Opinión
Desde que tengo uso de razón he estado oyendo hablar del Proyecto de la Represa del Ranchería en La guajira, un sueño largamente acariciado y aplazado indefinidamente que tiende a convertirse en una pesadilla por cuenta del desdén y la desidia de los sucesivos gobiernos. Estamos hablando de un proyecto multipropósito: irrigar 18.030 hectáreas, generar 7 MW de energía y servir de fuente de abastecimiento de los acueductos de 9 de los 15 municipios que integran el Departamento. El mismo ha servido de caballito de batalla en todas las contiendas electorales, sobre el cual han cabalgado los aspirantes al solio de Bolívar en los últimos 50 años; mal contados, estamos hablando de más de 12 cuatrienios presidenciales y aún sigue siendo una promesa incumplida. La Represa del Ranchería sigue inconclusa y como en el cuento del gallo capón, cuando se pregunta por ella sólo se tienen preguntas por respuestas.
Como en el drama de Sísifo, una y otra vez se intentó porfiadamente ir más allá de los estudios sin encontrar eco en el Gobierno Nacional, sin cuyo concurso es imposible su realización, dada la envergadura del mismo. En uno de esos tantos intentos frustráneos, como Presidente del Congreso de la República logramos persuadir al Presidente Ernesto Samper de su importancia e impacto regional y la necesidad de su apoyo. En efecto, en las postrimerías de su gobierno se abrió la licitación para los estudios, diseños y ejecución del Proyecto, pero con tan mala suerte para La guajira que el triunfo en las urnas del Presidente Andrés Pastrana truncó el proceso al declarar desierta la licitación el 11 de octubre de 1999. Pudo más la revancha contra el Gobierno anterior que los superiores intereses del Estado en este desaguisado. Como Senador no me quedó más que protestar enérgicamente “a propósito de este atropello inadmisible por este golpe bajo” que se le infligió a La guajira y a los guajiros. Se nos quemó el pan en la boca del horno!
A todo señor todo honor, al ex presidente Álvaro Uribe se le abona su determinación al desengavetar el Proyecto del Ranchería y ordenar los diseños y la ejecución de la primera fase del mismo. En diciembre de 2010 se dio por finalizada la presa El Cercado, con un área inundable de 640 hectáreas y una capacidad de embalse de 198 millones de metros cúbicos de agua, así como las líneas de conducción principal de los distritos de riego Ranchería y San Juan del Cesar. El monto de la inversión fue del orden de los $650.208 millones, de los cuales aportó el Departamento la suma de $69.733, con cargo a sus regalías directas. Y desde entonces a este Proyecto, redentor para la región, ha estado represado y se le ha venido mamando gallo para posibilitar la ejecución de su segunda fase, sin la cual la primera, como lo afirmó el Contralor General Edgardo Maya Villazón, “no cumple con los fines que perseguía la inversión realizada“. Esto es inaudito!
Con el arribo del Presidente Juan Manuel Santos La guajira abrigaba la esperanza de que se le diera solución de continuidad a este Proyecto, pero fue muy poco lo que se avanzó al respecto. Su primer Ministro de agricultura Juan Camilo Restrepo fue muy escéptico sobre el mismo, al que calificó como un “elefante blanco a medias”. Llegó a afirmar que este es “un buen caso de mala asignación de recursos fiscales” porque, según él, esta obra terminará costando $1.2 billones y dado que las tierras que serán objeto de riego tienen una extensión de 18.536 hectáreas, el costo del riego por hectárea saldría a $50 millones, diez veces el costo promedio en el país.
No obstante, para llegar a esta escandalosa cifra, el Ministro parte de la base de cargarle al costo del riego tanto el valor de la inversión de la primera fase como la que resta, cuando, la verdad sea dicha, lo ya construido debe considerarse un bien público con el que la Nación apenas empieza a redimir una vieja deuda social que tiene con este Departamento. Por lo tanto, dicha inversión debe considerarse como un costo hundido que no se puede trasladar a la tarifa por el uso del agua, si se quiere que este proyecto sea viable y sostenible en el tiempo. Del Gobierno Nacional depende que el Proyecto de la Represa del Ranchería se quede a medio palo!
Como lo registró la CGR en su Informe de Auditoría, a pesar de la medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la declaratoria del Estado de cosas no constitucional por parte de la Corte Constitucional amparando el derecho al acceso por parte de la población al agua potable, “si bien las obras de ampliación y optimización de la planta de tratamiento de agua potable de METESUSTO están muy avanzadas, aún no se ha conectado a la conducción del Distrito Ranchería”. Huelga decir que no obstante que el uso del agua para consumo humano es la primera prioridad, el aprovisionamiento de la misma a partir de la Represa del Ranchería, dado su carácter integral, depende de la ejecución de la segunda fase de este Proyecto. Así de claro!
Bogotá, D. C, 10 de septiembre de 2018
Desde la revolución industrial del siglo XVIII el sector textil ha jugado un papel fundamental en la industrialización y el desarrollo económico del mundo y sigue siendo un importante generador de valor agregado y empleo en muchos países. En Colombia lo estamos destruyendo.
El sector textil es una cadena de valor que incluye desde los productores de las materias primas (algodón y fibras naturales y sintéticas), las hilanderías que procesan los hilos, los fabricantes de telas y los confeccionistas que elaboran las prendas de vestir y otros artículos para el consumidor final. En Colombia alguna vez todos esos eslabones fueron muy fuertes, pero se han ido debilitando.
La destrucción del sector textil en Colombia empezó con la quiebra y desaparición de los productores de algodón que fue un sector de gran dinamismo. Entre 1950 y 1978 el área cultivada de algodón se multiplicó por diez, pasando de 35.000 a 350.000 hectáreas. Con aumentos en la productividad, la producción de la fibra creció aún más (20 veces) pasando de 20.000 a 400.000 toneladas.
En 1978 comenzó la debacle de los algodoneros, tan catastrófica que el año pasado se sembraron menos de 10.000 hectáreas. Las hilanderías se quedaron sin materia prima nacional y debieron recurrir a importarla. O tal vez fue al contrario: como por la revaluación y la apertura hacia adentro resultaba más barato importarla, se acabaron los productores nacionales.
El siguiente eslabón de la cadena que se está destruyendo es el de la tejeduría y producción de telas. Según el DANE, en lo corrido de este siglo el valor agregado de esta industria ha disminuido 37%, bajando su participación en el total de la producción industrial de 2.5% a 1.5%. Como además Colombia vive un proceso de desindustrialización, y la Industria cada vez pesa menos en el PIB, la participación de la producción de textiles en el PIB se redujo a una tercera parte de lo que era en el 2000 (0,10% contra 0,32%).
A los confeccionistas les había ido un poco mejor. Haciendo ropa con telas importadas crecieron el 60% hasta el 2007, año en que les cambió la marea porque la apertura hacia adentro no solo facilita la importación de telas sino también la de prendas de vestir, de manera que desde ese año han decrecido un 5%.
Tan malos resultados no se deben a que los consumidores estén comprando menos productos textiles. Por el contrario desde principios de siglo las ventas de estos productos en el comercio minorista ha crecido 140%; lo que solo se explica porque las importaciones crecieron 400% hasta el 2014, y solo se redujeron un poco con la devaluación de estos últimos años.
Contrasta esta triste realidad con la de la India donde hay 11 millones de hectáreas sembradas de algodón, el sector textil da empleo a 105 millones de personas y contribuye con el 14% de la producción industrial y el 4% del PIB. Además el objetivo de la política del gobierno es que el sector siga creciendo a tasas del 10% anual, y que en los próximos 5 años cree 35 millones de empleos adicionales.
La diferencia radica en que en India hay un Ministerio de Textiles que desarrolla toda una política de promoción del sector, mientras que en Colombia el Ministerio del ramo se dedicó a firmar TLCs y se olvidó de la Industria. Necesitamos un Ministerio de Industria
Cali 10 de septiembre de 2018.
*Por Giovanni Décola.- El hecho de que el Gobierno de Iván Duque no haya tenido luna de miel, en gran medida se debe a su desastroso Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla.
Este Ministro, tristemente recordado, cuando en el Gobierno de Alvaro Uribe, ocupando el mismo cargo, dijo que en Colombia: “el salario mínimo era ridículamente alto”. Cuando es sabido, que es uno de los más desiguales, no solo de Latinoamérica, sino del mundo. En esta oportunidad, cada anuncio del Ministro de marras, ha sido un bombazo nefasto para los más pobres del país.
Sus pretensiones de obligar a declarar renta a más colombianos, de gravar con IVA a la canasta familiar, de revisar el régimen pensional, de una nueva reforma tributaria que le recortaría los impuestos a los ricos y empresarios y se los aumenta a la clase media y trabajadora, se han quedado cortas, ante las escandalosas denuncias que pesan contra Carrasquillla.
La utilización del cargo, usando información privilegiada, para promover leyes, que pronto sirven de soporte legal para crear empresas y negocios, que a la postre, enriquecen no solo a él, sino a su círculo cercano, con quien no solo se hace rodear en la esfera de lo público, sino también de lo privado, para empobrecer a más de un centenar de municipios, a cambio del enriquecimiento de su camarilla, y para rematar, no pagan los impuestos que les corresponde en Colombia, sino que para evadirlos, hacen una truculencia de ficciones legales en el exterior, para atesorar el dinero en paraísos fiscales, sin dejar rastros en el fisco colombiano.
Un “personaje” de esos, no merece ser Ministro de Estado, y mucho menos de Hacienda. La valiente denuncia del Columnista Daniel Coronell, refiriéndose a “la murga de Panamá”, de ser cierta, lo cual parece evidente, deja sin opciones al Presidente Duque: Lo declara insubsistente o le acepta la renuncia de manera inmediata.
De lo contrario, se expone el Gobierno, a que en el Congreso, donde aún no tiene mayorías, se abra paso, muy pronto, un debate de control político contra el Ministro Carrasquilla, y consecuencialmente, uno de moción de censura, donde los partidos de oposición y los declarados independientes, se frotarán las manos, para pasarle la primera cuenta de cobro al naciente Gobierno.
Si de verdad, el Presidente Duque, quiere hacer una cruzada contra la corrupción; considero que el ejemplo empieza por casa. Se equivocó en nombrar de embajador en la OEA, al exprocurador Ordoñez, quien fuera separado del cargo por corrupto, y se malograría gran parte de su credibilidad, si mantiene en el cargo, a quien sería un corrupto en ciernes, a la cabeza, nada menos, que del Ministerio que maneja la chequera del Estado.
Barranquilla, 10 de septiembre de 2018
*Abogado y Periodista
El ICA enfrenta un nuevo escándalo por la captura de siete funcionarios por traficar con Guías de Movilización para “blanquear” contrabando de ganado desde Venezuela; un delito de extrema gravedad por su impacto negativo para la ganadería. ¿Qué pasó en el ICA?, una entidad clave para modernizar la producción agropecuaria y transformar el campo; un socio estratégico de los gremios productivos y de Fedegán especialmente, con el que dimos pasos bien encaminados en trazabilidad, avanzamos en un sistema de Guías Sanitarias de Movilización y alcanzamos, con el Fondo Nacional del Ganado, el estatus de país libre de fiebre aftosa, hoy perdido y en proceso de recuperación.
Para responder tomo prestadas las palabras del ministro Valencia en reciente entrevista: “Es una entidad (…) completamente permeada por la política y con altísima percepción de corrupción. Hace demasiadas cosas para su capacidad de gestión (…) entre 2006 y 2008 fue la cuarta entidad más transparente… En el más reciente reporte, (…) ocupó el lugar 68 entre 75 entidades”.
“Hace demasiadas cosas…”. Esa es la causa efectiva de su inoperancia. El ICA terminó hipertrofiado por “contratitis” (3.048 contratos en 2015 por más de 121 mil millones!, y 975 en 2016 por 36 mil millones). He ahí la razón última: una entidad eficiente convertida por el gobierno de la mermelada en otra “permeada por la política y con altísima percepción de corrupción”.
¿Qué hacer? El ministro “la tiene clara”. “El ICA debe ser una autoridad de sanidad animal y vegetal exclusivamente”, le respondió al entrevistador; y a la pregunta por las funciones actuales, contestó sin ambages: “Las tercerizamos. Las trasladamos a entidades públicas o privadas, sin que se pierda el control…”.
Es volver a andar lo desandado. En 2012, el Ministerio rescindió los convenios con Fedegán para el manejo operativo de las Guías de Movilización y de la trazabilidad a través de gremios regionales, sin menoscabo de la función del ICA como autoridad sanitaria. Entre tanto, a pesar del clamor lechero, no existe la red de laboratorios de referencia para quitarle a la industria el papel de juez y parte. Por su costo, el ICA nunca alcanzará ese objetivo autoimpuesto, pero sí el sector privado, sujeto a exigentes protocolos y bajo estricta vigilancia de la autoridad sanitaria. De lejos, la admisibilidad sanitaria para el acceso a los mercados con TLC suscritos es la principal deuda.
Bogotá, D. C, 9 de septiembre de 2018
@jflafaurie
Tremendo dilema por el que atraviesa el gobierno Duque, con sus preocupaciones en torno al incremento de la drogadicción que a diario penetra nuestra juventud. Hay crecientes sectores que buscan frenar el consumo de estupefacientes, -marihuana, coca, heroína, ácidos, sintéticas, etc-. Otros defienden el libre desarrollo de la personalidad que contempla la Constitución y los traficantes y jíbaros que se lucran de tan pingüe, tenebroso y lucrativo negocio a través de las ollas que invaden las ciudades.
Con acertada intención el gobierno ha dado 15 días a la sociedad para pronunciarse sobre los alcances de una medida que prohíbe el porte de la dosis mínima, el consumo en lugares públicos, ordena la destrucción la droga y establece multas a los portadores.
Es claro que las leyes defienden a los adictos, que por cuestiones de salud deban consumir estupefacientes, siempre y cuando tengan prescripción médica para ello. Es decir: existe un carné marihuanero invisible que los autoriza.
Pero como suele suceder, nuestros legisladores van aprobando cuanta iniciativa llega al Congreso, sin investigar, analizar, buscar decisiones contrarias. Lo vemos en multitud de leyes que golpean a la comunidad. El “pupitrazo”, es moneda corriente. Afanosa, o “mermeladamente”, se aprueban deseos del gobierno, de los gremios o de otros interesados.
Hoy el Código de Policía aplica la prohibición del consumo de drogas, por esas mismas contradicciones de nuestras normas. Se decomisa la dosis mínima y se multa a los portadores.
Es decir: la cosa y la norma se utilizan, legal o ilegalmente, según el criterio de quien lo advierta o analice.
Y lo más grave es que debemos enfrentar el tema sin mayores dilaciones, porque tenemos que defender a nuestra población y a nuestra juventud. Es cierto que hoy se fuma o consume droga en los parques y lugares públicos, en donde hay niños, jóvenes y adultos que deben soportar a los infractores. Los colegios, escuelas y universidades están rodeados de jíbaros, distribuidores e iniciadores de jóvenes “colinos” como los llaman. Los celulares son los vehículos que conectan a los traficantes y a las ollas, con los muchachos para gestionar pedidos.
Hay que actuar con urgencia. La ley permite consumir droga en privado, lejos de la gente sana, de los niños y de la juventud.
Esta podría ser una oportunidad para aclarar las contradictorias normas actuales, que benefician a los traficantes y de una vez por todas se proteja el libre desarrollo de la personalidad que consagra nuestra Constitución, para que no sirva de escudo para maleantes y traficantes. Otros países suministran la droga a los enfermos, con lo cual se impide que los precios de estos presionen el funesto comercio clandestino. Hay quince días para debatir, investigar, analizar y tomar sabias decisiones que llenen el vacío existente. Por ahora existe el carné marihuanero que ampara a los adictos.
BLANCO: Se va, abdica, nos deja el Padre Linero. Lástima. Pero el Man está vivo.
NEGRO: Parece que el ELN, contaminará a Colombia hasta el último instante.
El resultado de la consulta popular contra la corrupción nos evitó una discusión jurídica sobre los alcances e implicaciones constitucionales de varias preguntas, pero éste es un debate que no debemos evadir por la importancia que tiene y que tendrán los mecanismos de participación democrática para el futuro de la política.
El punto medular es si se podían votar el punto número 1 y 7 dado que su desarrollo debía plasmarse en reformas constitucionales.
Para un grupo muy importante de juristas resulta inconstitucional que se incluyan este tipo de preguntas en las consultas populares porque la Constitución no se puede reformar por este mecanismo. El argumento de los constitucionalistas tiene al menos dos problemas desde mi punto de vista.
El primer problema es que asimila un mandato político a una reforma constitucional en sí misma. Cuando los ciudadanos votan en una consulta sobre un tema no están adoptando, ni negando, ni refrendando una norma de carácter constitucional. Lo que están haciendo es enviar una orden a la instancia respectiva, en este caso el Congreso, para que desarrolle de un modo más completo y adecuado aquello sobre lo que se ha pronunciado. En otras palabras, la consulta popular tiene como resultado mandatos políticos que los cuerpos representativos tienen la obligación de realizar.
El hecho de que la consulta produzca mandatos políticos se explica por la necesidad que se regulen temas complejos y farragosos. De las preguntas pueden derivarse cambios no solo de una sino de varias leyes, e incluso desarrollos pormenorizados en cada ley. Para que el mecanismo funcione, los ciudadanos dan la orden a sus representantes de regular un mandato específico, pero son ellos, sus representantes, los que tienen que hacer la tarea de darle un cuerpo normativo a lo que los ciudadanos aprobaron.
Por lo tanto, es evidente que cuando los ciudadanos aprueban una pregunta en una consulta no están aprobando una norma, sino que generan una obligación para que se adopte una norma. En este sentido, carece de sentido el argumento de que se está modificando la Constitución al votar una pregunta en una consulta popular.
Un segundo problema, mucho más complicado porque no se trata de un problema de técnica jurídica sino de contenidos democráticos, es si los ciudadanos pueden opinar sobre temas constitucionales en las consultas populares. Y es especialmente grave si, como lo han propuesto, se establece un control previo por parte de la Corte Constitucional, pues inevitablemente esa corte empezaría a interpretar el grado de afectación constitucional que se deriva de una pregunta, incluyendo por ejemplo, que la pregunta en cuestión pueda afectar su propia jurisprudencia.
El alcance de las preguntas contenidas en las consultas populares tiene ya un control de constitucionalidad, que es el que ejerce el propio Congreso de la República, tema que suele ser desconocido por quienes creen que el único guardián de la Carta Política es la Corte Constitucional cuando realmente no solo ella lo hace, sino todos los jueces, las otras cortes y el propio congreso. Al dar el visto bueno a las preguntas contenidas en la consulta es el Congreso quien debe evaluar la constitucionalidad de las mismas, para que se evite por ejemplo, atentar contra derechos fundamentales (como sucedió cuando el Congreso negó el referendo que propuso Vivian Morales). Y en todo caso, si alguna pregunta que ponga en riesgo derechos fundamentales llega a ser aprobada por una mayoría parlamentaria, se pueden usar otros mecanismos como la tutela contra la decisión del Congreso para proteger dichos derechos, pero en ningún caso una instancia que limite la soberanía de los ciudadanos.
El siglo 21 será el de la democracia participativa, no sólo en Colombia sino en todo el mundo. Un elemento central de este modelo democrático es permitir que temas difíciles, como el derecho al aborto por ejemplo, pueda ser resuelto por los ciudadanos. No conviene que se limite el derecho de la gente a opinar sobre los temas más críticos, incluso aquellos con repercusiones constitucionales. Supongamos por ejemplo, que un grupo político empieza a promover un modelo federal para Colombia y propone realizar una consulta sobre la adopción del federalismo como base de la organización territorial. Si prospera la tesis de restringir las consultas, una pregunta en ese sentido nunca podría ser sometida a consideración popular, porque implica necesariamente abrir un debate que afecta la constitución. Y como ese, miles de temas.
La democracia implica que los ciudadanos puedan tomar decisiones y cada vez es más evidente que la revitalización de las instituciones políticas requiere mayor participación ciudadana, no menos, esto implica dejar que puedan decidir sobre los asuntos más acuciantes de la vida en comunidad y eso incluye, por supuesto, la posibilidad de abrir debates sobre el contenido de la Constitución para que luego sea reformada por los procedimientos establecidos.
José G. Hernández*.-La mejor prueba acerca del carácter inoficioso de la costosa consulta “anticorrupción” consiste en que, pese a no haber obtenido el umbral para que produjera algún efecto jurídico vinculante, ya están presentados varios proyectos con ese objeto y ha comenzado su trámite. Además, el Presidente de la República se ha reunido con los promotores y, de manera voluntaria, ha asumido la misión de sacarlos adelante, frente a un verdadero cáncer que ha venido carcomiendo el patrimonio público y la credibilidad institucional.
Es que la consulta tenía, al menos en apariencia, ese loable propósito, con el que coincidimos. Lo que nos permitimos apuntar sobre ella consistió en subrayar que, desde el punto de vista de su eficacia, no era el instrumento de participación indicado, en cuanto mediante consulta popular, por expresa norma estatutaria –así hubiese alcanzado el umbral-, no se podía modificar la ley y menos la Constitución, y si, de todas maneras había que llevar todo a la consideración del Congreso, no se justificaba el altísimo costo del proceso electoral llevado a cabo: más de trescientos mil millones de pesos. Lo adecuado habría sido la convocatoria de un referendo constitucional, previsto en el artículo 378 de la Carta Política, pues mediante él, desde luego alcanzando el umbral (la cuarta parte del censo electoral, menor que el de la consulta) y la mayoría favorable, el pueblo habría podido modificar directamente las normas superiores, sin necesidad de tantas vueltas.
Todo ello, como también lo dijimos, si para luchar contra la corrupción es suficiente la expedición de más y más normas, inclusive disposiciones ajenas a aquélla (como la propuesta de rebaja de los salarios de servidores públicos). Por el contrario, pensamos que, aun siendo aconsejable adicionar algunas reglas a las ya existentes, lo importante es que todas ellas se cumplan y se apliquen. Y lo más importante: más que de normas, el problema de la sociedad colombiana reside en la paulatina pérdida de respeto a los valores y en el desconocimiento de los principios tutelares, que deberían regir y gobernar tanto la actividad pública como la vida personal y familiar de los colombianos. Infortunadamente, entre nosotros se han relajado los resortes de la moralidad, las sanas costumbres, la ética, la observancia del Derecho, la honestidad que obliga por convicción y buena conciencia, más que por temor al castigo.
Se ha abierto y extendido la equivocada idea según la cual el fin justifica los medios. De tal suerte que si la finalidad de una persona radica –como también se piensa erróneamente- en lograr la riqueza de manera fácil y rápida, es válido y aceptable cualquier procedimiento, así sea ilícito o inmoral.
Eso no puede continuar así. Tenemos que volver a educar a los niños y a los jóvenes con arreglo a principios, ética y valores. Enseñarlos a que robar y poner trampa no es bueno. A respetar unas mínimas exigencias de comportamiento, por persuasión interna, más que por apariencia ante los demás.
De las tertulias con los amigos surgen ideas locas. De eso se trata. No hay cosa más agradable que especular y si se trata de política mucho mejor. En una de esas a alguien se le ocurrió decir: “Creo que vamos hacia un régimen semi-parlamentario”, es decir, “a cuatro años en que el parlamento tendrá igual o más poder que el jefe del Estado”.
Obviamente, en un país acostumbrado a los regímenes presidencialistas es descabellado pensarlo, pero, como dice el dicho, en todas partes se cuecen habas. Duque tuvo las mayorías necesarias para ser elegido presidente, pero eso no quiere decir que ello le garantice mayorías parlamentarias para imponer su agenda legislativa.
Por lo visto hasta ahora, los hechos parecen corroborar esa tesis: la agenda legislativa del naciente gobierno es muy pobre y, desde el otro lado, desde el Congreso, los partidos como Cambio Radical y otras formaciones, incluida la izquierda, ya comenzaron a marcarle el derrotero, mientras el Centro Democrático -el grupo de gobierno- solo piensa en salir de la sequía burocrática.
Los errores del uribismo están a la carta; para la muestra un botón: el senador Uribe lanza el globo del incremento del salario mínimo, 24 horas después su exministro de Hacienda, Carrasquilla, hoy jefe de las finanzas del gobierno Duque, anuncia a los colombianos la bomba de gravar todos los artículos de la canasta familiar y, finalmente, el presidente dice que en materia tributaria “el presidente tiene la última palabra”. El descoloque es total.
Es ahí donde ese “semiparlamentarismo” hoy se hace fuerte e impondrá su voluntad, pero con un agravante: el Congreso está fraccionado y nada le garantiza a Duque que sus tardías propuestas se las compren los parlamentarios que le apoyaron el 17 de junio.
La tal cumbre de palacio para resolver el problema de la corrupción, puede concluir en una epifanía para los 11 millones 700 mil colombianos que votamos la consulta. Que el Congreso asuma reformas anticorrupción es como poner al ratón a cuidar el queso. Aquí el problema es de puestos y mermelada, no nos digamos mentiras. Si le hicieron conejo a la implementación del Acuerdo de Paz, ¿por qué no hacerlo con una consulta, que además perdió? Los partidos tienen el sartén por el mango: el próximo siete de septiembre se vence el plazo para que, según el nuevo estatuto de la oposición, las fuerzas políticas con asiento en el Congreso se declaren en la oposición, partidos de gobierno o independientes.
El chantaje subyace. Es el as bajo la manga con el que cuenta el “neo semiparlamentarismo”, a la colombiana, que hoy cobra inusitada importancia para garantizarle a Duque gobernabilidad. ¿Se revivirá la mermelada? Para allá vamos y no hay de otra, y esta vez habrá para todos los gustos y sabores. El presidente tiene la solución a la mano: se trata de reactivar los códigos de los llamados cupos indicativos que Pastrana se inventó y que supieron instrumentalizar divina y eficazmente Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos en sus 16 años de gobierno. O, si no, ¿cómo gobernaron?
@jairotevi
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Dije recientemente en una columna que Duque no tendría luna de miel; que no tendría los cien días de gracia que los observadores le dan al nuevo gobierno para delinear su proyecto de país de y hoy lo corroboran las encuestas que a menos de un mes en el poder no le son favorables. Comenzar con esos síntomas de impopularidad no le viene bien al novel gobernante, lo hacen ver débil y sin carácter.
La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, invitó a los partidos Liberal, Conservador, Cambio Radical, La U y de más fuerzas religiosas a acompañar al gobierno del presidente Duque en un gran pacto, pero a ¿qué precio? Es la pregunta.
Acostumbrado el país político al presidencialismo, es decir a un presidente con plenos poderes y capaz de imponerse, hoy no lo vemos. Los partidos que le votaron se le adelantaron y saturaron de proyectos de ley la carga legislativa. Son más de 200 los presentados desde el pasado 20 de julio. Reformas como la tributaria y a la justica ya fueron llevadas al Congreso y no son de origen ejecutivo.
Bogotá, D. C, 4 de septiembre de 2018
Mientras en Colombia celebramos la inesperada pero extraordinaria votación de los 12 millones de ciudadanos que siete veces dijimos ‘No más corrupción’ y esperamos que pronto se traduzca en cambios en la forma de hacer política y negocios, el mundo se sacude con crisis económicas y políticas en diversas latitudes, a las que hay que prestar atención porque pueden tener consecuencias negativas para el país. Sobre todo las económicas.
La más cercana es la de Argentina, donde el peso se ha devaluado más del 100% en este año llegando la cotización del dólar a cerca de $40. En diciembre de 2015, cuando empezó el gobierno de Macri, que supuestamente iba a arreglar el desorden del gobierno anterior, el precio del dólar era de $9.70.
Para tratar de defender su moneda el banco central ha subido sus tasas de interés hasta el 60%, las más altas del mundo, y ha negociado un crédito de 50.000 millones de dólares con el FMI, con las conocidas condiciones de austeridad fiscal.
El vecino Brasil ha sufrido el contagio del temor de los inversionistas internacionales. El real brasileño se ha devaluado 31% frente al dólar en el último año por la salida de capitales, también presionada por la crisis política. El impacto en Colombia ha sido menor.
En otra esquina del mundo Turquía es el foco de preocupación de los mercados. Por las salidas de capitales internacionales, en agosto la lira turca llegó a devaluarse 27% frente al dólar, y en lo corrido del año su pérdida del valor llegó al 80%.
Además del efecto contagio sobre los flujos de capitales internacionales, las crisis cambiarias de estos dos países tiene un impacto negativo sobre Colombia por el lado de los flujos de comercio. Hace dos años una lira turca valía $1.150 y hoy vale $426. Frente al peso colombiano, el peso argentino pasó de $330 a $100 en el mismo período. Esta enorme apreciación de nuestra moneda encarece nuestras exportaciones a esos países.
El otro cataclismo en la economía mundial es la guerra comercial que el señor Trump ha declarado contra Europa y China, imponiendo aranceles a los productos importados de esos países, que ha sido respondido por ellos con aranceles a los productos gringos, en una escalada que tiende a empeorar.
Somos 11.671.420 de colombianos que estamos hastiados de la corrupción en nuestro país. Nos cansamos de que unos pocos continúen desangrando el dinero público de sus compatriotas. No es posible que personas inescrupulosas roben cerca de 50 billones del erario, recursos que deberían estar dedicados a programas tan importantes como la alimentación escolar (PAE), que diariamente afecta en el país de manera directa a 8 millones de niños. El pasado 26 de agosto dijimos: ¡no más!
En una votación sin precedentes, la mayor que ha habido en nuestro país, bajo unas condiciones desfavorables -tres votaciones en siete meses-, además de ser unas elecciones en frío, donde la “maquinaria” no iba invertir ni un solo peso, el clamor de la ciudadanía se hizo sentir. Por eso, y aunque no tiene efectos jurídicos inmediatos, el político no se hizo esperar; muestra de lo comentado es la reunión el pasado miércoles en la Casa de Nariño de todas las bancadas del Congreso con el Presidente de la República. Finalmente, el Presidente Duque, actuando como jefe de Estado, propició un pacto anti-corrupción, que, de salir adelante, estará aprobado antes de diciembre del presente año.
El mundo destacó el resultado de la consulta. Diarios como el Washington Post, New York Times, El País de España y hasta la cadena de televisión catarí, Al Jazerra, destacaron que, a pesar de no alcanzar el umbral, los resultados no podían ser desconocidos. Así, se observa que este hecho político ya no es exclusivamente del país, a la comunidad internacional le interesa lo que sucede en Colombia. Es en parte por eso que los proyectos que se presenten y que van a desarrollar los puntos de la consulta, deben ser debatidos en el Congreso de una manera seria, responsable y, sobretodo, sin contratiempos.
Por lo anteriormente expuesto, hago un llamado a que nosotros, los ciudadanos, nos apoyemos más en las herramientas que tenemos hoy en día para hacernos sentir. Escribamos derechos de petición al Senador o Representante por el que votamos, pidiendo que apruebe las iniciativas. Además, usemos las redes sociales -Facebook y Twitter- para exigirles a los parlamentarios y al Estado que nos cumplan.
No debemos ser indiferentes ante la situación que vive hoy el país. Esta consulta unió a todos los colombianos sin importar su espectro ideológico. La corrupción sólo se acabará cuando acabemos la cultura clientelista y logremos un cambio en la conciencia colectiva.
