Opinión
Cubriendo los diálogos de paz, en una de tantas conversaciones que sostuve con el entonces guerrillero-negociador, Pablo Catatumbo, en La Habana, le dije: “No espere que la gente los reciba con bombos y platillos, cuando lleguen a hacer política”.
Y así fue. Se encontraron con un ambiente hostil, por supuesto, atizado por la campaña adversa del Centro Democrático, enemigo declarado del acuerdo, y también, por qué no decirlo, producto del pánico que durante décadas las Farc le provocó a la población en general con su arma mortal, el secuestro.
Pero un año después la criatura llamada Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común -Farc- comienza a tomar forma pese a las dificultades y la inclemente arremetida contra lo negociado por parte del fiscal general de la Nación que, a toda costa, busca atravesarle un palo a lo poco del contrato que hoy funciona, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Creo que, a diferencia de unos pocos, la llegada del partido de la flor es un buen suceso para la democracia política y una presión para que fuerzas como el ELN entiendan que la salida es negociada y que el escenario es la vía democrática.
Los miembros de Farc y su dirigencia nacional, incluidos senadores y representantes, saben que comenzaron a hacer política remando contra la corriente (50.000 votos en marzo) y que el fúsil, su arma de disuasión política, tuvieron que reemplazarlo por el argumento y la palabra. Como dicen algunos teóricos; “la política odia el vacío: si no se ha llenado de esperanza, habrá quien lo llene de miedo”, y ese es el reto que deben asumir quienes hicieron la dejación de las armas.
Son evidentes las divisiones internas, cosa lógica en un partido en construcción; sin embargo los temores afectan a buena parte de la base que también le apostó a la paz y a implicarse en la vida cotidiana con proyectos productivos y orientación política; en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) reina la incertidumbre y la sensación de abandono por parte de la dirigencia con su militancia pone en grave riesgo el proceso de reincorporación, como bien lo dijo el delegado de la ONU en Colombia.
No pueden poner bajo sospecha, líderes como Iván Márquez, jefe negociador en Cuba, un proyecto que apenas comienza y al cual le apostaron para consolidar la paz política en el país. Más allá de los argumentos esgrimidos por Márquez para abandonar el ETCR es necesario que aparezca y le ponga la cara al país y a la JEP, y si tiene que denunciar algún tipo de persecución que lo haga por los canales que la democracia le entregó una vez dejó las armas; fuimos muchos los colombianos que le apostamos a la paz y no nos puede defraudar. Sus compañeros de lucha decidieron cumplir, Iván Márquez también lo debe hacer. Ese ambiguo mensaje desorienta a las bases y las lleva al terreno de la desesperanza.
Desde el lado del gobierno, es indispensable que el presidente Duque se ponga al frente del cumplimiento e implementación de lo pactado; echar por la borda el acuerdo y la llegada de Farc a la vida política, social y económica es una decisión de altísimo riesgo para la seguridad nacional porque una realidad distinta -la gente tomando el camino hacia la disidencia- puede desembocar en una violencia insospechada y mediada por fuerzas sin organización e interlocutor válido. Dirigencia de Farc y gobierno no pueden jugar con candela, debe brillar la sensatez.
Bogotá, D. C, 17 de septiembre de 2018.
*Periodista
@jairotevi
En el 2018 se cumplieron 100 años de la industria del petróleo en Colombia y 70 años de ECOPETROL, la principal empresa del Estado. Colombia sigue siendo un importante productor de hidrocarburos, pero no se puede considerar como país petrolero debido tanto a las precaria reservas probadas de las cuales dispone como por sus volúmenes de producción. No obstante, la economía colombiana, para bien y para mal, tiene una enorme dependencia con respecto a ellos y la dinámica de su crecimiento está al vaivén del comportamiento de los precios internacionales del crudo, que son volátiles y más parece una montaña rusa.
Venimos de un largo ciclo de precios altos de todos los commodities, que para el petróleo se prolongó hasta junio 16 de 2014, fecha esta que marca su punto de inflexión cuando alcanzó su pico de US $107.95 el barril de la referencia WTI y US $115.19 de la referencia BRENT. Desde entonces se vinieron en barrena, a tal punto que a finales de enero de 2016 los precios bordearon los US $24 el barril, para luego repuntar hasta alcanzar un año después precios por encima de los US $52 el barril, para un incremento de más del 100%.
Y desde entonces los precios del petróleo han observado un alza sostenida, al punto que después de haber registrado una cotización, en promedio de US $52 el barril en 2016 y US $54 en 2017, en este momento oscila alrededor de los US $70 el barril y es muy probable que cierre el año con un precio promedio superior a los US $65. Pero nadie está capacidad de vaticinar el curso que tomarán los precios en los próximos años, ahora que se vislumbra el fin la era del petróleo por cuenta de la Transición energética hacia las energías renovables y limpias.
Este comportamiento de los precios se refleja fielmente en el desempeño de las distintas variables de la economía nacional. Durante la década del boom de los precios del petróleo el crecimiento del PIB llegó a superar el crecimiento potencial de la economía (4.5%), para luego, cuando se descolgaron, no sólo se desaceleró el crecimiento del PIB, sino que hasta el crecimiento potencial se vino a pique y perdió un punto porcentual, situándose en el 3.5%. Después de alcanzar un crecimiento del PIB de 6.6% en 2011, bajó al 4% en 2012, luego tuvo un ligero repunte en 2012, 2013 y 2014 con un crecimiento del 4%, 4.3% y 4.6%, respectivamente, para luego sumirse en un prolongado letargo que le significó la economía crecimientos mediocres en los últimos tres años, de 3.1% en 2015, 2% en 2016 y 1.8% en 2017, el más bajo en lo que va del siglo después de 2001 (1.5%) y 2009 (0.8%). Huelga decir que cada punto de crecimiento o decrecimiento del PIB se cifra en $2 billones en moneda corriente.
Por su parte las exportaciones llegaron a su culmen en el 2014 con US $57.900 millones insufladas por el renglón del petróleo y sus altos precios, para luego desinflarse hasta caer un 61%, registrando sólo US $35.600 millones en 2017, de los cuales el 32.8% corresponden a las exportaciones petroleras. Y ello a pesar de los mejores precios del crudo, repercutiendo también en el saldo negativo de la Balanza comercial, que pasó de un déficit de US $3.800 millones en 2014, pasando por uno más abultado de US $15.900 millones en 2015, otro de US $12.000 en 2016, hasta cerrar el año anterior en US $9.300 millones.
Ello obedece al peso específico de los hidrocarburos en el PIB, dado que ha llegado a representar hasta el 8% y en el sector externo, el 55% de la totalidad de las exportaciones. Con la destorcida de los precios, además del crecimiento de la economía y las exportaciones, también se vieron afectados los ingresos del Estado, tanto los del Gobierno central como los de las entidades territoriales. Tanto más en cuanto que el impacto se dio por partida doble, dado que a la caída de precios se vino a sumar la caída en la producción, la cual, después de haber alcanzado el millón de barriles diarios en 2013, a partir del 2014, cuando en promedio la producción diaria fue de 988.100 y 2015, cuando superó ligeramente el millón de barriles nuevamente, con una producción promedio al día de 1´005.400 barriles, la misma ha venido decayendo hasta alcanzar a duras penas los 885.000 barriles en 2016 y 854.121 millones en 2017. Es más, la meta fijada en el Plan Financiero del Ministerio de Hacienda para el 2018 es de 840.000 barriles/día.
Bien dijo Buffet el acaudalado inversionista y filántropo Warren Buffet que “sólo cuando baja la marea se sabe quien estaba nadando desnudo” y este es el caso de Colombia. Con el doble golpe infligido a las finanzas públicas del desplome de los precios y el freno de mano de la producción la sostenibilidad fiscal queda seriamente comprometida. Y no es para menos, pues la renta petrolera pasó de representar el 23.8% de los ingresos corrientes de la Nación en 2013 a un ínfimo 0.8% en 2016, cuando, gracias al efecto rebote, sube penosamente al 2.8% en 2017 y se aspira al 6% en 2018. En fin, el petróleo le ha servido al país de salvavidas y de él puede decirse que es preferible tenerlo y no necesitarlo, que necesitarlo y no tenerlo y…por ahora, mientras no tengamos otro recurso de su importancia que ocupe su lugar, lo necesitamos!
Bogotá, septiembre 15 de 2018
*Economista. Expresidente del Congreso. Exministro de Estado.
Alguna vez le pregunté al presidente Rafael Correa del Ecuador cómo manejaban ellos las consultas previas. Y me dio esta respuesta, muy en el tono autoritario que el maneja. Me dijo: nosotros si hacemos consultas previas acá en el Ecuador, pero lo que no admitimos es que esas consultas nos paralicen las obras públicas. La magnífica red de carreteras que tiene el Ecuador demuestra que las cosas se pasaban exactamente como me dijo Rafael Correa.
Esto se me viene a la memoria al leer que está próximo a salir una sentencia en la Corte Constitucional en virtud de la cual se revisa una nefasta jurisprudencia que había sentado esta misma Corte, por virtud de la cual se permite hacer en cualquier municipio consultas sobre asuntos mineros que tienen la virtualidad de paralizar, en caso de salir vencedoras, toda explotación minera en el respectivo municipio. Al día de hoy se cuentan por decenas los municipios en los que está proscrita toda actividad minera, luego de la negativa ciudadana que se ha expresado en tales consultas.
El anuncio de la sentencia que está por salir dice que, como es lo lógico, la Corte reivindica el viejo principio que viene desde los tiempos del derecho indiano, según el cual el subsuelo es propiedad de la Nación y no de los municipios o de las comunidades allí asentadas. Con lo cual quedan prohibidas este tipo de consultas hasta que el Congreso - que dispondrá de dos años para ello- disponga lo contrario.
La otra noticia que ha aparecido por estos días es que el partido Cambio Radical se dispone a presentar ante el Congreso un proyecto de ley por el cual se reglamentan las consultas. Definiendo que ellas no pueden durar indefinidamente, y que cuando se convoquen deben obedecer a un real interés de la sociedad en dichos asuntos. Ambas noticias están concatenadas. La Corte le daría dos años de plazo al Congreso para regular el tema de las consultas, que hoy no tiene un marco legal claro; y la iniciativa de Cambio Radical conduciría a que el Congreso, por fin, tenga que ocuparse del asunto.
La regulación de las consultas previas para evitar los abusos que se vienen cometiendo con ellas es algo apremiante. Si las cosas transcurren como se han anunciado el Congreso dispondría de dos años para regular la materia; tiempo que coincidiría con el requerido para darle consideración y trámite al proyecto de ley preparado por Cambio Radical.
El tema no puede ser más urgente. Puede decirse sin exageración que los abusos que se vienen cometiendo en materia de consultas previas están, de una parte, ahuyentando la inversión de la minería en el país que, bien regulada, no tiene porqué entrar en colisión con la protección del medio ambiente, y de otra, paralizando muchas inversiones prioritarias.
Un país como Colombia, con menos población indígena que Ecuador, Perú o Bolivia, le ha dado curso a más de 900 consultas previas. Al paso que los países mencionados tienen consultas que fluctúan en un número de 40 a 50. Hay pues una clara desmesura y a menudo abusos, en la manera como se viene utilizando el instrumento de las consultas previas en Colombia.
Tenemos pues una preciosa oportunidad entre manos: si el fallo de la Corte sale en la dirección que se ha anunciado, se iniciaría una especie de moratoria con relación a las consultas previas que vienen prohibiendo la minería a lo largo y ancho del país con grave demerito para nuestra economía. Y de otro lado se abre la posibilidad para que el Congreso, cosa que no ha hecho hasta el momento, se ocupe con seriedad de regular la figura de consultas previas.
Sería frenético, pues, una saludable moratoria que nos daría un respiro frente al carrusel de consultas en que estamos envueltos, y nos permitiría visualizar un escenario de modernidad como el que hoy tiene el Ecuador; y que solamente se lograría si se le pone orden a las consultas disparatadas. Estamos necesitando con apremio una moratoria en matera de consultas.
Bogotá, D. C, 16 de septiembre de 2018.
*Abogado y Economista. Exsenador y Exministro de Estado.
Ahora que se buscan por todas partes ingresos fiscales que le permitan al Gobierno cumplir su promesa de rebajar los impuestos a las empresas, pero al mismo tiempo cubrir el faltante del presupuesto y además disminuir el déficit fiscal, es necesario tener imaginación y audacia para diseñar una reforma tributaria en la que no paguen el pato los mismos de siempre.
En la última reforma se bajó un poco la tributación de las empresas, a costa de subir la de asalariados y trabajadores independientes de ingresos medios y altos, además de los tres puntos adicionales en la tarifa del IVA. Esa receta no se puede repetir y se deben buscar fuentes distintas de recaudo tributario. Los impuestos a la tierra son una de esas fuentes de ingresos fiscales que no solo pueden llegar a ser muy cuantiosos, sino que además tienen beneficios colaterales para el desarrollo económico.
El debate más reciente sobre los impuestos a la tierra lo planteó una fuente insospechada, la revista The Economist, conocida por sus posiciones ortodoxas y de apoyo al libre mercado. Un primer paso conservador sería eliminar las recientes rebajas a los impuestos a las herencias (en Estados Unidos). “Una propuesta más radical sería crear un impuesto sobre el valor de la tierra, que es la forma más eficiente de impuestos sobre la propiedad”. El principal argumento de la revista es la realidad del enorme incremento en los precios de la tierra, sobre todo en las áreas urbanas y suburbanas, lo que ha generado pingües ganancias a los actuales propietarios y, en las grandes ciudades ha frenado el acceso de los jóvenes a la vivienda propia por los precios inalcanzables.
En Colombia también se trata de una propuesta muy antigua y defendida con ahínco por una de los grandes líderes empresariales del siglo pasado, don Hernán Echavarría. Es conocido su diagnóstico de que la mayor parte de la tierra no es un activo productivo, sino una especie de alcancía que se compra esperando la valorización sin preocuparse por explotarla adecuadamente. En su opinión esto es la base del problema agrario en Colombia y un obstáculo para el desarrollo económico.
Se puede objetar que en el actual marco constitucional del país este tipo de propuestas incrementarían los ingresos de los municipios pero no los de la nación. Es cierto, pero hay formas de superar esta dificultad.
Cali 16 de septiembre de 2018
*Economista y Filósofo. Consultor independiente.
“Ojalá la vida no le sea ingrata a Elías con el futuro de Vecol. Ojalá los afanes de reemplazo no respondan a compromisos burocráticos para consolidar apoyos urgentes. Ojalá una empresa pulcramente administrada y competitiva internacionalmente, no se convierta en caja menor del Ministerio de Agricultura, botín político o nido de corrupción…”.
Así escribí en marzo de 2016, cuando el exministro Iragorri le impidió a Elías Borrero asistir a la Asamblea de Accionistas para entregar, después de 16 años, la empresa que había convertido en joya de la corona de la institucionalidad agropecuaria. Ya lo había intentado Lizarralde en 2014, cumpliendo instrucciones de Palacio de entregarle la empresa a un político, pero la Junta Directiva se atravesó y el señor Hugo Graciano y su jefe político tuvieron que esperar dos años. Pero los clientelistas no tenían afán en el gobierno Santos.
Con Iragorri, las cosas fueron a otro precio. Algún día me preguntó si estaba de acuerdo en cambiar a Elías y, ante mi negativa, sacó a Fedegán de la Junta y a todo el que le estorbara; y colocó sus fichas y al viceministro Pineda, recordado por inepto y por su ladina obsecuencia para hacerle “mandados” al jefe, como atropellar a un hombre digno como Elías o empujar al Fondo Nacional del Ganado a su liquidación.
Mis “ojalás” de 2016 se quedaron en deseos. El ministro “armó” su proceso de selección y, ¡oh sorpresa!, el candidato Graciano resultó ser el mejor dos años después.Ya en la Gerencia empezó ese proceso que tanto daño le ha hecho al país: llegaron los amigos a contratar con los amigos; las empresas paisas amigas se pusieron de moda en Vecol; llegaron los asesores bien pagos, todos de Medellín y con pasajes de fin de semana. Hubo “reestructuración”, para ajustar unidades clave para el “éxito empresarial”, como el Departamento de Compras -¡claro!-; para acomodar los amigos y para cambiar trayectoria e idoneidad por inexperiencia e incompetencia.
Mucha tela que cortar para la Contraloría y la Procuraduría. ¿Por qué se perdió el negocio de vacuna con Ecuador, de casi tres millones de dólares en 2017?, algo que dejó dudas y sospechas. ¿Será cierto que, de afán e indebidamente, se registró el ingreso de una millonaria exportación a Uruguay a finales de 2017, para “cuadrar año”, no solo de ventas y utilidades, sino de una bonificación por resultados muy jugosa para los gerentes? ¿Por qué las ventas crecen, pero las utilidades disminuyen? ¿No será la euforia del gasto? Vecol sobrevivió a Graciano por la solidez heredada –más de 55.000 millones en caja dejó Elías Borrero-, pero está herida...
El ministro Valencia “la tiene clara”. Parodiando a Bolívar en el Pantano de Vargas: ¡Ministro: salve usted a Vecol!
Bogotá, D.C, 16 de septiembre de 2018
*Presidente de Fedegan
Pocas veces se ha enfrentado el deporte con toda la seriedad que requiere esta actividad en la vida nacional. Esta vez, el presidente Duque decidió entregar tan comprometedora labor a un experto y decidido personaje. Ernesto Lucena será el encargado de dar el empuje que requiere el deporte en nuestro país.
Nunca antes, el deporte estaba en punto tan alto en Colombia. Las diferentes disciplinas sacan a diario la cara por la patria en los más exigentes escenarios del mundo. En salto, en ciclismo, en fútbol, en tenis, en clavados y en tantas especialidades más, se destacan nuestros muchachos y muchachas. Copas, medallas y premios llenan las vitrinas de nuestros representantes. El tricolor se iza en cuanto proscenio, entablado, escenario y teatro se premia a los mejores.
El deporte hace parte de la promoción de nuestro país como potencia muscular y como atracción turística, porque ambas marchan al unísono. El Mundial de Rusia lo demostró, llevando a incalculable número de visitantes. Las vueltas a Francia, España e Italia, enseñan la belleza estos países e interesan a los turistas del mundo entero. Lamentablemente la vuelta a Colombia es cada vez más lánguida. Este evento que paralizaba al país, hoy poco importa. Son ciclistas de segunda los que se disputan la camiseta y las copas. Hasta los ecuatorianos derrotan a nuestros jóvenes pedalistas. Dirigentes de la talla de Miguel Ángel Bermúdez brillan por su ausencia. Ya no participan equipos con la insignia nacional, como ocurría con el combinado “Café Colombia”, que patrocinaba la Federación de cafeteros.
Esas son las labores que esperan a Lucena, un joven que siempre se ha ocupado del deporte, desde las aulas del Sergio, hasta los escenarios deportivos. Y de verdad fue un acierto de Duque y un compromiso de quien llevará en sus hombros tan difícil pero promisorio encargo. Tendrá que rescatar el nombre de Colombia en sus disciplinas tradicionales y promocionar y desarrollar nuevos semilleros, porque talento y capacidad tenemos.
También le espera una ingrata gestión dados los vicios en que han incurrido dirigentes, como aquello de revender boletas para el mundial y tantos desmanes más que denuncian a diario en los medios.
Él sabrá rodearse de los mejores colaboradores y reglamentar la promoción de muchas disciplinas en la prensa, la radio y la televisión, para atraer cada día a más jóvenes y alejándolos de la droga y los vicios que tientan a quienes se alejan del deporte.
Lucena puede lograrlo. Tiene toda la capacidad y las ganas de fomentar el deporte en todas sus manifestaciones, para engrandecer cada vez más a esta Colombia que quiere sobresalir en todos los deportes que se practican en mundo entero.
Es uno de esos personajes que salen al panorama para fortalecer nuestra imagen en el mundo del músculo y del turismo que florecen con ímpetu y energía para fortalecernos.
BLANCO: La recuperación de las finanzas de Ecopetrol.
NEGRO: El fallecimiento de Humberto Salcedo Jr. Gran cronista deportivo y buen amigo.
Bogotá, D. C, 14 de septiembre de 2018
*Periodista exdirector de Noticiero Nacional y de Notisuper: La Noticia Viva
Los agarofóbicos creen que cuando la gente opina retrasa el desarrollo, desinstitucionaliza el país y cosas similares. Por eso no les gustan las consulta previas, ni las consultas populares ni las consultas sociales de ninguna índole.
Este temor a que los ciudadanos se atrevan a incidir en el rumbo de los acontecimientos lo podemos llamar agorafobia.
Como sabemos, el Ágora era el sitio donde los atenienses se reunían a deliberar y tomar decisiones. Los atenienses se veían a sí mismos como iguales y por tanto asumían que todos tenían la misma capacidad de discernimiento para tomar las decisiones que más les convenían. No creían que hubiese que elegir a alguien que tomara las decisiones por ellos, ni que los saberes técnicos implicaban una preponderancia para definir el destino colectivo.
La agorafobia se relaciona, según la academia de la lengua al temor con los espacios abiertos, pero en el sentido que acá le queremos dar no es el temor al espacio vacío, sino el temor a los espacios llenos… llenos de gente… de gente que se cree igual a uno… y que además pretende ser escuchada para tomar decisiones: el horror.
Ese horror es el que ha acompañado a los sectores más reaccionarios de la sociedad siempre que alguien más pretende ocupar un espacio de poder. El temor que tuvieron los nobles con los burgueses. El temor de los burgueses con el pueblo raso. El temor de los hombres de ese pueblo raso con las mujeres. Y la historia de la democracia es la conquista de ese derecho a opinar y decidir.
El problema es que hoy la gente no se conforma con decidir quién los va a gobernar. La democracia no consiste solamente en votar cada cuatro años y esperar a ver si el gobierno de turno lo hace bien. Esa democracia es cosa del pasado. La gente quiere opinar todo el día, todos los días, y lo hace a través de encuestas y sobre todo de las redes sociales. Pero esa acción no representa un cambio en las relaciones de poder ni una incidencia real en el futuro colectivo.
Por eso la gente busca los espacios de participación que les permitan incidir en aquellas decisiones que considera que van a afectar gravemente su vida. Como los macroproyectos que van a cambiar las condiciones ambientales y sociales en que se desarrolla su vida y la vida de sus hijos. Y usualmente sus opiniones son no solo legítimas, sino útiles para que las cosas salgan mejor. Del mismo modo que un proyecto de ley que se discute en el Congreso siempre sale mejor luego del debate público, así mismo sucede con los proyectos de desarrollo que van a afectar a la gente en las regiones.
Pero a los agarofóbicos eso les parece terrible. Como a los viejos nobles en los jardines de Versalles, como a los burgueses ricos que no querían que los pobres sin educación tuvieran derecho a votar, como los hombres que pensaban que las mujeres no tenían nada que opinar. Los agarofóbicos cren que cuando la gente opina retrasa el desarrollo, desinstitucionaliza el país y cosas similares. Por eso no les gustan las consulta previas, ni las consultas populares ni las consultas sociales de ninguna índole. Ellos, los agarofóbicos, que son privilegiados, educados, ricos y poderosos, son los que saben lo que conviene, no solo para ellos, sino para los demás y para los que vengan en el futuro, para todos.
Lastimosamente para ellos, y afortunadamente para los demás, esa idea ya no tiene cabida en el mundo democrático moderno. En Colombia, en América Latina, en Africa, en Asia, por doquier, la gente quiere ser escuchada, la gente quiere ser tenida en cuente, la gente quiere ser incluída. Y muchos se han dado cuenta de que eso es lo mejor que puede suceder, pues no solo los proyectos se ejecutan mejor, se descubren aristas que no se preveían, se incorporan saberes desconocidos, se garantiza un mejor uso de los recurso, se genera mejores beneficios para capas más amplias de la población y se proveen bases de sostenibilidad para los proyectos. Hacer cosas contra la gente ya no es una opción y hacerlas con la gente y a favor de la gente es el mejor negocio para todos.
La mayor parte de las empresas y las agencias de cooperación han descubierto esto y cada vez más las buenas prácticas corporativas incorporan los elementos de consulta social. Del mismo modo que 50 años atrás el mundo incorporó los impactos ambientales en su desarrollo hoy el reto es la institucionalización de los procesos de consulta social.
Los distintos métodos y mecanismos de consulta social requieren reglas que resuelvan dilemas complicados, como saber quiénes pueden y deben participar, cuál es el alcance de la consulta y cuáles son las reglas del debate. Todos estos aspectos tienen que ser refinados. Existen cada vez más distintas metodologías y opciones para buscar los mejores resultados. Es muy probable que una votación abierta no sea el mejor método para resolver cómo dar el mejor manejo a una explotación minera, pero pretender que la gente se va a quedar en la casa mientras otros deciden qué hacer con su territorio, con su comunidad y con su futuro es no entender el mundo en que vivimos.
Las consultas sociales, en sus distintas versiones, son la mejor opción para enfrentar los retos del desarrollo, pero como en el pasado, toca enfrentar el temor de los agarofóbicos. Y como en el pasado, la gente terminará triunfando.
Ex viceministro del interior*
Hemos visto en estos días -con gran alarma y con dolor- cómo el maltrato infantil se está convirtiendo en práctica común que, además, queda impune en la mayor parte de los casos. Se habla de un promedio de sesenta y seis casos diarios de maltrato, y de una cifra escalofriante de denuncias, según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar: tan solo en lo que va transcurrido de este año, ellas llegan a diez mil novecientas setenta y siete. Casos denunciados. ¿Cuántos serán los no denunciados?
Este lunes se divulgó un video de seguridad en que se observa la crueldad con la que, en un jardín de Cali, una empleada -la misma que tenía a cargo su cuidado- maltrata a una bebé de diez meses, quien presenta fractura de fémur y otras lesiones como consecuencia de la violencia ejercida. Y el mismo día se conoció que un niño de cinco años murió en Neiva, también como consecuencia de maltratos.
Si a los casos de maltrato sumamos los de violencia sexual ejercida contra los menores, el panorama es de gravedad extrema. Según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Colombia es de los países en donde se registra mayor violencia contra los menores.
Solamente entre enero y marzo de 2018, en Bogotá fueron reportados mil cuarenta y un casos de abuso sexual contra niños. En 2017, según el ICBF, fueron denunciados cerca de cinco mil casos.
Más de diez mil menores son víctimas de violencia intrafamiliar cada año, y, como lo dice el Instituto de Medicina Legal, no existe un sistema de información adecuado que permita hacer un seguimiento más realista de la creciente violencia desatada en el país contra la niñez.
Como lo hemos escrito en otras ocasiones, el problema no se tiene por falta de normas protectoras. Las hay muchas, comenzando por las constitucionales, las penales y las contenidas en convenciones y tratados internacionales que obligan al Estado colombiano.
El artículo 44 de la Carta Política establece con claridad que los niños serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Que gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia.
Dice el precepto que la familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos, los cuales, además, prevalecen sobre los derechos de los demás.
El Presidente Duque propone -y estamos de acuerdo- la cadena perpetua para los violadores y asesinos de niños. Pero es necesario que, ante todo, el Estado diseñe una política de verdadera y efectiva protección de los niños, y verifique el real cumplimiento de las normas vigentes. Porque muchas nuevas disposiciones se pueden dictar y también se quedarán escritas, mientras no tomemos conciencia -todos- de la necesidad de actuar. Se requiere la denuncia por parte de quien tenga conocimiento de estos casos; y se necesita que las investigaciones se lleven a cabo y que las sanciones se apliquen de verdad a los salvajes que cometen este tipo de delitos contra los niños.
Bogotá, D. C, 12 de septiembre de 2018
Con mucha preocupación el pueblo nariñense viene siendo testigo de una nueva crisis humanitaria que se viene presentando en el municipio de El Charco, en la costa pacífica de nuestro departamento, todo por un masivo desplazamiento forzado por cuenta de grupos armados ilegales que se disputan el control territorial de las rutas del narcotráfico y como siempre, la población civil y las familias humildes son quienes llevan la peor parte, porque al buscar preservar sus vidas tienen que dejar lo poco que tienen para salvaguardar su integridad y la de sus seres queridos.
No es posible, que en tiempos donde el país busca enrutarse en la etapa del posconflicto se repita la historia de las épocas de la violencia, donde el desplazamiento, el despojo y la muerte era el común denominador, sobre todo en zonas marginales como la de nuestra costa pacífica.
No podemos permitir que la historia se repita y siga cobrando la vida de inocentes y enlutando a muchas familias de nuestra región y del país donde se registran situaciones similares a las que ocurren en el departamento de Nariño.
Lo ocurrido recientemente en El Charco y otros episodios de desplazamiento sucedidos éste semestre en municipios como Roberto Payán es verdaderamente grave y muy triste.
Quienes somos defensores de la vida, de la Paz y la reconciliación nacional vemos con suma preocupación estos hechos que empañan a toda una región trabajadora, llena de gente noble y con esperanzas de un mejor mañana.
El desplazamiento masivo en El Charco de 90 familias que representan 300 personas, que les tocó huir en días pasados de seis zonas rurales del municipio de manera inesperada, nos debe despertar toda la solidaridad y llamarnos a buscar acciones colectivas que permitan apaciguar la tragedia que viven y garantizar de la misma manera que no vuelvan a vivir este tipo situaciones.
Y es que según las autoridades, los desplazamientos selectivos se vienen presentando desde el año 2007, sin que hasta el momento ninguna autoridad le haga frente a este penoso flagelo.
La única solución que ofrece el Estado es la militarización de la zona como lo confirmó la Fuerza de Tarea Hércules, que ha desplazado a cuatro mil hombres para preservar el orden público por toda la ribera del río Tapaje, muchos nos preguntamos ¿será que la vía militar es la solución al histórico abandono estatal de estas comunidades?
Lo que realmente necesita El Charco, la Costa Pacífica nariñense y en general todo el Litoral Pacífico, es más salud, mejor educación, más fuentes de trabajo, más agro industria y menos corrupción, es decir, todo el componente de inversión social que lleva años esperándose.
El Estado debe saldar la deuda social con el Pacífico y no sólo ofrecer la salida militar como única alternativa a la grave crisis social, representada en la pobreza extrema, en la miseria, en la marginalidad y la exclusión, a la cual tienen sometidos a todos estos compatriotas que habitan en la otra Colombia, la que sólo se conoce a través de los mapas en cómodos escritorios en Bogotá.
Por otro lado, es preocupante el exterminio que continua presentándose en Nariño contra líderes sociales y defensores de Derechos Humanos, el último de ellos, cobró la vida de Jair Escobar, un dirigente social que hacía parte de la junta directiva del Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera en el municipio de Tumaco.
Según la Defensoría del Pueblo, ya son 20 los líderes asesinados en Nariño, entre enero de 2016 y agosto de 2018, hechos luctuosos supremamente graves en un país que firmó un proceso de Paz, y que busca la reconciliación nacional.
Así mismo en nuestro sur del país, pero en el departamento del Putumayo, los periodistas Jairo Figueroa, corresponsal de Noticias Caracol, Germán Arenas, corresponsal de Colprensa en Caquetá y Putumayo y Duván García, periodista de la emisora comunitaria Noticias al Día, han sido víctimas de amenazas por parte de actores desconocidos.
Aseguran, que han recibido tres amenazas en menos de un mes, sin que hasta el momento la autoridad competente reaccione. La UNP apenas la semana pasada realizó el estudio de riesgo y la respuesta es que hasta dentro de tres meses dará contestación si ameritan o no medidas de protección.
Ojalá, que durante ese plazo, no les suceda nada que lamentar a estos tres periodistas que con valentía, profesionalismo y veracidad informan a diario al Putumayo y Colombia.
Bogotá, D. C, 11 de septiembre de 2018.
@GGarciaRealpe
Sí, uno de los periódicos más prestigiosos del mundo 'The New York Times' (NYT) hizo de un “ensayo” anónimo, la noticia más importante de la última semana en Estados Unidos que, por supuesto, estremeció los muros de la Casa Blanca.
El anónimo publicado por el NYT, al parecer una persona de las “entrañas” de Donald Trump reveló, palabras más palabras menos, la incapacidad de su jefe para ejercer la presidencia de Estados Unidos con sus consecuentes peligros para la seguridad nacional. El escrito nada nuevo dice sobre Trump, pero el periódico la utilizó para sacar ventaja sobre la figura presidencial y ponerlo en aprietos. Hecho censurable por tratarse de una denuncia que no tiene origen en una investigación propia del periódico.
Bien lo dijo la periodista de The Washington Post, Margaret Sullivan, según cita la revista SEMANA, que la decisión del Times de publicar la pieza fue “un pantano de rareza lleno de cuestiones de ética periodística y con posibles consecuencias legales”.
La primera reacción de Trump fue calificar la publicación a través de su arma preferida, el Twiter, de “traición”, y le reprochó al periódico que si “ese anónimo cobarde de verdad existe, NYT debe, por razones de seguridad nacional, entregarlo al gobierno de inmediato”.
Seguramente el periódico no revelará la identidad de su “fuente”, pero lo que es éticamente cuestionable es que un medio de comunicación del prestigio del NYT decida darle entero crédito a un anónimo sin contrastar la veracidad de lo escrito, y justificar la decisión de publicarlo sencillamente porque conoce el nombre del responsable y su cargo en la Casa Blanca. Ahora, si es cuestionable la publicación del anónimo, es más grave aún que no tenga la opinión de la contraparte, en este caso el presidente Trump. Una regla de oro del periodismo.
Y qué tal el esperpento de argumento de la sección editorial del periódico para justificar por qué puso a circular la versión anónima: “Creemos que publicar este ensayo sin firma es la única manera de ofrecer una perspectiva importante a nuestros lectores”. Es decir, vamos a fiarnos de los embusteros para hacer noticia.
No hay explicación que justifique ese adefesio periodístico salvo que haya existido la intención editorial de revelarse políticamente ante sus lectores y declararse abiertamente anti-Trump. Es legítimo que un periódico o un canal de televisión o una emisora asuman una postura política, pero debe decirlo. Eso es transparencia ética.
Esa realidad se repite con frecuencia en los medios de comunicación occidentales cuyo sesgo ideológico desvirtúa la idea de que la prensa es un foro público, una especie de ágora que fortalece la democracia.
“Un periodismo que acepta vivir con una memoria corta de los hechos, tal como aparecen en un día determinado, y con la versión que de ellos han ofrecido las fuentes interesadas, es un periodismo mutilado que se pone en manos de las partes enfrentadas”, sentencia Furio Colombo, en su libro Últimas Noticias sobre el Periodismo.
@jairotevi
