Opinión

“La Constitución -es verdad- no es irreformable, pero su modificación no debe obedecer únicamente al vaivén de las coyunturas ni a la conveniencia política del momento, como ha venido aconteciendo”.

Por José G. Hernández*.- El presidente Gustavo Petro ha expresado en todos los tonos que no aspira a ser reelegido, que no le interesa. Hay que creerle. Pero ello no ha impedido que algunos congresistas partidarios suyos hayan resuelto presentar un proyecto de acto legislativo orientado a restablecer la figura de la reelección -hoy prohibida en la Constitución- para que, en 2026, el actual mandatario pueda someter de nuevo su nombre a consideración del pueblo.

Sin adoptar una posición política en el caso concreto, cabe subrayar algunos elementos y antecedentes constitucionales en la materia, que son ejemplo de inestabilidad y ambivalencia.

La reelección presidencial -que era posible a la luz de la Constitución anterior- fue prohibida por la Asamblea de 1991, para evitar, según los ponentes, “la incidencia del presidente en el proceso de elección a este cargo y la instauración de dictaduras personalistas o la prolongación inconveniente del mandato democrático”. En 2004, un irregular proceso político culminó con la expedición del Acto Legislativo 2, que restableció la figura, inclusive para el período inmediato. Dos presidentes en ejercicio (Uribe y Santos) fueron reelegidos. La convocatoria a un referendo con miras a la segunda reelección de Uribe fue declarada inexequible por la Corte Constitucional. 

El Acto Legislativo 02 de 2015 volvió a prohibir la reelección y, además, dispuso: “La prohibición de la reelección solo podrá ser reformada o derogada mediante referendo de iniciativa popular o asamblea constituyente”.

Lo que ahora se propone, en cuanto pretende modificar otra vez la Constitución por acto legislativo del Congreso, implicaría desconocer lo dispuesto en la aludida norma, aunque se dirá que un acto legislativo puede modificar o derogar otro acto legislativo.

Siempre hemos pensado que la reelección de presidentes en ejercicio no solamente estimula la febril ambición de poder -llevando en muchos casos a la corrupción y al abuso- sino que lo concentra y prolonga en cabeza de una persona, impide la necesaria renovación en los cuadros directivos del Estado y rompe todo equilibrio e igualdad entre los candidatos, toda vez que uno de ellos aventaja ostensiblemente a los demás, dadas sus amplísimas atribuciones de orden presupuestal, burocrático, contractual y político, según lo hemos visto en Colombia y en otros países como Venezuela, Estados Unidos, Rusia, Nicaragua o El Salvador.

Obsérvese que, entonces, con este tipo de enmiendas se ha buscado y se busca acomodar la norma constitucional a una determinada coyuntura política, en vez de ajustar la situación política concreta al precepto vigente, como debería ser. Se modifica la Constitución para el caso, generando inestabilidad y se juega con la Constitución. Se la convierte -contra su esencia- en estatuto frágil y maleable.

Más allá del caso de la reelección, en Colombia es preocupante la tendencia del Congreso a reformar por reformar, sin que las reformas respondan a las verdaderas necesidades del sistema jurídico fundamental. Se ha debilitado el Estatuto Fundamental de 1991, al que ya se han introducido sesenta reformas -muchas de ellas innecesarias- y se proyectan muchas otras.

La Constitución -es verdad- no es irreformable, pero su modificación no debe obedecer únicamente al vaivén de las coyunturas ni a la conveniencia política del momento, como ha venido aconteciendo.

Bogotá, D. C, 16 de agosto de 2024

*Expresidente de la Corte Constitucional

Por Hubert Ariza*.  - Con el estallido del escándalo de la UNGRD, el incendio político en el vecindario, los índices de popularidad en rojo y el crecimiento del pesimismo colectivo, no hubo mucho que celebrar en Colombia el pasado 7 de agosto, cuando se cumplieron dos años de la posesión del presidente Gustavo Petro, el primer mandatario firmante de un proceso de paz exitoso.

Esta vez no ondeó, como en 2022, la bandera del M-19 en la Plaza de Bolívar, no se escuchó un discurso inspirador o desafiante del statu quo, ni el país renovó las ilusiones del éxito en ese proyecto político de izquierda. Tampoco expresó optimismo en que ahora sí llegará el anhelado acuerdo nacional que impulse las grandes reformas que transformen la vida de la nación.

“Pero sí hemos hecho, y hemos hecho más de lo que muchos piensan”, dijo Petro al hacer la lista de logros de su Gobierno, muchos de los cuales el país ignora o se niega a creer por la ausencia de una exitosa política de comunicación gubernamental y el desafiante estilo de gobierno del mandatario.

Ese balance ha sido nublado, sin embargo, por el eco del estallido del escándalo de corrupción protagonizado por funcionarios petristas deshonestos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, que pusieron un billonario presupuesto al servicio de un entramado para enriquecerse ilegalmente y, al mismo tiempo, impulsar las reformas gubernamentales en el Congreso de la República. Un escándalo que involucra a los máximos exdirectivos de esa entidad, a cuatro ministros y dos ex altos funcionarios del Gobierno, y a nueve congresistas, incluidos los expresidentes de Senado y Cámara.

Justo ese día de conmemoración, la Fiscalía realizó la audiencia de imposición de medida de aseguramiento contra los principales acusados en el expediente de la UNGRD, Olmedo López y Sneyder Pinilla, que fue transmitida en directo por varios medios de comunicación, copando la agenda mediática e impactando a la opinión pública, mientras en el histórico Puente de Boyacá el presidente pronunció un discurso sobre las fuerzas militares, con el sol a las espaldas y rodeado de funcionarios con caras largas. Al mismo tiempo que el mandatario hablaba del futuro, la Fiscalía demostraba la capacidad de daño de unos funcionarios deshonestos que demolieron la esperanza.

Por ello, la euforia de hace dos años fue reemplazada por un sentimiento generalizado de frustración. Fue un día de decepción para los más de once millones de electores del presidente, porque ningún logro, de los resaltados por Petro y sus funcionarios, es tan fuerte como para impedir que la corrupción sea la etiqueta imborrable de esta primera mitad de la administración. Una etiqueta que borró la promesa de valor de un mandatario que llegó al poder con la bandera del cambio, después de décadas de lucha en el Congreso contra la podredumbre política y sus alianzas criminales con el paramilitarismo, que sembraron de sangre la geografía nacional.

Consciente de ello, el jefe de Estado reconoció que ese fenómeno afectó su gestión. “Ese flagelo ha logrado permear a nuestra sociedad y nuestras instituciones. A nosotros en el Gobierno nos ha permeado y era algo que no debía haber pasado en el Gobierno del cambio”, dijo en su alocución televisada de balance de dos años de mandato.

Unas horas antes, había enfilado baterías en la red social X, antes Twitter, contra la periodista Diana Saray, tratando de poner el espejo retrovisor en otros escándalos en administraciones anteriores, como el supuesto saqueo de las EPS durante la pandemia, y de ratificar su compromiso contra la corrupción, al tiempo que descalificaba la labor de los medios, siempre críticos con una administración que ha atacado su credibilidad e independencia. “Que Olmedo se vaya a la cárcel, yo mismo exijo la reparación de la UNGRD, pero que no vengan los dueños de ciertos medios con su propaganda contra nosotros a ocultar su propia y enorme podredumbre llena de sangre”, escribió Petro.

Precisamente por esos permanentes ataques, la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, ha emitido constantes comunicados condenando los excesos gubernamentales en ese campo.

Del 7 de agosto de 2024 queda el mea culpa del presidente por el caso de la UNGRD, su recuento de quince logros en su gestión, y el llamado insistente a un acuerdo nacional, en el que pocos creen, excepto él mismo y su ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. “He hecho un llamado a los partidos políticos, empresarios, organizaciones sociales para que nos sentemos a construir un gran acuerdo nacional en torno a la reforma de la salud, la reforma de los servicios públicos, la implementación del acuerdo de paz y la lucha contra la corrupción”, dijo.

Esta vez no habló de las reformas agraria, política y a la justicia, ni del reordenamiento territorial, un tema vital para los gobernadores, hastiados del exceso de centralismo y presidencialismo. Tampoco mencionó la convocatoria de una Constituyente, ni insistió en su tesis del poder constituyente. Tal vez ya entendió que el palo no está para cucharas y que debe conformarse con entregar el poder pacíficamente el 7 de agosto de 2026.

En 2020, Colombia hablaba del estallido social, lo que impulsó el ascenso al poder de Petro en 2022. En 2024 se habla del estallido de la corrupción como el detonante de la narrativa de una derecha que busca demoler cualquier logro del Gobierno del cambio e impactar la campaña presidencial de 2026. Con el escándalo de la UNGRD, la Fiscalía está recuperando el protagonismo, el respeto y la independencia perdida, y la Justicia tiene una dura prueba para demostrar eficiencia y compromiso en defensa del Estado social de derecho y la democracia, que se debilita con cada hecho de corrupción e impunidad, que alimenta los discursos de odio y el deseo de venganza de los electores.

El tercer año del Gobierno del cambio ha comenzado, entonces, con el propósito de allanar el camino hacia un acuerdo nacional, que debe demostrarse con hechos y no con palabras. En tiempos de escepticismo y baja popularidad del presidente, con las heridas abiertas por la corrupción y el anhelo de justicia colectivo, la narrativa de venezolanización del país tomando fuerza, el fuego amigo al interior del Pacto Histórico, y la campaña presidencial avanzando con fuerza, hay poco optimismo en que se logre ese objetivo.

Quizá el primer paso debería darse desde la Casa de Nariño, bajándole el volumen de agresividad en X contra la prensa y la oposición, y apoyando la justicia para que se castigue ejemplarmente a los involucrados en los hechos de la UNGRD. Corrupción e impunidad no pueden ser sellos del cambio. También impulsando una audaz política pública anticorrupción, que se traduzca en el fortalecimiento de la Justicia y los órganos de control, despolitizándolos y sacándolos de la órbita de la politiquería enquistada en sus organigramas.

La campaña del 2026 comenzó con fuerza. La derecha aplaude la crisis permanente de la izquierda, pero no ha logrado posicionar un candidato que supere el desastre de la campaña de 2022 y su falta de liderazgo cuando vendió como alternativa a un candidato condenado hoy por corrupción. Por ahora, su narrativa no pasa de escaramuzas mediáticas de corta duración.

Aunque Petro goza de impopularidad, la derecha no parece ser la alternativa ante su falta de imaginación y líderes cualificados. El centro tiene hoy una enorme oportunidad de construir un relato que saque a Colombia de la dicotomía Petro o Uribe, y encarrile a Colombia hacia un verdadero acuerdo nacional en defensa de la Constitución de 1991, para impedir que el populismo autoritario se empodere con las banderas de la lucha contra la corrupción.

Bogotá, D. C, 11 de agosto 2024

*Periodista, internacionalista y analista político.

“La Política minera de este Gobierno, entonces, se debate entre la coherencia y el dogmatismo, pero alejados del realismo y el pragmatismo”.

Por Amylkar D. Acosta M*. -En el Programa de gobierno del Presidente Petro se planteó el “desescalamiento gradual del modelo extractivista. Emprenderemos un desescalamiento de la dependencia del petróleo y el carbón”. Y fue enfático al afirmar que “en nuestro gobierno se prohibirán la exploración y explotación de Yacimientos no convencionales (YNC), se detendrán los proyectos piloto de fracking y el desarrollo de yacimientos costa afuera. No se otorgarán nuevas licencias para la exploración de hidrocarburos, ni se permitirá la gran minería a cielo abierto”. Estábamos, entonces notificados lo que se nos vendría pierna arriba.

Sin proponérselo, sólo porque por fuerza de las circunstancias le quedó servida la ocasión para poner en práctica el “desescalamiento” del denostado modelo “extractivista” e impedir la gran minería a cielo abierto, en este caso de carbón, el Departamento del Cesar se convirtió en el escenario perfecto para implementarlo. En efecto, el 4 de febrero de 2021 PRODECO, empresa carbonera subsidiaria de la multinacional GLENCOR le devolvió al Estado colombiano dos títulos mineros, de las minas de Calenturitas y La Jagua, a la Agencia Nacional Minera (ANM). Esta decidió no reabrirlas ni reasignar tales títulos, con el firme propósito, como lo dijo su Presidente Luis Álvaro Pardo, de pasar del “extractivismo a una economía productiva”.

Ello se ha traducido en más de 5.000 trabajadores cesantes y la perdida de cuantiosos ingresos para la Nación, para el Departamento y los municipios, al tiempo que se están dejando de exportar 15 millones de toneladas. El único rastro que ha dejado en el territorio el fementido paso hacia una “economía productiva” es el publicitado Piloto Distrito minero especial para la diversificación productiva, que nada les dice a los damnificados por este cierre intempestivo de la actividad minera en ese corredor.

Si bien el Gobierno, pensando con el deseo, puede mostrar este caso como su contribución a la descarbonización y al cumplimiento de la meta de Colombia de reducción de sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), lejos de ello, la demanda por carbón en el mundo alcanzó sus máximos históricos en los años 2022 y 2023, consumiendo 8.300 millones y 8.500 millones de toneladas, respectivamente. Bien dijo Keynes que toda demanda crea su propia oferta, de modo que mientras se siga demandando, como se está demandando, algún país, distinto a Colombia, lo va a producir y exportar, quedándose Colombia con el pecado y sin la gracia.

Lo propio puede afirmarse con respecto a la absurda decisión del Gobierno de prohibir las exportaciones de carbón a Israel, por motivaciones políticas. De darse este paso, Colombia dejaría de exportar 2.45 millones de toneladas/año por un valor aproximado a los US $500 millones, además de $650 mil millones que se dejarían de recibir por concepto de regalías, impuestos y contribuciones. Solamente los departamentos del Cesar y La Guajira verían diezmados sus ingresos por concepto de regalías en más de $100 mil millones!

El sector minero en general se ha visto sacudido por anuncios y decisiones que ha venido tomando el Gobierno que son atentatorios contra la confianza inversionista, tales como el proyecto de ley minera, que pretende reformar el Código de Minas, al tiempo que inaplica las normas vigentes y decreta “distritos mineros” a su libre albedrío y la ANM se distrae con el embeleco de crear un nido burocrático más con el rimbombante nombre de ECOMINERALES, con la pretensión de competir con la empresa privada, a la que en lugar de estimularla se le pretende arrinconar. No es un secreto para nadie que esta es una mala hora para la minería.

Tanto más en cuanto que se está satanizando esta actividad, de la cual dijo refiriéndose a DRUMOND, una de las multinacionales más importantes, que está desarrollando su actividad extractiva en el Departamento del Cesar y la portuaria en el Departamento del Magdalena, el Presidente de la ANM Luis Álvaro Pardo, “el tren de esta compañía que transporta carbón desde sus minas en el Cesar hacia el Puerto en Ciénaga para ser exportado “lleva el veneno no sólo a Europa sino a toda la humanidad. Hoy podríamos decir que este tren, en realidad, está transportando cadáveres, no están ahí, los van a producir sólo porque unas empresas tienen codicia de ganar antes de permitir que la vida sea en el planeta”. Qué tal esto!

La hostilidad hacia la actividad extractiva, se pone de manifiesto en el esperpento jurídico de un Decreto del Ministerio de Ambiente, el 044 de 2024, a través del cual se arroga unas competencias desmedidas y se lleva de calle el principio constitucional de la autonomía territorial, así como sucedió con la delegación de la autoridad minera al Departamento de Antioquia, que se revirtió. Según la norma cuestionada, al declarar un área como “reservas temporales” y so pretexto de protegerlas, puede iniciarse un proceso que puede “culminar con la restricción o exclusión definitiva de la minería”, aun tratándose de aquella amparada por la Ley. Con señales como estas se está espantando a la inversión y a los inversionistas del sector. La Política minera de este Gobierno, entonces, se debate entre la coherencia y el dogmatismo, pero alejados del realismo y el pragmatismo.

Barranquilla, agosto 10 de 2024

*Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía

www.amylkaracosta.net

“Lo que está en juego es nada más ni nada menos que la seguridad y la soberanía energética del país, las que no puede poner en riesgo la Transición energética”.

Por Amylkar D. Acosta M*.- La estrechez actual entre la Demanda (1.019 GBTUD) y la Oferta (1.028 GBTUD), coincide con la caída, por segundo año consecutivo, de las reservas de Gas natural del 15.7% el último año, registrando un aforo de 2.37 TPC a diciembre 31 de 2023, para una relación de reservas/producción de sólo 6.1 años. Estos polvos tenían que traer esos lodos. De acuerdo con el más reciente reporte de la Bolsa Mercantil de Colombia, para este año el potencial de producción doméstica de gas natural en Colombia caerá alrededor del 7.3%. Pero será mayor la declinación en los años venideros, estimándose en un 11.6% para el 2025 y el 9.3% para el 2026, para un acumulado entre los años 2024 – 2026 del 19.8% (¡!).

Entre tanto la demanda de gas natural que aumentó el 3.9% entre 2022 y 2023, por debajo del incremento del 4.6% entre 2021 y 2022, lo cual se explica por la baja en la demanda del sector industrial a consecuencia de la desaceleración del crecimiento de la economía. La proyección de la demanda para este año y los próximos años será mucho más elevada, habida consideración de que el gas natural está llamado a ser el combustible – puente de la Transición energética. Ello significa que el país pasará de un déficit en el suministro de gas natural del 7.5% el año entrante a un déficit de 16% en 2026.

Al stress que acusa el sector eléctrico, debido a la estrechez entre la Oferta (265 GWHD) y la demanda (248 GWHD) de energía, que presiona al alza los precios de la energía tiende a repetirse ahora con el gas natural, ante la imperiosa necesidad de suplir parte de la demanda el año entrante con gas importado, impactando al consumidor final (industrial, automotor, comercial y residencial).

El gas importado tiende a ser más caro, hasta el doble, del precio del gas doméstico. Y, como es apenas obvio, al ser más alto precio del gas natural, ello se traducirá en incrementos de las facturas de los 12 millones de  usuarios domiciliarios, alzas que pueden llegar a superar el 24%, dispara los costos de operación de los 650.000 vehículos convertidos a gas y desde luego ello implica mayores costos para la industria, afectando su competitividad y desde luego también impacta los costos de generación térmica, mayor el precio y en últimas más altas las tarifas. A ello se viene a añadir otro factor, que es digno de tener en cuenta y es que algo va de tener en las importaciones un respaldo para garantizar el cubrimiento de la demanda y otra bien distinta es depender de tales importaciones, porque estará en juego no sólo la seguridad sino también la soberanía energética del país.

Ante esta encrucijada y abocados a la necesidad de importar el gas natural para garantizar el normal abastecimiento, la discusión que está al orden del día es cuál sería la fuente de suministro. El Gobierno ha insistido una y otra vez en la posibilidad de importar gas desde Venezuela como una primera alternativa. Esta la veo cada vez más remota y más en las actuales circunstancias de inestabilidad política. La alternativa que se tiene al alcance de la mano y la más realista es la ampliación de la capacidad de la regasificadora que opera la sociedad portuaria del Cayao, ubicada en Barú (Cartagena) que hoy está en 50 MMPCD. Ello, sin descartar el montaje de una planta bidireccional en La guajira, que permita importar en el corto plazo y exportar cuando lleguemos a tener excedentes en el futuro próximo.

Este sombrío panorama debería llevar al Gobierno a recapacitar y a repensar sobre la inconveniencia para el país de persistir con terquedad aragonesa en su decisión de no firmar más contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, pues lo que está en juego es nada más ni nada menos que la seguridad y la soberanía energética del país, las que no puede poner en riesgo la Transición energética!

Ello es tanto más razonable si se tiene en cuenta que Colombia posee un enorme potencial de gas natural, tanto en onshore como en offshore, que puede superar perfectamente los 70 TPC. La provincia gasífera costa afuera del Bloque Tayrona es muy promisoria y los proyectos exploratorios en los campos de Uchuva y Gorgon en La Guajira son sumamente prometedores. Allí ECOPETROL, de la mano de PETROBRAS avanza en la perforación de pozos con miras a dimensionar el tamaño del yacimiento. Y este tiene la ventaja de su proximidad a las facilidades que ofrece para su desarrollo y transporte de las dos plataformas de Chuchupa. 

Mientras tanto, es menester, como lo ha urgido el gremio del sector, NATURGAS, se deben implementar medidas regulatorias que flexibilicen y habiliten la comercialización de gas importado y el proveniente de costa afuera. Se impone también ajustar la normatividad que rige la comercialización  de gas local e importado en lo atinente a la duración de los contratos, que posibilite las negociaciones y renegociaciones en cualquier época del año, evitando sus rigideces.

También se impone la necesidad de aprobar las inversiones asociadas a la ampliación de la capacidad de transporte del gasoducto Ballena – Barranquilla y de esta manera permitir que los excedentes de gas de la región Caribe pueda llegar a compensar los déficits en el interior del país y viceversa. Para ello se precisa, además resolver las solicitudes de cargos y agregación de tramos de transporte con el fin de optimizar la capacidad de transporte y el empalme entre los gasoductos de PROMIGAS y TGI.

Santa Marta, agosto 3 de 2024  

*Economista. Exministro de Minas y Energía y Expresidente del Congreso

“La testarudez del dictador no se sabe hasta dónde llegue, pero su pueblo, organizaciones internacionales y la sabiduría popular seguirán clamando el cambio que requiere Venezuela”.

Por Gabriel Ortiz*. - Tradicionalmente quienes llegan al poder se sienten tentados a permanecer en el, porque se les quedan en el tintero cosas que creían fundamentales por hacer, anhelan usufructuar las mieles del imperio y el mando. Nada hay más envilecedor que la soberanía.

Hasta quienes son elegidos legalmente, en cualquier momento de su mandato alcanzan a pensar en ir más allá de sus períodos, como se lo aconsejan esos “lagartos” consejeros que quieren quebrar las voluntades democráticas de quienes han sido designados legalmente.

Casos se han visto, se ven y se verán en este mundo, ante la puja de las diferentes maneras de ejercer poder por las múltiples tendencias de los gobernantes que hoy manejan las naciones.

Ni las izquierdas, ni las derechas ni los centros, están vacunados contra los excesos imperiales de los mandatarios. Por ello durante las campañas se sacan los cueros al sol y se enrostran sus falencias.

Ya en funciones, sacan a relucir cambios, reformas y tendencias que apenas dieron a entender durante las campañas. Las propuestas racionales, democráticas y hasta revolucionarias ofrecidas, se convierten en barullos y proyectos bien diferentes a los esperados por quienes los eligieron.

Así se cambian los gobiernos, sus propuestas y propósitos.

Quienes “maduran” en el poder, van más allá: imponen todo y emprenden los caminos de la perpetuación, utilizando cuanto vericueto y atajo legal o ilegal encuentren.

Así se registran permanencias casi infinitas en los mandatos de gobernantes que han sufrido los pueblos de las diferentes regiones del planeta. Las dictaduras los subyugan y apasionan hasta el punto de llevarlos a imponer el terror en sus mandatos.

Ahí tenemos el claro ejemplo de un venezolano que quiere imponerlo todo y desconocer cuanta norma exista para adueñarse de lo que era una de las naciones más ricas del mundo.

El que escruta elige, reza el adagio popular y así está actuando. Prometió realizar unas elecciones limpias que nunca cumplió. Empezó dando un manejo al conteo de votos con un apagón y luego inventando un hakeo. Pero María Corina, una inteligente y extraordinaria dirigente política, descubrió por anticipado la torpe pretensión de Maduro. La manipulación de las actas de los escrutinios, ya daban a conocer el fraude. El mundo entero comprobó la pretensión del dictador por prolongar su poder y mancillar a una nación, a un pueblo, a una democracia.

Pero el dictador no cesó en su empeño. Puso su ejército, su poder electoral y judicial a actuar bajo las ordenes de un Diosdado, para autoproclamarse presidente con solo 30% de los sufragios, frente al 70% que tenía Edmundo González, líder de la oposición.

Hasta ahora no ha cesado en su empeño, mientras su pueblo protesta con marchas que han ocasionado más de diez muertos, mil detenidos y nutridas marchas de protesta. Hasta Petro se apartó de Maduro y le recomendó actuar con sensatez. Colombia necesita ese cambio dentro de sus planes de paz.

La testarudez del dictador no se sabe hasta dónde llegue, pero su pueblo, organizaciones internacionales y la sabiduría popular seguirán clamando el cambio que requiere Venezuela.

BLANCO: La dirigencia colombiana pide reunión urgente de la Comisión de Relaciones exteriores, para analizar y actuar sobre el caso Venezuela.

NEGRO: 28 mil empleos se han perdido en Colombia por suspensión de la exploración y explotación de hidrocarburos. Es el gobierno Petro.

Bogotá, D. C, 1 de agosto 2024

Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.

Por Hubert Ariza*. -La ‘venezolanización’ de Colombia es una metáfora que toma forma en la opinión pública como un fantasma que resucita con bríos. Petro guarda silencio mientras el mundo condena lo sucedido en las elecciones.

Ya es un lugar común decir que Colombia y Venezuela son hermanos siameses y que todo cuanto ocurre a un país afectará al otro. Al fin y al cabo los dos paísescomparten más de 2.200 kilómetros de frontera, tienen los mismos orígenes históricos, sociales y culturales, y la libertad de ambas naciones se debe al mismo hombre: Simón Bolívar, hace más de 200 años.

Hoy, la agudización de la crisis política que vive Venezuela por el resultado fraudulento de las elecciones presidenciales del pasado domingo, con la reelección una vez más de Nicolás Maduro, se ha convertido en un tsunami político en el continente, con especial impacto en las elecciones presidenciales colombianas de 2026, que lidera el presidente Gustavo Petro, aliado incondicional de Maduro. No en vano, es uno de los países donde más visitas de Estado ha realizado.

Para comenzar, el presidente Petro, tan intenso agitador de masas desde su cuenta de X (antes Twitter), ha mantenido desde el pasado domingo un silencio monacal que ha despertado toda clase de sospechas. Desde la sede presidencial de Gobierno se dice que el mandatario está enfermo, pero nadie cree esa teoría. Es más creíble que el silencio sea estratégico y acordado como una postura compartida con México y Brasil, para asumir una posición conjunta que contenga una propuesta de salida a la crisis.

Estos tres mandatarios, que comparten el ser de izquierda, piden al Gobierno venezolano mostrar las actas de las votaciones antes de que el país se incendie aún más y el mundo lo aísle, mucho más de lo que ha padecido en el pasado. Pero Maduro prefiere hacerse el duro y sacar la guardia bolivariana a las calles a reprimir al pueblo antes que revelar las actas que de seguro mostrarán el tamaño del fraude realizado.

La postura de Colombia ha generado el rechazo de la opinión pública nacional, que la entiende no como una demostración de prudencia o decencia, sino de cobardía para enfrentar a Maduro. Colombia justifica su posición en la necesidad de salvaguardar el mercado común de más de setecientos millones de dólares, que benefician a la industria nacional y generan miles de empleos.

Petro busca diferenciarse del expresidente Duque, quien durante su mandato y fuera de él ha sido un acérrimo enemigo de Maduro y ha hecho todo cuanto puede para acabar con ese régimen socialista. Como presidente rompió relaciones diplomáticas, cerró el mercado común y el tránsito de personas, e incluso le mostró los dientes en la frontera, organizando conciertos y moviendo la tropa, pero también reconociendo a Juan Guaidócomo presidente, recibiendo a más de dos millones de migrantes venezolanos, dándoles estatus migratorio y beneficios sociales para resistir —en su mayoría— una grave situación de precariedad en Colombia. Duque les dio a los migrantes el sueño colombiano para respirar democracia, garantizar sus mínimos vitales, tener legalidad y disfrutar de sus derechos sin ser estigmatizados.

Petro ha respetado esos beneficios, pero ha restablecido las relaciones con Maduro, lo ha visitado reiteradamente, y lo ha convertido, como durante el Gobierno Santos, en coadyuvante del logro de la paz en Colombia con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), muchos de cuyos líderes han permanecido protegidos por el régimen venezolano.

Venezuela ha sido el fantasma con el que la derecha combatió la elección de Petro y su narrativa de profundas reformas políticas. Más de once millones de colombianos que eligieron a Petro ignoraron esa perorata, pero hoy la venezolanización de Colombia es una metáfora que toma forma en la opinión pública como un fantasma que resucita con bríos. En estos momentos en que arde el país vecino, los medios trasmiten en directo el tamaño de la crisis, Petro guarda silencio mientras el mundo condena lo sucedido el pasado domingo, y Maduro expulsa a las delegaciones diplomáticas de siete países que se atrevieron a pedir transparencia. El silencio no ayuda, sin embargo, a superar el explosivo caos que se apodera de la tierra del libertador, prisionera de un tirano.

La agenda política colombiana ha cambiado en las últimas décadas. Durante muchos años, los anhelos de paz o las promesas de la victoria militar impactaban la agenda política y definían las elecciones. Esta vez, con el 2026 gravitando en el ambiente político, el desenlace de la aguda crisis venezolana será definitiva para millones de electores de centro e independientes, la llamada franja de opinión, que decide su voto en el último minuto en la boca de urna.

El futuro de Venezuela impactará el futuro de Colombia y sumará muchos puntos contra las posibilidades de reelección de la agenda petrista, demolida en estos días por el grave caso de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, UNGRD, en donde los dineros públicos se pusieron en función de lograr apoyos legislativos en el Congreso a la agenda de reformas del Gobierno. Hoy, cinco ministros y dos altos funcionarios están en la mira de la Fiscalía, al igual que varios congresistas. Si la corrupción amenazaba el futuro de Petro, el manejo de la crisis venezolana agrava la situación política del mandatario.

Corrupción y venezolanización son dos ingredientes de una receta de demolición de la izquierda en Colombia, a la que se suma la testarudez del presidente Petro de meter a Colombia en el experimento del poder constituyente, que es como un llamado a la revolución permanente para demoler lo existente. Hoy los hechos conspiran contra la izquierda en Colombia, que ve imposible su reelección con Petro, prohibida por la Constitución, o con cualquier otro candidato. Por eso claman por la unidad, pero ese llamado suena hueco después de dos años de Gobierno y exceso de arrogancia de los congresistas y funcionarios radicales del Pacto Histórico, que hoy ven su proyecto herido de muerte por los errores propios, especialmente por los hechos de corrupción, pero también por el incendio del vecindario.

Esta debacle, por supuesto, no significa el triunfo de la extrema derecha, que tampoco ha sido capaz de ganar espacios y está acorralada en sus propios procesos judiciales y su incapacidad política. Es, sí, una enorme oportunidad para el centro político, que debe ser capaz de leer el momento y ofrecer una receta diferente a la apocalíptica de la derecha.

Un centro que defienda la Constitución y esté dispuesto a acelerar su cumplimiento; a generar consensos viables para impulsar las reformas aplazadas, cumplir el acuerdo de paz de La Habana con las FARC, sacar al país del viacrucis de la guerra controlando los territorios, avanzar hacia un país federalizado y liderar una agenda de integración internacional, que permita el resurgimiento de Colombia como un socio confiable y respetado.

La mayoría de los electores saben que solo basta mirar el espejo de Venezuela para entender que ese no puede ser el futuro de Colombia. El antídoto está en el cumplimiento de la Constitución de 1991, no en el regreso a los años de guerra ni en la búsqueda de mesías ni salvadores. Mientras Maduro incendia su país, la izquierda en Colombia ve con temor el mañana. Pero la derecha no puede cantar victoria. Es la hora de pensar en grande a Colombia, más allá del miedo, más allá del silencio. El péndulo está en el centro.

Bogotá, D. C, 31 DE JULIO DE 2024

*Periodista, internacionalista y analista político.

“Hacemos votos por una Venezuela que salga del caos propio del abuso de poder y recupere los principios democráticos”.

Por José G. Hernández*. -Al momento de escribir estas líneas no hay nada cierto y definitivo sobre la situación política de Venezuela, tras la declaración del Consejo Nacional Electoral sobre el dudoso triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones del 28 de julio. Sin esperar la contabilización oficial del ciento por ciento de la votación, sin veeduría alguna y sin el recuento solicitado por varios gobiernos como condición para reconocer la reelección presidencial, ese organismo no vaciló en declarar elegido a Maduro y le hizo entrega solemne del certificado que lo acredita como presidente de la República Bolivariana de Venezuela por seis años más.

Desde luego, ante las fundadas inquietudes que suscita lo que parece más una vía de hecho que una verificación clara y transparente de las cifras y del dictamen popular, la reacción generalizada, dentro y fuera de Venezuela, ha consistido en no dar crédito a lo resuelto por el Consejo Electoral. La oposición, encabezada por María Corina Machado, sostiene que la decisión no fue imparcial y que hubo fraude. Pocas horas después del dictamen oficial, hizo públicos los resultados que, según las actas electorales recopiladas por sus miembros en todo el país, en un porcentaje superior al setenta por ciento de los sufragios, demostrarían que el elegido fue en realidad Edmundo González, con más de seis millones de votos, mientras Nicolás Maduro no habría alcanzado los tres millones.

En las calles de Caracas y de otras ciudades se han presentado manifestaciones no propiamente pacíficas de ciudadanos opositores y numerosos enfrentamientos con la fuerza pública. Varias estatuas del fallecido líder Hugo Chávez Frías -cuyo cumpleaños número setenta celebraba el gobierno precisamente el 28 de julio- han sido derribadas, y hasta se ha propuesto un paro general mientras Maduro permanezca en el poder.

Más allá de los antecedentes políticos y de lo que pueda ocurrir, que ojalá no sea la guerra civil ni el baño de sangre que Maduro vaticinaba durante la campaña, lo cierto es que a lo largo del proceso revolucionario iniciado por Chávez y continuado por Maduro, sobre la Constitución y las leyes, han prevalecido las vías de hecho y las decisiones arbitrarias, tanto por parte del gobierno como de sus contradictores. Hace unos años, ante los resultados -también dudosos- de otro proceso electoral que culminó con la reelección de Maduro, fue elegido un presidente interino sin ninguna posibilidad real de gobierno, y ello se hizo con base en una errónea interpretación de las normas constitucionales. No se solucionó la crisis y, en cambio, hubo mayor confusión y caos.

Los acontecimientos de estos años demuestran cómo, si bien tirios y troyanos invocan la Constitución, en la práctica el gran ausente ha sido el Derecho. Todo ha sido político, y, sobre las normas, se han impuesto la voluntad del gobernante y el uso arbitrario del poder.

Recordamos a Montesquieu, cuando afirmaba que, en bien de la sociedad, es indispensable que el poder detenga al poder, sobre la base del Derecho. Y a Lord Acton: “El poder corrompe. El poder absoluto corrompe absolutamente”.

Hacemos votos por una Venezuela que salga del caos propio del abuso de poder y recupere los principios democráticos.

Bogotá, D. C, 1 de agosto 2024

*Expresidente de la Corte Constitucional.

“No muestra propósito de enmienda un grupo ilegal que dice defender a los más vulnerables, mientras persiste en hostigarlos, extorsionarlos, asesinarlos, desplazarlos, empujarlos a la ilegalidad del narcotráfico y reclutar a sus hijos.”

Por José Félix Lafaurie Rivera*. -El 20 de julio, en remedios, Antioquia, el Eln devolvió a dos líderes sociales secuestrados un mes antes, lo que no fue precisamente un gesto de paz, pues nunca debieron haber sido “retenidos”.

El 21 de julio, en medio de enfrentamientos con disidencias de las Farc, fueron secuestradas 16 personas en puerto rondón y Tame, en Arauca, presuntamente por el ELN, según las comunidades. Si no son los responsables deberían pronunciarse, porque “el silencio otorga”.

Definitivamente, el ELN no tiene “propósito de enmienda”, una condición de la confesión que varias generaciones aprendimos en el viejo catecismo del padre Astete, relacionada con el compromiso de “no volverlo a hacer”; es la “no repetición” de las negociaciones con grupos ilegales; compromiso que no existe si falta voluntad, de abandonar el pecado para el padre Astete y, para nuestro caso, voluntad de paz.

El propósito de enmienda no le duró al ELN cuando, en febrero, se comprometió a suspender las “retenciones con fines económicos” -secuestro extorsivo-, pero dos meses después las reanudó arguyendo incumplimiento del gobierno al no implementar el fondo multidonante y negociar con el frente comuneros del sur en Nariño. Desde entonces los diálogos están congelados.

Propósito de la enmienda le faltó cuando, desde octubre de 2023 empezó a torpedear el mecanismo de monitoreo y verificación (mmv), después de firmar el acuerdo de cese al fuego que lo creó y su protocolo de funcionamiento. Como he sostenido, sin verificación, el cese al fuego es una burla y, sin cese al fuego, no habrá participación de la sociedad, ni transformaciones en los territorios, ni habrá más diálogos. La participación de la sociedad no puede darse bajo el sometimiento y la lógica del terror.

No muestra propósito de enmienda un grupo ilegal que dice defender a los más vulnerables, mientras persiste en hostigarlos, extorsionarlos, asesinarlos, desplazarlos, empujarlos a la ilegalidad del narcotráfico y reclutar a sus hijos.

El cese al fuego vence el 3 de agosto y, frente a la intención de arrodillar al gobierno de cara a una segunda prórroga, que no es otra la razón de congelar los diálogos, bloquear el mmv y seguir hostigando a la población, valoro la posición del comisionado de paz, otty patiño, quien declaró a los medios que considera “viable y necesario” extender el cese al fuego, pero conminó al eln a mostrar voluntad de paz y le dejó claro que “de nuestra parte no hay una actitud de ruego”.

El consejo de seguridad de la ONU, por su parte, con una misión de verificación que conoce la violencia del eln y las negociaciones, se limita a solicitar a las partes “firmar la extensión del cese al fuego”, así nomás, sin condiciones ni compromisos, lo cual, además, representaría aceptar la culpabilidad que el ELN pretende endilgarle al gobierno.

Propósito de enmienda, el propósito de no seguir destruyendo a Colombia… ¿será mucho pedir?

Bogotá, D. C, 30 de julio 2024

*Presidente de FEDEGAN

“Para estimular la economía y ayudar a los más pobres, el Gobierno tiene instrumentos más eficaces que el disparate populista de los días sin IVA”.

Por Mauricio Cabrera Galvis*. -La derecha populista debería tener por lo menos coherencia en sus propuestas económicas. Se rasgan las vestiduras con el déficit fiscal y exigen que el Gobierno recorte más su gasto, pero al mismo tiempo insisten en el disparate populista de revivir una de las grandes equivocaciones fiscales del gobierno Duque, los días sin IVA,

Como prefieren repetir sus errores para defender los intereses económicos de algunos gremios, congresistas del Centro Democrático presentaron en 2022 un proyecto de ley para revivir y hacer permanentes tres días sin IVA cada año, con una motivación muy bonita: “Proteger el poder adquisitivo de los hogares y estimular la economía colombiana”.

El presidente Petro objetó la Ley recién aprobada. Si no la hubiera objetado, con toda seguridad la Corte Constitucional la hubiera declarado inexequible por un vicio de procedimiento insubsanable, pues no se llevó a cabo el análisis de impacto fiscal de la medida. Por esta misma razón la Corte ya ha tumbado varias leyes, la más reciente la ley que creó el Ministerio de Igualdad y Equidad.

Hoy no se conoce con exactitud el costo fiscal que tuvieron los días sin IVA en 2021 y 2022. Para los tres días de 2021, el Minhacienda de la época dijo que las ventas habían sido de $31,4 billones, y que el costo fiscal solo fue de $471.000 millones. La cifra es tan baja que ha sido muy cuestionada, pues implicaría que solo el 7 % de las ventas se beneficiaron del incentivo. Nunca ha sido aclarada, ni tampoco hay datos oficiales del impacto fiscal en 2022.

Cualquiera que sea el costo fiscal, es evidente que cualquier gasto público o reducción de impuestos es un estímulo para el crecimiento económico. El problema con los días sin IVA es que se trata de un estímulo ineficiente y regresivo.

Es ineficiente por dos razones. Primero, porque ante los anuncios de tres días sin IVA en el año la gente aplaza muchas de sus compras para hacerlas esos días, de manera que es mucho menor el incremento total de las ventas en un año.

Segundo, y más importante, porque la mayor parte de las compras fueron de electrodomésticos, computadores y teléfonos, todos importados, y muy pocos productos nacionales. En esos años las cifras del Dane mostraban las ventas del comercio creciendo mucho más que la industria manufacturera, porque se venden muchos productos importados.

Es un estímulo fiscal regresivo porque favorece a los estratos medios y altos, que son los que tienen la capacidad para adquirir electrodomésticos y computadores que han sido los productos más vendidos. No favorece a los más pobres y vulnerables que no tienen capacidad adquisitiva y, al no estar bancarizados, no cuentan con tarjetas de crédito o débito que son el medio de pago exigido para las compras sin IVA.

Para estimular la economía y ayudar a los más pobres, el Gobierno tiene instrumentos más eficaces que el disparate populista de los días sin IVA.

Bogotá, D. C, 29 de julio 2024 

*Filósofo y Economista. Consultor

“Para aliviar el bolsillo de los usuarios reduciendo el valor de la factura del servicio de energía son varias las acciones que se pueden acometer ya y pasan por la superación del impasse de la CREG, convertida en el nudo gordiano de la actual crisis”.

Por Amylkar D. Acosta M*. - Desde el año 2022, no solo en Colombia sino en el resto del mundo se dispararon los precios y las tarifas de energía, debido a un brote inflacionario global en el que el servicio de energía llevó la peor parte. No obstante, el alza afecta más a los usuarios de la región Caribe porque sus tarifas son más altas. Mientras en el resto del país las tarifas oscilan alrededor de $850 el KWH en la región Caribe superan los $1.200 el KWH.

La tarifa de energía (Costo unitario) tiene 6 componentes, a saber CU = G + T + C + D + PR + R. Lo que hace la diferencia entre la tarifa en la región Caribe, Mercado servido por Air-e y AFINIA, con respecto a los del resto del país es el cargo correspondiente a las pérdidas reconocidas (PR). Mientras en el resto del país dicho cargo es en promedio del 8.5% en la región Caribe es del 24%, dado que no solo se reconocen las pérdidas técnicas sino las no técnicas o sea la energía que se roban, de tal suerte qué terminamos pagando los justos por los pecadores. Ello solo se explica por el “régimen especial” para el Caribe previsto en la Ley 1955 de 2019 del PND de la administración Duque. Este cobro aunque es legal, porque se sustenta en la Resolución 010 de 2020 de la CREG, no por ello deja de ser injusto. 

Un factor que venía contribuyendo a las elevadas tarifas en todo el país era la aplicación de un Índice del precio al productor (IPP), que no consultaba para nada los costos en los que incurren los agentes de la cadena, a varios de los cargos de la tarifa, por fortuna se replanteó su cálculo y la CREG deberá modificarlo y establecer un deflactor más apropiado. 

Otra clavija que incluye la fórmula tarifaria es el cargo por restricciones (R), atribuidas especialmente al atraso en la ejecución de los proyectos de generación y transmisión, el cual desde el año 2000 se le viene cargando el 100% a los usuarios, cuando, en su lugar, quienes deberían asumirlas son los responsables de las mismas. Pero así lo dispuso la CREG mediante la Resolución 063.

Mención aparte merece la opción tarifaria (OT). A finales de 2022, en el Pacto por la “Justicia tarifaria” anunciado por la ex ministra de Minas y Energía Irene Vélez se acordó suspender temporalmente el cobro y pago de la OT. Al reanudarse su cobro en enero de 2024, la OT se convirtió en el cargo 7 de la fórmula tarifaria (CU = G + T + C + D + PR + R + OT), exacerbando las alzas tarifarias.

Después de tres cumbres infructuosas (en el Palacio de Nariño, la primera, en Sincelejo la segunda y en Cartagena la tercera), sin que se alcanzaran acuerdos para bajar las tarifas, el Presidente Petro anunció desde Barranquilla que el Gobierno Nacional asumiría el pago de la Opción tarifaria, lo cual se traduciría en una baja entre el 4% y el 20%, según el caso, en la factura. A poco andar el Ministro de Minas y Energía Andrés Camacho aclaró que solo se asumiría la deuda por concepto de la OT de los usuarios de los estratos 1, 2 y 3 ($2.8 billones). Y, para rematar, adujo que la Nación solo podía asumir dicha deuda si el Congreso de la República faculta al Gobierno para hacerlo mediante una Ley, la que se tramitará en esta legislatura que apenas empieza.

Entre tanto el Ministro de Minas y Energía Andrés Camacho expidió el 2 de julio la Resolución 40225, ordenándole a la Comisión de regulación de energía y gas (CREG) la adopción de las “medidas para reducción de tarifas a los usuarios regulados del servicio de energía eléctrica”. No obstante la CREG, por falta de quorum, no está en capacidad de tomar decisiones. Ya han transcurrido 25 de los 30 días calendarios que le dio el Ministro para bajar las tarifas y hasta ahora nada de nada!

Y hablando de soluciones, a propósito de las cuales hemos presentado propuestas concretas y razonables, además de la revisión del cargo por pérdidas reconocidas (PR) y del indexador (IPP) y de la supresión del cargo por restricciones (R), amén del pago de la Opción tarifaria por parte del Gobierno Nacional a las empresas, las empresas generadoras deberían hacer un esfuerzo en esta coyuntura crítica para los usuarios, disponiendo un descuento temporal en el precio de la energía pactado en los contratos bilaterales entre ellas y las empresas distribuidoras, disminuyendo de esta manera el cargo por generación (G). Por su parte las distribuidoras deben hacer un mayor esfuerzo para disminuir su exposición en Bolsa, con el fin de amainar el impacto del precio spot en el componente G de la tarifa (CU) y reducir el cargo por comercialización (C).

Como colofón queremos decir que, como lo hemos señalado, para aliviar el bolsillo de los usuarios reduciendo el valor de la factura del servicio de energía son varias las acciones que se pueden acometer ya y pasan por la superación del impasse de la CREG, convertida en el nudo gordiano de la actual crisis. No hay que esperar la reforma de la Ley de servicios públicos para lograrlo, como se ha planteado sutilmente. Quienes como el Ministro de Minas y Energía y el Superintendente de servicios Dagoberto Quiroga sostienen esta tesis con ella tratan de tender una cortina de humo, al tiempo que tratan con ello de impulsar el anunciado proyecto de reforma. ¡Ello no pasa de ser una falacia y un espejismo, a la vez!

Bogotá, julio 29 de 2024

*Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.

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