En medio de la observación acuciosa de todos los involucrados y con cuestionamientos de la Procuraduría General de la Nación, este lunes 30 de septiembre el SENA deberá definir qué empresa vigilará, intervendrá y soportará la ejecución eficiente del polémico y multimillonario contrato de servicios para garantizar que Telefónica de Colombia en 32 meses pueda modernizar tecnológicamente en las 33 sedes y sus 117 centros de formación en Colombia el contrato que asciende a un valor de  695.000 millones de pesos.

En medio de la observación acuciosa de todos los involucrados y con cuestionamientos de la Procuraduría General de la Nación, este lunes 30 de septiembre el SENA deberá definir qué empresa vigilará, intervendrá y soportará la ejecución eficiente del polémico y multimillonario contrato de servicios para garantizar que Telefónica de Colombia en 32 meses pueda modernizar tecnológicamente en las 33 sedes y sus 117 centros de formación en Colombia el contrato que asciende a un valor de  695.000 millones de pesos.

El SENA y la Universidad Nacional de Colombia adjudicaron el 26 de septiembre de 2019, al proponente único habilitado COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P, después de una contienda no solo con su competidor más cercano, la Unión Temporal Gestión Integral SENA (UT GIS), integrada por Comcel S.A. y Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S, en el marco de la Licitación Pública DG-LP-0001-2019, mediante la cual se contrata el integrador de servicios de tecnologías de la información y las comunicaciones para la Entidad; sino también con la Procuraduría General de la Nación y otros interesados que interpusieron demandas penales hasta solicitudes de revocatorias a través de Sistemas de Veeduría Pública, pero les queda otro escollo por sobrepasar.

El contrato que se adjudicará el lunes, que asciende a algo más de 22.000 millones de pesos, no ha sido menos polémico que el contrato base adjudicado el 26 de septiembre, pues ha sido cuestionado por la Procuraduría General de la Nación y la Veeduría quienes solicitaron la revocatoria a los dos procesos y que el SENA con su homólogo asesor, la Universidad Nacional de Colombia, negaron mediante escrito al Veedor.

Entonces se señalaron inconsistencias al cambiar de manera abrupta, una vez definido el pliego de condiciones definitivo y cuando sólo faltaban muy pocos días para su cierre, la solicitud de adjuntar las hojas de vida de 10 profesionales altamente calificados a la cifra elevada de 41 profesionales idóneos, sin ninguna justificación, lo que seguramente definía cerrar el camino a muchos oferentes plurales al proceso y reduciendo los principios de transparencia.

Al haber quedado en evidencia por la presión de la Procuraduría, el SENA y la Universidad Nacional volvieron a la solicitud de los 10 profesionales iniciales.

Una vez cerrado el proceso de propuestas con estas nuevas condiciones, el SENA recibió solo dos propuestas de consorcios pero uno de estos, según los documentos que reposan en las páginas del Secop II, SUPERVISIÓN TIC, está conformado por la misma empresa controlante del proceso de auditoría de salud multada por una serie de incumplimientos con el mismo representante legal.

El SENA tiene entonces otro gran reto que resolver: hacer una evaluación y revisión de propuestas juiciosa para blindar el proceso contractual que acaba de adjudicar, teniendo en cuenta además que en ese consorcio se encuentran otras dos empresas controlantes en proceso de reorganización tratando de superar una crisis de posible quiebra en el mercado.

En los documentos oficiales que reposan en el Secop II se puede apreciar que la dirección donde funciona esta empresa es igual a la de GIC SAS y el proceso de multas de estas empresas consorciadas incluyendo la empresa mayoritaria GIC SAS controlada por MK Ingeniería Civil SLP y ahora participante de este proceso del SENA. Así está en el portal de contratación pública de Colombia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-15-6849165

Hechos

Una vez cerrado el proceso en presentación de propuestas, solo dos proponentes hicieron llegar sus ofertas. Uno de ellos es el denominado CONSORCIO SUPERVISION TIC que incluye a la interventora que ha venido obteniendo los contratos como proponente único en los últimos 10 años, y que para el presente incluye a los siguientes participantes, según se observa en el portal público de Colombia Compra Eficiente: REDCOM LTDA. En reaorganización, SERTIC SAS. Reorganización, ESERCON SAS Y M&K INGENIERÍA CIVIL SLP SUCURSAL COLOMBIA, todas ellas radicadas en la misma dirección de funcionamiento en Bogotá D.C. según registros de cámara de comercio firmados entre otros apoderados por Miguel Alexander León García.

La directora de la Administradora de Recursos del Sistema de Seguridad Social en Salud, ADRES, Cristina Arango Olaya, informó recientemente que la Unión Temporal Auditores en Salud ha incumplido reiteradamente la ejecución del contrato número 080 de 2018, firmado con esa Entidad, que no debe haber más multas a esta Unión Temporal, y que es tiempo de acatar una solución integral a la revisión de los recobros, y consecuentemente sancionar de manera ejemplar a estas empresas que tanto daño le han ocasionado al sistema con su comprobada inexperiencia y sin tener una visión más allá de obtener beneficios económicos.

Arango Olaya se refirió a las múltiples multas por incumplimientos sancionados mediante las Resoluciones 3939 y 4340 de 2018, las cuales quedaron en firme 26 de septiembre de 2018 por un valor de 985 millones de pesos, el incumplimiento en la entrega de resultados de auditoría del paquete de recobros y reclamaciones del mes de febrero 2019, así como el incumplimiento en el pago de salarios, seguridad social y entrega del Sistema de administración de riesgos sancionados con multas en junio de 2019 impuestas a la Unión Temporal en Cabeza del Señor Miguel Alexander León García también representante en el consorcio que aspira a vigilar el mega contrato de tecnología del SENA. 

¿Pero qué tiene que ver este proceso de Salud con el del SENA?

La Unión Temporal Auditores en Salud es conformada por las siguientes empresas: Gerencia Interventoría y Consultoría GIC SAS, Haggen Audit SAS, Gestión y Auditoría Especializada Ltda. e Interventoría de Proyectos SAS.

En su Cámara de Comercio la empresa GIC SAS, participante mayoritario, está representada por el señor Miguel Alexander León García, con domicilio en la misma dirección en Bogotá donde están ubicadas las participantes del proceso del SENA en curso, y de manera significativa su empresa controlante es una empresa de Ingeniería Civil que tampoco tiene nada que ver con el sistema de salud de Colombia, denominada M&K INGENIERIA CIVIL SLP., como controlante, esta misma incluida en el consorcio de interventoría al SENA.

Con este entramado de consorciados y representantes en diversos frentes de la contratación en Colombia, con publicación de multas,  incumplimientos, reorganizaciones y quiebras,  encuentra otro escollo el SENA y todos sus beneficiarios estudiantes, docentes y administrativos para salir finalmente de esta pesadilla, incluyendo la demanda interpuesta por la Fundación Derecho Justo, que tiene como objetivo "evidenciar la presunta violación a los derechos colectivos a la moralidad administrativa, la defensa del patrimonio público, a la libre competencia económica y el acceso al servicio público de educación, y a que su prestación sea eficiente y oportuna".

Bogotá, D. C, 27 de septiembre de 2019

Por Alejandra Buitrago

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