Opinión

Por: José Félix Lafaurie Rivera*.- Represento a los ganaderos en la Junta Directiva de Finagro y, en tal condición, sería omisivo no referirme al Crédito Agropecuario, a propósito del debate público sobre la Línea Especial Colombia Agro Produce, creada para apoyar la producción rural durante la pandemia.

Al margen de las investigaciones de los órganos de control, el problema es más de fondo, del Sistema de Crédito Agropecuario, creado hace 30 años por la Ley 16 de 1990, que dio vida a Finagro, y fue modificado a retazos sin que hasta hoy se haya revisado integralmente. Como en muchos aspectos de la vida nacional, tuvo que caernos una pandemia para hacer esos cambios profundos y necesarios, cuando el sistema evidencia sus distorsiones e inequidades.

La desviación de la sustitutiva: Finagro es operador de las directrices de la Comisión de Crédito Agropecuario, con una oferta de líneas de fomento que llega al productor a través de los bancos, conocida como “cartera de redescuento” y alimentada, principalmente, por la emisión de Títulos de Desarrollo Agropecuario, que son inversiones obligatorias para los bancos.

Sin embargo, el crédito de redescuento, que fue bandera y esencia de Finagro, se empezó a degradar durante la última década, al punto que en 2007 representaba el 78% del total de las colocaciones y, doce años después, en 2019, apenas aportó el 19%.

¿Qué pasó? La ley les permite a los bancos “sustituir” la inversión forzosa por el otorgamiento de créditos directos, registrados como Finagro, pero flexibles en sus condiciones y orientación; y como la lógica de fomento es diferente a la lógica comercial de los bancos, estos empezaron a enfocarse en los segmentos de menor riesgo, como la gran agroindustria, que es, además, esencialmente urbana. No es extraño, entonces, que en 2019 la cartera sustitutiva se hubiera llevado el 81% del total de colocaciones.

La inequidad hacia el productor primario: La ley misma permite esa “fuga” de recursos, a partir de una concepción de cadena que es válida, pero sin perder el objetivo de privilegiar al productor ligado a la tierra. Hoy, cuando existen gigantes de la comercialización y la agroindustria, un “gran” productor rural, con activos apenas superiores a los 4.000 millones, no se puede comparar con empresas agroindustriales que se miden en billones. No es en vano que, en 2019, los comercializadores y transformadores recibieran 11 billones, equivalentes al 56%, mientras al eslabón primario llegaron 4,7 billones, el 25% del total.

La inequidad hacia el pequeño productor es apenas un resultado de esas distorsiones. En 2019, los pequeños recibieron el 13% de los recursos, mientras los grandes absorbieron el 71%.

En un tema tan estratégico para el campo, es necesario aprovechar la coyuntura de cambio que nos impone la pandemia. Por ello presenté una proposición a la Junta Directiva de Finagro, con cinco elementos sustantivos para el nuevo Crédito Agropecuario.

1) Clasificación del productor por ingresos y no por activos. 2) Diferenciación del verdadero productor primario, ligado a la tierra y los animales, de los eslabones de transformación, comercialización y servicios de apoyo. 3) Reestructuración de la cartera sustitutiva, con cupos obligatorios para pequeños, medianos y grandes productores primarios. 4) Asistencia técnica obligatoria para pequeños productores, que facilite el acceso al crédito y disminuya el riesgo y la tasa de interés. 5) Sistema Móvil de Garantías, administrado por Finagro, que libere cupo hipotecario al ritmo de la amortización, permitiendo acceso permanente al crédito.

La plata del campo para el campo, debe ser la consigna en tiempos de cambio, no solo como propósito de equidad, sino de futuro para Colombia.

Bogotá, D. C, 3 de mayo de 2020

*Presidente FEDEGAN

 @jflafaurie

Por Gabriel Ortiz*.- Mientras en Colombia y en gran parte de los países del mundo sus poblaciones tratan de sobrevivir a la pandemia que los acosa con el coronavirus, que penetra organismos y pulmones de la humanidad, a los sectores bancarios e inversionista, ni siquiera el toca un simple catarro, o “influencia” bugueña de que habla cierta senadora.

Nuestro sistema financiero se anticipa a todo lo que en el tiempo y la distancia se vislumbre como control. No admite una mínima inyección de justicia social. Utiliza en su beneficio la más acertada vacuna, en el momento preciso.

Hoy desde las más grandes, hasta las más pequeñas empresas, industrias, comercios, formales o informales, incluyendo las finanzas hogareñas, van por los caminos ruinosos de la pospandemia, sin que la banca se apiade de quienes han sido su sostén en la prosperidad o en los momentos más difíciles.

Todos los países han tomado medidas acertadas para evitar que el sector financiero pesque en el río revuelto por el Covid-19. Han reducido los intereses, han subsidiado el pago de las nóminas para defender el empleo y condonados créditos.

El sector financiero colombiano ha recibido jugosos regalos impositivos con las últimas reformas tributarias. El Banco de la República ha bajado los intereses, medida que no se ha extendido a los usuarios.

A este paso y antes de que la comunidad científica descubra la vacuna, todos los bienes y servicios de esta nación estarán en las manos de quienes hace pocos años recibieron el apoyo de millones de colombianos que con sus impuestos salvaron de la quiebra a una banca, que después a precios de ocasión, fue entregada a los prestamistas que hoy miran con desprecio y sin compasión a millones de nuevos pobres de coronavirus.

La crisis que hoy soporta el mundo -Colombia incluida- y las que se avecinan, han devorado y devorarán en el inmediato futuro, los sistemas de salud que visitan con más frecuencia las pandemias, ante la decadente vitalidad de los habitantes. Y es el sector financiero el que se ha vigorizado con esa desgracia.

El gobierno Duque buscó fortalecer la producción alimentaria para soportar la tragedia. Ordenó destinar una abultada suma para los agricultores, con intereses justos. Pero aparecieron los grandes y se apoderaron del 90 por ciento de ese crédito y dejaron como ocurrió con AIS, las migajas a los pobres. Los grandes terratenientes no siembran, importan. Los pequeños, los del crédito oneroso, solo podrán sufragar los costos de parte de sus cosechas. Luego vendrán la escasez alimentaria y la hambruna con todas sus secuelas.

Estamos pues, ante el imperio de un sector financiero, que capta barato y presta con avaricia. Ese que impone líderes, conforma dirigencias y dispone la organización de sociedades débiles, desinformadas y lamentables.

Cuando llegue la vacuna, seguramente será tarde. Ya todos tendremos “corona”.

BLANCO: La Onu pide nuevamente al ELN, prolongar el alto al fuego.

NEGRO: La grave situación económica de la empresa aeronáutica. Sin apoyo, también desaparecerá el turismo.

Atlanta, 1 de abril de 2020

*Periodista Exdiretor del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.

Por José G. Hernández*.- El coronavirus es, sin duda alguna, para todo el mundo, el mayor desafío del siglo -hasta ahora, porque quedan ochenta años y pueden venir cosas más complicadas-. Y ha sido a la vez el mayor reto para quienes ejercen el poder.

Como lo expresé  en escrito reciente para el primer número de la revista digital “Pandemia”, que dirige mi buena amiga Gina Montealegre, ese virus ha implicado un apreciable crecimiento del papel del Estado -por lo menos ante la expectativa popular-, dando lugar a unas mayores facultades, aceptadas  inclusive por las tendencias enemigas del intervencionismo. Pero, ante los hechos, cabe meditar no solamente en ese fundamental concepto alrededor del cual giran la Ciencia Política y la Teoría del Estado, “el Poder” -el que está en cabeza de los gobernantes-, sino en lo contrario, que en estos meses ha quedado al descubierto en muchas partes: la incompetencia, la ineptitud, la falsedad y el fracaso del poder.

En tal sentido, como lo prueban los hechos, el Poder -con mayúscula, el de los presidentes y los primeros ministros- ha sido puesto a prueba, y ésta ha dado negativo: no han podido con el virus. Se ha mostrado, sin posibilidades de ocultar -aunque los medios y los informes oficiales han ayudado a los gobiernos a disminuir el impacto-,  la impotencia o ineptitud, que consiste en carecer del poder, es decir, en el drama de gobernantes que, como Donald Trump, Boris Johnson, Pedro Sánchez,  López Obrador, Lenin Moreno, Jair Bolsonaro o Sebastián Piñera,  entre otros, han pasado de la omnipotencia a la desesperación, a la agresividad, a la burla pública -como en el caso del presidente norteamericano cuando sugirió, como tratamiento contra el contagio, unas inyecciones de desinfectante- .

Han llegado a aceptar, demasiado tarde y a regañadientes, decisiones -como la cuarentena-, impuestas por la dura realidad y en razón del formidable poder del coronavirus, y después,  varios de ellos, bajo presión de poderosos intereses financieros y empresariales  -lo que demuestra que tampoco ante ellos ejercen un genuino poder- las han desmontado sin decirlo. “Que todos piensen que seguimos en cuarentena, pero la cuarentena se acabó”, dirán sus asesores. “Y que cada cual se defienda como pueda. No podemos hacer nada más”. Derrota del poder del Estado ante otros poderes.

Un fenómeno interesante, que no deja de tener un cariz político, pero que merece la reflexión de periodistas y comunicadores, y que se ha visto evidente durante los días de pandemia: el influjo del poder, pero no del poder o liderazgo de los gobernantes, sino del poder económico o partidista en muchos -no en todos- los medios electrónicos de comunicación. Encuestas, maquillajes, informes y análisis no rigurosos, no confrontados, no exigentes, en que la tozudez del periodista investigador (fastidioso para el gobernante) ha sido reemplazada por la sumisión y la amabilidad de quien presenta la noticia… muestran la obsecuencia del patrocinado. Por eso, de tiempo atrás, quien esto escribe ha sostenido que, en muchos países, y aquí también, debería estar prohibida la propaganda oficial pagada en los medios privados porque les quita su libertad.

¿Quién tiene el verdadero poder?

Bogotá, D. C, 30 de mayo 2020

*Expresidente de la Corte Constitucional

Por Víctor G. Ricardo*.- Qué diferencia tan grande la que hay entre la actitud del Alcalde de Medellín y la Alcaldesa de Bogotá con relación a las medidas decretadas por el Gobierna Nacional.

Mientras que la Alcaldesa de Bogotá, Claudia López, salió a decir que no era posible poner en práctica las medidas de reactivación de los sectores de construcción y manufacturas porque la Alcaldía de Bogotá no había tenido tiempo para implementar los protocolos sanitarios y el registro de las empresas que iniciarían sus trabajos, generando un gran desconcierto en estos sectores de la actividad económica en la capital de la República, en Medellín el Alcalde Daniel Quintero salió muy contento y dio inicio en esta ciudad al restablecimiento de la economía, en concordancia con las decisiones del Gobierno nacional, con todas las medidas de protocolo e incluso de inteligencia artificial que permiten el control de los trabajadores y las empresas.

El Alcalde Quintero comentó que en su ciudad se actuaba en procura de salvar la vida de las personas y la estructura económica que permita el trabajo de las mismas y que para ello actuaba de manera coordinada con las autoridades nacionales, el señor Presidente de la Republica, la academia, los empresarios, los dirigentes gremiales y las fuerzas vivas y líderes de su ciudad.

También vio la opinión pública cómo los Alcaldes y Gobernadores de la costa Atlántica, como de muchos de las otras zonas de Colombia, coordinaban los registros y los controles de los protocolos de salud para que los sectores autorizados por el Gobierno nacional empezaran sus labores y así también dinamizar las economía regionales.

Y es que estas acciones de Gobierno son necesarias, pues necesitamos salvar las vidas de la personas pero reactivando las actividades económicas que permitan también que la economía no se muera, pues de lo contrario, la gente también moriría ya no de coronavirus sino de hambre, a pesar de los esfuerzos del Gobierno para llegar con auxilios económicos y mercados a las familias más pobres del país.

Las autoridades no sólo deben cumplir con el juramento que hicieron al tomar posesión de sus cargos respecto del cumplimiento de sus deberes, la Constitución y las leyes, sino también dar ejemplo a sus gobernados. Por esta razón, es incomprensible cómo la alcaldesa de Bogotá violó no sólo las normas de carácter nacional al no acatar la apertura de ciertos sectores de la economía, bajo el pretexto que no habían tenido el tiempo suficiente para alistarse, sino que también violó como ciudadana aquellas normas que expidió como alcaldesa y sobre las cuáles le pidió a los bogotanos estricto cumplimiento.

¿Cuál es la autoridad moral de un Alcalde que predica y castiga el incumplimiento pero no cumple, ni lidera con el ejemplo? No basta con pedir perdón por la falta cometida y decir que recibieron un comparendo ciudadano. Es que además violaron como empleados públicos sus funciones y dieron mal ejemplo a la ciudadanía por lo que deben recibir una sanción disciplinaria, para lo cual la Procuraduría General de la Nación, debería ya haber asumido la investigación respectiva, ya que es a esa entidad a la que le corresponde ejercer el control administrativo de las malas acciones de los servidores públicos. Esto, sin hablar de la credibilidad que destrozó con su irresponsabilidad como funcionaria pública.

Colombia no será la misma después del coronavirus, pero si la gente en semejante crisis de la pandemia viola las normas e incluso hay Alcaldes y funcionarios que han aprovechado para delinquir, contratado mercados por valores distintos para cobrar comisiones, también deberíamos ponernos de acuerdo para que los castigos sean no solo ejemplarizantes sino mayores.

Bogotá, D. C 30 de abril de 2020

*Excomisionado de Paz

¡Cada dificultad, trae grandes oportunidades!

Por Óscar Villamizar Meneses*.-Las nuevas teorías de la administración hablan que en el siglo XXI el reto de las empresas privadas y públicas es ser cada día más dinámicas; la población hoy día quiere estar más actualizada, laboralmente estable, tener calidad de vida y bienestar social, siendo el Gobierno un actor principal en este proceso y en la nueva economía

El actual escenario a causa de la crisis de salud por el Covid-19 nos está poniendo de manifiesto dos de los factores claves, no solo para implementar a corto plazo, sino también del futuro paradigma económico y formativo resultado de esta crisis mundial: el teletrabajo y la tecnología.

El teletrabajo sin mediar preparación frente a un escenario empresarial fue necesario implementarlo como única solución para proteger la vida de los trabajadores y permitir un desarrollo del objeto social de cada una de las organizaciones públicas y privadas logrando la continuidad en sus actividades.

De igual manera, vemos como las tecnologías marcan la diferencia ante los movimientos inesperados, permiten a nivel de salud y sectores productivos conocer la situación en tiempo real y tomar decisiones oportunas; son ellas una herramienta importantísima en la superación de las crisis, en conjunto con el talento de las personas que día tras día viven actualizándolas e innovando.

Es así, como vemos cada día con más claridad conforme avanza el desarrollo, que aquellos países que más han invertido en tecnología  tienen mayor competitividad frente a situaciones difíciles como la actual, por tanto una vez pasada esta crisis tendremos y tenemos que capacitar, innovar e implementar en gran porcentaje el teletrabajo y desarrollar acciones basadas en gestión y disponibilidad de recursos para tecnificar nuestros campos, empresas  y brindar mejores oportunidades laborales en aras de disminuir la informalidad laboral y empresarial que sobrepasa el 64%.

Sigámonos preparando en materia tecnológica. La salida de esta terrible crisis, nos da la bienvenida a un futuro virtual que debe ser impulsado por los gobiernos con políticas de capacitación, preparación, actualización y aumento de las coberturas para que no solo se quede en los centros urbanos, sino también en las zonas rurales de nuestro territorio, para aplicar la tecnología al desarrollo del campo. 

Oscar Villamizar Meneses

Primer Vicepresidente Cámara

Abril 27 del 2020

Por Guillermo García Realpe*. –En época de pandemia son muchos los que le quieren sacar provecho a la contingencia, desde carteles que acaparan todos los elementos básicos de protección, hasta quienes ponen las ambulancias al servicio público de pasajeros para evadir la norma, también los especuladores de los precios en los productos básicos de la canasta familiar y así en muchos otros sectores. Lo que refleja sin duda, corrupción a gran escala. 

En el caso del nivel institucional, pues el panorama no es distinto. Muchos corruptos están de fiesta en varias regiones del país, contratando millonarios recursos para diferentes programas sociales encaminados a atender la crisis, pero en medio de su “esfuerzo” aprovechan para planillar mercados con sobrecostos, para beneficiar de ayudas a personas que no lo necesitan, y ni qué decir de los millonarios recursos que se invierten en los Programas de Alimentación Escolar –PAE-, muchos de esos recursos terminan dilapidándose y quedándose en los bolsillos de unos pocos inescrupulosos que juegan con el erario haciendo un festín con los recursos públicos que son de todos. 

Pero en este escenario de la contingencia, también encontramos muchas empresas de servicios públicos que hoy juegan con la necesidad de la gente, abusando de las tarifas e incluso anunciando que van a promediar el pago de las mismas con meses donde no teníamos contingencia, afectando así a muchos sectores que hoy no tienen la misma capacidad de pago que en tiempos de normalidad. Especialmente me refiero a las empresas del servicio de energía, que han cometido muchos abusos en Colombia e incluso en estas circunstancias de la pandemia. 

No solamente las hidroeléctricas han abusado del cargo de confiabilidad, también hace un par de años ocurrió la misma situación con las termoeléctricas las cuales obtuvieron recursos superiores a los $16 billones. 

En medio de la crisis ciertas empresas como CELSIA en el Tolima aprovecharon la interpretación del artículo 146 de la Ley 142 del 93 de Servicios Públicos; para tratar de abusar con los comerciantes, con los hoteleros, con los restaurantes y en fin con la gente que se dedica a la prestación de servicios turísticos muy importantes  en el sur oriente del Tolima, como Melgar, Carmen de Apicalá, Icononzo, Prado, etc, y que haciendo pretexto con el tema de que no podían revisar los consumos con personal presencial de la empresa, les iban a aplicar promedios de los últimos meses, es decir, en el mes de marzo querían calcular promediando con meses de temporadas altas, cuando los establecimientos no tienen ocupación hotelera, ni los restaurantes la clientela habitual y así querían cobrarles tarifas con promedio correspondientes a los meses de diciembre y enero que son de altísima ocupación. Ese abuso no lo toleró la gente y por eso, junto a varios dirigentes del Tolima impulsamos un debate en la última semana en la Comisión Quinta del Senado para exponer está y otras situaciones a la Ministra de Minas, a la Superintendente de Servicios Públicos, y al Director de la CREG. 

Pero no sólo CELSIA en el Tolima, muchas empresas en Colombia han abusado con la trepada de las tarifas en los recibos de servicios públicos, constantemente recibimos quejas de situaciones similares en departamentos como el Cauca, el Huila, el Meta, en fin en muchas más regiones donde las tarifas por estos días llegan por las nubes sin que haya poder humano para regular esas situaciones. Por eso instamos a los organismos correspondientes a controlar y sancionar las alzas en el servicio de energía que se vienen presentando y denunciando a lo largo y ancho del país y por supuesto también que se apliquen los subsidios correspondientes a los estratos 1, 2 y 3. 

Temas como el incremento en el valor del cargo fijo o en el valor del kilovatio que en muchas regiones prácticamente se ha doblado el precio, sin duda alguna tiene que sancionarse. Muchas familias que antes pagaban, por ejemplo, en promedio 80 o 90 mil pesos mensuales, ahora el valor del servicio se les duplicó y según la Resolución 058 del 2020, las empresas que prestan el servicio de energía eléctrica no podrán realizar incrementos del valor del costo unitario, a menos que sean diferidos posteriormente. 

En el caso de la compañía CELSIA, pues ya entró al radar del control del Ministerio de Minas, de la Superintendencia de Servicios Públicos , de la CREG y del Congreso de la República, y hoy esa empresa tiene que empezar a rectificar y ofrecer mejor servicio, pero servicio de calidad, sin abusos y con tarifas justas. 

Estaremos muy atentos a hacerle seguimiento a este y otros temas de interés nacional, porque no es justo que hoy muchas personas, muchas empresas oportunistas se aprovechen del difícil momento de la gente para darles un golpe de gracia  a sus bolsillos y debilitando aún más la precaria situación económica de las familias colombianas.

Bogotá, D. C, 27 de abril de 2020

@GGarciaRealpe

Por Juan Camilo Restrepo*.- Estamos empezando a ver -ante la emergencia de la crisis del coronavirus- una manera de presentar las cuentas fiscales que puede tornarse contraproducente, a pesar de la mejor buena voluntad con que se les maneje. Inclusive puede volverse en contra de la misma credibilidad de las cifras.

Veamos con un poco de perspectiva lo que ha venido sucediendo en las últimas semanas.

Cuando estalla la pandemia la primera reacción del Ministerio de Hacienda fue anunciar que la inesperada situación podría manejarse sin necesidad de recurrir a nuevos endeudamientos. Es decir, que las cosas podrían seguir transcurriendo dentro de las aguas tranquilas de un déficit público que no excediera el 2,2% del PIB.

Pocos días después se declara la emergencia económica, y mediante el famoso decreto 444 de 2020 se arbitran unos recursos para atender los primeros fogonazos fiscales de la emergencia (cerca de 14 billones de pesos). Esto se hizo a través de una operación interna consistente en que el Gobierno central tomaba prestados a los municipios y departamentos recursos que éstos tenían ahorrados en sus cuentas de estabilización del fondo de regalías y del fondo pensional.

Esta operación (que, recuérdese, está aún sujeta a revisión por la Corte Constitucional) fue un ingenioso mecanismo que se ideó de afán el Ministerio de Hacienda para financiar más gasto público sin aumentar el déficit. Y comenzar así a atender los primeros gastos públicos que demandaba la pandemia.

La extraña figura que ideó en el decreto 444 del 2020 no perece ser, a primera vista, en un incremento del endeudamiento público. El Gobierno central cambia un recurso líquido por un pagaré que le extiende a las territoriales. Y éstas, a su turno, canjean un recurso liquido como son las reservas pensiónales y de estabilización del fondo de regalías por un pagaré a cargo del Gobierno central. Formalmente parece ser una operación fiscal neutra, con la cual se financia más gasto público a través de un cruce de cuentas al interior de la contabilidad agregada del Estado.

El decreto 444 lograba entonces la maravillosa alquimia de arbitrar recursos para financiar más gasto público sin incrementar el déficit.

Pero rápidamente los hechos desbordaron la alquimia. Se convocó de urgencia a la comisión asesora de la regla fiscal la cual, utilizando la flexibilidad que permite la ley 1473 de 2011 amplía el déficit fiscal autorizado del 2,2% al 4,9%, lo que le permite al Gobierno endeudarse en 27 billones adicionales sin quebrantar la sacrosanta regla fiscal.

Pero este cupo adicional de $ 27 billones ya parece también estar comprometido y desbordado. El ex ministro Mauricio Cárdenas escribió, por ejemplo, en El Tiempo del 18 de abril lo siguiente: “Para tener un orden de magnitud, el mayor déficit fiscal autorizado será de 27 billones de pesos, según lo preliminarmente comunicado por el comité de la regla fiscal. De este monto se tendrán que pagar gastos adicionales para la salud (que ya van en 7 billones de pesos), las transferencias a la población en condiciones de pobreza y vulnerabilidad (5 billones de pesos) y la capitalización del Fondo de Garantías (3,2 billones).Si a esto se le suma la pérdida de ingresos tributarios- que la misma Dian estima en 20 billones-, podemos afirmar que ya no queda espacio fiscal disponible. Por el contrario, el gobierno necesitará una segunda sentada del comité para subir el cupo en varios billones de pesos y poder acomodar lo ya comprometido”. Tal como lo advirtieron algunos miembros del comité por lo demás.

La regla fiscal es útil y genera credibilidad en los mercados si ella se le percibe como un ancla sólidamente afianzada al lecho de las aguas tormentosas por las que estamos navegando. Pero si se convierte en una simple boya que va flotando y acomodándose a las cambiantes necesidades del gasto público, pierde su razón de ser.

Y es que faltan muchísimos gastos por contabilizar en esta emergencia. Para no ir muy lejos: todos aquellos que habrá que realizar para recuperar la economía y generar más empleo en un verdadero plan Marshall criollo luego de la postración general en que va a dejarnos el coronavirus

Los países de la Unión Europea, en vez de estar cambiando las restricciones legales del déficit a medida que van saliendo noticias sobre la gravedad de la crisis, optaron por algo más sabio: pusieron en el congelador sus reglas fiscales hasta cuando se llegue a aguas más tranquilas. ¿No deberíamos hacer lo mismo, en vez de estar cambiando cada nada los porcentajes de los déficit autorizados?

La regla fiscal no puede convertirse en un modelaje de plastilina. Pues en tal caso pierde lo que le es más importante: su credibilidad.

Bogotá, D. C, 26 de abril de 2020

*Abogado y Economista, Exministro de Estado.

Por: José Félix Lafaurie Rivera.*.-Imaginar futuros azarosos a partir de la lectura del presente, es el ámbito de las distopías; y cuando veo la lluvia de mezquinos golpes contra el presidente, en medio de la angustia de un pueblo, se me ocurre mi propia distopía sobre la Colombia de pasado mañana.

Mediados de 2021. Con victoria de China termina la carrera por encontrar la vacuna contra la COVID-19, que se crea muy cerca de Wuhan, se produce y se paga masivamente, aunque su distribución, a pesar del “clamor” solitario de la OMS, se demora para los países pobres y “medianos” como el nuestro.

En Colombia, por fin, arranca la reactivación plena, porque en su capital, que es el 26% de la economía, la alcaldesa, en abril de 2020, enfrentó la decisión del Gobierno de una apertura progresiva y decidió, con el argumento populista de la salud a ultranza, que “la cuarentena en Bogotá se levanta cuando haya vacuna”, sin reparar en la quiebra de los empresarios, en sus empleados despedidos, ni en los millones de informales.

No estaba sola. Su socio de otras épocas, el senador Petro, trinaba incesante que “No debe salir ni la manufactura ni la construcción; no es vital que salga su fuerza laboral”. Era paradójico: los supuestos defensores de los trabajadores no los querían dejar salir a trabajar con rigurosos protocolos, pero ellos, desafiando la enfermedad y empujados por el hambre, protestaban sin protección en las calles.

Llega 2021 y, con la economía a media marcha, todos los sectores, las regiones, las etnias, siguen pidiendo ayudas al Gobierno, que se había aplicado con coraje a preservar el sistema de salud y las ayudas a los pobres en el pico de la crisis, pero ahora sus arcas están vacías. Los bancos, que para abril de 2020 habían reestructurado deudas por más de 125 billones, hicieron un mayor esfuerzo a pedido del Gobierno, mientras las “barras bravas” de la oposición exigían condonación total y emisión, para pagar con “papeles” la continuidad insostenible de las ayudas, al estilo del sátrapa vecino, atornillado con el apoyo de la izquierda continental.

En medio del desastre, a Colombia no le fue tan mal y la economía empieza a repuntar, pero el país, que meses atrás le reconocía al presidente su enorme esfuerzo, está fracturado políticamente, por el ataque sistemático y mezquino de la oposición: Cepeda, el partido Farc y el centro-santismo, viudo de poder y contratos, en lugar de unir durante la crisis, se dedicaron a bombardear a Duque, y ahora arrecian sus ataques, incitando a la lucha de clases y la protesta callejera, permitida pero todavía peligrosa.

Se acerca una segunda Navidad a medias, y se acercan también las elecciones. Claudia, impedida, con ansias de sucesión apoya al candidato institucional de los verdes, mientras Petro se lanza, pero a la calle primero, con sus huestes de la CUT y Fecode, para acogotar al Gobierno y a Claudia, de paso, y deslegitimar cualquier opción que no sea la suya: el Socialismo Bolivariano salvador.

Volvamos a 2020. ESTO NO PUEDE SUCEDER. Con una economía golpeada, un fisco menguado, indicadores sociales desmejorados y una sociedad convaleciente, no podemos dejar la recuperación del país en manos de la izquierda criolla aliada de Maduro. Debemos cambiar la realidad desde hoy: Apoyo decidido a Iván Duque en sus decisiones para preservar la salud y reactivar la economía, y rechazo a quienes buscan sembrar pánico e inconformidad, para erigirse en salvadores con promesas populistas.

El futuro lo construimos hoy, distópico o promisorio. Como en la batalla contra el coronavirus: está en nuestras manos.

Bogotá, D. C, 26 de abril de 2020

Presidente de Fedegan

@jflafaurie.

Por Mauricio Cabrera Galvis*.- Las situaciones extremas, como la guerra o la pandemia del coronavirus enfrentan a las personas a tremendos dilemas éticos que cuestionan los principios y valores que regían la vida en circunstancias ordinarias. Y la economía política tiene mucho que ver con esos dilemas.

El dilema más dramático es el que han enfrentado los médicos en el norte de Italia, en New York o en otros sitios donde la capacidad hospitalaria se ha visto desbordada por el número de contagiados y, como dice el dicho, no hay cama para tanta gente y, lo más crítico, no hay suficientes ventiladores que les permitan a todos los pacientes respirar y vivir.

Imagine la escena y piense usted que haría. Tiene dos o tres pacientes esperando una cama en la UCI y un ventilador, porque sus pulmones están colapsados, pero solo hay uno disponible. En sus manos está la decisión de quién va a morir y quién va a vivir. ¿A quién se lo asigna?

¿Con qué criterio tomar la decisión? ¿Por orden de llegada y entonces es casi la suerte la que decide? ¿Por razones médicas, y se lo da al menos grave porque tiene más probabilidades de sobrevivir? ¿Por puros criterios financieros y le toca al que tenga la mejor póliza de seguro? ¿Al más joven porque los ancianos de todas maneras van a morir pronto? Muy complicada decisión.

Tiene consecuencias igual de graves el dilema de un comerciante que vende desinfectantes o tapabocas. O una farmacéutica que descubra el remedio contra el virus.

La demanda por su producto es altísima y según la ley de la oferta y la demanda debería subir el precio. ¿Se puede enriquecer a costa de la salud de los demás, o irse al otro extremo de reducir el precio para que más personas salven sus vidas?

Otro dilema en un escenario muy diferente. Una madre cabeza de familia con tres hijos que se ganaba la vida vendiendo aguacates en la calle. Se quedó sin ingresos y sus niños lloran de hambre. Es cristiana, observa los mandamientos y siempre ha sido honrada pero su única posibilidad de conseguir comida es robarla en el mercado. ¿Usted respetaría la propiedad privada aún a costa de la vida de sus hijos?

La economía tiene mucho que ver en estos dilemas. Porque estos son consecuencia de decisiones políticas anteriores sobre la distribución de recursos. Los médicos no tendrían que decidir a quién permiten vivir si el sistema de salud y los hospitales hubieran recibido recursos suficientes; si el Estado planificara que las fábricas hubieran producido más ventiladores y menos Nintendos, así no fueran tan rentables.

Bogotá, D. C, 26 de abril de 2020

*Filósofo y Economista.Consultor.

Por Amylkar D. Acosta M*.- El pasado 9 de abril, por fin, tuvo lugar la tan anunciada cumbre virtual de la Organización de la OPEP +. Se trataba de deshacer los pasos de la confrontación a la que había conducido el desencuentro entre Arabia Saudita y Rusia, que había provocado una guerra de precios que los había llevado a mínimos históricos de US $22.71 el barril de la referencia BRENT el 31 de marzo, su más baja cotización desde noviembre de 2002, un descenso del 69% en los últimos 12 meses.

Pero esta no fue la única causa de la destorcida de los precios del crudo, sino que la trifulca entre la OPEP y Rusia se vino a sumar a la menor demanda de crudo a consecuencia del freno al crecimiento de la economía global que se derivó de las medidas draconianas que tuvieron que tomar los países para enfrentar la pandemia del COVID-19. Tanto más en cuanto que las previsiones sobre el crecimiento de la economía global en lo que resta de este año y el entrante son muy pesimistas; lo ha dicho la Directora del FMI Kristalina Georgieva, “hemos entrado en una recesión igual o peor que la del 2009”.

En un hecho sin precedentes, el precio del petróleo WTI, se hundió hasta situarse por debajo de su piso, cotizándose a – US $37.63, experimentando una caída de US $55.90 con respecto a su cotización el pasado viernes. El Acuerdo alcanzado llegó tarde, porque la guerra de precios declarada entre la OPEP y Rusia, tras la ruptura del Pacto de cuotas contraído con antelación, había dado lugar a una inundación del mercado de crudo. 

Como era de preverse, a pesar de retirar del mercado a partir del mes de mayo 10 millones de barriles/día, que podrían llegar a ser 20 millones de barriles/día si sumamos lo que restan Venezuela, Irán y Libia, más lo que por la inercia de los precios está dejando de exportar EEUU, cuya oferta en un 52% depende del fracking,  los precios no iban a detener su curso hacia abajo marcado por los fundamentales del mercado.

En efecto, el año anterior el cartel de la OPEP + había logrado sostener  artificialmente los precios del petróleo de la referencia BRENT hasta cerrar el año alrededor de los US $64 el barril, mediante un recorte de su oferta. Pero, ahora el escenario es otro, la virtual parálisis del aparato productivo a nivel global, a consecuencia del confinamiento dispuesto por las autoridades para contener la pandemia del COVID 19 ha reducido la demanda en 30 millones de barriles/día, razón por la cual después de haber acordado restringir la oferta los precios en lugar de subir bajaron.

Pero, lo acaecido con los precios del crudo de la referencia WTI no tiene antecedentes ni parangón en la historia de la industria del petróleo, por primera vez desde que se llevan registros los productores han terminado pagándole a sus clientes para que retiren el petróleo. Son varias las razones que explican tan inusitado escenario. En primer lugar la sobreoferta persiste, en segundo término el anuncio del FMI de su previsión de una recesión de la economía global este año del 3% desalienta aún más la demanda, los depósitos en tierra y mar de crudo están rebosados y los contratos de futuro de WTI que sirven de referencia para la formación del precio del Texas vencían esta semana para entrega en mayo.

Es de anotar que los “barriles de papel”, que es como se denominan los volúmenes que se transan en los mercados de futuro en las bolsas de los commodities, superan ampliamente la producción real y sus precios son los que sirven de referencia. A diferencia del crudo de referencia BRENT, que “sólo” había bajado hasta los US $25.59, el desplome del WTI lo precipitó el rebosamiento de la capacidad del terminal de Cushing (Oklahoma, sur de EEUU), que no da abasto para almacenarlo. Según la Agencia Internacional de Energía el Medio Oriente, lo mismo que Europa, tienen limitaciones de almacenamiento de crudos, pero todavía tienen margen de maniobra.

Por lo demás el vencimiento de los contratos a futuro del BRENT sólo vencen en junio, cuando se espera que el desacople entre la oferta y la demanda sea menor. A pesar de todo, el precio del crudo WTI arrastró en su caída al precio del BRENT, el cual cayó hasta los US $20.36 el barril, su más bajo precio desde 2001; pero, de no haber una señal de una pronta reactivación de la economía global,  podría repetirse con el BRENT lo acaecido con el WIT.  

Volviendo a los precios del crudo WTI, esa caída del 305% del precio con respecto al pasado viernes es algo que nunca se había visto, en donde las empresas poseedoras de los contratos a futuro que se vencen, para desencartarse, le pagan a sus clientes para que retiren el crudo desde sus campos de producción, porque le resulta más costoso almacenarlo, dada la especulación por parte de quienes tienen contratada la capacidad de almacenamiento. Prefieren rematarlo porque a corto plazo no se vislumbra un repunte de la demanda, toda vez que también las refinerías tienen sus depósitos en el límite.

De todos modos, en perspectiva, los precios del crudo WTI y del crudo BRENT correrán la misma suerte, afectados como están y van a estar por largo rato por el letargo de la economía global y en el mediano y largo plazo la suerte está echada, toda vez que la tendencia a la baja se mantendrá, esta vez por cuenta la mayor contracción de la demanda que traerá consigo la Transición energética desde las energías de origen fósil, contaminantes del medioambiente, hacia las fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER) y limpias. Se estima que la participación del petróleo en el consumo total de energía pasará del 37.5% actual al 22% en 2050. Por lo pronto, Colombia tiene el consuelo que el precio de referencia de la canasta de crudos que exporta es el BRENT y no el WTI, pero el futuro es incierto.

Cota, abril 25 de 2020

*Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.

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