Opinión
Por Martha Patricia Moreno Moreno*.- “No creo en el evangelio, ni en la iglesia que se puede hurtar”, dijo el ratero que despojó a la virgen de Chiquinquirá de sus alhajas que adornan el lienzo en la Basílica en la ciudad mariana. Un robo de alto vuelo, en virtud de que el ladrón, cuando saltó sobre la lumbre, se chamuscó y, en agravio, le mentó la madre al infinito.
Ni siquiera hubo sangre, apenas un escándalo de Vaticano y la Fiscalía para el impío, quien tendrá que descargar su conciencia con una buena dosis de avemarías.
Era viernes, al amanecer del nueve de julio, las estrellas se apretujaban en el cielo y el pueblo mariano, dominado por un aliento conservador y algo perezoso, se alistaba para la entronación de la Virgen de Chiquinquirá en el Vaticano. Fue un episodio casi doméstico: Dicen que advirtieron a un hombre, misterioso, como cualquier prójimo de ayuno obligatorio, con cara de agobio; barba de semanas; la angustia arrinconada y con toda la codicia encendida para infringir el séptimo mandamiento, que lo tenía metido en todo el cuerpo.
Por aquel hurto celestial, los encargados de organizar la apoteósica ceremonia vivieron un aturdimiento parroquial; los frailes dominicos muy a pesar de su casto pasado, no pudieron evitar el magno sacrilegio, tampoco los guardias pudieron hacer mayor cosa; no les funcionaron los bolillos, ni lo sensores, dicho de otro modo, en aquel caos bendito, todos perdieron los modales y la Virgen perdió su corona.
Hay gente con la que la vida se ensaña, que no tiene mala suerte, sino una continua sucesión de tormentas. Bien sabemos que muchos delitos que se cometen en este país jamás llegan a sancionarse, pero a este pecador le caerá la ira nacional sobre su menguada y miserable humanidad. Se especula que los escrupulosos esperan que se pudra de arrepentimiento.
Punto y aparte: ¿Cuál será el karma que están pagando los médicos del Hospital regional de Sogamoso, con sus tres jefes odontólogas?, dicen que ellas entre forceps y elevadores, los tienen al filo del hilo dental: La gerente; la directora científica y la directora de calidad; dicho de otro modo, a este asunto hay que echarle muela.
Sogamoso, 26 de julio de 2021
*Magister en educación- comunicadora social- periodista. Cronista, líder de opinión regional. Zona Boyacá.
Por Juan Manuel Galán*.- El magnicidio del presidente de Haití, Jovenel Moise que contó, al parecer, con la participación de exmiembros de nuestras Fuerzas Militares nos muestra, además de la trágica violencia que vive este país, una cruda realidad y es la de la vinculación de militares retirados colombianos a las redes globales de mercenarios. Estructuras que se enriquecen en conflictos a lo largo y ancho del mundo, y trabajan para redes criminales que no se detienen ante la posibilidad de ejecutar un crimen tan atroz como el que sufrió el presidente haitiano y su familia.
Ahora bien, aunque es aterrador lo que pasó en Haití, algo que debemos tener claro es que lo sucedido no es un caso aislado. Por ejemplo, la participación de militares colombianos retirados en grupos de mercenarios o ejércitos privados es común en regiones como el Medio Oriente. En esta región, es normal que empresas de países como los Emiratos Árabes Unidos los contraten en labores de protección de empresarios o como miembros de ejércitos privados, así como para formar parte de equipos de intervención militar extranjera y aplicar su conocimiento en la fabricación de armas a pedido de señores de la guerra. También se ha documentado la participación de exmilitares colombianos en los conflictos de Yemen, Libia, Iraq o Afganistán, desde grupos mercenarios.
Esta problemática no ha sido enfrentada por el Estado colombiano, ya es hora de que el gobierno tenga una posición clara y no se quede en comunicados vagos frente a un fenómeno que requiere legislación y una nueva política. No se trata de salir como lo hizo la vicepresidenta y ministra de Relaciones Exteriores, Marta Lucía Ramírez, a decir que los militares retirados “fueron engañados” o, como hizo el presidente Duque, asegurar que ellos no sabían que su “misión” era matar. Definir esto es tarea de la justicia haitiana, no de funcionarios colombianos.
Al contrario de esto, necesitamos acciones concretas para enfrentar la creciente mercenarización de nuestros exmilitares. En este sentido, se requiere mejorar las condiciones de retiro para los rangos medios y bajos. También, que los servicios de inteligencia del Estado vigilen el accionar de las redes internacionales de mercenarios para disminuir su capacidad de acción en Colombia. Acá es clave la comunicación con agencias de seguridad extranjeras. Otro punto fundamental será revisar y actualizar la normatividad colombiana frente a estos procesos de mercenarismo, pues la legislación está desactualizada.
Bogotá, D. C, 26 de julio de 2021
*Exsenador de la República. Politólogo del Instituto de Estudios Políticos de París, Magíster en Política Internacional de la escuela de Altos Estudios Internacionales de Francia. Magíster en Relaciones Internacionales y Seguridad en la Universidad de Georgetown.
Por Amylkar D. Acosta M*.- Después del retiro forzado por parte del Presidente de la República Iván Duque de la fallida reforma tributaria que llevaba la impronta del Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, quien fue defenestrado del gabinete por cuenta de la misma, el Congreso de la República se apresta a debatir el nuevo proyecto de reforma tributaria 2.0, radicado en el mismo por el novel Ministro de Hacienda José Manuel Restrepo. Con este la administración Duque completa cuatro proyectos de reformas, una por año, record histórico, dos de ellas frustráneas, la Ley 1943 de 2018 de “financiamiento” y el proyecto de ley 594 de 2021 de “solidaridad sostenible”, la primera por fallo adverso de la Corte Constitucional y la segunda por el estallido social que provocó. Sólo se salvó la Ley 2010 de 2019 de “crecimiento”.
Esta vez el proyecto de reforma tributaria 027 Cámara de “inversión social” cuenta con mensaje de urgencia, con la finalidad de abreviar los tiempos de su trámite, dada la premura de su aprobación, máxime cuando esta es la última legislatura del actual Congreso, mediada por la campaña electoral de cara a las elecciones de marzo y mayo del año entrante, lo cual interfiere el normal curso de sus sesiones ordinarias, caracterizadas ahora por un mayor ausentismo de los congresistas en las mismas. Este es el contexto en el cual se abordará su texto, el cual viene precedido, según lo ha anunciado el Ministro Restrepo, de un amplio proceso de concertación en contraste con la que pretendió imponer a pupitrazos en el Congreso de la República el Ministro Carrasquilla.
Podríamos decir, para comenzar, que este texto contiene sólo 35 artículos, sin mayores pretensiones, pues su ambición no va más allá de un mayor recaudo de $15.2 billones, en comparación con la reforma que no fue, cuyo farragoso texto constaba de 163 artículos y aspiraba a recaudar $28 billones, de los cuales $4.6 se transferirían a las entidades territoriales a través del Sistema General de Participaciones (SGP). Esta es la reforma posible, al fin y al cabo, como sostuvo Aristóteles, la política es el arte de lo posible. Con razón acota el experto y Director de la Maestría en economía de la Universidad Jorge Tadeo Lozano Jaime Tenjo que este es un proyecto de reforma tributaria con más alcance político que fiscal. Arguye él que esta “es una forma de mejorar la gobernabilidad, de consolidar las alianzas alrededor del Centro democrático y de preparar la campaña electoral que comienza”.
Este proyecto de reforma tributaria se caracteriza porque, a diferencia del anterior, no propone ampliar la base de la tributación del impuesto de renta para las personas naturales, con lo cual se libra sobre todo la clase media de que le metan la mano al bolsillo cuando 2´175.000 personas en dicha condición pasaron en 2020 a ser vulnerables y 659.000 de estos cayeron nuevamente en la pobreza que habían superado. Pero, de paso, se favorece también a los más pudientes, a los del quintil 5, quienes si bien vieron menguados sus ingresos en un 10.1%, en el otro extremo los del quintil 1 perdieron el 24.6%, el doble. Luego, los de más altos ingresos mantienen su capacidad contributiva prácticamente intacta, pero, como dicen en Norte de Santander, al lado del enfermo come el alentado. Tampoco toca el IVA, el más sensible de los impuestos, dado su carácter regresivo, cuyo incremento sucesivo de sus tasas es tal vez lo que más ha contribuido a la regresividad del Estatuto tributario en Colombia, a contrapelo de lo dispuesto en la Constitución Política.
También se dejaron de lado varias de las propuestas que traía el anterior proyecto de reforma, como fue elevar el impuesto al patrimonio del 10% al 15%, al tiempo que el programa de ingreso solidario, que se había planteado con carácter permanente ahora será temporal, sólo va hasta diciembre del año entrante. Ello llevó al reputado economista Eduardo Lora a afirmar que “si la protesta social era para rechazar una reforma por regresiva, pues ahora tenemos una que ayuda menos a los pobres”.
En medio del barullo y el alboroto causado por el fiasco de la execrable y execrada reforma tributaria propuesta por Carrasquilla, el gremio empresarial encabezado por el Presidente de la ANDI Bruce McMaster le propuso al gobierno y al Congreso revertir parte de los beneficios de los cuales habían sido objeto en la Ley de “crecimiento”. Su mensaje no pudo ser más categórico: “en la reforma no toquen a nadie más, cóbrennos a nosotros”.
Mas, sin embargo, su ofrecimiento fue desdeñado y desestimado, sólo tardía y parcialmente fue acogida por el Ministro Restrepo, casi tres meses después, perdiendo un tiempo precioso, pues con esta propuesta sumada a la de FENALCO-ACOPI se pudo haber tramitado y aprobado en las sesiones del Congreso de la República que se clausuraron el pasado 20 de junio, así hubiera sido necesario incluirla en la agenda las sesiones extras que fueron convocadas para otros proyectos, dada su urgencia.
Así se le hubiera podido salir al paso al pronunciamiento de las calificadoras de riesgo con la consiguiente pérdida de la calificación inversionista de su deuda soberana, con todas sus nefastas consecuencias. Ello es tanto más extraño al constatar que la propuesta que finalmente se presentó no dista mucho de la de los gremios, motivados por la necesidad de incentivar la demanda, que es el mayor estímulo de la oferta, la producción y la generación de empleo, pues bien dijo el ex ministro de Estado Rodrigo Escobar Navia que un mercado de pobres es un pobre mercado. Lección aprendida del reputado economista John Maynard Keynes!
Miami, julio 24 de 2021
*Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.
www.amylkaracosta.net
Por René Bolio*.- Grandes manifestaciones de protesta se están llevando a cabo por toda la geografía cubana. La respuesta de la dictadura ha sido cruel, violenta y desproporcionada. Todo esto lo sabemos por los testimonios de los cubanos que, vía telefónica o mediante creatividad electrónica, logran sacar al exterior estos sucesos, con mucha dificultad y muy escasa calidad.
Esto comenzó el 11 de julio, cuando vecinos de San Antonio de los Baños, un municipio de la capital cubana, salieron a protestar, y esta manifestación se difundió por algunas redes sociales. Su ejemplo cundió por toda la isla y las protestas se hicieron masivas. La dictadura cubana intentó frenar este movimiento nacional que reclama libertad y ordenó el bloqueo de las redes sociales y el internet en general.
Al día de hoy, el internet no funciona, las redes sociales permanecen bloqueadas, y las comunicaciones telefónicas están intervenidas y con graves fallas.
Pero esto no es nuevo. El control total del régimen cubano sobre las comunicaciones de los cubanos se remonta a los inicios de la dictadura: la correspondencia ha sido violada institucionalmente desde la llegada de los comunistas, la red telefónica ha sido intervenida todo el tiempo y las comunicaciones electrónicas llegaron a la isla controladas por los castristas demasiado tarde, costosas e ineficientes.
La empresa Etecsa, propiedad del régimen, es la encargada de las telecomunicaciones cubanas, altamente ineficiente, constituida a partir de fraudes a inversionistas extranjeros y con unos precios excesivos, superiores hasta diez veces frente a los que se tienen en países libres.
Se permitió apenas en 2015 la posesión y uso de telefonía celular, y poco después se conectó Cuba al internet, mediante un cable que se enlaza con otra dictadura asociada: Venezuela. Y hasta el 2018 se permitió a los ciudadanos utilizar los datos para comunicarse.
Para toda la infraestructura que se requiere en materia de telecomunicaciones, el régimen ha adquirido tecnología de China comunista. Todos los aparatos son de empresas como Huawei, ZTE y TP Link, propiedad del Partido Comunista chino. De igual manera, el software que se maneja en toda la isla tiene componentes de China, incluso la programación tiene lenguaje chino.
Toda esta tecnología es la que usa el Partido Comunista chino para controlar las comunicaciones en su país, y dada la complejidad y extensión de China resulta que la experiencia en materia de control y censura se les ha facilitado en Cuba. En China está controlado y supervisado todo el tráfico de internet, estando prohibido el uso de plataformas como Facebook, Twitter, YouTube y Amazon.
De esta manera, no solo el hardware y el software utilizados en Cuba son chinos, sino que los mecanismos de control y censura provienen directamente de los comunistas y son adaptados para reforzar la dictadura en Cuba.
Todas las redes sociales que se permiten en Cuba son supervisadas, y a eso le podemos agregar los sistemas de espionaje en computadoras y celulares utilizados por la población, para poder filtrar la información proveniente del exterior, así como la que se publica en las aplicaciones y medios sociales.
Este control es total y absoluto, por lo cual, al detonarse las manifestaciones que piden libertad en Cuba, y tras un breve momento en el cual se viralizaron estas protestas, el régimen cubano determinó el bloqueo del internet y de las comunicaciones electrónicas desde y hacia la isla.
Sin embargo, por más que se ha tratado de frenar la comunicación entre los cubanos, las noticias siguen llegando, con más lentitud e imprecisión, pero dejando ver la crueldad y la determinación de aplastar a los ciudadanos cubanos que se manifiestan en toda la geografía de la isla.
La asociación entre los regímenes comunistas chino y cubano es añeja. Desde los tiempos de Mao y del criminal Che Guevara, China ha financiado con miles de millones de dólares a la dictadura castrista, e incluso le ha condonado la deuda. La posición geoestratégica de Cuba le da al sistema chino-comunista la posibilidad de tener cerca a los Estados Unidos, y por ello mantiene su alianza a pesar del enorme costo que le representa.
El uso de la tecnología china y la aplicación experimentada de la censura, control y espionaje han sido perfeccionados y ahora se utiliza en su máxima expresión en Cuba. Se espera que haya mecanismos alternativos de comunicación para que el mundo se entere, con mayor precisión y oportunidad, de la terrible situación que viven los cubanos a manos de los comunistas, instruidos por los chinos de Xi Jinping.
Bogotá, D. C, 25 de julio de 2021
*Presidente de la Comisión Justicia Cuba y de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos
Por Adriana Matiz*.- 18 detenidos, 3 abatidos y 5 prófugos, es el número de nacionales involucrados en uno de los episodios más vergonzosos internacionalmente para nuestro país, pero a la vez más confusos para una opinión pública que aún no sabe que creer.
Existe multiplicidad de versiones, oficiales y políticas haitianas, familiares de los colombianos, que los ubican muchas veces como villanos y otra como héroes. No hay aún explicación a la coincidencia de su presencia en ese país.
Lo cierto es que 12 disparos en la humanidad del presidente haitiano Jovenel Moïse terminaron de manera violenta con su vida y nos pusieron como país en las miradas de todos.
Entonces todo sigue siendo confuso, civiles haitianos entregando a colombianos, una oposición que desmiente esta versión y un silencio que con el correr de los días pareciera de forma cómplice sentenciar la suerte de estos hombres.
Lo único cierto es que hay evidencias que en los últimos veinte años quienes han dejado el ejército de nuestro país, han tenido como una opción de seguir teniendo ingresos por estas actividades y conocimientos militares, el alistamiento en grupos de mercenarios que se desplazan por todo el mundo y que son reclutados en nuestro territorio.
Empresas contratistas en el área de seguridad especialmente, de origen norteamericano o inglesas, han escogido nuestro país como fuente de recurso humano militar para ser exportado a participar en guerras como la de Afganistán, Yemen e incluso Irak.
Esas empresas realizan el trabajo sucio que por responsabilidad internacional estos Estados no pueden hacer.
De eso algo habíamos escuchado, pero siempre supuestamente dirigido a la protección de infraestructura o personas en otros países. Lo que no nos imaginábamos es que estas organizaciones también tuvieran intereses en derrocar mandatarios o cometer crímenes de Estado, y que acudieran a reclutar personal colombiano para esto, porque de ser así, no se explicaría uno como logran conseguir de forma tan fácil 26 personas que se presten para ello.
Preocupante, también, es que esta privatización o tercerización del actuar militar en el mundo, que se sabe se hace con el fin que no pierdan la vida ciudadanos de sus países, acudan a nosotros en este proceso de exportación de carne de cañón como ocurrió en este caso.
De acuerdo a un informe presentado en el año 2011 del Comité en el Senado americano, sobre Seguridad Nacional de ese país, entre los años de 2005 y 2009 ese gobierno había gastado más de US$3.100 millones en contratos privados para políticas de antinarcóticos en América Latina y la mayoría de empresas contratistas estaba en Colombia.
En conclusión, queda claro entonces que con el aparato militar oficial en este país convive uno alterno multinacional y que corresponde al gobierno decirnos en qué forma opera y la legalidad de éste, porque su sola existencia cómplice preocupa, pues si bien éramos conocedores de nuestra capacidad de violencia, no sabíamos que ya la exportábamos.
Bogotá, D. C, 12 de julio de 2021
*Representante a la Cámara por el Partido Conservador.
Por Guillermo García Realpe*.-Rayos y centellas han caído en Colombia por cuenta del reciente informe dado a conocer al mundo por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las protestas derivadas por el estallido social que empezó el pasado 28 de abril.
Muchos sectores gobiernistas y de la extrema derecha, fundamentalmente, han tratado por todos los medios de descalificar el trabajo adelantado por el organismo internacional y de desviar la atención de la prensa y de la opinión pública sobre las 40 recomendaciones precisas que hace la CIDH al gobierno colombiano para manejar las protestas en nuestro país.
Dialogo genuino con enfoque territorial que escuche a todos los sectores y permita desactivar las tensiones y hostilidades latentes en la sociedad, fue la primera recomendación de la Comisión, y en esto sí que Colombia y especialmente su gobierno necesita trabajar para minimizar tanta polarización que vivimos.
Trabajar en la recuperación de la confianza ciudadana en el Estado, fortalecer y respetar la independencia de poderes y organismos de control, es otra de las referencias que hace la CIDH, ambas tan necesarias para la sana democracia.
Pero la Comisión propende en su informe, además, por garantías para el goce de los derechos a la salud, educación, alimentación, trabajo, seguridad social de los colombianos y, sobre todo, que el Estado garantice la vida, integridad y seguridad de las personas.
Respetar y garantizar el derecho a la protesta, es otra de las recomendaciones principales y que el gobierno descalifica de manera categórica, porque les interesa más la confrontación que priorizar el diálogo.
Sobre los evidentes abusos de la fuerza pública en casi todas las regiones, el informe sugiere que todo accionar de esta, debe hacerse con total apego a los protocolos, bajo los principios de proporcionalidad, establecidos en los estándares internacionales. Se deberá entonces reformar el Decreto 575 de 2021.
La defensa de la vida y la integridad de las personas, enfatiza la CIDH, debe ser una prioridad a la hora de intervenir por parte de las fuerzas de seguridad. En este aspecto se hace urgente y necesario una reforma a las instituciones de seguridad, para que sean más humanas, para que se respete los Derechos Humanos de las personas, para que sean unas fuerzas que garanticen el orden y no el agravamiento del caos.
Separar a la Policía y su ESMAD del Ministerio de Defensa para evitar toda posibilidad de perspectivas militares fue una de las recomendaciones que tal vez causo mayor polémica, para nadie es un secreto que la apuesta del gobierno es mantener el esquema de guerra y confrontación, porque está de por medio el negocio de la guerra y necesitan justificar de algún modo esa continuidad de violencia. Sin embargo, es muy delicado que las fuerzas de seguridad del Estado empuñen sus armas contra la población civil, pues según un informe de Human Rights Watch, un total de 18 personas fueron víctimas mortales de ataques armados, es decir, fueron impactados con armas de fuego de policías. ¡Muy grave!
Investigar las denuncias de violación de derechos humanos y reparar a las víctimas, como bien lo indica los Comisionados, debe ser una prioridad, sin embargo, el gobierno dijo que el uso de la fuerza fue excepcional porque resultó necesaria la intervención, cuando todos fuimos testigos de cientos de casos de brutalidad policial a jóvenes inocentes que simplemente transitaban por sitios aledaños a los desmanes.
Garantizar el debido proceso a las personas que hayan sido detenidas en el marco de las protestas y crear una comisión especial para dar con el paradero de las personas que siguen reportadas como desaparecidas, es otro de los puntos que debería atender el gobierno colombiano.
Adecuar el marco normativo para que la Procuraduría General de la Nación no pueda sancionar ni inhabilitar a mandatarios por sus actuaciones durante el paro nacional y garantizar el ejercicio al derecho de la libertad de expresión y la protección a periodistas, es otra de las recomendaciones finales.
Desde la Comisión de Paz, agradecemos y resaltamos el trabajo impecable de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por su visita a Colombia, por verificar el estado de la crisis social que vivimos, por ser un garante en la defensa de los Derechos Humanos.
Fue sin duda, un informe amplio, detallado, objetivo, donde se hizo un relato extenso de los abusos de la fuerza pública, pero también de los graves hechos de vandalismo. Nosotros, desde luego condenamos cualquier acto de violencia venga de donde venga, el gobierno debe judicializar a los responsables de cualquier tipo de violencia.
Ojalá que el presidente Iván Duque, su vicepresidenta y en general el gobierno hagan una segunda lectura del informe, eso les permitirá recobrar la legitimidad en el escenario internacional y priorizar el respeto por los Derechos Humanos.
Bogotá, D. C, 12 de julio de 2021
*Senador del Partido Liberal
Por Juan Manuel Galán*.- El fin de semana pasado el ex vicepresidente Vargas escribió una columna donde ataca mi propuesta de regular todas las sustancias. Así, con argumentos anacrónicos y sofismas, pretende caricaturizar y deslegitimar una solución a una guerra que ya es cuestionada por varios países en la comunidad internacional y cuyas principales víctimas son los pobres, los jóvenes y los negros.
En primer lugar, regulación no es liberalización para que quien quiera produzca, venda, compre o consuma. Se trata de proponer una nueva política, enfocada a que el Estado capture el negocio criminal, establezca las reglas de juego y asuma la responsabilidad de agente regulador del mercado. Una política integral con un sólido componente de salud pública, que por ejemplo reglamente la ley 1566 de 2012, de nuestra autoría, que reconoció la adicción en Colombia como enfermedad y le dio una mirada descriminalizante a los consumidores en general y en particular a los problemáticos.
La educación es un pilar fundamental para una nueva política, y el desarrollo de una cultura social que desestimule el abuso de sustancias y garantice un consumo informado y responsable. La venta a menores de edad seguirá siendo delito, y el consumo de cualquier sustancia en esta población será tratado como problemático.
Regular tampoco es amnistiar criminales o excarcelarlos. Se trata de dejar de criminalizar campesinos y consumidores. De que el Estado persiga las estructuras criminales puras y duras relacionadas con el lavado de activos y la venta de precursores químicos indispensables para transformar la hoja de coca en clorhidrato de cocaína.
Bogotá, D. C, 12 de julio de 2021
*Exsenador de la República. Politólogo del Instituto de Estudios Políticos de París, Magíster en Política Internacional de la escuela de Altos Estudios Internacionales de Francia. Magíster en Relaciones Internacionales y Seguridad en la Universidad de Georgetown.
Por Martha Patricia Moreno Moreno*.- Todos los días son vísperas de milagros, lo dice el rostro y el alma del minero que haciendo honor a su apellido: “Montañez” salió ileso de la montaña, donde estuvo atrapado durante seis días, 6 horas y 30 minutos. Con una sonrisa de paréntesis dijo que la virgen de Morca lo sacó intacto, y que la inmaculada también les emparejo el camino a los rescatistas de Seguridad y Salvamento Minero, de la Agencia Nacional de Minería (ANM).
El sábado 26 de junio, a las 6 de la mañana, cuando usted y yo abríamos los ojos, para contemplar el amanecer de un azul inverosímil, Montañez con el ánimo resuelto, descendía a la oscuridad del socavón, iba bien entrenado para coexistir con el olor azufre y el calor sofocante del subsuelo de Sativasur, un pueblo de la provincia norte de Boyacá.
Nunca se imaginó que quizá podría vivir sin preguntarse por ese extraño presentimiento, cuándo observó el resplandor de la mina en la vereda la Caldera, entonces se le antojó que era parecida al abismo que pintan las estampas católicas; (El infierno dónde las almas se carbonizan), y a pesar de aquel frio miserable, frotó sus manos para espantarlo, y en segundos la montaña le respondió con un rugido de agonía. El minero cayó de rodillas y su compañero muerto en el abismo.
Dueño de sus lágrimas, comenzó a llorar por dentro, no iba a deshidratarse, y pensó fundirse en un instante con sus propios fluidos y esperar el fin, pero como un suceso certero del azar, se tocó el corazón y encontró en su bolsillo una puntilla, y así tímidamente arañó la tierra, buscó el aire, y su ángel de la guarda le dio la seña, y obediente lo espero, como se aguarda la pobreza perfectamente resignada.
Para matar el tiempo, y antes que lo matara, echó a rodar su reloj por entre las piedras, decidió que el tiempo tampoco lo iba tener encarcelado dentro de las manecillas del suspenso; y que, para estar de día, o estar de noche, no necesitaba estar preso de aquella sombra pueril; con bastante oscuridad ya tenía de sobra, entonces resolvió que el tiempo se iría al despeñadero de las horas. _ El mundo tiene su tiempo y yo el mío… Entonces qué podemos hacer con el futuro más que esperarlo.
El silencio comenzó a tomar venganza de sus recuerdos, y era cuestión de abonar la paciencia, cómo cuando aprendió en su lejana niñez a emparejar el arreo, que las vacas van más despacio y los dueños van más ligero; su mamá siempre decía, que el pánico atraía las desgracias, y que fue su carácter aguerrido, la carta que le tiró Dios por existencia.
Se aguantó el miedo, y de repente empezó a escuchar las voces que ya le resultaban conocidas, aunque no podía identificar si emanaban de su cabeza, o de una despedida imprecisa. Así ¡Llegaron los rescatistas repartiendo suerte a todos los mineros revividos en Colombia!
PUNTO Y APARTE: Están muy alborotados los alcaldes de: Pesca, Tópaga, Mongua, Firavitoba, Iza y Aquitania, por la explotación de recursos naturales, el verde de este pueblo está mudo, le va tocar cambiar de color. La miseria es vivir en un filo, porque cualquier caída es despeñarse.
Sogamoso, 12 de julio de 2021
*Magister en educación- comunicadora social- periodista. Cronista, líder de opinión regional. Zona Boyacá.
Por Mauricio Cabrera Galvis*.- Vuelven a aparecer las nubes negras de la inflación en la economía mundial, y con ellas los llamados de algunos alarmistas a los bancos centrales para que aprieten las clavijas de la política monetaria y “enfríen” las economías ¿Tienen razón, o es solo una herencia de teorías trasnochadas?
Es un hecho que se está dando un incremento de los precios. En Estados Unidos el IPC registró en mayo un aumento anual de 5%, mientras que en la zona euro subió de 0.9% a 1.9%. En los llamados mercados emergentes ha subido a 4.5% ¿Qué está jalonando esta subida de precios ¿es un choque temporal o una tendencia duradera?
El presidente del Federal Reserve (FED) ya insinuó que para contrarrestar la inflación están pensando elevar sus tasas de interés.... a partir del 2023. Es un claro mensaje de que siguen más preocupados por el desempleo, y que ven este aumento de precios como transitorio, que no es causado por presiones de demanda que deban ser controladas con restricciones monetarias.
Hasta halcones antiinflacionarios como la revista The Economist o el FMI, reconocen el hecho pero llaman a no caer en el pánico ni tomar medidas que pongan en peligro la frágil reactivación. Una razón es que en las cifras anuales de inflación hay una distorsión estadística, pues se está midiendo contra un período en que bajaron los precios. Por eso el FED proyecta que en el 2022 la tasa de inflación caerá a 2.1%.
El ejemplo más claro son los precios de los combustibles. El petróleo ha triplicado su precio desde Abril del año pasado, pero solo para volver al nivel de precios promedio del 2019. Por eso el IPC gringo sin combustibles ni alimentos crece 1.5% menos que el índice total.
Pero la razón principal para no tomar medidas contraccionistas es que buena parte del aumento reciente de los precios ha sido causado por problemas de oferta y no por exceso de demanda. Dice el FMI que la subida de precios de los alimentos empezó antes de la pandemia, por la peste porcina en China y Africa, la caída de producción mundial de aceites vegetales y la imposición de tarifas de importación por la guerra comercial entre China y EE.UU.
La pandemia, señala también el FMI, agudizó la tendencia al alza con las restricciones en la cadena de oferta de alimentos, lo que se empeoró con el aumento de los costos de transporte, pues lo fletes marítimos se han triplicado en el último año.
El pronóstico es que los precios de los alimentos van a continuar altos este año y el próximo, afectando más a los países emergentes que, además, tienen el impacto de la devaluación de sus monedas sobre los precios de los alimentos importados. Pero es evidente que inflación por aumento de costos no se maneja frenando la demanda. Afortunadamente así lo ha entendido el Banco de la República.
Cali, 11 de julio de 2021
Filósofo y Economista. Consultor.
Por Juan Camilo Restrepo*.-Me llamó la atención no tanto que Fitch bajara la calificación de inversión, sino las razones que esgrimió para ello en su comunicado de prensa. El principal argumento que adujo es que le parece muy poco drástico el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) al mantener por dos años más un programa de gasto público moderadamente expansivo, como el que se viene practicando.
Poca o ninguna consideración le valió la grave emergencia en que nos ha sumido la pandemia (a Colombia y al resto del mundo), y los exigentes desafíos fiscales que la difícil situación de salud pública ha planteado. Considera Fitch que los déficits proyectados (8,6% del PIB al terminar este año y 7% del PIB para el año entrante) son demasiado laxos; y hubiera querido que desde este año se iniciara un programa de restricción presupuestal más fuerte.
Es el típico razonamiento de estas agencias calificadoras que tan desacreditadas andan por sus erráticos análisis en pasado. Sobre todo, a partir de la crisis de las hipotecas tóxicas del 2008, cuando se equivocaron gravemente al no advertir sobre lo que venía. Lo único que se les ocurre ahora para remediar aquel error garrafal es recomendar, como autómatas y para curarse en salud, recortes al gasto público de los países, al costo que sea y sin mayor sindéresis.
Ni una palabra en su comunicado, por ejemplo, sobre la monumental crisis social que ha sobrevenido por razón del coronavirus con índices de pobreza que superan el 40% de la población; y donde según el Dane uno de cada tres hogares dice no tener ingresos suficientes para adquirir las tres comidas diarias.
Ni una palabra tampoco sobre el interesante razonamiento que trae el MFMP para reinstalar la regla fiscal a partir del 2023 con novedosas mejoras técnicas. Una agencia calificadora se supone que la esencia de lo que dictamina es sobre la capacidad del país para honrar sus compromisos futuros. Y qué mejor garantía para ello que el propósito de volver a la senda de la regla fiscal en dos años, una vez las aguas turbulentas de la emergencia retornen a sus niveles normales.
Mucho más preocupante resulta que el candidato que todas las encuestas colocan a la cabeza de las posibilidades de triunfo el año entrante esté diciendo que punto fundamental de su programa económico es poner al Banco de la República a imprimir dinero para hacerle inmensos créditos al gobierno con el objeto de financiar gasto público a cero intereses.
Afortunadamente esta propuesta de Petro no tiene la menor posibilidad de llevarse a la práctica en la hipótesis de que sea elegido, pues la Constitución del 91 que por estos días está cumpliendo treinta años estableció restricciones a este tipo de créditos que los hace prácticamente imposibles: exige entre otras cosas el voto favorable de todos los directores del banco.
La propuesta de Petro además de equivocada es inoficiosa. Colombia tiene abiertas importantes facilidades de crédito con los bancos multilaterales como el FMI, el Banco Mundial, El BID y la CAF que no exigen certificados de buena conducta fiscal de las agencias calificadoras.
Este es el tipo de propuestas que buscan más alegrar el oído populista en este año preelectoral que formular alternativas con capacidad de ser llevadas a la práctica. Buscan lanzar ofertas envueltas en vistosos festones para entusiasmar a la galería así no se vayan a concretar nunca. La junta del Banco de la República jamás las va a aceptar.
Recordemos cómo las grandes inflaciones del cono sur latinoamericano, comenzando por la Argentina, entraron por el pórtico de los créditos inmoderados que los bancos centrales hicieron a sus gobiernos populistas, frente a los cuales no tenían ninguna independencia.
La independencia de los bancos centrales es uno de los grandes avances del constitucionalismo contemporáneo. Y para la buena fortuna de todos los colombianos nuestra Constitución, desde el año 91, entró por esa onda.
Bogotá, D. C, 11 de julio de 2021
Abogado y Economista. Exministro de estado.
