Opinión

Por Felicia Saturno Hartt.- Los gritos de alerta de la realidad parecen no afectar  a los dueños del poder. Y los múltiples informes técnicos, que día tras día, escanean la ruda realidad, no son leídos, discutidos e incluso criticados.

Uno de esos olvidados temas estratégicos es el relacionado con dinámica del consumo de drogas. La discusión política se ha quedado sólo en el espacio de la legalidad del uso y consumo de el cannabis y de su venta legal, cuando las transnacionales del tráfico de drogas ya desarrollan drogas de diseño.

Una de las fuentes no exploradas es el Informe 2018 de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, un organismo multilateral que ya comprendió que si no entendemos la dinámica de los mercados no podremos intervenir en la complejidad del trafico/consumo de drogas o de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, una denominación que engloba a todas, hasta aquellos que no son drogas pero se usan para ello.

En la actualidad, los mercados de drogas no hacen más que expandirse y diversificarse. Además, cada vez existe una mayor variedad de sustancias y los consumidores tienen más facilidad más acceder a ellas. Es un negocio lucrativo y propiciado por los paradigmas que aún inspiran a la acción de los gobiernos.

Es realmente terrorífico que los enfoques de políticas públicas sólo se centren en la enfermedad del consumidor, de las familias desfavorecidas económicamente y de los países pobres, olvidando el poder de las organizaciones criminales para estudiar mercados, aprovechar los recursos tecnológicos y las debilidades de los estados.

El mejor programa de prevención y de rehabilitación del uso y consumo de drogas sucumbe si no hay una visión global, de conjunto y estratégica de la complejidad del problema, que incluya el control fiscal, sanitario y aduanero de las sustancias lícitas e ilegales, el control de las operaciones bancarias y de la proveniencia de los fondos y los proyectos de desarrollo sustentable, que garanticen trabajo y seguridad a las familias y comunidades.

No es casualidad que el cannabis, la cocaína y el opio hayan aumentado exponencialmente su producción en el mundo en los últimos 2 años. 

En 2016, la producción de cocaína marcó un récord histórico de aproximadamente 1410 toneladas. La mayor parte de esta sustancia procede de América del Sur, aunque en algunos países de África y Asia están emergiendo importantes centros de tráfico y consumo.

La manufactura de opio, por su parte, aumentó un 65% entre 2016 y 2017, alcanzando un máximo de 10.500 toneladas. Esto se debe fundamentalmente al incremento del cultivo de adormidera y la mejora de los rendimientos en Afganistán, que han provocado que la producción alcanzase las 9000 toneladas en el país.

El cannabis fue la droga más consumida en el mundo, con 192 millones de personas, que han recurrido a ella por lo menos una vez, el año pasado. La cifra de consumidores continúa aumentando y se estima que crece a un ritmo similar al de la población mundial, según apreciaciones de los técnicos de la ONU.

Actualmente, la heroína o la cocaína conviven con drogas que requieren receta médica y con nuevas sustancias psicoactivas, que están proliferando a un ritmo sin precedentes, bajo la posibilidad de ser diseñadas a gusto del consumidor.

En otras palabras, crecimientos demuestran el poco, escaso e inexistente control gubernamental. Si bien el poder del tráfico criminal puede ser un reto estratégico, el control sanitario y aduanero es posible. Si se han podido identificar las redes terroristas y desmantelar las células de fanáticos, es posible, con el apoyo de la informática, ubicar las responsables del tráfico de medicamentos, de jeringas, de propulsores, etc.

Muchas naciones estrenan nuevos gobernantes. Es un deber ético con el futuro y el desarrollo de sus países, escuchar estas alertas.

Felicia Saturno Hartt. Politóloga y Analista Político Venezolana.

Maracay, 28 de junio de 2018.

Por Paul Krugman.- El vertiginoso declive moral en Estados Unidos con Donald Trump es suficiente para dejarnos sin aliento. En cuestión de meses hemos pasado de ser una nación que defendía la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad a una que arrebata niños a sus padres y los pone en jaulas.

Lo que resulta casi igual de extraordinario en este declive hacia la barbarie es que no ha sido provocado por ningún problema real. Aquel flujo masivo de asesinos y violadores del que habla Trump y la supuesta oleada de crímenes cometidos por los inmigrantes en este país (y, a decir de él, los cometidos por refugiados en Alemania), son cosas que sencillamente no están ocurriendo. Solo son fantasías enfermas que se usan para justificar atrocidades verdaderas.

¿Saben a qué me recuerda esto? A la historia del antisemitismo, un relato de prejuicio alimentado por mitos y engaños que acabó en genocidio.

Primero, hablemos de la inmigración estadounidense moderna y cómo se compara con esas fantasías enfermas.

Hay un debate altamente técnico entre los economistas sobre si los inmigrantes con pocos estudios ejercen un efecto a la baja en los salarios de los trabajadores con pocos estudios nacidos en el país (la mayoría de los investigadores han descubierto que no es así, pero hay desacuerdos). No obstante, este debate no tiene peso alguno en las políticas de Trump.

El gobierno de Trump ha estado aterrorizando a familias y niños, abandonando todas las normas de decencia humana, en respuesta a una crisis que ni siquiera existe.

En cambio, lo que estas políticas reflejan es una visión de que se está llevando a cabo una “masacre estadounidense” con grandes ciudades rebasadas por inmigrantes violentos. Esta visión no empata con la realidad en absoluto.

Para empezar, a pesar de un pequeño repunte desde 2014, los delitos violentos en Estados Unidos han disminuido de manera histórica, ya que la tasa de homicidios regresó a donde estaba a principios de la década de los sesenta (la delincuencia en Alemania también es históricamente baja, por cierto). La masacre de Trump es un invento de su imaginación.

Es cierto, si analizamos todo Estados Unidos hay una correlación entre los delitos violentos y la prevalencia de inmigrantes no autorizados: una correlación negativa. Es decir, en los lugares donde hay muchos inmigrantes, tanto con papeles legales como no autorizados, tiende a haber tasas de delincuencia excepcionalmente bajas. El mejor ejemplo de la ausencia de derramamiento de sangre es la ciudad más grande de todas: en Nueva York, donde más de una tercera parte de la población nació en el extranjero y quizá incluye a casi medio millón de inmigrantes no autorizados, la delincuencia ha disminuido a niveles no vistos desde la década de los cincuenta.

Esto no debería sorprendernos, porque los datos de las sentencias penales muestran que es significativamente menos probable que los inmigrantes, tanto autorizados como no autorizados, cometan delitos en comparación con las personas que nacieron en el país.

Así que el gobierno de Trump ha estado aterrorizando a familias y niños, abandonando todas las normas de decencia humana, en respuesta a una crisis que ni siquiera existe.

¿De dónde proviene este miedo y odio hacia los migrantes? Parece que en gran medida se debe al miedo a lo desconocido: los estados más antinmigrantes parecen ser lugares, como Virginia Occidental, donde habitan muy pocos inmigrantes.

No obstante, el odio virulento a los inmigrantes no es solo cuestión de personas ignorantes en las zonas rurales. Trump mismo es, desde luego, un neoyorquino acaudalado, y gran parte del financiamiento para los grupos antimigrantes proviene principalmente de fundaciones controladas por multimillonarios de derecha. ¿Por qué la gente rica y exitosa acaba odiando a los inmigrantes? A veces me sorprendo pensando en el comentarista televisivo Lou Dobbs, a quien conocía y hasta me caía bien en los primeros años de la década de los 2000, pero quien se ha vuelto un rabioso detractor de la inmigración (y confidente de Trump), y que además actualmente advierte sobre una trama a favor de la inmigración por parte de “la secta de los iluminados del distrito de los expertos, activistas y cabilderos”.

No sé qué motive a esa gente, pero me parece que hemos visto esta película antes, en la historia del antisemitismo.

La crisis auténtica es el aumento significativo del odio: un odio irracional que no guarda relación alguna con nada que hayan hecho las víctimas.

La cuestión del antisemitismo es que nunca estuvo relacionado con algo que los judíos hicieron en realidad. Siempre se trató de mitos morbosos, a menudo basados en invenciones deliberadas, que se diseminaban de manera sistemática para generar odio.

Por ejemplo, durante siglos, la gente repitió la “calumnia de la sangre”, el argumento de que los judíos sacrificaban a bebés cristianos como parte de su ritual de Semana Santa.

Durante las primeras décadas del siglo XX hubo una diseminación generalizada de Los protocolos de los sabios de Sion, un supuesto plan para que los judíos dominaran el mundo que quizá fraguó la policía secreta rusa (la historia se repite, la primera vez como una tragedia y la segunda, también como tragedia).

El documento falso se distribuyó ampliamente en Estados Unidos gracias a nada más y nada menos que Henry Ford, un antisemita virulento que supervisó la publicación y distribución de medio millón de copias de una traducción al inglés: El judío internacional. Posteriormente, Ford se disculpó por publicar un documento falso, pero el daño estaba hecho.

De nuevo, ¿por qué alguien como Ford —no solo rico, sino además uno de los hombres más admirados de su tiempo— habría tomado ese camino? No lo sé, pero es evidente que esas cosas suceden.

En todo caso, lo importante es entender que las atrocidades que nuestra nación está cometiendo ahora en la frontera no representan una reacción exagerada ni una respuesta mal implementada a algún problema real que necesite resolverse. No hay ninguna crisis migratoria; no hay ninguna crisis de delincuencia inmigrante.

No, la crisis auténtica es el aumento significativo del odio: un odio irracional que no guarda relación alguna con nada que hayan hecho las víctimas. Cualquiera que trate de disculpar ese odio —que intente, por ejemplo, convertirlo en una historia de “ambos lados”— es, de hecho, un defensor de crímenes contra la humanidad.

Nueva York, 26 de junio de 2018.

Paul Krugman. Escritor y economista estadounidense. Premio Nobel de Economía 2008.

Por José G. Hernández*.- La convocatoria que, por iniciativa popular, ha hecho el Presidente de la República -previo concepto del Senado- para una consulta popular contra la corrupción, tendrá lugar el 26 de agosto próximo (Decreto 1028 del 18 de junio de 2018).

Digamos ante todo que nos complace doblemente la consulta popular: porque mediante ella se fortalece la democracia participativa -que es una característica esencial de nuestra organización política desde 1991, y porque se canalice la voluntad popular hacia el sano objetivo de perseguir y sancionar la corrupción.

Se formulan siete preguntas a los votantes: si quieren o no reducir el salario de los congresistas y altos funcionarios del Estado; cárcel para los corruptos y prohibición de contratar con el Estado; contratación transparente obligatoria en todo el país; presupuestos públicos con participación de la ciudadanía; obligar a los congresistas a rendir cuentas de su asistencia, votación y gestión: hacer públicas las propiedades e ingresos injustificados de políticos y extinción de dominio; establecer un máximo de tres períodos en corporaciones públicas.

La intención es loable, pero, además de que no todas las conductas señaladas como tales son corruptas (por ejemplo, así sean altas, las asignaciones de los congresistas y de otros servidores públicos, no corresponden a corrupción, y están previstas en normas constitucionales y legales), y muchas reglas de las propuestas ya existen en el ordenamiento, como la extinción del dominio, las normas sobre contratación, las penas de cárcel para los corruptos, (entre otras)  existen en la Constitución y en las leyes.

Por otro lado, debemos advertir que la sola consulta, así obtenga favorablemente los doce millones de votos requeridos, no producirá por sí misma los efectos buscados, en primer lugar porque las medidas correspondientes deben ser desarrolladas en normas constitucionales y legales, y porque -como lo hemos afirmado varias veces- la corrupción no se extinguirá de manera automática y como por ensalmo, pues el problema no es de normas sino de condición humana. Aparte del hecho cierto según el cual muchos de los preceptos vigentes son inaplicados o interpretados con maña para producir los efectos contrarios a los buscados, sufrimos los efectos de una lamentable falta de formación ética de las personas que llegan a los cargos. Nadie inculca a los niños y jóvenes la moralidad, el respeto que merece el patrimonio público, la honestidad, le corrección, la observancia y  el sometimiento a la legalidad.

En Colombia el Congreso ha expedido varios estatutos anticorrupción, y muchas normas sobre contratación; normas penales y disciplinarias; disposiciones sobre extinción del dominio; pérdida de investidura de los miembros de corporaciones públicas, entre otros asuntos. Y todo ha sido inútil, porque la pésima formación en valores y en principios está hoy ausente de los hogares, de los establecimientos educativos y del conjunto de la sociedad, que no condena sino que, en muchas formas, estimula las prácticas corruptas.

Así que, estando de acuerdo en que se consulte al pueblo sobre las formas de erradicar la corrupción, debemos manifestar que: 1) La consulta no tendrá efectos mágicos ni instantáneos; 2) Se requiere desarrollo constitucional y legislativo; 3) Varias de las propuestas ya tienen consagración normativa; 4) El problema es de cultura y formación de las personas. El que es honesto no roba ni es tramposo, aunque no haya norma.

Bogotá, D. C, 27 de junio de 2018.

*José G Hernández. Expresidente de la Corte Constitucional

Qué paradoja, Álvaro Uribe y su perfil político, es lo más parecido a Hugo Chávez, el desaparecido líder venezolano. Cada uno, desde ideologías distintas por supuesto, logró imponer su voluntad popular para perpetuarse en el poder.

Coinciden, además, en que sus disímiles propuestas políticas siempre pasaron por las urnas y los ciudadanos las votaron.

Uribe, como Chávez, construyó poder desde el poder, hizo la tarea al pie de la letra. En torno a sus propias tropas crearon liderazgos que se fueron consolidando con el tiempo; en el caso de Uribe, éste fortaleció su proyecto político utilizando los deleznables métodos clientelistas y paramilitares, según denuncias de sus opositores; Chávez, por su lado,  concibió una izquierda radical empoderando el proyecto desde las bases populares, con una impronta similar al régimen cubano.

Desde su objetivo político, ambos crearon sus propios partidos. Uribe, el Centro Democrático (CD); Chávez, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Ideológicamente antagónicos, pero políticamente afines en sus intereses.

Hugo Chávez murió, pero antes de dejar este mundo, en vivo y en directo, por televisión, anunció a los venezolanos quién era su sucesor: Nicolás Maduro. Los demás vasallos del PSUV callaron, y cumplieron la orden del líder. Cinco años después el proyecto chavista sigue intacto y a Chávez ahora lo llaman: “el comandante eterno”.

Álvaro Uribe, contrario a Chávez, está vivo, es terrenal, y antes de dejar la presidencia, que ejerció durante ocho años, también, al mejor estilo castrochavista, escogió a su sucesor, Juan Manuel Santos: se lo echó al hombro y lo eligió con sus votos. Quiso desde un comienzo imponer su voluntad. Terco, pertinaz y astuto, pretendió que Santos gobernara a su imagen y semejanza. Nunca aceptó matices, pues siempre se consideró el regenerador de las enfermedades democráticas (aún se lo cree). Por tanto, esperaba que su pupilo, con decisión, borrara de la faz de la tierra a las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), una guerrilla a la que siempre sindicó de haber asesinado a su padre. Comparando: Maduro el de Chávez, no era Santos el de Uribe. Nicolás, el fiel amigo y leal; Juan Manuel, para su mentor, un traidor con agenda propia. Ésta pelea la perdió Uribe y decidió aborrecer a Santos. Sin duda un odio más personal que político, como si se tratara de una pelea entre parejas.

Mientras en Colombia Santos se va del poder, Maduro, en Venezuela, se queda y quién sabe por cuantos años más. Igual sucede en Colombia, se va el pupilo traidor, pero Uribe, como el mesías, resucita y con un nuevo aire revanchista buscará incidir en su nuevo protegido: el leal y devoto, Iván Duque. El mejor siervo nunca imaginado; lo trajo a la política y en menos de cuatro años pasó de ser un ilustre desconocido a ser el presidente de los colombianos: se lo echó al hombro y lo eligió con sus votos. A lo Rasputín o Robespierre ejercerá el poder detrás del trono, qué duda cabe.

Recabemos, de nuevo, en el desaparecido Chávez: éste supo escoger al protector de su legado y, sin fisura alguna, Maduro ha cumplido los mandatos de su “comandante eterno”. Eso no le ocurrió a Uribe con Santos; pero la venganza es dulce y hoy pretende no equivocarse con Duque a la cabeza. Por lo visto, ello no ocurrirá. Ya una ficha, también leal y devota del expresidente, Alicia Arango, dijo en una entrevista en la W: “Gobernará Iván Duque, pero no hay que olvidar que Uribe es nuestro jefe”. “El presidente eterno”, como alguna vez lo calificó el hoy joven presidente de los colombianos.

Bogotá, D.C, 27 de junio de 2018.

*Jairo Gómez. Periodista y Analista Político.

@jairotevi

*Por Giovanni Décola.-La consulta anticorrupción convocada para el próximo 26 de agosto, podría tener muy buenas intenciones, pero los efectos reales son más nocivos que bondadosos. Miremos someramente lo preceptuado en sus siete preguntas:

1. De reducirle el salario a los congresistas y altos funcionarios, la consecuencia sería que los buenos perderían interés en aspirar a corporaciones públicas u ocupar altas posiciones, en el Estado, prefiriendo la empresa privada, y los que son malos, estarían tentados a arañar partidas del erario público.
2. La cárcel para personas condenadas por corrupción ya rige en nuestro código penal. Y en Colombia no existen penas imprescriptibles. Debe haber sanción, pero también resociabilización. Una inhabilidad perpetua para contratar o ser servidor público, por haberse cogido una hoja, por ejemplo, para hacer un oficio particular, no tendría explicación en un Estado Social de Derecho, y sería francamente desproporcionada.

3. El principio de transparencia ya está consagrado en la ley, y en cuanto a los pliegos tipo, ya existen para los contratos de infraestructura. Si se quiere, con otra ley o Decreto, se puede hacer la cobertura para toda clase de licitaciones públicas.

4. No me imagino un presupuesto donde todo el mundo pretenda meter mano. Sería una locura. Para eso elegimos a los congresistas, diputados, concejales y ediles.

5. En la página de congreso visible, puedo mirar la gestión de cada congresista.

6. Todo servidor público al momento de posesionarse y al retirarse y cada año, debe presentar su declaración de bienes, patrimonio, y rentas. ya eso está en la ley.

7. Limitar el número de período de los corporados, para lo único que serviría es para graduar al testaferrato político. Entonces, el que tiene los votos, elige a su familiar o amigo, y a éste le va a tocar, buscar contratos y puestos, ya no solo para él, sino para el dueño de los votos, entonces habría más corrupción y más burocracia.

Adicionalmente a su contenido, el riesgo de que no se alcance el umbral de 12.270.000 votos es grande y se perderían más de 300.000 millones de pesos, que se gastarían solo a nivel de Registraduría, para no hablar de los costos en que incurrirían en dicha consulta, nuestras fuerzas militares y de policía y de otros organismos del Estado.

Obviamente, estamos en contra de todo vestigio de corrupción, y también de aquella famosa frase del expresidente Turbay Ayala, de que: “la corrupción hay que llevarla a sus justas proporciones”.  Lo que se trata es de erradicarla. 

Entiendo y valoro los esfuerzos de la senadora Claudia López por luchar a favor de la ética y moral pública, pero quisiera encontrar una legislación, que, de veras, haga temer al servidor público, de las nefastas consecuencias que tendría, en caso de nadar en las apestosas aguas de la corrupción. Y lamentablemente esta consulta, no tiene, ni esos dientes, ni los votos. Ya lo verán…

*Abogado y Periodista. Especialista en Derecho Administrativo

Barranquilla, 25 de junio de 2018.

Por Luis Eduardo Castellanos*.-  La consagración del derecho a la salud en el artículo 49 de la Constitución Política, generó importantes debates por no haber sido incluido este derecho bajo la característica de fundamental en el texto normativo superior, sin embargo, importantes decisiones de la Corte Constitucional en comienzo como la T-597 de 1993, en la cual se consideró que aunque la salud no se hubiese incluido en el texto de la Constitución de 1991 como un derecho fundamental, la misma podría ser exigida por vía de tutela abriéndose paso la garantía como fundamental por conexidad al derecho a la vida, no obstante, en una reafirmación de la garantía de este derecho como fundamental la  Corte Constitucional declaró al mismo en forma autónoma como derecho fundamental a partir de la Sentencia T-016 de 2007, continuando aun así el debate si efectivamente el derecho a la salud, era un derecho fundamental a pesar de encontrarse este, reconocido y consagrado en el derecho internacional e incluido en el Bloque de Constitucionalidad como un derecho fundamental autónomo.

Es a partir entonces, de la expedición de la Ley 1751 de 2015, Ley estatutaria que consagro en su artículo 1° como objeto de dicha disposición: “garantizar el derecho fundamental a la salud, regularlo y establecer sus mecanismos de protección”…,y así mismo el artículo 2° consagra: …“El derecho fundamental a la salud es autónomo e irrenunciable en lo individual y en lo colectivo.   Comprende el acceso a los servicios de salud de manera oportuna, eficaz y con calidad para la preservación, el mejoramiento y la promoción de la salud. El Estado adoptará políticas para asegurar la igualdad de trato y oportunidades en el acceso a las actividades de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación para todas las personas”....

Muy a pesar de ello con las garantías jurídicas de protección otorgadas a tres años de haberse expedido la Ley Estatutaria de Salud, continua la peregrinación de los pacientes hacia los juzgados clamando por vía de tutela la atención oportuna al derecho fundamental a la salud, en lo que corresponde al otorgamiento de las citas, el inicio de tratamientos especializados, tratamientos quirúrgicos, la no entrega oportuna de los medicamentos, las autorizaciones para tratamientos de alto costo y la atención para las denominadas enfermedades huérfanas que en su mayor parte golpean a la población infantil, ante lo cual muchos hacen ver como si el problema de la salud en Colombia tuviese como origen las acciones constitucionales de tutela que diariamente se presentan por los pacientes ante los jueces del país y dejando de un lado la verdadera realidad que afronta la población colombiana del sistema de salud tanto de los afiliados como de los beneficiarios que dan cuenta de la debilidad del estado para exigir a través de la Superintendencia de Salud en forma oportuna, eficaz y con la contundencia que requiere el actuar para proteger este derecho fundamental,  como uno de los ejes esenciales de nuestro Estado Social de Derecho bajo su característica antropocéntrica del respecto a la dignidad humana, quedando claro entonces que a más de una estructura jurídica que proteja el derecho fundamental a la salud, se hace necesario una voluntad política por parte del Estado para que este avance normativo  desarrollado por parte de la Ley 1751 de 2015 no se quede en un simple enunciado de orden literal, sino que el mismo se constituya en un verdadero instrumento para la protección del derecho a la salud como garantía fundamental desde la realidad material a cada u no de los usuarios del sistema de salud en Colombia, respetando los principios que se establecieron en dicha disposición como es la autonomía médica y la pronta y oportuna atención en salud de manera eficaz y eficiente para el verdadero disfrute de una vida digna. 

Por: Luis Eduardo Castellanos Ávila. Magister en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social

Bucaramanga, 19 de junio de 2018.

Por: Guillermo García Realpe*.- En los últimos días la ciudadanía de nuestro país y los medios de comunicación en particular han registrado la negativa de varios senadores y de senadoras que se han opuesto a la aprobación del proyecto de Ley por medio del cual se implementa la Justicia Especial para la Paz –JEP- . 

Es un pulso, así se ha manifestado, entre el actual Gobierno y los senadores afectos al nuevo Presidente, el doctor Iván Duque. Por supuesto, aquí también se han sumado antiguos miembros del Partido de la U, del Partido Conservador, Cambio Radical y algunos del Partido Liberal. 

Esta circunstancia agrava lo que hoy está demandando el país, claridad en los procedimientos de los tribunales de la Justicia Especial para la Paz, de sus magistrados. Ha habido mucha crítica de que el tema de Jesús Santrich, por ejemplo, no ha tenido la suficiente claridad y precisamente ese proyecto de Ley ayuda a dar claridad sobre las tareas de la JEP. 

Por eso no se justifica, lo que hoy están promoviendo algunos sectores en oponerse a la implementación del proceso de Paz. 

Tampoco se entiende la posición negativa o de ausentarse del debate de parlamentarios que apoyaron durante ocho años el proceso de Paz, votaron por el Sí en el plebiscito, aprobaron los proyectos de Ley o los proyectos de acto legislativo, por ejemplo, alrededor de participación política de los desmovilizados, del mismo proyecto o Ley Estatutaria de creación de la Justicia Especial para la Paz, siempre apoyaron y ahora no quieren apoyar la reglamentación que prácticamente es un acto complementario y procedimental. 

Lo central fue la creación mediante acto legislativo y Ley Estatutaria que creó la jurisdicción, que hoy existe, han sido nombrados sus magistrados, están administrando justicia, lo que hoy demanda reglas de jugo para el procedimiento hacia adelante. 

Ellos están dictando su propio reglamento y tienen competencia para eso, pero el Congreso debe dar una Ley marco de esos procedimientos. Entonces, hoy ya existe lo central que es la Jurisdicción Especial para la Paz, lo marginal o lo complementario es esta Ley, de reglamentación, por lo tanto tampoco se justifican las negativas. Por un lado, como se manifiesta de alguien que apoyó política y jurídicamente en el Congreso durante ocho años para después empezar a negar el complemento. 

En segundo lugar, no hay razones jurídicas estrictas porque lo central está aprobado y está funcionando. Lo que debemos hacer los ciudadanos colombianos es levantar nuestra voz para que el Senado de la República, le dé vía libre  a la reglamentación de la JEP, porque la Cámara ya lo aprobó, es más, ese es otro argumento adicional que la Cámara ya superó ese escollo. Ahora, esta el espacio en el terreno del Senado de la República, por lo tanto, esa es nuestra posición, que debemos seguir implementando el proceso de Paz para superar  la crisis que hoy tiene. 

En las últimas horas el Presidente de la Corte Constitucional, Alejandro Linares, se pronunció de manera clara, manifestando que la reglamentación de la Ley Estatutaria puede hacerse de manera inmediata sin esperar que finalmente salga el análisis de constitucionalidad  de la Ley Estatutaria de la Justicia Especial para la Paz, con esto no hay ningún pretexto de tramitar en los próximos días en el Senado de la República la aprobación de la reglamentación de la JEP. 

No podemos retroceder ni un centímetro en lo que a temas de Paz se refiere, vivimos más de cinco décadas buscando la Paz con la principal guerrilla colombiana y ahora que la tenemos no la valoramos, por eso el gran reto es mantenerla en el tiempo de una manera integral, efectiva y duradera. 

Bogotá, D. C, 25 de junio de 2018. 

*Senador Liberal de Colombia. 

@GGarciaRealpe

Por Amylkar D. Acosta M *.-De la ley del talión, ojo por ojo, sólo se puede esperar, según Mahatma Gandhi, que el mundo acabará ciego. Ante el empecinamiento del Presidente Trump de imponer su omnímoda voluntad al resto del mundo, este le está respondiendo con la misma moneda. La retaliación de los países afectados está al orden del día. Y no es para menos, toda vez que EEUU en lugar de acudir a la OMC y plantear allí su querella sobre la supuesta transgresión de sus normas, ha recurrido a las vías de hecho, al imponer unilateralmente aranceles proteccionistas a sus importaciones. Para justificarse, EEUU apela a la cláusula de seguridad nacional y alega que por ello mismo su arrogante proceder no es impugnable ante el tribunal de Justicia de la OMC. Pero este subterfugio no tiene asidero en las causales previstas por la OMC para invocarla.

La reacción de los países afectados por las trabas impuestas por EEUU para el acceso a su mercado doméstico no se hizo esperar, uno tras otro tomaron medidas compensatorias inmediatas, amparándose para ello en las normas de la OMC que las contempla, en respuesta a las salvaguardias arancelarias decretadas  por el camorrista de Trump.

Uno de los primeros en reaccionar, en medio de su renegociación del TLCAN forzada por Trump fue México. En un lacónico, pero contundente pronunciamiento el Gobierno mexicano anunció que “impondrá medidas equivalentes a diversos productos como aceros planos, lámparas, piernas y paletas de cerdo, embutidos y preparaciones alimenticias, manzanas, uvas arándanos, diversos quesos, entre otros (…) Esta medida estará vigente hasta tanto el Gobierno estadounidense no elimine los aranceles impuestos”. Luego las hizo extensivas  a las importaciones de soya y concentrados para animales de origen estadounidense, renglones estos que son tan sensibles para los granjeros, particularmente en los estados de Iowa, Wisconsin, Missouri o Indiana, fortines electorales de Trump.

El Gobierno de Justin Trudeau no se quedó atrás y dijo que Canadá responderá con la misma moneda, “el gobierno estadounidense tomó una decisión que deploramos y obviamente va a llevar a medidas de represalia, como debe ser”. Y dejó claramente establecido que “los canadienses somos amables y razonables, pero no nos vamos a dejar avasallar”. Trudeau añadió que “espera que algún momento prevalezca el sentido común…Desafortunadamente, las medidas tomadas hoy por el Gobierno estadounidense no parecen avanzar en esa dirección”.

Jean –Claude Juncker, Presidente de la Comisión Europea, dijo sin rodeos que la decisión de Trump “va contra toda lógica e historia”. Y fue más lejos al decir que “es un mal día  para el comercio mundial…La UE no puede quedarse sin reaccionar…EEUU nos deja ahora sin otra opción que proceder con un caso de solución de controversias en la OMC y con la imposición de aranceles adicionales a una serie de importaciones desde EEUU. Defenderemos los intereses de la Unión, cumpliendo a rajatabla con la Ley comercial internacional”.

Por su parte portavoz del Ministerio de Exteriores de China Geng Shuang fue tajante al afirmar que “cualquier intento de poner a China de rodillas con amenazas e intimidaciones nunca tendrá éxito. Tampoco tendrá éxito esta vez”. Ello, en respuesta a la amenaza proferida por Trump. El gigante asiático no vaciló al momento de responder a la provocación y anunció la aplicación de un arancel adicional de 25% a partir del próximo 6 de julio a 545 productos estadounidenses. Es claro, entonces, que la estrategia extorsiva de Trump no le está funcionando como él lo esperaba.

Y, tristemente, Colombia, que se precia de ser el aliado estratégico de los EEUU, no se libró de la injusta medida; hasta última hora el Gobierno estuvo esperanzado de su exclusión de la lista de 28 naciones que tendrán que pagar los nuevos aranceles. En concepto de Bruce Mac Master, Presidente de la ANDI, “tan sólo por la restricción que tendría China, habría 12.5 millones de toneladas que buscarían como fuera un nuevo destino como Colombia. Esa cantidad de acero es más de 6.6 veces la producción nacional, por lo que si llega, afectaría en gran medida al sector metalmecánico”. EEUU no sólo no excluyó a Colombia de esa lista sino que la incluyó en la lista negra de “observación prioritaria” en materia de propiedad intelectual, que lleva la Oficina del Representante de Comercio de los EEUU (USTR, por sus siglas en inglés), por supuesto incumplimiento. Ante la sordera de Trump a sus rogativas al Gobierno le tocó ponerse serio y fue así como la Ministra de Comercio María Lorena se vio precisada a manifestar que “nos vamos a hacer terceros en los procesos que están adelantando otros países como la UE y México en ese organismo multilateral”, refiriéndose a la OMC. También anunció que el tema se llevaría a la Comisión administradora del TLC firmado por los dos países, habida cuenta que los aranceles impuestos a las importaciones desde Colombia del acero y el aluminio lo transgreden.

* Amylkar D. Acosta M

Bogotá, junio 24 de 2018

www.amylkaracosta.net

Por Juan Manuel Galán.*-Si algún mensaje enviaron los electores en Colombia, es que quieren votar libremente y buscan otra manera de hacer política. Los resultados del pasado ejercicio electoral dieron como ganador a Iván Duque y al mismo tiempo, las fuerzas progresistas, triplicaron la votación histórica que habían obtenido con Carlos Gaviria.

Sin embargo, más allá de los primeros resultados, lo más significativo de la pasada jornada, fue que transcurrió en completa paz. Según datos oficiales de la Registraduría Nacional del Estado Civil, más de 19 millones de colombianos pudieron trasladarse a sus mesas y puestos de votación, sin dificultades. Todas las mesas de votación del territorio abrieron y funcionaron sin inconvenientes, y no hubo ningún traslado de mesas de votación por razones de orden público. De otro lado, además de votar en paz, la gente lo hizo de una manera libre.

El comportamiento electoral nos muestra, que estamos superando viejas estructuras de caciques electorales y feudos políticos. Nos adentramos en nuevos orientadores de votantes, que buscan liberarse de yugos clientelistas y partidos “cascarón”, para encontrar causas que los seduzcan y movimientos de ciudadanos que los interpreten. En Colombia, desde Rafael Uribe Uribe, se habla de lo disfuncional de nuestra democracia, caracterizada como una maquina fraudulenta, en donde se concentra y se hereda el poder político, para gobernar a través de pequeños grupos de élites locales, muchas veces en detrimento de los derechos y las libertades políticas de los colombianos.

Sin embargo, categorías como las de caciques, gamonales, manzanillos o barones electorales entran ahora en desuso, para darle paso a una posición que está yendo desde el escepticismo político, hacia una nueva anatomía del poder hastiada de las formas tradicionales, que rechaza la corrupción y el clientelismo.

Las ciudadanías libres fueron las grandes ganadoras de las elecciones. El mensaje que el nuevo presidente debe enviar con su gabinete, debe ser de independencia frente al ex presidente Uribe y el ala más reaccionaria del centro democrático; y, a favor del respeto y el diálogo con las minorías que solo se vieron representadas en el voto en blanco, pero que probablemente, en las elecciones del 2019, impulsarán nuevos liderazgos que serán los encargados de mostrar dinámicas regionales que rediseñen las relaciones políticas y la gastada geografía del poder centralista.

*Juan Manuel Galán.-Politólogo del Instituto de Estudios Políticos de París, Magíster en Política Internacional de la escuela de Altos Estudios Internacionales de Francia. Y Magíster en Relaciones Internacionales y Seguridad en la Universidad de Georgetown. Actualmente Senador del Partido Liberal.

Bogotá, 24 de junio de 2018.

Por Phumzile Mlambo-Ngcuka.* - Los números son impactantes: al menos una de cada tres mujeres en el planeta ha sufrido violencia física o sexual, generalmente a manos de un miembro de la familia o una pareja íntima. Más de 700 millones de mujeres, en la actualidad, se casaron cuando eran niñas. Hasta 250 millones de mujeres y niñas han sido sometidas a mutilación genital femenina.

Si bien la violencia contra las mujeres y las niñas es ampliamente reconocida como una pandemia mundial, la respuesta ha variado de indiferente a esporádica o inadecuada, con una débil aplicación de las leyes, la continua impunidad de los perpetradores y recursos limitados para abordar el problema.

Hace menos de un año surgió la Iniciativa Spotlight (Bajo el Foco), una asociación multianual sin precedentes entre la Unión Europea y las Naciones Unidas, con 500 millones de euros en fondos iniciales de la UE. Con un alcance integral y enfocado, la Iniciativa está cambiando la forma en que hacemos negocios en todo el sistema de la ONU y en todos los países y regiones.

Reconocemos que la violencia contra mujeres y niñas es un fenómeno complejo profundamente arraigado en las relaciones de poder desiguales entre hombres y mujeres, y las normas, prácticas y comportamientos sociales persistentes que discriminan a las mujeres en el hogar, en el lugar de trabajo y en la sociedad en general.

Varios factores pueden aumentar aún más el riesgo de que mujeres y niñas se enfrenten a la violencia, como su origen étnico, religión, edad, ingresos, condición de inmigrante, discapacidad y orientación sexual.

Aquellas mujeres y niñas  que son más vulnerables a la violencia son muy a menudo cuyas vidas están bajo amenaza de otras maneras, a través de la pobreza o la falta de acceso a la salud o la educación. A menudo son aquellas a las que la sociedad ha dejado por fuera. Ellas son las que no quedarán atrás a través de Spotlight, siguiendo el principio central de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Hasta ahora, las inversiones en prevención y servicios esenciales para los sobrevivientes de violencia y sus familias han sido insuficientes o desiguales dentro de los países. Sabemos que las soluciones dependen de trabajar en múltiples niveles y traer a muchos actores diferentes a la mesa. Necesitamos tener las conversaciones incómodas que abordan las causas fundamentales de tal violencia y extender los derechos y oportunidades a aquellas que anteriormente han sido excluidas.

Desde su lanzamiento, la Iniciativa Spotlight ha estado trabajando en colaboración con países de Asia (el programa Safe and Fair – Seguro y justo - para trabajadoras migrantes), África (con un enfoque en la violencia sexual y de género y prácticas nocivas) y América Latina (centrándose en feminicidio) con planes para extender las actividades al Pacífico y al Caribe en los próximos meses.

La fase de planificación ha sido nada menos que inspiradora: funcionarios de gobiernos de varios departamentos saliéndose de la estructura con socios internacionales de diferentes agencias de la ONU y la UE, la sociedad civil y activistas que generalmente son excluidos de las mesas de toma de decisiones y diseño de proyectos. Cada programa de país está dirigido por el Coordinador Regional de la ONU, en línea con los últimos esfuerzos de reforma de la ONU para hacer que la iniciativa sea más colaborativa, transparente y efectiva.

En Malawi, a través de Spotlight, apoyamos el diálogo sobre normas sociales discriminatorias. Por ejemplo, a través del teatro comunitario se involucran a líderes y educadores tradicionales para enseñar a sus comunidades cómo construir relaciones no violentas, respetuosas y equitativas desde la primera infancia en adelante.

En México, estamos capacitando a personas que trabajan en el sector salud para identificar los primeros signos de abuso y prevenir la violencia contra las mujeres a través de campañas escolares para crear conciencia sobre los estereotipos de género y las ideas negativas sobre la masculinidad.

En Níger, estamos involucrando a hombres y niños, y fortaleciendo la capacidad de defensores de los derechos de las mujeres para abogar por una reforma de políticas y comprometer a quienes toman las decisiones. El enfoque en Níger, como en los otros siete países participantes en África, es la violencia sexual y de género, las prácticas nocivas (como el matrimonio infantil y la mutilación genital femenina), así como los derechos de salud sexual y reproductiva.

En Zimbabwe, estamos utilizando la radio y otros medios para generar conciencia sobre la problemática. Para garantizar que todas las mujeres y niñas puedan acceder a los servicios, incluyendo a quienes tienen discapacidad, estamos introduciendo medidas como rampas de acceso en los centros de servicios, lenguaje de señas, versiones en braille y audio de materiales de información.

Guiada por principios comunes de derechos humanos, por los beneficios del multilateralismo, así como por los objetivos establecidos por la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la Iniciativa Spotlight refleja un profundo compromiso con la eliminación de la violencia de género en todo el mundo. La Iniciativa es un programa emblemático para la reforma de las Naciones Unidas a fin de cumplir de manera integrada con los ODS.

La violencia contra las mujeres ha sido ignorada o mantenida en las sombras por demasiado tiempo. El nombre de la Iniciativa, Spotlight, simboliza la importancia de llevar este problema a la luz para que pueda ser visto, abordado y eliminado. La ONU y los países participantes están dispuestos a difundir esa luz. Ahora es el momento para que todos nos unamos.

* Phumzile Mlambo-Ngcuka, Secretaria General Adjunta de las Naciones Unidas y Directora Ejecutiva de ONU Mujeres

Nueva York, 22 de junio de 2018

Spotlight (Bajo el reflector en español)

Foto: ONU Mujeres