Opinión

Por Amylkar D. Acosta M*.-Se ha armado un lío de padre y señor mío, a raíz de la decisión de la Superintendencia de Sociedades de asumir el control de la empresa Monómeros colombo venezolanos S. A, según consta en el expediente que le abrieron, para, supuestamente, “subsanar una situación crítica” de la misma, la cual podría llevarla a la iliquidez, a la insolvencia y a la imposibilidad de “seguir desarrollando su operación normal” y según la misma “se presume que entraría a incumplir con los pagos de sus obligaciones”.

En un Editorial del rotativo de mayor circulación en la región Caribe, El Heraldo, se registró el hecho de que en el año 2005 la empresa había alcanzado “uno de los mejores balances. Sus ganancias registraron un récord en toda su historia”. Y justamente, después de conocerse semejante balance, el gobierno colombiano, decidió vender su participación accionaria en la empresa. Como se dice coloquialmente, ya que esta fiesta está tan buena, vámonos para otra.

En efecto, en el afán privatizador de los activos y participaciones en empresas del Estado, inspirado en el credo neoliberal, se le ofreció al entonces Presidente Hugo Chávez, cuando todavía la relación entre los dos países estaba en los gozosos, que ejerciera el derecho de preferencia para la adquisición de las acciones de ECOPETROL y del IFI, a través de la estatal venezolana Pequiven, ya que era su decisión venderlas, proceso este que se finiquitó en 2006.

La intervención por parte de la Superintendencia a Monómeros estuvo antecedida de varios hechos que la tornan más compleja e impredecible en las consecuencias que se pueden derivar de la misma. Como se recordará, el 23 de febrero de 2019 Nicolás Maduro rompió sus relaciones con el Estado colombiano. En tales circunstancias y amparado en el reconocimiento que le dispensó el gobierno colombiano y protegido por el mismo, Juan Guaidó, en desarrollo de su estrategia “Plan país” para “recuperar activos venezolanos”, tomó por asalto la Junta directiva de Monómeros, destituyeron al Gerente general Pedro Lugo y pusieron en su lugar a Guillermo Rodríguez, quien actualmente funge como tal.

Con la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca el escenario es otro y la estrategia para poner fin al régimen dictatorial de Maduro por parte de la oposición venezolana también es otro, ya que, como lo sostiene el investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, “la estrategia del cerco diplomático y el gobierno de transición falló”. Así de claro!

La oposición venezolana al gobierno de Maduro pasó de la confrontación al diálogo y están sentados frente a frente en Ciudad de México desde el 13 de agosto, cuando fue instalada la Mesa de negociación. Y justamente cuando uno de los puntos acordados es el la “necesidad” del “rescate” de los activos congelados en el exterior, se apresuró la Superintendencia a dar este paso en falso que compromete seriamente la tan cacareada “confianza inversionista”, al sentar un funesto precedente de cara hacia el futuro. Este dislate no tiene antecedentes en el país, pero sí puede tener serias consecuencias para su reputación.

Este tropel, que involucra a los dos países pone de manifiesto los errores del pasado, cuando en el afán de salir de las empresas del Estado con el socorrido argumento de que es un mal administrador y los privados lo pueden hacer mejor, no se midieron las consecuencias de vender la participación de la Nación en un activo tan estratégico como lo era y lo sigue siendo Monómeros. Este fue un error histórico garrafal, que le puede salir caro al país.

Flaco favor le hace el gobierno nacional al inefable Guaidó con el disparatado dictamen de la Superintendencia de Sociedades, poniendo en riesgo la estabilidad de la empresa, abocándola a una virtual parálisis y a una eventual quiebra, pues las entidades de crédito, sus proveedores y clientes tomarán distancia de ella en previsión de que puedan llegar a materializarse los malos augurios de la Superintendencia. Este puede llegar a ser un caso de una profecía autocumplida. Contrasta esta actitud de parte del gobierno con respecto a Monómeros con la política de mano tendida para salvar a las empresas y de paso proteger el empleo y sobre todo va a contrapelo de su apuesta por la reactivación de la economía. El gobierno, con esta medida, se está disparando un tiro en el pie!

Lo que está en juego no es asunto de poca monta. Monómeros, hoy por hoy, esta listada entre las 100 empresas más grandes en Colombia, es considerada la octava empresa más grande en la región Caribe colombiana en términos de ingresos, diecisiete en ventas y la dieciocho por sus utilidades. Genera 700 empleos directos, mil indirectos y de su operación dependen más de 15.000 empleos de toda su cadena de valor. Abastece el 46% del mercado nacional de fertilizantes y exporta unas 300.000 toneladas a países del Caribe y Centroamérica.

Entre fertilizantes, fosfatos de calcio para la alimentación animal y productos químicos, está llegando a un conglomerado de más de 3 millones de agricultores del país. Lo más preocupante es que con estos desvaríos la seguridad y la soberanía agroalimentaria del país queda en un grave predicamento. Este no es un asunto de poca monta y se le debe prestar la mayor atención, la que amerita!

Miami, septiembre 11 de 2021

*Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía

www.amylkaracosta.net

Por Paloma Valencia*.- Todos estamos cansados del centralismo en Colombia. Cansados de que las decisiones se tomen desde Bogotá sin atender ni a los intereses, ni a las preferencias, ni al concepto de quienes viven en la región. Por eso, muchas veces se ha sugerido convertir a Colombia en un país federalista. Creo que sería un gran error.

El federalismo en las actuales circunstancias terminaría otorgándole todo lo que ya tienen a los que se han beneficiado del centralismo, e iría en contra de los departamentos y municipios que se han afectado. Sería empezar una carrera donde ya unos tienen enorme ventaja y otros serios retrasos.

Hoy la idea de una bolsa general se respalda en esas inequidades. Una sola bolsa permite que los territorios más poderosos aporten a los menos desarrollados.

El centralismo se nutre de que las mejores ofertas laborales y los mercados para trabajar relacionados al Estado estén concentrados. La provincia colombiana se limita a ver cómo año tras año sus mejores profesionales, sus mejores hombres y mujeres se desplazan hacia las ciudades grandes, pues es donde están las oportunidades y los mercados.

Mi idea es hacer una descentralización de todo el aparato burocrático. En un sentido el centralismo le quita lo mejor a las regiones cada año, pues todas las ofertas laborales como las oportunidades se concentran en donde ya se ha concentrado el poder.

Lo que conviene hacer es dividir el aparato burocrático del Estado en 32 partes equivalentes, donde cada uno de los sectores se desplace a un departamento de Colombia, se instale y se quede. Por ejemplo, en Barranquilla podríamos tener el sector comercio. En el Amazonas el sector ambiental, incluyendo por supuesto, los ministerios de cada ramo.

Así las cosas, Colombia seguiría teniendo un estado central, pero los beneficios en términos de oportunidades, cargos, mercados relacionados estarían repartidos equitativamente en el territorio. Significa que el presupuesto de esa entidad, los cargos, la infraestructura estaría en la región. Nos ayudaría además a que los ojos de los ministros y altos funcionarios observen de cerca los problemas y sean catalizadores para las soluciones de los mismos.

Con la pandemia aprendimos que es posible hacer reuniones virtuales que funcionen y den resultados. El gobierno nacional puede estar en el territorio y al mismo tiempo usar la tecnología para mantener su unidad.

Esta sería una estrategia para llevar el Estado a cada una de las regiones. Lo que necesitamos es que en cada región se construyan mercados relacionados con el segmento del gobierno que está en los territorios: el departamento donde esté el Ministerio de Comercio podrá tener todos los sectores conexos, además de la vivienda, la educación y los servicios; podrá haber todo tipo de formación relacionada. La región tendrá un núcleo que ayude no sólo consolidando mercados y empleos, sino también identidad. La educación de nuestro país tiene que estar diseñada para acercarnos a lo que es propio, a la identidad, a nuestro territorio.

Creo que podemos consolidar un estado más cercano a los ciudadanos a los departamentos y a los municipios que componen nuestro país. Llevar el Estado al territorio puede tener un inicio haciéndolo de manera literal. #AmorPorColombia

Bogotá, D. C, 12 de septiembre de 2021

*Senadora del Partido Centro Democrático

Por Gabriel Ortiz*.- De un tiempo para acá nos, ha dado por cambiar los nombres de las cosas, de las gentes, de los hechos y en general de todo lo que nos rodea, con el único objeto de escapar a la realidad. El gobierno ha sido el primero en jugar esta práctica, para embelesar a sus férreos seguidores.

En ocasiones es difícil entender a Duque, porque sus áulicos y asesores utilizan un lenguaje raro, distinto, jeroglífico y enigmático.

El mundo entero, ama la paz, la busca, la respeta y quiere sostenerla. Colombia la buscó, la firmó y la convirtió en política de estado, pero el egoísmo y la incapacidad de quienes la heredaron, necesitaban derrumbarla para poder destacarse como dirigentes eficaces. Para ello le engarzaron el sobrenombre de “paz con legalidad”, como si existiera una paz ilegal, clandestina, ilícita, ilegítima, chanchullera.

Y además se propusieron cambiar el nombre de todo: las masacres, son asesinatos colectivos. Los delincuentes venezolanos: ciudadanos extranjeros. Las onerosas reformas tributarias pasan a llamarse “inversión social”, que con mermelada pupitrean en el Congreso.

Un ejército de apuntadores, amanuenses y asesores, busca elevar el rating del mandatario. Lo hacen aparecer hasta en la sopa. Dice “a” y le agregan el abecedario, que elogian frenéticamente y baten sus manos hasta desollarlas, para hacer creer al jefe que su perorata fue exitosa. Es un error fatigar al país con las inagotables apariciones del Presidente. Lo bueno, si corto, dos veces bueno, reza el adagio.

Esta nación, esperaba con ansias las apariciones de sus jefes de estado, a través de la radio o la televisión, cuando las circunstancias lo demandaban. No cuando el mandatario se topara un reportero con grabadora o cámara de TV. Las ruedas de prensa, no eran permanentes.

Hay ocasiones en que personajes sin importancia se cuelan en sus apariciones. Un Zapateiro la embarra, asustando a Duque y al país con la supuesta muerte del Coronel Pérez. Y nada pasa.

Nada que decir del Embajador Plata, que con la Cancillería, solo permitieron que los escritores “juiciosos”, los que escriben sin comprometerse, pudieran ir a la Feria del Libro de España, porque sus obras eran “neutras”, blancas y férreas defensoras de este gobierno. Por fortuna no participó el embajador ante la OEA, porque seguramente habría buscado la Feria de la Quema del Libro, para enviar a nuestros escritores no neutros.

El fino humor costeño se le adelantó al gobierno para calificar lo sucedido en el Mintic. Esa operación debía tener un nombre popular. Se necesitaba un verbo para los 70.000 millones, que bautizaron como “abudinear”. Y la Real Academia de la Lengua lo asumió.

El Presidente debe hablar claro, llamar las cosas por su nombre y eliminar de tajo la corrupción. Así, no tendríamos más abudinaciones.   

BLANCO: Ya renunciaron dos altos funcionarios del Mintic por los 70.000 millones. ¡Y la Ministra ahí!

NEGRO: Las cartas de los Rodríguez Orejuela: ¿acusadores acusados?

Bogotá, D. C, 11 de septiembre de 2021

*Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y de Notisuper. 

Por Guillermo García Realpe*.- Hace ya varios años emprendimos en el Congreso una gran cruzada social para garantizar un alivio económico en el bolsillo de las familias de los estratos 1 y 2 del Macizo Colombiano que consumen Gas Licuado de Petróleo -GLP- o comúnmente conocido como gas propano en cilindro. 

Pues bien, esa lucha la ganamos y desde el 2013 los usuarios del sur del país de los departamentos de Nariño, Cauca, Caquetá y Putumayo que pertenecen a esos estratos socio económicos, han visto reflejada una deducción del 50% en las tarifas para quienes hacen parte del estrato 1 y del 40% para usuarios estrato 2. 

Esto se hizo con el fin de disminuir en esas zonas del Macizo Colombiano, donde se produce el 73% del agua dulce de Colombia, la deforestación, pues las familias campesinas, sin tener otra opción talaban los bosques para cocinar con leña, lo que de paso originaba serios problemas respiratorios, sobre todo a las mujeres que, permanecían gran tiempo cocinando. 

El programa venía funcionando muy bien, sin embargo, a hoy se están teniendo grandes dificultades porque el subsidio para más de 240 mil hogares del sur del país no se está reflejando como debió ser, porque el precio del gas propano en lo que va corrido del año, ha incrementado sus tarifas en un 113% para la Costa Caribe y en un 132% para el interior del país, lo que impacta directamente en el bolsillo del usuario final, que es todo el país, porque de este combustible se proveen 3 millones 400 mil familias, principalmente de los estratos 1, 2 y 3 que representan el 25% de la población. Familias muy vulnerables de la Colombia profunda, de los barrios pobres de las grandes ciudades y por supuesto el campesino que vive en la gran ruralidad nacional. 

Esa alta volatilidad obedece a varios factores. Primero, a que ha habido una reactivación mundial y con la demanda que ha crecido en China y en Oriente, los precios han venido subiendo. Otro factor que influye, es la Tasa Representativa del Mercado que ha estado últimamente en unos niveles muy altos, y todo esto se refleja en la fórmula de las cantidades que pone Ecopetrol en el mercado, pues la estatal produce 54 mil toneladas mensuales, de las 60 mil que requiere el mercado nacional, es decir, produce el 90% de gas propano. 

Pero también hay factores internos que encarecen el costo del gas en cilindro, por ejemplo, las empresas distribuidoras están haciendo desplazamientos con sus carros cisternas desde Pasto y otras zonas del sur del país hasta la refinería de Cartagena, un recorrido total ida y vuelta de 4 mil kilómetros y esos costos de operación se los trasladan al usuario final. 

Para evitar ese vaivén económico, le propuse al gobierno nacional -en un reciente debate de control político que citamos en la Comisión Quinta junto al senador José David Name-, que aplique una regulación eficiente que, permita evitar la volatilidad en los precios, y así impedir graves afectaciones económicas al consumidor final que es la población más vulnerable, porque el GLP es el combustible que usan los pobres de Colombia, de él dependen 12 millones de usuarios en 984 municipios. 

Es que no regular de fondo las tarifas va a afectar los índices de avance en los programas de lucha contra la deforestación, también la lucha contra las enfermedades respiratorias en las familias campesinas que cocinan todos los días con leña y carbón. Tarde o temprano el país tendrá que regular las tarifas. 

También solicite que, haya una tarifa diferencial, eliminando su referencia a precios internacionales para los estratos populares que consumen gas propano, y blindar así a más de 3 millones de familias colombianas, pero para la CREG, “la tarifa por estrato no tiene diferenciación, porque es un servicio público que no llega por conexión física, por consiguiente, se imposibilita ese proceso” como lo advirtió su director Jorge Antonio Valencia. 

Ahora bien, aquí estamos ante una situación social delicada, debido a que Ecopetrol, el principal productor de GLP, disminuirá su producción del 90 al 71%, lo que, sin duda, obligaría al país a importar el combustible desde los Estados Unidos, generando nuevas alzas tarifarias en el mediano plazo. Si Ecopetrol pudo comprar a ISA con 14 billones de pesos, ¿por qué no le apuesta a la producción de GLP? que hoy es marginal, es del 2% con relación a los demás productos que procesa. 

Entonces a ECOPETROL, al Ministerio de Minas y Energía, a la CREG, les propongo que facilitemos ese mercadeo, protejamos a la población vulnerable de Colombia, como lo estamos haciendo con los subsidios del GLP en cuatro departamentos del sur del país.

El gas propano es un combustible de fácil penetración, además ayuda a sustituir la leña y el carbón y con ello da sostenibilidad al medio ambiente, garantiza la riqueza hídrica y la lucha contra el calentamiento global. Ojalá que el gobierno nacional lo entienda.

Bogotá, D. C, 7 de septiembre de 2021

*Senador del Partido Liberal

@GGarciaRealpe

Por Mauricio Cabrera Galvis*.- Mientras en muchos países, incluido Colombia, millones de personas buscan con desespero vacunarse contra el Covid pero no pueden hacerlo porque no hay dosis disponibles, en otros países no saben qué hacer con las vacunas almacenadas porque otros millones de personas no quieren la inyección. Es la gran paradoja de la vacunación que demuestra una vez más las grandes inequidades del mundo actual.

En Colombia la escasez de vacunas es preocupante porque aumenta el riesgo de que con las variantes delta y mu llegue el próximo pico de contagios con un gran porcentaje de la población desprotegida, y se ve muy lejana la meta oficial de tener 35 millones de personas vacunadas.

Aunque a la fecha se han aplicado casi 36 millones de dosis, la realidad es que solo 14.8 millones de personas han recibido el esquema completo (incluyendo 2.8 millones de monodosis), mientras que 9 millones esperan ansiosos la segunda dosis que no llega, y otros 11 millones no han recibido ninguna.

Esto significa que para alcanzar la meta oficial harían faltan 31 millones de dosis. Pero el faltante es todavía mayor, porque al autorizar la vacunación a adolescentes entre 12 y 18 años se aumentó en 4 millones el número de personas, y porque se va a autorizar una tercera dosis a mayores de 60. En consecuencia faltan por conseguir unas 40 millones de dosis, es decir más de las que con tanto esfuerzo se han aplicado.

¿Por qué llegamos a esta situación? En el caso colombiano es claro que hubo falta de planeación y preparación de parte del gobierno para adquirir las vacunas. Basta recordar que cuando se anunció el Plan Nacional de Vacunación, este no incluía el biológico chino (Sinovac), que se apareció como el salvador que ha aportado cerca de la tercera parte de las dosis. Otro ejemplo es la extensión a 90 días de los plazos de aplicación de la segunda dosis de AstraZeneca y Moderna, con escaso soporte científico, porque no se cuenta con el suministro para aplicarla antes.

En defensa del gobierno hay que decir que el contexto global hay varios factores que incidieron. En primer lugar el poder oligopólico de las grandes farmacéuticas y el conflicto entre el derecho a las patentes y el derecho a la salud, que en este caso se resolvió a favor del primero y en contra de la vida cuando se rechazó el llamado mundial a la liberación de patentes para que se pudieran producir más vacunas y menos costosas. Para nuestra mala fortuna, el gobierno de Colombia se puso del lado de las farmacéuticas y no apoyó ese llamado.

Segundo, el poder del dinero de los países desarrollados que compraron, acapararon y almacenaron la mayor parte de la limitada producción de biológicos, en cantidades que excedían sus necesidades, dejando una oferta insuficiente para el resto del mundo. Colombia no fue tan perjudicada como otros países más pobres, pero de todas maneras sí sufrió retrasos en la entrega de las dosis.

Tercero, el fracaso de las instancias multilaterales que diagnosticaron bien el problema de la asimetría en las negociaciones entre países con recursos limitados y las farmacéuticas, pero no fueron capaces de implementar un mecanismo eficaz para resolverlo. El mecanismo Covax estaba bien orientado, pero sus resultados fueron exiguos. Los países desarrollados también sufren las consecuencias, porque solo estarán inmunizados cuando todo el mundo lo esté.

Bogotá, D. C, 6 de septiembre de 2021

*Filósofo y Economista. Consultor.  

Por Juan Camilo Restrepo*.- Acaba de salir en Francia el nuevo libro de Thomas Piketty titulado “Una breve historia de igualdad”. En realidad, no se trata de una breve historia: es un recuento detallado y magníficamente documentado de lo que ha sido en las democracias occidentales la búsqueda, los conflictos, las marchas y contramarchas por la igualdad y la equidad social desde la revolución francesa.

Piketty ilustra muy bien cómo ha habido épocas de avances y momentos de retrocesos en ese esquivo camino hacia una sociedad más justa. El siglo 18 fue de progresos, el 19 de retrocesos, el 20 nuevamente de saltos adelantes con la implantación del estado social de derecho y el impuesto progresivo a la renta, y en el último medio siglo de marchas atrás con el capitalismo descontrolado de la internacionalización financiera.

Resulta de mucho interés el análisis que hace sobre lo que fue el imperialismo inglés y francés durante el siglo 19. La gran concentración de capital europeo nace allí, pero también la ruina endémica de algunos países como Haití; al cual el capitalismo francés le impuso reparaciones en favor de los antiguos propietarios de esclavos liberados en la misma proporción (300% del producto nacional) con que se gravó a Alemania en el tratado de Versalles luego de la primera guerra mundial. Lo que fue, como se sabe el germen, de la segunda. Alemania terminó reponiéndose después del nazismo y de la segunda guerra; Haití nunca se repuso.

El mérito principal de este libro a mi modo de ver es que el autor ilustra cómo la batalla por mayores estándares de igualdad es algo permanente, en constante evolución, y claramente asociado a las evoluciones políticas.

Lo que está sucediendo en China en este momento- aunque no lo trata Piketty -es bien ilustrativo. Ha sido tal el auge de los multimillonarios en la China continental durante los últimos tiempos que el partido comunista y su secretario general, Xi Jinping, han iniciado una cruzada feroz contra los excesos del nuevo capitalismo chino que ahora tiene más multimillonarios que cualquier país occidental. Ha habido severas sanciones contra sus conglomerados (especialmente los tecnológicos), y se anuncian fuertes medidas para contrarrestar este fenómeno en el campo fiscal.

Aunque por supuesto no lo estudia tampoco Piketty, no he cedido a la tentación de cotejar sus tesis con lo que estamos viendo con la reforma tributaria del gobierno Duque, que ya recibió carpetazo en primer debate en las comisiones económicas y que todo indica que será aprobada durante el mes de septiembre.

Como se ha dicho varias veces, esta no era la mejor pero quizás la única reforma tributaria políticamente posible. Hay que abonarle al ministro Restrepo el esfuerzo que ha hecho por concertarla y explicarla de mejor manera que la anterior.  Se trata de una ley más de gasto público para contrarrestar los efectos devastadores de la pandemia que una verdadera reforma fiscal. Con un alto sentido de pragmatismo para no ir a repetir el episodio de la fracasada reforma Carrasquilla, el gobierno dejó de lado toda consideración redistributiva en el diseño del proyecto : no se gravan las altas rentas personales; no se gravan las pensiones exorbitantes; no se toca la tributación de capitales; se pasa en puntillas por el impuesto al patrimonio; no se dice una palabra sobre bebidas endulzadas ni sobre tributación verde; no se recorta prácticamente ninguna de las gabelas que con tanto juicio estudió el comité de expertos en privilegios tributarios que el mismo gobierno convocó para estudiar esta grave malformación. Los privilegios tributarios. Impuestos a los que el estado renuncia porque resuelve privilegiar a alguien o a un grupo de personas y que están teniendo un costo cercano a los 60 billones anuales. Es decir, casi cinco veces lo que pretende recaudar la nueva reforma.

La lectura de Piketty resultará útil por lo menos para que los historiadores criollos de la fiscalidad puedan constatar que la reforma tributaria que está en ciernes olvidó deliberadamente cualquier consideración sobre cómo avanzar hacia mayores índices de progresividad y de equidad tributaria. Tarea que le queda al próximo gobierno. Como tantas otras.

Bogotá, D. C, 7 de septiembre de 2021

*Abogado y Economista. Exministro de Estado

Por Amylkar D. Acosta M*.- Con el nombramiento del ex ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla en la Junta directiva del Banco de la República, después de su fallido intento de nombrarlo como su Gerente y de ser defenestrado del Gabinete por su fracaso en hacer pasar por el Congreso su nefasta reforma tributaria, sin querer queriendo, como diría el Chavo del ocho, hoy en día todos, absolutamente todos, los codirectores designados por la Presidencia de la República que hacen parte de la misma le deben su nombramiento, por distintas circunstancias, al Presidente Duque. Muy desafortunado este nuevo episodio de la tan criticada puerta giratoria, que tanto daño le ha hecho al país.

Con ello el B de la R pierde su autonomía, la que le dio la Constituyente de 1991, disponiendo un mecanismo de rotación de suerte que nunca, nunca, ningún Presidente llegara a nombrar más de 2 de los 5 codirectores de dedicación exclusiva, todos ellos con periodos de 4 años prorrogables dos periodos más. Con la llegada de Carrasquilla a la Junta del Banco Emisor, además de la pérdida de su autonomía y de quedar como apéndice del Ministerio de Hacienda, contrariando el sano principio democrático de los pesos y contrapesos, se concentra aún más el poder en el ejecutivo.

Pésimo mensaje este que se ha dado para el mercado, en momentos en los que Colombia acaba de perder la calificación inversionista de la deuda soberana de Colombia. Las calificadoras de riesgo tomarán atenta nota de este paso en falso. Uno puede no estar de acuerdo con el antipático poder que ellas se han arrogado, como cancerberos de los fondos de inversión privados, de calificar o descalificar la deuda pública de los países, pero el hecho cierto es que el  “mercado” le cree más a ellas que a las promesas del alto gobierno en su periplo reciente por Washington y Nueva York para comparecer ante los inversionistas y miembros del American Society/Council of the Americas para convencerlos de que Colombia es buena paga. Qué le vamos a hacer!

Y ya se sabe que la aprobación del proyecto de reforma tributaria que se tramita en el Congreso, al no contribuir a reducir el déficit estructural que acusan las finanzas del Gobierno nacional, limitándose sólo a cuadrar caja para asegurar el financiamiento de los programas de transferencias monetarias condicionadas y no condicionadas, así como la protección del empleo, ampliados para enfrentar los estragos de la pandemia, no satisface las expectativas de las calificadoras de riesgo.

Como lo ha sostenido el Ministro de Hacienda José Manuel Restrepo, “los esfuerzos adicionales serían responsabilidad del siguiente Gobierno”. Con la aprobación del proyecto de reforma tributaria 2.0, entonces, el Congreso de la República y el gobierno simple y llanamente están pateando la pelota para adelante. Como suele decir el campesino en aprietos después de ponerse a salvo, quien venga detrás que arree!

Una de las calificadoras, Fitch, cree que será necesario un aumento permanente de los ingresos fiscales para estabilizar y comenzar a reducir la carga de la deuda pública. Una reforma tributaria creíble también anclaría las expectativas fiscales a mediano plazo, respaldando la credibilidad de las políticas y reduciendo la vulnerabilidad a los shocks”. Y eso es justamente lo que no es dable esperar de la reforma que se tramita. La experiencia del año 1999, cuando se perdió la calificación inversionista y sólo se recobró doce años después, en 2011, no llama al optimismo de su pronta recuperación y menos con embarradas como esta que motiva esta nota.

En fin, volvimos a los tiempos que creíamos superados de la Junta Monetaria, que dependía del Ministerio de Hacienda, justo cuando estamos conmemorando los 30 años de vigencia de la Constitución de 1991, desandando sus pasos. Qué diría El cófrade, Alfonso Palacio Rudas, quien como se sabe no tragaba entero y como delegado de la Constituyente no disimuló su satisfacción de sólo pensar que la creación de “por fin en la Constitución se va a enterrar el leviatán, se va a enterrar ese monstruo que es la Junta monetaria”, ahora que por cuenta de la dinámica de la política se vuelve a las andadas.

Como es bien sabido, la Constituyente elevó a rango constitucional la existencia y el funcionamiento del B de la R, a diferencia de la Junta Monetaria de enantes que estaba amparada en la Ley, mediante el artículo 371 de la Carta se consagró su autonomía administrativa y le asignó como objetivo fundamental en su artículo 373 velar por el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de la moneda, sin dejar de lado, como lo determinó la Corte Constitucional a través de su Sentencia C – 481 de 1999, el crecimiento de la economía y la generación de empleo. Todo este andamiaje y la institución misma del Banco central es lo que está en grave predicamento en este momento con el curso que han tomado los acontecimientos.

Miami, septiembre 4 de 2021

*Expresidente del Congreso de la República. Exministro de Minas y Energía

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Por Juan Manuel Galán*.- La propuesta para una amnistía general del exsenador Álvaro Uribe, que se precisa en un proyecto de acto legislativo, busca “rehabilitar” en la política a criminales ya condenados, sin el marco de un conflicto armado, en contravía del derecho internacional, sin condiciones, referentes o fechas límite.

Es una descarada amnistía a la parapolítica, a través del concierto para delinquir y a su progenitor histórico, la narco política de los años 80 que exterminó a la Unión Patriótica y al Nuevo Liberalismo. Es una propuesta abiertamente inconstitucional, en contra de nuestras instituciones democráticas, de tratados internacionales como el Estatuto de Roma y constituye un ataque directo a la Jurisdicción Especial para la Paz. Como dejó claro Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP, la propuesta tiene el objetivo de acabar con el Acuerdo de Paz.

No hay ningún antecedente en la historia de Colombia en donde el poder constituyente del Congreso, sin más motivación que la posibilidad de ejercerlo, se use para desconocer los efectos de las sentencias judiciales y que convictos sean habilitados para ser elegidos a corporaciones públicas y nombrados en cargos de la administración, pudiendo ser avalados por movimientos y partidos políticos con tal pretensión.

Lo dijo muy bien Humberto de la Calle, durante 10 años hemos escuchado y visto una y otra vez al exsenador Uribe y a su partido Centro Democrático, oponerse al acuerdo, sabotearlo por encima y por debajo, con el argumento de que lo que hacía era favorecer a la guerrilla con impunidad. Ahora pega un brinco y nos dice que lo que quiere es una amnistía general, para todos. Algo que prohíbe el Estatuto de Roma y puede abrir la puerta para la intervención de la Corte Penal Internacional que actúa bajo el principio de subsidiaridad, es decir cuando un Estado demuestra falta de voluntad o incapacidad para juzgar graves violaciones a los derechos humanos.

Para que esto fuera equiparable, se requiere que las situaciones que se pretende comparar correspondan al mismo fundamento. Hay que destacar que el sistema de justicia transicional a que se someten los desmovilizados de las FARC y demás actores contemplados en ella, son los acuerdos de la Habana para alcanzar la paz con este grupo.

En cambio, el fundamento de la propuesta con la que ahora se pretende emboscar al país, no es nada diferente a que quienes la podrían convertir en fórmula jurídica, siguiendo la orientación de su creador, forman parte de un órgano constituyente derivado. Es decir, una fracción del poder para decidir en ese sentido. No es posible apoyar una iniciativa que no obedece a ningún principio de simetría y busca imponer reglas fuera de lo negociado en el Acuerdo de Paz.

El Estado debe estar por encima de los intereses de un partido que pretende aprovechar el poco tiempo que le queda en el poder para auto amnistiarse.

Bogotá, D. C, 6 de septiembre de 2021

*Precandidato presidencial. Exsenador de la República. Politólogo del Instituto de Estudios Políticos de París, Magíster en Política Internacional de la escuela de Altos Estudios Internacionales de Francia. Magíster en Relaciones Internacionales y Seguridad en la Universidad de Georgetown.

Por Robinson Castillo*.- La democracia se basa en personas. La inclusión de la ciudadanía en los espacios de decisión, es siempre la apuesta correcta. Esto convierte a los parlamentos, en realmente participativos. Con la gente todo, sin la gente nada.

Luego de los resultados de la quinta edición del Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa, que midió a 13 cuerpos colegiados, el Congreso de la República de Colombia salió bien calificado frente a los mecanismos de participación ciudadana.

Este trabajo de seguimiento lo viene adelantando desde el año 2011, La Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa (RLTL), con el apoyo del Programa de cooperación de la Unión Europea con América Latina EUROsociAL+ y de acuerdo a lo manifestado en su informe oficial en esta oportunidad se evaluaron 13 Parlamentos de Latinoamérica sobre la existencia de políticas de apertura y transparencia bajo los estándares de parlamento abierto.

Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela, fueron los países objeto de este estudio, a través de la labor de cada uno de sus Congresos, Parlamentos y Asambleas.

Según la RLTL: “El índice ubica a los Congresos de los países evaluados de acuerdo a un puntaje de 0 (no transparente - cerrado) y 100 (transparente - abierto) a través de una medición basada cuatro dimensiones: normativa, labor del congreso, gestión administrativa y participación ciudadana”

Y recalcan lo siguiente: “Esto con el objetivo de democratizar la información legislativa, entregando una mirada regional de su funcionamiento y permitiendo comparar buenas prácticas que puedan ser replicadas. Este instrumento de incidencia y medición independiente, se realiza desde 2011”

Frente a la calificación de participación ciudadana, que fue del 68,9 % ; este organismo sobre el Congreso de Colombia en su informe oficial, destaca lo siguiente: “La dimensión ciudadana obtiene la más alta evaluación del Congreso y es la mejor evaluada a nivel regional. Destacan como buenas prácticas la implementación de plataformas educativas, la gestión de medios de comunicación, la puesta en marcha de planes de parlamento abierto y la existencia de instancias de resolución de conflictos sobre acceso a información pública de carácter independiente.

Las herramientas que más se destacan para ubicar al Congreso de Colombia en el primer lugar de Latinoamérica en el ámbito de participación ciudadana, son las siguientes: Plataformas educativas, Canal de televisión, planes de parlamento abierto, mecanismo para resolver conflictos, publicación de información en la página web de forma recurrente, oficina de información, redes sociales, publicación sobre los senadores, datos abiertos y el ingreso de los medios para el cubrimiento de comisiones y plenarias.

De otra parte, haciendo el promedio con los otros indicadores y con un índice de 47,8%, Colombia queda en el lugar número 3 del ranking y se ubica por encima de la media regional de 39,6%.

Las principales recomendaciones RLTL para que el Congreso de Colombia siga en su proceso de mejoría de buenas prácticas de un Parlamento Abierto, se encuentra: la reglamentación del cabildeo o lobby  e impulsar el que sea taxativo el uso de formatos únicos y abiertos que permitan ser procesados por cualquier persona, de forma gratuita, sin ninguna limitación en su reutilización.

Otra de esas sugerencias, es acercar el Congreso a las regiones. Este frente es uno de los propósitos irrenunciables del presidente del Senado Juan Diego Gómez, con 32 Foros Territoriales: “Tu Congreso tu región, venimos a escucharte”.

La Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa (RLTL) reúne a 32 organizaciones de la sociedad civil de 15 países latinoamericanos, que trabajan en la promoción activa de la transparencia, el acceso a la información y la responsabilidad en los parlamentos.

Bogotá, D. C, 4 de septiembre de 2021

*Comunicador Social-Periodista.

Por Paloma Valencia*.-Odebrecht es el escándalo sobre cómo se robaron las elecciones presidenciales con la plata de los colombianos.

Sin embargo, por razones políticas el senador Petro, por poner un ejemplo, sostiene que los Uribistas, en especial yo, queremos tapar el debate. Es falso; basta decir que fue a nosotros, al Centro Democrático, a quienes nos robaron las elecciones. Petro, en cambio, estuvo en la campaña Santos, hasta el reelecto Presidente le agradeció en su discurso de victoria. Reconoció, sobre la mesa, que Petro siendo alcalde había violado la prohibición de participar en política para ayudarle.

Y claro, como tiene interés en ahora desligarse de la campaña Santos, señalan a Oscar Iván Zuluaga. Mi impresión es que no hay mancha sobre su campaña. A veces pienso que algunos de los implicados en la campaña Santos, encargados de recibir y repartir plata, han decidido esconderse creando el escándalo de Zuluaga. Nada raro sería, cuando recordamos que desde la Dirección de Inteligencia y la Fiscalía hicieron el montaje del hacker e infiltraron la campaña de la oposición. De esto, la izquierda no dice nada. La hipocresía en la supuesta defensa de la democracia, la oposición, salta a la vista.

Odebrecht financió ilegalmente la campaña de Santos, y lo hizo con los dineros de los colombianos; en especial el otrosí de la vía Ocaña-Gamarra. Ahí aparecen implicadas dos ministras y un ministro de Santos, Andrade el director de la agencia de infraestructura, y Luis Miguel Pico.

Dice Petro que el vídeo de su bolsa de billetes era para desviar la atención. No es así, es usar un espacio de debate anticorrupción para mostrar evidencia. Al senador lo absolvió la Corte Suprema, aunque el Co-protagonista del video hoy tiene circular roja por ese mismo vídeo. Juan Carlos Montes tenía un carrusel de contratos en la alcaldía Petro, y este casualmente le entrega dineros en efectivo. ¿Coincidencias malucas?

Dirá entonces otro senador con un maletín lleno de efectivo que satanizamos el efectivo. Y así es. En Colombia desde que los narcos y los corruptos mueven las coimas y los producidos en efectivo, hay algo muy obsceno en el efectivo. A mí no me gustan los políticos con bolsas o maletas llenas de efectivo. Llámenlo estética, Llámenlo sospecha.

Lo cierto es que firmaron un otrosí con Odebrecht para la vía Ocaña Gamarra, y de ahí salieron miles de millones de pesos con destino la campaña de Santos.  Lo firmaron sin el lleno de los requisitos legales (no había Confis ni Compes). Decían los de la defensa que el Presidente no sabía (una defensa sobre dineros ilícitos que ya conocíamos) y con ella la Comisión de acusaciones le archivó el proceso al expresidente.

Sin embargo, hay evidencia de que Martorelli (representante de Odebrecht) estuvo no una sino varias veces en Palacio. Lo muestran los registros de ingreso. Pero hay material probatorio que el país debería conocer. Todo lo que apareció en los allanamientos a la ANI, las interceptaciones de Andrade, de Prieto.

Quise intervenir nuevamente en ese debate en el congreso, pero no hubo espacio para los partidos, pues tengo nueva evidencia de que la plata de Odebrecht llegó a la campaña con pleno conocimiento de Palacio.

¿Por qué no avanzan los procesos contra las Ministras con evidente conflicto de interés? ¿Por qué no se ha imputado a Pico? ¿Por qué sigue Prieto en el Cespo? ¿Por qué de los encargados de repartir todo ese dinero nadie habla?

Bogotá, D. C, 4 de septiembre de 2021

*Senadora del Partido Centro Democrático