Opinión

Por Juan Camilo Restrepo*.- Es curioso: las propuestas de Petro en esta campaña -o algunas al menos para ser exactos- se están pareciendo mucho a las de Trump.  Pienso especialmente en sus tesis sobre el manejo de los aranceles.

Trump utilizó profusamente los aranceles como un arma arrojadiza que lanzaba a sus adversarios, especialmente a la China cuando algo lo disgustada. Era su política predilecta. Le subió aranceles al aluminio, al acero, a los textiles, a las prendas de vestir, a los micro conductores, etc. A veces ponía límites perentorios: “o me bajan en tanto por ciento el superávit comercial que tienen con los Estados Unidos o les subo más los aranceles”, decía. En ocasiones lo hacía con propósitos geopolíticos: como cuando subió los aranceles para influir sobre la política energética.

Nada de eso funcionó. China continúo con un alto superávit comercial frente a los Estados Unidos; la OMC le abrió varias investigaciones a los Estados Unidos por violar normas vinculantes  del comercio internacional; los consumidores quedaron enojados pues los mayores precios de los bienes importados, por razón de los aranceles, se les trasladaron; y toda la comunidad de granjeros y agricultores norteamericanos protestaron pues la reacción del mundo golpeado con los aranceles de Trump fue la de retaliarle con igual moneda.

Ahora Petro propone utilizar los aranceles para proteger cuatro sectores escogidos. La agricultura, las materias primas para procesar alimentos, los productos de cuero y los textiles. ¿Por qué no otros sectores, igualmente amenazados con la competencia internacional? No se sabe.

Una primera reflexión es la de que los aranceles no se pueden subir en el mundo contemporáneo a niveles estratosféricos que cada gobierno decida. Todos los países que somos miembros de la OMC, como lo es Colombia, tienen unos techos máximos (aranceles consolidados) hasta los cuales se pueden subir los aranceles. Pretender cambiar un modelo económico en base a mover aranceles es un debate sobrepasado, que, si tuvo alguna vigencia en el siglo XIX, hoy no lo tiene.

¿Qué hay que proteger más a la agricultura? Claro que sí. Pero la manera inteligente de hacerlo no es a punta de aranceles sino estimulando la producción eficiente de alimentos con medidas internas distintas a los aranceles. Pienso sobre todo en la producción de maíz para lo cual tenemos tierras y vocación maicera. El 60% de los alimentos que está importando Colombia es maíz. Podemos y debemos incrementar la producción doméstica. Pero no a punta de aranceles sino de políticas de fomento internas eficaces e inteligentes.

Hace algunos años pusimos en marcha una estrategia que se denominó “país maíz” que dio buenos resultados y que se está replicando. Pero a la cual hay que darle una mayor dimensión. Lo que no podemos es pretender acabar de la noche a la mañana con importaciones como las de maíz, de las cuales depende en alto grado la industria avícola; y de donde proviene la mayor cantidad de proteínas animales que consume el pueblo colombiano.

No hay que olvidar, tampoco, que aranceles excesivos estimulan el contrabando y terminan encareciéndole el costo de vida a los consumidores. Que fue lo que le sucedió a Trump con sus atolondradas alzas de aranceles.

Lo malo no es que se pueda importar al país. Lo grave es que esas importaciones lleguen al amparo de subsidios y de competencia desleal prohijada por la competencia internacional. Para ello -en vez de mandar los aranceles a las nubes- hay que aplicar con mano dura y rápida los instrumentos antidumping -que ya existen- pero que los temerosos funcionarios del ministerio de comercio exterior se mueren del susto aplicar.

Igual cosa puede decirse de los mecanismos para luchar contra el contrabando que hay que reforzar. Los países más abiertos del mundo tienen a su vez las aduanas más severas. La libertad de comercio no significa aflojar las riendas en el combate al contrabando. Y no deben confundirse uno con otro. Al contrario: más aranceles exacerban el contrabando.

Pero así sea un debate anacrónico, al de los aranceles hay que darle la bienvenida. Es mejor tema de discusión para el futuro de Colombia que las peleítas de mecánica política en que andan enfrascadas las coaliciones de candidatos presidenciales.

Bogotá, D. C, 8 de febrero de 2022

*Abogado y Economista. Exministro de Estado.

Por Adriana Matiz*.- Años atrás, el país se concebía como una nación distinta a la actual. No es que geográficamente haya cambiado, simplemente era su realidad, eran unas regiones que poco tenían que ver entre ellas y que al final Interactuaban de manera sencilla en algunas cosas, pero sin ninguna convicción de identidad propia en la mayoría, pues su esperanza recaía en cómo se les mirara desde Bogotá, en ese momento eran incapaces de autogobernarse.

Hoy, por el contrario, pareciera que muchas de esas fronteras regionales han ido desapareciendo y los departamentos han empezado a encontrar cosas más comunes entre ellos, más coincidencias qué diferencias entre estos espacios regionales y han empezado a detectar sus problemas y posibles soluciones.

Teniendo en cuenta lo anterior, y a partir de ese auto diagnóstico, se esperaría una solución rápida a sus problemas. Sin embargo, el sistema está hecho para que todo ese proyecto sea viabilizado, aprobado y financiado en el nivel central, lo cual hace que la espera de soluciones sea eterna en el tiempo. Eso conlleva desesperanza y falta de confianza de las personas en sus dirigentes.

Temas como políticas económicas y de desempleo, relaciones exteriores y otros, lógicamente deben ser tratados desde lo nacional, pero otros más locales, son temas que deben empezar a entregarse a las regiones, pues ahí existe divergencia de prioridades entre cada una de ellas y sus soluciones.

Pretender desde Bogotá solucionar la totalidad de problemas de cada uno de los municipios resulta antitécnico y frustrante; es esa forma de política donde se concibe al congresista como un buscador de proyectos estatales, los cuales muchas veces son innecesarios, pero algo hay que llevar a las regiones para demostrar que existe gestión y presencia del Estado.

La propuesta a futuro debe ser una mayor autonomía regional, una que logre que las economías se dinamicen desde los departamentos, que los recursos se recauden en ellos, teniendo por supuesto una participación el estado en los mismos, pero no su manejo y disposición total. Solo en la medida que esto ocurra, cada una de las regiones podrá desarrollarse más rápidamente, sin necesidad de esperar que desde un gobierno centralizado y burócrata se ponga la mirada en ellos y mano a sus problemas.

Es hora entonces de empezar a explorar una mayor autonomía regional, una que fortalezca aún más el autogobierno, que permita proyectos de desarrollo sectoriales, porque esa es la única fórmula que le resultó bien a ciudades como Medellín hace unas décadas o a Barranquilla en la actual, pero no todas las ciudades cuentan con los recursos que recaudan estas dos.

Estamos en los tiempos de las respuestas rápidas, pero éstas solo se logran con actuaciones igual de expeditas y para ello lo más propicio es profundizar la capacidad y autonomía de las regiones. Está será, además, la forma más eficaz de eliminar esa moneda de cambio que sirve para comprar simpatías en el legislativo en contraprestación de soluciones que podían entregar organismos locales para las gentes de sus departamentos.

Bogotá, D. C, 7 de febrero de 2022

*Representante a la Cámara del Tolima por el Partido Conservador.

Por Amylkar Acosta*.- Muy interesante el texto escrito por el exministro José Antonio Ocampo en el que analiza e interpreta con gran rigor académico el decurso de la historia de Colombia desde la perspectiva de su arquitectura institucional, su evolución y las tensiones entre las fuerzas políticas que han defendido e instaurado el centralismo y la centralización y las que han abogado por el federalismo primero y por la descentralización después.

El siglo XIX, el siglo XX y lo que va corrido del siglo XXI han sido testigos de este pulso entre estas dos tendencias, las cuales han adquirido alcances y connotaciones diferentes según los distintos contextos en el que han tenido lugar. Me propongo hacerle algunas acotaciones a este texto, como una contribución al mismo.

Tal como lo plantea Ocampo, la incipiente y frágil economía colonial, basada fundamentalmente en la extracción del oro, era “completamente desarticulada”, una especie de “economía de archipiélago”, en rigor no se puede hablar todavía de una economía nacional. En tales circunstancias, hasta los conceptos de nacionalismo y nacionalidad, así como el de las influencias ideológicas a escala nacional eran una quimera. Por lo demás, para la época la estructura del Estado era difusa, reducida y enclenque.

Despuntando el siglo XX, el gran pensador colombiano Luis López de Mesa conceptuó que Colombia misma seguía siendo también “un archipiélago de regiones”. Ello dio lugar a la “segmentación del poder político”, de la cual nos habla Ocampo y de la política misma en un país balcanizado, expuesto a los continuos enfrentamientos y antagonismos de sus fuerzas políticas contendientes.

La máxima expresión de esta segmentación fueron los cabildos integrados por las élites criollas, los cuales tuvieron un gran protagonismo en los albores de la lucha independentista y fue justamente allí en donde se incubó el germen de la emancipación.

No deja de ser irónico y paradójico, como lo señala Ocampo, que “la única fuente de unión de estas élites locales era el poder imperial” de la Corona española que sojuzgaba a Iberoamérica, el mismo que dada su propia decadencia entre los siglos XVII y XVIII alentaba los caudillismos locales. De allí que una vez alcanzada la independencia sobreviene la fragmentación y confrontación de las fuerzas políticas a falta de un enemigo común que las cohesionara.

Podría decirse que este es el más remoto antecedente del “federalismo radical”, que yo catalogaría como “federalismo balbuceante”, propio de la vacilante “patria boba”, del cual nos habla Ocampo.

Tres constituciones sucesivas, la de 1853, la de 1858 y la de 1863 fueron de corte federalista, siendo esta última la que más perduró y la que más lejos fue en su propósito de empoderar a las regiones como una forma de superar el localismo del primer asomo de federalismo en Colombia, al tiempo que se descentralizaran tanto las rentas como los gastos del Estado. Y ello fue posible gracias a que la Constitución de Rionegro se gestó a partir de un relativo consenso político, de una gran coalición liderada por el general Tomás Cipriano de Mosquera.

Bogotá, D. C, 7 de febrero de 2022

*Expresidente del Congreso y Ex ministro de Minas y Energía

www.amylkaracosta.net

Por Gabriel Ortiz*.- La efervescencia electoral tocó el hambre que azota a gran parte de las regiones colombianas. Lo afirmó la ONU, a través de la FAO y el Programa Mundial de Alimentos. Estamos en la lista de los 25 países más crueles e inhumanos del mundo en materia alimentaria, en los que la gente no recibe las tres comidas al día, con proteínas y calorías necesarias para el desarrollo físico e intelectual.

De inmediato el presidente Duque, la vice y su ramillete de asesores, protestaron enérgicamente contra el informe y demandaron una rápida exclusión de Colombia del mapa hambruno. Exhibieron argumentos y cifras, diferentes a las de la FAO y la PMA.

Pero la gente aún recuerda las imágenes de un informe de María Elvira Arango, en su programa de televisión “Los Informantes”. En él, mostró desgarradoras imágenes de mujeres guajiras llorando por sus niños que murieron de hambre. Al tiempo, lideresas de la misma región, denunciaron las amenazas que reciben por denunciar estos hechos. Casos idénticos ocurren por todas partes en calles de Bogotá, pueblos y veredas de esta patria que pide a gritos comida.

¡Ni la gente come, ni hay que darle! Mucha es la gente que tiene que acudir a las basuras a rescatar algo que llene sus estómagos. No hay una política que nos garantice alimentación digna, nutritiva y a tiempo. Millones de hogares no reciben las tres comidas diarias, porque la pobreza absoluta en que viven 8.500.000 de compatriotas y la pobreza general de otros 22.000.000 se lo niegan.

No ha existido una decisión gubernamental, especialmente durante el “mandato de los 20 años”, que remedie la situación, porque se abandonó el campo, no se entregan tierras, se importan alimentos, -casi sin aranceles- no hay crédito para la agroindustria y cuando existe es a intereses insostenibles. Una nación con tanta tierra productiva, con millones de campesinos y agricultores listos para trabajar, no puede padecer de hambre. En la tierra está el empleo y la exportación de alimentos.

El secretario del Grupo Andino, Jorge Herman Pedraza, propuso a Colombia y las otras 3 naciones estimular el campo, para convertirlas en la despensa del mundo. Pero no encontró eco. Seguramente hay otros intereses más poderosos que manejan a estos gobiernos, a costa del hambre de sus gentes.

El campo está solo. Hay despojo de tierras y desplazamiento, por parte de guerrillas, paras y terratenientes que impiden laborar el campo.

Y para completar, el Banco de la República – ya sin independencia- impide cultivar la tierra, por el exagerado crecimiento de los intereses. Estos hechos y el incumplimiento del proceso de paz (lo dice la FAO) impiden que Colombia pueda mostrar otra imagen diferente a la que dibujó la ONU, a través de la FAO.

El debate electoral es utilizado por políticos y gobernantes, que aprovechan el hambre y la pobreza, para negociar votos.

BLANCO: El domingo reaparece la revista Cambio. Valioso refuerzo para la libre expresión.

NEGRO: La FAO: “Colombia sin seguridad alimentaria de goles”.    

Bogotá, D. E, 3 de febrero de 2022

*Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.

Por Mauricio Cabrera Galvis*.- Volvió el Hay Festival a las calles de Cartagena. El año pasado el confinamiento y la pandemia obligaron a que esta fiesta de la palabra fuera virtual y que en lugar del encuentro cercano con escritores y las tertulias sin final con amigos y desconocidos, tuviéramos que verlos por Internet en la soledad de nuestros cuartos.

Este año, todavía limitados por el virus, el gran esfuerzo de los organizadores logró un festival mixto, con unos eventos presenciales, otros virtuales y la posibilidad de verlos todos en la página web del festival. El resultado fue maravilloso, entre otras cosas porque la tecnología permitió la participación a distancia de personalidades como el artista chino Ai Weiwei, la filósofa Adela Cortina o el expresidente español Felipe Gonzáles.

Hubo temas y autores para todos los gustos. Por supuesto la literatura; la internacional con el nobel africano Wole Soyinca o autores ya consagrados como Leonardo Padura, Irene Vallejo (la del junco) y Jonathan Franzer. Y la nacional con escritores bien conocidos como Juan Gabriel Vásquez, Evelio Rosero, Pablo Montoya o Ricardo Silva para no citar sino unos cuantos.

La “maldita desigualdad” fue uno predominante con la presencia del economista Tomás Piketty junto con otros autores que la analizaron desde perspectivas políticas, filosóficas ambientales y de género. Se habló también de las amenazas a la democracia, del papel del periodismo con el punzante diálogo de Los Danieles, de la emergencia climática y de la corrupción de la farmacéutica norteamericana que se ganó millones de dólares vendiendo opiáceos adictivos.

Para varios de los asistentes uno de los conversatorios más impactantes fue el de la periodista María Ximena Duzán con el sacerdote jesuita Pacho de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad. Emocionante fue el largo y conmovedor aplauso con que lo recibió el auditorio, merecido reconocimiento a una vida dedicada a los pobres y a la construcción de la paz y la reconciliación, muchas veces con riesgo de ser asesinado por paramilitares o guerrilleros, a los que se enfrentó con igual entereza.

El relato del padre Pacho de lo que han escuchado y recopilado en la Comisión de la Verdad, está marcado por el dolor de las víctimas, de familiares de secuestrados o de masacrados para despojarlos de sus tierras, de madres cuyos hijos fueron asesinados por miembros del ejército para cobrar recompensas, de mujeres abusadas, de los millones de desplazados. Y también relatos esperanzadores de victimarios y víctimas que han encontrado el camino de la reconciliación.

Se necesitaba una persona con las calidades morales y la trayectoria del padre Pacho para dirigir el difícil trabajo de la Comisión, que como él lo dice no es decidir cuál es la verdad, sino de descubrirla en las voces de todas las víctimas. Es un ejercicio complejo y doloroso pero indispensable si queremos que en Colombia se supere esta larga guerra de 60 años, se sanen las heridas y podamos vivir en una sociedad justa y en paz. Gracias padre Pacho por su abnegado trabajo.

Bogotá, D. C, 2 de febrero de 2022

*Filósofo y Economista. Consultor.

Por Cristina Plazas*.- He escuchado con detenimiento las entrevistas de los candidatos a la presidencia y los debates a los que han asistido; y, al igual que muchos colombianos, estoy hastiada de ver el ring de boxeo en que se han convertido estos espacios democráticos. Los insultos, acusaciones y propuestas populistas de algunos candidatos han marcado este primer round. Desafortunadamente, no se vislumbran propuestas ni discursos sólidos sobre la forma de proceder en los próximos cuatros años.

Pero lo más preocupante es que los niños han sido invisibles en todos estos espacios, tanto para los candidatos como para los periodistas; aunque no es de extrañar ya que, como lo he demostrado, centenares de veces los niños en este país no importan y menos en campaña porque no votan.

Cómo me cuesta aceptar que hasta el momento no se hayan planteado iniciativas para prevenir el maltrato infantil y el abuso sexual, teniendo en cuenta que cada 22 minutos una niña o un niño es violado en el país y que la impunidad de estos casos es del 95%. El jueves, por ejemplo, se conoció un caso aberrante en el departamento de Caldas. Un hombre confesó que abusó de su hija desde que tenía tres meses de nacida. No me explico cómo pueden ignorar una realidad tan cruel.

Cómo entender que la nutrición de este grupo poblacional no sea un tema central, máxime cuando frecuentemente roban los recursos destinados para dicho fin. Hasta el momento no he oído la primera propuesta de restructuración del PAE.

Cómo explicar que el reclutamiento forzado no sea prioritario en un país donde todos los días cientos de niños son arrebatados de sus hogares para colgarles un fusil robándoles su infancia y juventud: su futuro.

Cómo justificar el silencio de los candidatos frente a la revictimización que sufren miles de niños en el sistema de protección. Esta semana conocí a una niña de 6 años, que lleva 5 años en una fundación. Su proceso inició en una comisaría de familia y por pérdida de competencia fue conocido por un juzgado que determinó hace un año el reintegro de la niña a su familia y hasta el momento el fallo no se ha cumplido porque las entidades no se han puesto de acuerdo en cuál debe asumir los gastos del traslado de la niña. Todas las investigaciones científicas y psicológicas han demostrado el daño que produce en un niño la alta permanencia en una institución de protección. ¿Cómo puede ser que una niña esté alejada de su familia porque el Estado no consigue 600 mil pesos para su traslado?

Cómo no perder las esperanzas si no se han oído propuestas para recuperar el tiempo perdido de los 3 millones de niños que no han asistido al colegio en estos dos años.

Señores candidatos: Estamos hasta la coronilla de sus peleas y de sus egos. En este momento son miles los niños que están sufriendo las más crueles situaciones. ¡Sean serios, carajo!

Bogotá, D. C, 2 de febrero de 2022

*Abogada de la Universidad Javeriana con especialización en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario. Exdirectora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Por Paloma Valencia*.- Los precios de los productos de la canasta familiar definen el día a día de una familia vulnerable en Colombia. Subir aranceles a productos primarios, no genera más consumo de los productos nacionales, sino escasez de los existentes, y un aumento automático del precio en los productos de la canasta. La soberanía alimentaria es el camino directo para subir los precios de los alimentos.

Una familia vulnerable en Colombia destina el 23% de sus ingresos para la compra de alimentos y una familia de altos ingresos el 8%. La política de libre mercado colombiana le permite a un jefe de hogar obtener el producto de la canasta familiar más barato posible. Entre dos productos idénticos, como una papa nacional y otra importada, el jefe de hogar puede elegir aquella con menor precio. Por costos de logística y productividad, en la mayoría de los casos el producto más barato es el producido en Colombia: el 80% de los alimentos que consumimos son producidos en nuestro territorio- 24 millones de toneladas. Sin embargo, para tener precios más bajos el mercado importa el 30% de los alimentos que consumimos, cerca de 10 millones de toneladas.

Si el primer decreto presidencial de Petro fuera declarar soberanía alimentaria mediante el aumento de aranceles, al día siguiente tendríamos las centrales de alimentos sin la tercera parte de la comida. Y lo peor aún, la comida tendría entonces precios más altos, pagable por familias de altos ingresos. Una política regresiva.

El siguiente paso, al estilo de la Unión Soviética con sus planes quinquenales o los que hemos visto por Nicolás Maduro, sería decretos presidenciales intentando controlar los precios de los alimentos. Terminaríamos con una inflación sostenida que destruiría el sistema económico.

Otra consecuencia posible serían las represalias internacionales. El ejemplo más utilizado por los economistas es el caso de la ley de Smoot-Hawley de 1930 en los Estados Unidos. El congreso decidió aumentar hasta un 41% el arancel a más de 23 mil productos importados bajo la premisa de que se debía consumir lo nacional. El resultado fue una protesta de más de 20 países. Por ejemplo, Canadá decidió poner un arancel de más del 30% a cerca de 20 productos producidos por los Estados Unidos. Se estima que entre 1929 y 1933, la caída de las exportaciones por la ley de Smooth-Hawley, fue responsable del 21% del declive, que unido a la recesión fue del -16,5% del PIB en los Estados Unidos.

Tres años después la ley Smooth-Hawley fue derogada y en 1946 surgió el GATT como organismo predecesor de la Organización Mundial del Comercio con el propósito de evitar fijación de aranceles unilaterales. Inglaterra también sufrió una crisis económica por la subida de aranceles en 1815 por la ley de cereales que fue abolida en 1846. Las protestas nacionales e internacionales fueron muy grandes, y dieron lugar a la creación del periódico inglés The Economist en 1843 que abogó por el libre mercado y la necesidad de eliminar los aranceles a productos primarios.

Subir aranceles por decreto a productos primarios es condenar a un país a la escasez, a precios altos y a la imposibilidad de exportar. Si queremos consumir más de lo que producimos nacionalmente, la solución es convertirnos en compradores conscientes; aquel que pueda que compre lo nacional. La manera de enfrentar el reto del libre comercio es la productividad. No se trata de vender el mismo producto más caro, sino mejorando la cadena productiva y sumándole valor al producto. Hoy hay retos muy grandes frente a los subsidios escondidos, pero la tarea es luchar contra eso, y no cerrarnos.

Bogotá, D. C, 2 de febrero de 2022

*Senadora del Centro Democrático

Por Gabriel Ortiz*.- Si nuestro país estudiara la historia que transitamos desde la independencia, advertiría que hemos tenido verdaderos prohombres en la política y en el gobierno, que nos podría mostrar el colega Oscar Alarcón, en uno de sus brillantes escritos.

Entre tanto y para fortuna de muchos, apareció el gran escritor Juan Gabriel Vásquez con un extraordinario artículo, que con toda la amplitud desplegó el diario El País de España, bajo el título: “Los viejos y queridos odios”.

Es una pieza que le hace un llamado a las generaciones que han tenido que transitar aciagos, funestos y tristes años, durante los cuales nos inculcaron rencor, fobia, cizaña y demás aversiones para quienes piensen diferente.

Destaca a gobernante ejemplar, que quizás no se ha repetido en nuestro país. Y vale la pena mostrarlo en estos momentos en que más de medio centenar de políticos se muestran para alcanzar la presidencia.

Se trata de Don Carlos Eugenio Restrepo, un líder antioqueño, que fue escogido para gobernarnos después de la despreciable “guerra de los mil días”. Esta nación que, desde la conquista, la independencia y la república era la debacle, requería de alguien pensante, equilibrado, respetuoso de las libertades, garante de la autonomía del Estado y la transparencia electoral; la libertad de prensa y todos esos principios que fortalecen el Estado de Derecho. Además de impedir el monstruo de la corrupción que se veía venir desde esa época.

Cuál sería la sorpresa de un país que sentía los rigores de una guerra que ganó el conservatismo, cuando escogió al “godito” Carlos E Restrepo, para enderezarlo. Hubo alboroto y zozobra y disgusto, porque se trataba de una persona con una rectitud a prueba de todo.

El personaje no se arrugó. Se presentó como un verdadero gobernante, que dibuja magistralmente el escritor José Gabriel Vásquez. Así inauguró su gobierno: “no actuaré como miembro de un solo partido. En la presidencia no seré más que un colombiano”. Y advirtió que sería el guardián de las creencias de todos los colombianos, cualesquiera que ellas fueran.

Don Carlos E Restrepo, es el ejemplo claro de lo que debe ser un presidente. De hasta dónde debe llegar un mandatario que quiera entregarse a su gente para  derrotar los males que afligen a una nación.

Un hombre con este talante no contaría, con el apoyo de dirigentes como los que hoy manejan la multitud de partidos y movimientos de esta Colombia.

Es mucho pedirle a un país en el que la corrupción se impone por sobre todas las cosas. En donde los partidos y movimientos, empezando por el que gobierna, desconocen los principios que se requieren para salvar la patria e impartir justicia social. En donde no haya miseria y que la libertad de prensa permita impedir todos los vicios. ¿Habrá algún Don Carlos E entre tanto palabrero?

BLANCO: Las denuncias de los despilfarros del gobierno. ¡Incalculables!

NEGRO: La partida de nuestro gran amigo y colega Andrés Salcedo.

Bogotá, D.C, 2 de febrero de 2022

*Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.

Por Simón Gaviria*.- La ineficiencia es una oportunidad para irrumpir con nuevos modelos económicos, especialmente si ahorran plata. Es diciente que de manera temporal Mercado Libre haya superado a Petrobras como la empresa más valiosa de América Latina. El cambio digital tiene muchas caras colombianas creciendo en toda la región. Estos van a ser nuestros nuevos líderes empresariales, aparte de los nuevos billonarios. Las grandes fortunas de Colombia se harán durante esta década. Esta transformación está ocurriendo silenciosamente.

Las inversiones en el último año se cuadriplicaron, llegando a US$20 mil millones. Aunque la cifra de inversión solo representa el 3,2% de la inversión global, el potencial de crecimiento es enorme. Según la revista The Economist, la capitalización de las firmas Latinas es de solo 4% mientras en India es 14% y en China 30%. La región viene des atrasándose, según CB Insights, en los últimos 5 años el volumen de transacciones se multiplico veinte veces.

Con Rappi, el primer unicornio colombiano, se consolido un nuevo ecosistema. Abierto a la tecnología, pero enfocado en generar valor para el cliente. Cada emprendimiento exitoso impacta nuevos emprendedores que salen de las empresas existentes. Se inculca escalar rápido el tamaño de negocio, contratar en volumen el mejor talento humano y tener una ejecución pronta. La tecnología permite hacer medición diaria, lo cual influye en la planeación semanal. Lo que no sirve se descarta de manera temprana. A pesar de pérdidas tempranas, se premia el crecimiento exponencial.

Si algo funciona en la informalidad y competencia colombiana, puede funcionar en cualquier lado. Tul consiguió US$181 millones a una valuación de US$800 millones para revolucionar las ferreterías. Ya está en Colombia, Ecuador y México, ahora le están pidiendo expansión a África y Brasil. Kushki, una empresa de pagos, cerró ronda de financiación por US$86 millones a una valuación de US$600 millones. Valienta, transformando las ventas por catálogo, en solo un año tiene 80.000 vendedoras con ventas de más de 30 mil millones en diciembre.

En Brasil o en México, el tamaño del mercado doméstico adormece la expansión internacional. Colombia es suficientemente grande para comprobar una idea, pero no tanto como para dormir en laureles. Empresas como Frubana se expanden rápidamente después de probar su idea en Colombia. La valoración se les aumenta después de probar su modelo de negocio en un segundo mercado. Se debe demostrar que el éxito del negocio no son conexiones locales o suerte. Las siguientes rondas de financiación otorgan retornos de 6x-10x.

Sin tomar en cuenta el éxito de ejecutivos por fuera del país como NuBank donde David Vélez se convirtió en el colombiano más rico. Estamos presenciando la creación de riqueza más grande en la historia del país. Rappi acaba de conseguir US$500 millones a una valuación de US$5.200 millones. Aun con la posibilidad de una burbuja, esto ocurre sin mucha celebración nacional ni colaboración regulatoria. Los emprendedores no desean listar en la bolsa local. Los bancos locales muchas veces no les prestan por sus balances. Pocos están participando de esta bonanza, la cual deberíamos apoyar y democratizar en el país. La ley de mercado de valores que podría incentivar, se queda corta.

Bogotá, D. C, 2 de febrero de 2022

*Actual fellow del instituto Marron en NYU. Ex-director nacional de planeación y presidente de la cámara. También padre de Sofía, Filipa, y Victoria.

Por José G. Hernández*.- El artículo 41 de la Constitución dispone: “En todas las instituciones de educación, oficiales o privadas, serán obligatorios el estudio de la Constitución y la Instrucción Cívica. Así mismo se fomentarán prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la participación ciudadana. El Estado divulgará la Constitución”.

Es la pedagogía constitucional, a la cual se refirió la Corte Constitucional desde sus primeras sentencias. 

Lo que ocurre hoy en el país -mucho más que en otras épocas, a lo largo de estos treinta años de vigencia de la Carta- muestra claramente la necesidad de la pedagogía constitucional. Porque -ignorando o contraviniendo la Constitución, sus reglas, valores y principios, así como la jurisprudencia constitucional- son muchas las cosas que se dicen, se hacen y se aprueban, tanto a nivel de los altos cargos públicos como en los inferiores, y se advierte también entre los ciudadanos del común. Ello conduce no solamente a una enorme inseguridad jurídica, sino al paulatino desgaste de las instituciones propias del Estado de Derecho.

Esa pedagogía debería ser general, no solamente con los estudiantes, como resulta de la norma. Además de la función estatal de divulgar la Constitución -a lo cual deberían contribuir los medios de comunicación-, sería conveniente insistir en el conocimiento de las normas fundamentales y de la jurisprudencia constitucional por parte de los integrantes de las corporaciones públicas de elección popular, comenzando por el Congreso. Así podríamos evitar el frecuente desconocimiento de las reglas consagradas en la Carta y en los reglamentos sobre aspectos formales y sustanciales de proyectos de ley o de reforma, proposiciones, debates, votaciones, decisiones de control político, derechos de la oposición, uso de la palabra, disciplina interna y hasta atribuciones y límites aplicables a quienes presiden las sesiones.

No se entiende, por ejemplo, cómo sigue ocurriendo que, tras reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional, sigue siendo desconocido en las cámaras el principio de unidad de materia -según el cual todo proyecto de ley debe referirse a un mismo asunto, sin que sea admisible la introducción de los denominados “micos”-, o continúe la disconformidad entre el título de un proyecto de ley y el contenido de su articulado.

Tampoco es comprensible que, contra lo expuesto en numerosas sentencias, siga siendo violado el principio de consecutividad y, por tanto, ya en el último debate aparezcan textos normativos completamente nuevos, no conocidos, ni considerados en los debates anteriores. O -peor aún- que, en tratándose de un proyecto de acto legislativo reformatorio de la Constitución, durante el segundo período sean incluidos proyectos de artículos que no fueron objeto de debate en el primer período, cuando la regla del artículo 375 de la Carta Política es perentorio: “En este segundo período sólo podrán debatirse iniciativas presentadas en el primero”.

No está bien que se resuelva -como aconteció el año pasado- modificar una ley estatutaria mediante la ley anual de presupuesto, o presentar un proyecto de reforma para prorrogar por dos años el período presidencial y el de los propios congresistas, sustituyendo claros términos constitucionales. Ni que los presidentes de las cámaras presenten sus personales opiniones como decisiones adoptadas por el Congreso.

Hace falta la pedagogía constitucional.

Bogotá, D. C, 3 de febrero de 2022

*Expresidente de la Corte Constitucional.