Opinión
“Es frecuente ver que miembros de las cámaras legislativas prefieren discutir los proyectos de leyes y reformas en las redes sociales, no en los recintos del Capitolio”.
Por José G. Hernández*. -Se ha convertido en práctica común y permanente el uso de las redes sociales para agraviar, ofender, injuriar y calumniar a las personas y a las instituciones públicas y privadas, así como para difundir noticias falsas, videos y fotografías viejas como si fueran actuales, siempre con el objetivo de atacar al otro, afectando su prestigio y su buen nombre.
Si eso es indebido en general, resulta más grave cuando contamina los grandes debates de interés nacional, que -infortunadamente- se están adelantando en las redes. Durante la polarización política existente -cuyos perjuicios a la institucionalidad y a la auténtica democracia son ostensibles-, en las redes sociales se expanden lamentables discusiones y mutuas acusaciones, en las cuales prevalecen la superficialidad, la mediocridad y la falta de criterio.
Críticos y opositores atacan -mediante mensajes en red- a los gobernantes, ya sea en el plano nacional, departamental o local, y, en la mayor parte de los casos, ellos se defienden, también mediante mensajes en red. Son “controversias” en que, a falta de razones, se apela a la confrontación con palabras, frases, videos y audios insultantes.
Quienes asumen las posiciones extremistas tienden a usar los trinos en redes para subrayar conductas y antecedentes -no importa si verdaderos o falsos-, en busca de apoyo de otros usuarios que -a su vez- aportan nuevos mensajes, con insultos, ofensas y hasta calumnias, para convertirse en “tendencia”.
Es frecuente ver que miembros de las cámaras legislativas prefieren discutir los proyectos de leyes y reformas en las redes sociales, no en los recintos del Capitolio. Les parece mejor abandonar esos recintos para disolver el quórum, sabotear e impedir los debates, grabar videos para difundir en redes, también con diatribas y ataques. Recuérdese lo ocurrido en un asunto de tan alto interés público como la ley de presupuesto, que no se controvirtió ni se negó durante los debates previstos en la Constitución, y “se cayó” por falta de quórum, dando lugar a que rija el proyecto presentado por el Gobierno, como también lo prevén -con carácter extraordinario- las normas constitucionales. Vinieron después los “debates” en las redes sociales.
Ha ocurrido en otros casos, en que se ha obstaculizado el trámite de importantes iniciativas legislativas y administrativas de interés público. No es extraño ver que algunos congresistas -desde luego, en las redes- se vanaglorian y felicitan por haber logrado sabotear los procedimientos ordinarios, provocar el levantamiento de las sesiones o el trámite de improcedentes impedimentos, recusaciones y proposiciones.
Tales conductas, en nuestro criterio, son expresión de una gran irresponsabilidad, y deberían dar lugar a sanciones internas y, en más de un caso, habrían de llevar a la pérdida de investidura, tal como lo contemplan las disposiciones constitucionales. Se causa grave daño a la institucionalidad y al interés público y, además, se desfigura y se contraría el sentido mismo de la representación que, en la democracia, compromete a los elegidos frente a sus electores.
El uso de las redes es un derecho, garantizado en la Constitución, porque sirve a la libre expresión de pensamiento y opiniones. Pero todo derecho implica deberes y cargas, con mayor razón en lo que atañe a funcionarios y congresistas.
Bogotá, D. C, 11 de octubre de 2024
*Expresidente de la Corte Constitucional.
“El Derecho en lo rural no es solamente agrario, sino comercial, civil, societario, etc.”
Por José Felix Lagfaurie*. -…poco aprieta”, como le puede suceder al Proyecto de Ley ordinaria de la Jurisdicción Agraria, que completó audiencia pública y entra a debate en Comisión 1ª del Senado. Debo reconocer que, además de la audiencia y una reunión con ponentes, el Ministerio de Agricultura abrió espacios de diálogo donde argumentamos nuestras observaciones.
La “especial protección de la parte más débil”, elevada a principio sustancial del Derecho Agrario, es una “causa buena” que se refuerza en otros, como el bienestar y buen vivir campesino, la justicia de género y el enfoque étnico, materializados en beneficios insólitos como la presunción de veracidad y la flexibilidad probatoria para sujetos de especial protección.
¿Por qué mezclar pobreza con veracidad y ser flexible con unos y con otros no? Es necesaria la protección del más débil, pero limitada al acceso, representación y acompañamiento, pero ya en el proceso todos son iguales ante la ley. El incumplimiento de la Función ecológica de la tierra como causal de extinción “administrativa” de dominio amenaza la propiedad privada en un país de autoridades ambientales dispersas y autónomas, y de impracticable legislación en extensos territorios tomados por la ilegalidad.
Grave amenaza es la eliminación de la fase judicial en los asuntos agrarios del Procedimiento Único creado en el Decreto Ley 902 de 2017, expedido en cumplimiento del acuerdo Final, por lo que su Artículo 1º establece que los procedimientos y fases otorgarán todas las garantías constitucionales a los propietarios de tierras y “serán nulas las actuaciones que desconozcan o reduzcan dichas garantías…”.
El Ministerio defiende que, para agilizar la adquisición de tierras, se fortalece la fase administrativa y se elimina la judicial, conservando el recurso de nulidad. Sin embargo, el problema no es la fase judicial, sino la incapacidad técnica y operativa de la Agencia Nacional de Tierras. El problema es dejar al propietario a merced de una decisión administrativa y sin un recurso que, paradójicamente, para extinción de dominio, sí protege tierras dedicadas a cultivos ilícitos. Finalmente: si las decisiones de cierre en temas de tierras son de la ANT, entonces…, ¿para qué la jurisdicción agraria?
El segundo factor es el desbordamiento de competencias de la jurisdicción, creada en el Acuerdo Final para temas de tierras, pero a la que se le endilgan competencias sobre todas las actividades agropecuarias y todas sus actividades conexas.
El Ministerio alega que lo rural va más allá de la tierra, y es cierto, pero el Derecho en lo rural no es solamente agrario, sino comercial, civil, societario, etc.
Bogotá, D. C, 12 de octubre 2024
*Presidente FEDEGAN.
“La inacción y la negligencia del ministro Camacho nos puede conducir, como inexorable desenlace, a un racionamiento del servicio de energía”.
Por Amylkar D. Acosta M*. -El negacionismo de la crisis energética por parte del Ministro de Minas y Energía Andrés Camacho lo ha llevado a incurrir en contradicciones, bandazos e incoherencias que lejos de contribuir a disipar el riesgo de un inminente racionamiento del servicio de energía, como lo han alertado el Contralor General Carlos Hernán Rodríguez, la firma XM, que es la que opera el Sistema Interconectado Nacional (SIN) y lo han advertido los gremios que representan tanto a los generadores como a los operadores de red, lo está exacerbando.
Errado y errático, mientras afirma que “en este momento no tenemos ningún riesgo de ese tipo”[1], participó de la decisión de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) el 28 de septiembre cuando cambió el “estado del Sistema Nacional de Despacho y el Consejo Nacional de Operación de vigilancia a riesgo”, previendo una condición de mayor riesgo futuro del suministro del fluido eléctrico. Adicionalmente, al acercarse el agregado del nivel de los 24 embalses que le sirven a la hidroeléctricas a la senda de referencia establecido por la CREG, se activó el Estatuto de riesgo de desabastecimiento definido mediante la Resolución CREG 026 de 2014, en un desesperado intento de conjurarlo.
Ambas medidas demandan, como ya lo había recomendado XM al prender las alarmas, “mayor generación térmica o un menor consumo de energía, de forma tal que los embalses alcancen la senda de referencia”. Y aquí saltó la liebre, pues el país se enfrenta a una escasez de gas, también negada por el Ministro Camacho, quien no dudó en afirmar que ”no es cierto que vayamos a tener escasez de gas los próximo años, no hay ninguna crisis energética y no estamos ante un riesgo inminente de desabastecimiento, razón por la cual no hay ningún traslado de costos adicionales a los usuarios”.
Lo secundó el Presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos Orlando Velandia, quien sostuvo sin inmutarse que lo que “estamos viendo es que algunos agentes están contratando más del gas que realmente necesitan. Esto deja a otros sectores, como el residencial o el parque térmico, sin posibilidad de acceder al recurso”. Para ellos, entonces, no hay tal escasez de gas natural, pues lo que se viene dando es un fenómeno de acaparamiento del gas natural, por ello se atrevió a decir que la misma se puede sortear apelando a una “vaca de gas” entre los diferentes agentes para suplir las importaciones de gas para las térmicas, que se interrumpirán este fin de mes debido a la parada de la regasificadora SPEC por mantenimiento programado.
Pero, los hechos son tozudos. Ante la escasez de gas natural, requerido por el parque térmico de generación que lo necesita, pues se ha visto precisado a ampliar su operación hasta los 90 gigavatios por día, para suplir la energía que están dejando de generar las hidroeléctricas, ECOPETROL comunicó que “debido a la intensa sequía que vienen afrontando algunas regiones del país, Ecopetrol se vio en la necesidad de suspender el suministro de gas natural a un grupo de empresas, para destinarlo a la generación de energía eléctrica a través de plantas térmicas”, que ya participan con más del 35% de la demanda atendida por el Sistema interconectado Nacional (SIN).
Y fue más lejos en sus declaraciones el Presidente de ECOPETROL, quien a través de un Comunicado de la estatal petrolera emitido el 23 de agosto planteó que “ante el déficit de gas debemos contemplar la posibilidad de sustituir el gas natural por combustibles líquidos”, que son derivados del petróleo, que tanto abomina el Gobierno Nacional, al punto de pedirle el Presidente Petro al Presidente de ECOPETROL Ricardo Roa que se olvide de él y añadió además que “el gas podría subir entre un 10% y 12%”.
A todas esas, sigue sin encontrar respuesta por parte del Gobierno Nacional la gran crisis financiera que afrontan las empresas, por cuenta de la abultada deuda que tiene con ellas que supera los $2.5 billones correspondiente a los subsidios a los estratos 1, 2 y 3 que ya han sido otorgados hasta el cierre del mes de septiembre. Y, como afirma el presidente de ANDESCO Camilo Sánchez, “esto se suma a los saldos de la opción tarifaria (cerca de $4 billones)”. Esta difícil y compleja situación, que afecta la liquidez y el flujo de caja de las empresas fue la que llevó al Contralor General Carlos Hernán Rodríguez a alertar sobre el riesgo de un racionamiento de la prestación del servicio de energía.
Por su parte el Ministro Camacho, bien orondo, se limita a decir que “hemos cumplido como cartera con nuestras responsabilidades frente a los subsidios emitiendo las resoluciones para que el Ministerio de Hacienda gire los recursos”, mientras el titular de esta cartera, que es parte del mismo Gobierno, en respuesta a los gremios del sector que lanzaron un S.O.S, requiriéndole urgentemente el giro de los subsidios, se pronunció en el sentido que “hay un problema de restricción de caja” para hacerlo.
En síntesis, tres factores adversos están gravitando sobre el Sector, tornando cada vez más inminente el riesgo de un racionamiento de energía: la reducción de la generación hídrica de energía debido al crítico nivel de los embalses, la consecuente mayor generación de energía térmica para suplirla en momentos en los que el gas natural escasea y de remate las empresas comercializadoras y distribuidoras de la energía afrontan una gran estrechez de los recursos para operar. Y mientras tanto el Ministro Camacho lo atribuye todo obedece a una “narrativa” tendiente a subir aún más las tarifas de energía y así “garantizar mejores rentas y un comportamiento del mercado que asegure mayores ganancias para algunos agentes”. Así las cosas, la inacción y la negligencia del ministro Camacho nos puede conducir, como inexorable desenlace, a un racionamiento del servicio de energía.
Santa Marta, octubre 12 de 2024
*Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.
www.amylkaracosta.net
La Red por la Justicia Tributaria (la RJT), una ONG de origen británico dedicada a denunciar la evasión de impuestos, publica un Índice Global de Guaridas fiscales (GTHI por sus siglas en inglés) que mide el margen que ofrecen las normas de una jurisdicción para el abuso fiscal corporativo, y lo pondera por la cuantía de los movimientos financieros que entran o salen de esa jurisdicción.
Por Mauricio Cabrera Galvis*. -Antes se llamaban Paraísos Fiscales, ahora se están empezando a llamar Guaridas o refugios fiscales, nombres que hace referencia a países o jurisdicciones con tasas impositivas bajas o nulas, secreto financiero, regulaciones laxas y poca cooperación internacional en materia fiscal, características que los hacen muy atractivos para las corporaciones multinacionales, los super millonarios y funcionarios públicos corruptos alrededor del mundo para pagar menos impuestos y esconder su riqueza de las autoridades tributarias.
La Red por la Justicia Tributaria (la RJT), una ONG de origen británico dedicada a denunciar la evasión de impuestos, publica un Índice Global de Guaridas fiscales (GTHI por sus siglas en inglés) que mide el margen que ofrecen las normas de una jurisdicción para el abuso fiscal corporativo, y lo pondera por la cuantía de los movimientos financieros que entran o salen de esa jurisdicción.
Según la RJT las guaridas fiscales pueden ser de dos clases: las jurisdicciones sin transparencia y la guaridas corporativas. Las primeras permiten que las personas y sociedades oculten su riqueza y sus movimientos financieros de las autoridades, mientras que las segundas facilitan que las multinacionales registren sus ganancias en lugares diferentes a donde las produjeron para disminuir los impuestos pagados.
El ranking más reciente del GTHI lo encabezan las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Caimán y Bermuda, tres jurisdicciones británicas que concentran del 20% del abuso fiscal. Junto con otros centros financieros, como Jersey, Bahamas o la Ile of Man, las guaridas fiscales ligadas a la City de Londres mueven la tercera parte del abuso fiscal corporativo.
Un documental que se puede ver en Prime Video (La Telaraña: el segundo imperio británico) explica cómo después de la desaparición del gran imperio colonia inglés, con el liderazgo de los banqueros londinenses, se crearon una red de jurisdicciones secretas offshore que capturaron gran parte de la riqueza de todo el mundo y la ocultaron en una red de pequeños países.
Es enorme el impacto de las guaridas fiscales. La RJT estima que en un solo año las pérdidas fiscales sufridas por todos los países pueden llegar a 480.000 millones de dólares, es decir casi 1.5 veces el PIB de Colombia. De estas USD 311.000 millones se perdieron por abuso del impuesto de sociedades y USD 169.000 millones por evasión fiscal en las guaridas. Son recursos que se pierden para la lucha mundial contra la pobreza y su desvío aumenta la desigualdad a nivel mundial.
¿Cuántos impuestos se dejan de recaudar en Colombia por la riqueza y los movimientos financieros que hacen en las guaridas fiscales las empresas nacionales o extranjeras instaladas en el país? No se sabe, pero un indicador significativo es que, de acuerdo con las cifras del Banco de la República, de los USD 2022.000 millones de dólares de inversión extranjera que han ingresado al país desde 2007, el 34.5% ha llegado de países que están en los primeros lugares del GTHI.
Cali, 6 de octubre de 2024
Filósofo y Economista. Consultor.
“Es una paradoja que en una misma jugada se sientan ganadores tanto la izquierda como la derecha. Por eso la gestión de Gregorio Eljach será vigilada con lupa desde ambas orillas”.
Por Hubert Ariza*.- El Senado de la República eligió con 95 votos al ex secretario general de esa corporación por 12 años, Gregorio Eljach, como procurador general de la Nación, lo que en la práctica significó una derrota política del exvicepresidente Germán Vargas Lleras y un triunfo del presidente Petro y la clase política tradicional.
Es una paradoja que en una misma jugada se sientan ganadores tanto la izquierda como la derecha, y que el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, califique la decisión como una bandera blanca del Ejecutivo al Legislativo, después de dos años de intensa guerra fría. Qué tanto incidirá esta elección en la aprobación de la agenda legislativa del Ejecutivo estará por verse. En este caso hay que recordar la máxima de que en política las cosas no son en blanco y negro, cada día es diferente y lo único cierto es lo que ya pasó.
El próximo 17 de enero, entonces, comenzará una nueva era en la Procuraduría, fundada en abril de 1830, en la que su mayor reto será blindarse para seguir existiendo, ante los constantes ataques de sus detractores, entre quienes se encuentra el propio jefe de Estado y el derrotado Vargas Lleras.
En los pasillos del viejo edificio de la calle 15 de Bogotá, en consecuencia, comenzará a escucharse en 2025 el canto gregoriano del presidente Petro, que no puede ser otra cosa que una sinfonía de anhelos represados para modificar profundamente esa entidad, quizá como parte de una reforma a la justicia, dentro del acuerdo nacional que promueve el ministro del Interior. Una tarea bastante difícil si se tiene en cuenta que cada partido político defenderá su botín burocrático, en una nómina abultada que contiene miles de cargos bien remunerados, cientos de ellos equivalentes a los más altos del Estado. En tiempos de campaña electoral, además, poco futuro tiene cualquier iniciativa que signifique menoscabar el poder de la clase política.
Con la elección de Eljach, la Procuraduría se sumará a la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la Nación y la Contraloría General de la República como entidades cercanas a la Casa de Nariño. Nada diferente a lo que ha ocurrido en la mayoría de los gobiernos anteriores, pero que en tiempos de enorme polarización alimenta la preocupación de la extrema derecha, angustiada por recuperar el poder en 2026 y huérfana de liderazgos capaces de cumplir esa tarea.
Muchos son los retos del nuevo jefe del ministerio público, en especial demostrar autonomía e independencia de la Presidencia de la República, defender la existencia de esa histórica institución bajo su mando, posicionarla en la agenda pública después de cuatro años de invisibilidad, recomponer la confianza con las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos, diseñar una agenda que la reconecte con las comunidades en los territorios, tener presencia en las regiones y ser decisiva en la lucha contra la corrupción. Una tarea pendiente en estos últimos cuatro años, en el que la procuradora saliente cierra su gestión con broche de oro al archivar el proceso disciplinario contra la exministra de las TIC, Karen Abudinen, en el sonado caso de los Centros Poblados, en el que se perdieron 70 mil millones de pesos. La exfuncionaria del Gobierno Duque es del mismo sector político de la disciplinadora saliente.
El ministerio público, asimismo, debe ser propositivo en la defensa de los derechos humanos y en la agenda de paz total, que lidera el Gobierno nacional, y que busca silenciar el conflicto armado interno que por décadas ha afectado a Colombia. Esa iniciativa vive en permanente crisis, ahondada por el rompimiento del proceso con el ELN. Es vox populi que las organizaciones sociales que habían recuperado la confianza en la Procuraduría, durante la gestión de Fernando Carrillo Flórez, le dieron nuevamente la espalda a la entidad, en el último cuatrienio, ante su pasividad frente a la agenda de derechos humanos. Primero, durante la segunda mitad de la gestión presidencial de Duque, en la que la muerte de líderes sociales se convirtió en una crisis permanente que convocó la solidaridad de la comunidad internacional.
Y, luego, durante la administración Petro, en la que la defensa de la vida es percibida como una bandera política para atacar al Gobierno del cambio, ante su ineficacia en la atención de ese fenómeno, que no deja de alimentar la máquina de la guerra en los territorios, golpeando en especial a los líderes ambientales que rechazan la minería criminal y a quienes se oponen a la suplantación de los liderazgos sociales por el ELN y las disidencias.
La gran expectativa hoy es qué va a pasar con el ente de control bajo el mando de Eljach, durante los 18 meses del período del presidente Petro, quien ha tenido con esa institución una pésima relación y busca su transformación total. Hay que recordar que, siendo alcalde de Bogotá, el 8 de diciembre de 2013, Petro fue destituido por 15 años por el entonces procurador Alejandro Ordoñez, un fanático religioso que cerró las puertas a las organizaciones sociales y la agenda de derechos humanos y atacó a los líderes de izquierda. Esa decisión fue revocada tras la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, que ordenó medidas cautelares de protección a los derechos del alcalde Petro, lo que obligó la modificación de la legislación disciplinaria interna.
La victimización de Petro y la derrota de su fanatizado verdugo, lo catapultaron políticamente. A Petro lo empoderó aún más en su ascenso hacia la jefatura del Estado. Y, como presidente de la República, ha denunciado a la saliente jefa del ministerio público, Margarita Cabello, seguidora del expresidente Duque, como perseguidora de sus funcionarios y su agenda de cambio.
“En la Procuraduría yo espero, una Procuraduría independiente, que no sea enemiga del Gobierno en el sentido de que la Procuraduría no está para convertirse en la policía política como desde hace dos años para acá viene sucediendo. La Procuraduría tiene es que ayudarnos a que no haya corrupción”, dijo desde México, donde asistió a la posesión de la presidenta Claudia Sheinbaum.
¿Qué significa no ser enemiga del Gobierno? Sin duda, ahí estará la lupa de la oposición y de los medios sobre la gestión del recién elegido procurador, que deberá cumplir a cabalidad el mandato legal de prevenir y disciplinar a los funcionarios públicos, contribuyendo a investigar y erradicar con eficacia cualquier denuncia de corrupción oficial, castigando a los agentes gubernamentales del presidente que se desvíen, como ya ocurrió con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, UNGRD, que ha sido el golpe más duro en la credibilidad del primer mandatario y su lucha contra la ilegalidad. Los casos abiertos por ese episodio tendrán especial interés para la opinión pública y, sin duda, serán elemento central en la campaña presidencial ya en marcha.
El presidente Petro ya le trazó una ruta de acción a Eljach: “Tenemos un camino que recorrer para cumplir las sentencias internacionales de DDHH, abandonar cualquier camino peligroso de ‘lawfare’ y adentrarnos en un acuerdo nacional para una transformación real de Colombia”. Aunque el 10 de abril de 2022, antes de ser elegido presidente, había trinado: “Propongo que la Procuraduría pase al poder judicial y se constituya como la gran fiscalía anticorrupción”.
El canto gregoriano de Petro en la Procuraduría apenas comienza. Habrá que esperar a ver qué tanto se acopla el país a esa nueva tonada de nuestra macondiana historia. Eljach, un hombre sereno, que ha capoteado por décadas la clase política, tendrá que demostrar que llegó para hacer historia, no por cerrar la Procuraduría, sino por darle un nuevo impulso en la lucha contra la impunidad y la construcción de una sociedad respetuosa de la vida.
Bogotá, D. C, 6 de octubre de 2024
*Periodista, internacionalista y analista político.
Tomado de EL País.
“Los delincuentes conservan la posibilidad de defenderse ante un juez, que se pretende negar a los propietarios legítimos de la tierra”.
Por José Félix Lafaurie Rivera*. - Dicen que “al desayuno se sabe cómo será el almuerzo”, y así lo percibí siguiendo la audiencia pública convocada por la Comisión 1ª del Senado sobre la jurisdicción agraria, con asistencia plena de la Comisión y de otros parlamentarios, tres ministros y tantas personas, gremios y organizaciones registradas para participar, que fue necesaria una nueva convocatoria. Buen desayuno, que nos anuncia cómo serán los debates.
En dos columnas anteriores sobre “la tierra amenazada” me referí a varios aspectos de ese proyecto de “jurisdicción” que, paradójicamente, le entrega sus competencias a una instancia administrativa, la Agencia Nacional de Tierras, ANT, al tiempo que avasalla competencias de otras jurisdicciones y despoja al propietario de tierras de recursos para su legítima defensa.
Hoy regreso al tema para referirme al fantasma de la extinción de dominio, es decir, de la pérdida del derecho a la propiedad privada de la tierra, que ronda nuestro sistema jurídico desde la Ley 200 de 1936, que creó esta figura para tierras inexplotadas durante tres años.
Posteriormente, la Ley 135 de 1961, primera de reforma agraria, conservó su orientación hacia la recuperación de “tierras incultas”, pero ya con el objetivo de redistribuirlas entre los campesinos sin tierra, que ha marcado los procesos de reforma agraria en el país, sin lograr su objetivo de disminuir la pobreza rural.
La extinción fue modificada luego en varias leyes; sin embargo, su gran transformación se produce en la Ley 160 de 1994, también de reforma agraria.
¿Qué cambió? Aunque conserva las causales de la Ley 136 sobre tierras inexplotadas, introduce dos causales nuevas para extinguir el dominio: la primera es el incumplimiento de la función ecológica de la tierra, que persigue actividades lícitas, la ganadería entre ellas, a partir de una legislación ambiental difusa y difícilmente aplicable en un campo agobiado por la violencia; y la segunda es “la explotación con cultivos ilícitos”, que persigue la actividad criminal que, precisamente, está detrás de la violencia rural.
Hasta aquí, las normas anteriores contemplaron recursos judiciales contra decisiones meramente administrativas, incluido el Decreto Ley 902 de 2017, expedido como resultado del Acuerdo con las Farc, el cual establece el llamado “Procedimiento Único”, que definió con claridad una fase administrativa a cargo de la ANT, con competencia de decidir en primera instancia, pero con posibilidad de oposición por parte del afectado, y una fase judicial con todas las garantías de un proceso ante un juez de la República.
En 2023 el fantasma reapareció, cuando el gobierno pretendió quitarle las garantías procesales a la extinción de dominio por incumplimiento de la función ecológica y usarla como mecanismo extorsivo para presionar a los propietarios a la “venta voluntaria” de sus tierras. Fue el famoso mico del artículo 61 del Plan de Desarrollo que la Corte Constitucional declaró inexequible.
No obstante, hoy vuelve a aparecer en el proyecto de ley ordinaria de la Jurisdicción Agraria, y aunque los ministros digan lo contrario, representa una amenaza real a la propiedad privada de la tierra, al derogar de un plumazo la fase judicial del proceso de extinción administrativa de dominio, y también de expropiación, dejando al arbitrio de la ANT la decisión de cierre, con el único recurso del engorroso procedimiento de la acción de nulidad.
La Ley 160 creo la extinción de dominio por incumplimiento de la función ecológica de la tierra y también por su destinación a cultivos ilícitos, y en este mundo al revés del progresismo, los delincuentes conservan la posibilidad de defenderse ante un juez, que se pretende negar a los propietarios legítimos de la tierra.
Entonces me pregunto: ¿Acaso no somos iguales ante la Ley?
Bogotá, D. C, 6 de octubre de 2024
*Presidente de FEDEGAN
@jflafaurie
“Lo que denotan los registros en el resto del mundo, es una febril actividad de las empresas petroleras”.
Por Amylkar D. Acosta M*. -Luego de la Conferencia de las partes de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio climático (COP21) en 2015 y la firma del Acuerdo de París, el petróleo quedó en el lado equivocado de la historia, dado que su consumo y el de sus derivados constituyen la principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) causantes del Cambio climático y el propósito fundamental para contrarrestarlo es la descarbonización de la economía.
Con razón la ex secretaria de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), Christiana Figueres, sentenció: “hay que agradecerles a los hidrocarburos por lo que han hecho de la economía de Colombia, porque este país no sería lo que es si no fuera por la exportación de carbón y petróleo. Por esta razón no se pueden meter dentro de la cajita de los diablos y satanizarlos. Sin embargo, llegó la hora de reconocer que es una actividad que tuvo su momento de sol, pero hoy ya está en el atardecer y tenemos que, prudentemente buscarle alternativas rápidas ya”. No cabe, entonces, la menor duda de que los hidrocarburos tendrán menos futuro que pasado.
Todos los países signatarios del Acuerdo de París contrajeron el compromiso de reducir sus emisiones en un porcentaje, en el caso de Colombia en un 51%, hacia el 2030, considerado como la meta volante para alcanzar la carbono-neutralidad en el 2050. Pero la COP 26 tuvo el cuidado de establecer que la responsabilidad adquirida por cada país aunque es común es diferenciada. Y, tal como quedó consignado en la Declaración final de la COP 28, que tuvo lugar el año anterior en Dubai, se le pide a las partes que contribuyan “con una lista de acciones climáticas, de acuerdo con sus circunstancias nacionales” y “acelerar la Transición energética sostenible, asequible y inclusiva, teniendo en cuenta los diferentes puntos de partida, circunstancias y vías nacionales”. Esto, para significar que cada país se debe dar su propia Hoja de ruta para la Transición energética.
No obstante, el actual gobierno, que preside Gustavo Petro, se ha dejado llevar por el voluntarismo renunciando prematuramente a los hidrocarburos, dándole la espalda, cuando el resto del mundo se limita a tomar distancia, alejándose gradualmente de ellos. Tanto la ex ministra de Minas y Energía Irene Vélez como el Ministro actual Andrés Camacho han sido categóricos y reiterativos al afirmar que durante este cuatrienio no se firmarán nuevos contratos de exploración y producción de hidrocarburos.
En la COP 28, el Presidente Petro fue más lejos aún, al firmar el Tratado de no proliferación de combustibles fósiles, paso este en falso que compromete a Colombia no sólo a no firmar nuevos contratos sino a frenar en seco tanto la actividad exploratoria como la producción de hidrocarburos. El mismo dispone, según lo remarcó el mismo Presidente Petro, “cero exploración nueva” y “cero proyecto de explotación nueva en el mundo”.
Declaraciones como estas han desalentado la actividad de las empresas petroleras en Colombia. Es así cómo, según la Cámara colombiana de bienes y servicios de petrolero, gas y energía (CAMPETROL), en el 2023 se perforaron sólo 51 pozos exploratorios, representando una caída del 45.2% con relación a los 93 perforados en 2022. También se vio afectado el número de pozos perforados en desarrollo, los cuales cayeron el 9.1%, al alcanzar no más de 597 pozos en 2023. Así mismo se contrajo la actividad sísmica 2D equivalente, limitándose a los 1.367 kilómetros, 28.2% menos que el año anterior. Finalmente, en diciembre de 2023 se reportaron, en todo el territorio nacional, 117 taladros activos en total, para una disminución del 23.5% respecto al mismo mes de 2022.
Mientras tanto lo que denotan los registros en el resto del mundo es una febril actividad de las empresas petroleras. Lo que informa la Agencia internacional de energía (AIE) es que en 2022 la producción mundial de crudo se incrementó el 5.4%, superando la tasa de crecimiento de 1.6% en 2021 y la media del intervalo 2010 – 2019, de la prepandemia, de 1.3%, jalonada por la reactivación de la economía global y en un contexto de ajuste progresivo de la oferta de crudo por parte de la OPEP+. Y, según su más reciente pronóstico la oferta de crudo subirá 1.5 millones de barriles más al día hasta alcanzar un nuevo máximo histórico de 103.5 MMBD en 2024, después de los 102 MMMBD en 2023.
A ello habrán de contribuir el récord de producción por parte de EEUU, que supera la de Arabia Saudita, ubicándose en el primer lugar entre los productores, Brasil que, según ha anunciado tiene entre sus planes pasar de producir 3.7 MMBD actualmente a 5.4 MMBD en 2028, para convertirse en el cuarto productor mundial de crudo, Canadá y la revelación en la que se ha convertido Guyana que ya produce 600.000 barriles y a poco andar, alcanzará la producción de 1 MMBD, del cual se ha venido alejando Colombia desde el año 2016. Dicho de otra manera, el petróleo que deje de producir Colombia no le hará falta al mundo y como lo afirmó Sergio Cabrales, experto de la Universidad de Los Andes, “dejar de firmar nuevos contratos de exploración y producción no tiene ningún efecto en la reducción de CO2 a nivel global”, como lo cree el Gobierno pensando con el deseo.
Barranquilla, octubre 5 de 2024
*Economista. Expresidente del Congreso y exministro de Minas y Energía.
www.amylkaracosta.net
“La reunión de la COP16 en Cali es uno de los más importantes eventos, a nivel mundial, en procura de la coordinación y los acuerdos internacionales para promover la diversidad ambiental y buscar el equilibrio ecológico”.
Por José G. Hernández* - Santiago de Cali será la sede de la COP16 a partir de este 21 de octubre y hasta el 1 de noviembre de 2024.
Como se acaba de manifestar en Nueva York, durante las deliberaciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el deterioro ambiental y las crisis sanitarias que hoy afectan al planeta hacen urgente que los países -en el plano interno- y la cooperación internacional busquen mecanismos, procedimientos y acciones, con miras a garantizar la biodiversidad y la protección ambiental.
De conformidad con lo previsto en el artículo 78 de la Constitución Política de 1991, serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la producción y en la comercialización de bienes y servicios, atenten contra la salud y la seguridad de consumidores y usuarios.
A su vez, el artículo 79 estipula: “Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo”. Añade, como deber del Estado colombiano, “proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines”.
El artículo 80 de la Carta establece que el Estado “planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución” y le exige “prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados”.
Según ha reiterado la Corte Constitucional, “si bien la protección jurídica del derecho a gozar de un ambiente sano es uno de los pilares esenciales del desarrollo social, la Constitución se ocupó también de regular otros temas de orden ecológico como es el caso de la biodiversidad, de la conservación de áreas naturales de especial importancia, del desarrollo sostenible, de la calidad de vida y de la educación y la ética ambiental, los cuales constituyen, de igual forma, el estandarte mínimo para la necesaria convivencia de los asociados dentro de un marco de bienestar general”. Ha reconocido que “Colombia es uno de los países que mayor interés debe tener respecto de los acuerdos internacionales en materia de biodiversidad. La razón es, por lo demás, sencilla: nuestro país ha sido reconocido a nivel mundial como uno de los centros biológicos de mayor diversidad”. (Sentencia C-519 de 1994).
La reunión de la COP16 en Cali es uno de los más importantes eventos, a nivel mundial, en procura de la coordinación y los acuerdos internacionales para promover la diversidad ambiental y buscar el equilibrio ecológico. Congregará a delegados de 196 países firmantes del Convenio sobre Diversidad Biológica, que entró en vigor en 1995, sobre la base de la cooperación entre las partes, con el objeto de preservar la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la más eficaz utilización de los recursos genéticos. La COP es la Conferencia de las Partes, órgano rector del Convenio.
Que una de nuestras más importantes ciudades capitales sea sede de COP16 honra al país. Muchos serán los aportes de los países concurrentes y de Colombia en materia de biodiversidad y protección ambiental.
Bogotá, D. C, 2 de octubre 2024.
*Expresidente de la Corte Constitucional.
“El Gobierno Nacional les adeuda a las empresas prestadoras del servicio de energía la suma de $1.7 billones por concepto del subsidio al consumo de los estratos 1, 2 y 3, los cuales le han sido descontados en sus facturas y el Gobierno Nacional nada que se los reintegra”.
Por Amylkar Acosta*. -Se está configurando una especie de tormenta perfecta que acecha al sistema eléctrico, que podría llevar a un racionamiento de energía entre enero y marzo de 2025, el cual podría anticiparse como lo ha reiterado el Contralor en un reciente pronunciamiento suyo. Su advertencia es clara: “si el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Minas y Energía, así como las demás entidades competentes como la Superintendencia de Servicios Públicos, no toman las medidas y decisiones pertinentes, la situación financiera de los prestadores puede generar una inminente cesación en la prestación del servicio de energía, perjudicándose los usuarios”.
Se refirió él fundamentalmente a la acuciante situación financiera a la que estaban expuestas las empresas prestadoras del servicio de energía debido al lastre que les significa la suspensión del cobro de la deuda contraída por los usuarios por concepto de la opción tarifaria, que ronda los $5 billones, pues a pesar del anuncio del presidente Gustavo Petro y su ministro de Minas y Energía en el sentido de que el Gobierno Nacional asumiría dicha deuda, aunque sólo la correspondiente a los estratos 1, 2 y 3, que asciende a $2.8 billones, hasta la fecha aún está en veremos.
Y, para agravar la situación, el Gobierno Nacional les adeuda a las empresas prestadoras del servicio de energía la suma de $1.7 billones por concepto del subsidio al consumo de los estratos 1, 2 y 3, los cuales le han sido descontados en sus facturas y el Gobierno Nacional nada que se los reintegra. El Ministro de Minas y Energía Andrés Camacho se limita a decir que su despacho ya los liquidó y que está a la espera de que el Ministerio de Hacienda los gire.
Lo grave está en que la liquidación no da liquidez a las empresas sino el giro, que no se hace efectivo. La solicitud de parte de AIR-E para que fuera intervenida por parte de la Superintendencia, alegando su insolvencia y la falta de flujo de caja, fue al mismo tiempo el detonante y el iceberg de esta crisis anunciada.
Y más recientemente, la firma XM, responsable de la operación del Sistema interconectado nacional (SIN), en una alerta temprana, con base en una modelación realizada para el verano 2025 - 2026, según la cual la demanda proyectada por la UPME (junio/2024) la demanda de energía será superior a la oferta de energía firme (OEF) del cargo por confiabilidad, que apenas alcanzará los 85.803 GWH/año. De tal suerte que, de presentarse un Niño, el que está a la vuelta de la esquina, “habría desembalsamientos hasta el 47% durante la próxima temporada de verano, valor superior al presentado en los últimos fenómenos de El Niño. Con ello, “tendríamos valores mínimos de embalse al final de la estación de verano, cercanos al 25.3%, nivel nunca visto en la operación durante los últimos 30 años”. Estamos, entonces, ante una situación de alto riesgo.
Por ello, recomienda XM que desde ya se debe ser prudentes por parte de los operadores de las centrales hidroeléctricas a la hora de utilizar los embalses que le sirven a las mismas, en previsión de la baja de los aportes hídricos, que pueden llegar a poner en riesgo la generación. Ello obligará a una mayor participación en la generación para atender la demanda del parque térmico de generación. Por ello preocupa aún más que, según lo ha anunciado el Presidente del Grupo Energía Bogotá (GEB) Juan Ricardo Ortega pronto pasaremos de la escasez del gas natural que demandan las térmicas a un déficit de suministro para el mes de diciembre, anticipándose a la previsión de Naturgas, que lo proyectaba para el 2025.
Bogotá, D. C, 1 de octubre de 2024
*Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.
“Durante años FEDEGÁN ha planteado soluciones, una de ellas, que la ministra no mencionó, es un fondo tripartito (Gobierno–productores–industria) para crear una línea social de producto subsidiada por el Estado y no afectada por costos de publicidad y empaque.
Por José Felix Lafaurie Rivera*. - La Comisión V de la Cámara se ocupó finalmente de la crisis lechera, aunque le dio a la ministra Carvajalino solo 15 minutos para exponer la dura realidad de 350.000 colombianos, en su mayoría pequeños ganaderos.
La crisis se agravó por una difícil coyuntura climática, pero los problemas de la cadena son estructurales y de todos los eslabones, aunque el hilo se rompa por lo más delgado, pues en las grandes cuencas lecheras -Nariño, altiplano cundiboyacense y Antioquia-, la mayoría de la leche proviene de campesinos minifundistas en condición de pobreza.
La caída del consumo se explica en la tendencia creciente del precio al consumidor desde 2021, que le restó al consumo 18 litros por persona hasta mediados de 2024, mientras el precio al ganadero, que venía cayendo y debía repuntar en verano, no lo hizo y bajó un 16%. Aunque la ministra habló del bajo nivel de acopio de la industria, de solo el 47% del total de litros producidos, no aludió a un factor estructural de la crisis: la asimetría del mercado formal, en el que 10 empresas compran el 50% del acopio y 50 compran el 85%, con 350.000 ganaderos tratando de venderles.
Durante años FEDEGÁN ha planteado soluciones, una de ellas, que la ministra no mencionó, es un fondo tripartito (Gobierno–productores–industria) para crear una línea social de producto subsidiada por el Estado y no afectada por costos de publicidad y empaque.
Entre las acciones que mencionó está la destinación de 7.600 millones de pesos para fomentar exportaciones de leche en polvo y movilizar inventarios, 4.000 más para promover, a través de la Bolsa Mercantil, la compra de leche por la industria alimenticia y compras públicas, y 3.000 para acopiar volúmenes adicionales; un total de 14.600 millones aportados por el Fondo de Estabilización del sector.
El tiempo no le dio a la ministra para mayores precisiones, pero a mí sí me corresponde aclararle a la opinión pública que los recursos del Fondo de Estabilización son aportados por los ganaderos cuando venden un novillo gordo o un litro de leche.
Somos los ganaderos aportando a la solución de nuestros problemas, aunque sea un aporte “invisible”, como el que hacemos, desde hace 28 años, para preservar el estatus de país libre de fiebre aftosa, no solo por la salud de nuestros animales, sino para acceder a los mercados internacionales, a los que hoy, precisamente, tratamos de llevar más leche para que más leche sea comprada a nuestros campesinos.
Mencionó la ministra otras acciones con recursos de la Nación, y entonces me pregunto por la gran ausente en esa mesa de aportantes: la industria, a la que proveemos su insumo básico y es por ello nuestro aliado natural.
Bogotá, D. C, 30 de septiembre de 2024
*Presidente FEDEGÁN.
