Opinión

Por Juan Camilo Restrepo*.- La reforma tributaria que con más ánimo conciliador que su antecesor viene tejiendo el ministro J.M. Restrepo resulta indispensable. Pero el gobierno debe tener mucho cuidado sobre cuándo y cómo la presenta. Un fracaso político en su trámite sería la estocada final en la desafortunada cadena de fracasos fiscales que viene registrando.

Veamos. Si la presenta ahora mismo, antes de que termine la actual legislatura, sería un proyecto de ley que nacería contaminado por los vientos levantiscos del paro. Y por defensable que resulte su contenido (ahora sin IVA, sin impuestos a las rentas de trabajo ni a las clases medias) quedaría envuelto en el torbellino de protestas que sopla con furia sobre el país. La reforma tributaria debería presentarse entonces el 20 de julio (primer día de la próxima legislatura), ojalá con mensaje de urgencia. Presentarla en lo que queda de esta legislatura (o sea, antes del 16 de junio) resulta inoficioso, pues de todas maneras el Congreso no alcanzaría a darle ni siquiera primer debate.

De la fecha actual al 20 de julio hay casi dos meses de espacio, tiempo durante el cual es indispensable que se haya levantado el paro y las aguas comiencen a retornar a sus niveles normales. Si en dos meses este paro no ha terminado, apague y vámonos.

Ahora bien: ¿qué hacer en estos dos meses que nos separan de la apertura de la próxima legislatura? Además de preparar y concertar  el proyecto de reforma tributaria con el mundo político para que no pase lo de la reforma Carrasquilla, el Ministerio de Hacienda tiene dos tareas fundamentales entre manos que deben surtirse antes de radicar el proyecto de reforma tributaria: de una parte, preparar el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) del año entrante que según la ley debe radicarse antes del 15 de junio; y de otra, confeccionar el proyecto de presupuesto para la vigencia fiscal del 2022 que debe aterrizar en el Congreso -según lo manda la Constitución- en los primeros diez días de cada legislatura, es decir entre el 20 y el 30 de julio del año en curso.

Tanto el MFMP como el presupuesto deben trazar el telón de fondo que habrá de orientar la nueva reforma tributaria. Estos dos cruciales documentos habrán de responder a preguntas tales como: ¿cuál es el déficit fiscal con que el gobierno piensa cerrar este año y el que viene? ¿cuáles son los gastos prioritarios que van a atenderse? ¿cómo se va a financiar el déficit: cuánto con nuevos impuestos, cuánto con endeudamiento, cuánto con venta de activos, ¿y cuánto con recortes de gastos públicos? Estos documentos (MFMP y presupuesto para la vigencia del año entrante) son, pues, la brújula de navegación que debe orientar la reforma tributaria del ministro Restrepo para que no naufrague en las aguas turbulentas por las que navegamos actualmente. Por eso debe haber completa sincronía entre unos y otra.

Al 20 de julio no solo debe haberse levantado el paro, sino que se conocerá con certeza cuál es el costo fiscal que el gobierno ha resuelto pagar -en las negociaciones que se avecinan tanto con el comité del paro como con las mingas- para levantar el paro. Será sin duda un costo alto. Pero, además, es en el presupuesto del año entrante, en el Marco fiscal de Mediano Plazo y en las proyecciones de recaudos que entrañe la nueva reforma tributaria, donde se encontrará la clave para descifrar al acertijo sobre la manera como se pagará la pesada cuenta que se nos viene encima para levantar el pago. Y para financiar las inversiones sociales apremiantes que tiene el país entre manos.

La sostenibilidad de la hacienda pública futura de Colombia depende de la lucidez con que se responda a estas preguntas ahora.

Bogotá, D. C, 30 de mayo de 2021

*Abogado y Economista. Exministro de Estado

Por Amylkar D. Acosta M*.- Se entiende por profesía autocumplida la previsión o predicción que termina por convertirse por sí misma en la causa eficiente de su materialización. En ello juega un papel de la mayor importancia la percepción de los agentes de la economía, que es la que en última instancia determina su comportamiento. Traemos a colación este concepto a propósito de la pérdida reciente de la calificación inversionista de la deuda soberana de Colombia. 

Como antecedente es importante advertir que la calificación de la deuda se venía degradando mucho antes de que la economía y las finanzas del Estado entraran en barrena a consecuencia de la crisis pandémica que se desató a partir del segundo trimestre del año anterior, la cual no da trazas de amainar. Colombia, después de sortear con éxito la década pérdida de los años 80 y salir indemne de la misma tuvo un traspié en 1999 que se tradujo en una contracción de la economía de 4.5%. Ello le valió la pérdida de la calificación inversionista de su deuda, que sólo pudo recuperar 12 años después en 2011.

Por su parte Standard & Poor´s (S & P), ya en el 2017 había bajado dicha calificación desde BBB a BBB- y finalizando el año 2018, al tiempo que ratificó su calificación en BBB- con perspectiva estable, al borde del grado especulativo, alertó que podría “degradar a Colombia en los próximos uno o dos años si nuestras proyectadas mejorías en su perfil externo, particularmente su apretado balance de deuda externa neta se estanca o da marcha atrás”.

En marzo de 2020 S & P, aunque mantuvo la calificación anterior varió la perspectiva desde estable hasta negativa a la deuda soberana de la Nación, advirtiendo que “la perspectiva negativa indica nuestra visión de los riesgos a la baja para las métricas fiscales y externas de Colombia durante los próximos 18 meses”. Fitch también le redujo la calificación, equiparándola con la de S & P, aduciendo que "la rebaja refleja el probable debilitamiento de las métricas fiscales claves, a raíz de la recesión económica causada por una combinación de conmociones derivadas de la fuerte caída en el precio del petróleo y los esfuerzos para combatir la pandemia de coronavirus". Estábamos, entonces, advertidos de factores estructurales de vulnerabilidad ligados a la excesiva dependencia de la economía de la actividad extractiva del petróleo y el carbón, los cuales conspiraban contra la sostenibilidad fiscal.

Cuando se precipitó la pandemia la calificación de la deuda soberana estaba a un solo escalón de perder la calificación inversionista y como se recordará en el primer trimestre del 2020 Colombia tuvo un choque externo muy fuerte con el desplome de los precios del petróleo y ya los precios del carbón venían en picada configurándose así la tormenta perfecta. A ello se vino a añadir la pérdida de confianza de las calificadoras de riesgo en las cifras oficiales que reportaba el Gobierno Nacional, debido a los malabarismos a los que había recurrido el ex ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla para mimetizar el déficit fiscal.

Desde luego, a consecuencia de la pandemia y la virtual parálisis de la actividad económica a consecuencia de las medidas de prevención, contención y mitigación de la misma, se afectaron todo los indicadores económicos, sociales y desde luego las cuentas del fisco, tanto nacional como territorial. El déficit fiscal, según el Ministerio de Hacienda, pasó del 2.5% en 2019 al 7.8% en 2020 y se proyecta en 8.1% para el 2021. Como la pandemia se ha convertido en el muro de las lamentaciones, el Gobierno le atribuye toda la responsabilidad del desbarajuste fiscal, en momentos en los que la pérdida de la calificación inversionista de la deuda soberana se había convertido en una especie de espada de Damocles que pendía sobre la misma.

El ex ministro, en su afán de forzar el trámite por parte del Congreso de la República del fallido proyecto de reforma tributaria, a riesgo de perder la calificación inversionista sino la aprobaban y fue más lejos al afirmar que el Gobierno sólo tenía caja “para unas seis o siete semanas”. Según él “lo peor que nos podría pasar como país sería una segunda oleada” de la pandemia y estamos en la meseta de la tercera oleada.

Así las cosas no era de extrañar que las firmas calificadoras de riesgo, que se han arrogado, con el consentimiento de las autoridades económicas, la facultad de calificar y descalificar la deuda soberana del país, revisaran a la baja dicha calificación, como lo acaba de hacer S & P. Esta redujo la calificación desde   BBB- con perspectiva negativa a BB+ con perspectiva estable, “en un contexto de elevadas presiones de gasto, que se ha traducido en una probabilidad significativamente menor de que Colombia mejore su posición fiscal luego de un deterioro reciente y marcado”.

Según esta agencia, que se reputa como la principal en su género, "la pandemia de covid-19 exacerbó la debilidad del perfil fiscal de Colombia, aunque la tendencia al empeoramiento estuvo presente durante la mayor parte de la última década”. Utilizando el argot futbolístico, ello es tanto como si un equipo profesional descendiera de la categoría A a la categoría B!

Bogotá, mayo 29 de 2021

Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía

www.amylkaracosta.net

Por José Félix Lafaurie Rivera*.- ¿Por qué un paro que reivindica a los pobres, destruye la infraestructura que les sirve a los pobres? ¿Por qué, si protesta por el hambre, bloquea la distribución de alimentos y produce más hambre? ¿Por qué, si lucha por la salud, manda a las calles a miles de personas a enfrentar el contagio y la muerte? ¿Por qué un paro contra el desempleo, destruye más empleo que la pandemia?

Primero: Porque se desestima el origen de la protesta. Hay inconformidades y siempre las habrá, pero esa no es la causa, como no lo era la tributaria, ni la salud, ni el ESMAD.

Todo comenzó con un presidente, Santos, que traicionó a sus electores y negoció con unos bandidos que pusieron sobre la mesa su violencia extorsiva; narcoterroristas que no representaban al país, pero lograron cambiar las instituciones a su acomodo, con la complicidad de quien despreció la voluntad popular y nos dejó 200.000 hectáreas de coca.

Ese narcotráfico paga hoy la violencia en Cali y el suroccidente, porque la droga sale por el Pacífico hacia el mundo; y en el oriente, por donde sale hacia Venezuela; y en las capitales, donde las bandas del microtráfico se “alquilan” para destruir y atacar a la Policía, mientras la izquierda los califica de inocentes “jovencitos”.

Segundo: Porque los envalentonados líderes del paro no representan al pueblo. ¿Quién los eligió? ¿En qué instancia deciden las exigencias al gobierno? ¿Cómo se atreven a “prohibirle” decretar la conmoción interior, en un país que la sufre de manera tan evidente, o exigirle retirar la Fuerza Pública para entregarles las ciudades a los vándalos? ¿Cómo es posible que representantes del gobierno hayan legitimado “corredores de vida y paz” en los que vándalos que ayer saquearon bodegas, hoy deciden quién transita y quién no?

El gobierno está frente a la contraparte equivocada, cuyo único expediente de negociación es la amenaza extorsiva de Petro y su combo, de “mantener al pueblo en las calles”, mientras se resisten cínicamente a condenar el vandalismo y los bloqueos.

Tercero: Porque falta autoridad, desde los alcaldes, responsables del orden público con todas sus consecuencias, como lo ha sostenido la Procuraduría, aunque la CIDH la haya atado de manos, con el argumento espurio de que la elección popular los hace inimputables.

¡No! Prevarican los que incumplen su deber asustados por la turba, como el de Tuluá, que dejó incendiar impunemente el Palacio de Justicia por los herederos de quienes lo hicieron en 1985 en Bogotá, con las mismas intenciones narcoterroristas; y prevarican los que tienen su corazón con el paro, como el de Cali, que le abrió a la minga las puertas de la ciudad a sabiendas de sus intenciones, o la de Bogotá, que invita a “sus muchachos” a marchar “pacíficamente”, como si bloquear las calles con música y payasos de ocho a cinco fuera un “bloqueo bueno”; mientras en la noche, “la primera línea”, como se autodenominan porque juegan a la guerra, siembra caos y destrucción con apoyo financiero y político del senador Bolívar.

Cuarto: Porque la izquierda ha hecho su tarea de desinformación dentro y fuera del país, con la complicidad de instituciones sesgadas, como la CIDH, ansiosa de venir a validar su último comunicado, ácido para condenar al gobierno y tibio frente a quienes destruyen a Colombia. 

Y como no hay “quinto MALO”, así estamos porque de nada sirve que “los buenos seamos más”, si no hacemos nada. El país necesita que el JEFE DE ESTADO restituya el principio de autoridad y restablezca el orden público, como es su obligación constitucional.

Bogotá D. C, 29 de mayo de 2021

*Presidente de FEDEGAN

@jflafaurie

Por Gabriel Ortiz*.- Estamos en el país del sí y el no. Todo está sujeto a lo que se persiga. Me llamó poderosamente la atención una de las enredadas y escurridizas respuestas que el Presidente Duque les dio a Juan Roberto Vargas y a María Elvira Arango, sobre conformación de un gabinete de “unidad nacional”, que lo sacara del atolladero en que se encuentra.

Dijo, sin sonrojarse, que su gabinete ha sido bipartidista. Mitad con ministros que votaron por el sí y la otra mitad con quienes votaron por el no. Así ha querido manejarlo todo. El Proceso de Paz: mitad sí y mitad no. Igual ocurre con el conflicto de paros y bloqueos en que se encuentra Colombia. Mitad acuerdos con el Comité y mitad desacuerdos.

El sí y el no, se aplica para todo durante este gobierno, que no sabe si va o no va. Si deja al Comisionado o no lo deja. Si entiende que su gestor lo desautorizó cuando asumió los encuentros con el ELN en Cuba. Si la vice es canciller, o la interina canciller es vice.

Cada quien tiene sus maneras de actuar, decidir, mandar, recibir órdenes, sacarle el cuerpo a lo urgente, o aplazar lo apremiante.

Estamos completando un mes con un país en crisis, sin rumbo, con una población completamente despistada, que nunca había tenido un desgobierno sin fin. Colombia ha pasado por momentos difíciles, ha atravesado por ocasiones y circunstancias apremiantes que los gobernantes sortearon con destreza y sabiduría, enfrentando las situaciones, sin dejarlas en manos inexpertas. Se untaron de pueblo, se enteraron de los clamores y necesidades de sus gentes, escucharon a sus mayores, a sus antecesores, a la dirigencia política de todas las tendencias… y desde luego, a la juventud de su época.

¿Qué nos pasa? Volvemos al sí y al no. Sí al Ubérrimo, no al país. Sí al error, no a la cordura y al tacto.

Nos domina la equivocación y el menosprecio. El mundo entero nos mira con desdén y nos regresa a la funesta narcoépoca. Somos un país en llamas, sumergido en la mayor incertidumbre que se conozca. Las fuerzas del orden se extralimitan, los derechos humanos se violan, los atropellos se multiplican, mientras se envía a la Vice o Canciller a hablar con Rubio, un “donnadie” en el país de Biden, que solo nos desacredita, al señalar que somos un país dominado por Venezuela, Cuba y Nicaragua. Esa no es manera de recobrar la imagen. Tampoco impedir a los Organismos Internacionales su ingreso a Colombia, para estudiar los desafueros y las violaciones. Claro que les han dicho: ahora no, pero después sí. Es el sí y el no, del que no saldremos con este gobernante.

BLANCO: El plan rescate de la alcaldesa de Bogotá. Si incluye tapar los huecos, crearía millares de empleos inmediatos.

NEGRO: No se puede intimidar a un Congreso llevando generales y policías a un debate.

Bogotá, D. C, 28 de mayo de 2021

Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal  y Notisuper.

Por Paloma Valencia*.- Colombia vive entre dos circunstancias incomprensibles, que nos hacen muy difíciles todos los cambios y cualquier progreso. La primera, la facilidad con la que tendemos a la violencia y la segunda, esa eterna manía de justificarla. Pese a todo lo que hemos sufrido, pese a las muertes, el dolor y lo vivido, hay un sector en la sociedad que tiene esa idea de que hay crímenes buenos, en el sentido de que tienen causas tan fuertes que justifican el accionar violento.

Creo que ambas están íntimamente relacionadas, es decir, somos propensos a la violencia porque estamos siempre dispuestos a justificarla. Si la sociedad se hiciera absoluta y definitivamente intolerante con lo violento, mi hipótesis, es que su uso caería de manera significativa, hasta el punto de casi desaparecer.

¿Por qué podemos justificar que unos colombianos violenten a otros? Una cosa es que entendamos la rabia, que empaticemos con los reclamos, que nos parezca que los colombianos merecen más, que detestemos la corrupción y que nos impaciente la ineficiencia del Estado, que queramos cambios para Colombia y para el mundo, en todo esto podemos estar de acuerdo. Sentirlo con fuerza. Otra cosa, muy distinta, es que tengamos la idea de que eso justifica tomar acciones violentas.

Justificar - no explicar- implica que sentimos que las razones que mueven las acciones son válidas, moral y socialmente. Por lo tanto, algunos sentencian que quienes son receptores de la violencia se lo merecen. Y otros, que al menos, está bien que quienes ejercen vías de hecho o violencia lo hagan porque tienen razón, porque les enfurece la injusticia.

En el discurso, al menos, todos estamos de acuerdo en que los bloqueos son malos, son vías de hecho. Destruyen empleos, destruyen proyectos de vida, destruyen empresa y por lo tanto destruyen a quienes pagan impuestos.

Si queremos más justicia y un mejor país ¿Cómo podemos justificar que se destruya nuestro sector productivo? Si queremos más riqueza ¿por qué destruimos la que hay? Si los jóvenes quieren y merecen empleos ¿por qué no cuidar a los empresarios que los generan?

Colombia tiene que empezar por abolir la idea del delito político. Esta es la manera de poner en la ley la nefasta idea de que hay violencias que se justifican. Toda violencia es mala. Conformar el estado significa que renunciamos al uso de la violencia. Se transfiere al estado la fuerza para que administre justicia y mantenga la seguridad. Desde ese mínimo se construye; se crean los bienes públicos, se abren las oportunidades, se trabaja para generar riqueza y lograr un país próspero.

Pongámonos de acuerdo en eso; una sociedad viable necesita rechazar todas las violencias.

No podemos seguir negociando con los derechos de unos colombianos. Diálogo mientras haya bloqueos equivale a extorsión. La exigencia de derechos para unos puede significar masacrar los derechos de los otros. El estado tiene que cumplir con sus funciones. La debilidad solo aumenta el caos y da lugar a nuevas y mayores violencias.

Requerimos un estado fuerte, respetuoso de los derechos humanos de todos, que permita un marco donde los derechos de todos puedan convivir. Esto que vivimos en Colombia se parece más al estado de naturaleza donde el hombre es un lobo para el hombre. Es la negación del estado de derecho.

Bogotá, D. C, 28 de mayo de 2021

*Senadora del Partido Centro Democrático

Por Víctor G. Ricardo*.-La situación que hemos vivido en los últimos días en Colombia es seguramente la más grave que ha vivido Colombia en este siglo y en más de 75 años, y la misma es fruto de la unión de distintas insatisfacciones y del aprovechamiento que algunos han hecho del momento.

Por un lado vemos como se han unido los promotores del paro, los estudiantes, los indígenas, los transportadores, los desempleados, los perjudicados por la pandemia, los inconformes, los inmigrantes venezolanos, la oposición y, en términos generales, todo aquel que considera tener una necesidad no resuelta.  Pero por otro lado vemos también, como ciertos grupos han aprovechado el momento de insatisfacción social, política y económica para perseguir fines ilícitos, de desestabilización y de afectación del orden público.  Dentro de este grupo se visualizan narcotraficantes, delincuentes comunes, movimientos anarquistas nacionales e internacionales y fuerzas de la guerrilla del Eln y algunas disidencias de las Farc y milicias, por mencionar solo algunos.

En otras palabras, ha sido la mezcla de todo lo que ha producido que se presentara lo que ya no es sólo una crisis para el gobierno, sino una verdadera crisis en la sociedad, que pone en riesgo la institucionalidad, la democracia, la economía, nuestra imagen y nuestra visión como nación.

Aquellos que ya estaban saliendo de la crisis ocasionada por la pandemia, han caído nuevamente en cuidados intensivos como consecuencia de los bloqueos y de la acción de los vándalos que tanto daño han hecho en diferentes lugares del país a los sistemas de transporte, entidades públicas y bienes privados.

Si se hiciera un inventario exacto de los daños causados en el país, estoy seguro de que reflejaría una cifra superior a la que hubiera resaltado de cualquier reforma tributaria planteada. Y, ¿qué decir del daño a la imagen y relacionamiento internacional que ha producido la acción de ciertos grupos políticos ante los organismos multilaterales y la comunidad internacional que hacen pasar al Estado como un asesino de manifestantes o promotor de desapariciones? Ahora bien, los agentes del Estado que hayan cometido excesos y actos repudiables deben ser investigados y tienen que ser duramente castigados por los entes respectivos.

Es el momento de unirnos todos para que no se siga terminando con el desarrollo que con tanto esfuerzo había alcanzado nuestro país, pues de lo contrario ya veremos las consecuencias que vendrán y la situación económica y fiscal que vamos a padecer.  Tenemos que dejar las posiciones personalistas y egoístas tanto partidistas como sectoriales para lograr establecer una fuerza compacta que nos saque del atolladero en el que nos encontramos.

Independientemente de las diferencias, debemos rodear al Presidente de la República y a nuestras instituciones.  Llegó el momento de unirnos para poder dejarles un país a nuestros hijos donde impere las libertades dentro del orden y el Estado de Derecho que es la base fundamental de la democracia.

Resolver una mezcla de todo requiere de la unión de todos, y si bien estamos frente a lo que se conoce como una tormenta perfecta, está en nuestras manos, en la unión de todas nuestras manos, evitar que se materialice esta tormenta perfecta.

Llegó el momento en que los dirigentes políticos que tienen una máxima responsabilidad en este momento sean conscientes que en lugar de estar trabajando por sus intereses personales, deberían utilizar sus capacidades de líderes para ayudar a buscar soluciones y sobre todo garantizar que las expresiones de inconformidad o protesta no se hagan con violencia y no permitan que quienes buscan la anarquía logren su objetivo. Así como tienen la capacidad de convocar a sus seguidores, también deberían garantizar que si son infiltrados por anarquistas, ellos mismos se encarguen de expulsarlos.

Frente a la apremiante pobreza en la que nos dejó la pandemia, y que está acompañada de un porcentaje muy alto de nuestra población que no cuenta con posibilidades de trabajo y por lo tanto de acceso a una vida digna, debemos de inmediato establecer políticas públicas que permitan fomentar el empleo especialmente en los jóvenes, a fin de acercarlos a una nueva vida con posibilidades, lo que implica trabajar en un nuevo contrato social que debe ser compromiso de nuestro líderes, empresarios y sociedad como un todo.

Hoy necesitamos que demos un paso adelante en las soluciones y no sigamos en el camino del caos y el anarquismo, pues esto último lo único que está produciendo es alejarnos de las posibilidades. Los bloqueos, los destrozos a los sistemas de transporte, el incendio de muchos puestos de policía y de distintos bienes públicos como privados, son inaceptables y representan un atentado a los que ya habíamos conseguido.

Yo quisiera proponer que como sociedad nos pusiéramos de acuerdo en un plan de desarrollo a veinte años, que permita con visión de corto, mediano y largo plazo, planificar el desarrollo sostenible de nuestra nación, garantizando por un lado la priorización y solución de las necesidades sociales y por otro los recursos suficientes para atender con responsabilidad este gran pacto social.  

Llegó el momento de dejar de pensar en planes de gobierno cuatrianuales para pensar en verdaderas políticas de Estado, bajo un gran acuerdo nacional que, sin desconocer los énfasis naturales de cada gobierno, permita contar con una agenda estructural en la que todos nos comprometamos a resolver de raíz los temas fundamentales que requiere nuestra sociedad.

Bogotá, D. C, 28 de mayo de 2021

*Excomisionado de Paz

Por José G. Hernández*.- Casi un mes desde la primera marcha de protesta, convocada inicialmente para rechazar un proyecto de reforma tributaria. La situación se ha ido agravando día a día hasta extremos inimaginables, y hoy tenemos una grave crisis caracterizada por excesos de la fuerza pública y violaciones a los derechos humanos -muertos, heridos, desaparecidos, capturas sin orden judicial y hasta casos de violencia sexual-, vandalismo, bloqueos y civiles armados, todo lo cual se suma a las más altas cifras de contagios y fallecimientos por covid. 

La situación merece análisis objetivo. Se han cometido errores inocultables de tirios y troyanos, que sin duda han contribuido a generar un gran desorden:

-El presidente de la República habría podido evitar la prolongación de las protestas si se hubiera abstenido de insistir en una iniciativa tributaria carente de apoyo popular y político, pero esperó a que hubiera violencia, muertos y desaparecidos, y solamente entonces ordenó el retiro del proyecto. Muy tarde, cuando ya en las calles se agregaban nuevos motivos de protesta.

-Por otra parte, lejos de impartir órdenes precisas a la Policía para evitar excesos y disponer que se abstuvieran   de usar armas de fuego contra manifestantes -como lo dispuso el Decreto 3 de 2021- el presidente resolvió militarizar las ciudades. Y, entonces, se desencadenó una alarmante violencia policial, disparos indiscriminados   contra protestantes y no protestantes, y privaciones ilícitas de libertad. Se han divulgado cifras diferentes de muertos, heridos y desaparecidos durante las protestas, sin que los órganos de control hayan adelantado las investigaciones pertinentes, y sin que el Gobierno haya suministrado informes oficiales sobre tan grave situación.

-La protesta es un derecho fundamental, garantizado en la Constitución, pero -reiteramos- debe ser pacífica. No hay derechos absolutos. La violencia, el uso de la fuerza, el vandalismo, el ataque a los bienes públicos y privados, la destrucción de vehículos y centrales de transporte, la vulneración de los derechos de los demás y la ruptura del orden jurídico… son elementos que no hacen parte de las libertades de expresión, de reunión ni de protesta. Pero los bloqueos y obstrucciones de las vías públicas han sido permanentes en todo el territorio, y mediante ellos -que tampoco hacen parte del derecho a la protesta- se ha impedido en muchos casos la llegada de medicamentos, ambulancias, productos de primera necesidad, insumos y alimentos a su destino, causando enorme daño a las personas y al país, sin que los organizadores del paro los hayan desautorizado.

- Han proliferado informaciones falsas de uno y otro lado, incrementando la violencia y el caos.

- Voceros oficiales y organizadores del paro -que no representan a todos los marchantes- dilatan sin sentido el proceso de negociación, como si nada estuviera pasando.

- El Ejecutivo, por su parte, ha confundido la autoridad con la represión; no ha demostrado una genuina voluntad de diálogo; ha postergado decisiones que de todas maneras adopta tardíamente; ha designado como coordinador de negociaciones a un funcionario renunciante; no ha querido la presencia de la CIDH en el país y -desconectado de la realidad- ha preferido hablar a los colombianos en inglés sobre las elecciones de 2022.

Todo se resume en un desgobierno sin antecedentes.

Bogotá, D. C, 27 de mayo de 2021

*Expresidente de la Corte Constitucional

Por Gabriel Ortiz*.-Duque, su gobierno y quienes lo disfrutan, consideraban que las cosas en Colombia continuarían sin modificación alguna. Que quienes sufragaron por el contendor en el 2018 y los abstencionistas, serían transparentados por el candidato de Uribe. Que la mermelada, la corrupción y los negocios con el Estado, alcanzarían para saciar a la mayoría, que votó “emberracada”.

Las mieles del poder empezaron a gozarse, pero con erróneos manejos de la Paz –amenazada con volverla trizas-, de una coja economía, salud en coma, opaca educación, desempleo galopante, pobreza, hambre, y a la deriva las demás urgencias que requiere este país. El coro de aplausos y el corrillo de aduladores, convencen al Presidente de que todo marcha sobre ruedas.

En el 2019 la comunidad se hizo sentir con una serie de reclamos, que fueron considerados como superfluos y pueriles, que a duras penas merecían una “conversación” y, un negociador de poca monta. Para ello encargó a Diego Molano, hoy mindefensa. 

Hubo manifestaciones y protestas, no atendidas. Duque creyó haber triunfado y elevado sus encuestas. El malestar siguió, se mantuvo y se fortaleció, hasta cuando llegó la pandemia. Covid, aplacaba descontento, gracias al miedo que siempre ha sido el arma preferida del uribismo.

Hubo frote de manos, gracias al coronavirus. La arrogancia alegró e invadió a la élite del poder, a tal punto que, otro títere de Uribe, convenció a Duque que era tan joven y capacitado como los que a diario querían, que los escuchara sin lograrlo.

El presidente creyó en la “añeja” adolescencia del minhacienda que le impuso el “eterno”, que “enfrascó” al gobierno en una asfixiante reforma tributaria, fuera de tono, fuera de época, fuera de tiempo, fuera de razón.

Por fortuna el covid no perturbó el cerebro de la población colombiana, que de inmediato se opuso y protestó, mientras Carrasquilla, el de los “bonos de agua”, el que arruinó a 117 municipios y privó de agua potable a millones de colombianos, impuso su voluntad. El presidente, entre tanto, levitaba y tercamente defendía la reforma.

Sin percatarse de la insensatez del minhacienda, la mantuvo. La defendió a morir. Nada movió su voluntad, nada le importó la gente, no escudriño la miseria a donde llevaba a sus conciudadanos, ni siquiera a que lo eligieron.

Fue entonces cuando se desataron las pacificas protestas. Los medios fueron inundados de argumentos ciertos, cabales y proféticos sobre los perjuicios y la ruina de una nación. La obstinación era más poderosa que la razón y fue el acicate que lo condujo a la crisis y a la sin salida. 

Cuántas vidas, cuántos heridos, cuántos desaparecidos, cuántos bloqueos, cuántas pérdidas, cuántas ilusiones y cuántas esperanzas, se hubieran podido salvar, sin la intolerancia de Duque. Aún puede frenar la arrogancia recuperar la razón. 

BLANCO: La llave de salvación que ofrece el Premio Nobel y ex presidente Santos para superar la crisis.

NEGRO: Los humos del “eterno” al negarse a estrechar la mano del Nobel de Paz.

Bogotá, 22 de mayo de 2021

*Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper. 

Por: Robinson Castillo*.- Comenzó conteo regresivo para el M29 de 2022. El último domingo de mayo del próximo año, es el día escogido para asistir a las urnas en la primera vuelta presidencial. Elecciones que podrían cambiarlo todo en Colombia. La Casa de Nariño tendrá un nuevo inquilino.

 El tablero político se podría mover, con el mismo dilema de siempre en cualquier evento electoral: continuidad o cambio. Todo dependerá de la manera en que se resuelva la actual coyuntura de protesta social y el manejo de la pandemia.

Las encuestas no leen la totalidad del sentimiento ciudadano, pero hay que aprender a leer las encuestas. La gente no es tonta, y los que disputarán cada voto, deberán interpretar como nunca, las sensaciones políticas, económicas y en general, el malestar del país. Igualmente, administrar sus propios egos.

Todo apunta a un escenario distinto. Una sociedad cansada, fatigada y desconfiada, planteará unas máximas exigencias frente a las candidaturas, que en su gran mayoría ya están en campaña.

Tendrán el enorme reto de comprender y gestionar de la forma más acertada, ese sentimiento de aburrimiento pandémico. Conectar con estas emociones y revertirlas en respaldo electoral, es una tarea compleja, debido a los múltiples efectos económicos y sociales del inesperado virus.

Actualmente somos testigos de la tendencia de las grandes coaliciones: El Pacto Histórico, La Coalición de la Esperanza y el grupo de los ex alcaldes y ex gobernadores ( aún sin nombre) Pero con repetidos actores de nuestra democracia. Hasta ahora no aparece lo que los técnicos llaman outsiders o en el lenguaje más cotidiano, un gallo tapao.

También varios aspirantes ( ya lo vienen haciendo) se enfocarán en el rechazo a las decisiones del actual gobierno, que por la protesta social se ha desgastado aún más. A medida que se aproxima la fecha de elecciones, más se acentúa el sol a las espaldas del mandatario. Y esto se constituye en buen insumo de contraste de los candidatos de ideología distinta al presidente Duque.

Lo anterior, nos remite a referenciar otro fenómeno que se intensificará muchos más: la polarización. Cualquier opinión se traduce en controversia y discusión. Una sensibilidad que asusta, pues la división es políticamente rentable. La tolerancia está en vía de extinción.

La crispación anula, aplasta y bloquea la conversación política. Las decisiones de la actual negociación con los promotores de la protesta social, será sin duda, otro factor determinante en los comicios presidenciales del 29M de 2022. Desde Chile ya nos hablaron y no fue un mensaje menor.

Aquí más de uno necesita prestar atención al océano de realidad que atraviesa Colombia. Con un agravante, con olas amenazantes. En aguas tranquilas cualquier puede navegar, pero este no es el caso. En una tormenta perfecta, todo es posible, hasta lo impensado.

La pregunta incómoda

¿Ya decidieron su voto para las presidenciales de 2022?

Bogotá, D. C, 22 de mayo de 2021

*Comunicador Social Periodista

Por Paloma Valencia*.- La polarización que no es otra cosa que la pérdida absoluta de confianza en las intenciones de quienes están en una orilla política diferente a la propia. Esa desconfianza empieza a convertir a los adversarios en verdaderos enemigos. Se profundiza y termina así desapareciendo cualquier buena intención de los otros, -que empiezan a catalogarse como malos o inmorales. Se justifican entonces, los ataques cada vez más degradados. Ya no importan los argumentos, simplemente la malquerencia de esas figuras –que ya ni personas.

¿Hay razones para desconfiar? Creo que en Colombia se rompieron los puentes de la comunicación cuando se le hizo conejo al No.  Luego de que ganara el No, se iniciaron procesos de acercamiento con el Gobierno Santos. La idea era lograr un acuerdo con las Farc donde estuvieran recogidos los sentimientos de todos, todos los colombianos. Sin embargo, en mi opinión, el premio Nobel actuó contra los intereses del país. Viendo a Santos derrotado en lo que ellos consideraban una buena causa, decidieron los noruegos, suplir la falta de respaldo popular con ese premio. Y tuvo efectos; Santos abandonó el dialogo con los del No, y con el respaldo internacional del Nobel aceleró el paso, y firmó prácticamente el mismo acuerdo y lo sacó a empellones en el Congreso.

Se rompió el dialogo, se rompió la confianza y no sólo eso; empezaron a decir que el No había ganado con trampa. Las diferencias se convirtieron en abismos que nos separaron. Ganó otra vez el No la Presidencia con Iván Duque. Un presidente joven que intentó desde el primer momento dejar la polarización atrás. Varios de los funcionarios de Santos y de sus políticos han sido consentidos de este gobierno. Sin embargo, esos gestos sirvieron poco. La polarización ya no fue con todos los electores de Santos, sino con aquellos de la extrema izquierda.

Aparecieron polarizadores. Promueven esa distancia y la exageran para poder afianzar que no es solo una diferencia ideológica, sino que reviste asuntos de fondo: son malos. Presuponen malas intenciones. Frases como Uribe mando a masacrar a los jóvenes o Duque mando a matar a los protestantes, dichas por un senador como Gustavo Petro  son apenas la muestra. Me siento sumida en esta misma polarización. Colombia está incendiada. Una cosa son las diferencias ideológicas, y otra las campañas de odio. Creo que deberíamos dejar por fuera del debate –por difícil que sea- la intenciones que finalmente no conocemos.

Hay asuntos que podemos considerar convenientes o inconvenientes para Colombia, pero hoy la reactivación económica es necesaria para mantener el empleo, crearlo y poder superar la pobreza. Esa debería ser la causa común. No más bloqueos, no más destrucción.

Todos los colombianos rechazamos cualquier abuso de la Fuerza Pública, por supuesto. Sin embargo, al parecer sólo algunos, creemos que la Fuerza Pública tiene derechos humanos; sólo algunos buscamos que tengan presunción de inocencia y que sean juzgados de acuerdo al debido proceso. Otros parecen condenarlos sin formula de juicio y como cuerpo. Sólo algunos les agradecemos su labor, y celebramos que continúen. Otros creen que tienen derecho a maltratarlos.

¿Sólo algunos vemos el daño que este paro le está causando a Colombia? Este paro de bloqueos y vandalismo otra receta para materializar lo mismo que hizo Chávez en Venezuela: destruir el sector productivo. No podemos permitirlo. Este país no merece vivir, como Venezuela, el hambre, el desempleo y la pobreza. Le pedimos el Gobierno el ejercicio de la autoridad sujeta a los derechos humanos, y el liderazgo para defender lo que es un derecho de todos: la seguridad, la movilidad y la libertad de empresa.

Bogotá, D. C, 22 de mayo de 2021

*Senadora del Partido Centro Democrático