Opinión
Han sido divulgados varios proyectos de acto legislativo orientados a modificar las reglas vigentes sobre administración de justicia.
Hay consenso en torno a la existencia de una crisis. Preocupa a los colombianos la creciente congestión; la morosidad que, pese al mandato del artículo 228 de la Constitución (“Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado”), conduce a decisiones extemporáneas a las que muchas veces se adelanta la muerte del interesado; a lo cual se añaden el excesivo formalismo y la corta visión de muchos jueces sobre el objeto de las normas que aplican.
Se observa, además, una extendida falta de criterio jurídico y hasta de elemental sentido lógico en muchas providencias, lo que nos ha llevado a proponer desde hace años que, para ser juez, se exija a los candidatos una previa preparación académica adicional a la de los abogados, específica e intensa, exclusivamente dirigida a tal efecto, con profesores de las más altas calidades, y con énfasis en la rama del Derecho en que aquéllos quieren desempeñarse. Con exámenes y trabajos de grado que aseguren la excelencia. De modo que a la judicatura no se llegue por casualidad, sin la fortaleza que otorgan el conocimiento del Derecho y la formación de la conciencia jurídica.
Para vergüenza del país, a la impunidad provocada por jueces indulgentes, por el vencimiento de términos, por las maniobras de abogados inescrupulosos; por la generosa aplicación del principio de oportunidad y de inmerecidos beneficios y rebajas de penas; a la grave crisis carcelaria... se añaden ahora la politización en que han caído algunos funcionarios y el preocupante incremento de graves irregularidades en el trámite y decisión de los procesos.
Más que en las disposiciones constitucionales vigentes -a muchas de las cuales se propone introducir innecesarias reformas- el principal problema de nuestra administración de justicia radica en la equivocada selección de quienes administran la justicia. Aunque hay jueces, fiscales y magistrados probos y bien estructurados, no es la regla general, y en cambio, una perniciosa tendencia a la corrupción se acusa en muchos, por lo general acompañada de una débil formación jurídica. Es decir, ante la deficiente preparación en Derecho, se prefiere -porque no se respetan la ética ni los principios- la vía torcida del soborno, la influencia política, la compra y venta de conciencias y el desvío de los procesos hacia los fines perseguidos por quienes no tienen escrúpulos, ni resortes morales.
Hoy, en no pocos despachos judiciales, no valen los argumentos jurídicos, ni pesa el material probatorio. Son sustituidos por la apelación a corruptas modalidades seudo procesales habilidosamente usadas para vencer o neutralizar a la contraparte, o para impedir la correcta aplicación de las leyes, mediante la interpretación malévola de sus mandatos. Y cuando eso ocurre se sacrifica el valor primordial del Derecho: la justicia.
Se ha improvisado con los proyectos de reforma, y se ha puesto atención a asuntos que poco o nada interesan a la ciudadanía, ni aseguran el efectivo y real acceso a la administración de justicia. Mientras no pensemos en el elemento humano y en su formación moral y jurídica, de nada sirven las reformas.
Bogotá, D. C, 4 de octubre de 2018
*Expresidente de la Corte Constitucional.
En los últimos días he sido invitada a varios espacios de opinión a debatir acerca de la radicación que realicé del proyecto de ley para la creación del Ministerio de la Familia. En casi todos estos encuentros, y a través de mis redes sociales, pude enterarme de varias preocupaciones y temores al respecto, sobre los cuales quiero pronunciarme.
La primera es que, si bien de acuerdo a nuestro ordenamiento constitucional y jurídico la competencia para crear nuevos órganos del Estado es exclusiva de la rama Ejecutiva en cabeza del presidente de la República, el doctor Iván Duque, este proyecto puede ser viable en la medida en que cuente con el aval del Gobierno, frente a lo cual quiero señalar que ya la iniciativa se encuentra en el despacho de la señora ministra del Interior, la doctora Nancy Patricia Gutiérrez.
Por otro lado, uno de los temores más grandes es que sea un órgano excluyente ya que en el proyecto de ley cité el artículo 42 de la Constitución Nacional en donde se refiere a la conformación de una familia. Quiero dejar claro que mi naturaleza política es profundamente demócrata y el hecho de registrar lo que dice la Carta Magna es sólo el marco normativo que todo proyecto debe incluir.
Además este artículo está contenido en varias leyes como la 1361 de 2009 y la 294 de 1996, todas ellas fundamentales para la protección integral de la familia.
De tal forma quiero que la opinión pública quede tranquila al saber que mi interés, y ni el del proyecto de ley, es discriminar. Las personas que ya venían siendo beneficiarias por parte de los diferentes programas continuarán recibiendo las ayudas, no se excluirá a nadie por su raza, sexo, creencias, religión, etc.
Zanjado el tema ideológico, considero que no se debe distraer la atención del centro de esta iniciativa que no es otro que la articulación y sinergia de varios de los programas sociales que habían venido funcionando desde diferentes entidades del Estado.
Otra de las inquietudes que se han despertado es si en verdad es necesario este ministerio o si basta con darle un mayor impulso a los programas existentes. Como legisladora mi trabajo siempre ha estado enfocado al tema social. En ese sentido fui autora de varias leyes como la 82 de 1993 y la 1232 de 2008, que le da reconocimiento y beneficios a las mujeres cabeza de familia o la 1257 de 2008 en contra de la violencia intrafamiliar.
Luego de más de una década de promulgadas estas leyes el panorama no es para nada alentador. La violencia intrafamiliar sigue siendo una dolorosa realidad para casi 16.500 mujeres que el año pasado reportaron ser víctimas de maltrato. Eso sin contar que niños y adultos mayores también tienen que soportar este flagelo llegando a 12 mil casos denunciados.
Ni que hablar del tema de seguridad alimentaria para los menores de edad. Es francamente doloroso saber que 37 pequeños hayan muerto de desnutrición en La Guajira y que esta situación se esté volviendo en algo normal.
¿A dónde se están yendo los 11,03 billones de pesos que es el presupuesto para los programas sociales? Con el Ministerio de la Familia y Social podremos darle, por fin, una supervisión más cercana a la ejecución de los programas sociales y a la focalización correcta de los recursos.
Además de tener una articulación de los programas sociales, con cero costo y sin aumentar la burocracia, el Estado podrá realizar diagnósticos más certeros y unificados de las problemáticas reales que vive la familia colombiana de hoy y ofrecer las soluciones para brindar la protección y la seguridad que los miembros de esta institución, eje de la sociedad, necesita de forma apremiante.
Algunos opinan que la solución sería apoyar más la transversalización de los programas y darles un mayor impulso, y eso no sería otra cosa que darles más recursos, cuando el problema no es ese sino que sean usados de forma eficiente y eficaz.
El debate sobre la creación del Ministerio debe darse, y en Cambio Radical estamos preparados para ello y mostrar la conveniencia de la aprobación de este proyecto, pero por favor no desviemos la atención en temas de supuestas discriminaciones que claramente no existen, y mientras nos centramos en eso las brechas de inequidad, las cifras de pobreza, de violencia, de muertes al interior de la familia rural y en las ciudad siguen creciendo y volviéndose algo normal para la sociedad colombiana.
Bogotá, D. C. 4 de octubre de 2018.
*Senadora de Cambio Radical
En 13 meses Colombia renovará todas sus autoridades locales. En el último proceso electoral participaron más de 112.000 aspirantes. 144 candidatos a gobernadores, 4.539 competidores para alcaldías, 3.444 aspirantes a diputados, 90.275 buscaron ser concejales y 14.471 a ediles.
Muchos de quienes logren ganar las curules se elegirán gracias al apoyo de organizaciones criminales, otro tanto lo harán con el financiamiento de contratistas que luego esquilmarán las arcas del Estado y un puñado de ellos intentará hacer una política seria y renovadora.
Como las elecciones son en un año deberíamos estar discutiendo cómo garantizar que sean estos últimos los que tengan mejores condiciones para hacer la política, porque su problema es que juegan con desventaja. Quienes reciben dinero ilícito juegan con ventaja, pues pueden gastar lo que sea con la tranquilidad que nada les va a pasar. Ese es el drama de nuestra política, que los criminales la tienen muy fácil para apropiarse de lo público y capturar el Estado.
La prioridad de cualquier discusión sobre reforma política debería ser cómo salvar la democracia local. Si no hacemos algo ahora, vamos a pasar el próximo lustro lamentándolo. En lugar de ello, el congreso empezó a discutir una reforma que busca cerrar las listas, cambiar las circunscripciones y eventualmente establecer la paridad de género, entre otras iniciativas válidas y necesarias pero sin ninguna relevancia para el proceso electoral de 2019. Los resultados del cambio constitucional, si es que logra ser aprobado, se verán en las elecciones de 2022. Las reformas políticas tienen que tener sentido de oportunidad, y aunque se podría decir que el congreso es muy previsivo y visionario, en la práctica lo que está haciendo es su responsabilidad y permitiéndole a los ladrones y delincuentes que sigan controlando la política local.
Ninguna de las propuestas que actualmente tramita el Congreso tendrá vigencia para las elecciones locales porque nada de lo que están discutiendo se pondrá en vigencia para el proceso electoral de octubre del próximo año.
Supongamos que los partidos aceptan la lista cerrada, incluso en ese caso será imposible que los partidos puedan desarrollar mecanismos de democracia interna para ordenar las listas de concejos o asambleas del próximo año por falta de tiempo. La reforma se aprobará en junio y las inscripciones comienzan en julio.
El monto de gasto en las campañas electorales de 2018 va a superar los 2 billones de pesos. De este monto, solo 500.000 millones serán reportados oficialmente. El Estado colombiano asignará un presupuesto de unos 150.000 millones para reposición de votos, los cuales serán pagados a partir del año 2020, tan solo unos mil o dos mil millones se girarán como anticipos electorales. Esto significa que más del 75% de los recursos que invertirán los candidatos en la campaña serán de origen desconocido para los electores y las autoridades. Y este billón y medio de pesos provendrá principalmente de contratistas estatales y redes de narcotraficantes, contrabandistas, mineros ilegales y bandas criminales en los territorios de posconflicto.
El gobierno del presidente Duque ha levantado la bandera de la lucha anticorrupción y la construcción de legalidad, pero si no cuenta con el apoyo de las autoridades territoriales sus esfuerzos para construir el Estado de Derecho no pasarán de las esferas nacionales. El gobierno y el Congreso aún están a tiempo de hacer algo para evitar que la democracia local siga siendo manejada por bribones. Una ley estatutaria para mejorar la transparencia, facilitar el control de los recursos y mejorar los mecanismos de control judicial sobre el gasto electoral es aún posible en lo que queda de legislatura. Pero tal parece que nuestros partidos y congresistas prefieren actuar como la orquesta del Titanic, dedicados a tocar música mientras todos nos hundimos.
Bogotá, D. C, 4 de octubre de 2018
*Exviceministro del Interior
Al ver y escuchar a Donald Trump en la Asamblea General de Naciones Unidas no quedaba claro si el que estaba hablando era el presidente de Estados Unidos o el dueño de una marca que cobró 50 millones de dólares o más por ceder su franquicia a un complejo hotelero en Ciudad de Panamá que lleva el nombre de Torre Trump, según contó 'The Washington Post', sin invertir un dólar.
Más allá de ser un exitoso empresario y constructor, detrás de la marca Trump hay toda una oferta de productos como colonias, agua, gafas, colchones y hasta una Universidad llamada Trump, y ni hablar de hoteles y lujosos jets que engloban la multimillonaria fortuna del hombre más poderoso de la tierra. El objetivo de Trump, dice la periodista Naomi Klein, en su libro Decir no, no basta, “era convertirse en una marca hueca: ser propietario de poco, ponerle su marca a todo”.
Klein, también activista ambiental, dice en su texto que “no es posible desligar a Trump, el hombre, de Trump, la marca; son dos entidades que hace mucho que se fusionaron. Cada vez que pone el pie en una de sus propiedades -un club de golf, un hotel, un club de playa- con el equipo de corresponsales de la Casa Blanca a remolque, está haciendo aumentar el valor de su marca, lo que permite a su empresa vender más carnets de socio, alquilar más habitaciones y subir las tarifas”.
Por eso Trump hace lo que se le da la gana; no solo hizo alterar la agenda de la ONU, sino que colapsó la Quinta Avenida en Nueva York al trasladar el cuartel general de la Casa Blanca a la Torre Trump, retando al alcalde de la ciudad que es del partido demócrata y al Estado profundo que no lo apoya y, por supuesto, al resto del mundo. Puede parecer trivial lo que digo, pero ese es el presidente del país más poderoso del mundo: no hace concesiones con nadie y tampoco esfuerzo alguno para matizarlo.
Por ello cuando Trump comenzó su discurso en la ONU, con 30 minutos de retraso, dijo: “En menos de dos años mi administración ha logrado más que cualquier otro gobierno en la historia de nuestro país Estados Unidos, eso es muy cierto” y, por supuesto, tal afirmación provocó de inmediato risas en el auditorio de la magna asamblea y él, dueño de la marca Trump, supo sortear la situación, pero no disipar el caos que su administración ha ocasionado en el orden internacional con sus decisiones.
Así como ha gobernado su marca, así gobierna su país y el mundo. Muchos observadores internacionales critican las decisiones del hombre más poderoso del planeta y se preguntan constantemente qué busca Trump rompiendo el consenso global, pero además desafiando al mundo neoliberal debilitando su arma más poderosa: la globalización. Y, como si fuera poco, hoy le abre la puerta a una guerra comercial con China que afectará gravemente las economías emergentes y países más débiles, como el nuestro.
Si a esto le sumamos las decisiones de liquidar el acuerdo nuclear con Irán, el traslado de la embajada de Estados Unidos de Israel a Jerusalén, eliminar el fondo para Palestina, anular la participación de Washington en la Unesco y el consejo de Derechos Humanos, reducir la contribución económica a las fuerza de mantenimiento de la paz y haber liquidado el acuerdo climático de París, solo podemos concluir que nada bueno nos espera en los próximos dos largos años que aún le restan a la marca Trump.
Ese es el presidente de Estados Unidos: no tiene aliados, tiene intereses y nosotros, a través del novel presidente Duque, nos rendimos a los pies de la marca Trump con el pretexto de una eventual guerra con Venezuela y abrirle de par en par las puertas a la fumigación con glifosato. Cómo confiar en un egocéntrico hombre que en campaña se le escapó la siguiente perla: “Confíen en mí porque yo he burlado al sistema”.
Bogotá, D. C, 2 de octubre de 2010
*Periodista
@jairotevi
La energía es el hilo conductor del desarrollo económico y social. Así como en el siglo XX se impusieron las fuentes de energía primaria de origen fósil, en el siglo XXI se vienen imponiendo las fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER). Esta es la tendencia en el mundo entero y Colombia avanza en esa misma dirección.
Colombia había dado el primer paso en el 2001 con la expedición de la Ley 697 para promover el uso racional y eficiente (URE) de la energía. El Congreso de la República aprobó la Ley 1844 de 2017 ratificando el Acuerdo de París. Colombia promovió los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) y los adoptó y adaptó a través del CONPES 3918 de 2018, al tiempo que se comprometió a reducir sus emisiones de GEI en un 20% para el 2030.
Según el Índice Global de Desempeño de Arquitectura de Energía del FEM (EAPI), que evalúa 18 indicadores y 3 áreas (crecimiento y desarrollo económico, sostenibilidad ambiental, acceso a la energía y seguridad), Colombia ocupó en 2017 el 8º lugar entre 127 países examinados y el 1º en Latinoamérica, seguido por Uruguay, que ocupó el 10º lugar. Se suele decir que tenemos una energía “buena, bonita y barata”. Pero esto no están cierto, por lo que nos debemos cuidar de no caer en la trampa de la autocomplacencia. Y no lo decimos a humo de paja, lo decimos porque lo que es una fortaleza de su matriz energética, como lo es una participación del 70% de la generación de energía hídrica es también su talón de Aquiles. Debido al cambio climático esta se ha convertido en la gran vulnerabilidad del Sistema eléctrico Colombiano frente al recurrente fenómeno del Niño.
Con la expedición de la Ley 1715 de 2014, de la autoría del Senador José David Name y con nuestro apoyo desde el Ministerio de Minas y Energía, Colombia dio un paso decisivo en la dirección correcta. Los tres ejes fundamentales de esta Ley son: la reconversión de la matriz energética, promoviendo las FNCER, la eficiencia energética, en la cual jugará un papel preponderante el usuario del servicio de energía, que dejará de ser un agente pasivo de la cadena para interactuar con el operador de red y la reducción de las emisiones de GEI.
En su avance, tanto en su reglamentación como en su implementación, la Ley ha enfrentado la resistencia al cambio. Es el caso del Alcalde de Bogotá Enrique Peñalosa que llegó a desestimar la importancia del recambio de la flota de Transmilenio con articulados eléctricos diciendo que “los motores eléctricos no se han terminado de inventar”. Y resulta que la Volvo, que ha sido el principal proveedor del Sistema de transporte masivo en Bogotá, ha anunciado que a partir del 2020 no volverán a fabricar motores de combustión interna. Tampoco tiene razón cuando aduce que incorporar esta alternativa a la flota de articulados elevaría los costos, lo que obligaría a subir el precio de los pasajes a sus usuarios. Está establecido que un bus con motor eléctrico, gracias a la mayor eficiencia energética de este, recorre un 85% más de distancia que aquel que opera con motor diesel con el mismo consumo de energía equivalente.
Por su parte, algunas de las empresas generadoras ya establecidas, como es el caso de EPM de Medellín, se muestran esquivos y reacios frente a la alternativa de las energías no convencionales. Es así cómo su Gerente Jorge Londoño le pidió al Gobierno “respetar la neutralidad tecnológica y que sea el mercado el que revise las mejores opciones y escoja”. En ello están equivocadas. En Colombia la electricidad participa a duras penas con el 17% del consumo final de energía; a guisa de ejemplo la industria en Colombia depende en un 80% de las energías de origen fósil, supremamente contaminantes. Por lo tanto, el reto es electrificar la economía y de esta manera habrá espacio suficiente para todos, tanto para los actuales como para los nuevos jugadores que entren al mercado.
Lo ha dicho la Ministra de Minas y Energía María Fernanda Suárez: “tenemos como premisa que va a haber espacio para que se desarrollen las fuentes renovables y no renovables. No hay que escoger entre las dos, se necesitan todas”. Las FNCER no vienen a reemplazar ni a desplazar las fuentes convencionales de generación de energía, son el complemento necesario y la larga lo que se busca es la convergencia y acoplamiento de unas y otras. Se respaldan mutuamente. Vamos hacia las soluciones híbridas. Deben operar bajo los principios de complementariedad, concurrencia y subsidiariedad. De esta manera se ganará en seguridad energética, resiliencia, firmeza, confiabilidad del Sistema energético y reducción de las emisiones de GEI!
Bogotá, septiembre 29 de 2018
*Exministro de Minas y Energía.
www.amylkaracosta.net
Lo mejor que le puede pasar a Colombia es que se vaya Maduro, que cambie el régimen y se reconstruya Venezuela. Lo peor que le puede pasar a Colombia es que se intente sacarlo a la fuerza. Y todavía peor, que el gobierno colombiano sea uno de los promotores de la alternativa militar.
Colombia es el país más afectado por la crisis de Venezuela. El impacto más reciente y más dramático es la tragedia de centenares de miles de venezolanos que se han visto forzados a emigrar agobiados por la imposibilidad física de sobrevivir en su país y vienen a buscar refugio acá.
Otro, la parálisis del intercambio comercial que ha significado para los productores colombianos la pérdida de un mercado al que llegaron a exportar más de 6.000 millones dólares y hoy escasamente venden 300 millones.
Por estas razones, y muchas más, a Colombia le conviene que nuestro vecino recupere la democracia y pueda reconstruir su economía. Pero promover una intervención militar para sacar al gobierno traería peores consecuencias para Colombia que el mantenimiento del actual régimen. La mejor disculpa que puede encontrar Maduro para mantenerse en el poder, e inclusive aumentar la represión, es exacerbar el nacionalismo con la amenaza de una intervención extranjera
En un escenario de guerra, la crisis humanitaria se agudizaría, solo que ahora sería a ambos lados de la frontera. Los migrantes venezolanos se multiplicarían a millones tratando de escapar del conflicto.
Ni siquiera suponiendo que se cumpla la promesa de Trump de apoyar a sus aliados, nos libraríamos de los desastres iniciales de la guerra.
Las consecuencias de una guerra son nefastas, aunque se logre la victoria. El resentimiento entre los pueblos duraría décadas y la mayoría de los venezolanos verían a los colombianos como agresores y no como liberadores.
Cali 30 de septiembre de 2018.
*Economista y Folósofo. Consultor Independiente.
El país se sorprendió con las cifras preliminares del censo, que mostraron un “descache” de más de ocho millones de habitantes frente al “reloj” del Dane, que nos acerca a 50 millones.
Entonces, la prioridad del nuevo director, Juan Daniel Oviedo, es recuperar esa credibilidad maltrecha, para lo cual viene precedido de una hoja de vida que honra la promesa presidencial de nombrar a los mejores especialistas, sin interferencias políticas.
Mauricio Perfetti era también especialista reputado, pero le entregó el rigor a un gobierno preocupado por su imagen. Llegó al Dane marcado por haber aceptado “el mandado” de hacer el Censo Agropecuario, en contra de la recomendación del entonces director. Para entonces, Santos, presionado por el “tal paro” que sí existía, se acordó del Censo y lo metió de afán en el Pacto Nacional Agrario, sacando a sombrerazos a Jorge Bustamante, un hombre serio que tuvo la verticalidad de expresar públicamente que consideraba “particularmente inapropiado” iniciarlo sin la debida preparación y en campaña electoral.
El Censo Agropecuario, que iba a costar $200 mil millones, terminó en más de $350 mil millones. Los resultados, anunciados para octubre de 2014, se entregaron a partir de marzo de 2016; y lo más grave: ahí están…, sin pena ni gloria.
Al gobierno Santos le gustaban los censos, y además en época electoral. El de población, iniciado en enero, estaba presupuestado en $300 mil millones y terminará en más de $500 mil millones.
Los censos, tanto el agropecuario como el de población, no son apenas necesarios, son indispensables para dejar de contarnos “a ojo de buen cubero”, como el reloj del Dane. No se trata de cuestionar su realización. Se trata es de hacer un llamado a la transparencia y al rigor técnico; de que sus modelos y cifras no estén en función de mejorar la realidad con intereses políticos, , sino de mostrar la realidad cruda, para poder transformarla en beneficio del país.
Se trata de un buen “poscenso”; de que sus cifras se socialicen y sirvan para construir futuro.
Bogotá, D. C, 30 de septiembre de 2018
*Presidente de Fedegan
@jflafaurie
Como duquistas y carrasquillistas no pudieron rebatir las acusaciones en el Senado, desde ese día repiten falacias: que Carrasquilla no cambió las normas para enriquecerse y que tampoco estaba inhabilitado. Que apenas brindó una asesoría por la que le pagaron unos modestos honorarios y que los alcaldes son los únicos responsables de la corrupción que llevó al fracaso a los Bonos Carrasquilla. Y silencian que por el antro Panamá Paraíso Fiscal pasó la plata con la que montaron este negocio.
Probado está que este negocio no podía hacerse sin los cambios legales que Carrasquilla introdujo o dejó listos para introducir: el artículo 356 de la Constitución y la Ley 1176 de 2007. Tan afanado estaba que, violando su inhabilidad de un año además de la permanente, el 1° de noviembre de 2007 creó en Panamá a Navenby Investmen Group, la empresa con la que traería la plata de Nueva York.
Es mentira que Carrasquilla fuera un simple asesor, alguien que apenas dio consejos para endeudar, mediante bonos, a 117 municipios en 440 mil millones de pesos. Porque además participó en el diseño y ejecución de la operación financiera, para la que también creó a Konfigura Capital. Porque Andrés Flórez, su socio en las dos empresas mencionadas, fue fideicomitente en nombre del Grupo Financiero de Infraestructura, la compañía de los gringos propietarios del negocio. Y entre todos ellos y Alianza Fiduciaria lograron que los alcaldes firmaran el endeudamiento. Que no se pierda de vista que los que invirtieron en los bonos no hubieran podido prestar su plata muy cara si, ¡primero!, alcaldes y concejos municipales no hubieran suscrito los contratos de adhesión con los que los ataron.
Hay cartas entre Gloria Patricia Farfán, alcaldesa de Florencia, Caquetá, y Alberto Carrasquilla, gerente de Konfigura, en la que la primera compromete los recursos del Sistema General de Participaciones en el pago del préstamo que están acordando y el segundo le anuncia el envío “de los contratos de constitución del patrimonio autónomo y de crédito en virtud de la operación de endeudamiento” (Carta 1, carta 2). Carrasquilla aceptó además que se reunió con alcaldes y concejales para convencerlos de las bondades de su propuesta. Y en una presentación de Konfigura se señala que las deudas con ellos serían al 17 por ciento de tasas de interés y a 19 años, en tanto las de Findeter, para los mismos fines y a través de los Planes Departamentales de Aguas del Ministerio de Vivienda, se pactarían a 10 años y costarían al 12 por ciento, ¡cinco por ciento menos de interés! (Presentación general del proyecto “Bonos Agua”). Si Carrasquilla y sus asociados pudieron colocar créditos en peores condiciones que el gobierno, fue porque los alcaldes entendieron que podían aprovecharse de que la deuda no la pagarían ellos sino sus sucesores y que las obras podían no hacerse y las platas perderse entre sus manos, como sucedió, porque el prestamista no les puso ninguna condición que garantizara el éxito de los proyectos, según lo demostré en el Senado (Clausula 8.1 ).
Conocido el Carrasquilla que da opiniones –el oficio de los asesores– y el que también es capaz de colocar créditos leoninos, apoyado en normas legales e ilegales, porque también se violaron leyes (Robledo denuncia a Carrasquilla por violaciones a la ley en los bonos Agua), se entiende que a Claudia Gurisatti le dijera que a él le habían pagado, no con honorarios, sino con una “prima de éxito” del dos por ciento sobre los 440 mil millones de pesos del endeudamiento de los municipios, suma que calculó en 8 mil millones (Video ), y que salió del tres por ciento del margen de intermediación que decidieron. ¡E Iván Duque defendió a Carrasquilla diciendo que apenas “diseñó un producto” y que no fue ni “asesor” de los municipios ni “intermediario sobre la colocación” de las deudas!
Si se toma la definición de corrupción del Banco Mundial que dice que es “el abuso de la función pública para obtener ganancias privadas”, no hay duda de que los Bonos Carrasquilla fueron un negocio corrupto. Y es evidente que el Ministro Carrasquilla se enriqueció en una operación financiera en la que fue mucho más que un simple asesor. Que Iván Duque no agrave el grave error que cometió al nombrarlo, dejándolo en el cargo.
Bogotá, 28 de septiembre de 2018.
*Senador del Polo Democrático Alternativo
La escaramuza que dominó las relaciones entre Colombia y Venezuela, en la cual se involucró Estados Unidos por acción de su presidente Donald Trump, quiso ser aprovechada por los guerreros de siempre. Esos que aún se duelen de los acuerdos de La Habana, los que consideran que son imperfectos, pero nada hacen para afinarlos, depurarlos o pulirlos. Ellos quieren enredarnos en una contienda con Maduro y sus Diosdados y odiados beneficiarios.
Trump mostró en la Asamblea de la ONU, colmillos, uñas y reproches contra todo el mundo. Regañó a Maduro, pero se trastornó con Duque. Anunció que en caso de guerra, estaría al lado de Colombia… pero desde lejos. Y casi olvida lo de la coca y los cultivos ilícitos, pero una ráfaga mental lo llevó al tema, para amonestarnos. Al final con mucho tino, Duque logró convencerlo de que la culpa es mutua: productores y consumidores.
Los guerreros que estaban fuera de la vitrina, buscaron ubicarse en el escenario, aunque fuera como actores de reparto. Su partitura es la guerra. Poco o nada les importa que nos pueda traer una confrontación. Un titular de prensa, un twitter, unos votos, un micrófono o una cámara, los lleva al clímax. Al fin y al cabo, ellos serán los primeros en salir disparados a asilarse en la nación de Trump, mientras nosotros seremos los idiotas útiles para la guerra.
El “eterno” no podía perderse la papaya y echó más leña al fuego pidiendo a los soldados vecinos disparar contra Miraflores… “en lugar de apuntar contra nosotros”. Olvida que sería uno de los más perjudicados con una invasión por ser uno de los mayores terratenientes de Colombia. Pero en fin, se trata de “robar cámara” y satisfacer ansias de guerra a costa de lo que sea.
Por fortuna hay pensamientos y voces que raciocinan, reflexionan y tienen criterio. El Senador Rodrigo Lara, puso a pensar a muchos. Demostró como una guerra nos acabará, nos diezmará, nos aniquilará. En solo unas horas o unos días, quedaríamos borrados del mapa y tardaríamos cien o más años en recuperarnos. Entre tanto los belicosos se frotarían las manos y sacarían sus réditos.
Demostró que la frontera –Cúcuta/San Antonio- es la única fuente que les queda a los venezolanos que saquean ese país para escapar con las pocas divisas que hoy quedan en Venezuela.
La guerra con Venezuela, sería la mayor torpeza que se pueda ocurrir a ciertos dirigentes que piensan poco pero se lucran mucho. Ven en ella una oportunidad para ingresar de lleno a la corrupción, porque rodaría el poco dinero que aún tenemos para comprar armas, adquirir los llamados “anillos de defensa”, barcos, tanques, munición y material de intendencia. Y este país quedaría en ruinas, sin infraestructura, aislado, sin refinerías, con ciudades destruidas, millones de muertos y compatriotas deambulando –como los venezolanos- por doquier, buscando abrigo, comida, sosiego.
BLANCO: El entierro a dejar una sola Corte.
NEGRO: El desaforado presupuesto del Mindefensa. ¿Preparándonos para la guerra?
*Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional y de Notisuper
Las reformas políticas generan incertidumbre. Es normal que la gente se preocupe cuando le cambian las reglas de juego, y esto es válido en cualquier actividad humana.
Peor aún en la política, porque implica cambiar las reglas para conseguir el poder y las formas de ejercerlo. Con la eliminación de la mermelada nacional, el presidente Duque ya realizó una reforma política y la incertidumbre que ha generado ha sumido el país en la confusión.
Durante décadas la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo se basó en el chantaje mutuo. No es cierto que el Congreso fuera acá el victimario, por el contrario, los gobiernos usaron su capacidad de manipulación para tener unos parlamentarios sumisos y resignados. El partido del presidente, como lo ha denominado Fernando Cepeda, no es más que el partido de la mermelada. La política en Colombia se había vuelto una actividad bastante predecible con dos carácterísticas centrales: los proyectos de ley que importaban eran los del ejecutivo (el único capaz de pagar canonjías a cambio de los votos) y segundo, los problemas se arreglaban con leyes (porque el Congreso era el sitio donde más facilmente se podía actuar).
El país se acostumbró a que la respuesta de los gobiernos a los problemas fuese el anuncio de una iniciativa legislativa. No importaba cuál fuese el problema, ni cuál el presidente, la solución siempre estaba a mano: redactar un proyecto de ley, enviarlo al Congreso, y asegurar que las mayorías lo aprobaran a cambio de su buena porción de mermelada. Como consecuencia tenemos un país lleno de normas, uno de los congresos más prolíficos del mundo y una opinión pública (especialmente los medios de comunicación capitalinos) concentrada en lo que sucede entre el Congreso y el presidente.
¿Y la realidad? Bueno, la realidad pocas veces se notificó de este juego. Cuando se tiene la oportunidad de viajar al exterior es fabuloso sentirse orgulloso de tener legislación de avanzada en casi todas la materias (¿habrá algún tema sobre el cual no hayamos legislado?) y ser un país que ha suscrito casi todos los tratados internacionales. Pero los resultados de todo eso se diluyen en la medida que el país se va hacia la periferia, donde los resultados van desde el famoso “esa ley por acá no pegó” hasta el simple desconocimiento de la norma y en la mayoría de los casos funcionarios y ciudadanos tratando de vivir al margen de las normas, o acomodándolas a su realidad o a su conveniencia. Las dos Colombias de las que tanto se habla son el resultado de esto, un centro dedicado al juego de resolver los problemas a punta de leyes y una periferia tratando de vivir con ellas, sin ellas o a pesar de ellas.
Como consecuencia de este modelo de gobernabilidad, los ministros pasaban más tiempo atendiendo al congreso que resolviendo los problemas del sector, más ocupados con los asesores jurídicos para discutir y tramitar las leyes que con los ingenieros, economistas y equipos encargados de implementar las políticas. De otra parte, los congresistas, en lugar de ocuparse de la lectura de las leyes para garantizar una sana discusión, se empeñaban en juegos de dilación: demorar el nombramiento de ponentes, demorar la ponencia, demorar la publicación, demorar el agendamiento de la discusión y hasta demorar la conformación del quórum, todo en espera de una llamada del ministro para cobrar la respectiva extorsión.
El presidente Duque ha decidido cambiar todo esto, y empezar a cimentar una política moderna, como la de los congresos de los países desarrollados. Eliminar el intercambio de favores para el trámite legislativo es un cambio trascendental y con claras consecuencias.
En primer lugar, la labor de los ministros es asegurar que su sector funcione, y garantizar que las políticas públicas se implementen, por eso, por primera vez no tenemos un inicio de congreso inundado de iniciativas legislativas. Si las cosas salen bien vamos a tener, por primera vez, ministros más enfocados en las políticas que ocupados con los políticos.
El problema es que del otro lado, de parte de los partidos y los congresistas, e incluso de muchos periodistas y líderes de opinión, reina la confusión. No estaban preparados para un cambio en las reglas de juego pues nadie le creyó al presidente su promesa de campaña de terminar la mermelada. Asumieron que una vez en el gobierno, las cosas serían como siempre, con el agravante que las reelecciones de Uribe y de Santos sacaron la mermelada de sus justas proporciones.
Lo que el presidente Duque ha hecho es cambiar las reglas del juego que marcaron y caracterizaron la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, y este último aún no sabe cómo reacccionar, porque para reaccionar ante el nuevo escenario se requieren partidos, y los partidos no se hacen con leyes, sino con ideas, prácticas y ejercicios políticos al interior de los mismos. La nueva situación requiere partidos más programáticos, que sean capaces de decirle a la opinión pública qué es aquello en lo que creen y qué es aquello que defienden y actuar en consecuencia. Los partidos tienen que conectarse con las nuevas realidades de la sociedad colombiana, o resignarse a languidecer y perecer. Sin mermelada vuelve a tener relevancia el debate de ideas. Si antes no importaba lo que dijeran los parlamentarios, porque al final los cuadraban para votar por el gobierno, en este nuevo escenario los poderes de convicción y discusión de lado y lado van a ser esenciales.
La primera reforma política ya la hizo el presidente, el problema es que no hemos dimensionado sus implicaciones.
Bogotá, D. C, 27 de septiembre de 2018
*Exviceministro del Interior.
