Opinión
Por Jairo Gómez*.- Esta barbarie está pasando en Colombia: 45 homicidios presuntamente cometidos por la Policía; 380 víctimas de violencia física; 1139 detenciones arbitrarias de jóvenes manifestantes; 472 intervenciones violentas en el contexto de las protestas pacíficas; 33 jóvenes afectados ocularmente, es decir, uno de sus ojos lo perdieron por disparos a su cara; 146 casos de disparos con armas de fuego, léase revólveres; 18 víctimas de violencia sexual; 5 víctimas de violencia basada en género; y, lo más grave, de los detenidos hay cerca 300 jóvenes desaparecidos. De ellos las autoridades no dan información alguna.
Detrás de cada uno de éstos ítems hay un ser humano, un joven, no es la mera estadística plausible, por supuesto, que publican la ONG Temblores e INDEPAZ. Lo más alarmante es que los hechos ocurrieron en 20 días de Paro Nacional. El responsable de esta barbarie tiene un nombre: Iván Duque Márquez, presidente de la República de Colombia. Por eso lo denunciaron ante la Corte Penal Internacional.
Ahora, no obstante esta barbarie, Duque, desbordado por el estallido social, sigue priorizando la represión al diálogo. Pasó de la tal “asistencia militar” a sacar a la calle toda la Fuerza Pública -Ejército, Policía, Armada y FAC-; es decir, lanzó una ofensiva policial y militar cuyas consecuencias pueden ser nefastas. El gobierno sigue montado en el manual de Uribe Vélez de que toda movilización social es “un ataque terrorista contra la democracia y las instituciones”.
Duque, no ha querido entender que la movilización no es coyuntural, es sintomática, que no surgió por generación espontánea. La movilización en Colombia trascendió los partidos políticos (derecha-centro-izquierda), las centrales obreras y demás organizaciones sociales como sucedió en Chile y la solución a este estado de cosas requiere de salidas complejas, nada prosaicas.
El escape no es la Zanahoria y el garrote; en este contexto, es una flagrante equivocación. No se puede estimular represión, y al mismo tiempo proponer subsidios para paliar coyunturalmente una crisis de desempleo juvenil sabiendo, como lo sabe la calle, que el problema es estructural.
Bendita pandemia, dicen, para justificar todo lo que hoy pasa en Colombia; sin duda, el virus tiene mucho que ver con en esta etapa de crisis, pero no hay que perder de vista que las movilizaciones comenzaron antes del virus y su contenido hacía prever en el horizonte que el estallido social se venía sin atenuantes. El origen de éste masivo descontento está en un neoliberalismo caduco, gastado y decadente.
Esa es la complejidad que Duque y las élites colombianas no quieren entender. Esto no es el pasado en el que se responsabilizaba de todos los problemas a la guerrilla. Colombia cambió y tampoco es un país polarizado como lo pretenden etiquetar algunos manipuladores de opinión para desvirtuar lo que entraña la calle; al contrario, frente a una economía distorsionada como la colombiana, hay una reacción de los jóvenes que no quieren aguantar más hambre y reclaman oportunidades; es una movilización que impulsa revisar el modelo económico de libre mercado, las privatizaciones y la decisión política de reducir el gasto social como lo imponen los órganos multilaterales de crédito. Otra coincidencia con la expresión que protagonizaron los jóvenes chilenos.
Lamentablemente, Duque no da la talla. De una formación media y sin ninguna experiencia en términos políticos, esta realidad lo avasalló. Está pagando el error de hacer trizas el Acuerdo de Paz. Pensó que el país era ese pueblo manipulado y desinformado que le permitiría sobreaguar cuatro años con más de lo mismo, pero no. Una vez termine su mandato será un presidente de ingrata recordación que tendrá que invertir su onerosa y vitalicia pensión en abogados para defenderse ante los tribunales internacionales; además, con el riesgo de que algún día en algún aeropuerto internacional le echen mano. Ahora, está a tiempo de corregir. Lo debería hacer.
Bogotá, D. C, 22 de mayo de 2021
*Periodista. Analista Político.
@jairotevi
Por Alejo Vargas*.- Estamos en una compleja situación en Colombia y cada día vemos aumentar el número de jóvenes muertos en el contexto de protestas sociales que terminan respondiéndose violentamente, pero igualmente con poblaciones con bloqueos intermitentes y una sensación de desesperanza en la mayoría de los colombianos. Y no se trata a estas alturas de si fracasó o no este gobierno, sino de la necesidad de encontrar alternativas de superación de la actual coyuntura de crisis y lograr el inicio del tránsito hacia el escenario de elección de un nuevo gobierno y congreso en el 2022.
Un primer balance nos muestra que uno de los problemas que se evidencia es la carencia de liderazgo, no sólo en el Gobierno y sus aliados, sino en el campo de las fuerzas opositoras. Es claro que conducir el gobierno de un país requiere mucho más que personas con una serie de títulos universitarios, quienes somos profesores sabemos que tan importante como la formación es la experiencia y una condición aún más importante es el liderazgo. Y cuando hablamos de liderazgo, no estamos hablando de comportamientos autoritarios, sino fundamentalmente de legitimidad en la orientación y conducción de equipos de trabajo, así como la humildad para reconocer en que aspectos se tienen deficiencias y acudir a quienes tienen la experiencia en ese campo para llamarlos a trabajar en conjunto y aprender colectivamente de la forma como se van enfrentando y solucionando los problemas.
Como sabemos, no se logró conformar una coalición estable de gobierno que permitiera contar con una adecuada gobernabilidad en el Congreso, evidenciando la incapacidad de entender la gestión política de los gobiernos como un ejercicio de concertación permanente con diversas fuerzas políticas –hoy día no existen partidos ni fuerzas políticas capaces de poder gobernar en solitario-; tampoco se lograron conformar equipos de gobierno en los cuales se combinara de manera adecuada, la experiencia con opciones nuevas –no se puede hacer caso omiso de funcionarios públicos con capacidad y trayectoria en la gestión de los asuntos públicos, entre ellos la conflictividad social-. Todo gobierno se elige por los ciudadanos, independiente si es de derecha, centro o de izquierda, para resolver problemas de la sociedad, no para conformar una ‘corte’ de amigos.
Frente al Paro Nacional se ha evidenciado lo anterior. No hubo respuesta oportuna y adecuada frente a las primeras expresiones del mismo en 2019, más allá de la maniobra de distracción denominada la ‘conversación nacional’, como si se creyera que se hace una movilización social para ir a ‘conversar’ con un gobierno, no, todo movimiento social, que también es político, pretende es concertar y negociar sus demandas con el gobierno de turno. Ahora hemos visto la incapacidad del gobierno de enfrentar el Paro Nacional con prontitud e iniciativa –el Presidente se demoró excesivamente en convocar a los líderes del movimiento a negociar, no a dialogar-; en la primera reunión, se debió plantear la instalación de la mesa de negociación, perdiéndose la oportunidad de esa primera reunión, para dar ese primer paso fundamental.
En el campo de las fuerzas del Paro igualmente parece haber tres escenarios distintos, el que lidera el Comité Nacional del Paro, el que lidera la Minga Indígena y el de los Jóvenes –este último más diverso y disperso en sus liderazgos- y cada uno de ellos tiene demandas distintas y liderazgos igualmente diferenciados. Por lo menos, al parecer, se iniciará este domingo la mesa de negociación con el Comité Nacional del Paro, con el acompañamiento de la Iglesia y la ONU y ojalá allí comience la dinámica tendiente a construir acuerdos y abrir así un camino de solución.
Queda el pendiente del liderazgo gubernamental.
Bogotá, D. C, 18 de mayo de 2021
Politólogo, doctor en Ciencia Política, y Magister en Política Social.
Por Rodrigo Villalba Mosquera*.- El estallido social presentado en las calles, ocasionado por los problemas sociales de tiempo atrás agudizado por los efectos de la pandemia del covid-19, en el tema de salud, empleo y recesión económica, que tuvo como florero de Llorente la regresiva e inoportuna reforma tributaria, tiene que llamar la atención a todos los dirigentes del país, incluido el Gobierno Nacional, para actuar con grandeza y propugnar por un Pacto Nacional que permita superar las difíciles circunstancias de hoy y crear un ambiente propicio a las grandes reformas aplazadas. Pero no es un acuerdo entre el gobierno y los partidos afines, tiene que ser con inclusión de los partidos de oposición, los gremios y todos los sectores representados en el comité nacional del paro.
El Gobierno Nacional no debe gastar “cartuchos” innecesarios, como resolver unilateralmente puntos importantes del petitorio de las protestas, que por lo unilateral no ha servido para parar el paro.
El pliego de emergencias planteado por el comité de la protesta, tiene 6 puntos: 1- No a la reforma tributaria y no a la reforma a la salud. 2- Gratuidad en la educación superior. 3- Renta Básica. 4- Derogar el decreto 1167. 5- No a las privatizaciones. 6- Garantías y política de Estado para la producción agropecuaria. Los dos primeros puntos se pueden decir están ya solucionados, pero no tienen ningún efecto sobre la solución al paro por no manejarse en la propia mesa. En otras condiciones con estos dos puntos ya acordados, seguramente se hubieran concertado también los desbloqueos. Por fortuna hoy se reanuda la negociación entre directivos del paro y gobierno.
En la mesa de negociación tiene que haber respeto y lealtad con la contraparte, y así ir avanzando en los acuerdos como en los desacuerdos. Allí también debe tratarse el clamor de los empresarios hoy bloqueados por los bloqueos. Hay que hablar de cara al país, por ejemplo cuando se habla de renta básica, que se requiere para muchos hogares de colombianos en condición de vulnerabilidad, hay que hablar de dónde se va a financiar, y seguramente se planteará la necesidad de una reforma tributaria, que debe ser consensuada, y como ya muchos coinciden de que si esta alternativa es viable, debe girar alrededor del desmonte de gabelas a los empresarios en la ley de crecimiento económico de 2019, como establecer unos gravámenes a los ricos: Incremento de sobretasa a los bancos, impuesto al patrimonio, repatriación de capitales que se encuentran en paraísos fiscales evadiendo impuestos. Y no olvidar la posibilidad de un crédito directo del Banco de la República al gobierno, con una tasa de interés cero.
Es la hora de actuar con grandeza, y propugnar por el Pacto Nacional al medio de las diferencias.
Neiva, 18 de mayo de 2021
*Exministro de Agricultura y Senador del Partido Liberal.
Por Cecilia López Montaño*.- Colombia está enfrentando la más crítica convulsión social de su historia reciente.
Y son precisamente los jóvenes los grandes protagonistas, quienes han salido a mostrarles a sus dirigentes que no están dispuestos a que continúen ignorando su responsabilidad de hacer de este país una sociedad más justa y equitativa. Basta ver las últimas cifras de pobreza, ya inadmisible en un país de ingreso medio alto como Colombia, 42 %, que ha caído de manera desproporcionada sobre los jóvenes. Entre la población menor de 25 años 50,7 % son pobres, seguida por los menores de 35 años, 50,4 %. No es un tema de una región, es todo el país el que está viviendo estos hechos sin que se vea el camino de la salida que corresponde. Es en este contexto tan complejo, tan doloroso, donde es necesaria la prudencia, el reconocimiento de que no se pueden generar condiciones que deriven en más hechos lamentables.
Por ello es difícil de entender las decisiones de la administración local de autorizar no uno, sino dos partidos de fútbol que resultaron en los dolorosos hechos que todos conocen. Pero lo más grave es que ya durante el primer partido del miércoles era evidente que se generaba una situación caótica, con personas afectadas, con locales de comercio violentados y con una población en pánico. Como es posible que se repita lo mismo al día siguiente creándose un caos con heridos y costos humanos y económicos que se han podido evitar. Para no hablar de la imagen internacional: Colombia, un país en guerra.
Sin duda estas dos decisiones son inexplicables así se desconozcan las razones verdaderas para tomarlas. Sin entrar en especulaciones porque como sucede en la vida la verdad se conocerá, lo que se evidencia es la desconexión de las autoridades con lo que hoy se vive en el país. No es sino conocer los resultados de la encuesta realizada a los jóvenes para entender la dimensión y la profundidad de lo que estamos viviendo. Solo el 9 % de los jóvenes, incluyendo los de Barranquilla, confían en el gobierno, solo el 7 % confía en el Congreso de la República, pero el 84 % se siente representado en el paro nacional y el 53 % seguiría protestando. Se sienten agobiados por el desempleo, la falta de futuro y por la violencia de las autoridades que debían protegerlos. Además, lo más triste, perdieron su alegría y ahora el sentimiento que tienen es de tristeza.
Esa realidad no puede subestimarse y dejarse llevar por intereses probablemente distintos a tratar de entender lo que está sucediendo. Más que echarle candela a una realidad, se exige lo mejor de quienes tienen las máximas responsabilidades frente a esta sociedad. Y por favor no se equivoquen atribuyendo estos hechos al vandalismo. Hay elementos de mucho más fondo. Precisamente por la incapacidad de quienes nos dirigen de entender esta realidad, llevamos demasiado tiempo en esta convulsión que, aunque venía represada, explotó por un profundo error del gobierno. Precisamente por no leer a la sociedad o, peor aún, por subestimarla.
Bogotá, D. C, 18 de mayo de 2021
*Exministra de Estado
Por Guillermo García Realpe*.- Una muy buena noticia para los colombianos en medio de tanta desazón que nos acompaña por estos tiempos, el Proyecto de Ley 010 de 2021 por medio del cual se pretendía hacer una Reforma a la Salud, se archiva.
Era un proyecto inconveniente, privilegiaba a los particulares y no a los usuarios del sistema, mercantilizaba la salud, es decir, la volvía un negocio más rentable al que ya tiene y por eso la mayoría del país lo rechazaba, incluso, ese era un punto de exigencia de la protesta social que vive Colombia por estos días.
El liberalismo en sintonía con la gente, acordó votar NO, por inconveniente, por privatizadora, porque privilegia los negocios por encima del derecho fundamental a la salud.
Ese era un proyecto que nació muerto, había sido radicado el pasado 20 de julio por Cambio Radical, luego recibió un espaldarazo del gobierno nacional que mandó mensaje de urgencia para que fuera tramitado, pero por ser un proyecto tan complejo y de gran interés nacional, fue necesario que las Comisiones Séptimas del Congreso abriera espacios de discusión y de análisis con diversos gremios implicados directamente en el trámite de la iniciativa, fue así como se realizaron una serie de audiencias públicas, en ese proceso, prácticamente se les fue el año.
Radicaron la primera ponencia en diciembre, pero sus autores la retiraron en marzo para incluirle nuevos ingredientes, la segunda ponencia se radicó a finales de ese mes. Y se programó su primer debate para el 13 de abril, ese día no se votó porque el jefe de la cartera de salud se ausentó del debate. En la siguiente sesión, el trámite no avanzo porque se presentaron 365 proposiciones. Eso impidió continuar con el debate, hasta tanto una subcomisión se encargará de evaluar dichas proposiciones y días después empezó el Paro Nacional que truncó cualquier posibilidad de debate por la gran presión ciudadana. Como ven, es un proyecto bastante accidentado, no es conveniente para el país y hoy la mayoría de partidos le quitaron su apoyo y ante ese escenario, la suerte estaba echada.
Los colombianos estamos sometidos hoy a la ley 100 de 1993 que convirtió a los usuarios en mercancía, en clientes, los pacientes tienen que tener paciencia y mucha, pues deben esperar de cuatro a seis meses para que los atienda un especialista y a eso estamos condenados hoy, a tener una salud monopolizada, muchas veces envuelta en grandes casos de corrupción como el de Saludcoop, por sólo mencionar uno. Ese proyecto que por fortuna se archiva, nos seguía condenando a eso y a una serie de cosas inapropiadas que en nada favorecen al usuario y sí a unos pocos grandes empresarios y por supuesto a las EPS.
Ese Proyecto de Ley abría un boquete para continuar con la privatización del sistema de salud por la vía de introducir el concepto de prima de seguro, que corresponde a los seguros comerciales y privados. Contemplaba la opción de crear conglomerados empresariales, que en la última ponencia denominaban “matriz”, maquillando el concepto privatizador. En contra de disposiciones de la misma Corte Constitucional, que expresa que, los recursos de la salud son públicos, con destinación específica.
También conllevaba a la liquidación de los hospitales públicos, por la vía de promover fusiones e integración abiertamente, los supeditaba a la sostenibilidad fiscal, que sean rentables, con un subsidio a la oferta, y como si fueran carreteras 4G, una parte la entregaban a alianzas público privadas.
En tercer lugar, traía mecanismos de negación de servicios y tratamientos, en contravía de las disposiciones de la ley estatutaria y la Corte Constitucional, donde el sistema debe prestar todos los servicios, menos los que corresponden a seis exclusiones. Y por sí fuera poco, el proyecto, le entregaba al Ministerio de Hacienda, la decisión de financiar o no los tratamientos. Algo totalmente delicado.
El Proyecto de Ley 010, también arremetía contra la autonomía universitaria, afectando la formación continua de los médicos generales, que las adjudican a las EPS y prestadoras, además de modificar el currículo de medicina familiar en detrimento de la calidad.
Este proyecto, como bien lo aseguró la Dra. Carolina Corcho, experta en estos temas y quien hace parte de la Federación Médica Colombiana, “no mejoraba los problemas de acceso a los servicios de salud, tampoco solucionaba los problemas de deudas dentro del sistema, no mejoraba las condiciones del talento humano en salud y profundizaba el negocio de la salud por medio de unos oligopolios de intermediarios financieros”.
Hay que decir finalmente, que la presión ciudadana, derivada del Paro Nacional, sirvió en gran medida para enviar un contundente mensaje al Gobierno y al Congreso de la República, para que se abstuviera de darle trámite a esa reforma tan nociva para el gremio médico y usuarios del sistema de salud colombiano.
En buena hora, el pueblo empieza a despertar de tanto adormecimiento al que estaba acostumbrado, ese tiene que ser el clamor nacional, salir unido en defensa de los intereses de la gente y buscar el bien común y no el de unos pocos que solo se lucran con un derecho fundamental como es la salud. Aplaudo de pie al pueblo colombiano que se ha levantado reclamando las justas causas sociales.
Bogotá, D. C, 18 de mayo de 2021
*Senador del Partido Liberal
@GGarciaRealpe
Por Hernán A. Olano*.- Se cumplió la ceremonia de beatificación, el pasado 30 de abril del hasta ese momento Siervo de Dios José Gregorio Hernández Cisneros, de la Orden Franciscana Seglar, OFS, conocido como “el médico de los pobres”, quien murió atropellado en Caracas hace casi 102 años. El doctor Hernández se graduó, fue profesor e investigador en la Universidad Central de Venezuela y fue un innovador de la medicina. Su fiesta quedó incluida en el santoral para el 26 de octubre, fecha del nacimiento del médico.
El doctor Hernández cayó golpeándose la cabeza contra el filo de la acera, lo que ocasionó una fractura en el cráneo. Desde su fallecimiento, se ha ganado su halo de santidad tanto en Venezuela como en Colombia por su labor en pro de los más desfavorecidos y sus reivindicaciones para reclamar más atención de los gobiernos. Tanto en Caracas, como en otros lugares, se puso en evidencia la religiosidad del pueblo, en momentos de crisis.
En 1986, San Juan Pablo II reconoció sus virtudes heroicas y lo declaró “venerable” y ahora se dio la beatificación, aprobada por la Sagrada Congregación para las Causas de los Santos, con decreto del papa Francisco el 19 de junio de 2020, luego de que una comisión teológica de expertos concluyera que un milagro del médico venezolano salvó la vida de una niña de 10 años, gravemente herida durante un asalto en marzo de 2017. La postuladora de la causa ha sido la abogada argentina que ahora tiene como meta llevar a los altares al sacerdote colombiano Rafael García-Herreros, fundador de la Organización Minuto de Dios y miembro de la comunidad Eudista.
Hernández fue autor de trece ensayos científicos sobre diversas disciplinas, reconocidos por la Academia Nacional de la Medicina, de la cual fue uno de sus fundadores, lo cual llevó a que se expresara que: “Su faceta religiosa con todo lo encomiable que sea considerada en el plano místico, no debe opacar el inmenso aporte que realizó a la ciencia médica venezolana”, como lo ha reseñado en la biografía que el maestro Antonio Cacua Prada escribió para la beatificación y que fue editada por la Corporación Minuto de Dios, presidida por el reverendo padre Diego Jaramillo Cuartas, versátil directivo institucional y líder de tan prestante organización.
Hernández Cisneros, considerado un santo por el imaginario popular, que le atribuye numerosos milagros médicos, "No hay mejor bálsamo que recurrir a la intercesión del médico de los pobres", se ha expresado.
Su parentesco con otros santos: El bisabuelo del Santo ecuatoriano “Hermano Miguel” (1854 – 1910), don Francisco Luis Florencio Febres Cordero Muñoz era Joaquín Fabián Cordero Padrón nacido en mayo de 1761 en Curaridal, Venezuela y, casado en Guayaquil con María de Jesús Montoya Trejo nacida en Guayaquil en 1790. Falleció en Guayaquil, Guayas, Ecuador y venía a ser tío bisabuelo del beato José Gregorio Hernández Cisneros. De este mismo grupo familiar es la Sierva de Dios Hermana Georgina Josefa del Carmen Febres Cordero Troconis.
Bogotá, D. E, 17 de mayo de 2021
*Doctor en Derecho Canónico y catedrático de la Universidad de la Sabana
Por Juan Camilo Restrepo*.- Las declaraciones exultantes de los grupos que han visitado el palacio de Nariño por estos días tienen todas un mismo estribillo: “diálogo por favor, diálogo rápido”. Lo que está bien. Pero dan a entender con ese estribillo que diálogo es equivalente a negociación. Y que iniciado lo primero se llega automáticamente a lo segundo.
En este equívoco puede radicar la mayor dificultad de las conversaciones que se están iniciando. Con ese mensaje, tanto en lo relacionado con la reforma tributaria posCarrasquilla como las orientadas a desactivar el paro nacional, se pueden estar despertando expectativas exageradas de arreglo que luego se transforman en desencanto.
Cuando comienzan los tan solicitados diálogos es justamente cuando las dificultades empiezan. A no ser que el gobierno (afanado y asustado por salirse pronto del lío que en buena parte él mismo se metió) empiece a entregarlo todo en una negociación atolondrada que puede dar al traste con la precaria estabilidad económica que le va quedando al país. Ojalá que el gobierno se tenga fino y esto no acontezca.
En el 2019 el gobierno se vio en calzas prietas para reconocerle personería al comité nacional de paro y para que los diálogos se denominaran “conversaciones” y no “negociaciones”. La Personería del comité nacional del paro (del que los indígenas se acaban de demarcar) nunca se ha acreditado, por cierto. El problema de fondo era y aún es la magnitud desmesurada de las pretensiones que contienen los pedimentos del comité nacional del paro.
En esta ocasión las dificultades son similares, aunque el gobierno ya anunció que se allana a “negociar” y no solo a “conversar”. Las peticiones se denominan ahora con un dejo de apremio “pliego de emergencia”, pero la distancia cuantitativa entre lo solicitado y lo factible continúa siendo inmensa.
Se ha conocido que el “pliego de emergencia” que sus autores denominan pliego de “exigencias” contiene lo siguiente: renta básica universal de un millón de pesos por seis meses que cubriría a 30 millones de personas con una asignación mensual por núcleo familiar de 1 millón de pesos aproximadamente y que tendría un costo del orden de 7,5 billones ( lo que representa casi $ 80 billones); subsidio a pequeñas y medianas empresas para sostenimiento del empleo; matricula cero en las universidades públicas (pedimento que el gobierno ya se apresuró a entregar unilateralmente como trofeo durante la visita presidencial a Cali); cero privatizaciones de activos públicos; hundimiento del proyecto de ley sobre salud y derogatoria del decreto 1174, abolición total de la fumigación con glifosato. Entre otras muchas cosas.
La pretensión más costosa es la de la “renta básica” que, aunque podría tener puntos de aproximación con lo que ya planteó el gobierno como “ingreso solidario ampliado”, continúa exhibiendo un costo financiero mucho más elevado.
Cualquiera comprende entonces por qué la afirmación de que la estabilidad financiera del país dependerá de la sindéresis con que se adelante esta negociación y del pulso firme que demuestre el gobierno. Es necesario que la responsabilidad gubernamental prevalezca.
El futuro de las instituciones se va a jugar con estas negociaciones. Si el gobierno cede con facilismo, la estabilidad fiscal del país rodará hecha añicos y será muy difícil recomponerla luego. Y mucho menos con un gobierno débil en vísperas de un año electoral en el que florece el populismo como maleza por todas partes.
Y mientras tanto ¿qué? se preguntarán algunos. Pues -dirán- cualquier costo en que se incurra es inferior al de continuar con el paro. Acá es donde hay que trazar con aplomo los límites entre lo que es un diálogo y lo que es una negociación. Teniendo siempre presente que la autoridad del Estado no se puede meter en un refrigerador hasta que concluyan lo que pueden ser unas negociaciones dilatadas. El ejercicio de la “autoridad serena” de la que alguna vez habló el presidente Mitterrand no puede entrar de vacaciones.
El caso típico es el de las barricadas que continúan cerrando algunas vías claves al momento de escribir este artículo. Cerramiento con el que se están dejando sin alimentos a las ciudades, a los hospitales sin oxígeno, y a 10 departamentos sin combustibles. Acá no pueden caber concesiones. Si el vandalismo no es expresión lícita del derecho a la protesta, tampoco lo es bloquear arbitrariamente las vías nacionales. Este es un comportamiento que está prohibido y puede configurar muchos delitos. Por ejemplo: si como consecuencias del bloqueo algún paciente muere por falta de oxígeno quienes están bloqueando las carreteras incurren en lo que se conoce como homicidio “preterintencional”. Se convierten en homicidas. La Fiscalía tiene el deber de judicializarlos, independientemente de cuáles sean los resultados a los que se llegue en las negociaciones con el comité del paro.
El gobierno nacional está en mora de ordenar a la fuerza pública la apertura impostergable de las vías: apertura que no se implora ni se reclama, sino que se ordena.
Bogotá, D. C, 17 de mayo de 2021
*Abogado y Economista. Exministro de Estado.
Por Adriana Matiz*.- Son los jóvenes los que visiblemente se pronuncian en cada manifestación, son los que se relevan, ciudad por ciudad, la protesta con más gritos de amargura y desesperación que con una agenda seria de peticiones viables y cumplibles.
Solo una cosa tienen en común todos ellos, al unísono responsabilizan al gobierno nacional de todos los males que hoy aquejan a este país. De manera unánime identifican al opresor en todo lo que representa el Estado.
Esta evidente animadversión por la institucionalidad y todo lo que a ella la representa es una condición normal de la juventud en cualquier lugar del mundo, no será la primera generación que lo haga. Creer que se es joven solo porque se oscila entre cierto rango de edades además de ingenuo es absurdo. Por muchos años a quienes llamamos jóvenes, que son los mismos estudiantes, se han abierto paso entre una sociedad para generar a favor de ellos los cambios sociales, económicos y políticos, pues al fin y al cabo son estos los que preparan su futuro y el país en el que desean vivir.
La pregunta sería si hoy por hoy están en capacidad de liderar esos cambios que reclaman. Ya se hicieron visibles, ya levantaron su voz, ya el país le está prestando atención, ahora solo queda esperar cuáles son sus propuestas.
Desafortunadamente su vocería la tomaron otros, personas que gozan de empleos, pensiones y hasta bienes de producción, el denominado Comité Nacional del Paro, que no es más que un grupo de representantes de las principales organizaciones sindicales del país, de pensionados, de estudiantes e incluso de transportadores son los que van a negociar con el gobierno.
La pregunta es ¿son ellos los interlocutores válidos de quienes están reclamando oportunidades de educación y trabajo? Seguramente no, pero por el momento es lo único que hay para desactivar esta protesta y esos bloqueos que tienen en jaque a la población en general, quien no solo está siendo víctima de éstos, sino de los avivatos que se están aprovechando para especular como siempre se ha hecho.
No se puede limitar la lucha a que los jóvenes puedan diariamente vociferar que el Estado no les ha cumplido, no se trata de pedir un Estado que no te cobra nada y te da todo; esa idea de bienestar intentada mil veces y mil veces ha fracasado. Se trata de proponer entre todos, de construir entre todos, de viabilizar el país que queremos todos, porque solo de esa forma esta lucha y todos los muertos y destrozos que ha ocasionado habrá valido la pena.
Necesitamos urgentemente salirnos ya de lo formal y entrar en lo sustancial, son los jóvenes los que hoy tienen la palabra y una audiencia supranacional, son ellos y no los políticos los que deben aprovechar este momento histórico, depende de ellos empoderarse de este país y proponer una agenda que nos incluya a todos, porque si alguien se queda por fuera, seguiremos cambiando solo para beneficio de algunos.
Ibagué 17 de mayo de 2021
*Representante a la Cámara por el Partido Conservador
Por Mauricio Cabrera Galvis*.- “...no quiero que naide pase las penas que yo pase”. Cantaba Atahualpa Yupanqui y es el clamor latente de los miles de jóvenes que se han tomado las calles para manifestar sus frustraciones, su indignación, sus sueños de tener un futuro que hoy se les niega. El desempleo es hoy el principal problema del país para el 74% de los jóvenes. la búsqueda de soluciones que permitan ofrecer cientos de miles de nuevos puestos de trabajo debería ser la prioridad nacional.
La pobreza y el hambre también asedian. Pero son la consecuencia de no tener un trabajo digno que les de los ingresos para vivir. Por eso propuestas como la Renta Básica son totalmente indispensables para que la gente pueda comer, y se deben implementar ya, pero no son la solución de fondo del problema.
A los jóvenes y sus familias la Renta Básica les da presente pero no les da futuro. El trabajo remunerado les da ingresos pero sobre todo dignidad.
Se necesita un programa de empleo de emergencia que cree por lo menos 500.000 puestos de trabajo. En medio de la recesión, el Estado es el único que tiene la capacidad de generar y financiar a corto plazo tal cantidad de empleos, pero no tiene la capacidad de administrarlos y se requiere también la participación de la empresa privada y la sociedad civil.
Los subsidios a la nómina hubieran servido en marzo del año pasado, antes de que desaparecieran 4.5 millones de empleos, pero hoy ninguna empresa va a contratar un nuevo trabajador solo porque le cubran el 30 o 40% del costo salarial, salvo que tenga la certeza de que va a poder vender lo que produzca ese trabajador, pues no tiene cómo pagar el resto del salario y los demás costos de producción.
¿Qué se ponen a hacer esos 500.000 trabajadores? Proyectos de creación de bienes públicos: reforestación y recuperación de cuencas, de vías terciarias en el campo, de la malla vial en las ciudades, reparación y mantenimiento de infraestructura pública (parques, escuelas, centros de salud, etc.), o servicios sociales para las comunidades.
Existen ejemplos exitosos. A nivel muy local, el programa de Guardianes de Paz y Cultura de la anterior alcaldía de Cali que rescató a miles de jóvenes pandilleros. En un nivel territorial, el FOREC que coordinó la reconstrucción del eje cafetero después del terremoto de 1999, es un caso de eficaz colaboración público-privada.
El más ambicioso de estos programas fue el “Civilian Conservation Corps” (CCC) del presidente Roosevelt en medio de la gran depresión de los años 30 del siglo pasado. A lo largo de 6 años empleó a cerca de 3 millones de personas en labores de construcción de infraestructura y conservación y desarrollo de los recursos naturales en los terrenos de los parques nacionales.
El gobierno nacional debe liderar y financiar la creación de un programa similar, articulado con los gobiernos locales para su ejecución y con el sector privado para su administración.
Cali, 16 de mayo de 2021
*Filósofo y Economista. Consultor.
Por Juan Manuel Galán*.- ¿El país que queremos es uno que apela a la violencia para intentar despertar a un gobierno que no comprende a la gente que cree gobernar? ¿Es un país que no vota o que lo hace sin pensar y repite una y otra vez errores, porque elige a quien luego tiene que sufrir, por su incapacidad para gobernar? ¿Queremos una Colombia con sus carreteras bloqueadas, y con la policía atacando a su propia gente, que juró proteger? ¿El país que queremos es el que responde a intereses que no son los de su pueblo, como una guerra contra las drogas que lo está destruyendo? ¿La Colombia que queremos es la que depende de decisiones de otros países, que le imparten órdenes, y que renuncia a ser dueña de su propio destino? ¿El país que queremos es el que les roba la esperanza a los jóvenes para vivir, tener futuro, formarse, trabajar y liderar? No, este no es el país que queremos vivir.
El país que queremos vivir es una Colombia donde podamos ser lo que somos capaces de ser para nuestras familias y para nosotros mismos. Es el país donde cada día sea de crecimiento, en el que tengamos la oportunidad de construir lo que pensamos deben ser nuestras vidas. Una Colombia que reconozca, incluya y entregue el manejo de su destino al conjunto de naciones que la componen: la nación de la niñez, la campesina, la juvenil, la diversa, la feminista, la indígena, la de las víctimas, la del adulto mayor, la defensora de los derechos para la naturaleza y la territorial.
El Nuevo Liberalismo debe ser el partido que represente e interprete políticamente a ese conjunto de naciones, el partido de la gente, de la democracia y la territorialidad. No un partido de delfines, ni de “los Galán”. Se trata de un espacio de propuesta, donde reivindiquemos el sentido ético que debe tener el liderazgo político y moral: la ética del cuidado de la dignidad humana y del planeta. El partido del renacer de una esperanza asesinada. El partido en el que no permitiremos que nos vuelvan a robar la esperanza de un país en paz, como lo afirmó el Papa Francisco durante su visita a Colombia.
Todos somos responsables de esta explosión social inédita en nuestra historia. Las viejas fórmulas de componendas palaciegas entre élites políticas que hace mucho tiempo dejaron de representar a la ciudadanía, ya no funcionan. Es un nuevo pacto social el que requerimos, donde todos pongamos, especialmente los que más tienen. Donde todos desarmemos el discurso político y rechacemos cualquier tipo de violencia.
Como un primer paso que permita recuperar confianza y garantizar el cumplimiento de los acuerdos con los representantes de la protesta, proponemos: una ley de soberanía ciudadana que: 1) Eleve los acuerdos a mandato legal y de obligatorio cumplimiento; 2) Autorice los recursos necesarios, posibles, prudentes y progresivos. 3) Cree una comisión ciudadana con participación de las organizaciones del paro, con claras atribuciones para garantizar su ejecución y vocería ante el gobierno nacional. 4) Veeduría internacional de Naciones Unidas. 5) Disponer de medios de expresión con la ciudadanía, que incluyan una página oficial.
Bogotá, D. C, 16 de mayo de 2021
*Exsenador de la República. Politólogo del Instituto de Estudios Políticos de París, Magíster en Política Internacional de la escuela de Altos Estudios Internacionales de Francia. Y Magíster en Relaciones Internacionales y Seguridad en la Universidad de Georgetown.
