Opinión

“Muy grave que el escándalo de corrupción vincule a Karen Manrique, parlamentaria de Arauca por una de las curules de paz, por el presunto desvío de recursos hacia el Eln, a partir de la gestión interesada de millonarios recursos de la Ungrd…”

Por José Felix Lafaurie Riviera*. -El país, que parece acostumbrado a la violencia y la corrupción, recibió un verdadero cimbronazo con los escándalos multimillonarios de corrupción en la Ungrd, de los cuales el de los carrotanques de la Guajira es apenas la punta del iceberg, para comprar apoyos o satisfacer intereses regionales de algunos parlamentarios.

Hasta ahí, las cosas ya son de una gravedad suprema, pues entre los presuntos implicados no solo hay parlamentarios de Senado y Cámara, sino ministros y otros funcionarios de alto nivel que se han declarado inocentes.  Sin embargo, el iceberg de corrupción parece aún mayor y capaz de hundir un Titanic, pues ese ventilador ya le sumó a esa secuela de escándalos la también presunta desviación de recursos en Arauca con destino al Eln.

¡En Arauca!, uno de los nichos de control territorial de ese grupo ilegal, con campamentos y actividad criminal a lado y lado de la frontera. En Arauca, un departamento con un largo historial de gobernantes cooptados por el frente Domingo Laín, que es autoridad en la región, donde pone alcaldes y donde todo peso de la contratación local, de las regalías petroleras o de las “partidas gestionadas”, como las de la Ungrd, es mermado por la tajada al Eln, según fallos judiciales. En Arauca, donde una sociedad victimizada no deja de sufrir la extorsión, el secuestro, el asesinato, el reclutamiento infantil…

La delegación gubernamental ya emitió un comunicado oficial en el cual reitera los principios de legalidad y transparencia que rigen su actuación, sometida, además, a la observación de los países garantes y acompañantes, de la ONU, la Iglesia Católica y observadores de la Fuerza Pública. Sobra decir que, como miembro de la delegación y a partir de mi experiencia personal a lo largo del proceso, comparto plenamente los términos de la declaración, pues, de no poder hacerlo, sencillamente estaría siendo cómplice de un delito.

Es más, debo recordar que, frente al anuncio del Eln de reanudar el secuestro extorsivo por la no activación del Fondo Multidonante, la posición de la delegación fue tajante en cuanto a que esos recursos serían destinados exclusivamente a financiar acciones transformadoras en los territorios y, de ninguna manera, a sostener a un grupo ilegal en proceso de negociación y con cese al fuego decretado, pero renuente a abandonar sus actividades ilícitas y las hostilidades contra la población.

Grave sí, muy grave que el escándalo de corrupción vincule a Karen Manrique, parlamentaria de Arauca por una de las curules de paz, por el presunto desvío de recursos hacia el Eln, a partir de la gestión interesada de millonarios recursos de la Ungrd, destinación oculta que ha sido denunciada por Olmedo López, el confeso exdirector de la Unidad de Gestión del Riesgo. Gravísimo sí, pues se trata de la representante ¡de las víctimas! en una región todavía victimizada por el Eln, y se trata de recursos para un municipio, Saravena, sometido al control territorial de ese grupo armado ilegal.

Hoy el asunto está en los terrenos de la justicia y, por ello, como todos los colombianos, espero la investigación rigurosa de la Fiscalía y, en su momento, el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia con la oportunidad que el país reclama.

El Eln, por su parte, congeló unilateralmente los diálogos desde febrero a partir de su rechazo al diálogo regional en Nariño, y hoy es el Gobierno quien debe hacerlo hasta que se aclare el presunto desvío de dineros en Arauca, y puedan proseguir las negociaciones sin prevención alguna, pues la sombra de la corrupción oscurece el camino hacia la paz, que merece iluminarse de credibilidad y confianza.

Bogotá, D. C, 22 de julio 2024

*Presidente FEDEGAN

@jflafaurie

“Ampliar el monto de la deuda no significa recortar el programa de gasto público, que es de lo que se trata”.

Por Juan Camilo Restrepo*. -Como en una buena novela negra el Dr. Oliver Pardo, director del observatorio fiscal de la Universidad Javeriana, se dedicó en un interesante artículo publicado en el periódico El Espectador el pasado martes 2 de junio a escudriñar dónde estaban exactamente los recortes que por $20 billones anunciaron con bombos y platillos por el gobierno.

Para tal efecto el investigador mencionado se sumergió en las complicadas aguas del decreto 0776 del pasado 20 de junio, por el cual se aplazaron varias apropiaciones del presupuesto nacional de la vigencia 2024.

El hallazgo más interesante de esta pesquisa del Doctor Pardo es que $8,2 billones de los $20 billones están representados en una partida que originalmente aparecía como gasto pero que ahora se sustituye por una ampliación del endeudamiento público.

En otras palabras, la cancelación que por $8,2 billón le iba a hacer el gobierno Nacional en esta vigencia a Ecopetrol se sustituye por la entrega de la misma suma a la petrolera, solo que ahora recibirá títulos de deuda del Gobierno Nacional (TES) en vez de un pago en efectivo.

Dicho en otras palabras: una deuda se sustituye por otra deuda, en este caso títulos de deuda pública del Gobierno Nacional llamados (TES).

La alquimia funciona perfectamente: Ecopetrol cambia una creencia por un título de deuda, pero obviamente esto no significa reducción del gasto público como se ha hecho creer. Ampliar el monto de la deuda no significa recortar el programa de gasto público, que es de lo que se trata.

Ampliando su argumentación el observatorio fiscal de la Universidad Javeriana agrega lo siguiente: “la única forma de recortar los gastos relacionados con el FEPC es reducir el subsidio al Acpm, lo cual debe hacerse para mejora la sostenibilidad de las finanzas públicas y mejorar la focalización del gasto.

Pero esto solo se verá reflejado en el PGN de 2025. En otras palabras, los $20,5 billones presupuestados en el presupuesto de 2024 corresponden a gastos ya materializados. Que los pague Ecopetrol, el Gobierno Nacional Central ahora o el Gobierno Nacional después (cuando venza los TES) es otra cosa. Pero en ningún caso constituyen una reducción real del gasto.

El departamento de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá conceptuó hace algunos días que el recorte mínimo para cumplir con la Regla Fiscal no era de $20 billones sino del doble: $40 billones.

Con esta operación cosmética que ha descubierto el observatorio fiscal de la Universidad Javeriana se sortea el escollo de acreditar un recorte por $20 billones que en realidad no es tal, pues el 40% del mismo no es otra cosa que canjear una deuda con otra con Ecopetrol.

Pero queda flotando otra pregunta no menos inquietante: ¿será suficiente para cumplir con la Regla Fiscal este año un recorte de $20 billones, 40% de los cuales no son otra cosa que el resultado de sustituir una deuda por otra?

Bogotá, D. C, 22 de julio de 2024

*Abogado y Economista. Exministro de Estado

“Nuestro equilibrio externo sigue dependiendo del petróleo”.

Por Mauricio Cabrera*.- ¿Por qué el desequilibrio externo que comentaba la semana pasada no se ha reducido más con la acelerada devaluación del peso colombiano? ¿Por qué con el precio del dólar alrededor de $4.000 las exportaciones siguen disminuyendo? A pesar de la mala fama de los economistas para dar explicaciones, en este caso si tienen algunas respuestas.

La primera es que la devaluación del peso es una ilusión monetaria, es decir no es real. Si bien desde finales del 2014 el precio del dólar pasó de $2.350 a más de $4.000, -es decir una devaluación nominal del 73%-, al descontar la variación del IPC en el mismo período se constata que el valor real del dólar se ha mantenido constante.

En otras palabras, en Colombia un dólar vale más pesos hoy pero compra lo mismo que podía comprar hace 10 años.

Alguien podría decir que la comparación solo con el IPC de Colombia no es relevante, porque también ha habido inflación en el resto de países. Es cierto. Para tomar en cuenta la inflación internacional el Banco de la República ha construido el Índice de la Tasa de Cambio Real competitiva (ITCR) que incluye la inflación de nuestros socios comerciales.

En la misma década el resultado no es muy diferente, pero en los últimos años es peor: después de la pandemia el ITCR ha bajado 15%, es decir que la competitividad de los productos colombianos ha caído en esa proporción, lo que dificulta el crecimiento de las exportaciones.

Una segunda explicación es el estancamiento del comercio mundial. Para que nuestras exportaciones crezcan, tienen que crecer los compradores en el exterior y la realidad es que después de la recuperación post-pandemia el comercio mundial de mercancías está frenado.

En 2023 disminuyó un 5% en términos de valor, a pesar del crecimiento del PIB mundial, que fue de 2.7%. En este contexto es difícil que crezcan nuestras exportaciones.

Finalmente, está el factor precio de los hidrocarburos. El año pasado los ingresos de las exportaciones de petróleo bajaron USD 6.250 millones menos, lo que representó el 85% de la disminución del valor total de las exportaciones.

Pero esta caída se explica por los menos precios, pues en volumen las ventas de petróleo subieron 4% y las de carbón solo bajaron 1%.

El exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, me anotaba que el panorama no era tan malo porque las exportaciones no tradicionales (NT) si estaban creciendo.

Es cierto que, sin contar las ventas de oro y esmeraldas, en lo corrido de este año las exportaciones no tradicionales muestran un incremento del 6.5%, pero el año pasado si cayeron 1%.

El problema es que su volumen no alcanza a compensar lo que se deja de recibir por el petróleo y el carbón: el aumento de este año fue de USD 500 millones, mientras que las ventas de hidrocarburos bajaron USD 1.000 millones.

Nuestro equilibrio externo sigue dependiendo del petróleo.

Cali, 21 de2 de julio 2024

*Filósofo y Economista. Consultor

“Lo más aconsejable para evitar un serio traumatismo en la prestación de los servicios públicos con calidad, eficiencia y continuidad, como lo manda la Ley, es construir sobre lo construido, sin demoler sus bases”. 

Por Amylkar D. Acosta M*. - Antes de adentrarnos al análisis de los intríngulis del anteproyecto de ley de reforma de la Ley 142 de 1994 de servicios públicos que el Gobierno ha dado a conocer y que radicará próximamente en el Congreso de la República, el cual reanuda sus sesiones ordinarias de su tercera legislatura, nos permitimos exponer lo que podríamos llamar los prolegómenos a propósito del mismo.

En primer lugar es bueno dejar establecido que la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 le dio un revolcón al régimen de los servicios públicos, al dejar establecido en el artículo 365 de la Constitución Política que su prestación es inherente a la finalidad social del Estado. Que este es el responsable de garantizar “su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional”, no obstante deja abierta la opción de que pueda darse “directa o indirectamente, por comunidades organizadas o por particulares”, alternativa esta que era impensable enantes. Eso sí, La Carta le reserva al Estado “la regulación y la vigilancia de dichos servicios”, para lo cual se creó la Superintendencia de los Servicios públicos domiciliarios, la única de rengo constitucional.

Las leyes 142 y 143 de 1994 desarrollaron este precepto, la primera la de Servicios públicos y la segunda la eléctrica, nacieron el mismo 11 de julio y son siameses. No es dable pensar en una reforma de la primera sin tocar la segunda. Gracias a la vigencia de estas dos leyes se logró ampliar la cobertura en la prestación del servicio de energía, la cual pasó de 70.9% en 1990 a 98.72% enn2023 y el número de usuarios pasó de 4.4 millones en 1990 a 17.7 millones en 2023. Ello fue posible merced a la inmensa inversión en el sector, que alcanzó los $140 billones en el decurso de los 30 años de vigencia de estas leyes, primando, de lejos, la inversión privada sobre la del sector público.

Ello le ha valido a la arquitectura de Sistema energético colombiano y a su desempeño una buena calificación tanto por parte del Foro Económico Mundial (octavo puesto a nivel global en 2016 y el décimo en el reporte de 2020, entre 126 países analizados), como uno de los mejores sistemas energéticos del mundo, como del Consejo Mundial de Energía (WEC, por sus siglas en inglés. Colombia logró escalar 12 puestos en el ranking del Trilema (sostenibilidad, seguridad y equidad),ubicándose en el puesto 35 entre 130 países evaluados. 

No puede decirse lo mismo con respecto a la Transición energética. Colombia ha retrocedido los últimos dos años en su desempeño. Después de ocupar el puesto 29 a nivel global y tercero en Latinoamérica en el Informe del FEM en 2021, gracias a la expedición por parte Congreso de la República de las leyes 1715 de 2014 y la 2099 de 2021, amén de la asignación mediante subastas entre 2019 y 2021 de 2.400 MW de capacidad de energía eólica, la demora en el tendido de la Colectora, para inyectar la energía generada al Sistema Interconectado Nacional (SIN), que solo estará operativa en 2026 y el atraso de la entrada en operación de los parques eólicos en La Guajira (los primeros han debido entrar en 2022 y hasta la fecha no ha entrado ninguno), le valió a Colombia perder 10 posiciones a nivel mundial, pasando del puesto 29 al 39 y en Latinoamérica pasó del tercer puesto al sexto. 

Este retroceso se explica también por el inmovilismo y la procrastinación por parte del Gobierno, pues después de casi año y medio desde que la ex ministra de Minas y Energía se comprometió en noviembre de 2022 en el marco de la 27 Conferencia de las partes de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio climático (COP 27), a la fecha no se cuenta todavía con la Hoja de ruta de la Transición energética justa, un mandato de la Ley 2294 de 2023 del plan Nacional de Desarrollo (PND 2022 -2026).

Ahora bien, el hecho de que este Gobierno no haya revelado su Hoja de ruta de la Transición energética no quiere decir que no exista, pues en el anterior Gobierno de Duque se expidió el Documento CONPES 4075 de marzo 29 de 2022, contentivo de los lineamientos de la Política de Transición energética, el cual se basó en un Informe y las recomendaciones de 20 expertos para la Transición energética, que por mandato del Congreso de la República (Ley 1955 de 2019 del PND 2018 - 2012) integró el Presidente Duque y rindió su Informe, muy completo, el 28 de enero de 2020. 

Entre las recomendaciones de la Misión, que contó con el apoyo del BID y el Banco Mundial, centradas en 5 focos estructurales del mercado, destacándose el Marco institucional y regulatorio. Se ocupa también de la formación de precios y de la necesidad de mejorarla, la participación de los agentes de la cadena y de las transacciones al por mayor, eso sí, “sin poner en riesgo la confiabilidad y firmeza” del Sistema energético. Con base en este Informe la administración Duque publicó la Hoja de ruta “para modernizar y transformar el sector eléctrico en el corto y mediano plazo, implementando las acciones de los actores en toda la cadena de generación, producción y comercialización de energías”. De manera que el actual Gobierno, mientras no se de su propia Hoja de ruta de la Transición energética justa, por respeto a la institucionalidad, debe cumplir y hacer cumplir lo avanzado en el anterior Gobierno. 

Si bien es cierto después de 30 años de vigencia de ambas leyes ameritan hacerles los ajustes y enmiendas que demandan la reconfiguración del mercado energético con la introducción de las fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER), no hay que pasar por alto que en ello se avanzó con la expedición de las leyes 1715 de 2014 y 2099 de 2021. Sería un error garrafal pensar que con la reforma propuesta se haría borrón y cuenta nueva, lo más aconsejable para evitar un serio traumatismo en la prestación de los servicios públicos con calidad, eficiencia y continuidad, como lo manda la Ley, es construir sobre lo construido, sin demoler sus bases.

Medellín julio 20 de 2024

*Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía

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“¿Qué pudo influir en el ánimo de Crooks y llevarlo, inclusive, a arriesgar su vida -que, en efecto perdió- para intentar asesinar a una persona como Donald Trump?”

Por José G. Hernández*. Todavía deben adelantarse las pertinentes investigaciones, pero -según lo visto inicialmente- no parece que el atentado contra el expresidente estadounidense Donald Trump en Pennsylvania haya tenido origen en un plan terrorista preconcebido por algún grupo u organización terrorista internacional, con propósitos políticos. El FBI habla de “terrorismo interno”, pero lo divulgado hasta ahora indica que todo fue concebido y llevado a cabo de manera individual -se desconocen sus razones- por Thomas Crooks, un hombre de apenas veinte años, sin antecedentes delictivos, cuya ideología política no ha sido establecida con certeza, pues su nombre aparece como perteneciente al partido republicano, pero hizo aportes a campañas demócratas.

En este caso -que dista mucho de ser un simple “incidente”, como lo llamaron algunos noticieros internacionales-, el señor Trump -exmandatario y candidato a la reelección- escapó de la muerte por centímetros -uno de los proyectiles dio en su oreja derecha- y, como él lo dijo, Dios lo protegió. Por su parte, el tirador fue abatido por el personal de escoltas, no sin antes causar la muerte a Corey Comperatore -un valiente bombero que recibió los impactos mientras cubría con su cuerpo a su esposa e hijas- y graves heridas a dos personas más.

A nadie se oculta la gravedad de lo acontecido. Buena parte de la población teme el regreso de la violencia política y las amenazas de muerte contra líderes y altos dignatarios, que no se habían vuelto a presentar desde el 30 de marzo de 1981 -cuando fue atacado el entonces presidente Ronald Reagan en Washington.

A no dudarlo, hubo fallas en la inteligencia y la protección del aspirante a la presidencia, como lo han expresado muchos de los asistentes, toda vez que no se dieron cuenta de la presencia del atacante, quien portaba un fusil y subía a una construcción cercana, desde donde hizo los disparos. Sobre los organismos competentes habrá investigación, según se anuncia.

¿Qué pudo influir en el ánimo de Crooks y llevarlo, inclusive, a arriesgar su vida -que, en efecto perdió- para intentar asesinar a una persona como Donald Trump? Es lo que muchos nos preguntamos. Quizá -como también ocurre en Colombia, en medio de la polarización política existente, y acontece en otros países como España, México, Perú o Ecuador - los dirigentes y partidos deberían reflexionar acerca de la manera como orientan a sus posibles seguidores, en sus campañas y procesos, en las redes sociales y en los medios de comunicación. El discurso de odio, la descalificación de la persona del contrario, la ofensa y el insulto contra quien piensa diferente -en vez de la confrontación civilizada de argumentos, la discusión y el diálogo- obran con frecuencia en personas influenciables y primarias, que acuden fácilmente a la violencia.

Hablando de violencia, no podemos dejar de referirnos a los penosos acontecimientos que tuvieron lugar este domingo en Miami, donde tuvo lugar el partido final de la Copa América entre Argentina y Colombia. Nuestros futbolistas fueron ejemplares y merecen aplauso y apoyo, pero no así los hinchas que ocasionaron caos, confusión, destrozos y perturbación del orden público, al ingresar masivamente y en forma violenta, sin boletas, al estadio. Gran vergüenza.

Bogotá, D. C, 17 de julio 2024 

*Expresidente de la Corte Constitucional

“Los dineros que envían son una gran ayuda, tanto para sus familias como para reducir el desequilibrio externo, pero producirían más riqueza si tuvieran oportunidades de trabajo en su país”.

Por Mauricio Cabrera Galvis*. -La buena noticia es que el desequilibrio externo de país sigue disminuyendo. La mala es que el ajuste se ha logrado por una gran caída de las importaciones. La fea es que las exportaciones también han disminuido. Y la regular es que las remesas siguen aumentando.

La reducción del desequilibrio externo es impresionante. En 2022 el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos llegó a un saldo negativo de USD 21.367 millones; un máximo histórico equivalente a -6.2 % del PIB. Un año más tarde, en 2023, este saldo negativo se había reducido a menos de la mitad: USD 9.715 millones o -2.7 % del PIB. En el primer trimestre de este año continuó la reducción y el déficit fue de solo -1.9 % del PIB.

La mala noticia es que, como en 1999, esta mejoría la indujo la recesión económica, pues con la menor producción nacional se disminuyen las importaciones de insumos y de bienes de capital; también caen las compras en el exterior de bienes de consumo por la menor capacidad de compra de los hogares.

En efecto, según el Dane, el año pasado las importaciones totales se redujeron un 18,9 %, siendo más fuerte la caída de las materias primas (-21.2 %), lo mismo que la de bienes de capital y materiales de construcción (-22,5 %). Este año ha continuado la tendencia con una disminución del 10 % en el total.

Lo grave es que las exportaciones no repuntan, sino que continúan cayendo. El año pasado el valor de los bienes exportados bajó 12,9 %, y si bien en parte se explica por los menores precios del petróleo el carbón, también cayeron las exportaciones agrícolas y las de la industria manufacturera. Este año, hasta mayo continuaron cayendo las exportaciones de combustibles (-8,7 %), pero se han recuperado un poco las agrícolas (7,9 %) y se han mantenido igual las industriales.

Es muy preocupante que esta tendencia de las ventas al exterior se dé en una coyuntura de tasa de cambio muy compleja por la devaluación, aunque esto se explique en parte no por la baja competitividad de los productos colombianos, sino por el poco dinamismo del comercio mundial, todavía afectado por guerras, problemas logísticos y el bajo crecimiento de la economía mundial.

El comportamiento de las remesas que envían los colombianos del exterior tiene dos caras. La positiva es que siguen creciendo hasta convertirse en la segunda fuente de ingresos externos después del petróleo: el año pasado llegaron al récord histórico de USD 10.091 millones y este año van creciendo un 13 % adicional.

La negativa es que las remesas son el producto de la exportación de trabajadores, es decir, de los millones de colombianos que han tenido que emigrar para ganarse la vida en otras latitudes. Los dineros que envían son una gran ayuda, tanto para sus familias como para reducir el desequilibrio externo, pero producirían más riqueza si tuvieran oportunidades de trabajo en su país.

Cali 15 de julio 2024

*Folísofo y Economista. Consultor.

“Hay también una mirada miope del incumplimiento”.

Por José Félix Lafaurie Rivera*. - El presidente Petro denunció ante el Consejo de Seguridad de la ONU el incumplimiento del Acuerdo con las Farc, porque el gobierno anterior quiso “hacerlo trizas” y el actual no ha logrado el Pacto Nacional por culpa de la mitad del país que se opone a la paz, lo cual no es cierto, para reconocer, al final, que el Gobierno no tiene plata para implementarlo.

La relectura del Acuerdo me confirmó en la ilegitimidad de esa negociación, no por el hecho de haber negociado, sino por su alcance desbordado bajo el “nada está acordado hasta que todo esté acordado”, que pretendió construir un país nuevo con el grupo narcoterrorista que lo atacó durante décadas.

Se negoció la reconstrucción del campo con quienes lo destruyeron; el ejercicio de la política y la participación en la democracia del grupo que tuvo como objetivo derrocarla; la lucha contra las organizaciones criminales con una de ellas y la política antidrogas con un grupo narcotraficante; se negociaron la verdad, la justicia y la reparación, con solo la mitad de la verdad, la justicia con impunidad y la reparación en veremos.

Se negoció todo, y esa es una causa del incumplimiento, porque ese extenso documento abarca todas las responsabilidades del Estado bajo el enfoque de las Farc; y asumirlas es obligación del Estado, aun sin acuerdo, pero bajo el enfoque del interés general expresado a través de las instituciones democráticas.

Hay también una mirada miope del incumplimiento. Las Farc incumplieron. Nos dejaron disidencias y renegados, incluido su jefe negociador. No revelaron rutas, contactos e ingresos del narcotráfico; no devolvieron tierras usurpadas, con las que el Gobierno no tendría que comprar una sola hectárea; no repararon a sus víctimas.

¿Dónde quedó la mitad de la verdad? Le entregamos a la Comisión dos tomos sobre la victimización ganadera que fueron ignorados. ¿Por qué la JEP no ha proferido una sola condena, así sea con penas restaurativas que son impunidad disfrazada?

En aras de la coherencia reitero que rechacé y rechazo el fast track que le usurpó al Congreso sus facultades, y estoy en desacuerdo con una prórroga del Acuerdo, que el Estado no necesita para cumplir sus obligaciones.

Pero también reconozco puntos de acuerdo: El narcotráfico es la principal causa de corrupción y violencia, aunque también sea resultado de las concesiones al imperio de la ley. Estoy de acuerdo en que hay hipocresía sobre las drogas, con gran asimetría entre un país que pone la degradación de sus instituciones, los muertos y la violencia, y una comunidad internacional permisiva con las mafias en sus países.

Estoy de acuerdo en que la solución es la inclusión de los territorios al desarrollo, porque “La paz pasa, necesariamente, por la recuperación del campo”, siempre incumplida… Ahora mismo, 350 mil productores de leche podrían ser empujados a la ilicitud, si no hay soluciones de Estado a sus problemas.

Bogotá, D. C, 14 de julio 2024

*Presidente FEDEGAN

“La CREG se ha constituido en el nudo gordiano de la crisis energética”. 

Por Amylkar D. Acosta M*. - Según el Presidente de la República Gustavo Petro, “el Gobierno nacional cuenta con la voluntad de modificar el esquema tarifario de la energía en el país. sin embargo, decisiones judiciales y políticas lo han impedido…no he podido en dos años, porque una y otra vez se atraviesa algún tipo de decisión judicial o política para defender los intereses de seis grandes pulpos de la generación eléctrica, que están ordeñando a toda la sociedad colombiana, ordeñando a la industria, ordeñando a la agricultura y ordeñando al poder productivo de Colombia”. En un duro cuestionamiento a los mandatarios del caribe les endilgó parte de la responsabilidad, insinuando su supuesta connivencia con las empresas. Pero, veamos los hechos.

En el año 2022 el Presidente Petro responsabilizó de las excesivas alzas tarifarias a la CREG y se propuso asumir sus funciones y competencias para bajarlas, pero después de fracasar en el intento de asumirlas, la CREG quedó en sus manos y desde entonces no hay sabido qué hacer con ella, pues hasta la fecha se ha negado sistemáticamente a nombrar en propiedad a los 6 expertos comisionados de la CREG, como lo manda la ley y lo ordenó el Tribunal administrativo de Cundinamarca.

Y ante su incumplimiento la procuraduría general de la nación le solicitó a dicho tribunal iniciar una acción de desacato contra el Presidente Petro y contra el ministro de minas y energía Andrés Carreño.  ello ha sumido a la CREG en una interinidad permanente, hasta su desintegración actual, luego que el consejo de estado anulara el nombramiento de su director. La ex ministra de Minas y Energía Irene Vélez anunció en octubre de 2022 un pacto por la justicia tarifaria que reduciría las tarifas en un 4%, el cual terminó en sólo 2.82%, cuando el aumento acumulado era del 40% en la región caribe.

Ahora se anuncia nuevamente una baja de las tarifas en la región caribe del 4%, cuando el aumento de enero de 2023 a enero de 2024 fue del 31%, para ello el Gobierno Nacional asumirá la deuda contraída por parte de los usuarios con las empresas distribuidoras de energía por cuenta de la opción tarifaria. Pero, para que las empresas Air e y AFINIA, que son las que prestan el servicio, le trasladen este beneficio a sus usuarios no basta con el anuncio por parte del Gobierno. Para que este anuncio pueda materializarse, como lo dispone la Resolución 40225 del Ministerio de Minas y Energía expedida el 2 de julio, es la CREG quien lo debe decidir.

Del dicho al hecho hay mucho trecho. En efecto, en dicha Resolución se esbozan unos lineamientos tendientes a introducir unos cambios regulatorios, que sólo la CREG puede determinar, tendientes, según su texto a la adopción de “medidas para reducción de tarifas a los usuarios regulados del servicio de energía eléctrica”. En la misma, incluso,

se deja abierta la posibilidad de que el beneficio de la supresión del pago de la Opción tarifaria se extienda a los estratos 4, 5 y 6. Pero, la verdad sea dicha, esta es una Resolución bien intencionada, pero ineficaz, pues varias de sus disposiciones principales dependen para su aplicación de acuerdos voluntarios entre generadores, comercializadores y distribuidores de la energía, que permitan la renegociación de los contratos bilaterales vigentes.

No obstante, como es bien sabido, una de las leyes de Murphy es aquella según la cual todo aquello que anda mal es susceptible de empeorar. Ahora resulta que el pasado 2 de julio se venció el encargo de uno de los expertos comisionados encargados, el de Orlando Velandia, Director de la ANH y para rematar, el Consejo de Estado anuló el nombramiento del otro, Omar Fredy Prías, quien además era el Director ejecutivo, por no reunir los requisitos legales, con lo cual la CREG queda con sólo 2 de los 6 expertos comisionados y se requiere un mínimo de 4 de ellos para configurar quorum y sin este no se podrán tomar decisiones.

Decisiones como las que se plantearon en la Resolución de la referencia, como la orden de que establezca y viabilice “mecanismos de financiación, adicionales a los mecanismos viabilizados por el Gobierno Nacional, que de manera temporal permitan aliviar la situación financiera de las empresas distribuidoras y/o comercializadoras que posean saldos acumulados de opción tarifaria”. Y qué decir del plazo de 30 días calendarios a la CREG para que expida, nada menos, que “los ajustes regulatorios que considere necesarios, para el cálculo y reducción del Costo Unitario de prestación del servicio (CU), y la reducción de las tarifas para los usuarios de estratos 1, 2 y 3”.

Esperar, entonces, que la CREG pueda proceder, como se lo solicita el Ministerio de Minas y Energía a través de esta Resolución, a expedir la resolución o las resoluciones requeridas, cuando la misma no cuenta con el quorum para la toma de decisiones es tanto como cortarle las alas a una paloma y esperar que la misma emprenda vuelo!

Ello nos ha llevado a afirmar que la CREG se ha constituido en el nudo gordiano de la crisis energética, que el Ministro Andrés Camacho se niega a reconocer, que tiene la Transición energética justa, contemplada en el Plan Nacional de Desarrollo (2022 – 2026), que ni siquiera cuenta con su Hoja de ruta, en pausa, pese a que la misma se ha convertido en el mantra de este Gobierno. Sólo este puede desatarlo, pero para ello tiene que superar la propensión a la procrastinación que lo ha caracterizado.

Cota, julio 13 de 2024

*Economista. Expresidente del Congreso y exministro de Minas y energía

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“El medio tiempo del presidente llega en medio de muchas tormentas, como su baja popularidad y sus ataques a la prensa. Dependerá de Juan Fernando Cristo jugarse a fondo para convencer al país de que el acuerdo nacional sí es posible”.

Por Hubert Ariza*. - Mientras en los estadios de Estados Unidos la selección colombiana de fútbol une al país, y James Rodríguez renace y se eleva a las alturas como el mejor jugador, con una zurda maravillosa y una genialidad sin par, y el país sueña con alzarse con la Copa América, en Colombia la política hierve, incendia, polariza, enajena y condena a la nación a la incertidumbre, la frustración y el miedo a que el futuro se desvanezca y la democracia se fracture.

El presidente Petro ha llegado a la mitad de su mandato en medio de muchas tormentas, y como en La piragua, la inmortal cumbia del maestro José Barros, a pesar del bajón en su popularidad, que apenas sobrepasa el 30% de favorabilidad, se muestra seguro capoteando el vendaval e impasible desafía la tormenta.

Una tormenta que ha generado él mismo con su estilo confrontacional de gobernar, retando al establecimiento y el statuo quo, atacando a la prensa, en negociaciones con guerrillas y paramilitares en medio de la guerra, que no auguran un buen final; impulsando reformas bloqueadas por el Congreso, desnudando la incapacidad de reacción de una oposición inane e inocua que está tres pasos atrás de la dinámica política y, sobre todo, por su voluntarismo de convocar el poder constituyente y promover una nueva Constitución, sin que el país se sume a esa cruzada, porque no entiende las razones de fondo para andar ese camino lleno de sobresaltos.

Para enfrentar el desafío de su propia agenda, el mandatario ha hecho un recambio de su gabinete, sacando fusibles fundidos o desconectados del circuito petrista, o a algunos ministros invisibles que pasaron sin pena ni gloria, como la de Vivienda, Catalina Velasco, que fue incapaz de reactivar el sector y congeló los sueños de millones de ciudadanos en la pobreza que votaron por Petro, confiados en que tendrían un lugar donde meter la cabeza y solo consiguieron promesas vacuas y sonrisas postizas.

Para rearmar su gabinete el presidente se ha rodeado, como se había previsto, de gente sacada de sus propias canteras. Hombres y mujeres leales a su doctrina reformista, que lo han acompañado en su brega política y en su lucha por el poder. Gente obediente que se acomoda a su estilo, sus formas, su estética, sus silencios y sus delirios. A su manera de gobernar por Twitter y confrontar a todo el que decida contrariarlo. A gente como Daniel Rojas, surgido de la barriada, a quien ha encargado del ministerio de Educación y ha sido sometido al más exigente examen de ortografía y buenas maneras, y desde ya lo han condenado al paredón los fanáticos de la urbanidad de Carreño.

Con ese nombramiento Petro ha demostrado que está decidido a poner en la primera línea a los más fieles escuderos, sin importar su experticia en los temas, y que la educación tendrá al frente a un líder polémico que le hablará al oído a su jefe, quien lo considera presidenciable. “Me parece que perfectamente un joven salido de las comunas populares de Medellín, que haya vivido su barrio, su resistencia, puede llegar no solo a ser ministro de educación sino presidente”, trinó Petro al respecto.

Tal vez esa reacción se dio por el fuerte rechazo de los medios a la salida de la ministra Aurora Vergara, experta en el sector. Quizá para compensar la balanza el presidente se vea obligado a nombrar un equipo asesor de alto nivel en el campo de la educación, una especie de Comisión de Sabios, para que el funcionario entrante pueda cumplir las ambiciosas metas del Plan Nacional de Desarrollo, como incluir 500 mil nuevos cupos en educación superior y garantizar el derecho a la educación con calidad, pertinencia e infraestructura de avanzada, con un enfoque territorial, étnico y de género.

En el gabinete el ministro del Interior, el liberal Juan Fernando Cristo será diferente. Viene de otra cantera. Tiene otra historia. Repite el cargo que ocupó en el Gobierno Santos, cuando participó en las negociaciones de paz en La Habana, impulsó la JEP, y se batió en el Congreso por afianzar una agenda legislativa que garantizara que la paz no la fundiera en el camino la extrema derecha. Después de liderar el partido En Marcha, que perdió la personería jurídica y está en camino de disolverse, vuelve a tratar de hacer milagros, a hacer posible lo que parece imposible a los ojos de la opinión pública: lograr un acuerdo nacional que permita convocar una Asamblea Nacional Constituyente, siguiendo el cauce constitucional, sacando la reelección del camino, mientras el presidente impulsa en los territorios el poder constituyente y las negociaciones con el ELN y las disidencias, atraviesan un campo minado, la población indígena del Cauca vive en medio del terror, y los acuerdos se ven lejanos.

El ministro Cristo, que tiene un tono conciliador, es paciente, conoce los vericuetos del Congreso y sabe de comunicación política, debe tener claro que esta vez ha aceptado cargar una cruz sin saber cuántas estaciones le esperan antes de ver abrirse el mar para llegar a la tierra prometida del acuerdo nacional y la Constituyente. Mientras el presidente impulse el poder constituyente, un concepto del filósofo marxista italiano Antonio Negri, la desconfianza marcará la política colombiana, precisamente porque no es claro el mensaje de lo qué se busca. Para la extrema derecha el poder constituyente es la revolución permanente, apoyada por el ELN y las disidencias de las Farc; para el resto del país quizás sea una utopía revolucionaría que se convertirá en una narrativa petrista que terminará cuando se elija un nuevo presidente en 2026.

El mandatario, precisamente, el pasado 10 de julio trinó en Twitter: “A mi no me interesa si el poder constituyente se concreta en mi gobierno o después, eso lo determina la gente misma; me interesa que se convoque ya, que el pueblo se declare en poder”. ¿Cómo se conjuga ese mandato presidencial con la gestión de un acuerdo nacional que despolarice a Colombia y le trace una ruta de profundas transformaciones y el fin de la guerra? El poder constituyente es, en sí, una amenaza a la clase política tradicional, incapaz y culpable de la falta de liderazgo que afecta la democracia, un deseo presidencial aún no dimensionado, y un concepto elevado de participación ciudadana que el país no comprende o no identifica en medio de tanto discurso de odio y narrativas fatalistas.

En un clima de tanta desconfianza el ministro Cristo tendrá que jugarse a fondo para convencer al país de que el acuerdo nacional sí es posible y no tiene como objetivo reelegir a Petro, ni viabilizar una Constituyente saltándose los cauces constitucionales. Resulta paradójico que cuando se habla de un acuerdo nacional, la extrema derecha crea que ha encontrado una mina para expandir su narrativa de la venezolanización de Colombia, con la activación del poder constituyente.

En el universo petrista la revolución del poder constituyente ha comenzado. El país incrédulo aún no dimensiona el alcance de ese proceso que, según los teóricos, deberá transformar todo a su paso. Lo concluyente es que a mitad de su mandato Petro ha redoblado su apuesta y está jugando más duro, saltando hacia adelante, poniendo todo su capital político sobre la mesa, demostrando que lo suyo es la búsqueda incesante del poder constituyente que desafía la tormenta.

Bogotá, 15 de julio 2024

*Periodista, internacionalista y analista político.

Tomado de El País América

“¡Dura lex, sed lex!” 

Por Amylkar D. Acosta M*. - La Comisión de regulación de energía y gas (CREG) está llamada a ser el alma y nervio de este sector, es la entidad rectora en todo lo concerniente a la regulación, estableciendo las normas a las cuales debe sujetarse y velar por su cumplimiento. Está integrada por 9 miembros: el Ministro de Minas y Energía, quien la preside, el Ministro de Hacienda y el Director del DNP, por parte del ejecutivo y 6 expertos comisionados designados por la Presidencia de la República.

Durante casi 30 años, desde que se integró merced a la Ley 142 de 1994 había venido funcionando sin mayores tropiezos, pero desde el 2022 hasta la fecha la CREG entró en crisis y ha estado al garete por cuenta de la reticencia del Gobierno Nacional a nombrar en propiedad los expertos comisionados, sumiéndola en la interinidad e inoperancia que la tienen en un verdadero laberinto del cual sólo él la puede sacar, para la bienandanza del sector.

Se ha cumplido el último plazo para que el Gobierno Nacional le dé cumplimiento al fallo proferido por el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, para que se procediera a nombrar en propiedad a los restantes expertos comisionados de la CREG. Recapitulemos: el 9 de septiembre de 2022, en su discurso de clausura del XXIV Congreso de ANDESCO el Presidente Gustavo Petro amenazó con intervenir la CREG para detener la espiral alcista de las tarifas de energía eléctrica. El 16 de febrero de 2023 el Presidente Petro expidió el Decreto 227 asumiendo las funciones y competencias de la CREG. Peo el 2 de marzo de 2023 el Consejo de Estado acoge los argumentos de la demanda contra dicho Decreto y suspende su vigencia como medida cautelar.

El Gobierno Nacional procedió, entonces, a nombrar a varios de los expertos comisionados para suplir la vacancia que se presentó por la nulidad de su nombramiento por parte del Presidente Duque, pero en calidad de encargados, contrariando lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 143 de 1994 y el artículo 44 de la Ley 2099 de 2021, en sentido que ellos tienen un periodo fijo de 4 años y son de dedicación exclusiva. La CREG entra en un largo letargo debido a su interinidad. 

Por su parte la Procuradora General Margarita Cabello, mediante Oficio 678 del 10 de octubre de 2023 le hace el requerimiento al Ministro de Minas y Energía Andrés Camacho para que procediera al nombramiento en propiedad de los 6 expertos comisionados que integran la CREG. La Procuraduría fue reiterativa en ello, recibiendo la callada por respuesta. Entre tanto la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-048 del 21 de febrero,  deja claramente establecido que los expertos comisionados de la CREG no son subalternos del Gobierno, tienen periodo fijo de 4 años y son de dedicación exclusiva. Con ello se busca preservar el carácter autónomo e independiente que por ministerio de la Ley debe tener la CREG. En igual sentido se manifestó el Consejo de Estado el 29 de febrero de 2024.

En respuesta a la demanda interpuesta por el Departamento administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), el Tribunal Contencioso administrativo de Cundinamarca sentenció el 25 de enero de 2024 que “el deber jurídico de integrar la CREG con seis expertos en asuntos energéticos, de dedicación exclusiva y por periodos de 4 años, fue estipulado por el legislador de forma expresa, y lo asignó al presidente de la República". Le ordenó, en consecuencia, nombrar en propiedad a los 6 expertos comisionados de la CREG, dándole un plazo perentorio de 30 días.

Esta decisión fue apelada por el DAPRE ante el Consejo de Estado y este profirió su Sentencia el 2 de mayo de 2024, confirmando y ratificando la orden dada por el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, dejando en firme su Sentencia. El alto Tribunal le dio al Presidente de la República un nuevo plazo de 30 días hábiles, contados a partir de la fecha de su notificación, para cubrir las vacantes de los expertos comisionados de la CREG, nombrándolos en propiedad. Plazo este que ya se cumplió.

Finalmente, en vista de la renuencia del Gobierno Nacional para cumplir los fallos de los altos tribunales y velando por el cumplimiento de las decisiones judiciales, la Procuraduría General le acaba de dar plazo este miércoles 26 de junio para la remisión de los actos administrativos de nombramiento de los 6 expertos comisionados. De lo contrario el Ministro Camacho, como delegatorio por parte de la Presidencia del poder nominador de los mismos, estaría incurso en desacato y expuesto a las sanciones que puedan derivarse de dicha conducta. El Ministro tiene la palabra!

Bogotá, junio 22 de 2024

*Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.

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