Opinión
Por Jairo Gómez.- La tenacidad, el sacrificio y la perseverancia hacen de Piedad Córdoba una mujer valiente, sincera, transparente, comprometida con la paz de Colombia.
Piedad no oculta su simpatía con las ideas de izquierda, no es vergonzante. Su discurso es coherente, dice en público o en privado, frases que hoy suenan a trasnochadas, fuera lo de común, y respalda con lealtad y sin titubeos, las bondades del gobierno del Presidente Maduro. Por supuesto, su discurso es inclusión, equidad, igualdad, fraternidad, y eso, en este país, suena raro cuando viene desde la izquierda, de otra especie. Hablar así es políticamente incorrecto.
Borró de su camino cualquier obstáculo, y se dedicó a recuperar a los secuestrados en poder de las FARC por la vía de la negociación. Hecha la tarea, decidió mojarse por la paz de Colombia; y para ello contactó a los líderes guerrilleros y exploró los caminos posibles de la reconciliación. Arriesgó su capital político para poner en una foto, junto al Presidente Chávez, al hoy jefe negociador de las FARC Iván Márquez. Nada de lo que hizo y ha hecho Piedad, para buscar la paz, se lo ocultó al país.
De ello tal vez el único funcionario que no se enteró, fue el Procurador Ordóñez. Todo el país lo supo, él no. Una decisión de esas, de sancionar a un personaje público como Piedad, por buscar la paz, solo la asume una persona taponada intelectual y jurídicamente. Pero al mismo tiempo, con claro afán de ocasionar un daño personal y político.
Por todo lo anterior, es justo que el Consejo de Estado este revisando la sanción de la Procuraduría. Tamaña arbitrariedad del Señor Ordoñez se debe subsanar. Por donde se le mire, el propósito de este dignatario fue el de deslegitimar una opción de izquierda que Piedad Córdoba legítimamente representa.
Rescato el reclamo que la feminista y socióloga Florence Thomas le hizo al aspirante a la Fiscalía Néstor Humberto Martínez, en una reciente columna en el diario El tiempo, a quien le criticó su visión jurídica frente a la violencia intrafamiliar. Creo que en este caso de Piedad sus palabras caen como anillo al dedo:
“Muchas mujeres hoy, gracias a su empoderamiento, no están dispuestas a dar un solo paso atrás en lo aprendido. Saben desde hace unas décadas lo que significa ser sujetas de derechos. Y entonces nadie ha podido hacer retroceder a las mujeres en su marcha adelante en el ejercicio de una ciudadanía moderna y plena. Nadie, ni siquiera el Procurador General de la Nación, lo ha logrado, a pesar de haberlo buscado y de seguir buscándolo a cualquier precio”.
En efecto, Piedad no ha dado un solo paso atrás. Y sería importante, por lo demás, que fuera la propia justicia colombiana la que reparara ese daño malintencionado que el Procurador Ordoñez le infringió a la ex senadora Piedad Córdoba, y que no sea la Corte Interamericana de Derechos Humanos –CIDH- la que le restituya sus derechos, a todas luces y sin lugar a duda, violados flagrantemente.
Por Jorge Gómez Pinilla.-Uno de los mayores atractivos de Santander no solo está en el turismo, sino en un acontecer político lleno de sorpresas. Primero fue cuando el alcalde actual de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, de quien se creía había sido elegido por votos de opinión, reconoció en un programa de televisión que su promesa de construir 20.000 casas de interés social había sido para conseguir votos. (Ver confesión).
Después fue una investigación de Vanguardia Liberal que recogió Daniel Coronell en su última columna, la cual muestra aparentes favorecimientos del exalcalde Lucho Bohórquez en un carrusel de contratos por más de 15.000 millones de pesos con una iglesia cristiana de la que una tía suya es pastora. Bohórquez se defendió diciendo que “lo primero que debe quedar claro, es que yo soy católico”.
Por el lado positivo –aunque también ligado a la política- la noticia la puso un video de la Gobernación de Santander que se volvió viral, donde se ve a un grupo de niños en el Palacio Amarillo realizando actividades propias de adultos como barrer, servir tintos o prestar servicios de vigilancia. El éxito estuvo en que logró captar las reacciones espontáneas de las personas cuando veían a los menores disfrazados de trabajadores del edificio. Como pieza de comunicación logró el efecto buscado, el de generar conciencia sobre el absurdo de ver a niños trabajando.
El video a su vez despertó la curiosidad de los medios, y obligó a que su artífice saliera del perfil discreto en que había preferido permanecer. Así, se supo que el ‘chacho’ de las Comunicaciones de la Gobernación es alguien con nombre de galán de telenovela, Ancízar Casanova, dueño de la agencia Lapistudio de comunicación estratégica, quien en entrevista para Oro Noticias contó cómo conoció a Didier Tavera por un simple lance del azar: en un restaurante de Bogotá alguien le dijo que el de la mesa del lado se iba a lanzar como candidato a la gobernación de Santander y, como eso forma parte de su trabajo, Casanova se le acercó, lo saludó y “ahí empezamos a interactuar.
En los primeros días de septiembre del año pasado Tavera debió acordarse de Ancízar, al ver que su campaña no arrancaba y los sendos candidatos del coronel Hugo Aguilar y su hijo Richard le tomaban la delantera. Así que buscó la tarjeta del estratega y comisionó a su propia hermana para que lo contactara, y en este punto de la historia la comparación con el J.J. Rendón de Juan Manuel Santos es obligada: durante la campaña de 2010 este perdía también frente a la Ola Verde de Antanas Mockus, y Rendón apareció para darle un timonazo consistente en que centró la publicidad en la figura de Álvaro Uribe, llegando hasta el extremo antiético de sacar una cuña donde se imitaba la voz de quien por ser Presidente no podía intervenir en política.
La diferencia con Rendón es que Casanova no llegó a extremos, sino a neutralizar una poderosa campaña de propaganda negra que mostraba a Tavera como socio en el negocio de las fotomultas y portador –sin ser el dueño- de un pasado que lo hacía vulnerable. Y lo logró, después de trazar como directriz que el candidato aprovechara su carisma para centrar la acción en el trato directo con el mayor número posible de personas, sin descuidar lo valioso que aportaba la agencia de publicidad que terminó por desplazar, de la cual recogió el eslogan ‘Santander nos une’.
No sabemos si su apellido le hace honor al nombre, pero lo cierto es que Casanova acabó por ‘conquistar’ tanto al candidato como al Gerente de la campaña, Mauricio Mejía (hoy Secretario de Infraestructura), y el resultado fue que contribuyó de modo decisivo al éxito de una jornada donde el Partido Liberal con Horacio Serpa a la cabeza se llevó los laureles, duélale a quien le duela.
Si de dolientes se ha de hablar, la presencia en la Gobernación de alguien que no es santandereano generó malestar entre algunos periodistas y medios, particularmente los que están en la otra orilla política y se sienten mal-tratados en términos de la pauta publicitaria. Es el caso del periódico El Frente, de filiación conservadora, cuyo dueño el excongresista Rafael Serrano Prada habló en un editorial de “la humillación a que han sido sometidos los directores de la prensa, la radio y la televisión en el despacho del jefe de comunicaciones”, y aseguró además que esto “tiene el tufillo de una retaliación política que se les cobra a los periodistas, porque muchos de ellos estuvieron comprometidos con otras campañas electorales”.
Casanova ha respondido diciendo que “el árbol que da más frutos es al que más le tiran piedras”, y para curarse en salud le entregó al Canal TRO el manejo de la pauta, que supera los mil millones de pesos anuales. Suma de todos modos muy inferior a los casi 12 mil millones que manejó a su antojo el contratista Samuel Melo durante la administración de Richard Aguilar, quien tuvo a los pequeños y grandes medios –entre ellos Vanguardia Liberal- comiendo de la palma de su mano a cambio de buena prensa, e incluso se dio el lujo de manejar la imagen del candidato Holger Díaz (el de Richard) sin abandonar su vínculo contractual con la gobernación.
Es precisamente de frutos que se debe hablar, y tal vez el mayor radica en que consiguió revertir la imagen negativa que se tenía de Didier Tavera al arrancar la campaña. Casanova sostiene que los contenidos los aporta el Gobernador con su trabajo, mientras que su estrategia se limita a “decir la verdad”, y el mérito estaría en “la manera” como lo cuenta, donde lo audiovisual juega un papel preponderante. Según información suministrada por su equipo de trabajo, en el escenario mediático ha centrado su radio de acción en dos frentes: las redes sociales –donde se desenvuelve como pez en el agua- y los medios comunitarios, en particular las emisoras y las páginas web, acorde con su visión enfocada hacia la plataforma virtual.
Si pidieran mi opinión personal sobre lo que está pasando con Ancízar Casanova en la Gobernación de Santander, manifestaría no tener duda en que estamos ante una mente brillante, sumado a que es un ejecutivo dinámico e incansable, y está realizando un trabajo muy creativo, en lo que al manejo de imagen concierne. Ahora bien, si me pidieran un consejo o una respetuosa sugerencia, le recomendaría nunca olvidar el proverbio griego según el cual “cuando los dioses quieren perder a un hombre, le dan poder”.
DE REMATE: Con motivo de la celebración de los 25 años de la Constitución, el exmagistrado Nilson Pinilla les dijo a sus excompañeros de la Corte Constitucional: “¡Por Dios, háganse respetar! Ustedes no pueden seguir sentados en la misma mesa con dos bandidos”. Se refería a Jorge Pretelt, que se hizo a una finca del paramilitar Carlos Castaño, y a Alberto Rojas, que se apoderó de la indemnización de una viuda. Pero todo quedó en un saludo a la bandera, pues los demás magistrados siguen ahí sentados, como si nada…
En Twitter: @Jorgomezpinilla
Por Jaime Enríque Durán Barrera.- Si el Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos logró el diálogo y la negociación más importante de la historia reciente de Colombia con la Guerrilla de la Farc, para acabar con más de 50 años de conflicto armado, no creo que no sea posible entablar una pacto franco y directo con estos transportadores que mantienen un paro desde hace 23 días, para lograr un acuerdo que solucione sus peticiones con el objeto que este importante sector de la sociedad colombiana, comience a resolver sus necesidades y consiga una verdadera respuesta a sus expectativas.
En todos los países de América Latina, los transportadores de carretera, especialmente los camioneros, enfrentan problemas complejos, que tiene repercusión en su desempeño en las vías y afectan sus condiciones de existencia.
Uno de esos problemas es el acceso a partes, piezas y repuestos de las unidades de transporte, cada vez más costosas y escasas, que producen la chatarrización progresiva de las unidades y el desmedro de la calidad de vida de los conductores y sus grupos familiares.
También el precio de los combustibles agrava la situación, porque el costo afecta el flete y eso repercute en el bolsillo de los consumidores, sobre todo del sector de los alimentos.
Los representantes de algunas regiones de Colombia, también plantean incumplimientos por parte del Gobierno en cuanto al compromiso que existía de eliminar la tabla de fletes desde el año 2011.
El presidente ejecutivo de Asecarga, Jairo Herrera Murillo, hizo un llamado urgente para el levantamiento del paro camionero por las afectaciones económicas que este ha traído.
Por la suspensión de las actividades del sector, este sector de la economía ha tenido una pérdida de $335.290 millones. Así lo hizo saber la Asociación Nacional de Empresas Transportadoras de Carga por Carretera (Asecarga), para ilustrar la complicada situación que está generando el paro camionero.
Las mayores pérdidas están concentradas en dos puntos: los fletes, que suponen $174.690 millones, y en combustible ACPM, por un valor de $75.854 millones. El paro ha hecho que la carga se represe en Buenaventura, Santa Marta, Cartagena y Barranquilla.
Por este motivo, a través de un comunicado de prensa, Herrera le pidió al gobierno de Juan Manuel Santos que dé “soluciones prontas a la inmovilización camionera”. Así lo hizo saber el Presidente de Asecarga, quien también recordó que el paro puede tener repercusiones negativas en la economía nacional.
Es el momento de pensar en la realidad cotidiana de los trabajadores del transporte de carga de Colombia, para redefinir una verdadera política que ampare este tipo de labor, en términos de preservación de equipos transportadores de cargas y se estime mejorar sus condiciones de existencia para su permanencia en la economía.
La solución no da más espera.
Por Jorge Robledo.- Dos acuerdos de importancia mayúscula acaban de suscribirse en La Habana. Primero: el cese bilateral y definitivo del fuego, que significa que cesará para siempre la confrontación armada entre las Farc y la fuerza pública, decisión que incluye el respeto a la población civil. Segundo: por fin se supo qué quiere decir la “dejación de las armas”, frase que tantas desconfianzas y críticas causó. Y que se traduce en que el desarme de las Farc deberá darse en tres etapas: los combatientes con sus armas se concentrarán en 23 pequeñas veredas de Colombia –de un total de 33 mil– y el armamento se almacenará para no usarlo más y como un paso previo a transferírselo a los representantes del Consejo de Seguridad de la ONU –las principales potencias militares del mundo–, que lo tomarán y destruirán.
De lo anterior se concluye que las Farc están modificando su decisión política de hace medio siglo de desconocer la legitimidad del Estado y de alzarse en armas en su contra, por otra decisión política opuesta que reconoce el monopolio del Estado sobre la fuerza, que no serán una organización política con brazo armado y que no practicarán la llamada “combinación de todas las formas de lucha”, todo lo cual los lleva a desarmarse y a reintegrarse a la vida civil. Afortunadamente, los hechos están confirmando que las personas y las organizaciones pueden cambiar sus puntos de vista y que la guerra, en este caso la lucha armada, no es el producto automático de la pobreza y de los pésimos gobiernos sino una decisión política, al decir de Clausewitz, que de la misma manera que se declara por unas razones, por otras diferentes puede renunciarse a ella.
Quien quiera podrá controvertir numerosos aspectos de una negociación por definición compleja. Incluso, el genuino respaldo del Polo Democrático Alternativo al proceso no significa que suscribamos cada palabra de lo acordado, pues al fin y al cabo no somos ni el gobierno ni las Farc. Pero si se pone en un lado de la balanza todo lo discutible del proceso y, en el otro, el desarme de las Farc, y ojalá el del ELN, sin duda pesará más lo positivo de ponerle fin a una lucha armada que “no cambió nada e hizo todo peor”, como bien lo explicó el sacerdote jesuita Francisco de Roux.
La pregunta que queda es la de qué tanto se superarán los demás problemas nacionales en razón de los acuerdos. Y mi respuesta es –advirtiendo que no lo digo como una crítica al proceso de paz, porque el solo desarme es de una importancia capital– que las cosas seguirán muy parecidas, empezando porque Santos seguirá en la Presidencia y él es causa clave de lo mal que funciona el país.
Ya un estudio de la Universidad de los Andes concluyó que son alegres las cuentas del gobierno sobre que en el posconflicto la economía crecerá a tasas muy superiores a las de años anteriores (http://bit.ly/29lNqqu). Se sabe además que seguirán la pobreza, el desempleo, las fallas en salud y educación, la concentración de la riqueza, la crisis agraria e industrial, la corrupción de todos los tipos, entre otras lacras, porque Colombia seguirá gobernada por los mismos y regida por las fórmulas del Consenso de Washington, el FMI y la OCDE, que no solo la condenan al atraso, sino que le arrebatan hasta la potencialidad de crear riqueza. Mas estas verdades, repito, no le quitan importancia a este desarme ni son críticas al proceso de paz, que no se diseñó para cambiar por otro el modelo económico, social y político vigente. Son apenas un recorderis que apunta a impedir que los juanmanueles se aprovechen de la euforia del fin de este conflicto para empeorar aún más un orden de cosas inicuo, como es su propósito.
Por último, este proceso de paz, a diferencia del que concluyó con la violencia liberal-conservadora y la confrontación con el M-19, se ha desarrollado con la dificultad de darse sin un acuerdo nacional y en medio de una gran intemperancia. Y esa parece ser una realidad que no se modificará en el corto plazo, por lo menos hasta que se finiquite su implementación legal, luego de aprobarse, como espero que ocurra, el plebiscito de refrendación. Hago votos porque en algún momento se instale en la conciencia de todos los colombianos lo que he llamado el desarme de los espíritus, actitud que ha sido clave para superar definitivamente los conflictos armados –para la no repetición– y que no significa que cesen los desacuerdos y las controversias pero sí que estos se den con actitudes diferentes a las que reinan entre tantos en los períodos en los que son fuertes las confrontaciones armadas.
Bogotá, 1 de julio de 2016. @JERobledo
Por Gabriel Ortiz.- Un año más de inhabilidad le ha costado a Petro su alcaldada, su arrogancia, soberbia, desplante y desprecio por los bogotanos, su concejo, sus leyes y normas.
Entre las miles de afrentas contra las disposiciones, regulaciones y medidas, se cuenta lo ocurrido con el Plan de Ordenamiento Territorial. El Concejo lo analizó y estudió a fondo. Lo negó en franca votación, por violar claras normas.
Petro hizo gala de su insolencia y procedió a desconocer la decisión del cabildo. Lo adoptó por decreto, seguramente persiguiendo poderosos, mas no provechosos motivos para el desarrollo de la ciudad. ¿Pretendía acaso favorecer algunas construcciones que violan las leyes ambientales por allá en “La Conejera”?
La disposición de la Procuraduría, desde un principio, era aplicarle una sanción por tal alcaldada, pero como sucede en nuestro medio se acudió a la dilación y durmió varios sueños, hasta ahora que otro experto en dilaciones –léase Ordóñez- revivió el asunto y lo sancionó con un año más de inhabilidad para ser elegido.
Desde luego que muchos han protestado por ese castigo y lo han convertido –como ahora se acostumbra- en delito político. Aparece aquí Vivanco con Human Rights Watch, a querer defender lo que no tiene defensa y habla de derechos políticos.
Desde cuando se convierte en “persecución política”, castigar a quienes atropellan los derechos de los ciudadanos y convierten en ley medidas violatorias de los legítimos privilegios de la gente. Solo nos faltaba que Vivanco se convirtiera en nuestro legislador.
Y todo ocurre por la proliferación de los “abogarajes” que nos entregan ciertas universidades, a quienes aprovechan los aventajados juristas, expertos en dilatar los juicios. De estas prácticas se aprovechó Petro, como ahora lo viene haciendo su inquisidor Ordóñez. Todos van tras la triquiñuela para escapar a la justicia. Hoy cayó Petro… esperemos que pronto suceda lo mismo con Ordóñez. ¿Será capaz el Consejo de Estado, o “consejo contaminado” como algunos lo llaman, de frenar la dilación y castigue la violación de la voluntad popular que impedía la reelección del Procurador? Estos magistrados podrían aprovechar la oportunidad para recuperar la confianza de un pueblo en su justicia. Y que Vivanco no se entrometa, ni Ordóñez dilate más.
BLANCO: El apoyo de Estados Unidos, Canadá y Méjico al proceso de Paz. Menos guerra.
NEGRO: El descomunal aumento del salario de los parlamentarios, mientras se ahorca el de los pensionados.
Por Jorge Gómez Pinilla.- Si algo le debe estar doliendo en lo más profundo de su ser a Álvaro Uribe es que haya sido Juan Manuel Santos quien ‘acabó’ con las FARC y no él, sobre todo porque el modo que tenía en mente para acabarlas era muy diferente al que logró imponer el actual mandatario.
Desde la tarde de septiembre de 2012 en que Santos anunció el inicio de conversaciones con las FARC, Uribe y sus corifeos del Centro Democrático no han dejado de vociferar a los cuatro vientos que el exministro de Defensa de la Seguridad Democrática traicionó la causa para la cual fue elegido. Eso es cierto hasta la mitad: los votos que en 2010 lo hicieron presidente sí le pertenecían en inmensa mayoría a Uribe, pero esa desventaja en su gobernabilidad se revirtió cuando cuatro años después fue reelegido con votos propios, enfrentado a los votos del candidato de Uribe que lo iba derrotando en la primera vuelta, Óscar Iván Zuluaga.
Una acusación de traidor es palabra con sabor a INRI. Tal vez previendo que habrían de utilizarla, el mismo presidente Santos le dijo a Patricia Lara en entrevista del 31 de diciembre de 2010 que al terminar su gobierno lo llamarían “traidor de su clase”, como a Franklin Delano Roosevelt. Traidor no bajo la lente acusadora de Uribe, sino en la circunstancia del aristócrata y millonario que adelanta reformas sociales o económicas cercanas más a un ideario ideológico de izquierda que de derecha (Ver entrevista).
Este no es el caso de Juan Manuel Santos, por supuesto, quien ha aplicado un modelo económico neoliberal donde la venta de Isagén brilla con luz propia (venta que ya había intentado Zuluaga como ministro de Hacienda de Uribe), sin desconocer iniciativas de corte liberal y progresista como las leyes de Víctimas y de Restitución de Tierras impulsadas por Juan Fernando Cristo, la última de las cuales tiene unidos contra el gobierno al procurador Alejandro Ordóñez y al todavía presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, en férrea alianza con los despojadores de tierras.
Según Martha Ruiz, Consejera editorial de Semana, el presidente Santos “es un liberal pragmático, ortodoxo, racional y, sobre todo, institucionalista. Pero de ahí a ser un reformista en toda la extensión de la palabra, hay mucho trecho” (Ver columna). Eso es cierto, sin desconocer que la demoledora oposición del uribismo lanzó a Santos en brazos de la izquierda, quien supo agradecer el apoyo con sendos ministerios para el Polo y Alianza Verde, y ello impide apreciar que las descargas cerradas de Uribe contra el gobierno son ‘fuego amigo’, pues en lo económico son tan neoliberales este como su hábil sucesor.
Ahora bien, lo que no se puede soslayar es que Juan Manuel Santos sí fue, es y seguirá siendo un traidor de su clase por el solo hecho de haber llevado a buen puerto el proceso de paz. Una inmensa mayoría del empresariado nacional era partidaria de las tesis uribistas, por una sencilla razón: porque a cualquier poderoso industrial o banquero colombiano, sea el que fuere, le produce salpullido la sola idea de tener que saludar de mano un día de estos a Rodrigo Londoño Echeverri (antes conocido como Timochenko) en su calidad de senador del Frente Amplio para la Reconstrucción de Colombia - Esperanza de Paz (FARC-EP), nombre que al parecer pretenden usar como partido político.
Pero no es eso a lo que más le temen, sino al tribunal de justicia que se acordó en La Habana, definido como Jurisdicción Especial de la Paz (JEP), el cual tendrá como objetivo “investigar, esclarecer, perseguir, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) que tuvieron lugar en el contexto y en razón del conflicto armado”. Un tribunal de similares características funcionó en Sudáfrica por iniciativa de Nelson Mandela durante las negociaciones de paz, y condujo a la más importante catarsis para esa nación, la del esclarecimiento de la verdad a todo nivel.
Es pertinente al respecto citar la sentencia que en mayo de 2015 emitió el Tribunal Superior de Justicia y Paz de Medellín con motivo de la condena al jefe paramilitar Salvatore Mancuso, donde advirtió que “ese capítulo de los financiadores de los crímenes de los paramilitares aún está abierto; mientras los desmovilizados que se acogieron a la Ley de Justicia y Paz empiezan a recuperar su libertad tras pagar su pena alternativa de ocho años, quienes les entregaron millonarios recursos para garantizar su sostenimiento ni siquiera han sido investigados”. Y compulsa copias para que se investigue a reconocidos ganaderos de Córdoba, y pide que se procese a los fiscales que han dejado dormir en sus despachos esos procesos penales. (Ver sentencia).
En tal contexto, se entiende con claridad el alcance de esta frase del senador Uribe en su declaración tras la firma del acuerdo en La Habana: “cualquier ciudadano queda expuesto al riesgo de tener que aceptar un delito que no cometió, como condición para no ser condenado a la cárcel”. (Ver declaración).
Ahí se hace palmaria la verdadera traición de Santos, de la que se resienten tanto Uribe como todo poderoso ganadero o empresario consciente de que habrá verdades que acabarán por destaparse. La Jurisdicción de Paz será un escenario de sinceramiento, catártico, donde no se descarta por ejemplo el general de la República que decida confesar de quién recibió las órdenes para colaborar con los grupos paramilitares o para poner en marcha la maquinaria genocida de los ‘falsos positivos’, o cualquier otra violación sistemática de los Derechos Humanos como las que por millares hubo durante el oprobioso régimen de la Seguridad Democrática.
La ‘ira y santo dolor’ de Uribe este 23 de junio fue evidente y es comprensible, pues le significó ser testigo inerme del primer triunfo político de las FARC ante el mundo y el país entero, al abrirse las compuertas para que los dirigentes de ese grupo sean escuchados sin el calificativo de terroristas, en igualdad de condiciones con la sociedad civil y con las fuerzas vivas de la nación.
¿Entienden ahora por qué Álvaro Uribe y gran parte del empresariado nacional ven en Juan Manuel Santos a un traidor de su clase? ¿Y se imaginan la cara destemplada que pondrán cuando la Academia Sueca le conceda el Premio Nobel de Paz, que merecido lo tiene?
DE REMATE: Dice el procurador Alejandro Ordóñez que “existen personas vinculadas a las FARC que han recibido entrenamiento militar y están en capacidad de planear y ejecutar actos violentos”, como “terrorismo y masacre de soldados e infantes de marina”. Justo el día anterior, se había caído un helicóptero con 17 soldados. ¿Qué coincidencia tan llamativa, no? ¿Será que de aquí en adelante se van a presentar nuevos “actos violentos”, atribuibles a lo que dice Ordóñez?
CODA: Es obvio que detrás del vídeo de la joven Lina Quintero contra el proceso de paz que se volvió viral no solo hay un libreto armado y una maquiavélica edición de alto nivel, sino una organización política de extrema derecha. "Por el desayuno se va sabiendo cómo será el almuerzo". Esto es solo el comienzo de la PROPAGANDA NEGRA que se vendrá contra el proceso de paz y contra el gobierno de Santos.
Por Jairo Gómez.- Definitivamente al Ex presidente Uribe le cuesta vivir en democracia. En un país serio sería una figura política marginal.
Ahora propone “llenar de paramilitares Venezuela” para sacar al presidente Maduro del poder. Es decir, ni la Asamblea de Diputados elegida recientemente ni las instituciones de ese país son capaces de resolver, según el Senador Uribe, sus propios problemas con autonomía, soberanía y en democracia.
Aquí en Colombia se opone al plebiscito para que sean los colombianos quienes digamos en las urnas si acogemos o no el acuerdo final que firmarán el gobierno y las FARC para acabar con más de 50 años de guerra.
Acude al miedo como bandera para atiborrar de infundios el proceso de paz. Hacer oposición con mentiras es tan subversivo como la guerrilla misma.
Se queja, junto a su bancada del Centro Democrático, que las mayorías en el Congreso “impongan” los acuerdos pactados en La Habana incluyéndolos en el acto legislativo para la paz sin poder discutir su contenido. Se olvida el ex presidente que durante los ocho años de su administración esas mayorías parlamentarias le fueron leales, y modificaron la Constitución para aprobar un “articulito” que permitió su reelección. Algunos observadores dicen que los ocho años del gobierno de Uribe fueron seguros, pero no democráticos.
En fin, es que vivir en democracia tiene sus costos, a veces se gana a veces se pierde. Y en este tablado tendrán que entrar a jugar su rol político las FARC. Su tarea, creo yo, es comenzar a construir una propuesta en el escenario de la paz. Ahora, sin armas.
Más allá de los puntos por resolver, que obedecen en su mayoría a los tecnicismos de la guerra como la ubicación, dejación de armas, seguridad etc., todos importantes, es pertinente observar qué le espera a los ex guerrilleros de las FARC cuando asuman el catálogo de partido político en la legalidad.
Vivir en democracia, es decir, pasar de los códigos de la guerra a la conquista de sus potenciales electores a través del discurso y la propuesta, es lo que harán. Pero no será un camino de rosas. Muchos fueron los pobladores y campesinos que sufrieron el rigor de sus atropellos, por tanto no dudarán en exponer sus reclamos y frustraciones; y pondrán de presente las amenazas con que la guerrilla los obligó a acompañarlos en una lucha, que en copiosos casos, no era la de ellos.
Cuando cedan la palabra, se encontrarán con una población resistente a cualquier representación política. “lo importante es que no habrá más bala, pero lo que propongan en política me da lo mismo”, decía un poblador de los Llanos del Yarí, en el Departamento del Caquetá, al referirse a las guerrillas ya desmovilizadas y lanzadas a la arena política.
Vivir en democracia no ha sido fácil en Colombia si la situamos en los acuerdos excluyentes entre élites políticas y económicas cohesionadas, aferradas al poder, y que han sido causa y efecto de la violencia política que hoy queremos resolver vía negociación.
En el inmediato futuro, producto de la paz, se afianzarán dos posiciones políticas antagónicas, Centro Democrático - Farc, y las dos tendrán que coincidir en la plaza pública, cada una, desde su perspectiva, defendiendo su proyecto político. Eso se llama vivir en democracia.
Por José Gregorio Hernández.- La necesidad de orden proferida por autoridad judicial competente para ciertas finalidades -como la privación de la libertad personal, el ingreso de la autoridad a domicilio privado y el registro de lo que hay en su interior, la interceptación de comunicaciones- no solamente es garantía de los derechos esenciales y de las libertades públicas, según norma plasmada en la Constitución (Preámbulo y arts. 1, 2, 5, 15 y 28) y en los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos, sino que constituye un valioso elemento de la democracia y del Estado de Derecho.
La orden judicial asegura que -sobre la base según la cual la libertad y la intimidad son las reglas generales en el sistema jurídico, al paso que sus restricciones son excepcionales y de interpretación estricta, únicamente motivos plausibles y expresos, que además encajen indudablemente en las previsiones de la ley, deben dar lugar a las medidas extraordinarias, al tiempo que la autoridad judicial competente se hace responsable por el mandato impartido.
La Corte Constitucional ha sostenido al respecto que, al regular los supuestos en los que opere la restricción del derecho, el legislador “debe observar criterios de razonabilidad y proporcionalidad que, fuera de servir al propósito de justificar adecuadamente una medida tan drástica (como la privación de la libertad), contribuyan a mantener inalterado el necesario equilibrio entre las prerrogativas en que consiste el derecho y los límites del mismo” (Sentencia C-397 de 1997. M.P.: Dr. Fabio Morón Díaz).
También para la Corte, “es claro que la que la privación o restricción de la libertad que materialmente se ejecuta por funcionarios de la rama ejecutiva del poder público, no queda a la discreción de ésta, sino que exige la intervención de las otras dos ramas del poder, pues el legislador define los motivos y el juez emite la orden escrita con sujeción a estos, para que quien la practique lo haga luego con sujeción a las formalidades previamente definidas por el legislador” (Sentencia C-1042 de 2002. M.P.: Dr. Alfredo Beltrán Sierra).
Lo propio ocurre con derechos inalienables como la inviolabilidad de domicilio y con el derecho a que las comunicaciones privadas no sean intervenidas.
No es posible, a la luz de la Constitución, dejar en manos de la autoridad administrativa o policial la definición acerca de la privación de la libertad, el ingreso y registro al domicilio o la interceptación de comunicaciones. La orden debe provenir de autoridad judicial, y no de cualquiera, sino de la competente.
Un punto aparte: no cabe sanción de multa sin un debido proceso.
Por Fabio Callejas Ramírez.- Hace pocos días Colombia ha asistido a uno de los acontecimientos más importantes para la historia de nuestro país.
Con el respaldo mundial y la bendición del Papa Francisco, el Gobierno en cabeza del Presidente Juan Manuel Santos y los máximos líderes de las Farc, se acordó la terminación del conflicto aunque falta la firma final.
No nos podemos olvidar del desangre a que han sido sometido millones de compatriotas en una guerra irregular de más de 54 años
Sólo basta recordar algunos episodios: las denominadas pescas milagrosas, la bomba del Nogal, la toma de las Delicias, la toma de Bojayá y los innumerables secuestros por parte de esa organización insurgente.
Después de los proceso fallidos de los gobiernos de Belisario Betancur (La Paloma de la Paz), Cesar Gaviria Trujillo con los diálogos de Tlaxcala y la Zona de distensión del Caguán con Andrés Pastrana, quien a través de Víctor G Ricardo le envió un reloj al legendario Manuel Marulanda, alias Tirofijo, da la impresión que ahora si la Farc y Gobierno, con el respaldo de los colombianos, se encaminan a un verdadero proceso de paz.
Estamos a punto que se cumpla lo anunciado, falta ver si se cumple lo prometido y las Farc abandonan su jugoso negocio del narcotrafico y si el el Gobierno adelanta un verdadero proceso de resocialización, con más de 15 mil desmovilizados.
Lo que el país no entiende es que Álvaro Uribe y Andrés Pastrana hoy se obstinan en oponerse a un Acuerdo de Paz
Después de estos episodios ¿qué pasara con las víctimas?
La reparación no sólo está a cargo del Gobierno. La reparación debe estar también a cargo de las Farc, cuyos recursos a costa de la extorsión, los secuestros, la minería ilegal y el narcotráfico están en bancos del exterior, como ya lo han registrado los medios de comunicación.
¿Por qué en la pomposa ceremonia de La Habana no se le dio importancia a las Víctimas, si ellas también cuentan?
Por Juan Manuel Galán*.- El reciente acuerdo entre el Gobierno nacional y la guerrilla de las FARC sobre el fin del conflicto, es el punto de partida para la verdadera construcción de paz. Luego de 9 intentos por parar la guerra, el país jamás había llegado tan lejos.
El pasado 23 de junio, el Gobierno Nacional y las FARC anunciaron, en tres puntos, el acuerdo sobre el fin del conflicto.
El primero de ellos, sobre el “cese al fuego y de hostilidad bilateral y definitiva y dejación de las armas”, contempla un mecanismo de monitoreo y verificación que implementará la ONU, 6 meses después de que las FARC hayan dejado las armas.
Pese a que el acuerdo establece 23 zonas y 8 campamentos para la concentración de los desmovilizados y que contarán con un sistema de monitoreo permanente, me preocupa ubicación de los lugares, el alcance de su transitoriedad y su autonomía.
“Garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales” es el segundo punto del acuerdo en el que se propone la creación de una unidad especial de investigación dentro de la Fiscalía General de la Nación y una Comisión Nacional de Garantía de Seguridad para el diseño de políticas públicas y el desmantelamiento de todas las organizaciones criminales.
El tercero y último es el “acuerdo sobre refrendación” en el que las FARC se comprometen a acoger la decisión que profiera la Corte Constitucional sobre el plebiscito en los términos y requisitos que ella misma señale. Y con él queda en el ambiente la sensación de que las FARC quieren -por fin- hacer parte de un Estado y acogerse a sus normas. Y la verdad, de eso se trata todo esto, de ponerle término a una guerra tan sangrienta y tan costosa.
Los colombianos tenemos ahora un compromiso mayor: apoyar a través del plebiscito el esfuerzo que ha representado para el país y las instituciones un proceso que ya cumple 4 años. Respaldar con el SÍ la paz que tanto hemos buscado y tanto nos merecemos.
El gobierno, por su parte, deberá emplear todas las herramientas y recursos necesarios para que el 100% de los ciudadanos conozcamos el alcance de los acuerdos y con ello se puedan esclarecer aquellas versiones que pretenden confundir.
El último día de la guerra, y el primero en camino de la paz no conoce partidos, nombres, estratos, religión o credo alguno.
El último día de la guerra, como el primero de la paz nos pertenece a todos, pero sobre todo a las nuevas generaciones.
