Opinión
“El episodio de la fallida reforma a la salud se convertirá en un elemento que radicalizará al presidente en su narrativa de que es imposible lograr los objetivos con un Congreso que bloquea el cambio.”
Por Hubert Ariza*.- Colombia pareciera haber acelerado su viaje hacia un destino incierto, mientras la democracia resiste, la sociedad se polariza, el Gobierno se radicaliza, el Congreso hunde las reformas gubernamentales, la guerra se recrudece, la paz total no avanza, la economía se sacude y el miedo al abismo se convierte en el tema de conversación cotidiana, ante el avance de la oposición, que ha logrado calar su mensaje de que es real la posibilidad de que el presidente Petro cumpla la profecía fatalista de convertir el país, a través de una Constituyente popular, en un nuevo ejemplo de caos socialista.
Se viven tiempos de enorme incertidumbre con un primer mandatario que lidera la agenda política, ejerce el poder con audacia y decisión suicida, cruza límites que nadie había traspasado, y ha puesto al país a hablar de sus iniciativas, con un discurso cada vez más retador sobre los alcances de su visión y capacidad de lograr, contra todo pronóstico, sus grandes propósitos revolucionarios. Hay que ser claros sobre el tipo de liderazgo que ejerce Petro para entender lo que está pasando.
Petro no se hizo elegir para pasar desapercibido y actuar como simple notario de la historia, repartidor del botín burocrático y bombero de crisis recurrentes. Tampoco para cortar cintas, pensionarse con un suculento salario vitalicio, disfrutar plácidamente del título de expresidente y fastidiar a su sucesor. Petro es firmante de los acuerdos de paz de 1991 y desde entonces ha cumplido su palabra, deslegitimado con su acción la lucha armada, impulsado una agenda profundamente reformista y batallado por el poder desde abajo, como una tenacidad única, venciendo toda clase de ataques y conspiraciones de la derecha para eliminarlo -política e incluso físicamente-, para cumplir su objetivo de impulsar cambios profundos en una Colombia marcada por la desigualdad, la inequidad, la corrupción, la inseguridad y la guerra.
Por ese espíritu combativo y capacidad de renacer después de cada debacle política, el hundimiento de la reforma a la salud no será percibida por Petro como una derrota personal, ni como el fracaso de su Gobierno. Un líder de su talante buscará lograr el mismo fin del proyecto hundido usando otros métodos. Es seguro que en nombre de la salud de los colombianos aplicará recetas poco ortodoxas, obligando al sistema a reaccionar y a las EPS a mutar hacia un nuevo modelo soportado en la prevención y la ampliación de la cobertura, otorgándole al Estado un papel más protagónico.
Cuando la tormenta parece más fuerte, el presidente no se dejará arrinconar por los titulares de prensa adversos, que además ignora, ni por las voces de los gremios y expertos, y ahondará en su narrativa para demonizar al Congreso cada vez más hostil y a la oposición, que no tiene, hasta el momento, un líder capaz de confrontar con éxito al presidente, ni convertirse en alternativa de cara al 2026.
El episodio de la fallida reforma a la salud se convertirá en un elemento que radicalizará al presidente en su narrativa de que es imposible lograr los objetivos trazados en favor del pueblo y la modernización del país, con un Congreso de derecha que bloquea el cambio y legisla para mantener los privilegios de una élite voraz y corrupta. En su lógica, un Congreso que no ayuda, estorba. Y alguna solución dispondrá para ese obstáculo.
La palabra cambio, en la lógica petrista, es sinónimo de revolución, un proceso que el jefe de Estado impulsa, haciendo uso de las herramientas que la Constitución le brinda, con decisión y asumiendo todos los riesgos. Y, si es necesario, inventar nuevas vías institucionales para lograr sus objetivos.
Esta salida es, sin duda, la Constituyente popular que, desde la óptica oficial, resolverá todas las crisis que vive un Gobierno acosado por la ingobernabilidad, la falta de un equipo fuerte, técnico y capaz de cruzar el mar embravecido del Legislativo, donde el Ejecutivo está cada vez más solo, pagando el alto costo de haber elegido en la lista del Pacto Histórico a unos pocos notables junto con un equipo de ilustres desconocidos, sumado a su débil capacidad de lograr consensos, con unos ministros incapaces de asumir los retos que les ha impuesto la realidad política.
La Constituyente popular es una alternativa que hoy aparece en el horizonte gobiernista como respuesta de un presidente que agotó el camino de los consensos en el Congreso y con los partidos políticos, que se sintió traicionado por los ministros de otras corrientes diferentes a las suya, que desprecia a la clase política y ha dicho que el tal acuerdo nacional es pura carreta.
Para una administración que lideran militantes, activistas y adoradores de la personalidad del caudillo, es el momento de dar un salto hacia adelante para romper el cerco de la derecha y comprometer a las bases populares, a la sociedad civil organizada, a los campesinos, obreros, estudiantes, indígenas y negritudes, en el diseño de un nuevo modelo político que profundice el espíritu de la Constitución de 1991, revocando las contrarreformas hechas durante tres décadas, y haciendo realidad las reformas aplazadas, entre ellas la hundida reforma a la salud, que Petro convirtió en columna vertebral de su transformación social.
La Constituyente popular es, hasta ahora la apuesta más dura de Petro. Y la más incomprendida. Cada día la idea toma más forma ante los ojos de la derecha, y una gran parte de la opinión pública, como una autopista hacia el descuadernamiento de la institucionalidad y el desmonte del Estado, para instaurar un régimen socialista. Petro, sin embargo, la presenta como una oportunidad de que el pueblo se organice, movilice, pronuncié y ordene, incluso la reelección presidencial.
Una Constituyente así, que podría saltarse al Congreso y la Corte Constitucional, solo produce vértigo a las mayorías, pero, por el contrario, genera en Petro un enorme regocijo por su capacidad de patear el tablero, imponer la agenda y tratar de reorganizar el modelo político, alineando a amplios sectores sociales con la agenda 2026, que ya comenzó a andar. Si algo ha marcado este proceso es, precisamente, el anticipo de la campaña presidencial y la movilización política de la izquierda, el centro y la derecha. El que se duerma no estará en el tarjetón con opciones de poder.
No son tiempos fáciles para nadie. La historia de Colombia se reescribe a una enorme velocidad. Petro no está mamando gallo, como decía García Márquez. Él tiene afán de que sucedan ya las grandes transformaciones, la oposición quiere frenarlas y en medio del caos, el ELN y las disidencias aparecen como coequiperos en el impulso a la Constituyente. La oposición llama a la calle, pero las cosas están sucediendo en los territorios, en las universidades, en los barrios, donde el pueblo reclama la ayuda del Estado y el Gobierno maneja la chequera de la solidaridad que impulsa lealtades. Hay que despertarse y entender que no estamos en la Venezuela de Chávez, sino en la Colombia de Petro, y aquí manda es el realismo mágico, donde Petro sigue buscando, como José Arcadio Buendía, lograr la piedra filosofal, haciendo alquimia con la Constitución.
Bogotá, D. C, 6 de abril 2024
*Periodista, internacionalista y analista político.
Tomado de El País.
“Su constituyente habla de acabar la corrupción, pero se abstiene de “tocar”, los carrotanques de La Guajira, los carros de bomberos, los negociados en RTVC y tantos más, producto de la incapacidad e impreparación de quienes él mismo designa”.
Por Gabriel Ortiz*. - Las verdades, bellezas, anuncios y medidas de un gobierno nunca se habían visto con tal intensidad como las que se observan a lo largo y ancho de Colombia durante esta época. El presidente se ha desbocado para sacar adelante tres proyectos que considera como única forma de mostrar una obra de gobierno que lo proyecte en la historia.
Considera que en ellos están resumidas las falencias de una nación que todo lo requiere, para liberarse del poder de terroristas que, apoyados por la droga y el oro ilegal, manejan a su antojo a 50 millones de compatriotas. Esos tres proyectos habrían podido salir adelante, si su terquedad e imperial obstinación, impidió debatirlos democráticamente, aplicando racionales modificaciones benéficas para modernizarlos y extenderlos a toda la población.
Su extrema y añeja rebeldía que le dieron frutos durante su hábil carrera parlamentaria, más duras amarguras como Alcalde, lo han llevado ahora a buscar vericuetos para escudriñar, otear y hurgar una salida burlando la forma democrática que existe en nuestras normas.
Buscó un escenario superpopular con nombre aglutinante: “Puerto Rellena”, durante una manifestación de indígenas que poco entendieron el lenguaje presidencial con su anuncio: “como no quieren dejarme gobernar, propongo una constituyente”. Así quiso revivir la “séptima papeleta del 91”.
Así quiere perder los dos años que le quedan en la Casa de Nariño, si es que cumple con las normas legales y democráticas que se deben cumplir para convocar una asamblea constituyente.
Con el mismo desorden de su mandato ha emprendido una serie de giras por varias regiones del país, a las que moviliza el mismo público con cansancio de sus caras, desconcierto y confusión. Las imágenes de la televisión estatal, edita cuidadosamente primerísimos planos con escasos aplausos.
Durante sus deshilvanadas alocuciones hasta recibe papelitos de su asesora, con informaciones falsas, que él maximiza y, ha convertido en actos subversivos del clan del Golfo, unas marchas de los habitantes de Tierralta que simplemente querían la reparación de una carretera.
Difícil saber, si con rabia, odio o teatro, ordenó a las Fuerzas Armadas detener o capturar a “Iván Mordisco” con urgencia… “pero vivo”. En una guerra como la que adelantan Ejército y Policía en el occidente del país, que es a sangre y fuego, imposible pedir a las fuerzas del orden suspender su acción para evitar que entre los bandoleros dan de baja pueda estar Mordisco, quien así se refirió recientemente sobre el jefe de Estado: “Petro me acusa de traqueto y de usar la memoria de Manuel Marulanda. Cuando lo apoyamos en campaña, no éramos traquetos”.
Su constituyente habla de acabar la corrupción, pero se abstiene de “tocar”, los carrotanques de La Guajira, los carros de bomberos, los negociados en RTVC y tantos más, producto de la incapacidad e impreparación de quienes él mismo designa.
Así es la improvisación en todos los órdenes de un presidente que no encuentra horizonte.
BLANCO: La nueva Fiscal ha dicho que durante su administración habrá más fiscalía, que Fiscal. No aspirará a la presidencia.
NEGRO: La dictadura de Maduro se impone de nuevo garantizando su reelección.
Bogotá, D. E, 31 de marzo de 2024
*Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.
“Es una realidad que Colombia afronta un déficit en el suministro de gas natural, las diferencias empiezan cuando se plantean las opciones para garantizarlo”.
Por Amylkar D. Acosta M*. - Se acaba de dar a conocer por parte de ECOPETROL el balance de los resultados de su operación el año anterior, que traen un sabor agridulce. Por una parte el Presidente de la empresa Ricardo Roa resalta el hecho de haber alcanzado una producción récord de 737 mil barriles/día, la más alta en los últimos 8 años. Según el Presidente el Grupo empresarial obtuvo el año pasado “el segundo mejor resultado de su historia”, al tiempo que en materia de inversiones la compañía logró una ejecución del 97% de su plan de inversiones, “el nivel más alto de las últimas ocho vigencias, que fue de $27.2 billones”. No obstante, advirtió que “tras la caída del precio internacional del crudo puede haber un impacto en los dividendos”.
En efecto el precio al que se cotizó el barril de referencia Brent el año anterior cayó desde los US $99 en promedio en el 2022 a US $82 en 2023, del cual se le descontaba a ECOPETROL US $6 por barril y ahora US $9. Esto es, se recibieron US $17 menos por cada barril exportado, por fortuna no se recibió ningún castigo atribuible a la tasa de cambio, ya que esta pasó de $4.255.44, en promedio en 2022 a $4.325.05 en 2023. Este impacto se vio amortiguado por el mayor volumen exportado de crudo, que le representó $7.5 billones.
Ello, junto con el impacto de la reforma tributaria (Ley 2277 de 2022), que incrementó el impuesto de renta del 31.4% al 36.6%, 5.2 puntos porcentuales más que el año anterior, incidieron en que la utilidad neta cayera el 42.9% hasta alcanzar los $19.1 billones frente a los $33.4 billones en 2022, que fue un año excepcional. Y, como es apenas obvio en esa misma proporción caerán los ingresos de la Nación por concepto de dividendos y la de las entidades territoriales por concepto de regalías.
Pero, indudablemente, de todos los datos proporcionados el más preocupante es el que hace relación a las reservas probadas remanentes de crudo, que vienen de capa caída, pasando de un año a otro de 2011 MMB a 1.883 MM, 128 MMBPE menos, en una proporción de 6.3%, lo cual se explica por qué el índice de reposición de las mismas, que venía registrando los años anteriores el 100% sólo fue del 48% en 2023, bajando el coeficiente reservas/producción de 8.4 años a 7.6 años.
Este constituye un campanazo de alerta que debería llevar al Gobierno a reconsiderar su decisión de no firmar nuevos contratos de exploración y explotación, porque las reservas de ECOPETROL y las del país todo caen sin remedio poniendo en riesgo la autosuficiencia. Este riesgo se extiende a las necesidades y al suministro de gas natural en Colombia. También este energético, llamado a ser el combustible de la Transición energética, escasea y de hecho en coyunturas como la actual no se cuenta con la suficiente disponibilidad para el encendido de las centrales térmicas de generación que le sirven de respaldo a las hidroeléctricas ahora que el fenómeno de El Niño ha reducido el nivel agregado de sus embalses que ya bordea el 33%. Para suplir la necesidad del gas natural se viene importando desde septiembre del año anterior se viene importando gas natural un promedio de 200 millones de pies cúbicos.
Es una realidad que Colombia afronta un déficit en el suministro de gas natural, las diferencias empiezan cuando se plantean las opciones para garantizarlo. Según el Presidente de ECOPETROL el año entrante tendríamos un faltante que el estima en el 17%, entre 160 y 170 millones de pies cúbicos/día, para anunciar su importación desde Venezuela.
Además de los aspectos logísticos, financieros y técnicos que pone en entredicho la viabilidad de esta alternativa se viene a sumar el obstáculo que plantea la sanción de los EEUU al Gobierno de Nicolás Maduro. La importación de gas desde Venezuela en este momento, tanto en el corto como en el mediano plazo no es viable.
En nuestro concepto, Colombia debe concentrarse en desarrollar los yacimientos de gas ya descubiertos, como el de Uchuva en La Guajira. Por su parte la CREG deberá implementar cuanto antes la norma que permita integrar plenamente la red de gasoductos del país y así optimizar su transporte y la disponibilidad del energético en todo el país. Esta es la única manera de evitar el desabastecimiento y de garantizar tanto la seguridad como la soberanía energética.
Miami, marzo 29 de 2024
*Economista. Expresidente del Congreso y exministro de Minas y Energía.
"Ni la falsa tradición ni la prescripción adquisitiva son figuras aplicables a los baldíos de la Nación”
Por José Félix Lafaurie Rivera*. - Muchos poseedores de tierra en el país se podrán ver en problemas en el corto plazo, si han sido beneficiados por una sentencia favorable en procesos de pertenencia por prescripción adquisitiva de predios rurales que fueran baldíos propiedad de la Nación.
Es una información amenazante, sin duda, pero también algo confusa, por lo que es importante explicar los términos, comenzando por la “prescripción adquisitiva”, una figura jurídica mediante la cual se puede solicitar a un juez, en un “proceso de pertenencia”, el reconocimiento de la propiedad de un predio a partir de la demostración de su ocupación y utilización durante 5 o 10 años, según sea ordinaria o extraordinaria la prescripción. En el primer caso, además de las pruebas de ocupación existe un título válido, mientras que en el segundo solo se demuestra la ocupación de un predio que se reconoce como ajeno.
Pues bien, ese proceso es perfectamente legítimo cuando se trata de bienes privados, principalmente para sanear lo que se conoce como la “falsa tradición”, otra figura que no tiene que ver necesariamente con falsedad o dolo, sino con la existencia de títulos no inscritos, caso en el que el predio puede ser un “baldío”, o bien, de títulos imperfectos, muy comunes en nuestra ruralidad, donde si hay notaría no hay Oficina de Registro, lo que promueve una alta informalidad en las transacciones. De hecho, un estudio de la Superintendencia de Notariado y Registro (2018) estableció que podría haber más de 250.000 predios rurales en esa condición.
El problema es que ni la falsa tradición ni la prescripción adquisitiva son figuras aplicables a los baldíos de la Nación, que son “imprescriptibles”, a pesar de lo cual muchos jueces, por las razones que sea -algo que no me corresponde juzgar- han dictado sentencias de pertenencia sobre grandes extensiones de baldíos.
Por esa razón, la Corte Constitucional, mediante la sentencia SU-288 de 2022, le ordenó a la Agencia Nacional de Tierras que, en el término de un año a partir de la notificación de la sentencia, debía, primero: elaborar una base de datos de predios rurales sin antecedentes registrales sobre los cuales se hubiera proferido sentencia de pertenencia; y segundo: a partir de dicha base de datos elaborar un Plan Actualizado de Recuperación de Baldíos.
Ese plazo venció el pasado 17 de marzo, y lo que se conoce es que la ANT, en unión con la Superintendencia de Notariado y Registro y el Consejo Superior de la Judicatura, ya cuentan con una base de datos de más de 29.000 predios en esa condición de declaratoria de pertenencia dictada por un juez, cuando la única instancia competente para otorgar titulación de baldíos es la ANT.
En efecto, el artículo 65 de la Ley 160 de 1994 (Ley de Reforma Agraria) establece que “La propiedad de los terrenos baldíos adjudicables, solo puede adquirirse mediante título traslaticio de dominio otorgado por el Estado a través del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, (Hoy ANT)… Los ocupantes de tierras baldías, por ese solo hecho, no tienen la calidad de poseedores conforme al Código Civil, y frente a la adjudicación por el Estado sólo existe una mera expectativa.”
Se estima que un 20% de esos 29.000 predios con sentencias improcedentes de pertenencia podrían ser de hasta una UAF, que es la cantidad de tierra para garantizar a una familia la subsistencia y generar algún excedente, los cuales, eventualmente, podrían ser sujetos de reforma agraria por vía de titulación por parte de la ANT.
El 80% restante, sin embargo, podrá enfrentar situaciones jurídicas complejas, al tiempo que el gobierno tendrá entre sus manos una verdadera “papa caliente”.
Bogotá, D. C, 30 de marzo 2024
*Presidente FEDEGAN
@jflafaurie
“Ante la reciente decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la necesidad de un alto el fuego en Gaza, vale la pena recordar el significado de ese organismo y el valor jurídico de sus determinaciones, que no son apenas insinuaciones o peticiones sino actos de carácter vinculante.”
Por José G. Hernández*. - La ONU fue fundada con propósitos definidos, tras la barbarie de la Segunda Guerra Mundial. Se buscó, ante todo, consolidar, resguardar y mantener la paz y la seguridad, propender a la solución pacífica de los conflictos, velar por el respeto a la dignidad de la persona humana y sus derechos esenciales y poner freno, desde la comunidad internacional, a la opresión y a los abusos y arbitrariedades de las tiranías. Si esa organización no logra esos objetivos, fracasa, y por ello, se requiere otorgar firmeza y efectividad a sus decisiones.
Aprobada en 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en 1949 -con la específica finalidad de limitar al máximo la crueldad de guerras inevitables, estableciendo reglas orientadas a la protección de quienes no participan en las hostilidades (población civil, personal de salud, organizaciones humanitarias, periodismo), así como a los niños y a las personas más débiles, a los heridos, enfermos y prisioneros, fueron celebrados los cuatro convenios de Ginebra. Ellos, sus protocolos y sus adiciones sentaron las bases del Derecho Internacional Humanitario (D.I.H.).
El Consejo de Seguridad, integrado por quince representantes de los Estados Miembros, tiene por objetivo la preservación de la paz a nivel internacional. Sus decisiones son obligatorias, y es competente para imponer sanciones, si se las incumple.
A propósito de lo que ha venido sucediendo en Gaza, desde el 7 de octubre de 2023, ha debido pronunciarse el Consejo de Seguridad desde hace mucho tiempo. No lo había podido hacer, aunque la mayoría de sus integrantes así lo querían, porque lo impedía el incomprensible uso del derecho de veto por parte de Estados Unidos. Nada se había podido lograr, pese a los muchos crímenes de lesa humanidad y de guerra cometidos, de los ataques indiscriminados a la población civil, de las muertes de miles de personas inocentes -entre ellas muchos niños- víctimas de los bombardeos, el hambre y el abandono.
Ese reiterado veto norteamericano había hecho imposible que el Consejo de Seguridad expidiera una resolución vinculante y efectiva para que cese el fuego, sean liberados los prisioneros y rehenes de uno y otro lado, se ponga fin al verdadero genocidio que allí tiene lugar.
Este 25 de marzo, afortunadamente, Estados Unidos no vetó una resolución de cese el fuego (votó en blanco), propuesta e impulsada por Argelia y aprobada por catorce votos a favor y cero en contra.
Aunque Benjamín Netanyahu ha mostrado su disgusto con Estados Unidos, ya hay una resolución vinculante, proferida por el órgano competente de Naciones Unidas exigiendo un alto el fuego inmediato entre Israel y los militantes palestinos de Hamás, el cese de los crímenes de guerra y lesa humanidad, la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes, la protección de los civiles y el levantamiento inmediato de todas las barreras a la prestación de ayuda humanitaria. Debe ser cumplida.
Bogotá, D. C, 27 de marzo 2024
*Expresidente de la Corte Constitucional
“Las palabras tienen poder y más si quien las pronuncia lo posee”.
Por Amylkar D. Acosta M*. - El Niño no se ha ido y sigue haciendo estragos, afectando las fuentes de las cuales se surten los acueductos del país y a los 23 embalses que sirven a las centrales hidroeléctricas de generación. Este es un juego algebraico de sumas y restas. El nivel de los embalses viene cayendo a una rata de 0.5% diario, al tiempo que se viene reduciendo dramáticamente el aporte hídrico.
Según el más reciente reporte nivel agregado de los embalses estaba en 35.3%, muy cerca del umbral del 27%, nivel este considerado por la empresa XM, que es la que administra el SIN, como crítico, el cual dispararía todas las alarmas y obligaría a activar las medidas de contingencia para evitar un apagón, las cuales están previstas en el Estatuto de racionamiento.
Se lo advertimos al Ministro de Minas, que era apresurado, hasta irresponsable, precipitarse a afirmar el 8 de febrero (El Tiempo) que “estamos a punto de superar el fenómeno de El Niño”, para asegurar que gracias a su gestión lo habíamos superado sin mayores inconvenientes. Pues bien, con sus declaraciones el Ministro dio una señal inapropiada que llevó a las hídricas a seguir generando más allá de los límites de la prudencia, acentuando el desembalse y precipitando la caída del agregado del nivel de los embalses. Las palabras tienen poder y más si quien las pronuncia lo posee.
Entre tanto la participación de la generación térmica, que le sirve de respaldo a las hídricas, merced al cargo por confiabilidad, se acrecienta aceleradamente, superando el 15%. De no ser por su eficaz respuesta ya estaríamos en tinieblas, pero ello tiene un límite que no supera el 55% de la demanda total. Es de advertir que para garantizar la operación del parque térmico, ante la escasez de gas natural se viene importando un promedio de 204 MMPCD a través de la planta regasificadora que opera en Barú (Cartagena) que opera Spec, con una capacidad para procesar 400 MMPCD, cuya viabilidad e instalación en 2016 hicimos posible a nuestro paso por el Ministerio de Minas y Energía, con el fin de contar con dicho respaldo ante cualquier eventualidad como la que se presenta en este momento.
Y como el Ministro se mantiene en su lógica, prisionero de sus palabras, se ha abstenido de promover una necesaria campaña de ahorro de consumo de energía, como si se está haciendo con el agua. Sigue siendo cierto el adagio de que es mejor prevenir que tener que lamentar. Dijo Napoleón que cuando se está subiendo se puede detener, pero cuando se baja es muy difícil detenerse y este es el caso. Esto para significar que no se avizora aún un aumento del aporte hídrico ni el freno de la caída de los embalses.
Cuando el Ministro Camacho afirmó que “hoy podemos garantizar seguridad energética” lo dice contando con la capacidad instalada de generación y transmisión que, como es bien sabido es insuficiente para garantizar la confiabilidad y firmeza del SIN, dado el estrecho margen entre la oferta 221 (GWHD) y la demanda (224 GWHD) de energía, que lo mantiene al límite, con el más alto grado de stress. La seguridad a la que hace alusión el Ministro parte de la base que todo el parque de generación hidrotérmico funcione como un relojero suizo.
Basta con que se presente cualquier percance o contingencia como la acaecida la semana anterior que llevó a la salida del SIN de la Central El Paraíso en Mesitas del Colegio y sus 400 MW, consecuencia de un bloqueo contra la generadora ENEL y estuvo en vilo al país, para que se presente una falla sistémica. Al declararse su indisponibilidad, se afectó la tensión, provocando de paso una mayor velocidad de desembalse en otras centrales adyacentes. Como quien dice estamos transitando por la cornisa.
Lo dijo en su momento la Ministra del Medioambiente Susana Muhamad, al declarar la llegada del fenómeno de El Niño en octubre pasado, el Niño no es un juego. Su comportamiento es errático, su curso es imprevisible lo mismo que su duración. Y no se nos debe olvidar que el detonante del apagón durante los años 1992-1993, que duró 14 meses, fue un error de cálculo de la Junta directiva de ISA, que para aquel entonces controlaba la operación de todo el Sistema, al apostarle a la llegada de las lluvias que nunca llegaron. Qué no se repita la historia!
Los paganines de cualquier imprevisión y/o improvidencia, como siempre, seremos los usuarios que, más temprano que tarde, seremos los que veremos reflejadas en nuestras facturas el alza de los precios y las tarifas.
Miami, marzo 23 de 2024
*Economista, expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.
Muchos creyeron que las elecciones regionales habían marcado el fin anticipado del mandato del presidente, pero en pocos días retomó la iniciativa e impuso al país su agenda política
Por Hubert Ariza*. - Muchos creyeron equivocadamente que las elecciones regionales del pasado 29 de octubre habían marcado la derrota del presidente Petro y el fin anticipado de su mandato. Como quienes practican deportes extremos, en pocos días logró recuperarse, tomar la iniciativa, patear el tablero e imponerle al país su agenda política.
Petro, cinco meses después de esa aparente derrota, está hoy más combativo y exaltado que en cualquier otro momento de su mandato, y ha lanzado una ofensiva política que lo tiene en la primera línea -literalmente-, combatiendo en varios frentes, pronunciando discursos acalorados, llenando plazas públicas y organizando las bases populares para enfrentar grandes desafíos, mientras busca superar la desfavorabilidad del 62% en las encuestas.
El primer frente de batalla se libra en el campo de la paz total, que vive su peor crisis, originada por el desafío que ha significado el envalentonamiento del Estado Mayor Central, EMC, las disidencias de las extintas Farc lideradas por Iván Mordisco, que utilizó el cese al fuego como una oportunidad para fortalecerse militarmente y expandir su acción delincuencial y su capacidad de intimidación a la población civil en sus zonas de influencia.
El asesinato a sangre fría, en Toribio, Cauca, de la lideresa indígena Carmelina Yule, de 52 años, fue la gota que derramó la copa y obligó al presidente a firmar un decreto mediante el cual suspendió, el pasado 17 de marzo, el cese al fuego con esa organización ilegal en los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca, donde domina amplias zonas dedicadas al cultivo de hoja de coca.
La crisis es tan profunda que Petro, el pasado 20 de marzo, no se ahorró calificativos contra Mordisco, a quien fustigó por no tener voluntad de paz y lo degradó de revolucionario a traqueto, en una manifestación en Tierralta, Córdoba. Traqueto es un calificativo despectivo que se asocia a un escalafón menor en el bajo mundo del narcotráfico.
“Ahora está matando dirigentes campesinos y asesinando al pueblo y habla de revolución. ¡Qué revolución ni qué carajos! ¡Diga la verdad!”, dijo Petro con autoridad.
Ese rompimiento con Mordisco tuvo una rápida respuesta del comandante guerrillero, quien lanzó una bomba política de onda expansiva y graves daños colaterales, y acusó al presidente de traidor. “@petrogustavo me acusa de traqueto y de usar la memoria de Manuel Marulanda. Cuando lo apoyamos en campaña no éramos traquetos. Además de traicionarnos, traicionó al pueblo que lo respaldó por su discurso progresista y de paz, hoy impulsa la guerra y el capitalismo”, dijo a través de su cuenta en X, antes Twitter.
Ese frente de batalla es la peor amenaza al logro de la paz total, que hasta el momento ha recibido toda clase de críticas por el uso del cese al fuego por las organizaciones armadas ilegales para fortalecerse y expandir su poder territorial. La consecuencia del rompimiento del cese al fuego con el EMC puede traducirse en un incremento de la violencia. Recuperar las zonas dominadas por el EMC resulta un enorme reto militar para la fuerza pública.
Con el rompimiento con el EMC, la paz total va a necesitar madurez y alta política para recomponerse, para así impedir que las cosas con el ELN crucen los mismos caminos y terminen en nada. Ese proceso, como es conocido, se ha dado en medio de todo tipo de sobresaltos, desencuentros y bastante desconfianza mutua.
El otro frente de batalla abierto por el presidente es el político, con el lanzamiento de su propuesta de realizar una Constituyente, que reforme la Constitución de 1991, que el M-19 ayudó a redactar con Antonio Navarro a la cabeza, y consolidó los acuerdos de paz suscritos durante el Gobierno del presidente Barco. Esa Constitución que modernizó el país es un tratado de paz que hizo posible cinco procesos de reconciliación, incluido el de las Farc en el mandato del presidente Santos, y con las AUC, en los ocho años de Uribe.
La Carta política ha sido, además, el soporte de la paz total. Ese texto, fruto del más exitoso acuerdo político de la sociedad civil en un siglo, es el árbol frondoso que el presidente quiere intervenir a través, inicialmente, de un proceso no ensayado hasta ahora en Colombia: los cabildos abiertos, en los que la sociedad civil organizada es la protagonista y no los partidos políticos.
Los últimos días el país ha visto como el Petro moderado que prometió en campaña proteger la Constitución ha mutado al Petro radical, embravecido, decidido a profundizar la marcha revolucionaria desde los territorios, rodeado de los más fieles activistas. Petro quiere ser amado por el pueblo, como Gaitán, quien dijo “no soy un hombre, soy un pueblo” y lucha por ser un líder universal, sin atadura alguna, ni contrapesos políticos de envergadura.
Para ello, organiza e ideologiza al pueblo, y lo llena de generosos subsidios y obras deseadas por décadas, y si llegado el caso se lo ordena el mandato popular, en los cabildos abiertos pretenderá revivir la reelección para continuar transformando a Colombia en una república más democrática y con sello socialista. Del Petro modelo 2022 solo queda la sonriente foto de campaña.
A pesar del boom mediático, su propuesta de Constituyente sigue sin entenderse. No se sabe aún qué papel jugarán los partidos políticos, los gremios, los medios, las instituciones. Germán Vargas Lleras se atrevió a apoyar la idea y fue recibido a coscorrones. La idea, entonces, se hace cada vez más difusa. Hasta ahora solo hay enunciados y confusión. Para el representante David Racero, por ejemplo, estamos en modo constituyente desde el estallido social.
Lo evidente es que el presidente seguirá trabajando para cumplir su objetivo, tratando de explicarle al pueblo y al mundo hacia dónde va Colombia, en una coyuntura nunca antes vista. No estamos en la Colombia de la década del 90 cuando el narcotráfico sacudió el país y Pablo Escobar pretendió, mediante el terrorismo, sacrificar la democracia para prohibir la extradición; no estamos en el país de la séptima papeleta y el movimiento estudiantil impulsando las grandes reformas; no es diciembre de 1990, cuando un acuerdo político hizo posible la elección de 70 constituyentes y el arribo, provenientes de los acuerdos de paz de la época, de cuatro adicionales.
Estamos en 2024, Petro es presidente, Mancuso está hablando, Uribe se siente acorralado, la paz total está en crisis, hay tres mesas paralelas de negociación con grupos armados ilegales, y nadie entiende cuál es el camino para concretar la Constituyente petrista, ni qué país saldrá de ese experimento. Lo evidente es que el presidente está recorriendo el país, entregando obras, prometiendo vida y soliviantando a los sectores sociales para que entiendan que este es su momento decisivo y actúen en consecuencia.
El primer mandatario está dispuesto a ganar todas sus batallas, tratando de reducirle espacio a la derecha, amenazando al Congreso y las Cortes, atacando los medios de comunicación tradicionales, cada día más radicalizado e inserto en sus objetivos revolucionarios. La oposición de derecha resiste, nadie pierde de vista el 2026, y el país se polariza sin que en el horizonte se vea la oportunidad de un acuerdo político que baje la temperatura al 7 de agosto de 2022, cuando todo era esperanza de cambio sereno y pacífico. Días de mayor ebullición social le esperan a Colombia y el café no calma los nervios.
Bogotá, D. C, 24 de marzo 2024
*Periodista, internacionalista y analista político.
Tomado de El País.
“La mejor vacuna es con coherencia, construir una verdadera cultura de la vida, del amor y no del odio y la desesperanza”.
Por José Manuel Restrepo*. - Con agudeza y capacidad de anticipación, Moisés Naím en su libro “La revancha de los poderosos” describe una nueva y peligrosa tendencia política de extrema izquierda y derecha en el mundo que suele operar con dosis de populismo, posverdad y polarización.
Basado en Naím, entre las características más relevantes de dichas autocracias sobresalen gobernantes que dividen las naciones entre buenos y malos, íntegros y corruptos, el pueblo bueno y traicionado y las mafias, ricos aristócratas y los marginados, entre otras divisiones. También aparecen gobernantes que con una dosis de “catastrofismo” y “adanismo” llegan como pregoneros de “cambios” a sociedades que han vivido según ellos centurias de desolación, de destrucción, de abandono y de muerte, como si nada hubiese existido antes. En tercer lugar, son gobiernos que desprecian el rigor, los científicos, los datos, los técnicos, el orden, la autoridad y en general transitan fácilmente a la anarquía, la politiquería, el activismo y el desorden.
En cuarto lugar, son gobiernos que atacan sistemáticamente los medios de comunicación y montan estrategias de comunicación basadas en redes sociales o en la descalificación a quienes contradigan sus “verdades”. En quinto lugar, son gobernantes que gustan de las instituciones cuando estas les favorecen o los eligen, pero no cuando hacen peso o contrapeso. Si este fuese el caso, prefieren “patear el tablero”, para cambiar las instituciones y así respaldar sus propias posiciones. En sexto lugar con una buena dosis de arrogancia o de mesianismo son gobernantes que creen encarnar la “verdad” al punto que si alguien propone algo en contrario no es extraño respuestas como “de malas”. Al fin y al cabo, quién más como ellos para interpretar lo que sucede. Sobra decir que finalmente gustan de la “charlatanería política” como instrumento de seducción a través de bonitos discursos que recogen más aplausos que ejecuciones.
La pregunta para usted como lector es si alguno o varios de los síntomas de esta enfermedad o pandemia mundial ya los experimentamos en Colombia. Algunos síntomas recientes hablan del desprecio a los técnicos de presupuesto nacional, los ataques a los medios de comunicación, los mensajes sobre 500 años de un país dedicado a la muerte, el anuncio de cambiar las instituciones a través de una Asamblea Constituyente, los discursos grandilocuentes de cambio climático, la división de la sociedad, y un buen adobo de verdades a medias, populismo o afirmaciones sin datos comprobables.
Pero afortunadamente no hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista. La vacuna existe y se llama construir desde las instituciones con esperanza basado en valores e integridad, capacidad de consenso y sensatez, reconocer y valorar al que piensa distinto, construir proyectos colectivos en donde quepamos todos, menos fanatismo y dogmatismo, respaldo incondicional a los pesos y contrapesos de la democracia, incluidos los medios, invitación a más análisis con datos para rebatir las mentiras, más capacidad de ejecución y menos discursos bonitos, más confianza en la democracia, más coherencia, más conciencia de las urgencias sociales, y más sensatez para crecer con corazón y generosidad.
En síntesis, la mejor vacuna es con coherencia construir una verdadera cultura de la vida, del amor y no del odio y la desesperanza.
Bogotá, D. E, 22 de marzo de 2024
*Rector Universidad EIA
“Lo que se necesita es volver a la sindéresis; dejar la polarización, dialogar, razonar, llegar a consensos, ejercer sin mezquindad las distintas funciones -en las ramas y órganos del poder público- y pensar más en el interés general que en el de los partidos”.
Por José G. Hernández*. - Caben algunas precisiones en torno a la reciente propuesta presidencial sobre convocatoria de una asamblea nacional constituyente.
Entendemos que ese proyecto -cuyos asuntos objeto de modificación, con textos concretos y específicos, no han sido divulgados- es la respuesta política del primer mandatario ante el evidente bloqueo al que han sometido, en el Congreso, los proyectos legislativos de origen gubernamental en materias tales como la salud, las pensiones y el régimen laboral, entre otros.
El presidente de la República ha manifestado que actúa dentro de las reglas de la democracia y la Constitución, pero que -dentro de ellas y acudiendo a las posibilidades que ofrecen-, se vería en la necesidad de acudir a reformas por la vía de una constituyente, en cuanto ha venido ocurriendo que su gobierno “no puede aplicar la Constitución porque lo rodean para no aplicarla y lo impiden”. A lo cual añade que se trata de “transformar las instituciones para que obedezcan al pueblo en su mandato de paz y de justicia".
Aunque, si consideramos -en general- la actual situación del país, no parece que sea necesaria una asamblea constituyente, cabe decir que la propuesta anunciada por el presidente no es -como algunos han dicho- un salto al vacío o una forma dictatorial de imponer sus políticas, ni tampoco un mecanismo para buscar la reelección. Tampoco es algo novedoso o exótico: el gobierno de Álvaro Uribe propuso una reforma constitucional por referendo -con diecinueve preguntas, de las cuáles solamente una fue aprobada por los votantes-; propuso y sacó adelante un acto legislativo para ser reelegido; Santos propuso un plebiscito sobre el acuerdo de paz, y fue derrotado en las urnas; hace dos años, cuando Uribe fue detenido por orden de la Corte Suprema, sus partidarios propusieron una asamblea constituyente contra la decisión judicial.
La Constitución de 1991 -a diferencia de la anterior- sí contempla la posibilidad de convocar, por iniciativa gubernamental o popular, una asamblea constituyente, con finalidades específicas que impliquen modificaciones constitucionales.
Quien esto escribe no comparte la propuesta del presidente, en especial porque estima que no es indispensable para los fines buscados; una asamblea constituyente no sería el camino más adecuado, ni el más expedito para alcanzar fines contemplados en la Constitución, como la igualdad, la paz o la justicia social.
Por otra parte, la iniciativa -hoy- no se ve políticamente viable: recordemos que la convocatoria requiere, ante todo, una ley del Congreso, con mayorías calificadas, y la revisión previa de la Corte Constitucional, antes de que se pronuncie y apruebe el pueblo -que es quien convoca la asamblea- al menos con la tercera parte del censo electoral. Y, después, viene la elección de los delegatarios. Si los partidos están bloqueando los proyectos de ley -rompiendo el quórum e impidiendo las sesiones-, lo más probable es que el proyecto de convocatoria también sea bloqueado, o que no obtenga las mayorías.
Lo que se necesita es volver a la sindéresis; dejar la polarización, dialogar, razonar, llegar a consensos, ejercer sin mezquindad las distintas funciones -en las ramas y órganos del poder público- y pensar más en el interés general que en el de los partidos.
Bogotá, D. E, 21 de marzo de 2024
Expresidente de la Corte Constitucional
“Creo, en la necesidad de reconciliación entre los colombianos para lo cual se hace necesario que todos nos dispongamos en condiciones de entendernos para superar la polarización y comprender que quien piensa diferente no es nuestro enemigo; por el contrario, la diversidad enriquece el debate público, alimenta la construcción de sociedad y democracia”.
Por Juana Juana Yolanda Bazán Achury*. - Dentro del marco del acuerdo de paz, suscrito entre el Gobierno y las FARC –EP, en el año 2016, en el cual se impusieron obligaciones a las extintas FARC- de carácter restaurativo, el viernes 15 de marzo de 2024 se realizó en el municipio de Barbosa, Santander, el acto público de reconocimiento de responsabilidad y perdón a las víctimas de secuestro de carácter político del macro caso 01 que adelanta la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Por el secuestro político del que fui objeto en año 1998 en el marco de la campaña política para acceder a una curul en la Cámara de Representantes por el Partido Liberal, me acredité como víctima ante la JEP y la Unidad Nacional de Víctimas.
Desde hace más de un año tuvimos el primer encuentro con nuestros captores, intercambiamos ideas e hicimos las preguntas del por qué, y el para qué; asistimos desconfiados, reticentes a la idea de mantenernos en el proceso; pero gracias a los equipos psicosociales y al equipo de defensa de la Comisión Colombiana de Juristas continuamos en el proceso que culminó el pasado viernes.
Desde lo personal para las víctimas de secuestro de carácter político la motivación no fue de resarcimiento económico o individual, por el contrario, nos animó siempre la posibilidad de contribuir al mejoramiento de las condiciones de las comunidades de la provincia de Vélez; nos enfocamos en aprovechar la oportunidad para que las instituciones de orden nacional y local se comprometieran dentro del marco del acuerdo, a una reparación colectiva con verdaderas soluciones sociales y estructurales para la provincia.
Dentro de los responsables firmantes del acuerdo se encontraba Pastor Alape, Rodrigo Londoño Echeverry, Jairo Cala (representante a la cámara por las Farc – EP) y otros responsables; también se hizo presente la senadora Sandra Ramírez por las Farc – EP. Sentimos sinceridad en sus palabras, en la medida en que reconocieron, en cada caso, que ninguna de las víctimas teníamos en aquel momento vínculo alguno con la organización guerrillera.
Además del perdón público era muy importante esta manifestación en la medida en que todos fuimos re-victimizados por adversarios y detractores, en algunos casos se afirmó que el secuestro obedeció a una estrategia previamente acordada con los miembros de las FRAC – EP, como en mi caso; las otras víctimas recibieron acusaciones relacionadas con simpatías y afinidades con los alzados en armas de aquella época, que se han mantenido hasta la fecha.
¿Se preguntarán los lectores, si tienen sentido estos actos de perdón por parte de los firmantes del acuerdo de paz?
Creo, en la necesidad de reconciliación entre los colombianos para lo cual se hace necesario que todos nos dispongamos en condiciones de entendernos para superar la polarización y comprender que quien piensa diferente no es nuestro enemigo; por el contrario, la diversidad enriquece el debate público, alimenta la construcción de sociedad y democracia.
En este proceso, dentro del marco institucional del Estado encontramos entidades que hicieron eco de la justicia transicional y el sistema de restablecimiento de derechos de las víctimas, sobre la posibilidad para que los involucrados presentáramos propuestas para trabajar y mejorar la región como las siguientes:
- Que el Estado asuma su responsabilidad constitucional y compromiso con el cumplimiento de lo establecido en el acuerdo de
- Que a través de este compromiso se haga realidad la terminación de la Carretera intermunicipal del Carare – Opón.
- Infraestructura de comunicaciones
- Intervenir las vías terciarias necesarias para el mejoramiento de la comunicación y la comercialización de productos
- Impulsar la navegabilidad del río
- Reactivación de la vía férrea como impulso de la economía y transporte interno de la región
- Construcción de un hospital de tercer nivel de complejidad para la
- Garantizar el acceso al agua potable como derecho fundamental
- Titulación de tierras a los campesinos
- Desarrollo de catastro multipropósito a través de brigadas en cada uno de los municipios
- Revisión de títulos mineros para la protección ambiental y socialización de estos a la comunidad
- Acciones de promoción del turismo en la Provincia de Vélez
- Que nos proporcionen la capacitación necesaria en los aspectos relacionados con los programas y políticas de orden nacional y departamental que van dirigidas a la población vulnerable y víctima del
- Consideramos a la universidad industrial de Santander como una aliada estratégica para el cumplimiento de los propósitos restaurativo que se afianzan el día de hoy. Para ello proponemos que el gobierno nacional y departamental fortalezcan esta institución educativa para que sus carrerassionales se desarrollen en su totalidad en esta sede regional y se amplié la oferta de programas académicos.
Nuestro compromiso, seguir avanzando en la construcción de escenarios de reconciliación, exigir al gobierno nacional el cumplimiento de las peticiones arriba relacionadas, como resarcimiento colectivo por los hechos que afectaron de manera grave a toda la provincia de Vélez y el Magdalena Medio. La paz se construye con soluciones y voluntad política.
Bucaramanga, 18 de marzo de 2024
Ex – Representante a la Cámara.
