Opinión
Por Mauricio Cabrera Galvis*.- Como en el poema de Zalamea, aumentan los pobres, porque los pocos ricos cada vez tienen una tajada más grande de la riqueza mundial. “Todos los índices muestran que la desigualdad en la distribución de la riqueza mundial aumentó sustancialmente en 2020: la participación del 10% más rico subió 0.9 puntos porcentuales, la del 1%más alto subió 1.1% puntos y el Gini empeoró en 0.6 puntos”.
Esta contundente afirmación no es de alguna ONG castro-chavista interesada en desprestigiar el capitalismo, ni de economistas sospechosos por sus tendencias progresistas como Piketty o Stiglitz.
Lo que la hace muy creíble es que lo dice una entidad que le maneja la riqueza a buena parte esos privilegiados. Se trata del “Global Wealth Report”, que cada año publica el Credit Suisse, el tercer banco suizo por el tamaño de loa activos que maneja.
La versión 2021 del reporte se concentra en los efectos de la COVID-19 sobre la riqueza mundial y su distribución. Un primer hallazgo inesperado es que a pesar de la pandemia, la riqueza mundial no se redujo, por el contrario se incrementó en 7.4%. Más extraño aún, los países más afectados por la COVID-19 fueron los que registraron las mayores ganancias en riqueza.
La explicación de esta paradoja está en la intervención de los gobiernos y los bancos centrales que irrigaron toneladas de dinero y bajaron las tasas de interés, lo que elevó los precios de las acciones y la finca raíz. Como los pobres tienen muy poco de estos activos, aunque recibieran ayudas monetarias para compensar las pérdidas de empleo e ingresos, no se beneficiaron de esas alzas.
En la base de la pirámide, 2.879 millones de adultos con riqueza menor a USD 10.000; son el 55% de la población, pero solo poseen el 1.3% de la riqueza mundial. El incremento de la desigualdad es evidente, puesto que el año pasado eran 2.768 millones (53.6%), y su participación en la riqueza era 1.4%.
A aquellos con más de 1 millón de dólares les fue muy bien: aumentaron de 50.8 a 56 millones, y su participación en la riqueza mundial pasó del 43.4 al 45.8%.
En Colombia la desigualdad en la distribución de la riqueza es un problema que no ha preocupado nunca a los gobiernos, a punto tal que ni siquiera hay cifras que permitan medir su evolución.
* Adenda: La semana pasada señalaba que el gran esfuerzo de gobierno para erradicar 130.000 hectáreas de coca era tan inútil como el de Sísifo, puesto que la ONU reportó una disminución de solo 11.00 hectáreas en el área sembrada. Según el gobierno gringo la situación es todavía peor, pues en su medición el área sembrada aumentó (sí, aumentó) en 33.000 hectáreas. Lo más trágico es que ninguno de los dos gobiernos reconoce que la guerra contra las drogas fracasó y que es necesario una estrategia diferente.
Cali, 27 de junio de 2021
*Filósofo y Economista. Consultor
Por Amylkar D. Acosta M*.- A última hora, al cierre de la penúltima legislatura del Congreso de la República, el Gobierno Nacional se vio compelido, a instancias de las entidades territoriales, a convocarlo a sesiones extraordinarias con el fin de completar el trámite del proyecto de ley mediante el cual se establece la base gravable para el cobro de la sobretasa a los combustibles y así salvarla de la imposibilidad de seguirla recaudando por parte de departamentos, las ciudades capitales y distritos.
Me explico, la sobretasa a la gasolina y al ACPM, también llamado diésel, está vigente desde 1989, cuando fue expedida la Ley 86, modificada mediante la Ley 310 de 1996. Posteriormente, en virtud de la Ley 488 de 1998, se dispuso en su artículo 121 que la base gravable aplicable estaba “constituida por el valor de referencia de venta al público” fijado mensualmente por parte del Ministerio de Minas energía mensualmente. En respuesta a una acción pública de inconstitucionalidad, esta norma fue declarada inexequible por parte de la Corte Constitucional. En su Sentencia C – 030 de 2019 acogió los argumentos del demandante, en el sentido que la misma transgredía el principio de legalidad en materia tributaria consagrado en los artículos 150 y 338 de la Constitución Política.
La razón fundamental invocada por la Corte Constitucional radica en el hecho incontrovertible que todo lo atinente al establecimiento del hecho gravable, así como la contribución fiscal o parafiscal, es de la exclusiva competencia del Congreso de la República y tal facultad es indelegable, como lo fue en el Ministerio de Minas y Energía. Al no ceñirse a este principio básico consagrado en la Carta se lleva de calle, además, el principio de la certeza tributaria. No obstante, en aras de no poner en riesgo la estabilidad fiscal de las entidades territoriales, la Corte moduló su fallo otorgándole al Congreso de la República dos legislaturas para establecer la base gravable, así como “criterios concretos y específicos para determinar la sobretasa de la gasolina y el ACPM”.
De no haberse aprobado este proyecto de Ley en volandas, como en efecto lo hizo el Congreso de la República, los departamentos, las ciudades capitales y distritos se habrían visto en calzas prietas, dado que habrían dejado de recaudar $2.1 billones, aproximadamente, medio billón los primeros y $1.6 los segundos, en momentos de aulagas fiscales acentuadas por la crisis pandémica. Ello en razón de que el plazo perentorio dado por la Corte Constitucional al Congreso para expedirla se estaba venciendo.
No está demás advertir que con la entrada en vigencia de esta ley no se incrementa el precio de referencia, que lo seguirá fijando el Ministerio de Minas y Energía por cuenta de la sobretasa. Sólo podrá variar en la estructura de precios el Ingreso al productor. Al tiempo que se establece como base gravable el volumen de combustible expresado en galones, se fijó la tarifa de $940 por galón a favor de las ciudades capitales y distritos, $1.270 en el Distrito capital y $330 de los departamentos. Entre tanto, la tarifa general para el ACPM será de $301. Se prevé una tarifa más baja en las zonas fronterizas del país: de $352 para las ciudades capitales y distritos y $124 para los departamentos para la gasolina-motor y $301 para el ACPM. Estas cifras no están alejadas de lo que se paga actualmente por el mismo concepto y se reajustarán anualmente acordes con el Índice de precios al consumidor (IPC). De esta manera se busca darle estabilidad fiscal y jurídica a la sobretasa.
Se debe tener en cuenta que la sobretasa no es el único gravamen que pesa sobre los combustibles, la carga impositiva sobre la gasolina y el ACPM oscila alrededor del 28% y 20%, respectivamente, la cual contrasta con la de EEUU, por ejemplo, que bordea el 17%. Además del IVA y del impuesto global, se estableció recientemente, mediante la Ley 1819 de 2016 del impuesto verde, tasado en $135 por galón para la gasolina, $152 por galón para el ACPM, $95 por metro cúbico de gas natural y $29 por metro cúbico para el GLP.
Por lo demás, el porcentaje de las mezclas de los biocombustibles, 10% de etanol con la gasolina y 12% del biodiesel, siguen exentos del pago de todo gravamen y ello hace mucho sentido, toda vez que las mismas contribuyen eficazmente al cumplimiento de la meta fijada por el Gobierno Nacional de reducir en un 51% las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) hacia el año 2030.
Desde luego que los gravámenes encarecen el precio de los combustibles, pero la verdad, aunque incómoda, es que aunque nos parezca caro el galón de gasolina o ACPM, lo cierto es que su precio no refleja el costo real de ellos, dado que ellos arrastran consigo un costo oculto que no se paga en la estación de servicio cuando se tanquea el vehículo. Me refiero a los 15.600 muertes al año en Colombia atribuibles a enfermedades asociadas a la mala calidad del aire reportadas por el Instituto Nacional de Salud (INS), siendo el sector transporte uno de los mayores responsables, dado que contribuye con el 17% de las emisiones de CO2 que contaminan el medioambiente, con un promedio anual de 29 millones de toneladas. Y, según el DNP, el costo estimado del tratamiento de enfermedades pulmonares y conexas debidas en una alta proporción a la combustión de los motores de los vehículos es del orden de los $12.3 billones, que debemos sufragar todos los contribuyentes para financiar el presupuesto de la salud.
Cota, junio 26 de 2021
*Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía
Por Cristina Plazas*.- Lo que está pasando en la capital de nuestro país es de no creer. Noche tras noche se viven jornadas de disturbios en varias localidades y hasta el momento las autoridades no han podido controlar la situación. Los testimonios de los vecinos de los portales de Las Américas, de Suba y de Usme son aterradoras. La zozobra, la angustia y el terror invadieron los barrios. En las noches se oyen los llantos de los niños que no pueden dormir debido a los actos terroristas que se presentan fuera de sus casas.
¿Dónde está la alcaldesa? ¿Dónde está la autoridad? ¿Hasta cuándo permitirán que el caos, el desorden y la inseguridad invadan la ciudad? ¿La alcaldesa seguirá permitiendo los roces entre la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Seguridad? Si no existe articulación entre las entidades distritales, ¿cómo esperan frenar la ola de violencia?
El viernes, varios concejales le escribieron una misiva a la alcaldesa exigiendo: “retomar el orden público y restablecer los derechos de los ciudadanos de diferentes localidades que cada vez sufren con más rigor los efectos de una protesta violenta que no tiene razón de ser y que hasta el momento ha contado con el aval de la Administración Distrital.”
Lo cierto es que lo que está pasando en Bogotá y en otras ciudades no son hechos aislados, sino terrorismo urbano. De acuerdo con informes de inteligencia, son cuatro los grupos que están financiando el ELN y las disidencias de las Farc integradas por grupos de jóvenes colombianos y venezolanos entre 17 y 24 años. Si ya se tiene claro el panorama, ¿la Alcaldía seguirá manejando esta situación como si fueran actos vandálicos y riñas callejeras? O ¿se amarrará los pantalones y actuará en contra de estos grupos terroristas?
Los discursos de rechazo no son suficientes, los ciudadanos exigen medidas contundentes contra los violentos. La falta de autoridad y decisión nos van a llevar a un punto de caos y descontrol que la única salida será la militarización. Los funcionarios de la Alcaldía deben respaldar a la Policía para que se restablezca el control de los puntos que están tomados por la delincuencia y el terrorismo. Es inaudito que el Secretario de Gobierno haya dado la orden de retirar la Policía como lo hizo esta semana. Las autoridades distritales en lugar de estar evitando los procedimientos de la fuerza pública, deberían estar cumpliendo con su función de garantizar la seguridad.
Adicionalmente, la alcaldesa debe solicitar acompañamiento de fiscales contra el terrorismo para emitir las órdenes de captura. Por su parte la Policía debe seguir a cabalidad los protocolos de los arrestos para que estos criminales no sean puestos en libertad por los jueces.
Por supuesto que esta no será la solución de fondo al problema social que tenemos pues se deben generar oportunidades para estos jóvenes sin sueños ni esperanza. Pero mientras que todo esto sucede no podemos permitir que la ciudad se la tome el terrorismo.
Bogotá, D. C, 27 de junio de 2021
*Abogada de la Universidad Javeriana con especialización en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario. Exdirectora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
Por José Félix Lafaurie Rivera*.- “Me sorprende que nosotros, de este lado del escenario, estemos todos llorando y que del otro lado no haya habido una sola lágrima”.
Así les reclamaba Ingrid Betancur a los miembros de las Farc en la “diligencia de reconocimiento” del secuestro en la Comisión de la Verdad; así les dijo que no creía en su arrepentimiento; que no veía en sus palabras y actitudes, esa necesidad de pedir perdón y de ser perdonados, que las víctimas quisieran ver… y que nunca verán.
Yo tuve la misma percepción viendo a Lozada evadir el perdón con sonrisita nerviosa, a Alape reduciendo todo a un “error político”, y a Timochenko, más preocupado por su botella de agua, leyendo su perdón y tratando de convencer de su sinceridad. No en vano Ingrid le ripostó a Lozada: “Yo quería oírlo hablar desde su corazón, no desde la política”.
Así concluyó la tarea de la Comisión de la Verdad frente al secuestro, con una especie de “sesión solemne” para un proceso de impunidad que inició cuando las FARC, en coro con Santos, pregonaban que el centro del Acuerdo eran las víctimas, hasta que lograron su verdadera prioridad: una justicia que les garantizara impunidad.
La JEP no solo desbarató nuestra institucionalidad jurídica, como demostró la garrotera con la Suprema por el caso Santrich, mientras el señor se les volaba, sino que atropelló los principios del derecho penal, anclados en el viejo derecho romano, que diferenció entre “crimina”, los ilícitos “públicos” que, por su gravedad, afectan a toda la sociedad y, por tanto, deben ser castigados “públicamente” a través del Estado, y “delicta”, o delitos “privados” que afectan derechos particulares, hoy llamados “querellables”.
El castigo público –y qué castigos los de entonces; a Jesús lo torturaron y crucificaron– buscaba dar un mensaje a la sociedad, y ese sigue siendo el papel de la justicia, hoy desvirtuado porque la impunidad es un mensaje perverso, en una sociedad contaminada por el narcotráfico que corrompe y financia la violencia y el caos que sufrimos.
Con respeto por las manifestaciones de las víctimas, sentí que, otra vez, como en La Habana en 2014, fueron solemnemente utilizadas para legitimar socialmente a sus victimarios; porque la legitimación de su impunidad fue un logro temprano, un compromiso de Santos mientras prometía que no la habría para delitos atroces.
La misma JEP, en enero, les imputó a los miembros del Secretariado “crímenes de guerra y de lesa humanidad”, pero siguiendo su “libreto” de impunidad, en abril los señores reconocieron esos delitos –fácil–, después de lo cual siguen procesos de trámite que terminarán en penas “restaurativas”. Así, el horror de ¡21.369 secuestros! será castigado sembrando remolachas y dizque con restricción de libertad, o bien, con la curul en el Congreso que ya disfrutan.
Es inaceptable. El Estado no puede renunciar a su deber de castigar, con generosidad transicional, pero sin impunidad, los delitos que afectan a la sociedad. Al margen de su origen ilegítimo en el atropello al plebiscito, la JEP debe ser objeto de un gran debate nacional. No está blindada, como quisiera Santos, porque, dentro del respeto a los fundamentos de la democracia, no hay inamovibles en el Estado de Derecho.
La violencia trae más violencia, es cierto. Ahora mismo, la embajadora en Suiza, Sofia Gaviria, hace señalamientos de víctimas de las Farc asesinadas en el Huila por atreverse a hablar ¿A quiénes les interesa que callen? Y si a la violencia le sumamos un mensaje social de impunidad, estamos frente a un salto al vacío para una sociedad civilizada… y frente a más lágrimas derramadas.
Bogotá, D. C, 27 de junio de 2021
*Presidente de FEDEGAN
@jflafaurie
Por Gustavo Galvis Hernández*.- “No pienses que puede hacer tu país por ti. Piensa que puedes hacer tú por tu país”. Esta famosa frase que pasó a la historia por un mensaje que no pierde actualidad, fue pronunciada por John F. Kennedy en su discurso de posesión como Presidente de los Estados Unidos de América el 20 de enero de 1961.
Como se dice, mucha agua ha pasado bajo los puentes desde entonces, pero es muy oportuna recordarla en un mundo convulsionado y en crisis como el actual, en donde el riesgo de una guerra nuclear, los efectos del calentamiento global, la disrupción tecnologia hiperdigital con sus oportunidades y amenazas, y ahora con la pandemia desastrosa del Covid-19 que tiene arrodillado al mundo por sus desastrosos efectos económicos y sociales.
Y es que con la inmensa cantidad de personas padeciendo los efectos dramáticos de la inequidad social a nivel global, regional y nacional, es bueno destacar la gran oportunidad de quienes lo hacen o están en capacidad de hacerlo, de intensificar sus acciones y actividades filantrópicas y de voluntariado que son fundamentales para ayudar a disminuir o resolver muchos de los graves problemas económicos, sociales y ambientales presentes en todos los entornos.
En el país es la oportunidad para que numerosas fundaciones empresariales se animen a fortalecer sus actividades filantrópicas. Es la oportunidad para que se posicionen más los clubes de servicios como los Rotarios, Kiwanis, Leones, Damas Grises, Damas Rosadas, las Cámaras Junior, etc., ejemplos de solidaridad y responsabilidad social.
Y en nuestro medio es de reconocer el altruismo de los miembros de las distintas asociaciones y fundaciones que se destacan en sus nobles propósitos de servicio como las Fundaciones, La Posada del Peregrino, Fundesán, Participar, Estructurar, Fundación de la Mujer, la Asociación Defensora de Animales (ADAN), las ONG ambientalistas, y otras más, por su trabajo ejemplarizante.
Si toda persona con capacidad y voluntad de hacerlo, pone su grano de arena en favor de una necesidad ajena, del animal maltratado o abandonado, del medio ambiente degradado, sería un gran aporte en la construcción de un país diferente, con menos desigualdades. Es la oportunidad para debilitar a la indiferencia y el individualismo.
Bucaramanga, 25 de junio de 2021
*Ingeniero Industrial de la UIS. Expresidente de la Financiera Energética (FEN). Exsenador, Expresidente de ANDESCO.
Por Eduardo Verano*.- La enfermedad hoy lleva su nombre y los científicos deben prevenir esta devastadora enfermedad. Más de 6 millones de Norteamericanos tienen Alzheimer, 2/3 son mujeres y causa 500 mil muertes /año. En 2.050 lo sufrirán más de 100 millones de personas. Hay que detener su avance con drogas y terapias, que aún no se han encontrado. El 99% de las drogas no detienen su avance. Se buscan otros caminos.
El Montreal Congnitive Assesment aplicó un tratamiento completo a 25 personas con Alzheimer; con toxinas, dieta alta en fibra y grasas basadas en salmón, anchoas, sardina, con 45 minutos de ejercicio diario y debían dormir más de 7 horas. Las conclusiones son importantes. Los procesos bioquímicos del cerebro son la base de su recuperación.
Los suplementos vitamínicos necesarios para prevenir el Alzheimer son conocidos: el B12, B6, vitamina D, especialmente el ácido fólico, del aceite de hígado de bacalao con su alto componente de Omega 3, ya que ayuda al metabolismo bloqueando el colesterol alto, tiene una grasa buena que en el cerebro retarda la demencia.
Existía una idea errónea que el cerebro necesitaba azúcares para su mejor funcionamiento. Está revalidada y se ha ratificado que el cerebro actúa mejor con grasas especialmente el Omega 3 con su componente DHA, que es ácido docosahexaenoico, esencial para prevenir el Alzheimer y para mujeres embarazadas. Un bajo nivel de DHA acelera el proceso de demencia o de Alzheimer.
El cerebro es como un músculo que si no trabaja se atrofia. Los científicos recomiendan dietas altas en Omega 3 para la adecuada bioquímica cerebral. El cerebro debe estar expuesto a una constante actividad social, y es clave el permanente ejercicio de la mente porque retarda la demencia. Cuando el Alzheimer es incipiente la vida social es positiva, no así en los estados avanzados.
Mucha gente tiene “lagunas”, pero la sola conciencia de los olvidos indica que no está afectado por el Alzheimer. Necesarios los ejercicios de entrenamiento cerebral por 20 minutos para una mayor irrigación que evita su deterioro. Otro gran estímulo cerebral es la risa y la diversión.
La medicina moderna soluciona el Alzheimer y otras enfermedades utilizando la bioquímica del cerebro. Se debe conocer la causa de una enfermedad, como las alergias, con un análisis bioquímico y no dejar de consumir lo que la causa como hacen los alérgicos a la leche. Es mejor tratarla con drogas y bloqueadores, pero no dejar de tomar la leche.
Algunas personas usan dietas y cambios de hábitos alimenticios y así eliminan los medicamentos. Error. La nueva medicina insiste en la grasa buena para el cerebro. Se acabó el mito de los carbohidratos y de los azúcares.
Eres lo que comes, además de tus hábitos de ejercicios, descanso, dormir por lo menos 6 horas, mucha interacción social, sin exceso de alcohol, conversar y recordar con amigos. Tener el cerebro en permanente actividad. La televisión no es mala, lo malo es que aleja los estímulos sociales y en el encierro no se usa el cerebro.
Hay que cuidar nuestro cerebro si queremos evitar el Alzheimer.
Barranquilla, 25 de junio de 2021
*Exconstituyente y exministro de Estado.
Por Gabriel Ortiz*.- Si Duque pudiese volver atrás, buscaría amplios consensos y pedagogía. Pero su arrogancia no le ha permitido pensar en su país, en los millones de jóvenes y pobladores colombianos, que hoy van a la cama con hambre y con la esperanza perdida.
Son muchos los que se han expresado en las marchas pacíficas y en los bloqueos, porque prefieren los balazos de policías y paramilitares, a soportar las penurias de un país tan desigual y tan oprobioso. Eso es mejor que morir de hambre, dicen.
Duque tuvo tiempo para volver atrás, como se lo expresó a El País de España, para buscar amplios consensos y pedagogía con las Centrales Obreras y los dirigentes de un movimiento reivindicatorio que quiere eliminar la desigualdad, el empobrecimiento y la falta de libertades.
Pudo más la obediencia que debía guardar a su mentor, a los intereses de los dirigentes de su movimiento político… y a las elecciones del 22, que reclama día y noche el “innombrable”.
Las jornadas que ha adelantado nuestra población para cambiar las cosas, no dan más tiempo. Consideran necesario poner coto al totalitarismo y al peligro que conlleva un gobierno en decadencia. El Jefe de Estado se ha atrincherado y rodeado de los órganos de control, Fiscalía, Contraloría, Procuraduría, defensoría y todas las “ias” que deben vigilarlo. Nadie se atreve a objetar las decisiones del Presidente. Hace cuanto quiere. Nombra y posesiona ministros con grandes impedimentos, que no son propiamente un ejemplo para la juventud.
El mundo entero nos tiene entre ojos. Ve con horror las matanzas durante las marchas, las desapariciones, la decapitación de jóvenes que protestan, por los excesos de la fuerza pública.
El mal manejo de las vacunas, que nos coloca como el primer país del mundo en muertes por covid. En noviembre del 20, el entonces Procurador, cuestionó la tardanza de Colombia en adquirir las vacunas. Hubo buenas o malas intenciones de averiguar la cosa. Se pidieron explicaciones a través de tutelas, que nunca se lograron, por supuestas confidencialidades. Ahora se sabe que cada vacuna sale a 60 dólares, cuando otros países negociaron a cifras mucho más reducidas. Y sobre esto no hay investigación alguna.
El mandatario está tranquilo. Tiene un Congreso con una mayoría a su favor que aprueba o niega según lo ordenen Duque y su mermelada, con Char a la cabeza.
El Presidente con su arrogancia, maneja esta nación a su antojo. Ahora Duque ha ingresado a las prácticas “trumpistas”, muy bien aprendidas a través de los colombianos que quisieron derrotar desde Miami a Biden.
Lo cierto es que Duque no volverá atrás, no buscará consensos ni pedagogía. Pero las encuestas le están pasando la cuenta, porque “triunfa” en imagen negativa.
BLANCO: La preocupación de la ONU por violación de los DDHH en Colombia.
NEGRO: El Padre de Roux: dice que las protestas no pueden manejarse como una guerra: “es problema de desigualdad, hambre, desempleo y no futuro para los jóvenes”.
Bogotá, D. C, 25 de junio de 2021
*Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.
Por Paloma Valencia*.- El encuentro de los sobrevivientes del secuestro con las Farc mostró asuntos que el país no puede seguir ignorando. El ex guerrillero y hoy senador Lozada expresó que pueden pedir perdón, pero que en algún momento este surgirá de manera que no sean solo palabras huecas. Sus palabras evidencian que no sienten que nada de lo que hicieron fuera fundamentalmente malo. Lo dicho denota una incomprensión sobre lo que significó para Colombia su actuar terrorista. Tendrá que ver con que como personas tendemos a justificar nuestras conductas para poder vivir con nosotros mismos. Si es difícil reconocer los errores y debe serlo aún más cuando se trata de atrocidades.
Tiene que ver, sobretodo, con que las Farc que tienen la idea –como muchos colombianos- de que hay violencias buenas. La concreción nefasta es que nuestra Constitución reconoce el delito político. Ninguna violencia debería tener justificación. Esa es la esencia del Estado, se renuncia a la violencia; y el Estado tiene el monopolio de la fuerza legítima.
Es imperioso atender a las preguntas del conmovedor relato de Roberto Lacouture: “…esta organización de las Farc que tuvo tanta plata del narcotráfico, tantos recursos que pagaron para mantenernos lejos de nuestras familias por siete años, ¿esos recursos dónde están? ¿Por qué no vemos el botín de guerra de las Farc para que ese botín sea el que la justicia tenga para reparar a las víctimas?
El narcotráfico le dio a las Farc más de 7 billones de pesos. El secuestro le arrebató a los colombianos según los informes de Fiscalía $3.625.608.297.250 y las Farc no los entregaron. Según la Fiscalía las Farc tenían 22 billones. El acuerdo les permitió auto declarar sus bienes. Declararon un poco menos de un billón -21 billones por debajo de lo esperado. Y de ese corto billón sólo entregaron 33 mil millones monetizables, el 6,1% de lo declarado. Alguna exigencia se les hizo en este Gobierno después de que la Senadora María del Rosario Guerra y yo hiciéramos el debate para mostrar estos resultados. Poco o nada se avanzó, explicaron que las disidencias se habían llevado una tajada. Lo cierto, además, es que el gobierno Santos firmó un decreto que permitió que el destino de estos recursos fueran las propias Farc, de manera que aun si pagaran, las víctimas jamás los verían. Entonces lo denunciamos como un lavado de activos. El gobierno Santos se comprometió a que seríamos todos los colombianos los que pagaríamos la reparación de las víctimas que las Farc causaron solas.
El segundo asunto es que nos dijeron que las Farc contribuirían con la verdad. No lo hicieron y no lo harán. Sólo ha habido reconocimientos generales y colectivos. No todos los máximos responsables fueron llamados. Y los reconocimientos individuales no siguieron el propósito planteado. Los integrantes están esperando a que los imputen -con lo que se presente en los informes ante la JEP y los casos de Fiscalía- y se limitarán a reconocer eso. El proceso debió ser al contrario. Deberían ir y confesar todo. Luego esa confesión se debería contrastar con la información de Fiscalía. Las víctimas conociendo lo aportado, deberían entonces sí, presentar sus informes y poder requerir más información o exigir la expulsión del sistema de los integrantes que no otorgaran verdad completa.
El encuentro muestra las grandes fallas del acuerdo de La Habana. Hubo con el NO ocasión de arreglarlo, pero pudo más la vanidad, el Nobel y el sectarismo. Ahí están los resultados. Criminales de lesa humanidad sin votos en el congreso, sin verdad, sin reparación y en total y vergonzosa impunidad.
Bogotá, D. C, 25 de junio de 2021
*Senadora del Partido Centro Democrático
Por José G. Hernández*.- La Constitución Política de 1991, que cumple treinta años el próximo mes, es la estructura básica del Estado, el pacto fundamental de la convivencia, la garantía superior de derechos y libertades, el estatuto del poder y el sustento de todo un orden jurídico de naturaleza democrática. El fruto de un gran consenso entre distintas fuerzas y sectores.
El proceso político-jurídico -que se desarrolló en medio de un intolerable clima de violencia y terrorismo entonces predominante- comenzó con la propuesta juvenil de la “séptima papeleta” y culminó con la promulgación de un el Estatuto Fundamental formulado con miras a reivindicar la soberanía popular y a realizar una auténtica democracia.
La Constitución ha renovado y modernizado el Derecho Público colombiano, introduciendo elementos de enorme trascendencia, proclamando valores y derechos esenciales, sentando principios y estableciendo instituciones muy valiosas, que en conjunto configuran un sistema jurídico para la realización de un Estado Social de Derecho. Como lo enseña su preámbulo, busca “fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo”, objetivos bien difíciles que, es menester reconocerlo, se han logrado apenas en parte, debido a la confluencia de muchos factores.
Además, ha sido reformada en exceso -ya vamos para cincuenta y seis enmiendas de carácter permanente, y hay varios proyectos en curso-, no por inaplazable necesidad, sino casi siempre por motivos de coyuntura y para satisfacer expectativas políticas de corto y mediano plazo, sin una visión de futuro, sin suficiente preparación y consulta y con muy escaso cuidado en preservar un sistema jurídico estable y coherente.
Desde luego, la Constitución no es un estatuto perfecto -como no lo es obra humana alguna-, pero conserva su esencia democrática y plasma los objetivos cardinales que se propusieron los delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente.
Hoy, a propósito de la situación generada por el erróneo manejo de la pandemia, la crisis económica, las protestas, los bloqueos, las masacres, los crímenes impunes, el desprestigio de Gobierno y Congreso, no han faltado improvisadas propuestas de distinto origen en el sentido de convocar un nuevo cuerpo constituyente, con miras a sustituir esta Carta Política por otra, sin un norte definido y claro.
Discrepamos. Aunque la Constitución no es irreformable y puede requerir ajustes, lo que hoy ocurre en el país no es culpa de ella sino, al contrario, de su inobservancia. No hay que acabar con la Constitución para celebrar sus treinta años. Lo que procede es su genuino cumplimiento.
Ahora bien, una cosa es cumplir la Constitución y otra muy distinta proclamar -en el interior del país y hacia el exterior- que se la respeta y se la aplica, sin hacerlo, o buscar “interpretaciones” de sus normas para dar apariencia de cumplimiento a lo que en realidad es una burla a sus mandatos.
El genuino respeto a los derechos y libertades fundamentales resulta esencial, y se requiere convicción democrática, políticas y proyectos acordes con los postulados fundamentales y voluntad para hacer efectivo un verdadero Estado Social de Derecho.
Bogotá, D. C, 23 de junio de 2021
*Expresidente de la Corte Constitucional
Por Simón Gaviria*.- La presión estructural de los gigantes de internet sobre el comercio venía con fuerza, la pandemia aceleró la alfabetización digital diez años. Llamadas por zoom reemplazaron viajes de negocios, Rappi la ida al supermercado. La presión forzó a 84 % de las tiendas sobrevivientes a usar domicilios y medios digitales, pero muchos quebraron. Según Fenalco, solo en Bogotá-Cundinamarca se destruyó un 33 % del comercio formal; el daño nacional sería mayor. Para rematar $ 320 mil millones de pérdidas económicas por cuenta del paro. En este oscuro panorama, se debe repensar el privilegio tributario que gozan las plataformas digitales extranjeras -exentas de IVA– en productos de bajo costo. Si por impuestos es más barato comprar extranjero por Amazon que en la tienda de barrio, el comercio nacional no tiene futuro.
En la última década, las normas del comercio internacional vienen reconociendo el ascenso del comercio electrónico. El costo y tiempo del trámite aduanero haría inviable el comercio digital de pequeños montos. Por eso los tratados de libre comercio, incluyendo once firmados Colombia, prevén una excepción arancelaria e impuestos relacionados a la importación. Lo exótico de Colombia es determinar que el IVA está cubierto por la excepción. Los tratados enmarcados en el GATT y la OMC son explícitos en cuanto a que los impuestos internos a las ventas o el valor agregado no se cobijan con la norma.
El rango de excepción para las mercancías usualmente oscila entre USD 30-200. La amplia excepción colombiana de USD 200 cobija el grueso de las partidas arancelarias, de la canasta familiar todo cuesta menos de $ 750.000. Ya la excepción en el 2020 equivale a $1.18 billones en mercancía. Con $ 829 mil millones a abril del 2021, serán $ 3.1 billones de mercancía exenta en el 2022. El costo fiscal de no cobrar IVA es de $ 590 mil millones sin tener en cuenta los costos relacionados a las quiebras de comercio. Con la velocidad de la digitalización y el privilegio tributario, el hueco fiscal crece de manera exponencial.
Para que no quede duda, una directriz de la Unión Europa impuso a todo el comercio de paqueteo, independientemente del monto, el pago obligatorio de IVA desde julio de 2021. En Dinamarca, país que también tenía excepción de IVA, un estudio del gobierno demuestra el riesgo de evasión técnica, fragmentar pedidos para estar inferior al monto de excepción. Por lo menos 80 % de las parcelas provenientes de China son inferiores a su excepción. Esto sin considerar el subsidio implícito chino a los envíos: un paquete de una libra de Washington a Beijing cuesta USD 40, pero el mismo paquete enviado desde China solo cuesta USD 9.60. La cancha no está nivelada.
Puede que el privilegio tributario a las plataformas digitales extranjeras haya iniciado con buenas intenciones, pero la gotera se está volviendo una catarata. Solo el desbordado costo fiscal de las exenciones debería ser argumento suficiente; Amazon no necesita esa plata. No tiene sentido que la compra en el extranjero y el transporte sea más barata que comprar en el país solo por un privilegio tributario. Con el comercio al borde de la quiebra mantener esa norma pareciera simple mala fe.
Bogotá, D. C, 23 de junio de 2021
*Expresidente de la Cámara de Representantes
