Opinión

Por Guillermo García Realpe*.- José Albeiro Camayo, líder y ex coordinador de la guardia indígena de la comunidad nasa del Cauca, se convirtió en la víctima más reciente de los grupos armados ilegales que operan esa zona del suroccidente colombiano. Las balas criminales también cegaron días antes la vida del menor indígena Breiner Cucuñame, de tan solo 14 años de edad.

A estos dos homicidios, se suma recientemente el exterminio de Jhon Alexis Collazos, un joven de 23 años perteneciente al Resguardo Indígena de Canoas, sucedido el pasado 10 de enero. Y la lista es larga como lo denuncia el propio Consejo Regional Indígena del Cauca.

Las amenazas en los últimos años a los pueblos indígenas se han recrudecido y ya se ha pasado a situaciones muy graves, como el asesinato de otros líderes indígenas que ejercían autoridad en sus pueblos, como el caso de Cristina Bautista y cinco guardias indígenas, pertenecientes al resguardo de Tacueyó, asimismo, la muerte violenta de la gobernadora del resguardo de la Laguna-Siberia Sandra Liliana Peña, el asesinato del comunicador indígena  del resguardo de Pioyá, Arley Campo, el asesinato de dos guardias del resguardo de las Delicias-Buenos Aires hace algunos días y ahora el asesinato de José Albeiro y Breiner que engrosan las penosas cifras de indígenas exterminados.

Y es que las cifras de muerte en Colombia son aterradoras, de acuerdo al Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), de los 195 líderes asesinados el año pasado en nuestro país, el 25% eran indígenas. Los responsables en la mayoría de los casos son grupos armados ilegales que como la Columna Móvil Jaime Martínez de las disidencias, busca a toda costa apoderarse del territorio y ven en los pueblos indígenas un obstáculo para sus pretensiones expansionistas.

Según el mismo Indepaz, desde la firma del Acuerdo de La Habana, han ocurrido 1296 asesinatos de líderes, y en lo corrido del 2022 ya son 10 los dirigentes sociales asesinados. El panorama cada vez es más sombrío, a fecha de hoy ya llevamos diez masacres en diversos lugares de la geografía nacional, se ha recrudecido la guerra en el oriente colombiano, Arauca y sus gentes son víctimas de carro bombas y de la amenaza permanente de la guerrilla del ELN, que desafía cada vez más la capacidad operacional de las Fuerzas Militares del Estado colombiano. 

Un gobierno indolente, que no le interesa garantizar la paz y la seguridad de los territorios porque se preocupa más  por los grandes negociados y los réditos de la guerra, que preservar la vida de los ciudadanos de la Colombia olvidada. Un gobierno que olvidó garantizar el Estado Social de Derecho, que no le apostó a garantizar el cumplimiento del Acuerdo de Paz y por eso hoy la mayoría de regiones tristemente se ha convertido en escenario de violencia, muerte y desolación.

Se hace urgente entonces, hacer un llamado a los organismos internacionales, a los entes de control, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, al Ministerio del Interior, al Alto Comisionado para la Paz, a la Fiscalía, para que tomen acciones, para que se pronuncien e implementen todas las medidas necesarias para garantizar la vida de los Pueblos Indígenas y de todos los colombianos, ante los hechos de violencia sistemáticos que están llevando aceleradamente al exterminio físico y cultural de las gentes en las regiones.

Es inaplazable también que el gobierno colombiano detenga el genocidio en contra de los Pueblos, en contra de los líderes sociales, de los defensores de la vida y el territorio, en vez de estar proponiendo lo inalcanzable en ciudades como Barranquilla que, en vez de combatir el hambre de la mayoría  de sus habitantes, lo que proponen sus dirigentes es gastar miles de millones en la creación de un circuito de Fórmula Uno. Esa mentalidad de pensar siempre en favorecer a los poderosos y no en amparar a los más vulnerables es lo que debemos cambiar a partir de un nuevo gobierno progresista, incluyente y muy social para acabar con las exclusiones que cada vez son más marcadas entre ricos y pobres.

Bogotá, D. C, 1 de febrero de 2022

*Senador Liberal

@GGarciaRealpe

Por Juan Manuel Galán*.- Wades Davis en su maravilloso libro, “Magdalena, Río de Sueños” explica cómo el pasado, el presente y el futuro de Colombia están, inexorablemente, atados al río grande. Un majestuoso cuerpo de agua que ha sido abusado, abandonado y golpeado por la deforestación y la contaminación, además de tener que haber sufrido décadas de gobiernos muy cortos de entendimiento sobre la importancia de su existencia para todo el pueblo colombiano. Ya no podemos seguir postergando el revivir al río más importante de nuestro país. Por ello, mi propuesta no es sólo garantizar la navegabilidad del río o el acceso permanente y confiable al puerto de Barranquilla, es recuperar el río desde sus fuentes hasta su desembocadura. El Caribe y el país entero deben tener algo muy en cuenta y es que el desarrollo de Colombia nunca será pleno si no salvamos el río Magdalena.

La salvación de la cuenca del río Magdalena y garantizar el acceso al puerto de Barranquilla van totalmente de la mano. No basta con comprometernos a defender el canal de acceso al puerto con la profundidad necesaria para que sea eficiente y atractivo para las navieras, compromiso que asumimos, si no ponemos en marcha, simultáneamente y en paralelo, el plan “Salvar el Magdalena”. Un plan a diez años con la financiación y las acciones institucionales garantizadas que permitan la recuperación ambiental, la redención social y la recuperación económica del río madre de Colombia.

Igualmente, no basta con poner en marcha las inversiones para la navegabilidad desde Barrancabermeja hasta Bocas de Ceniza -programa con el que estamos comprometidos- si no frenamos la destrucción ambiental y la contaminación río arriba, si no preservamos esta esencial vía fluvial desde el estrecho del Magdalena hasta la “Puerta de Oro de Colombia”.

Colombia no puede seguir viviendo de espaldas al agua y a sus ríos. Este ha sido uno de los principales errores que, reforzado por los gobiernos, nos ha llevado a tener bajos niveles de desarrollo territorial. Es decir, si queremos ser un país con desarrollo regional real, en el que las comunidades tengan acceso a procesos productivos sostenibles para vivir dignamente, nuestros ríos deben estar en el centro, junto con nuestros mares, de la política de desarrollo nacional y así lo haremos.

Bogotá, D. C, 1 de febrero de 2022

*Exsenador de la República. Politólogo del Instituto de Estudios Políticos de París, Magíster en Política Internacional de la escuela de Altos Estudios Internacionales de Francia. Magíster en Relaciones Internacionales y Seguridad en la Universidad de Georgetown.

Por Amylkar D. Acosta M*.- La ejecución del megaproyecto de HIDROITUANGO y su entrada en operación están en medio de una gran encrucijada y sigue sin disiparse la gran incertidumbre sobre la suerte del mismo que generó la grave contingencia que se presentó en abril de 2018. Dicha contingencia llevó a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) a expedir la Resolución 820 del 1º de junio del mismo año mediante la cual suspendió la Licencia ambiental que le había otorgado. En el mismo acto administrativo le requirió a EPM de Medellín presentarle un dictamen pericial como requisito sine qua nom para reconsiderar la medida.

En efecto, dando cumplimiento a la misma se contrató a la consultora chilena Pöyry y EPM radicó su dictamen ante la ANLA, convirtiéndose para ella en una papa caliente en sus manos. Habiendo dispuesto la “la suspensión inmediata de todas las actividades regulares relacionadas con la etapa de construcción, llenado y operación del embalse, que hacen parte de las actividades que se llevan a cabo dentro de la ejecución del proyecto”, sólo le es permitido al consorcio constructor adelantar las actividades y trabajos tendientes a “prevenir y mitigar los riesgos asociados a la contingencia presentada”, tales como poner a funcionar el vertedero o la recuperación de la casa de máquinas. De modo que mientras esté vigente la susodicha Resolución, es prácticamente imposible que entren en operación las primeras dos unidades, como lo ha anunciado EPM, en julio y noviembre de este año, respectivamente.

Lo más preocupante del dictamen pericial de Pöyry es que pese a que sostiene que el proyecto “es técnicamente recuperable”, revela entre sus hallazgos 5 puntos críticos, todos ellos de extrema gravedad, los cuales “pueden resultar, directa o indirectamente, en la rotura de la presa, con las respectivas consecuencias catastróficas”. Y plantea que “la mitigación más eficaz para solucionar este riesgo catastrófico consiste en acelerar en lo posible la puesta en marcha de las ocho unidades de generación” y no sólo las dos que se anuncian desatentadamente.

Y entre sus conclusiones plantea que, en este escenario, para lograr tal cometido es impensable el cambio de ejecutor del proyecto, ya que ello podría acarrear un retraso adicional no menor a un año, con lo cual se estaría acrecentando el riesgo que está latente. Pese a ello, EPM insiste en el cambio de ejecutor a partir de noviembre, cuando concluya la última prórroga al consorcio constructor y para ello se ha anunciado la apertura de una licitación. Ello iría a contrapelo de lo que recomienda Pöyry, de no cambiarlo a riesgo de un retraso mayor para su entrada en operación, tanto más en cuanto que la decisión de la Contraloría General de cerrar el proceso de responsabilidad fiscal abierto contra las empresas que integran el consorcio, varios ex gobernadores de Antioquia, ex alcaldes de Medellín, ex gerentes de EPM y las compañías aseguradoras, luego que estas resarcieran el daño patrimonial establecido por el ente fiscalizador tasado en $4.3 billones, dejó sin piso la razón aducida en su momento por el Alcalde para no prorrogarle el contrato.

Entre tanto la autoridad ambiental dejó establecido en su Resolución que “con base en sus propios análisis, la ANLA definirá si lo consignado en el documento de Pöyry cumple con lo solicitado para un eventual levantamiento de la medida preventiva impuesta a HIDROITUANGO” y será entonces cuando emitirá “un pronunciamiento de fondo en relación a la medida preventiva impuesta” y mientras tanto el tiempo discurre sin que se vea luz al final del túnel.

Huelga decir, que de no cumplirse con el nuevo cronograma planteado por EPM para que las primeras unidades empiecen a generar energía entraría otra vez en incumplimiento de la obligación de entrega de energía en firme (OEF) al mercado, lo cual conllevaría nuevas sanciones tanto por parte de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) como de la Superintendencia de Servicios Públicos domiciliarios.

Como se recordará la CREG, mediante la Resolución 154 de 2019, aduciendo “incumplimiento grave e insalvable”, sancionó a EPM con la pérdida de las OEF para el cargo por confiabilidad asignada en subasta convocada por ella mediante la Resolución 031 de 2017 por 1.085 GWH/año por la no entrada en operación de HIDROITUANGO el 1º de diciembre de 2018, como estaba previsto. Ello implicó la pérdida del ingreso asociado a la obligación contraída y la ejecución de una garantía bancaria por valor de US $43.1 millones, la cual hizo efectiva la Operadora y administradora del Sistema Interconectado Nacional (SIN) XM en diciembre de 2019. Por su parte la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios le impuso a EPM una sanción en modalidad de multa el 18 de noviembre de 2021 por valor de $1.817.052.000 por el mismo motivo.

El tiempo apremia, además de la contingencia ahora toca lidiar con la incertidumbre que generan estos bandazos y cualquier dilación puede dar al traste con el proyecto, que podría colapsar, comprometiendo seriamente no sólo la seguridad energética del país, sino que se podría exponer a un desastre de consecuencias impredecibles. No hay tiempo que perder, de lo que se trata es de recuperar el tiempo perdido y apretar el paso para acelerar la entrada en operación del proyecto y de paso conjurar el riesgo que puso de manifiesto Pöyry en su diagnóstico.

Santa Marta, enero 29 de 2022

*Expresidente del Congreso. Exministro de Minas y Energía

www.amylkaracosta.net

Por Víctor G. Ricardo*.- Las elecciones que se acercan deben considerarse como la oportunidad para que los colombianos tomemos decisiones respecto a quienes deben estar representándonos en el Congreso de la República. Estas elecciones se llevarán a cabo el próximo mes de marzo y, con posterioridad a ellas, deberemos elegir a quienes llevarán las riendas del Estado como presidente de la República y vicepresidente, en primera vuelta, si alguien logra la votación calificada será elegido, o en su defecto, si no se lograra tal votación, iremos a una segunda vuelta en el mes de junio en la que participarían los dos primeros candidatos que hayan tenido la mayor votación.

En esta materia sería fundamental elegir en el Congreso a los mejores y aprovechar la ocasión para no elegir a los que han tenido alguna relación con la corrupción o se han beneficiado por decisiones privilegiadas de Estado para fortalecer sus intereses privados, actos que tanto daño le han causado a nuestro país y a los valores éticos y principios morales.

Para la Presidencia debemos ser igualmente cuidadosos pues estamos en un momento crucial para el futuro económico, político y social de Colombia.

Para esta contienda se han presentado cerca de 50 candidatos de distintos partidos y regiones. Incluso se conformaron alianzas como la Coalición Esperanza, la de la Experiencia o la del Pacto Histórico, quienes en cada una de ellas han fijado unas reglas para la escogencia del candidato de cada coalición que se dará en consulta, junto con las elecciones al Congreso de Colombia. Por otra parte, están otros candidatos de partidos y movimientos políticos que si bien no formarán parte de las consultas si irán a las elecciones del mes de mayo para presidente de la República.

En las coaliciones se ha visto cómo se han fortalecido algunas y como se han debilitado otras, fundamentalmente por la actitud de algunos de sus integrantes.

En este último sentido, quiero referirme a actitudes como la de Ingrid Betancourt que la llamaron a participar para sumar y concertar pero terminó destruyendo la coalición y lanzándose ella como la candidata ejemplo de la anticorrupción. Pero a ella se le olvida lo que a los ciudadanos no. Por ejemplo, cómo se hizo famosa en Francia escribiendo libros hablando mal de todos los colombianos, a quienes mostró a todos como corruptos, narcotraficantes e incompetentes, y en contraposición ella se presentaba como la gran y única líder transparente, demócrata y competente. O que cuando siendo candidata fue advertida de no ir a la zona donde se encontraban las Farc y no atendiendo dicha recomendación lo hizo y terminó secuestrada. O que después de un operativo estratégicamente diseñado y ejecutado por las fuerzas militares y su comandante supremo para rescatarla, termina un año después cuando fue invitada a la conmemoración de su libertad, demandando al Estado por una elevada suma de dinero como indemnización a lo vivido. O cómo si hizo alianzas incluso para escribir libros que ahora critica en otros. O simplemente cómo en las entrevistas que ha dado y gracias a que aparece en Colombia en épocas electorales, mostró total desconocimiento de la realidad nacional.

Así no es. Así no se defienden los valores ni la moral.

Debemos estar muy atentos a votar bien y no permitir que los oportunistas, los corruptos, las personas vinculadas a grupos ilegales y en general los que no merecen la dignidad del Estado, lleguen a las corporaciones públicas y menos a la Presidencia de la República.

Bogotá, D. C, 2 de febrero de 2022

*Excomisionado de Paz

Por José G. Hernández*.- Colombia, como lo hemos visto y sentido en los últimos años, es una de las sociedades más violentas del mundo. Ese no es un título honroso. Por el contrario, nos avergüenza ante la comunidad internacional. Lo peor es la preocupante tendencia a su aumento, en medio de una preocupante resignación del conglomerado. La mayoría de nuestros compatriotas no se han dado cuenta de las alarmantes dimensiones del fenómeno, o lo consideran normal e inevitable, o dan crédito a las cifras oficiales, siempre orientadas a “tranquilizar”, acudiendo a ingeniosas comparaciones y porcentajes que solamente ocultan la dura realidad.

Además de la violencia planeada y ejecutada por organizaciones terroristas provenientes del narcotráfico, la guerrilla y el paramilitarismo; de la ya intolerable, causada por feminicidas e infanticidas, y de la provocada por la creciente inseguridad en las calles de nuestras ciudades, hay otra que se extiende: cada vez son más frecuentes las expresiones de violencia provocadas por la intolerancia. El vecino que reacciona violentamente contra quien, a altas horas de la noche, le solicita bajar el volumen de la música; el que la emprende a golpes contra quienes le sugieren el uso correcto del tapabocas; el que, con un destornillador, asesina a otro por llevar un perro sin bozal; el que dispara a un limpiavidrios por tocar su carro sin permiso; el que discrimina a personas que no comparten ideas políticas, creencias religiosas o preferencias sexuales, son algunos de los casos en que, por cualquier motivo -casi siempre insignificante- una o varias personas resultan muertas o gravemente heridas, humilladas o atacadas verbal o físicamente. Demostraciones de egoísmo, soberbia, envidia o rabia, de quienes no valoran los derechos o gustos de los demás, y menosprecian la dignidad, la vida, la libertad y la integridad de las personas, superponiendo sus propias concepciones o su particular y caprichoso interés.

En cuanto es indispensable para una convivencia racional y pacífica, no cabe duda en el sentido de que la tolerancia es un principio de primer orden en el seno de cualquier sociedad. En el caso colombiano, como resulta de varias normas constitucionales y de la jurisprudencia, podemos afirmar que la tolerancia es un principio constitucional. Surge de conceptos esenciales como la dignidad del ser humano, cuyo respeto se constituye en uno de los fundamentos del orden jurídico; del pluralismo; de la libertad individual en su más pura esencia; de la autonomía personal; de la igualdad, sin discriminaciones; del reconocimiento a la diversidad de opiniones, creencias, género, raza, oficio, nivel económico, intelectual o profesional; de la auténtica democracia, los Derechos Humanos y el Estado Social de Derecho, que son imposibles en un clima de generalizada intolerancia, en especial si se combina con la violencia.

Desde luego, se requiere la formación en la tolerancia y en el respeto a la dignidad humana. Desde la primera infancia en adelante, se debe formar al niño y al adolescente, inculcándoles esos valores. Y, como lo ha repetido la jurisprudencia constitucional, la realización efectiva del derecho a la educación exige un proceso de interiorización y práctica efectiva del pluralismo y la tolerancia, fundamentales para la convivencia armónica en el interior de la sociedad.

Bogotá, D.C, 13 de enero de 2022

*Expresidente de la Corte Constitucional

Por Amylkar D. Acosta M*.- Expedida la nueva Constitución Política en 1991, se abrigaba el temor por parte de los constituyentes de que lo que ellos habían hecho con la mano lo borrara con el codo el Congreso de la República, que se había visto relevado de facto en sus funciones y competencias. En un sentido metafórico, ellos pudieron haber llegado a la conclusión que si se echa vino nuevo en odre viejo este se revienta, se derrama el vino y se pierde el odre, en cambio si el vino nuevo se vierte en odres nuevos ambos se conservan. Por ello tomaron la determinación de revocar el Congreso cuando apenas había transcurrido su primera de cuatro legislaturas.

Esta fue una de las medidas más controversiales y controvertidas de cuantas tomó la Asamblea Nacional Constituyente y como era de esperarse enfrentó el rechazo categórico de parte de los congresistas elegidos en 1990 y cuyo período, el que se vio truncado abruptamente, se prolongaba hasta 1994. Tal decisión tuvo como contrapartida, como solución de compromiso, la inhabilidad de los constituyentes para aspirar en la elección en los comicios convocados para el 27 de octubre del nuevo Congreso que vendría a ocupar el lugar del que se había clausurado, así como también los altos funcionarios del Gobierno que no renunciaran antes del 14 de junio de 1991.

La reacción de parte de los congresistas a la pérdida de su investidura contra el que calificaron como un “golpe de estado, no se hizo esperar. Según ellos, el hecho de que la votación en las elecciones al Congreso de la República en 1990 (7´631.694), duplicaba la de la Constituyente (3´710.557) le restaba legitimidad a esta para revocarlos. Contrariamente a lo alegado por ellos, la revocatoria  consagrada en los artículos 1º , 3º y 4º transitorios de la nueva Constitución Política constituyó a la postre un golpe de opinión!

Los congresistas en ejercicio interpusieron varias demandas contra su revocatoria, reclamando el restablecimiento del derecho supuestamente conculcado y una millonaria indemnización por el daño infligido, pero ninguna de ellas prosperó. En el fallo proferido por la Sección tercera del Tribunal administrativo de Cundinamarca se dijo que “la revocatoria  del mandato de los congresistas elegidos para el periodo 1990-1994 fue un acto político derivado del poder otorgado por el constituyente primario a la Asamblea Nacional Constituyente y no violó los derechos adquiridos por los congresistas revocados” y que por lo tanto las pretensiones de estos no tenían fundamento.

Al dejar sentado el alto Tribunal que, mientras se instalaba e iniciaba sus sesiones el nuevo Congreso, “el actual y sus comisiones no podrán ejercer ninguna de sus atribuciones ni por iniciativa propia ni por convocatoria del Presidente de la República”, era menester llenar ese vacío. Por ello, se dispuso, en los artículos transitorios 6º y 7º de la nueva Constitución que entró en vigencia, la conformación de una Comisión, más conocida como “Congresito”, integrada por 36 miembros, escogidos por la propia Asamblea Nacional Constituyente.

La misma tendría por objeto “rendir concepto previo no obligatorio sobre los decretos que el Presidente de la República vaya a dictar, en ejercicio de las precisas facultades que le confiera la Asamblea, para adoptar las disposiciones transitorias estrictamente necesarias para suplir las que no hubiere adoptado directamente la Asamblea, para la puesta en marcha de la reforma, las concernientes al régimen electoral que sean indispensables para efectuar los comicios del 6 de octubre de 1991, por no existir norma legal o constitucional pertinente, y las necesarias para la marcha de la administración pública".

Ya instalada, esta “Comisión Especial, con funciones legislativas y de control” político al ejecutivo, que fue como quedó establecido en el reglamento que se dio dicha corporación, sesionó durante dos períodos, el primero de ellos entre el 15 de julio y el 4 de octubre y el segundo entre el 1 de noviembre y el 1 de diciembre, fecha esta en la que entraría en funciones el nuevo Congreso de la República que la relevó, poniéndole término a la interinidad legislativa.

Consumada la revocatoria del Congreso se dio vía libre a la elección de uno nuevo el 27 de octubre, fue esta la primera vez que su elección se daba por circunscripción nacional. Esta, entre otras razones, fue la que me motivó a aspirar por primera vez al Senado de la República, habida cuenta que con ella se daba una apertura democrática, la que, además de permitir la representación de las fuerzas políticas minoritarias en la Cámara alta, se convertía en una ventana de oportunidad para nuevos liderazgos y de contera para que desde las regiones se pudieran proyectar a nivel nacional.

Desafortunadamente, a poco andar y a consecuencia del adocenamiento doctrinario y de la degradación de los partidos políticos, los cuales se tornaron en simples agencias dispensadoras de avales, divorciados de sus bases y de contera los arraigados vicios y trapisondas electorales han terminado por desprestigiar a los partidos, a los políticos y al sistema electoral. Ello explica la creciente aversión ciudadana por los partidos políticos, su baja favorabilidad en la opinión pública y lo que es más grave ha conducido a la pérdida de confianza en las instituciones, poniendo en riesgo la gobernabilidad y su propia legitimidad.

Rionegro, enero 8 de 2022

Expresidente del Congreso, exministro de Minas y Energía.

www.amylkaracosta.net

Por Luis Eduardo Castellanos Ávila*.-La reciente decisión por parte del gobierno nacional de manera afanosa de continuar con la venta de los activos del sector eléctrico a pesar de la nefasta experiencia que ha traído el proceso iniciado desde el año de 1996 para dicho sector, se continúa hoy repitiendo por parte del gobierno del Presidente Iván Duque.

A pesar de ser un gobierno ya en el ocaso, con el sol a sus espaldas de su periodo constitucional, nos encontramos con la sorpresa que el día 13 de diciembre de 2021, de manera afanosa  procede el gobierno nacional a dar continuidad a su política privatizadora y para ello se adjudica un contrato, mediante Resolución No. 3151 al Consorcio BTG PACTUAL, por valor de $ 4.898.232.325.

El objeto del dicho contrato es el de “Prestar servicios de asesoría integral y banca de inversión al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para contribuir a la optimización de los activos de la Nación, para lo cual deberá realizar la valoración, y de ser procedente analizar, diseñar, elaborar e implementar plan o programa de enajenación de la participación accionaria de la Nación en empresas del sector eléctrico”,  procurando por este mecanismo mediante una banca de inversiones diseñar la estrategia de venta o enajenación de los activos del sector eléctrico en empresas que han mostrado un importante resultado financiero, con solvencia económica, que han cumplido las metas de gestión, pero que ante todo han generan una importante responsabilidad social de lo que es el servicio público esencial, como es la energía eléctrica, (Ley 143 de 1994)

Esta política que se reitera por parte del actual gobierno y que en la praxis nos ha mostrado sus lamentables consecuencias en nuestro país, que a pesar de haber sido replanteada en muchos países del mundo como modelo económico, en Colombia se sigue aplicando donde lo mas reciente y trágico es lo sucedido con Electricaribe, donde incluso si no es por la Corte Constitucional en la Sentencia C-504 del 3 de diciembre de 2020, con ponencia del magistrado Alejandro Linares Cantillo, donde se declaró inexequible el artículo 313 del Plan de Desarrollo del actual gobierno  (Ley 1955 de 2019), en el cual se había previsto el impuesto de cuatro pesos ($4) por kilovatios, hubiéramos tenido que cancelar todos los colombianos el desastre económico y social, la pérdida de los recursos que lapido   Electricaribe y condujo a la ausencia de inversión en los departamentos de la costa atlántica.

De esta manera se revela una vez más que la política de desmantelamiento paulatino del patrimonio del Estado y el de seguir  entregando un servicio público, que la ley califica como esencial para que se convierta en un negocio, a todas luces, resulta contrario al objeto y fines de Estado como estado social  de Derecho.

La teoría que el Estado sea solamente un ente regulador y que sea el mercado el que defina la calidad, confiabilidad y prestación eficiente del servicio; no es cierto. Hoy la praxis nos muestra que el Estado no es un regulador sino que ha  terminado siendo regulado por las multinacionales.

Prueba de ello es que hoy tenemos un monopolio en el  sector eléctrico. Basta mirar quienes son los propietarios y quienes adquirieron a precio de feria los activos del sector eléctrico y como han ganado jugosas sumas con la venta casi inmediata que se han realizado de las mismas.

Por esta razón, creo que es el momento para proceder a replantear dicha política porque no cumple los fines y objetivos del Estado, todo lo contrario, se ha convertido en un mecanismo al igual que todos los contratos que han caracterizado las últimas administraciones en el gobierno nacional, en una fuente infranqueable de corrupción, en un claro descaro y un perjuicio por el detrimento patrimonial al que sea sometido al Estado en rompimiento del principio de prevalencia del interés general frente al interés particular, eje del estado social de Derecho que prohijó la Constitución Política de 1991.  

Recordemos que en el año 2020, llamo poderosamente la atención que  bajo el pretexto de la necesidad de enfrentar el estado de emergencia económica y social, el gobierno nacional pretendió la enajenación de activos que hacen parte del patrimonio de la nación, y no cualquier clase de activo, sino activos estratégicos como Isa, Ecopetrol, Cenit, empresas del sector eléctrico como la Electrificadora del Meta, Huila, Nariño y Caquetá, entre otras, para lo cual expidió el Decreto Ley 637 del 6 de mayo de 2020, cuyo contenido marcaba la iniciativa en forma sutil para este fin y para perfeccionar esta venta a su vez expidió el Decreto 811 del 4 de junio de 2020, el cual fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en la Sentencia

C-416 de 2020, al desconocer abiertamente lo establecido en la Constitución Política como facultad legislativa indelegable del Congreso de la República, establecida en el artículo 150 numeral 9 constitucional, donde así mismo desconocía con esta iniciativa, lo establecido en la Ley 226 del año 1995.

La motivación para la venta de las empresas en las cuales el Estado tiene participación, debe ser que aquellas registren reiteradamente un mal momento económico durante varios periodos fiscales, que perjudique los rendimientos financieros de las mismas ubicándoles como inviables financieramente. No es el caso precisamente de las empresas del sector eléctrico que hoy se pretenden ofertar, la venta de estos activos conllevaría a una pérdida de ingresos permanentes para la nación y la disminución paulatina del patrimonio público del estado.  

Estamos frente a un nuevo desacierto del gobierno al pretender acelerar los procesos de enajenación de la participación accionaria que posee el Estado en empresas del sector eléctrico, desconociendo los resultados de los procesos pasados, hoy duramente cuestionados incluso por los organismos de control.

La pregunta final es, una vez que se culmine la expropiación de los activos  productivos de la nación bajo la ola privatizadora, con la venta al sector privado de los mismos a precio de feria, que seguirá entonces, que quedará para vender por parte del gobierno de turno para mejorar su flujo de caja, seguirá entonces la venta de los parques, la naciente de los ríos, los reservas naturales, las vías nacionales hoy concesionadas?

Si esta va a ser la constante política del gobierno que gira en torno a vender los activos productivos y despojar al Estado de su patrimonio que es de todos y cada uno de los colombianos y colombianas, para la consecución de los recursos con un propósito único según el gobierno de disponer de un flujo de caja para inversiones como el famoso contrato de internet por parte de las MITIC, ya sabemos entonces cual va a ser el destino final de lo que corresponde al patrimonio de todos los colombianos y colombianas.

*Magister en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social

Por Lorena Rubiano.- "Cuán inadecuado es llamar Tierra a este planeta cuando es claramente océano". Arthur C. Clarke:

Muy lentamente los habitantes del planeta estamos tomando conciencia de la necesidad de proteger nuestra casa, el planeta tierra.

Mucho congreso mundial, conferencias internacionales, acuerdos, creación de ONGS; en fin, mucha letra muerta y nada de la urgente efectividad como lo necesita nuestra Pachamama.

Es el momento de que todos los gobiernos y países pongamos el ojo y la atención, en un ecosistema fundamental para nuestro equilibrio climático, como lo es el Ártico, el océano y todo su ecosistema.

Para estabilizar el clima global es urgente salvar el Ártico, porque a través de su capacidad, de reflejar radiación solar mantiene las dinámicas globales del clima, lo que evita el incremento de la temperatura, así de claro.

En el océano Ártico y su territorio adyacente, que conforman cientos de comunidades rusas, canadienses, finlandesas, estadounidenses, daneses, (Groelandia), finlandeses, islandeses y noruegos.

Territorio con enormes riquezas, con 30 millones de kilómetros cuadrados de océano y de ecosistemas terrestres con áreas aun vírgenes, una inmensa biodiversidad, con gran número de especies, aves migratorias y especies emblemáticas, pero muchas de ellas en situación crítica por su alto riesgo de vulnerabilidad.

Es muy preocupante que solo la rapidez con que se está perdiendo la masa polar, éste llamando la atención mundial sobre la necesidad de establecer un acuerdo global de protección del Ártico, encabezado por los países interesados en el tema como Rusia y China, los Estados Unidos y Canadá, entre otros.

La navegabilidad en el Ártico crece muy rápidamente, hay inmensas posibilidades de explotación económica y la importancia del tránsito entre los principales puertos europeos y los puertos del norte de China dura cuarenta y ocho días, a través de los canales de Suez o Panamá, mientras que a través de la Ruta del Norte rusa se necesitan tan solo quince días, o sea, la tercera parte.

Hay que reconocer que Rusia es el país que más conoce el Ártico, lo ha estudiado, lo protege y además, el dieciocho por ciento del territorio ruso se sitúa en el círculo glacial Ártico, siendo el este, la mayor salida al mar de Rusia.

El programa integral propuesto por Rusia, implica la cooperación multilateral en las siguientes áreas prioritarias:

1. Pueblos del Ártico, incluidos los pueblos indígenas
2. Protección del medio ambiente, incluido el cambio climático
3. Desarrollo socioeconómico
4. Fortalecimiento del Consejo Ártico

Rusia lleva varios años realizando una limpieza general del Ártico y viene trabajando, en la protección del medio ambiente y en 2019  lanzó el Proyecto Ambiental Integral Limpio del Ártico para restaurar los ecosistemas.

Bogotá, D. C, 2 de diciembre de 2021

Por Gabriel Ortiz.- “Presser le citron”, exclaman los franceses cuando los hartan, los desesperan, los irritan y los jeringuean. Es un modismo para eludir palabras que en español rozan con la copulación.

A Sergio Fajardo, candidato de la Coalición de la Esperanza, lo sacaron de quicio. Le exprimieron el limón esos soterrados enemigos, que no cesan de acusarlo de participar en los dudosos manejos de Hidroituango.

Se dice que hay un grupo, comandado por el expresidente Gaviria, que siente ya los pasos de animal grande con la candidatura de Fajardo. Por ejemplo, que el actual Contralor Carlos Felipe Córdoba, ficha de Vargas Lleras y César Gaviria, unidos con el exfiscal anticorrupción, Gustavo Moreno, se aliaron en combo para descalificarlo.

En Colombia es usual utilizar armamento sin olor a pólvora para destruir adversarios. 

Varios excontralores, -Maya, Morelli y Junior Turbay- han respaldado la actuación de Córdoba y han justificado todos los argumentos de la investigación sobre Hidroituango, que alcanza a 4 billones de pesos y ha determinado un retraso en las obras. Intervinieron para horadar el piso al candidato de la Coalición de la Esperanza.

Quienes le han seguido la pista al cambiante precio del dólar, divisa que se trepó al cuarto piso, haciéndose inalcanzable para importadores, consumidores, industriales y viajeros, miran con asombro los súbitos altibajos de los US$, que ponen en peligro la reactivación, el empleo, los créditos internacionales y general la estabilidad económica.

A Fajardo le cobran falta de clarividencia, sobre la devaluación del peso frente al dólar, cuando se firmó uno de los préstamos para financiar la construcción de la hidroeléctrica. Esperaban que acudiera a la bola de cristal.

El aspirante a la presidencia ha tenido que soportar lluvia de ataques, para frenarle su llegada a las urnas.

Gaviria, Cesar, arrancó carcajadas a quienes quisieron conocer sus razones para combatir a Fajardo. Esperaban pronunciamientos con fundamento, pero se encontraron con una foto en la que aparecía como un Papá Noel, sin el camauro rojo, que al pie de un árbol de navidad rezaba estas palabras: “Gaviria está en modo navidad”.

Así las cosas, Fajardo seguirá siendo el blanco en esta disputa electoral, que cada vez despierta más dudas en la opinión pública.

Estamos a pocos meses de que, el de Duque, “sea el gobierno anterior”, al que se le aplique el espejo retrovisor 22.

Por eso se necesita mirar y manejar con seriedad, optimismo, respeto y sensatez el debate electoral que se avecina, porque Colombia requiere sin dilación alguna dirección y orientación que a pesar de la pandemia, traiga desarrollo, empleo, riqueza y productividad, que eliminen la pobreza y la desesperanza. ¡Colombia está jorobada! Tenemos que salvarla.

BLANCO: Verde Oxígeno y Salvación Nacional, entran en la escena. Dos partidos con nuevos candidatos. Esa es la democracia.

NEGRO: Biden no había pensado en venir ahora a Colombia. Otro engaño con el que ilusionaron a Duque. ¡Qué fiasco! Olvidaron que apoyaron a Trump.

Bogotá, D. C, 2 de diciembre de 2021

*Exdirector del Noticiero Nacional. Telematinal y de Notisuper.

Por José G. Hernández*.- Se avecinan las fiestas de Navidad, Año Nuevo y Reyes, durante las cuales hay lugar al encuentro entre familias, amigos y compañeros. Una época de paz, amor y reconciliación. Un tiempo propicio para estrechar los vínculos entre las personas, para el merecido descanso y para el sano esparcimiento.

Ocurre, sin embargo, que este año -como en 2020- esas festividades, tanto en Colombia como en el mundo, se deben celebrar de manera muy distinta a la acostumbrada. A ello nos obliga la expansión del virus covid-19, cuyas nuevas variantes han puesto en alerta a los gobiernos de todo el planeta.

La Organización Mundial de la Salud acaba de advertir que la más reciente cepa del coronavirus, proveniente del sur de África y conocida como “ómicron”, presenta “un riesgo muy elevado” para la humanidad, y existen muchas incógnitas sobre sus características.

Se trata -dice la OMS- de una “variante muy divergente con un alto número de mutaciones, algunas de las cuales son preocupantes y pueden estar asociadas con un potencial de escape inmunológico y una mayor transmisibilidad”. Luego el asunto no es de poca monta.

Como lo hemos expresado, si bien no se trata de generar pánico, debemos reconocer que el fenómeno es suficientemente grave como para tomar conciencia del peligro que representan los previsibles eventos de contagio y transmisión de la enfermedad, con sus delicadas consecuencias.

Por eso, a la vez que los gobiernos y las autoridades sanitarias están en la obligación de adoptar medidas, restricciones y previsiones, ante una pandemia de mortales efectos, todos y cada uno de los habitantes tenemos que asumir nuestras propias responsabilidades para preservar precauciones y cuidados proporcionados a la amenaza, que no ha desaparecido. El covid-19 está presente y cerca. Nos acecha.

Los científicos han logrado, en tiempo récord, elaborar las vacunas. Ellas, aunque no garantizan protección absoluta, constituyen el medio más eficaz hasta ahora conocido para disminuir los riesgos, y es evidente que han conseguido salvar muchas vidas. Preguntémonos cuál sería el panorama actual, en el mundo, si no se tuvieran las vacunas.

Lo lamentable ha sido la concentración de esas vacunas en determinados países y la discriminación en contra de los demás, así como la prevalencia de las patentes y los intereses económicos sobre la solidaridad, el bien común y las razones humanitarias.

Ahora bien, nuestra Carta Política establece reglas que parecen escritas para esta coyuntura, pero que provienen de 1991:

 - “Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y de su comunidad” (Art. 49).

- “Son deberes de la persona y del ciudadano (…) respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios; (…) obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas” (Art. 95).

Vacunémonos e invitemos a otros a vacunarse. No nos descuidemos. Apliquemos medidas de bioseguridad. Evitemos las aglomeraciones. Usemos tapabocas. Lavémonos las manos. Sigamos con el distanciamiento. Hagámoslo, por nosotros y por los demás, para que no pasemos de las fiestas decembrinas a los cuidados intensivos o a las exequias.

Bogotá, D. E, 1 de diciembre de 2021

*Expresidente de la Corte Constitucional