Opinión
Por Lorena Rubiano Fajardo.-La paz no es la ausencia de guerra, es una virtud, un estado de la mente, una disposición a la benevolencia, la confianza y la justicia: Baruch Spinoza.
Después de la gran incertidumbre creada en la campaña política reciente contra el proceso de paz y su organismo de consolidación de la concordia y armonía entre los colombianos, como es la JEP, el Tribunal viene poco a poco consolidándose como la gran esperanza de la reconciliación.
Después de los acaloramientos y angustias electorales que llevaron a algunos candidatos a despotricar contra el proceso de paz y la convivencia y exacerbaron las pasiones, pues ahora están viendo que la paz es posible y que hay que fortalecer y apoyar el organismo que nos garantizará ese entendimiento, como lo es el Tribunal de Justicia para la Paz.
Este organismo de Justicia Transitoria debe, eso sí, ajustar sus criterios al Acuerdo firmado con la Farc, definir con claridad la participación de los terceros en el conflicto y acelerar definiciones.
No está bien que este organismo que fue creado para consolidar ese anhelo solo se remita a atender los casos certificados por el Comisionado de Paz y deje por fuera los civiles no combatientes, que son en un número similar a los combatientes porque sin ellos no hubiese sido posible la actividad subversiva en el país.
Además son muchos los que quieren concurrir para decir su verdad y dar claridad a muchos hechos violentos, que no han tenido avances de esclarecimiento en los entes investigadores.
Es por eso que vemos con buenos ojos la concurrencia a este Tribunal de los militares, 1.750 con sentencia o con el proceso muy avanzado y ahora recientemente la participación de las comunidades indígenas del país, quienes entregaron su informe sobre asesinatos, desplazamiento, torturas y desapariciones de más de 200.000 indígenas en los últimos cincuenta años.
Además los miembros de las fuerzas militares que consideren que fueron injustamente condenados, podrán pasar por la sala de la verdad, y pedir la revisión de sus casos, con las pruebas que tengan. En su juzgamiento tendrán primera y segunda instancia en el Tribunal. Es la primera vez que la Fuerza Pública es Juzgada en un Tribunal de Justicia Transicional.
El nuevo gobierno de Iván Duque Márquez tiene sobre sus hombros la gran responsabilidad de llevar nuestro país hacia una paz estable y duradera. Hay que frenar esos nuevos brotes de violencia, como los que se están presentando en Choco, Catatumbo, Cauca y Nariño.
Por eso resalto que el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la Onic y las autoridades indígenas de la Mesa Permanente de Concertación se reunieron con el presidente Duque, en un ambiente de respeto, constructivo a pesar de las diferencias, reconociendo la diversidad étnica y cultural.
Aída Quilcué, consejera de los Derechos de los pueblos indígenas, señaló que esta es una entrega simbólica "de los distintos hechos victimizantes que han afectado a los pueblos indígenas", individual y colectivamente, así como a su territorio.
Bogotá, D. C 17 de agosto de 2018.
Por Gabriel Ortiz.- La elección de Contralor se maneja entre la ética y el atajo, y como en Colombia la trampa es casi legal, todo puede pasar, de aquí hasta cuando el congreso tome la decisión de designar al funcionario encargado de vigilar la legalidad de los manejos de los dineros del Estado… de los colombianos.
Cada gobierno, debe acudir a reformas tributarias; y ahora la pensional que hará más pobres a quienes han dedicado su vida a trabajar y aportar para tener una vejez digna, porque esos dineros tradicionalmente quedan en manos de la corrupción, sin que a funcionario alguno, se le ocurran medidas que permitan recuperarlos.
Por esto, es perentorio designar un Contralor que tenga las capacidades, calidades y honestidad para darle el más rudo de los golpes a la corrupción. Pero nadie alcanza a comprender la forma como se ha manejado la designación de este vigilante. Cuando agonizaba la anterior legislatura, se fijaron reglas de juego claras que garantizaran la llegada de una persona íntegra para la Contraloría. Pero extrañamente, o tal vez no tan extraña entre nosotros, el 21 de julio, cuando apenas empezaba la nueva legislatura, el presidente del Senado, con una simple resolución modificó la ley que había fijado las anteriores normas. Desapareció aquello de que ninguna persona cercana a un aspirante a Contralor, dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil o legal, podría intervenir en su elección.
Ética es ética, fundamento de los valores, rectitud, legalidad, deontología. Lo demás se llama artificio, contravención, burla, infracción maliciosa.
La decisión adoptada por el Canciller Carlos Holmes Trujillo, cuando aspiró a la Contraloría hace años y su hermano era parlamentario, es claro ejemplo de rectitud, cuando renunció, por ello a esa aspiración.
Hay varias fallas, que nacen de la decisión del presidente del Senado. Modificó todo. Se había establecido que se escogerían 10 candidatos salidos de un juicioso estudio adelantado por la Universidad Industrial de Santander. La “nueva” norma incluyó 59, para beneficiar a los amigos del parlamentario.
Después de ello, con muchos que estaban por debajo de los más capaces, se “ajustó” la lista. Es decir: el juicioso trabajo de la UIS, fue arrojado a la basura. Pudo más la politiquería y la manipulación que la ética, la honestidad y el fundamento de los valores con que un ente aplica la ética.
El tiempo sigue su marcha y hoy por fortuna, el Presidente Duque dejó en claro que no intervendrá en esa elección. Esa si es una actitud justa y decente de un mandatario. El Congreso deberá elegir entre Carlos Felipe Córdoba, Andrés O’Meara, Wilson Ruiz, Alonso Hernández, Marco Antonio Velilla y Julio Cárdenas.
El congreso está frente a una decisión histórica. Debe acudir a su sabiduría para bien del país y sus gentes.
BLANCO: La designación del colega Álvaro García como nuevo hombre de las Comunicaciones de la Presidencia.
NEGRO: La partida de “Chucho” Álvarez, uno de los grandes de la radio.
Por Ariel Avila*.-José Félix Lafaurie ya se cree el nuevo contralor de Colombia. Sin ninguna vergüenza, el Centro Democrático, le hizo una serie de disposiciones jurídicas a su acomodo, algo así como leyes con nombre propio.
No les han importado las evidentes contradicciones con su discurso, no debe olvidarse que su campaña presidencial y al Congreso la montaron con la promesa de combatir lo que ellos llamaban el castrochavismo, el populismo y la concentración de poderes. Sin embargo, están repitiendo las mismas prácticas de los gobiernos que ellos dicen combatir.
Además del ejecutivo, tienen el control del Poder Judicial, han entablado una pelea para arrinconar al Poder Judicial, de hecho amenazan con reformarlo, y ahora con abierto descaro y manipulación modifican resoluciones del Congreso de la República para favorecer su candidato a contralor, es decir, nombrar a amigos para que no los fiscalice. Incluso, es tal el descaro, que el congresista Samuel Hoyos dijo que estaban buscando un contralor que no le pusiera pereque el nuevo gobierno, es decir, abiertamente reconocen la manipulación para elegir a su amigo Lafaurie.
Pero José Félix Lafaurie no es un aparecido en estos temas políticos, tiene una larga tradición. Siendo presidente de Fedegan tuvo entre sus asesores a José Miguel Narváez, quien hace unas horas fue condenado por ser uno de los determinadores del homicidio de Jaime Garzón. Además, Narváez, es acusado de ser uno de los cerebros de la brutal expansión paramilitar que entre otros datos macabros dejó más de mil masacres con descuartizamientos de personas. Siempre que se le cuestionaba por ese asesor, Lafaurie, decía que Narváez era un simple ideólogo de derecha y que eso no era delito. Además Lafaurie reemplazó en Fedegan al parapolítico Visbal Martelo, quien fue condenado hace algunos días a nueve años de prisión por vínculos con las AUC.
En trabajos de investigación realizados por la Fundación Paz y Reconciliación varios testimonios dicen que el puesto de Narváez en Fedegan, se derivaba en que él era el enlace entre las AUC y el gremio de ganaderos. Sin embargo sobre esto no hay investigaciones, ni condenas.
Por si fuera poco Lafaurie desconoce el asesinato de líderes sociales y el despojo de tierras en Colombia, de hecho ha sugerido que los líderes sociales reclamantes de tierra son criminales camuflados. Pero nada de esto ha importado para el Centro Democrático y la coalición de gobierno. Se rasgaron las vestiduras hablando de meritocracia, de evitar la concentración de poder, y aun así están torciéndole el cuello a la ley y la institucionalidad.
La torcida del cuello se hizo, como siempre, a las escondidas y liderada por el señor Macías, actual presidente del Senado de la República. La historia es la siguiente. El texto constitucional decía que el Congreso en pleno elegía al Contralor de una terna presentada por la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia. Esto se modificó en 2015, dejando la competencia de elección del controlar al Congreso, pero no había terna de las altas cortes, sino por lista de elegibles hecha a partir de una convocatoria pública.
Luego, el 19 de julio de 2018, mediante resolución 007, la mesa directiva del Congreso acordó las reglas de juego para la elección del contralor, en la sección de causales de inadmisión o exclusión de la convocatoria se decía que tener vínculos dentro del cuarto grado de consanguineidad, segundo de afinidad y primero civil o legal respecto a los miembros el Congreso que participen en la elección por mandato constitucional, era meritorio para excluir al candidato. Además se decía que la prueba de conocimiento tenía un valor del 70 por ciento y los factores de ponderación de un 30 por ciento.
Ya para el 26 de julio, con Macías como presidente del Congreso, se expidió la resolución 009 del 26 de julio de 2018, donde se modificaba la del 19 de julio. Por arte de magia ya no había inhabilidad para el candidato a contralor por el hecho de tener a su esposa en el Congreso. Es algo así como si la inhabilidad fuera para la congresista, pero no para el candidato. Las cifras de calificación fueron modificadas. Todo armado para elegir a Lafaurie. Por si fuera poco, este jueves, están citados todos los partidos a Palacio, aunque el tema es agenda legislativa se cree que el presidente hará el guiño para favorecer a Lafaurie.
Bogota´, D.C, 16 de agosto de 2018.
*Politólogo.
Por Juan Fernando Londoño * .- La extensión de la corrupción en Colombia está íntimamente relacionada con la impunidad. Quienes roban saben que las probabilidades de ser descubiertos son muy bajas.
Y cuando los escándalos de corrupción son revelados, las posibilidades de que terminen sancionados son ínfimas. Esta combinación convierte la corrupción en una actividad tan atractiva como lucrativa.
Esto sucede pese a que los colombianos nos gastamos una enorme cantidad de recursos en un órgano de control como las contralorías nacionales y territoriales que no existen en la mayoría de los países, donde la figura de los tribunales de cuentas es mucho más común. Lamentablemente, los resultados son tan escasos que este órgano de control carece de poder disuasivo real frente a los corruptos, pese a la gran cantidad de buenos profesionales y de enormes recursos presupuestales que posee. Esta situación es particularmente grave cuando se observa que la Contraloría es prácticamente incapaz no sólo de impedir la corrupción sino de recuperar los dineros robados. Los pocos corruptos que terminan condenados suelen pagar sus condenas (con rebajas incluidas) y luego salir a disfrutar de los dineros robados a los colombianos.
La causa principal de este problema es la relación política que existe entre los funcionaros elegidos para este órgano de control y los gobiernos y la clase política. A lo largo y ancho de nuestro territorio las contralorías son una cuota de los partidos miembros de la coalición de gobierno y como consecuencia en lugar de controlar a los gobiernos terminan cuidándoles la espalda.
Para que esta situación empiece a cambiar es necesario que el gobierno y el Congreso den ejemplo con la elección del próximo contralor general evitando que la persona seleccionada sea un funcionario de bolsillo del gobierno o del partido de gobierno, el Centro Democrático. Hasta el momento, el presidente Duque ha mostrado que su compromiso contra la corrupción no es solo de palabra sino de verdad. Pero si el gobierno termina interviniendo para buscar un contralor amigo todo ese discurso se desplomará.
La candidatura y posible elección de José Félix Lafaurie como contralor general representan un capítulo nuevo de esta misma lógica, pues su elección se interpreta como la de un aliado del gobierno y no la de un auténtico fiscalizador. El nuevo gobierno no debería derrochar la credibilidad que ha construido al cumplir su promesa de no repartir cargos públicos como parte de la mermelada y dejar que el congreso escoja con autonomía un candidato que no pertenezca al partido del Presidente.
La composición del actual Congreso permite confiar en que la nueva cabeza del organismo no termine siendo un contralor de bolsillo. Existen muy buenos candidatos que representan opciones por fuera del Centro Democrático que al paso que va no solo querrá controlar el gobierno sino también a los organismos de control y pronto intentará controlar también la justicia. Entre los candidatos se destaca la figura de Carlos Felipe Córdoba que representa no solo juventud y capacidad técnica, tal como lo muestran sus excelentes calificaciones durante el proceso de pre selección, sino que refleja muy bien las capacidades de las personas de provincia, ajenas a las elites bogotanas. Su elección refrescaría la gestión de un órgano de control que tiene como principal reto mostrar que realmente puede ser eficaz en la lucha contra la corrupción y mostraría que el Congreso también está comprometido en evitar que el contralor termine siendo de bolsillo del partido de turno en la presidencia.
Bogotá, D. C, 16 de agosto de 2018
*Exviceministro del Interior
Por José G. Hernández *.-Al momento de escribir estas líneas, ignoramos si en efecto -como informaron algunos medios de comunicación- el expresidente de la República Juan Manuel Santos salió o no del territorio colombiano hacia otro país, y si -de haberlo hecho-lo hizo con o sin el permiso previo del Senado de la República.
Pero conviene recordar las normas constitucionales vigentes al respecto. Básicamente están plasmadas en el artículo 196 de la Constitución, que en su parte pertinente, y de modo perentorio, señala: “Artículo 196.- El Presidente de la República, o quien haga sus veces, no podrá trasladarse a territorio extranjero durante el ejercicio de su cargo, sin previo aviso al Senado o, en receso de éste, a la Corte Suprema de Justicia. La infracción de esta disposición implica abandono del cargo.
El Presidente de la República, o quien haya ocupado la Presidencia a título de encargado, no podrá salir del país dentro del año siguiente a la fecha en que cesó en el ejercicio de sus funciones, sin permiso previo del Senado. (…)”.
El precepto era más estricto en la Constitución anterior, después de la salida del país del Presidente Rafael Reyes (1909), y se consagró en la reforma de 1910, que exigía al presidente en ejercicio el permiso previo del Senado para salir del territorio.
En efecto, el artículo pertinente quedó así en el texto del 123 de la Constitución (A.L. 3 de 1910, art. 32): "El Presidente de la República o quien haga sus veces no podrá salir del territorio de la Nación durante el ejercicio de su cargo y un año después sin permiso del Senado".
Tiempo después, siendo Presidente Alfonso López Michelsen, se decidió, mediante A.L. 1 /77, morigerar los términos del exigente mandato para facilitar al Jefe del Estado el cumplimiento de sus naturales compromisos internacionales, y se distinguió entre la salida presidencial en ejercicio del cargo y la posterior a la terminación del período.
En la ponencia para primer debate, cuando se discutía el proyecto, se argumentó:
"En reciente mensaje del Presidente López (…), se ha hecho hincapié en la urgencia de facilitar los viajes del Presidente de la República, con un régimen constitucional distinto, más ágil y expedito. Con tal fin, se elimina la obligación de solicitar permiso por parte del Presidente para trasladarse a territorio extranjero durante el ejercicio de su cargo, quedando la obligación solamente de dar aviso previo al Senado, o en receso de éste, a la Corte Suprema de Justicia". Pero se hizo la diferenciación, sobre las salidas posteriores a la culminación del mandato: "…se mantiene la norma para establecer que el Presidente o quien haya ocupado este cargo como encargado, no pueda salir del país dentro del año siguiente a la fecha en que cesó en el ejercicio de sus funciones sin permiso previo del Senado”. Un mínimo de responsabilidad por lo ocurrido durante un ejercicio de tanto poder.
Esta es exactamente la disposición que se conservó intacta en la Constitución de 1991, artículo 196, ya transcrito.
En síntesis: durante el ejercicio del cargo, basta el aviso al Senado, y en receso de éste, a la Corte Suprema de Justicia. Después del cese de las funciones presidenciales, se requiere el permiso previo del Senado de la República. Muy claro.
Bogotá, D. C, 15 de agosto de 2018.
*Expresidente de la Corte Constitucional de Colombia
El expresidente Álvaro Uribe, en política, les da sopa y seco a sus contradictores ideológicos. Es más, los revela como unos aprendices, incluidos los desprogramados exmandatarios que se comportan como perejil de toda boda.
A Uribe le pueden anteponer todos los epítetos imaginables: manzanillo, corrupto, utilitarista, fascista, paramilitar etc. etc., pero su sagacidad y audacia lo promocionan como el hombre más importante de la política de Colombia en los últimos 40 años. Cargar con el peso de sus amistades peligrosas, con sus cuestionadas acciones como gobernador de Antioquia de las cuales aún no da explicaciones, con los excesos de poder, los falsos positivos, y ahora un llamado a indagatoria hacen del senador un político sin escrúpulos, cuya ideología es el poder.
Primero se hizo elegir presidente, después cambió la Constitución para reelegirse, posteriormente puso en la silla de Bolívar a Juan Manuel Santos, de quien dice, lo traicionó (y lo creo); sin partido casi derrota al premio nobel; y, finalmente, arropó, protegió e hizo a imagen y semejanza a Iván Duque, y hoy lo tiene como presidente de los colombianos.
Ese es Uribe, duélale a quien le duela. Le apostó a construir poder desde el poder cuando asumió la presidencia en 2002 y lo hizo. Sin miramientos y ética posible, hace política. Esos esquemas le funcionan porque hizo la lectura correcta: todos son sus aliados y con él no hay polígrafo que valga. “Voten antes de que los cojan presos”, dijo una vez. Uribe no tiene aliados, compra conciencias. Esa ha sido su estrategia acompañada de su incansable trabajo y un halo imperturbable de santo apóstol que logra ocultar su maldad en política y sus relaciones no santas.
Claro, hacer política tiene sus límites y no todo vale. Pero eso, al exmandatario no lo perturba. En su prodigiosa memoria no hay espacio para el olvido; en sus códigos no hay lugar para los débiles, por eso mueve muy bien sus alfiles: dos de sus incondicionales pupilos ostentan la presidencia de dos de las tres ramas del Poder Público: el Ejecutivo y el Legislativo. Contra el Judicial tiene montada su propia batalla y no descansará hasta ganarla, si se lo permiten.
En efecto, Santos lo traicionó y Uribe le aceptó el reto; desde el asfalto y su denodado trabajo –porque vive y amanece para la política- le montó un partido político, el Centro Democrático (CD). Los últimos cuatro años fueron insufribles para Santos, no los pasó nada bien. El recargado senador, con una bancada numerosa, casi le hace añicos el acuerdo de paz tras derrotarlo en el plebiscito. Las mismas argucias que se le critican a Uribe las utilizó Santos para recuperar de las cenizas su único legado: haber desarmado y desmovilizado la guerrilla más antigua del continente americano.
Hay Uribe para rato, sin duda. Como buen caudillo maneja a su antojo el CD y todos, representantes y senadores, le hacen caso. No se escribe una línea sin su consentimiento, no deja cabo suelto.
El expresidente ha hecho de la política una estrategia para blindarse de la justicia, la única rama del poder que no controla. ¿Le alcanzará para evadir los serios cuestionamientos que existen en su contra? ¿Qué cree usted?
Bogotá, D. C 15 de agosto de 2018.
@jairotevi
Por: Guillermo García Realpe*.- El fracking, ese término que traduce fracturación hidráulica, y que amenaza gravemente en contaminar nuestras fuentes de aguas subterráneas y de paso afectar los ecosistemas, los recursos naturales y poniendo en riesgo la salud pública de las regiones donde se realice esta peligrosa práctica de extracción de hidrocarburos, nos tiene con los pelos de punta a quienes defendemos la naturaleza, el medio ambiente, la flora, la fauna, el recurso hídrico y todo lo que implique vida, por eso desde ya cerramos filas para decirle NO a este tipo de proyectos en nuestro país.
El fracking, técnica usada para extraer gas natural de yacimientos no convencionales, según evidencia científica trae impactos negativos en el ambiente, la salud y las comunidades de las zonas afectadas, por ende es una seria y muy grave amenaza la que nos ronda.
Esta práctica explota el gas acumulado en los poros y fisuras de rocas sedimentarias, cuya poca permeabilidad impide el movimiento del gas a zonas de más fácil extracción. En ellas se inyectan millones de litros de agua cargados con un cóctel químico y tóxico para extraerlo.
Previendo esto, en el Congreso de la República, bajo el liderazgo de la Alianza Colombia Libre de Fracking, organización que agrupa a más de cien colectivos de todo el país se abre paso una iniciativa que busca hacerle frente a la fracturación hidráulica en Colombia.
Aquí hemos convergido más de 30 congresistas de diversos partidos políticos que unidos hoy le decimos NO al fracking en Colombia. La iniciativa busca entre otras cosas, prohibir el fracking en todo el territorio nacional, ordena la realización de un informe sobre los impactos socio-ambientales y de salud pública de los hidrocarburos en el país, promueve también la diversificación energética y la transición a energías limpias.
En todo caso, nos une un mismo fin común: la defensa del agua, de la vida, de los ecosistemas y por supuesto de todos nuestros recursos naturales que estarían en riesgo ante semejante amenaza.
De prosperar este proyecto como en efecto esperamos que así sea, Colombia entraría a formar parte de países como Alemania, Francia, Escocia, Irlanda y Uruguay y los Estados de Paraná en Brasil, Entre Ríos en Argentina, Castilla-La Mancha en España, Victoria en Australia y algunas regiones norteamericanas como New York, Vermont, Maryland, New Jersey, Pensilvania y Delaware que ya prohibieron en sus territorios la práctica del fracking.
Y es que son muchos los riesgos que trae el fracking. Por ejemplo, durante la perforación, puede existir explosión, escapes de gas y de ácido sulfhídrico, y desde luego derrumbes.
También sucede que las fracturas inducidas alcance un acuífero, contaminando el agua con los fluidos de la fracturación y con el propio gas de la formación que se pretende extraer. Cada perforación, necesita unos 200,000 m3 de agua para la fracturación hidráulica.
El fracking también contamina el aire, pues muchos de estos aditivos son volátiles pasando a la atmósfera directamente. El gas no convencional extraído está formado por metano en su gran parte. Este es un gas de efecto invernadero mucho más potente en la atmósfera, que el propio CO2.
De la misma manera existen evidencias científicas que dan muestra que en las regiones donde se ha realizado fracturación hidráulica, la sismicidad ha aumentado, originando peligro de posibles terremotos.
Por eso, desde ya hacemos todo nuestro esfuerzo para detener esta grave amenaza que se ve venir y que incluso se ha hecho de manera muy discreta en municipios como San Martín, Cesar, donde ya sus fuentes de agua fueron contaminadas por culpa de la industria petrolera en manos de la compañía Conoco Phillips, que busca extraer petróleo bajo esta controvertida técnica.
Como hombre del Macizo Colombiano, donde nace el 70% del agua dulce que consume el país, reafirmó mi compromiso por la defensa de los recursos naturales, de nuestro medio ambiente, de los ecosistemas, de la flora, la fauna y por supuesto del agua como elemento fundamental de la vida.
Pasto, 13 de agosto de 2018.
@GGarciaRealpe
Por Giovanni Décola *.- El Congreso en pleno tiene hasta el próximo 20 de agosto, plazo para elegir al nuevo Contralor General de la República, aunque puede hacerlo esta semana.
Corresponde al Contralor ejercer el control fiscal de la Administración y de los particulares o entidades que manejen dineros o bienes de la Nación. En otras palabras, es el funcionario encargado de vigilar la plata que es de todos los Colombianos.
Ya la Universidad Industrial de Santander UIS, hizo entrega del resultado de las pruebas de calificación de 60 candidatos para dicho cargo, el cual será depurado hasta 10, para de ahí, elegir al titular de uno de los cargos más apetecidos del país.
Las mayorías del Gobierno Duque, se juegan su primer gran desafío, y no la tiene fácil. Los 51 parlamentarios del Centro Democrático no llegan a ser el 20% del Congreso, el 18.3% para ser exactos. La decisión del Presidente Duque de repartir la burocracia y los favores propios del ejercicio del poder, solo entre los miembros de su Partido, más temprano que tarde, le jugará una difícil pasada en el tablero del ajedrez político.
El Centro Democrático parecía jugado con José Félix Lafaurie, pero sus precarios resultados en las evaluaciones previas (Obtuvo 30 puntos de 100), podría inclinar ahora su balanza a favor de otro alfil del uribismo, el exmagistrado del Consejo de Estado, Marco Antonio Velilla, quien obtuviera 53.5 puntos, todavía lejos del mejor puntaje de 74 puntos en cabeza del exmagistrado del Consejo Superior de la Judicatura, Wilson Ruiz.
Los Partidos “aliados” del Gobierno parecen tener otros intereses. Están a la espera de la lista definitiva de 10 candidatos, para barajar sus cartas. Es nuestra tradición republicana, que el Congreso esté rendido a los pies del Ejecutivo. Pero ello, podría cambiar, ante la decisión de la Casa de Nariño de hacer Gobierno de Partido. El último que hubo en Colombia, fue el del liberal Virgilio Barco en 1986, con la gran diferencia, que su Colectividad, tenía casi el 60 % de los escaños del Congreso.
Los Partidos Conservador, Liberal, La U y Cambio Radical, quieren jugar del lado del Gobierno, por el cual votaron en segunda vuelta, pero ningún comensal se sienta en una mesa, donde sabe que no va a ser servida. La actitud del Gobierno, más el impetuoso discurso del Presidente del Senado en la Posesión de Duque, puso a estas colectividades en estado de máxima tensión, y si pronto, ella no es disipada, inexorablemente forzará a una rebelión que ya se viene cocinando. La U y Cambio Radical, dieron la primera pincelada. Un coqueteo de estos dos Partidos al Liberalismo o al Conservatismo, para elegir a las cabezas de los órganos de Control y garantizar la paz, y la alianza quedará consumada. Estos 4 Partidos tienen 169 Parlamentarios, casi el 61 % del Congreso, sin contar con el 20 % que está en manos de la oposición, que, con tal de derrotar al Gobierno, hasta gratis, se sumarían a esa coalición, la cual quedaría convertida en una verdadera aplanadora.
El joven Duque está jugando con fuego. Su comienzo ha sido tormentoso, y puede empeorar. Si quiere de veras, unir al País, debe empezar por construir confianza entre sus propios aliados, primero que todo, pues si no lo logra con ellos, mucho menos con una oposición que poco a poco se irá envalentonando, y que se cree dueña de 8 millones de votos. El ánimo revanchista de muchos legisladores de su propio Partido, parece jugar en su contra, pero también puede jugar a su favor, si lo usa más adelante para desmarcarse del Partido que lo llevó al poder, con tal de garantizar su propia obra de Gobierno.
Basta con mirar el reciente ejemplo del Ecuador y el propio caso colombiano, con Juan Manuel Santos. Algunos dicen que Duque no tiene el coraje para hacerlo. No conocieron el temple de su difunto padre Iván Duque Escobar, y lo que se hereda no se hurta…
Barranquilla, 12 de agosto de 2018.
*Abogado y Periodista.
Amylkar D. Acosta M *.-Está demostrada hasta la saciedad de la estrecha correlación entre la mayor concentración de CO2 en la atmósfera y la elevación de la temperatura. Hace mucho rato que el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas llegó a esta conclusión y más recientemente así lo reconoció nada menos que la Agencia Nacional de Evaluación del Clima de los EEUU, en su cuarto Informe cuatrienal, avalado por la Academia Nacional de Ciencias, uno de los organismos más competentes y con mayor reconocimiento en cuestiones medioambientales en el mundo, a contrapelo de las pamplinadas del Presidente Donald Trump. Según el mismo “la evidencia del cambio climático abunda, desde lo más alto de la atmósfera hasta las profundidades de los océanos”.
También acota este Informe que está comprobado científicamente que son las actividades humanas, especialmente las relacionadas con las emisiones de gases de efecto invernadero (que atrapan el calor) las principales responsables del cambio climático recientemente observado. Y en ello también coincide con los reiterados pronunciamientos del IPCC. Ello contradice el reiterado mensaje de Trump para repudiar el Acuerdo de París, en el sentido que “el cambio climático es un invento que pretende proteger la naciente industria china, perjudicando la industria americana. Este fenómeno no está demostrado y no tiene un sustento real”. No obstante, el calentamiento global es una realidad y, como es obvio de toda obviedad, los EEUU no escapan a sus devastadores efectos. Llama la atención este Informe sobre el hecho cierto de que la temperatura promedio en los EEUU ha aumentado “rápida y drásticamente” desde la década de los 80´s del siglo XX y que, además se hayan registrado en las décadas recientes las temperaturas más altas de los últimos 1.500 años (¡!).
Los años 2015, 2016 y 2017, justo cuando el Presidente Trump anunció el retiro de los EEUU del Acuerdo firmado en París por su antecesor, Barack Obama, han sido los años más calurosos desde que hay registros (1880), la temperatura media de la superficie del planeta el año pasado fue 1.1 grados superior a la del período 1880 -1900, considerado preindustrial. El año 2016 sigue siendo el top de la temperatura con 1.2 grados por encima de esta referencia. Como lo advierte el Secretario General de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), el finlandés Petteri Taalas, “La tendencia a largo plazo de la temperatura es mucho más importante que la clasificación de los años individuales. Y esa tendencia es ascendente”. Prueba de ello es que “17 de los 18 años más cálidos han sido registrados durante este siglo, y el grado de calentamiento en los últimos tres años ha sido excepcional”.
Los estragos del calentamiento global van mucho más allá del sofoco debido a las olas irresistibles de calor que no se registraban desde hace 50 años, las cuales han provocado que, según el Informe Anual del Estado del Clima del gobierno de los EEUU, “el número de fallecimientos relacionados con este motivo aumentará en países como España hasta un 292% en comparación con el período entre 1971 y 2010”. Como lo destaca Taalas, “el calentamiento en 2017 estuvo acompañado por un tiempo extremo en muchos países del mundo. Estados Unidos ha vivido su año más costoso en términos meteorológicos y de desastres climáticos, mientras que otros países han visto su desarrollo ralentizado o revertido por ciclones tropicales, inundaciones y sequías”.
Y, para no ir más lejos, veamos lo que está aconteciendo en Colombia por cuenta del calentamiento global. Según el más reciente Informe del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), “en el 2050 podría desaparecer el último glaciar de Colombia”. Entre 2010 y 2018 pasamos de 45 a 37 Km² de estos ecosistemas; una reducción del 18 por ciento, en sólo 8 años (¡!). En sólo dos años se extinguió el 5.8% del área glaciar en Colombia. Esto es una barbaridad. Según el IDEAM, en el año 1850, aproximadamente, el país contaba con un área de 349 kilómetros cuadrados (Km²) de área glaciar. Hoy tan solo quedan 37 Km², representados en dos sierras nevadas (El Cocuy ó Güicán y Santa Marta) y cuatro volcanes nevados (Ruiz, Santa Isabel, Tolima y Huila).
El Informe del IDEAM es patético al referirse a la evolución del Santa Isabel, “en enero del 2016 su área era de 1,01 Km² pero para febrero del 2018 ya era de 0,63 Km², es decir que tuvo una reducción del 37 por ciento en tan solo dos años. Estamos viviendo, entonces, en tiempo real, una verdadera tragedia ambiental que compromete la habitabilidad de nuestro Planeta, frente a la cual no podemos permanecer impasibles. El tiempo para actuar y detener esta alocada carrera hacia el abismo apremia!
Medellín, agosto 11 de 2018
www.amylkarcosta.net
Por Mauricio Cabrera Galvis.- Es inagotable la imaginación de los que buscan bajar los impuestos a los ricos que son los propietarios de las empresas.
El argumento tradicional de que bajando los impuestos a las empresas se van a crear miles de empleos se ha reforzado ahora con la idea de que con menos carga tributaria se van a subir los salarios a los trabajadores y, por lo tanto, va a mejorar la distribución del ingreso.
Dos razones se aducen para sustentar este argumento, una altruista y la otra económica. Según la primera, los empresarios que se preocupan por la distribución del ingreso repartirán entre los trabajadores una parte de las ganancias adicionales que les quedan por pagar menos impuestos. Optimista pero podría suceder.
La razón económica parte de la teoría clásica de la función de producción: al bajar los impuestos a las empresas se disminuye el costo del capital, lo cual lleva a que aumente la inversión y se creen nuevos empleos; en el mercado de trabajo la nueva demanda por trabajadores genera un incremento en el precio del factor trabajo, es decir en los salarios y todos tan contentos. Si un país baja los impuestos más que sus vecinos, entonces los capitales internacionales se moverán hacía allá, aumentando la inversión, el empleo y los salarios.Por eso se dice que la reforma tributaria de Trump ha generado una competencia mundial por bajar impuestos.
Son numerosos los economistas serios, incluyendo varios premios Nobel como Paul Krugman, que han demostrado que ese modelo teórico solo funciona en los libros de texto, y eso que no siempre porque cambiando los supuestos se llega a resultados diferentes. Pero más allá de los debates académicos, la rebaja de impuestos que hizo Trump el año pasado permite verificar en la práctica los resultados de esas políticas.El análisis de lo que han hecho las empresas norteamericanas con el enorme regalo tributario que les hizo el conservador Partido Republicano demuestra que no eran ciertas las premisas que justificaron la reforma.
Un caso emblemático es la admirada Apple. Motivada por los menores impuestos repatrió al país utilidades por USD250.000 millones, pero no modificó sus planes de inversión en el territorio estadounidense. Por el contrario dedicó USD100.000 millones a recomprar sus propias acciones, lo cual enriqueció a los accionistas pero no benefició en nada a los trabajadores. Si se copiara en Colombia la reforma trumpista hay que subir otros impuestos para que no explote el déficit fiscal. ¿Quién pagará el pato?, tema de otra columna.
Bogotá, D. C, 12 de agosto de 2018.
