El Primer Ministro de Gran Bretaña, James Cameron, ha confirmado que el próximo día 23 de junio se realizará el referéndum para que se decida si Gran Bretaña sale o no de la Unión Europea.
Cameron ha explicado la importancia de la decisión y la ha tildado de una de las decisiones más importantes de la historia del Reino Unido: "Es una de las decisiones más importantes de sus vidas, se trata del tipo de país que queremos ser".
El primer ministro ha asegurado que va a intentar que el Reino Unido siga dentro de la UE y hará campaña para ello. "Lo haré con todo mi corazón y toda mi alma para que los euroescépticos confíen en que lo mejor es seguir dentro de la UE". También tiene que convencer a parte de su partido y a su Gabinete.
A la vuelta de Bruselas, Cameron ha comenzado su campaña por mantener al Reino Unido dentro de una UE reformada. Una misión a la que se entregará “con toda el alma y todo el corazón”.
El primer ministro se enfrenta al mayor examen político de su carrera: convencer a los euroescépticos de su propio partido, a su gabinete y, en última instancia, a los votantes, de que los nuevos términos negociados son suficientes para que merezca la pena permanecer.
Aun cuando Reino Unido fue uno de los 12 miembros fundadores de la UE, que se pactó en 1992 y entró a la Comunidad Económica Europea en 1973, siempre ha sido un caso diferente al de países como Francia y Alemania.
Entre otras excepciones, Reino Unido no adoptó la moneda única, el euro. Y aunque el Acuerdo de Schengen no es propiamente un pacto de países de la UE, Reino Unido también decidió abstenerse de entrar al área que, en 1995, suavizó la mayoría de controles fronterizos en Europa.
Desde que empezó el gobierno de Cameron, en 2010, ha sido presionado por parlamentarios conservadores y del partido por la Independencia del Reino Unido (UKIP, por sus siglas en inglés) para que intente devolver a Londres los poderes que le entregaron a Bruselas.
Según analistas y parlamentarios, las negociaciones tratarían temas como la Directiva de Tiempo de Trabajo, que impone normas de empleo tales como la limitación de la jornada laboral y la obligación de otorgar a los trabajadores de la UE un número mínimo de días festivos al año.
Reino Unido también está interesado en cláusulas de exclusión sobre la policía y la justicia criminal.
