Opinión
“En Colombia, se han planteado soluciones para generar ingresos sostenibles, como los pagos por servicios ambientales y los programas de desarrollo alternativo, pero han sido insuficientes”.
Por Mauricio Cabrera Galvis*. - ¿Qué pasa cuando la protección de biodiversidad entra en conflicto con derechos o necesidades de particulares? No es una pregunta retórica sino que es la cuestión que está detrás de los paros de campesinos y mineros en Caldas, Antioquia y en el páramo de Santurbán.
No es una pregunta fácil de responder. Todos estos campesinos viven de actividades que afectan ecosistemas frágiles o que son indispensables para la conservación de fuentes de agua. El mismo dilema se enfrenta cuando colonos talan bosques en la Amazonía para sembrar coca porque es la única fuente de ingresos que tienen para alimentarse.
Para los campesinos y mineros es una cuestión de supervivencia, pero también lo es para los millones de colombianos que dependen del agua de los páramos, como es el caso de Santurbán. En el mediano plazo también está en juego la supervivencia de toda la humanidad que depende de la biodiversidad para subsistir. ¿Cómo resolver el dilema?
El punto de partida es reconocer que la protección de biodiversidad cuesta mucho dinero. Para resolver el dilema es fundamental incluir incentivos económicos efectivos, pues la conservación de la biodiversidad no puede lograrse sin tomar en cuenta las necesidades de los campesinos.
En Colombia, se han planteado soluciones para generar ingresos sostenibles, como los pagos por servicios ambientales y los programas de desarrollo alternativo, pero han sido insuficientes, en parte por mala ejecución, pero sobre todo por falta de recursos. En 2024, el presupuesto asignado a la protección de la biodiversidad en Colombia representa menos del 0,5% del PIB, una inversión insuficiente frente al costo que representa la restauración de ecosistemas degradados y la necesidad de alternativas reales para campesinos y mineros.
En la COP 16 se están buscando compromisos de movilización de recursos internacionales para financiar la conservación de la biodiversidad como los Pagos por servicios ecosistémicos, que según la FAO podrían generar hasta USD 2.000 millones anuales para América Latina, o el Fondo Verde para el Clima que aspira canalizar hasta USD 100.000 millones para apoyar proyectos de mitigación y adaptación. Colombia debe aprovechar esta oportunidad, pero para ello debe presentar proyectos bien estructurados, con resultados medibles en términos de conservación o restauración de ecosistemas.
ADENDA 1: Cualquier solución que se busque para los derechos de campesinos y mineros debe partir del respeto a los derechos del resto de los colombianos, a los que no pueden someter a bloqueos que les impiden trabajar, o cortan el suministro de alimentos a las ciudades.
ADENDA 2: Las víctimas de un cura abusador merecen justicia y reparación. Lo que no es aceptable es que, diez años después de muerto el pederasta, la busquen inculpando a una persona como el jesuita Francisco de Roux -que ha dedicado su vida a defender a todas las víctimas- por no haber denunciado a la fiscalía al victimario, máxime cuando las víctimas y sus familias estaban obligadas a denunciarlo y no lo hicieron.
Cali, 26 de octubre 2024
*Filósofo y Economista. Consultor.
“Solo nos queda solicitar que ciertos líderes, frenen sus impulsos y delirios para perpetuarse, y piensen en su gran responsabilidad frente a quienes los eligieron o respetaron las decisiones de las urnas”.
Por Gabriel Ortiz. - El líder dijo que Bogotá moriría de sed, que todos sus 8 millones de habitantes tendrían que evacuar para salvarse y que se acabarían las tradicionales manifestaciones contra los golpes blandos e investigaciones de topes electorales. Así dejó plasmado el apocalipsis que caerá sobre la capital. Y advirtió ser dueño de toda la información que mostraba en marzo del 25 a una ciudad muriendo de sed.
El solo anuncio del líder dio origen a la proliferación de compraventa de inmuebles, negocios y posibilidades de inversión. Bogotá, tuvo la peor noche y madrugada que se conozca después del 9 de abril del 48. Muchos de sus habitantes entreabrieron sus ventanas para observar a los soldados sacando a toda la población de sus residencias. Pensaban con pánico el lugar al que los llevarían, sin permitirles cargar una mísera botella de agua.
Entre tanto los medios matinales de comunicación trataban de calmar a 8 millones que aún estaban arropados en sus camas esperando la hecatombe que su líder los había amenazado esa noche del martes 22, a través de un encrespado y delirante discurso ante un planeta reunido en Cali para defender la biodiversidad, pero con el propósito de salvar a la humanidad.
El alcalde de la metrópoli Carlos Fernando Galán, intentó apaciguar y evitar el pánico entre sus súbditos, más el líder, y sus entorpecidos seguidores fortalecían la pronosticada amenaza de la peor sequía en la historia de la capital. Veían un desierto extendido por toda la sabana y creían que había llegado el Putín, que destruyó a Ucrania.
El daño ya estuvo hecho: Bogotá agonizará de sed y la polvareda sepultará lo que antes fue la fértil y pujante capital de Colombia y Atenas Suramericana.
Por fortuna el alcalde Galán, con toda tranquilidad y fortaleza, derrumbó las falsas tesis de Petro sobre la catástrofe que sepultará a la capital.
Hoy la humanidad soporta un clima endemoniado que inunda, o limita las lluvias en muchas regiones del mundo. Pero eso cambiará, y sería catastrófico crear pánico con supuestas emergencias, cuando existen cambios climáticos, controles y descubrimientos para obtener el precioso líquido.
Las aguas lluvias se pueden aprovechar, como ocurre en multitud de ciudades, pueblos y regiones. La sabana de Bogotá fue una laguna y en su subsuelo existe agua abundante. Galán, no ha descuidado el tema, trabaja, analiza y cuenta con apoyos técnicos y modernos para evitar la hecatombe, calamidad o infortunio profetizados.
Bogotá, seguirá su progreso, su pujanza y su fortaleza. Quienes pensaron en abandonarla, o colocar en venta sus propiedades, aquellos que se sienten acosados, deben recuperar la confianza, e inclusive salir a las calles y plazas para protestar por el golpe, no blando, que quisieron aplicarle a la capital.
Claro que hay quienes recuerdan a cierto alcalde, que entró en pánico por una crisis con las basuras y se apresuró a comprar camiones usados, viejos y costosos, que inclusive llegaron repletos de desperdicios neoyorkinos.
Solo nos queda solicitar que ciertos líderes, frenen sus impulsos y delirios para perpetuarse, y piensen en su gran responsabilidad frente a quienes los eligieron o respetaron las decisiones de las urnas.
¡Bienvenida querida Bogotá pujante y triunfante!
BLANCO: Valiosa posición de 120 congresistas para evitar que la reforma a la justicia beneficie a los violadores y asesinos de nuestros niños.
NEGRO: Ojo con darle más autonomía y recursos a los departamentos, se puede generar una inatajable politiquería.
Bogotá, D. C, 25 de octubre de 2024
*Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.
“Recordemos que la justicia debe ser oportuna. La justicia tardía equivale casi siempre a una injusticia”.
Por José G. Hernández*. -No sería lo mejor para nuestra administración de justicia, ni tampoco para la vigencia de una genuina democracia, la propuesta que circula en medios y redes -pero que, hasta donde sabemos, no es una propuesta oficial del Gobierno-, con miras a modificar la Constitución para plasmar en Colombia, como se ha hecho en México, la elección popular de jueces y magistrados.
Reiteramos que ese sería un retroceso en la vida institucional de la República porque, además de sustituir en la materia la Carta Política de 1991 -función que no tiene el poder de reforma-, implicaría la politización de la justicia y, por tanto, la pérdida de características que en el pasado han enaltecido a la Rama Judicial, tales como la independencia, la imparcialidad, la objetividad, la transparencia, la preparación, la trayectoria y el conocimiento de los llamados a ejercer esa sagrada función.
Tradicionalmente, con muy contadas excepciones -como el vergonzoso “cartel de la toga”-, la administración de justicia ha respondido a tales exigencias, y, a lo largo de nuestra historia, son muchos los ejemplos de jueces, magistrados y fiscales probos, insobornables y conocedores del Derecho.
Pero también es necesario reconocer que, en la actualidad, al menos una parte de la administración de justicia -especialmente en el campo penal- es tardía; prolonga excesivamente el trámite de los procesos. Recordemos que la justicia debe ser oportuna. La justicia tardía equivale casi siempre a una injusticia.
Otros jueces admiten argucias y patrañas de los defensores, lo cual facilita que tenga lugar el vencimiento de términos. A ello se agrega que, aplicando normas excesivamente tolerantes, muchos jueces suelen conceder con gran facilidad el beneficio de la detención domiciliaria y la casa por cárcel.
Entonces, con una frecuencia que va en aumento -para mal de nuestra sociedad- ocurren hechos tan graves y dolorosos como el asesinato de la niña Sofía Delgado, en el municipio de Candelaria -Valle del Cauca-. No es el único caso. Prácticamente a diario, en distintas ciudades del país, nos enteramos de la comisión de delitos contra los menores de edad: acoso, secuestro, violencia sexual, maltrato y homicidio.
No es extraño que tan peligrosos delincuentes -como el confeso asesino de Sofía-, con antecedentes en esa actividad delictiva, anden libres, por vencimiento de términos, o hayan recibido el beneficio de la casa por cárcel.
Todo ello es inaudito. Es impunidad. Justicia a favor de los delincuentes, en perjuicio de los derechos fundamentales de los niños, que la Constitución proclama como prevalentes, pero cuya protección se sacrifica, en la práctica, ante discutibles derechos de aquéllos.
Tan alarmante situación corresponde a lo que la jurisprudencia señala como estado de cosas inconstitucional.
Ya que el Gobierno, la Corte Suprema y la Fiscalía han presentado un proyecto de reforma, el Congreso debería ocuparse en su trámite y examen con la mira puesta en un concepto de verdadera justicia, oportuna y eficaz, como lo estatuye el artículo 228 de la Constitución, que signifique un permanente y genuino amparo de los derechos de los niños. No con más beneficios, ventajas, rebajas de penas, ni principios de oportunidad para los delincuentes sexuales, como lo contempla algún "mico" en dicha iniciativa.
Bogotá, D. C, 24 de octubre 2024
*Expresidente de la Corte Constitucional
“Ojalá la proclama final de la COP16 incluya un llamado mundial por la defensa de la vida de quienes defienden la vida y son exterminados en medio de la mayor impunidad”
Por Hubert Ariza* - La guerra en Colombia siempre ha estado teñida de horror y sangre, un arcoíris de dolor ha dominado el horizonte por décadas y dejado una estela de muertes, desaparecidos, desplazados, fosas comunes, falsos positivos, víctimas anónimas y mártires. Y, también, acuerdos de paz, unos cumplidos a cabalidad, en la década del noventa del siglo pasado, y otros, languidecidos en el tiempo, firmados hace apenas unos años, después de un mar de euforia, esperanzas y océanos de titulares.
Hoy esa guerra tiene un tono plateado, producto de destellos de bombardeos e intensos combates en medio de las montañas del departamento del Cauca, dominadas durante décadas por las guerrillas de las FARC, primero, y ahora por las disidencias de esa organización, comandadas por Iván Mordisco. Allí también hacen presencia el ELN y el Clan del Golfo, que sobreviven gracias a la minería criminal, la extorsión, el secuestro y el negocio de la coca.
La actividad criminal ha sido abonada con plomo, mercurio y sudor de milicianos enmontados que han oprimido a las comunidades ancestrales y desafiado la democracia, el Estado y la política de paz total del presidente Petro, quien contradice con autoridad y sensatez el llamado de quienes buscan devolver el péndulo de la historia a los años de guerra total, tierra arrasada, cero negociaciones de paz y falsos positivos.
Tras casi siete décadas, el conflicto armado interno en Colombia no encuentra el punto de cierre definitivo y, por el contrario, se transforma de manera permanente, encontrando la forma de resistir y mutar a nuevos estadios de horror y sufrimiento, reclutando nuevos guerreros, mientras surgen nuevos liderazgos que amenazan el futuro de la democracia, con ejércitos privados, señores de la guerra, narrativas para justificar en nombre del pueblo la opresión de la población, el control de los territorios, la supresión de la democracia, la imposición de regímenes de terror y desafío al Estado.
A pesar de muchos esfuerzos, Colombia sigue siendo laboratorio de guerras, en un mundo en erupción que tiene puestos los ojos en Ucrania o Gaza. Es, además, una nación con una geografía bendecida con recursos naturales y una población resiliente, que no se rinde ante la adversidad e insiste, sin miedo, en defender la democracia del asalto permanente de la ilegalidad y el odio.
La recuperación por la legalidad del corregimiento de El Plateado, en el corazón del Cañón de Micay, zona estratégica que conduce al litoral Pacífico, es la respuesta del presidente Petro al desafío de una guerrilla desideologizada y desconectada de la población urbana, incapaz de ganar la guerra o lograr la paz, dedicada a las economías ilegales, que ha cruzado todas las líneas rojas y despreciado la mano tendida del Estado, no una, sino muchas veces, cuyo único norte pareciera permanecer en el tiempo echando plomo y mercurio a los ríos, destruyendo la naturaleza, matando el mañana, sin posibilidad alguna de derrotar al Estado.
En El Plateado, el presidente ha lanzado una ofensiva militar de recuperación de ese territorio, olvidado por otras administraciones que dejaron crecer el problema hablando de victorias militares sin llegar con ayuda real a la población. Petro envió una avanzada del más alto nivel gubernamental para llevar una oferta institucional de transformación social. Se trata, como lo pidió durante años la sociedad civil, de que el Estado llegue a donde no ha estado, y su presencia no sea una foto que se borra a los pocos días, sino un hecho contundente que cambie la vida de las personas, con hospitales, escuelas, carreteras y oportunidades.
El clamor hoy de la sociedad civil que cree en la paz es que El Plateado deje de ser un enorme laboratorio de guerra y destrucción y se transforme en un laboratorio de vida, donde garantizar que siempre habrá semilla para revivir la democracia.
No es una tarea sencilla. Es una misión compleja, de largo aliento, que demanda inteligencia, coraje y enorme esfuerzo fiscal, para redireccionar recursos nacionales y regionales, y coordinación interinstitucional en el que se escuche y valore la voz de las autoridades regionales y las organizaciones sociales. El reto es lograr que un Estado investido de autoridad, pero también de solidaridad, democracia e institucionalidad llegue a territorios dominados por la incertidumbre de la guerra. Un Estado justo que libere, no que oprima con el fuego y la desconexión con las comunidades, como ocurrió durante décadas en que se creyó en teorías revaluadas de lucha contra el terrorismo y el enemigo interno.
Colombia tiene hoy la oportunidad de consolidar una nueva estrategia para ganar territorio para la vida, la libertad y la democracia. Aplicar el Plan Nacional de Desarrollo, llevar a las regiones su mandato, llegar con una escuela, un hospital, una carretera, un camino vecinal, un escenario deportivo, un espacio lúdico será un argumento poderoso en la transformación de la vida de los jóvenes a quienes atrae el destello plateado del dinero fácil, el poder transitorio de las armas, y las balas de plata que matan la esperanza y se roban el mañana. Un joven con oportunidades que ve transformar su territorio no será carne de cañón de guerras fracasadas.
Con la ofensiva en El Plateado, además, el Gobierno le ha quitado la almendra a la narrativa de la oposición más radicalizada, según la cual Petro, el firmante de paz que mantiene en alto la bandera del M-19 y la proclama de la lucha por el poder, desafiando la ofensiva de un golpe de Estado y del lawfare, está al servicio de la ilegalidad, mantiene a la fuerza pública con las manos atadas y las disidencias son jefes de debate de la eventual reelección del proyecto político petrista.
La estrategia militar en marcha, asimismo, tiene un enorme componente político. Un cambio de doctrina. No se trata solo de combatir y reducir la capacidad de daño de las disidencias y los carteles de droga, golpear su infraestructura económica y fuentes de financiación, y demostrar que el Estado es capaz de llegar a cualquier rincón de la geografía porque no hay zonas vetadas por la ilegalidad, sino de liberar, además, a las comunidades del yugo opresor de los fusiles de la criminalidad organizada, que suplantan los liderazgos sociales, asesinan a quienes contradicen sus órdenes o defienden su territorio. Se trata, en esencia, de llevar la Constitución en donde rige un orden de sumisión e irrespeto a los derechos humanos, instrumentalizando a las comunidades.
Esta nueva página del conflicto armado y la consolidación del territorio se da, además, cuando Colombia es anfitriona en Cali de la más importante cumbre ambiental del planeta y ratificará su liderazgo en la construcción de una agenda global que garantice minutos extra en el reloj que marca la existencia del hombre sobre la tierra.
La COP 16 será escenario para ratificar el compromiso del Gobierno nacional con la paz con la naturaleza y en defensa de la vida de las especies, pero ojalá también lo sea para que se comprometa y logre recursos de cooperación internacional para garantizar la vida de los lideres ambientales, que son en su gran mayoría las víctimas de la acción de los grupos armados ilegales.
Ojalá la proclama final de esa cumbre incluya un llamado mundial por la defensa de la vida de quienes defienden la vida y son exterminados en medio de la mayor impunidad sin que se escuche el coro “nos están matando”. La agenda verde reverdece en un país que urge superar 70 años de un conflicto armado plateado que hiede y duele.
Bogotá, D. C, 20 de octubre 2024
*Periodista, internacionalista y analista político.
Tomado de EL País.
“La tragedia de Sofía debería ser un grito desgarrador que nos despierte de nuestra indiferencia”.
Por Cristina Plazas Michelsen*. - Me alarma profundamente que tantas personas se sorprendan con el brutal asesinato de la niña Sofía Delgado. ¿En qué país viven? ¡Despierten! A diario, miles de niños en Colombia son víctimas de crímenes atroces, muchos incluso más graves, y la mayoría permanece invisibles. La indignación parece surgir solo cuando un caso recibe amplia cobertura mediática, mientras que la violencia cotidiana contra los menores de edad permanece en las sombras. Esta indiferencia colectiva es un reflejo de una sociedad enferma que ha fallado en lo más esencial: proteger a sus niños.
Según el boletín estadístico del ICBF, en 2023 un total de 69.660 niños, niñas y adolescentes se encontraban en Procesos de Restablecimiento de Derechos (PARD), siendo las principales causas la omisión o negligencia, con 18.523 casos, y la violencia sexual, con 18.420. En el periodo de enero a agosto de 2024, Medicina Legal reportó 375 menores asesinados, 11.871 casos de presunta violencia sexual documentados en exámenes médicos forenses; y 183 suicidios.
Estas cifras no son solo números; representan vidas y familias destruidas. Como sociedad, estamos fallando estrepitosamente. La falta de protección, de políticas efectivas y de un sistema de justicia que garantice la seguridad de nuestros niños y adolescentes no puede seguir siendo ignorada. El feminicidio de Sofía es un reflejo de esta crisis y de nuestra incapacidad para cuidar a nuestros niños. Peor aún, parece que nuestras políticas públicas no están diseñadas para protegerlos de manera efectiva. Los discursos vacíos y las condolencias oficiales no son suficientes. No podemos seguir conformándonos con promesas vagas; es urgente actuar ya.
Primero, el Estado debe fortalecer sus instituciones, pero no de la forma superficial que ha caracterizado los últimos años. Hablo de la creación de unidades especializadas en cada entidad territorial, integradas por profesionales que trabajen de la mano con los defensores y comisarios de familia y la fiscalía, pero con una capacidad real de acción preventiva. No se trata solo de reaccionar ante una tragedia, sino de anticiparla.
En segundo lugar, es urgente rediseñar la política de protección infantil para que esté basada en la realidad de nuestra población. ¿Cómo es posible que aún dependamos de mecanismos de denuncia que se pierden en la burocracia? Necesitamos un sistema de monitoreo en tiempo real, utilizando geolocalización y plataformas accesibles que permitan intervenir en situaciones críticas con rapidez. Es hora de integrar las tecnologías más avanzadas en este esfuerzo. La inteligencia artificial y el big data deben ser herramientas esenciales para el rastreo de denuncias y la detección de patrones de riesgo. Al cruzar información de organismos como el ICBF, hospitales y la policía, podríamos generar alertas automáticas y evitar que los casos más graves pasen desapercibidos.
Es urgente implementar programas de escuela de padres que fortalezcan el papel de la familia en la educación y protección de los niños, ya que la familia es el núcleo de toda sociedad. No entiendo cómo este no es el programa más importante del país; solo fortaleciendo a la familia podremos alcanzar la paz que tanto anhelamos.
La comunidad también debe jugar un rol activo. Pero aquí no hablo de campañas de sensibilización vacías. Es necesario involucrar a líderes locales y comunitarios en programas obligatorios de formación. Convertirlos en “guardianes locales” capacitados para detectar signos de abuso infantil y violencia de género lo que podría ser clave para una vigilancia efectiva en lugares donde el Estado no llega con facilidad. Incluso, podríamos pensar en incentivos económicos para aquellas comunidades que demuestren implementar con éxito sistemas de protección efectivos.
Por otro lado, las políticas que no funcionan deben ser revisadas y ajustadas en tiempo real. Para eso necesitamos auditorías independientes y regulares que evalúen el desempeño de nuestras instituciones de protección infantil. Estas auditorías deben ser públicas y, lo más importante, vinculantes.
Además de esto, se necesita abordar el tema de salud mental. El gobierno está destruyendo el sistema de salud en lugar de enfocarse en lo que realmente es uno de los problemas más grandes que enfrenta Colombia y el mundo: la salud mental. Millones de personas siguen sufriendo en silencio por la falta de atención adecuada. Hay una escasez alarmante de psiquiatras, especialmente infantiles, y la situación empeora cuando hablamos de la falta de especialistas en trauma, algo crucial en un país con un largo historial de violencia y conflicto.
La tragedia de Sofía debería ser un grito desgarrador que nos despierte de nuestra indiferencia. Si el gobierno no destina los recursos necesarios y no tiene la voluntad política para articular una política pública que involucre a la familia y la sociedad, seguiremos llorando muertes, violaciones, suicidios y el reclutamiento de nuestros niños. No podemos permitir que la tragedia se repita; es hora de exigir un cambio real.
Adenda: El presidente Petro deja claro que su defensa de los derechos de las mujeres es selectiva y oportunista. Mientras exige la renuncia del magistrado Lorduy, mantiene en su administración a funcionarios con denuncias similares. Esta instrumentalización de las denuncias de violencia de género resulta cínica y socava la lucha por la igualdad y el respeto.
Bogotá, D. C, 20 de octubre de 2024
*Abogada de la Universidad Javeriana con una especialización en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario.
“Ni el Ministerio, ni el gobierno, ni el país reconocen que la selva está siendo talada por el narcotráfico, y que meter vacas en esos parches -eso no es ganadería- es una manera de lavar el delito y desviar la mira del verdadero culpable”.
Por José Félix Lafaurie Rivera*. -El gobierno Petro levantó la bandera ambiental, incluso ante el mundo, con un reduccionismo que aplaude la galería y espanta a sectores informados: Si no descarbonizamos el planeta, la vida se extingue; una verdad a medias que convirtió a los combustibles fósiles en objetivo central y a ¡la ganadería! en otro gran enemigo de la naturaleza, con ataques que, como presidente de FEDEGÁN, no puedo dejar pasar.
Hoy el país está en modo ambiental, una de esas causas buenas, como la paz, que la izquierda convierte en narrativas populistas fáciles de asimilar y, por eso mismo, difíciles de rebatir sin ser estigmatizado como enemigo, de la naturaleza en este caso, o de la paz, como sucedió en el gobierno Santos con medio país.
El gobierno Petro levantó la bandera ambiental, incluso ante el mundo, con un reduccionismo que aplaude la galería y espanta a sectores informados: Si no descarbonizamos el planeta, la vida se extingue; una verdad a medias que convirtió a los combustibles fósiles en objetivo central y a ¡la ganadería! en otro gran enemigo de la naturaleza, con ataques que, como presidente de FEDEGÁN, no puedo dejar pasar.
Es inadmisible que el Ministerio de Minas lance una campaña de publicidad negra, acusando a la ganadería de la deforestación amazónica y de generar el 18% de los Gases Efecto Invernadero, para rematar con un consejo: ¿Realmente necesitas comer carne todos los días?
Se le olvida al Ministerio que 600.000 ganaderos, en medio del abandono y la violencia, producen carne para alimentar al país y venderle al mundo, y que su “consejito” representa la quiebra y la pobreza de muchos.
No repara en que esos parches de selva talada son la negación de la ganadería como actividad económica. ¿A quién le vendo la leche?, ¿cómo llevo el ganado a sacrificio? Ni el Ministerio, ni el gobierno, ni el país reconocen que la selva está siendo talada por el narcotráfico, y que meter vacas en esos parches -eso no es ganadería- es una manera de lavar el delito y desviar la mira del verdadero culpable.
No se preocupó el Ministerio por informarse. Según la FAO, todos los sistemas pecuarios representan alrededor del 12% de las emisiones de GEI, y la ganadería bovina el 62% de ese 12%, lo que equivale al 7,44%, pero si se trata solo de “las culpas de la vaca”, habría que descontar más, pues la cifra incluye emisiones de otras actividades en finca y de la cadena, como producción de alimentos y transporte.
Habría sabido que el sector ganadero es de los pocos que puede captar más carbono del que emite, a partir de Sistemas Silvopastoriles, algo que conozco por experiencia y que invito al ministro a conocer, en una finca en el Cesar que, al capturar 7 toneladas de carbono ha/año, no es siquiera neutra, sino negativa en emisiones de GEI.
Habría conocido el ministro que Fedegán y Colombia ostentan una posición destacada en el desarrollo de sistemas ganaderos sostenibles; y que hemos pedido apoyo a los gobiernos para establecer un millón de hectáreas en sistemas silvopastoriles, lo que sería una gran revolución ganadera y ambiental.
Bogotá, D. C, 20 de octubre 2024
*Presidente de FEDEGAN.
“Las prioridades de Colombia no deben estar en la reducción del uso de hidrocarburos (aunque en carbón si se debe hacer un esfuerzo), y mucho menos en su producción, sino en la protección de la biodiversidad”.
Por Mauricio Cabrera Galvis*.- La protección de la biodiversidad y la descarbonización son dos políticas indispensables en la lucha contra el cambio climático, pero tienen enfoques y objetivos distintos. La primea es el tema de la COP 16 que empieza esta semana en Cali, y la segunda se debatirá en la COP 29 que se celebrará en Azerbaiyán el próximo mes de noviembre. Entender las diferencias entre estas dos políticas es fundamental para saber cuál debe ser la prioridad de Colombia.
La descarbonización se refiere a la reducción de las emisiones de dióxido de carbono (CO₂) y otros gases de efecto invernadero (GEI) provenientes del uso de combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas natural), para limitar el calentamiento global. La transición energética es una estrategia de descarbonización.
Por su parte, la protección de la biodiversidad se centra en la conservación y restauración de los ecosistemas naturales, que desempeñan un papel crucial en la regulación del clima. Los bosques, los océanos y otros ecosistemas capturan y almacenan grandes cantidades de CO₂, lo que ayuda a mitigar el cambio climático. Acabar con la deforestación de la Amazonía es una estrategia de defensa de la biodiversidad.
Las emisiones de CO₂ son la causa principal del calentamiento global, por lo que su reducción debe ser la prioridad de las políticas mundiales. Como el 55% de las emisiones de GEI en el mundo provienen del uso de combustibles fósiles, sustituirlos por fuentes de energía renovables es un imperativo para todo el mundo si se quiere evitar la catástrofe ambiental. Este será uno de los temas de la COP 29.
Sin embargo las prioridades de Colombia no deben estar en la reducción del uso de hidrocarburos (aunque en carbón si se debe hacer un esfuerzo), y mucho menos en su producción, sino en la protección de la biodiversidad, por varias razones.
Primera porque Colombia solo emite el 0.21% de los GEI, y de estos solo el 30% proviene del uso de hidrocarburos de manera que así se lograra reducir a la mitad su uso, el impacto sobre las emisiones mundiales de GEI sería ínfimo, solo el 0.01%. Segunda, porque el país necesita los recursos provenientes de las ventas de petróleo y carbón al resto del mundo para su balanza de pagos y para financiar al Estado y la transición energética.
Pero la razón principal es que Colombia tiene el 10% de la biodiversidad del mundo, y la estamos acabando. De hecho el 54% de la emisión de GEI en Colombia proviene del mal uso de las tierras agrícolas y la deforestación. En el primer semestre de este año las motosierras asesinas destruyeron más hectáreas de bosque que todo el año anterior. La preservación de este patrimonio natural tiene un impacto directo sobre sectores como el turismo o la agricultura sostenible, pero además contribuye a capturar grandes cantidades de CO2. Además hay países y empresas dispuestos a pagarnos por preservar nuestra enorme biodiversidad. La COP 16 debe servir para fortalecer esta estrategia.
Cali, 20 de octubre de 2024
*Filósofo y Economista. Consultor.
“Lo que el país quiere, es una aclaración satisfactoria de lo ocurrido con esos dineros”.
Por Gabriel Ortiz*. - La violación de los topes, por parte de la campaña del hoy presidente Petro, continúan siendo investigados de acuerdo con los mandatos de la constitución y enfrentando la arrogancia, los embustes, trolas y mentiras de los implicados.
El Consejo Nacional Electoral, conformado por personas integras, capaces y ejemplares, ha adelantado su trabajo ajustándose a las normas que señala la ley. Solicitaron pruebas, informaciones y análisis de lo ocurrido en las elecciones que llevaron al solio de Bolívar al actual mandatario. Sabían que todo debía quedar aclarado, para establecer las sanciones de quienes manejaron los dineros de la campaña, como ha ocurrido en debates anteriores.
Igualmente actuaron con rectitud y respeto, que permitieran aplicar, si era el caso, un castigo únicamente monetario al ganador de la elección. De ahí en adelante todo corresponde a la que algunos califican como Comisión de “Absoluciones” y al Congreso.
Ha quedado establecido que los topes fueron violados por la campaña electoral del ganador, pero solamente en 5.300 millones de pesos… nada más. Para la población colombiana, para los entendidos y expertos en comicios, es una suma que permite hacer cuanta maraña, compra, trampa o picardía exista en materia electoral.
Lo que el país quiere, es una aclaración satisfactoria de lo ocurrido con esos dineros. El mandatario ha entrado en pánico, sin necesidad. Solo se requería identificar su procedencia y las razones que existieron para volarse los límites.
Han llegado amenazas por Petro y el “petrismo”: golpe blando, asesinato del mandatario, victimización, llamado a los embajadores de la comunidad internacional, para “denunciar” cuanto atropello esperan.
Pero ¿quién lo creyera”, ha buscado a Venezuela y a Maduro para su defensa. El violador de topes, falsedad y asalto electoral, ha ofrecido a Caracas como sede de un supuesto tribunal que buscará soluciones a la presunta “crisis que existe en Colombia”. Ojalá llegara con las actas de los comicios que eligieron a Edmundo González a la presidencia de Venezuela.
El presidente Petro busca por todas partes quien o quienes lo saquen del embrollo, acudiendo a formulas extremas que pueden incendiar al país. Llama a repletar plazas y calles con sus huestes, sin mirar lo que pueda ocurrir.
No requiere tales maromas para salir de apuros. Simplemente basta con explicar con certeza la violación de los topes. Son solo 5.300 millones.
BLANCO: El lunes el mundo entero mirará a Colombia, durante la “Cop 16 de biodiversidad”, el encuentro mundial para salvar la naturaleza. Allí se analizará todo lo que esta pasando en este planeta para destruirlo. Cali, este país y el mundo en general, tendrán la oportunidad crear las barreras que nos lleven a proteger el bosque amazónico. Los traficantes de este país y de diferentes áreas han destruido la naturaleza. Casi no hay rio que escape al mercurio ni selva al hacha.
NEGRO: Agoniza “La Vorágine”, el medio de comunicación que valientemente se ha enfrentado al paramilitarismo y al narcotráfico. El colega Nicolás Sánchez, su director ha sido el número 164 en recibir amenazas este año en Colombia. Así no se mata la verdad.
Bogotá, D. C, 17 de octubre de 2024
Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.
“¿Conviene regular el papel del dinero? ¿Se puede permitir que los más ricos, empresas, sindicatos o personas monopolicen las contribuciones en dinero a los candidatos o partidos políticos?”
Por Fernando Cepeda Ulloa*. - El tema de la utilización del dinero en la vida política es de vieja data y ha tenido desarrollos y retrocesos en su tratamiento. Siempre ha sido una cuestión que genera, no digamos ya debates serios, sino todo tipo de suspicacias, malentendidos, y manipulaciones.
En los Estados Unidos, donde el tema ha sido muy estudiado, existen varias fundaciones que no hacen nada diferente a buscar un mejor entendimiento de las leyes que han regido y rigen este tema tanto en ese país como en otras regiones. Existe amplia literatura al respecto. Y hay todo tipo de propuestas para lograr un mejor manejo de la relación entre el dinero privado, el dinero público, y la vida política.
En esta ocasión, y dado lo que está ocurriendo en Colombia y para ayudar a un mejor entendimiento de la cuestión, en breves líneas voy a explicar lo que creo que es la esencia de este problema. La pregunta fundamental es como se debe financiar la vida política y, en particular, las campañas presidenciales y las demás. ¿Cuál es el papel del Estado? ¿Cuál es del sector empresarial? ¿Cuál el de las personas jurídicas? ¿Cuál de los ciudadanos? ¿Cuál el de entidades extranjeras (países, empresas, ciudadanos extranjeros, fundaciones etc.)?
¿Conviene regular el papel del dinero? ¿Se puede permitir que los más ricos, empresas, sindicatos o personas monopolicen las contribuciones en dinero a los candidatos o partidos políticos? ¿Se puede permitir que el dinero de los sectores más pudientes sea el preponderante en la financiación de la vida política? ¿Se puede aceptar, por ejemplo, que un gobierno extranjero financie una campaña presidencial en Colombia? ¿O que lo haga la mujer o el hombre más rico del mundo? Y así podríamos continuar interrogantes más generales o más precisos.
No es la primera vez que se indaga sobre una campaña electoral.
La democracia tiene que preservar el papel de cada ciudadano en la vida política, particularmente, en este caso, en el proceso electoral. Ha sido una lucha milenaria obtener que cada ciudadano obtenga un voto y que ello sea igual para todos no importa su riqueza, conocimiento, origen social, raza, religión etc. Se ha luchado por obtener la igualdad del voto, su secreto, su libertad, y lo propio se ha hecho para lograr que todos los sectores formen parte del electorado a partir de cierta edad que se ha venido ampliando, vamos en los 18 años.
Semejante lucha supone que no hay un factor que altere significativamente ese ideal de igualdad. Sin embargo, el dinero es uno de esos probables factores. Y por ello los países se toman el trabajo de regular el papel del dinero. Y se crean instituciones que vigilen la vigencia de esas regulaciones para que ellas no sean de mentiras. Ese es el papel que cumple un Consejo Nacional Electoral, cualquiera que sea el nombre que se le asigne en cada país. Sus tareas: proteger la igualdad en el ejercicio del voto, su pureza, transparencia e integridad. Es un trabajo que todavía se sigue realizando a nivel mundial para corregir fallas y errores en la arquitectura del proceso electoral. Y existen organizaciones internacionales que vigilan el ejercicio electoral, como lo estamos viendo en el caso de Venezuela, por ejemplo, con la respetada organización Carter.
Si no existieran esas regulaciones y las instituciones que protegen su vigencia, la desigualdad en el ejercicio del voto sería descomunal y lo que predominaría sería lo que alguna vez López Michelsen denominó "la dialéctica de las chequeras".
El tema se ha prestado para todo tipo de escándalos en muchos países. Y eso no ayuda a la democracia porque se pierde la confianza en la política y en sus instituciones.
Bogotá, D. C, 15 de octubre de 2024
*Analista Político, Catedrático. Exministro de Estado
“Está muy bien que, por iniciativa del actual Gobierno, se adelante un proceso legislativo orientado a devolver a los trabajadores algunos de los derechos de los cuales habían sido despojados y a desarrollar algunos de los principios mínimos que previó el Constituyente”.
Por José G. Hernández*. - El artículo 25 de la Constitución declara: “El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas”.
La Corte Constitucional ha subrayado la intangibilidad del trabajo, como expresión de la dignidad humana: “La especial protección estatal que se exige para el trabajo alude a conductas positivas de las autoridades (…), de modo que quienes lo desarrollan (los trabajadores) puedan contar con suficientes oportunidades para acceder a él y con elementos indispensables para derivar de su estable ejercicio el sustento propio y familiar”. (Sentencia C-479/92).
Desde 1991-tras la promulgación de la Carta Política-, el Congreso ha debido cumplir lo ordenado en su artículo 53 y tramitar un proyecto de ley que consagrara el Estatuto del Trabajo.
La norma fue perentoria: “El Congreso expedirá el estatuto del trabajo”. Y señaló los principios mínimos fundamentales que deberían ser desarrollados por el legislador. Entre ellos, la igualdad de oportunidades para los trabajadores; la remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; la estabilidad en el empleo; la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; las facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; los principios sobre norma legal más favorable en caso de duda, primacía de la realidad sobre formalidades y protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad.
Han transcurrido treinta y tres años, sin que dicha normatividad se haya puesto en vigencia. En buena parte, seguimos regidos por los códigos sustantivo y de procedimiento de los años cuarenta y cincuenta del siglo pasado (Decreto Ley 2158/48 y Decreto Ley 3743/50), con parciales modificaciones, y por las normas restrictivas que recortaron garantías y derechos a las trabajadores y pensionados durante la administración Uribe (Acto Legislativo 1/05 y Ley 789/02).
Ha sido la jurisprudencia de la Corte Constitucional la que ha venido trazando las pautas de interpretación y aplicación de las garantías contempladas en el aludido mandato superior, y la que ha desarrollado postulados tan importantes como la progresividad del salario mínimo, la garantía que preserva el poder adquisitivo de los trabajadores, el contrato realidad, la especial protección a los menores y a la mujer trabajadora, entre otros principios de la mayor importancia.
Está muy bien que, por iniciativa del actual Gobierno, se adelante un proceso legislativo orientado a devolver a los trabajadores algunos de los derechos de los cuales habían sido despojados y a desarrollar algunos de los principios mínimos que previó el Constituyente. Pero es necesario que se elabore con cuidado, se acuerde y se lleve al Congreso un proyecto de estatuto del trabajo, de modo que se cumpla el precepto constitucional y se evite la inseguridad que generan, entre empleadores y empleados, los avances y retrocesos parciales, según la orientación del gobierno de turno.
No olvidemos que, según el preámbulo -que es vinculante-, el trabajo es uno de los valores esenciales de la Constitución de 1991, cuyo artículo 1 proclama el trabajo como uno de los cuatro fundamentos de la organización estatal colombiana.
Bogotá, D. C, 16 de octubre de 2024
*Expresidente de la Corte Constitucional
