quienes la democracia ha confiado la trascendental labor de guardar -nada menos- la intangibilidad, la integridad y la supremacía del Estatuto Fundamental.
Una Corte inolvidable para quienes la integramos y para el país.
Bogotá, D. C, 9 de febrero de 2022
*Expresidente de la Corte Constitucional.
Por Robinson Castillo*.-El diagnóstico es casi científico. El voto se encuentra a años luz de la racionalidad. Las emociones dominan a plenitud, los impulsos para votar. Se equivocan aquellos candidatos que insisten en lo contrario. Aquí algunos tips rápidos para seducir al elector.
Primera regla, incluso respaldada por el propio Aristóteles: La percepción realidad. La gente saca sus conclusiones de lo que ve y siente de un candidato.
La mirada. Siempre ser consistente en sostenerla con las personas en las diferentes reuniones, desviarla puede generar desconfianza.
La memoria. Recordar los nombres de las personas crea vínculos indestructibles, estimula la cercanía.
La sonrisa. Es sinónimo de alegría, permite la amabilidad, los aburridos casi nunca son votados.
El rostro. Los tristes no ganan elecciones. Una cara en plena armonía trasmite más que mil propuestas de campaña.
El cabello. La estrategia capilar no puede dejarse de lado, un pelo mal tratado, da sensación de descuido. Actualmente vemos a varios mechudos, para acercarse más a los jóvenes.
Vestuario. La indumentaria es clave, el blazer negro por ejemplo, es de los más usados en debates, pero el jean constante, es de las prendas indispensables en los recorridos por las regiones.
Los abrazos. Es lo más cercano a la hermandad, los que abrazan tienen más posibilidades de seducir a sus eventuales votantes. Un candidato lejano, marca distancia insalvable.
Escuchar. Ahora más que nunca se hace necesario escuchar a la gente, tras dos años de una crisis inesperada. Más que discursos, escucha.
Por último y algo elemental, es la estrategia de los niños, ellos jamás se cansan de pedir lo que quieren hasta que lo consiguen: Pide el voto.
Bogotá, D. C, 9 de febrero de 2022
*Comunicador Social – Periodista.
Por Guillermo García Realpe*.- Colombia, sin lugar a dudas, es un país de muchos contrastes. La brecha entre ricos y pobres es cada vez más grande, los problemas globales como la pandemia agudizaron las condiciones económicas de las familias y hoy lo que tenemos es una profunda crisis casi en todos los frentes que apenas estamos empezando a subsanar a paso lento.
Sin embargo, hace algunos días sorprendió la propuesta del alcalde de Barranquilla Jaime Pumarejo. Anunció que su ciudad está haciendo gestiones para lograr que en la Puerta de Oro se realice un circuito de la Fórmula 1, un deporte sobre el cual, desde las épocas doradas de Juan Pablo Montoya, no se escuchaba hablar Colombia, pero que hoy quieren revivir por todos los medios, aun cuando estamos en medio de una exorbitante pobreza.
De ninguna manera cuestionamos esas gestiones que el mandatario de los barranquilleros está adelantando. Lo que sí criticamos es el no darle prioridad a problemas locales serios, como la hambruna que padecen muchos barranquilleros debido a las precarias condiciones sociales en que viven. No es posible que mientras se está pensando en traer bólidos para el disfrute de unos pocos encopetados, por el otro lado, el 70% de los habitantes de esa ciudad no puede acceder a las tres comidas diarias. En ese punto, Pumarejo tiene doble bandera amarilla.
Al piloto de los barranquilleros se le fueron las luces, por más que él mismo quiera justificar un evento cuyo privilegio tienen hoy 22 ciudades en el mundo con muchas más capacidades económicas, logísticas y de seguridad. En fin, la capital del Atlántico difícilmente podría albergar en tres días a más de 320 mil espectadores, quienes, según las cuentas de Pumarejo, gastarían 600 dólares diarios por persona que sí se traducirían en riqueza para la ciudad, pero tal vez para los poderosos y no para los que hoy están sumidos en la más penosa hambruna en sus barrios y periferia.
Traer a la “gran carpa” del automovilismo mundial a Curramba saldría un ojo de la cara. Lo primero que habría que hacer, según portales especializados en el tema, es firmar un contrato a diez años de 40 millones de dólares por cada carrera, una locura y más aún cuando en esa región hay muchas necesidades de inversión por resolver.
Todo eso en cambio contrasta con el reciente informe de la FAO que señaló que algunos grupos poblacionales en Colombia están en riesgo de hambre aguda para 2022, incluyendo ahí a los migrantes venezolanos que deambulan por el país sin un rumbo definido.
Adicional a esto, son deplorables las condiciones de muchos niños indígenas en regiones como La Guajira o el Chocó, muchos de los cuales mueren por desnutrición, es decir, mueren de hambre. A este tipo de problemas que son inaplazables es que debieran concentrar sus esfuerzos los mandatarios y el Gobierno nacional, en vez de estar apoyando propuestas sacadas de la manga para el beneficio de unos pocos poderosos, mientras la mayoría del pueblo está pasando las duras y las maduras como consecuencia de la pandemia, la alta cifra de desempleo, la inseguridad y la carestía en los productos de la canasta básica familiar.
De eso poco entienden nuestros dirigentes, por fortuna, pronto llegará a Colombia un piloto que le pondrá freno al derroche, a la corrupción, a la miseria, a la pobreza y le meterá el acelerador a impulsar una nación más justa, más equitativa, con mejores posibilidades para nuestra gente, un piloto que no dejará estrellar a Colombia en el continuismo. Esa carrera está fijada para el 29 de mayo en un circuito que se llama Colombia, cuyos espectadores serán los electores. Quien gane estará llamado a llevar las banderas del cambio y de un verdadero salto social que permita un mejor país con nuevas oportunidades para todos.
Bogotá, D. C, 8 de febrero de 2022
*Senador Partido Liberal.
@GGarciaRealpe
Por Juan Camilo Restrepo*.- Es curioso: las propuestas de Petro en esta campaña -o algunas al menos para ser exactos- se están pareciendo mucho a las de Trump. Pienso especialmente en sus tesis sobre el manejo de los aranceles.
Trump utilizó profusamente los aranceles como un arma arrojadiza que lanzaba a sus adversarios, especialmente a la China cuando algo lo disgustada. Era su política predilecta. Le subió aranceles al aluminio, al acero, a los textiles, a las prendas de vestir, a los micro conductores, etc. A veces ponía límites perentorios: “o me bajan en tanto por ciento el superávit comercial que tienen con los Estados Unidos o les subo más los aranceles”, decía. En ocasiones lo hacía con propósitos geopolíticos: como cuando subió los aranceles para influir sobre la política energética.
Nada de eso funcionó. China continúo con un alto superávit comercial frente a los Estados Unidos; la OMC le abrió varias investigaciones a los Estados Unidos por violar normas vinculantes del comercio internacional; los consumidores quedaron enojados pues los mayores precios de los bienes importados, por razón de los aranceles, se les trasladaron; y toda la comunidad de granjeros y agricultores norteamericanos protestaron pues la reacción del mundo golpeado con los aranceles de Trump fue la de retaliarle con igual moneda.
Ahora Petro propone utilizar los aranceles para proteger cuatro sectores escogidos. La agricultura, las materias primas para procesar alimentos, los productos de cuero y los textiles. ¿Por qué no otros sectores, igualmente amenazados con la competencia internacional? No se sabe.
Una primera reflexión es la de que los aranceles no se pueden subir en el mundo contemporáneo a niveles estratosféricos que cada gobierno decida. Todos los países que somos miembros de la OMC, como lo es Colombia, tienen unos techos máximos (aranceles consolidados) hasta los cuales se pueden subir los aranceles. Pretender cambiar un modelo económico en base a mover aranceles es un debate sobrepasado, que, si tuvo alguna vigencia en el siglo XIX, hoy no lo tiene.
¿Qué hay que proteger más a la agricultura? Claro que sí. Pero la manera inteligente de hacerlo no es a punta de aranceles sino estimulando la producción eficiente de alimentos con medidas internas distintas a los aranceles. Pienso sobre todo en la producción de maíz para lo cual tenemos tierras y vocación maicera. El 60% de los alimentos que está importando Colombia es maíz. Podemos y debemos incrementar la producción doméstica. Pero no a punta de aranceles sino de políticas de fomento internas eficaces e inteligentes.
Hace algunos años pusimos en marcha una estrategia que se denominó “país maíz” que dio buenos resultados y que se está replicando. Pero a la cual hay que darle una mayor dimensión. Lo que no podemos es pretender acabar de la noche a la mañana con importaciones como las de maíz, de las cuales depende en alto grado la industria avícola; y de donde proviene la mayor cantidad de proteínas animales que consume el pueblo colombiano.
No hay que olvidar, tampoco, que aranceles excesivos estimulan el contrabando y terminan encareciéndole el costo de vida a los consumidores. Que fue lo que le sucedió a Trump con sus atolondradas alzas de aranceles.
Lo malo no es que se pueda importar al país. Lo grave es que esas importaciones lleguen al amparo de subsidios y de competencia desleal prohijada por la competencia internacional. Para ello -en vez de mandar los aranceles a las nubes- hay que aplicar con mano dura y rápida los instrumentos antidumping -que ya existen- pero que los temerosos funcionarios del ministerio de comercio exterior se mueren del susto aplicar.
Igual cosa puede decirse de los mecanismos para luchar contra el contrabando que hay que reforzar. Los países más abiertos del mundo tienen a su vez las aduanas más severas. La libertad de comercio no significa aflojar las riendas en el combate al contrabando. Y no deben confundirse uno con otro. Al contrario: más aranceles exacerban el contrabando.
Pero así sea un debate anacrónico, al de los aranceles hay que darle la bienvenida. Es mejor tema de discusión para el futuro de Colombia que las peleítas de mecánica política en que andan enfrascadas las coaliciones de candidatos presidenciales.
Bogotá, D. C, 8 de febrero de 2022
*Abogado y Economista. Exministro de Estado.
Por Adriana Matiz*.- Años atrás, el país se concebía como una nación distinta a la actual. No es que geográficamente haya cambiado, simplemente era su realidad, eran unas regiones que poco tenían que ver entre ellas y que al final Interactuaban de manera sencilla en algunas cosas, pero sin ninguna convicción de identidad propia en la mayoría, pues su esperanza recaía en cómo se les mirara desde Bogotá, en ese momento eran incapaces de autogobernarse.
Hoy, por el contrario, pareciera que muchas de esas fronteras regionales han ido desapareciendo y los departamentos han empezado a encontrar cosas más comunes entre ellos, más coincidencias qué diferencias entre estos espacios regionales y han empezado a detectar sus problemas y posibles soluciones.
Teniendo en cuenta lo anterior, y a partir de ese auto diagnóstico, se esperaría una solución rápida a sus problemas. Sin embargo, el sistema está hecho para que todo ese proyecto sea viabilizado, aprobado y financiado en el nivel central, lo cual hace que la espera de soluciones sea eterna en el tiempo. Eso conlleva desesperanza y falta de confianza de las personas en sus dirigentes.
Temas como políticas económicas y de desempleo, relaciones exteriores y otros, lógicamente deben ser tratados desde lo nacional, pero otros más locales, son temas que deben empezar a entregarse a las regiones, pues ahí existe divergencia de prioridades entre cada una de ellas y sus soluciones.
Pretender desde Bogotá solucionar la totalidad de problemas de cada uno de los municipios resulta antitécnico y frustrante; es esa forma de política donde se concibe al congresista como un buscador de proyectos estatales, los cuales muchas veces son innecesarios, pero algo hay que llevar a las regiones para demostrar que existe gestión y presencia del Estado.
La propuesta a futuro debe ser una mayor autonomía regional, una que logre que las economías se dinamicen desde los departamentos, que los recursos se recauden en ellos, teniendo por supuesto una participación el estado en los mismos, pero no su manejo y disposición total. Solo en la medida que esto ocurra, cada una de las regiones podrá desarrollarse más rápidamente, sin necesidad de esperar que desde un gobierno centralizado y burócrata se ponga la mirada en ellos y mano a sus problemas.
Es hora entonces de empezar a explorar una mayor autonomía regional, una que fortalezca aún más el autogobierno, que permita proyectos de desarrollo sectoriales, porque esa es la única fórmula que le resultó bien a ciudades como Medellín hace unas décadas o a Barranquilla en la actual, pero no todas las ciudades cuentan con los recursos que recaudan estas dos.
Estamos en los tiempos de las respuestas rápidas, pero éstas solo se logran con actuaciones igual de expeditas y para ello lo más propicio es profundizar la capacidad y autonomía de las regiones. Está será, además, la forma más eficaz de eliminar esa moneda de cambio que sirve para comprar simpatías en el legislativo en contraprestación de soluciones que podían entregar organismos locales para las gentes de sus departamentos.
Bogotá, D. C, 7 de febrero de 2022
*Representante a la Cámara del Tolima por el Partido Conservador.
