Actualidad

La 18ª sesión del Foro Permanente de la ONU para Cuestiones Indígenas inició, en la sede de la ONU, con representantes de más de mil pueblos originarios que enfocarán sus discusiones en la generación, transmisión y protección de sus conocimientos tradicionales, enfatizando lo que éstos pueden aportar para afrontar los grandes problemas y amenazas del mundo de hoy.

“Tenemos todavía una deuda histórica con los pueblos indígenas. Sus derechos colectivos, sus derechos culturales y de identidad. Sus derechos a la salud, a la educación y al desarrollo, según sus aspiraciones y necesidades. El 15% de las personas más pobres del mundo son indígenas”, afirmó la Presidenta de la Asamblea General de la ONU, María Fernanda Espinosa.

En su discurso, Espinosa destacó que, aunque no llegan a ser el 6% de la población mundial, el 15% de las personas más pobres del mundo son indígenas, una situación que requiere tomar medidas efectivas inmediatamente.

El 15% de las personas más pobres del mundo son indígenas

“Esto nos exige acciones concertadas y urgentes. No podemos dejar atrás a los pueblos indígenas, su inclusión es crucial si queremos lograr la Agenda 2030. Por eso es fundamental su participación plena y efectiva en el desarrollo. En la implementación y monitoreo de los planes y programas de desarrollos sostenible a nivel local, regional e internacional”, puntualizó Espinosa.

Consideró la líder de ONU que la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, adoptada en 2007, marcó un punto de inflexión; sin embargo, agregó que el mundo debe hacer mucho más para cumplir a cabalidad con su implementación.

Espinosa se refirió a la situación de las mujeres indígenas, que sufren una triple discriminación y violencia por ser mujeres, por ser indígenas y por ser pobres, y sostuvo que ese colectivo es un agente de cambio clave para combatir el hambre y la pobreza.

Asimismo, aseveró que los conocimientos y tradiciones indígenas son vitales para la mitigación del cambio climático y llamó a proteger las lenguas originarias como una condición básica para la conservación de esos saberes.

En la actualidad hay cerca de 370 millones de indígenas que viven en unos 90 países, representan a 5.000 culturas diferentes y hablan la gran mayoría de las 6.700 lenguas que se calcula que hay en el mundo.

El Foro Permanente de la ONU sobre Cuestiones Indígenas fue establecido en el año 2000 por el Consejo Económico y Social (ECOSOC), en línea con las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos. Está compuesto por 16 expertos, la mitad de los cuales es nominada por los gobiernos y el resto por los pueblos indígenas. Su mandato dura tres años y se les considera expertos independientes.

Nueva York, 27 de abril de 2019.

Por Felicia Saturno Hartt.

Un derecho fundamental consagrado en la Constitución Política, la protesta, se está deslegitimando por vándalos que se aprovechan de las manifestaciones de los sectores sociales, para destruir, por las vías de hecho, las infraestructuras arquitectónicas y el espacio público, poniendo en peligro no solo la paz ciudadana, sino la estabilidad institucional y democrática del país.

El derecho a manifestarse, cuando se violan derechos fundamentales, es inherente al ser humano. El constituyente del 91 lo dejó claro en la carta fundamental: “Artículo 37: Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Sólo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho”. 

Pero los vándalos e inhumanos sujetos que quieren establecer la anarquía en Colombia, a través de las vías de hecho, los rechazamos en forma contundente.

Sus acciones delincuenciales no pueden seguir haciendo desastre y ruina a una Colombia que si bien está viviendo un complejo avance en materia institucional, después de la firma del fin del conflicto con las Farc, está ávida de seguir construyendo la verdadera reconciliación nacional.

Contra ellos, todo el peso de la ley.

Bogotá, D. C, 26 de abril de 2019.

Por Luis Fernando García Forero.- Ante la inminente necesidad de preservar el único acuerdo exitoso para dar fin a más de 50 años de conflicto armado en Colombia, el debate de las Objeciones del presidente Duque a la ley estatutaria de la JEP, en el Senado, no pasa de las diferencias.

Los asesinatos de más de 120 líderes sociales y excombatientes reincorporados, en lo que va corrido de este gobierno, así  como la demora en el desarrollo de las acciones del Postconflicto, parece  no motivar a algunos dirigentes políticos a superar sus diatribas.

Prevalece un ambiente de  confrontación que aviva la interminable polarización que rodea a Colombia, que  favoreció a Duque como candidato, pero maltrata su gestión a los ojos de la escena global.

No se necesitan más discursos ni diferencias. Los funcionarios públicos que representan al país ante el Senado deben procurar dar una respuesta.

¿Cuántos muertos más tiene que aportar el país para que algunos congresistas dejen de lado sus conveniencias y logren un acuerdo?

Es indudable que no es una decisión fácil. Sus implicaciones tocan el tejido del ordenamiento jurídico de la Paz y dos temas que han sido tabú en Colombia: la extradición y el paramilitarismo.

Ciertamente la dureza de la escena de los actores opuestos en la plenaria de este martes, cuando se celebraba el día del idioma, no sólo nublaron el léxico, sino que dibujaron ante miles de colombianos que los extremos se siguen acrecentando ante la inminente necesidad de sacar adelante la verdadera paz por la vía institucional.

Bogotá, 24 de abril de 2019

Por Luis Fernando García Forero

Esta semana se decide el futuro de las objeciones que el presidente Iván Duque presentó al Congreso a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz- JEP-, lo que se convertirá en el termómetro que medirá el pulso entre el Gobierno y el Congreso porque determinará quién tiene las mayorías para abrir el camino a los demás proyectos del ejecutivo, principalmente el Plan Nacional de Desarrollo.

Luego del rechazo a las objeciones a los seis artículos por una amplia mayoría en la Cámara de Representantes, la plenaria del Senado define en última instancia si las acepta o las niega y devuelve para que el jefe de estado sancione dicha iniciativa que da las herramientas jurídicas a ese alto tribunal de justicia transicional, cuyo objetivo es definir las sanciones penales a los protagonistas del conflicto armado que por más de 50 años azotó a Colombia, donde se incluyen excombatientes de las Farc, integrantes de las Fuerzas Armadas y agentes del estado.

Sin embargo, la última decisión sobre el tema que le queda a la cámara alta, entra en expectativa porque no se descarta una acción de tutela del presidente del Congreso Ernesto Macias quien considera que lo votado en Cámara viola la Constitución. Sería la primera vez que se utilice esta herramienta jurídica contra una decisión del Congreso de la República.

“Hay que discutir objeción por objeción y votar artículo por artículo de los objetados”, sostiene Macias como argumento para señalar los vicios en el trámite de las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la JEP.

Es contundente en señalar que en la Cámara las objeciones se votaron en bloque y no una por una como, en su criterio, señala la Ley Quinta de 1992, que es el reglamento del Congreso. Advierte además que la Constitución Política establece que las objeciones deben votarse primero en la comisión de origen de la ley objetada, en este caso, el Senado.

La pregunta, de acuerdo a analistas consultados por Ecos, es si una acción de tutela concebida para los derechos fundamentales de las personas, forme parte e intervenga también en las decisiones de las instituciones.

La fuerza de la Gobernabilidad del Gobierno será definitiva con este tema cuando el senado decida si las aprueba, o al contrario, las niegue, en medio del tire y afloje por la llamada “mermelada”, que es en el argot político: votos por puestos y que ha sido uno de los combustibles del sistema presidencialista en Colombia.

Bogotá, D, C, 22 de abril de 2019

Por Luis Fernando García Forero

La iniciativa compromete a 32 directores y funcionarios del Gobierno nacional, encabezados por Vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, quienes ya tienen la hoja de ruta de trabajo para implementar más de 50 medidas transversales y focalizadas, que se requieren para la atención integral de la frontera colombo-venezolana.

El Presidente Iván Duque aseguró que “estas acciones son el resultado de un trabajo concertado y articulado entre la Vicepresidencia de la República, ministerios y la Gerencia de Fronteras de la Presidencia, con gobernadores, gremios, bancadas del Congreso de dichos departamentos y distintos sectores sociales, entre otros”.

En este sentido, el Mandatario aseguró que es “una iniciativa para responder a las necesidades de las zonas de frontera, en medio de una crisis que ha sido muy dolorosa, que se expresa en más de 1,5 millones de migrantes y, obviamente, con la gran desolación que ha traído la dictadura en Venezuela, que ha empobrecido a ese país y que ha acabado con todas las iniciativas privadas que se puedan imaginar”.

El Jefe de Estado enfatizó que “aquí está el Gobierno nacional para responder, y ya hemos presentado hoy un paquete de 50 medidas que tienen alcance específico en cada uno de los departamentos de frontera” y agregó que “son medidas que permiten enfrentar la crisis, pero también dejar a estas zonas preparadas para un retorno de la democracia en Venezuela, que puede ser también una piedra angular de la recuperación económica de estas regiones”.

Con esta estrategia, el Gobierno busca que haya acceso a líneas de crédito con tasas favorables, a recursos para la generación de emprendimiento e impulso para mejoramiento y comercialización e innovación de empresas. También se propone aliviar cargas tributarias, con modificaciones en el pago de impuestos; fortalecer la atención en salud, con nuevos recursos para garantizar la atención de urgencias en hospitales ubicados en la zona de frontera; lograr mejoras en educación, con aumento de la planta docente; aprovechar las ofertas de empleo para todos los ciudadanos, y dinamizar las oportunidades de inversión con la liberación de recursos de regalías, entre otras medidas.

El Gobierno hará un seguimiento permanente de las medidas, con informes trimestrales de los resultados, a fin de medir el impacto para garantizar el cumplimiento y el monitoreo objetivo que asegure la reactivación de la economía en la región.

El Plan fue presentado durante una reunión de trabajo realizada este domingo en la sede de la Gobernación de Norte de Santander, en Cúcuta, con alcaldes de los municipios y gobernadores de los departamentos fronterizos con Venezuela: Norte de Santander, La Guajira, Cesar, Arauca, Vichada y Guainía.

Cúcuta, 14 de abril de 2019

Fuente: Presidencia de la República de Colombia.

El exgobernador y exalcalde de Medellín, Anibal Gaviria, puntea la encuesta para alcanzar la primera dignidad del departamento de Antioquía.

Con un 29 % y margen de error del 2.7 %, Gaviria en la encuesta de 2040 ciudadanos mayores de 18 años, logra cautivar a los electores de Medellín, Envigado, Hitaguí y Bello, según la firma encuestadora WAA SAS.

El panorama cambia totalmente si el exgobernador y exalcalde Anibal Gaviria no va.

Los siguiente son los links de la encuesta y de la ficha técnica:

Para ver encuesta: 

https://drive.google.com/file/d/1Qpk_zWKB0nmdB-4-Z5UB4R9BwQJZdFzf/view?usp=sharing

Por Giovanni Décola. En un hecho sin precedentes en la historia reciente, por primera vez un Gobierno resulta derrotado en asunto de su extrema importancia. La Cámara de Representantes, en una votación de 110 contra 44 hundió las objeciones presidenciales a la Justicia Especial para la Paz (JEP).

En el debate, luego de votarse afirmativamente los impedimentos incoados por los cuatro Representantes de las Fuerzas Alternativas Revolucionarias del Común (FARC), hubo un par de maniobras dilatorias por parte de integrantes del gobernante Partido Centro Democrático, que pretendió en dos ocasiones el aplazamiento del debate, con el fin de darle tiempo al Gobierno Duque de recomponer las mayorías, lo cual fue negado en ambas oportunidades, lo que confirmaba la ya predecible derrota del  Ejecutivo.

De nada valió el intenso e intimidante lobby del Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, ni del Embajador estadunidense en Colombia Kevin Whitaker, ni las intensas llamadas, que desde la Presidencia, hacían a los congresistas, con el fin de desbaratar a la nueva alianza tripartita entre los Partidos Liberal, Cambio Radical y la U, la cual superó la primera prueba de fuego, tras su anunciada unión. 

Esa derrota, aunque tiene connotaciones jurídicas, es eminentemente política. Estos tres partidos, que votaron por Iván Duque en la segunda vuelta, y cuyos votos fueron decisivos para derrotar al candidato izquierdista Gustavo Petro, han sido ignorados totalmente por el Gobierno en la representación política de las altas dignidades, las cuales han quedado en manos de amigos personales del Presidente Duque, el Senador Álvaro Uribe y en menor grado, de la Vicepresidente Martha Lucía Ramírez.

Adicionalmente, los Ministros designados por Duque, en su gran mayoría son técnicos, y aunque muy buenos profesionales en sus áreas, no tienen experiencia política para capotear las exigencias de los parlamentarios. La falta de liderazgo en ellos, es tan evidente, que no han podido sacar avante otras iniciativas de interés gubernamental o salen muy trasquiladas,  inclusive, el Plan Nacional de Desarrollo, que ya superó el primer debate en las comisiones económicas, corre el riesgo de hundirse en las plenarias.

La política hace siglos está inventada. Es obvio que si un Partido de Gobierno, no cuenta con las mayorías legislativas para sacar adelante su agenda, como es el caso del Centro Democrático, cuyos integrantes no alcanzan a ser el 20% del Congreso, requiere de hacer acuerdos programáticos y políticos con los Partidos más afines, cediendo parte de la representación política a cambio de que sus iniciativas tengan un trámite tranquilo en el Parlamento. Eso ocurre en todos las democracias del mundo, tal vez no en las dictaduras, so pena de que en algún momento, hasta el mismo Gobierno, pueda tambalear.

Esa representación política, no puede ser, como la pretenden los agentes del Gobierno: repartir migajas en mínimas dosis a congresistas rebeldes de los partidos políticos, a los que generalmente ha sonsacado. Ello socava la institucionalidad partidista, desprestigia al Gobierno y no garantiza la lealtad del parlamentario con  la Administración. Una vez los Partidos activen sus órganos de control disciplinario, y los amenace de despojarlos de voz y voto, esos parlamentarios volverán al redil y dejarán solo al Gobierno.

El anunciado pacto por Colombia, inclusive debe hacerse con los partidos de oposición, garantizándoles a ellos su libre ejercicio y con todas las garantías, principalmente en lo concerniente a la seguridad, no solo de sus más connotados dirigentes, sino también de sus líderes y militantes. Pero sobre todo, ese pacto, si el Presidente Duque tiene coherencia, debe hacerlo con los Partidos que lo llevaron al poder.  De lo contrario, debió rechazar el apoyo dado por ellos a su candidatura presidencial en la segunda vuelta. A eso se le llama honor y transparencia.

Tiempos difíciles le vienen al Presidente Duque. Tanto que en su propio Partido, ya hay Parlamentarios que públicamente piden la renuncia de Ministros, como ocurrió en este debate, donde Edwar Rodríguez pidió la cabeza de la Minjusticia, ante la estruendosa derrota en la Cámara.  Reconoció que al Gobierno le ha hecho falta diálogo con los tres partidos que conforman la nueva alianza.

Ese cuento de la ausencia de la mermelada, podrá ser eficiente para la galería, pero no en el Congreso; donde los parlamentarios no son ningunos tontos y saben que la nómina estatal y los contratos existen y seguirán haciendo parte de nuestro menú democrático. Duque, debe primero, dar un grito de independencia. No al extremo de distanciarse de Uribe, pero sí de hacerle saber que una cosa es recibir sus consejos y asesoría, y otra es que pretenda cogobernar. El Presidente es el Jefe y punto. Pero sí eso no lo creen ni sus Ministros, mucho menos lo entenderá  la ciudadanía.

Seguidamente Duque debe poner orden en su propio partido, en el cual ya es evidente la división entre los  radicales de derecha y moderados, a quienes tampoco tiene contentos del todo, por distintas razones. La  Vicepresidente Ramírez, tampoco ha sido capaz de  cohesionar a sus antiguas huestes en el Partido Conservador, donde en la votación de las objeciones, pudo palparse que solo 14 de 21 representantes azules, acompañaron al Gobierno. 

Pero donde debe el Presidente demostrar su casta política, que no dudo que la tiene, es con los jefes de los tres partidos de origen liberal, que hoy tienen la fuerza necesaria para imponer su voluntad en el Congreso, aliándose con el Gobierno, o sí lo quieren, con los movimientos alternativos. En ambos caminos, conforma una aplanadora. Con ellos debe buscar un acuerdo sin mezquindades y sin dobleces, por el bien del país y su Gobierno. Debe haber una conversación abierta y franca con César Gaviria, Germán Vargas Lleras y Aurelio Irragori, en busca de consensos, sí es que quiere asegurarse un sitial de honor en la historia de Colombia. 

No hay duda, que ese primer acuerdo, sería el compromiso de Duque, de no volver a jugar con el proceso de paz. 

Sí Duque persiste en su modelo, que visto está, no funciona; no solo va a tener a los Ministros repartiendo canonjías al detal a los parlamentarios, ante la sombra de la moción de censura, zumbándoles en la oreja, sino que ante una crisis de gobernabilidad de mayor envergadura, hasta su propia silla podrá tambalear, pues ya el Gobierno no controla, siquiera la Comisión de Acusaciones, y muchos congresistas preferirán entenderse con Ramírez, para ver qué acuerdos son posibles con ella, que prolongar el ayuno que parece largo y tortuoso. Una cosa es el comportamiento del Congreso, teniendo  a las mayorías, sino contentas, por lo menos neutralizadas, y otra muy distinta, tenerlos cargados de tigre. 

Duque está jugando con fuego y pronto se le saldrán de su control las llamas. Basta que revise la historia reciente de varios países de América.

El parlamentario de Caquetá Harry González, víctima de las Farc, instó al presidente Iván Duque a designar de manera "inmediata" al director de la Unidad de Víctimas.

El representante González destacó la forma como la Cámara de Representantes en una inmensa mayoría negó las objeciones del Presidente Duque a la ley estatutaria de la paz y dijo que haberle aceptado dicha petición al jefe de estado, sería un retroceso al proceso de reconciliación y convivencia en Colombia.

El congresista liberal, Harry González, en el programa Ecos de la Cámara, de Canal Congreso, agregó que aceptar las objeciones a la Ley Estatutaria de la JEP también pondría en peligro el desarrollo del proceso electoral en las regiones y localidades del territorio nacional. 

En Colombia el año pasado se registraron 243.547 víctimas por el conflicto, de los cuales, 77.107, son niños, niñas y adolescentes entre los 0 y 17 años.

Así lo establecen las cifras dadas a conocer por la Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas, de acuerdo al resultado de las diferentes afectaciones que genera el conflicto armado en Colombia y que son el resultado de actos terroristas (atentados, combates, enfrentamientos y hostigamientos), amenazas, delitos contra la libertad y la integridad sexual en desarrollo del conflicto armado, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, homicidios, acción de minas antipersona, secuestros, torturas y vinculación de niños, niñas, adolescentes a actividades relacionadas con grupos Armados, abandono o despojo forzado de Tierras, perdida de bienes muebles o inmuebles, lesiones personales físicas, lesiones personales psicológicas y confinamiento.

En el caso del acto terrorista (atentados, combates, enfrentamientos, hostigamientos) en el país resultaron afectadas en el año 2018, 1.487 víctimas, de estas 8.74 por ciento, es decir 130 personas, son niños, niñas o adolescentes entre los 0 y 17 años.

En ese mismo año se registraron 186.889 víctimas por desplazamiento forzado, siendo 70.754 (37.85 por ciento) niños, niñas o adolescentes entre los 0 y 17 años.

Regionalmente Antioquia es el departamento que más sufre, con 11.046 casos, Santander con 10.974, Nariño 6.614, el Valle del Cauca 5.577, Choco 3.669 casos, Bolívar con 2.843 y Córdoba con 2679 casos.

De las 8.771.850 víctimas que actualmente se encuentra registradas en el país, al corte de febrero de 2019; según los registros de la Unidad para las víctimas 2.365.997 son niños, niñas y adolescentes entre los 0 y 17 años.

Bogotá, D. C, 7 de abril de 2019

Redacción Ecos.

De los $4.6 billones que exigían las comunidades indígenas, se concertó asignar un 17,5 %, monto que previamente estaba contenido en el plan de inversión para la región del Cauca.

El pacto se logró a través de una concertación en el plan de inversiones que debe ser aprobado por una comisión mixta según Decreto 1811 de 2017 y donde forman parte representantes del gobierno nacional y los pueblos indígenas.

Lo acordado tiene como objetivo fundamental solucionar los problemas que históricamente se han quedado sin resolver, por exceder la capacidad de cumplimiento del Estado y porque los compromisos que se adquirieron en el pasado sobrepasaban la realidad fiscal colombiana.

Es importante destacar que los recursos hacen parte del plan de inversión concertado y  corresponden a lo previsto en el Plan Nacional de Desarrollo en el capítulo que tiene que ver con los pueblos indígenas.

El plan de inversiones se enmarca en temas como vivienda nueva y mejoras, salud, proyectos productivos e infraestructura rural, vías, economía naranja y unidad de protección.

El monto de este acuerdo se establece dentro de los compromisos presupuestales previamente consignados en el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Plurianual de inversiones.

Una vez sea aprobado este plan de inversión, su ejecución será responsabilidad de las instituciones del Estado, tanto a nivel nacional, departamental y municipal, contando con el seguimiento y auditoría permanente de los organismos de control y de los garantes.

La implementación del plan de inversiones se verificará por una comisión donde se tramitarán las diferencias que puedan surgir sobre el cumplimiento de lo acordado.

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA

Mondomo, abril 05 de 2019

El Gobierno Nacional se permite informar a la opinión pública que:

• Lamenta las graves afectaciones de las poblaciones de los departamentos del Cauca, Nariño, Huila y Valle del Cauca como consecuencia de los bloqueos promovidos por el CRIC.
• Expresa su solidaridad con las víctimas de estas vías de hecho y se permite anunciar que implementará medidas que mitiguen los impactos negativos sufridos durante los días de paro.
• Respeta y respetará el ejercicio pacífico a la protesta social, de la misma manera que respeta y hará respetar todos los derechos de los colombianos en todo el territorio.
• Ha actuado con firmeza y determinación frente al uso de vías de hecho que han afectado el derecho a la movilidad de cientos de miles de colombianos.
• Reafirma a todos los colombianos y en especial a los caucanos, nariñenses, vallecaucanos y huilenses, que su derecho a la movilidad está garantizado.
• En el marco del respeto a ese derecho, el equipo de diálogo del gobierno nunca accedió a adelantar conversaciones con representantes de la Minga sin la presencia permanente de la Fuerza Pública y en lugares en los que se garantizara la movilidad.
• Hoy se llega a una concertación sobre el plan de inversiones que debe ser aprobado por una comisión mixta creada por el Decreto 1811 de 2017, compuesta por representantes del gobierno nacional y los pueblos indígenas.
• Este acuerdo tiene como objetivo fundamental solucionar los problemas que históricamente se han quedado sin resolver, por exceder la capacidad de cumplimiento del Estado y porque los compromisos adquiridos en el pasado sobrepasaban la realidad fiscal colombiana.
• Se trata de un acuerdo fiscalmente responsable y cuenta con un consenso sostenido por la realidad. De los 4,6 billones de pesos que exigían las comunidades indígenas del Cauca se concertó asignar un 17,5 %, monto que previamente estaba contenido en el plan de inversión para la región del Cauca.
• Estos recursos, que hacen parte del plan de inversión concertado, corresponden a lo previsto en el Plan Nacional de Desarrollo en el capítulo correspondiente al pacto para los pueblos indígenas.
• El plan de inversiones acordado contiene compromisos en las siguientes áreas: Vivienda nueva y mejoramientos de vivienda, salud, proyectos productivos e infraestructura rural, vías, economía naranja y unidad de protección.
• El monto de este acuerdo con las comunidades indígenas del Cauca, se enmarca dentro de los compromisos presupuestales previamente consignados en el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Plurianual de inversiones. La priorización de estas inversiones es fruto del consenso entre el Gobierno Nacional y las comunidades indígenas y campesinas del cauca.
• Una vez sea aprobado este plan de inversión, su ejecución será responsabilidad de las instituciones del Estado, tanto a nivel nacional, departamental y municipal, contando con el seguimiento y auditoría permanente de los organismos de control y de los garantes.
• La implementación del plan de inversiones será verificada por una comisión, en el marco de la cual se tramitarán las diferencias que puedan surgir sobre el cumplimiento de lo acordado, siempre respetando integralmente los derechos de todos los colombianos.
• Agradece a los organismos de control (Procuraduría General de la Nación y Contraloría General de la República) y a los garantes (Naciones Unidas, MAPP OEA, Defensoría del Pueblo), así como a los miembros de la comunidad de Santander de Quilichao, la vereda de Mandivá y el corregimiento de Mondomo. Un reconocimiento especial para la Policía y el Ejército Nacional.

Bogotá, D. C, 7 de abril de 2019

Redacción Ecos Nacional.