Ginebra.- Un balance de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) reveló que, hasta esta semana, más de 100.000 migrantes y refugiados han llegado a Grecia (Ruta del Mediterráneo Oriental) e Italia (Ruta del Mediterráneo Central) en lo que va de 2016. De ellos, 97.325 llegaron a Grecia hasta el 22 de febrero. En 2015, las llegadas de migrantes superaron la cifra de 100.000 en junio 2015.
Además, más de 410 migrantes y refugiados han perdido la vida durante el mismo período. De ellos, 321 murieron en la ruta del Mediterráneo Oriental entre Turquía y Grecia, el trayecto más mortífero.
De acuerdo con la OIM de Grecia, unos 35.132 migrantes han llegado a las islas griegas en lo que va del año 2016. Las autoridades griegas informaron que los porcentajes por nacionalidades en febrero han sido los siguientes: Siria (48%), Afganistán (25%), Iraq (17%), Irán (3%) y Pakistán (2%). Los demás países de origen (5%) eran Marruecos, Bangladesh, Somalia y otros.
Según estimaciones de la OIM, en febrero unos 26.076 refugiados han cruzado la frontera entre Grecia y la ex República Yugoslava de Macedonia.
Miembros del personal de la OIM desplegados en las islas de Creta, Samos, Kos y Lesbos, trabajan en estrecha colaboración con las autoridades para identificar a los migrantes vulnerables, tales como menores no acompañados, personas mayores, migrantes con necesidades médicas y familias con niños. Los grupos vulnerables son referidos a las autoridades para que se les brinden los cuidados necesarios.
En una declaración conjunta emitida en Ginebra, ACNUR, UNICEF y OIM advirtieron que el número de muertes de niños está aumentando e hicieron un llamado a adoptar más medidas para incrementar la seguridad de quienes huyen del conflicto y la desesperanza.
Desde el pasado mes de septiembre, cuando la trágica muerte del pequeño Aylan Kurdi captó la atención del mundo, más de 340 niños, muchos de ellos bebés, se han ahogado en aguas del Mediterráneo oriental. La cifra total de niños que han fallecido ahogados podría ser incluso mayor, afirman las agencias, porque sus cuerpos han desaparecidos en el mar y jamás se han recuperado.
Mientras tanto, en Italia, después de varios días sin llegadas, sobre todo debido al mar agitado, se rescató a 940 migrantes en total en un solo día (22 de febrero) en el canal de Sicilia. De ellos 357 fueron llevados a Pozzallo, 342 a Messina y 241 a Lampedusa. En su mayoría procedían de África subsahariana y muchos habían huido de Libia debido al deterioro de la seguridad en el país, donde a menudo son objeto de violencia.
Desde el comienzo del año, unos 7.507 migrantes han llegado por mar a Italia. Esto es aproximadamente el mismo número que el año pasado.
“Todavía estamos registrando la llegada de muchos migrantes vulnerables, que con frecuencia se encuentran en condiciones sumamente graves, después de haber sido víctimas de violencia a manos de traficantes de personas en Libia. Además, seguimos viendo a muchas mujeres víctimas de trata, una tendencia alarmante que ya se había registrado en 2015”, informó el portavoz de la OIM de Italia, Flavio Di Giacomo.
Miembros del personal de la OIM están desplegados en los principales puntos de desembarque de Sicilia (lo que incluye Lampedusa), Calabria y Apulia, y prestan servicios legales a las personas que llegan por mar, inspeccionan las condiciones de recepción y apoyan a las autoridades en la identificación de grupos vulnerables.
Esta crisis de refugiados no es sólo una crisis humanitaria, sino política, según Oxfam Intermon. De acuerdo a la Convención de los Estatutos de los Refugiados de 1951, y recogido también en el Capítulo de Derechos Fundamentales de la UE, todos los países deben respetar el derecho al asilo al que está sujeto cualquier individuo.
Incluso para aquellos que no se les considera sujetos de asilo o de ninguna otra forma de entrada legal, el proceso de retorno debe ser respetuoso con los derechos básicos. Es decir, nada de vallas, muros, devoluciones en caliente, de gases, cañones de agua...
España tiene abiertas tres amonestaciones de la Comisión por no aplicar correctamente la legislación comunitaria en materia de asilo. En caso de que las medidas adoptados por el ejecutivo español no sean aprobadas por Bruselas, España podría ser denunciada ante el Tribunal de Justicia de la UE.
