Por Felicia Saturno Hartt.- La emergencia de los Panamá Paper, aparte de ser uno de los mayores proyectos de periodismo de investigación informática de la historia, que se llevó a cabo a lo largo de un año, implica una perspectiva global de los paraísos fiscales y de quiénes hacen uso de estas posibilidades de inversión en la sombra.
La investigación liderada por el periódico alemán Süddeutsche Zeitung,2, que posteriormente compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), reveló el ocultamiento de propiedades de empresas, activos, ganancias y evasión tributaria de jefes de Estado y de gobierno, líderes de la política mundial, personas políticamente expuestas y personalidades de las finanzas, negocios, deportes y el arte.
Los implicados contrataban con el bufete de abogados consultores de empresas, Mossack Fonseca, servicios consistentes en fundar y establecer compañías inscritas en un paraíso fiscal, de modo tal que cumpliesen con el objetivo primario de ocultar la identidad de los propietarios.
Como esta empresa existen muchas que hacen esto, incluso empresas aseguradoras, pero lo importante radica en el origen de los fondos, no tanto si pagaron o no los impuestos en los países de los titulares de las cuentas, sino que no sean operaciones de lavado de dinero, que oculten dineros de la corrupción o del tráfico de drogas, armas o personas.
La gran ventaja de estas empresas es que operan en paraísos fiscales, es decir, en territorios que ofrecen a individuos y empresas extranjeras poca o ninguna carga tributaria, en un entorno estable política y económicamente y donde se facilitan poca o ninguna información financiera a las autoridades fiscales extranjeras.
Indudablemente que estos paraísos fiscales y estas empresas son legales y tampoco son ilegales las operaciones de las empresas offshore, como han argüido políticos, intelectuales y demás personalidades.
Lo complicado son las implicaciones políticas ante el grave problema de la corrupción de muchas de las administraciones, que hoy están en tela de juicio, con desfalcos millonarios, como es el caso de Venezuela, Brasil, Argentina, entre otros.
A mediados de 2015, la Comisión Europea publicó una lista negra de paraísos fiscales considerados como no cooperativos en la lucha contra el fraude y la evasión fiscal.
Para la CE, estos territorios son considerados paraísos fiscales, y son: Andorra, Liechtenstein, Guernsey, Mónaco, Islas Mauricio, Liberia, Seychelles, Brunéi, Hong Kong, Maldivas, Islas Cook, Nauru, Niue, Islas Marshall, Vanuatu, Anguilla, Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Bermuda, Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Granada, Montserrat, Panamá, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, las Islas Turcas y Caicos, y las Islas Vírgenes de EE.UU.
Naciones que han estado sintonizadas con muchos escándalos y están en la mira para establecer el intercambio de información fiscal bilateral, que garantice sólo el cobro de impuestos a los países de origen, pero con pocas intenciones de intervenir en investigaciones sobre peculado y corrupción en general.
La peligrosa tendencia social a subestimar este tipo de investigaciones ya se ha expresado en medios y redes, para influir sobre el impacto de estas iniciativas periodísticas, porque nadie duda que los implicados saben que los problemas de inestabilidad económica de las naciones y la debilidad de sus instituciones han hecho posible, en el marco de la impunidad, el desvió de fondos públicos y el manejo de dineros de dudosa procedencia.
Porque el problema no sólo son las operaciones de la firma Mossack Fonseca, de Morgan & Morgan u otras entidades financieras, sino las programas no ejecutados, las empresas desfalcadas, las obras inacabadas, la población destino no atendida y los países en default financiero.
La historia de los Panamá Papers aún no ha terminado. Las más de 215 mil sociedades financieras, que operaban tanto en Panamá como en las Islas Vírgenes Británicas y otros lugares, los cerca de 14.000 bancos y despachos implicados, 1.200 de los cuales tienen su sede en Suiza y los 2.6 terabytes de información harán más de un terremoto, sobre todo político.
En la próxima entrega, reseñaremos cómo se hizo la investigación y las reacciones a esta aproximación a los dineros que crecen en la sombra financiera de los paraísos fiscales.
