Actualidad
No paran las decisiones del gobierno de Abelardo De La Espriella en el marco del fin de la denominada “Paz total”, de la administración de Gustavo Petro.
La más reciente decisión tiene que ver con la revocatoria de la designación de Salvatore Mancuso como gestor de paz.
En agosto, el Consejo de Estado había dejado sin piso jurídico esa designación, y hoy el Gobierno Nacional le pone fin al reconocimiento que el Gobierno de Gustavo Petro le otorgó al exjefe paramilitar en 2023.
La Presidencia sustentó la medida en las facultades constitucionales y legales que otorgan al jefe de Estado la dirección de la política de paz y la preservación del orden público.
La decisión quedó consignada en el decreto 429 firmado el 21 de septiembre, y su vez, a la Oficina del Consejero Comisionado de Paz comunicar la decisión a las autoridades competentes para los fines correspondientes.
Bogotá, D. C, 22 de septiembre de 2026
Ecos Actualidad
El ministro del Interior Rodrigo Lara dijo que el incendio es uno de los mayores en magnitud del país. "Es un incendio de alta velocidad y llamas altas".
Por Carlos Villota Santacruz*. -El Cerro de San Marcos en la ciudad de Villa de Leyva, en el departamento de Boyacá, está ardiendo y lleva ya más de 24 horas.
En medio de la naturaleza que abraza a una de las urbes más turísticas de Colombia, el fuego amenaza con llegar a residencias y hoteles.
El fuego llegó a los 5 metros de altura, impulsado por vientos de más de 40 kilómetros por horas. Las 100 hectáreas afectadas por la conflagración, son la casa de robles, encenillos, arrayanes, helechos, orquídeas y cardones.
Hoy el suelo no es suelo. Es ceniza de 30 a 40 centímetros que el viento levanta. El agua y la lluvia, convertirá en lodo negro, hacia las quebradas de la ciudad de Villa de Leyva.
Esta urbe, es el primer municipio Starlight de Colombia. La plaza principal está vacía por cuenta de la nube de humo.
El Hotel "El Duruelo", donde se han casado más de un centenar de parejas, fue evacuado. No por las llamas directas del incendio, sino por el humo que complica la respiración.
Un número indeterminado de turistas, salieron de Villa de Leyva rumbo a Tunja y Bogotá. Hoteles y restaurantes que tenían reservas hasta el mes de octubre, reportan cancelaciones en 80 por ciento en 12 horas.
Mientras 2 helicópteros, el Cuerpo de Bomberos de y más de 200 personas, trabajan para apagar el fuego, el turismo sufrió un impacto directo por la conflagración.
El ministro del Interior Rodrigo Lara dijo que el incendio es el de mayor magnitud del país. "Es un incendio de alta velocidad y llamas altas".
Este amanecer del lunes 21 de septiembre para los habitantes de Villa de Leyva, no solo impactará, sino que será irreconocible por el fuego que consume el Cerro San Marcos.
Bogotá, D. C, 20 de septiembre 2026
*Internacionalista, consultor político, comunicador -periodista. Escritor
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Mientras que el juzgado 34 de Familia de Bogotá, viabiliza los bombardeos contra organizaciones criminales, teniendo en cuenta criterios especiales, el juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cúcuta, Norte de Santander, ordena abstenerse de hacerlo en áreas donde se registre la presencia de menores de edad o de población civil.
El Juzgado 34 de Familia de Bogotá resolvió una tutela en cuyo trámite se había ordenado frenar los bombardeos contra grupos armados ilegales con presencia de menores de edad reclutados, tras fijar “criterios específicos y rigurosos para las operaciones aéreas, cuando se tenga precisión de la presencia menores de edad”.
La orden judicial a la Presidencia de la República, al Ministerio de Defensa, al Comando General de las Fuerzas Militares y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, destaca que dentro del marco de sus respectivas competencias, que, en la planeación y ejecución de operaciones militares ofensivas, particularmente aquellas de naturaleza aérea, cuando exista información cierta, objetiva o razonablemente verificable acerca de la presencia de menores, adopten un estándar reforzado de precaución como acciones previas de inteligencia.
Se deben tener en cuenta: Intensificar la verificación y contrastación de la información disponible sobre la posible presencia de menores de edad (niños, niñas y adolescentes), incorporar expresamente dicha circunstancia dentro de la evaluación jurídica y operacional del ataque. Valorar el riesgo previsible para su vida e integridad.
También examinar la existencia de medios, métodos, momentos o alternativas operacionales menos lesivas que permitan alcanzar una ventaja militar comparable. Aplicar rigurosamente los principios de distinción, precaución y proporcionalidad antes de autorizar y ejecutar la operación.
También orden que se abstengan de presumir automáticamente, por la sola presencia de menores dentro de un campamento o estructura perteneciente a un grupo armado que aquel constituye un objetivo legítimo de ataque, su situación deberá analizarse conforme a las reglas aplicables del Derecho Internacional Humanitario y atendiendo, en todo caso, su condición de víctima del reclutamiento.
La decisión del Juzgado 34 de Familia de Bogotá no establece una prohibición general y absoluta de las operaciones militares ofensivas o aéreas frente a objetivos militares en los cuales exista presencia de menores de edad, ni implica reconocer inmunidad operacional a estructuras armadas ilegalmente que recluten menores; las operaciones podrán desarrollarse cuando resulten jurídicamente procedentes, siempre que se observen rigurosamente las reglas del Derecho Internacional Humanitario y el estándar reforzado de precaución establecido en la decisión.
El fallo judicial incluye al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y demás entidades que integran los sistemas de prevención, protección, atención y reparación de víctimas, para que continúen fortaleciendo, dentro de sus respectivas competencias, las rutas de desvinculación, restablecimiento de derechos, atención integral y reintegración de los niños, niñas y adolescentes víctimas de reclutamiento, con enfoque diferencial y territorial.
A la Defensoría y Procuraduría lleven a cabo seguimiento a las órdenes impartidas en la decisión relacionadas con la protección de los derechos de menores de edad y que adopten las actuaciones preventivas, de vigilancia y acompañamiento que consideren pertinentes.
Entre tanto mientras que en el juzgado 34 de Familia de Bogotá, se perfila los bombardeos con los criterios especiales, el juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cúcuta, Norte de Santander, ordenó al Gobierno Nacional abstenerse de realizar bombardeos en las áreas donde se registre la presencia de menores de edad o de población civil.
Bogotá, D. C, 16 de septiembre 2026
Redacción Ecos Actualidad
La ministra de salud Ana María Vesga, tras una reunión con la bancada del Centro Democrático encabezada por el presidente del Congreso Honorio Enríquez, se anticipó a anunciar que la Unidad de Pago por Capitación tendría ese porcentaje de aumento en el 2027.
En el encuentro con los congresistas del Centro Democrático y la ministra Vesga, el presidente del Senado, Honorio Enríquez oficializó el compromiso de la bancada para radicar una proposición “urgente” que permita cubrir con $15 billones el desfase presupuestal cercano a los $13 billones en el sistema, garantizando así la liquidez en la prestación de los servicios de salud.
El alto dignatario de la rama legislativa del poder público, Honorio Enríquez, se refirió a la grave situación institucional derivada del periodo fiscal anterior. De acuerdo con las cifras presentadas por la presidencia del Senado, la red hospitalaria y clínica del país arrastra deudas acumuladas superiores a los $55 billones, sumadas a un déficit histórico en el cálculo de la UPC estimado en un -28%.
Según lo analizado en la reunión, el periodo del Gobierno anterior, cerró con indicadores críticos que alcanzaron 378.000 tutelas registradas en 2025 y más de 1,8 millones de peticiones, quejas y reclamos (PQR) en el mismo año. En ese sentido, Enríquez solicitó revisar con rigor la efectividad de las intervenciones administrativas a las EPS y se mostró presto a abrir la discusión sobre el futuro de estas medidas.
Destacó Enríquez que uno de los proyectos que ha presentado busca garantizar la entrega a domicilio de los tratamientos para pacientes que requieren medicamentos de manera prolongada.
Por su parte, la ministra Vesga reveló anomalías detectadas en el empalme institucional, denunciando que en los primeros días de agosto de 2026 la administración saliente suscribió resoluciones por $560.000 millones sin el debido respaldo presupuestal, direccionados principalmente a zonas de influencia electoral.
Adicionalmente, el Ministerio de Salud entregó un balance detallado sobre las afectaciones causadas por el sismo registrado el pasado 10 de agosto. La emergencia afectó las infraestructuras de 440 instituciones prestadoras de salud distribuidas en 11 departamentos.
De ese total, 19 centros asistenciales sufrieron pérdida total y requerirán reposición absoluta. La cartera de Salud estimó que el valor inicial para la reconstrucción de la red hospitalaria física, sin incluir los presupuestos de dotación médica, ascenderá a los $1,9 billones.
Bogotá, D. C, 16 de septiembre de 2027.
Redacción Ecos Actualidad.
El anuncio lo hizo el presidente del Congreso, Honorio Enríquez, a nombre del Centro Democrático, tras advertir un desbalance técnico entre las necesidades operativas de la Fuerza Pública y los recursos asignados en el Presupuesto general de la Nación para la vigencia del 2027.
El presidente del Congreso de la República, Honorio Henríquez, formalizó una solicitud ante el Gobierno Nacional en la discusión del PGN para adicionar 15 billones de pesos al presupuesto del sector Defensa, con el propósito de garantizar el sostenimiento de las operaciones militares y policiales en el territorio nacional.
La iniciativa del congresista del Centro Democrático surge tras un análisis técnico sobre las proyecciones presupuestales expuestas durante una sesión de la Comisión Segunda del Senado. Según el parlamentario, las Fuerzas Armadas requieren una partida global de 115 billones de pesos para cumplir plenamente con sus funciones institucionales; sin embargo, en la propuesta oficial solo se avalaron 74 billones de pesos.
Los argumentos para dicha solicitud, ante las comisiones económicas del Congreso, representa un desface financiero de 41 billones de pesos que compromete la capacidad operativa de las distintas fuerzas y la cobertura de seguridad en las regiones vulnerables.
Enríquez alertó sobre la parálisis que enfrentan áreas clave para el combate de los delitos de alto impacto, al explicar que unidades especializadas como los grupos Gaula, encargados de combatir el secuestro y la extorsión, al igual que los frentes de ciberseguridad, registran indicadores de ejecución prácticamente nulos debido a la falta de herramientas logísticas y financieras.
Dijo que es imperativa la necesidad de dotar de insumos, tecnología y armamento a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional, como condición indispensable para exigir resultados frente a la presión de las estructuras criminales y el crimen organizado.
El hecho se da en plena discusión en primer debate del PGN en las comisiones económicas de Senado y Cámara.
El senador y excandidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, cuestionó la postura del Gobierno Nacional frente a la autonomía universitaria y ratificó el uso del derecho de respuesta en televisión abierta.
El senador y dirimente de la oposición, Iván Cepeda, hizo público el pronunciamiento de la bancada del Pacto Histórico en el que ratifican el uso del derecho de réplica frente a la alocución transmitida por el presidente de la República, Abelardo de la Espriella. La determinación se alinea con la solicitud realizada previamente por el expresidente Gustavo Petro para fijar la postura del bloque parlamentario ante la opinión pública.
Dentro de los puntos planteados por el congresista destaca la posición de rechazo frente a la eventual entrada de la Policía Nacional a los campus universitarios, medida mencionada en la intervención del Jefe de Estado bajo la premisa de prevalencia del orden público.
Sobre este apartado, el legislador sostuvo que dicha consideración entra en contradicción con las salvaguardas fijadas en el artículo 69 de la Constitución Política de Colombia, marco legal que consagra la autonomía de las instituciones de educación superior.
Señaló que el principio de autonomía otorga a los centros educativos la facultad de autorregulación y dirección interna frente a las autoridades administrativas del Estado y advirtió que la formulación de reglamentaciones o disposiciones dirigidas a modificar este alcance impacta directamente las garantías de la comunidad académica y de los sectores juveniles del país.
Cepeda recordó los antecedentes de orden público registrados durante jornadas de protesta ciudadana e intervenciones de la Fuerza Pública en predios universitarios, haciendo un llamado a preservar los derechos constitucionales y a evitar señalamientos institucionales contra los movimientos estudiantiles.
El Pacto Histórico dejará sentada esta argumentación técnica y legal durante la emisión del espacio reservado para la réplica en los canales institucionales.
Bogotá, D. C, 14 de septiembre 2026
Redacción Ecos Actualidad.
En una firme alocución presidencial, el jefe de Estado colombiano reveló el crítico estado de las finanzas heredadas de la administración anterior, anunció drásticas medidas de contención del gasto y advirtió que la autonomía universitaria no impedirá el ingreso de la Policía ante hechos de violencia.
En su más reciente alocución oficial en cadena nacional, el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, lanzó duras advertencias sobre el rumbo económico y de orden público del país.
Con un tono enérgico y categórico, el jefe de Estado hizo un balance de la situación fiscal e introdujo nuevas directrices operativas para las instituciones educativas del Estado.
Al referirse a la Emergencia económica y denuncia por "saqueo" fiscal: De la Espriella denunció que el gobierno saliente de Gustavo Petro comprometió $10 billones en su última semana y consumió casi la totalidad del cupo de endeudamiento del año en tan solo siete meses. Prometió persecución judicial contra los responsables del desvío de fondos públicos.
Aseguró el jefe de Estado que la autonomía universitaria "no está por encima del orden público". Anunció que la Policía Nacional ingresará a los campus para impedir que se conviertan en "santuarios de violencia".
Hizo un balance de su gestión sobre seguridad al anunciar que el Gobierno a través de las autoridades ha realizado más de 17.000 capturas y la neutralización de cabecillas de la criminalidad organizada. Ratificó el fin de privilegios para los corruptos en los centros de reclusión y afirmó que se han formado 73 extradiciones.
Anunció la designación de una gerencia especial para ejecutar proyectos de infraestructura vial y de conectividad en el departamento del Chocó, buscando impulsar la inversión privada en la región.
El mandatario concluyó su intervención reiterando que su administración no negociará la autoridad del Estado y que mantendrá una política estricta de transparencia y mérito en la elección de cargos públicos.
Bogotá, D. C, 14 de septiembre 2026
Redacción Ecos Actualidad
El ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Indalecio Dangond, alertó ante el Congreso la grave situación financiera de la entidad y anunció que se adoptarán drásticas medidas administrativas.
Durante su intervención ante las Comisiones Económicas Conjuntas del Senado y Cámara, el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Indalecio Dangond, anunció la suspensión inmediata y no renovación de contratos de prestación de servicios (OPS), así como parar los procesos de adquisición directa de terrenos rurales.
La determinación se tomó tras realizar una evaluación interna que dejó al descubierto abultadas nóminas paralelas sin justificación operativa lo que llevó a que se suspendieran $540.000 millones en contratos en el Ministerio de Agricultura.
Destacó que se identificaron despachos de hasta 25 asesores que no cumplían labores ni asistían a trabajar, respondiendo a cuotas de carácter político burocrático más que a necesidades técnicas del campo colombiano.
En esa misma línea, el ministro Dangond dijo que se frenaron los procesos de adquisición directa de terrenos rurales. Reveló de la meta trazada inicialmente por 3 millones de hectáreas, la administración anterior solo concretó la adquisición de 350.000 por un valor de $3,9 billones quedando una cartera pendiente de pago por $1,4 billones por fincas ya adjudicadas.
Frente al compromiso pendiente de $1,4 billones de pesos en la adquisición de inmuebles, el Ministerio de Agricultura ordenó la práctica de una auditoría forense sobre el 63 % de los predios que esperan desembolso. La revisión busca determinar la existencia de sobreprecios, toda vez que las inspecciones preliminares arrojaron que el valor comercial de múltiples fincas fue inflado de forma desmedida durante las negociaciones iniciales.
El ministro Dangond enfatizó que el Gobierno Nacional mantendrá congelados esos $1,4 billones de pesos en lo que resta del año, condicionando cualquier pago a que la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación certifiquen la transparencia y legalidad de cada expediente.
Dijo que la meta es culminar las investigaciones antes de finalizar el mes de diciembre para blindar jurídicamente a la dirección de la Agencia Nacional de Tierras (ANT).
El reporte entregado por el jefe de la cartera también dejó al descubierto graves falencias en los procesos de adjudicación de fincas. Las revisiones evidenciaron que miles de parcelas fueron entregadas a las comunidades rurales mediante títulos provisionales o careciendo de la documentación definitiva.
Señaló que la problemática impacta a 35.000 productores agrícolas que recibieron acreditaciones temporales sobre fincas adquiridas a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) que aún mantienen litigios en tribunales y altas cortes, situación que el Gobierno busca sanear legalmente.
Dangond explicó ante las comisiones del Congreso el impacto de la reducción del 32 % en el presupuesto de su cartera para 2027, equivalente a un recorte de $1,3 billones. Enfatizó que la prioridad durante el próximo año será estabilizar las cuentas de la entidad para luego, en el año 2028, retomar la ejecución de grandes proyectos de inversión agropecuaria hacia el 2030.
Bogotá, D. C, 8 de septiembre de 2026
Redacción Ecos Actualidad
La Semana por la Paz en Colombia se inicia en medio de la directriz y orden del presidente de la república Abelardo de la Espriella, de perseguir a las organizaciones criminales con las fuerzas legitimas del Estado o sometiéndolas a la constitución y la ley.
Por Luis Fernando García Forero. - En el marco del inicio de la Semana por la Paz, el panorama nacional refleja resultados contundentes de las Fuerzas Armadas del Estado al mando del presidente Abelardo de la Espriella, al dar de baja a jefes de dichas bandas, que fueron notificadas se sometan ante la justicia, o de lo contrario, recibirán la persecución de las Fuerzas Legitimas del Estado para lograr la convivencia y seguridad en las diferentes regiones del país, tal como lo ordena la constitución y la ley.
Bajo esta premisa de "sometimiento o persecución", en las últimas semanas se han intensificado los operativos y bombardeos en regiones como la Costa Caribe, entre otras, donde las autoridades reportan la neutralización de cabecillas de alto impacto en zonas urbanas y rurales.
Entre tanto, la Iglesia Católica que lidera la Semana por la Paz, no pierde la esperanza que los protagonistas de la violencia y de acciones terroristas, sean conscientes que deben someterse a la justicia. En todas las parroquias del país el mensaje esperanzador de los católicos fue: “La Paz nos llama, nos mueve, nos une”.
Las suplicas de los fieles encaminaban sus oraciones para que la Iglesia Católica en Colombia “continúe siendo artesana y servidora de la paz, signo profético de reconciliación, promoviendo el diálogo, la defensa de la vida y la construcción de una cultura de paz basada en el evangelio…para que los gobernantes, las instituciones del Estado, los líderes sociales y todos los actores políticos encuentren caminos de diálogo sincero que permitan superar la violencia, fortalecer la convivencia y promover el bien común”
La invocación: “roguemos al señor” fue el eco en las misas dominicales “para quienes han optado por caminos de violencia, ilegalidad o destrucción de la vida humana y así experimenten la conversión del corazón y descubran caminos de reconciliación y servicio al bien común”.
Mientras se celebra la Semana por la Paz la Defensoría del Pueblo y fallos de la justicia ordinaria han reiterado la imperiosa necesidad de evaluar el uso de bombardeos y ataques aéreos cuando exista presencia comprobada de menores de edad en los campamentos de los grupos al margen de la ley.
La solicitud de suspender o condicionar este tipo de operaciones busca evitar daños colaterales y garantizar el estricto cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario en el territorio nacional.
El inicio de esta conmemoración nacional deja al descubierto que la estrategia gubernamental de las balas es y será la constante para derrotar a quienes insisten en la ilegalidad llenando de terror y muerte a muchos compatriotas en las diferentes regiones del país.
Ante estas circunstancias aún hay voces, como la Iglesia Católica, que mantienen la esperanza de no cerrar la puerta a la “concertación fraternal” para alcanzar la paz en Colombia.
Bogotá, D. C, 6 de septiembre 2026.
El presidente del Congreso, Senador Honorio Henríquez, y la presidente del Consejo Gremial, Natalia Gutiérrez, coincidieron en la urgente necesidad de iniciar la campaña de ahorro de energía ante la eminente llegada del fenómeno del niño.
Una agenda conjunta orientada a buscar soluciones para la reactivación económica, promover la inversión, avanzar en la reconstrucción del país y abordar asuntos estructurales fue planteada durante una reunión entre el Presidente del Congreso, Senador Honorio Henríquez, y el Consejo Gremial Nacional, encabezado por su presidenta, Natalia Gutiérrez.
El encuentro, realizado en la mañana de este miércoles, permitió establecer un primer escenario de trabajo entre el Legislativo y los diferentes sectores productivos representados en el Consejo Gremial.
“Agradezco a la doctora Natalia, a todo el Consejo Gremial por este espacio y esta oportunidad de construcción colectiva de soluciones que beneficien a todos los colombianos. Quedamos en unas tareas puntuales, concretas”, aseguró el Presidente del Congreso al insistir en la necesidad de unir esfuerzos institucionales y sociales frente a los desafíos que enfrenta el país.
Señaló que esa disposición ha sido planteada desde la posesión del presidente Abelardo de la Espriella, el pasado 7 de agosto, y dijo que “entre todos podemos construir a Colombia, sobre todo en estas situaciones difíciles y complejas de reconstrucción del país, pero sin dejar de lado todos los temas estructurales y transversales de Colombia para que sean superados”.
Prioridades de la agenda
Por su parte, la presidenta del Consejo Gremial Nacional, Natalia Gutiérrez, explicó que durante la reunión fueron analizados asuntos como el Presupuesto General de la Nación, el Plan Nacional de Desarrollo, la salud, las pensiones y diferentes problemáticas sectoriales. Asimismo, resaltó la importancia del funcionamiento y la independencia del Congreso y la necesidad de articular esfuerzos con el Gobierno Nacional.
“Quedamos de hacer un cronograma de tareas para apoyar, acompañar al Congreso y a cada una de sus comisiones, con el liderazgo del doctor Honorio, para poder sacar los proyectos de ley que permitan una reactivación económica”, manifestó Gutiérrez.
Agregó que el propósito será trabajar en iniciativas que aumenten la inversión y encontrar espacios de construcción conjunta, aun cuando existan diferencias entre los distintos sectores.
Entre las primeras conclusiones del encuentro se estableció la necesidad de avanzar en la consolidación de un presupuesto adecuado que permita atender los problemas más urgentes del país, acompañado de la proyección de un Plan Nacional de Desarrollo que contribuya al crecimiento de la economía.
En materia de seguridad, los participantes plantearon la necesidad de estudiar una normativa que facilite la articulación entre la Fuerza Pública y la seguridad privada, con el propósito de fortalecer la seguridad ciudadana. También se identificó la necesidad de avanzar en leyes dirigidas a enfrentar el vandalismo que, de acuerdo con las conclusiones de la reunión, viene afectando a establecimientos comerciales.
La agenda planteada contempla igualmente trabajar en una legislación que fomente la competitividad, la inversión y la estabilidad jurídica. Entre las alternativas planteadas se encuentra la construcción de un régimen de incentivos para grandes inversiones, como parte de los instrumentos que podrían contribuir a dinamizar la actividad económica y estimular la llegada de nuevos capitales al país.
Otro de los puntos centrales estuvo relacionado con la reconstrucción después del terremoto. Entre las conclusiones se propuso avanzar en el fortalecimiento y estructuración del Fondo Milagro y analizar mecanismos que permitan contar con recursos para las obras requeridas en las regiones afectadas. En este escenario, Obras por Impuestos fue señalado como una de las alternativas que deberá ser llevada ante el Ministerio de Hacienda con carácter prioritario.
Campaña ahorro de energía
La situación del sector eléctrico colombiano ocupó un capítulo especial de la reunión. Al término del encuentro, el Presidente del Senado, Honorio Enríquez, anunció su respaldo a una propuesta del Consejo Gremial para promover una campaña de ahorro de energía.
“Nos sumamos a esta campaña e invitamos al Gobierno Nacional a que hagamos lo propio y a todos los colombianos para superar esta crisis en la que nos encontramos, mientras buscamos las soluciones de fondo”, afirmó Henríquez.
Natalia Gutiérrez explicó que el Consejo Gremial presentó al Presidente del Congreso un diagnóstico sobre la situación actual del sector. “Son muy desafortunadas las señales que se dieron en los últimos cuatro años y que hoy tienen al sector en una crisis, y lo cierto es que el Gobierno Nacional recibe hoy el sector eléctrico en un momento muy difícil en el que ya se viene un ‘fenómeno del niño’”, señaló la dirigente gremial.
Gutiérrez agregó que con el Ministerio de Minas se adelantan trabajos orientados a tomar decisiones técnicas de aquí a diciembre para garantizar las condiciones necesarias en embalses y generación térmica. Según Gutiérrez, durante la reunión Henríquez manifestó su disposición para que el Congreso contribuya a liderar la campaña de ahorro de energía propuesta por el sector gremial.
Bogotá, D. C, 3 de septiembre 2026
Fuente: Oficina Información y Prensa Senado
