Opinión
Por Jairo Gómez.- Toda mi solidaridad con Matador, sin duda, el caricaturista de mayor relevancia hoy en el país; me atrevería a compararlo con Jaime Garzón en la década de los noventa –siglo pasado-. Su pluma es independiente y mordaz, por tanto, incómoda para el poder.
La decisión que tomó de no publicar más en las redes sociales por las amenazas de que fue objeto, la comprendo, es más: la respaldo. En Colombia no amenazan, matan. Los cientos de líderes sociales asesinados, sin que la sociedad colombiana se inmute, antes fueron amenazados y posteriormente asesinados. Lo mismo le puede ocurrir a Matador, ¿quién le asegura que no?
Claro, las dos realidades son incomparables. A los líderes sociales los asesinan en las zonas más vulnerables del país donde la presencia del Estado es mínima y la poca que hay –fuerza pública- está más concentrada en salvaguardar la integridad de los dirigentes de esas zonas, que son los mismos que mandan a matar a esos humildes líderes campesinos. A Matador (Julio César González) no le va a ocurrir eso, pues publica en un medio importante de Bogotá, la ciudad más importante del país donde viven los personajes más importantes de Colombia.
De qué vale que diga en nuestra Constitución que no habrá censura y que cada cual es libre de expresarse sin cortapisas, si desde 1991, cuando los colombianos adoptamos un nuevo texto constitucional, han asesinado más de 100 periodistas y las investigaciones, salvo en uno o dos casos, no arrojan un resultado veraz y contundente que identifiquen a los responsables materiales e intelectuales de esos crímenes.
Muchos dirán que es un manido discurso, pero eso es sencillamente la estela de una impunidad que se cobija en el poder y desde ese mismo poder se alienta para que no solo se amenace sino que se ejecute al amenazado. Así ocurrió con los más de cuatro mil militantes de la Unión Patriótica. Esa historia no se nos puede olvidar, por eso la decisión de Matador tiene sentido más allá de la solidaridad que hoy lo arropa, pero que no le alcanzará para protegerlo contra las balas.
Setenta años después no sabemos nada de quien mandó a matar a Jorge Eliécer Gaitán, pero sí sabemos quiénes provocaron el magnicidio. Líderes como Laureano Gómez, con sus encendidos discursos en contra del político liberal y sus constantes descalificaciones racistas, clasistas y temerarias hicieron eco en un país polarizado y en el que los conservadores alimentaban la violencia política. Y mataron a Gaitán. Se supo de la identidad del gatillero, pero de quienes intelectualmente tiraron del gatillo, no.
Esa es la verdad que hace de Colombia, nuestra Colombia, un país difícil donde no se perdona una y cuyos habitantes, como el avestruz, clavan la cabeza en la tierra para ignorar su propia realidad. ¡Qué tristeza!
Por Amylkar D. Acosta M.-El déficit fiscal del Gobierno Central además de agudo es crónico. Como es apenas lógico, según la Ley de Wagner, el gasto público tiende a crecer con el tiempo y el tamaño del Estado, tanto en términos absolutos como en proporción del PIB, dado que cada día debe asumir mayores responsabilidades.
Pero mientras el gasto crece en proporción geométrica los ingresos para sufragarlos crecen en proporción aritmética y dicho desfase se traduce en un déficit fiscal de carácter estructural. Del 8.4% del PIB que representaba el gasto público en 1985 se pasó al 19.2% en 2015. Según el Informe en diciembre del año pasado de la Comisión de Gasto Público, creada en virtud de la más reciente reforma tributaria, la brecha existente entre el precario recaudo impositivo, que se aproxima al 14% y el gasto público, que supera los 3 puntos porcentuales del PIB, suponiendo un ingreso no tributario adicional de 2 puntos porcentuales del PIB.
Finalizando el año anterior, Colombia estuvo a punto de perder el grado de inversión de su deuda soberana. Primero fué la agencia calificadora de riesgo Standard and Pooor´s la que redujo su calificación crediticia rebajándola de "BBB" a "BBB-". Entre sus consideraciones para tomar esta decisión estuvo el magro crecimiento de la economía, que cerró el año con un anémico 1.8% y el alejamiento de la meta del déficit fiscal, que se resiste a ceder, acentuada por la época de las vacas flacas del sector minero-energético, poniendo en riesgo el cumplimiento de la Regla fiscal. Y ello no obstante la “austeridad inteligente” planteada por el Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, la cual se tradujo en un apretón fiscal, recortando $4 billones en el Presupuesto de la vigencia 2017 y anunciando otro recorte para el 2018, de tal manera que el Presupuesto General de la Nación pasó de $181.7 billones en 2017 a $182.1 billones en 2018.
Una de las razones que adujo el Ministro Cárdenas para tramitar la reforma tributaria de 2016 fue la de “evitar perder la clasificación BBB“. Aprobada dicha reforma, S&P manifestó que “aunque esperamos que los déficits fiscales de Colombia se reduzcan, los resultados de la reforma del 2016 han estado por debajo de lo previsto y el cumplimiento de la meta fiscal ha recaído parcialmente en ingresos extraordinarios”, refiriéndose a los recursos provenientes de la multa impuesta a las operadoras de telefonía celular Claro y Telefónica por valor de $4.7 billones, equivalentes a 0.5% del PIB. En efecto el ingreso adicional por cuenta de la reforma tributaria fue de sólo 0.4% del PIB, inferior al 0.7% estimado por el Gobierno. A poco andar la calificadora de riesgo Moody´s siguió los pasos de S&P y aunque le mantuvo su calificación de la deuda soberana de Baa2, cambió la perspectiva a la economía colombiana de “estable” a “negativo”. Por su parte la firma Fitch fue más prudente, le dio un compás de espera y manifestó que “hasta que no se conozca la política del próximo gobierno” no tomarán ninguna decisión al respecto.
Para dar cumplimiento a la regla fiscal el déficit fiscal tenía un techo de 3.6% del PIB para el 2017 y 2.7% del PIB para 2018, sin embargo en el Plan Financiero actualizado del Ministerio de Hacienda se fijó como meta alcanzar el 3.1% en 2018, 2.2% para el 2019, 1.6% para el 2020, 1.3% para el 2021 y 1% para el 2022. Para cumplir con dicho cometido, según Dinero “eso significa que en los dos primeros años del próximo cuatrienio el ajuste (vía mayores ingresos y/o menores gastos) deberá ser por un monto total estructural de 2.1% del PIB ($18 billones/año en pesos de 2017”. Según ANIF, se requiere “una presión tributaria neta del orden de los $135 billones (14% del PIB), la cual implica un crecimiento del recaudo del 3.6% real (similar al del 2017)”. En concepto del ex ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, “para cumplir la Ley (léase Regla fiscal), deberán efectuar un ajuste fiscal de 1.4% del PIB entre 2018 y 2019. Esto que suena manejable, equivale de hecho a un choque entre 7.5% y 10% del tamaño del Gobierno en Colombia”.
Según la CEPAL en América Latina y en Colombia en particular el nivel del recaudo se encuentra por debajo de su potencial, debido a deficiencias en el diseño y la administración de los tributos, amén de la evasión y la elusión tributaria, que se han convertido en una vena rota que se debe suturar. En 2017 los ingresos del Gobierno ascendieron al 15.7% del PIB, aproximadamente, superando el 14.9% de 2016, pero ello se logró gracias al ingreso por concepto de la multa a las operadoras de la telefonía celular y el 2018 se va a ver favorecido por el recaudo histórico atribuible a gestión de la DIAN, del orden de los $9.5 billones, $1.5 billones por normalización de activos. Pero aún con este incremento de la presión fiscal ni se garantiza cumplir con la meta de déficit fiscal ni mucho menos equipararse con el nivel del gasto del 19.2%.
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Por Mauricio Cabrera Galvis.- El mundo está en riesgo de caer en una destructiva guerra comercial por las improvisadas y contradictorias políticas comerciales de Donald Trump, tomadas sin consultar a sus asesores y funcionarios, e inclusive en contra de la opinión experta de algunos de ellos. Lo más peligroso es que en opinión de Trump, “las guerras comerciales son buenas y fáciles de ganar”.
Primero fue el anuncio de aranceles adicionales a las importaciones de acero y aluminio, supuestamente por motivos de seguridad nacional. La improvisación se hizo evidente cuando pocos días más tarde se eximieron de este arancel a las importaciones provenientes de Canadá, México y Europa, con lo cual se hizo evidente que el objetivo real de la medida eran los productos chinos.
Luego vino el ataque directo contra China y se anunciaron aranceles a productos importados de ese país por valor de USD 50.000 millones. Las razones invocadas en este caso fueron la reducción del enorme déficit comercial de Estados Unidos con ese país y la presión para que China respete la propiedad intelectual y deje de robar tecnología.
Como China no es una “banana republic” a la que el Tío Sam pueda manejar a su antojo, respondió imponiendo un arancel del 25% a las importaciones de 128 productos americanos por igual valor. Trump se enfureció con la respuesta y amenazó con nuevos aranceles a otros productos importados por valor de USD 100.000 millones. Con mucha calma las autoridades chinas anunciaron que cualquier medida arancelaria sería respondida con una equivalente. Es la crónica de una guerra comercial anunciada.
Es cierto que Estados Unidos tiene un enorme déficit comercial con China porque le compra USD 275.000 millones más de lo que le vende. Pero tratar de resolverlo a punta de aranceles bilaterales no solo es estúpido porque genera una guerra comercial mundial, sino inútil porque no resuelve el problema.
La pelea entre EE.UU. y China repercutirá en todo el mundo. Si los chinos no pueden vender su acero y aluminio en EE.UU., van a tratar de vender esos excedentes en otros países, incluyendo a Colombia, y para hacerlo van a ofrecer descuentos. Para defender sus industrias nacionales esos países también impondrán aranceles compensatorios, y China hará lo propio con medidas retaliatorias.
Por Carlos Villota Santacruz.-Twitter@villlocol.-En el segundo debate presidencial que se llevó a cabo en el coliseo de la Universidad del Norte con transmisión en directo de Telecaribe y el acompañamiento de las redes sociales, quedó en evidencia que los ciudadanos colombianos lo que desean escuchar, a poco menos de 60 días de la primera vuelta, es propuestas y soluciones concretas para todas y cada una de las regiones del país.
Los jóvenes, las mujeres y las personas de la tercera edad en los 7 departamentos de la costa –a los que se suman las otras 4 regiones del país de 48 millones de habitantes- es que las campañas no se construyan en una hoja de ruta tradicional, a través de spot con “promesas vacías y los espejitos de colores” y dar paso a la cotidaneidad con capacidad de traducir la crisis social y económica en generación de empleo, educación, cultura, deporte, salud y darle un “nuevo vestido al turismo”, donde Colombia está llamada a jugar un papel fundamental en el siglo XXI.
Los jóvenes de ciudades como Barranquilla, Cartagena, Montería o Sincelejo no siguen ideas o partidos, seguirán a un candidato que tenga capacidad de diálogo, construir puentes más allá de la coyuntura y tenga la voluntad política de adelantar una reforma legislativa en el Congreso, donde la agenda este lidera por una reforma al sector rural, la justicia, , el sistema electoral, la reforma política y darle un nuevo “aire” al sistema nacional de regalías y participaciones.
Desde este jueves 5 de abril de 2018 hasta el 27 de mayo, las campañas presidenciales de Iván Duque, Sergio Fajardo, Germán Vargas, Gustavo Petro y Humberto de la Calle deben “reconocer” que el lenguaje de la comunicación cambio y que se requiere una visión de 360 grados, que facilite interpretar el aquí y el ahora, con una perspectiva de futuro viable y sostenible, respetando el “bolsillo de los colombianos”, agobiados por una alta tasa impositiva y en medio del segundo así más inequiativo de América latina, tan solo superado por Haití.
En nuestro sentir el mejor escenario para hacer de la campaña, una campaña de argumentos y con proyección nacional e internacional son los colegios, las universidades y la calle. Donde el ciudadano quiere hacerse participe de una cultura política que comience por “la oreja con propuestas” y no a través de largos y “maquillados” discursos por Youtube sentado en un escritorio y bajo un libreto.
En otras palabras, Colombia y los colombianos nos cansamos de los viejos escenarios de la política tradicional que llevó al poder a Andrés pastrana, Alvaro Uribe y Juan Manuel Santos al poder reclaman propuestas para una generación con más futuro que pasado, que tiene que ser decisiva a la hora de delinear programas de Estado para la región pacifica, los llanos orientales, la zona andina o lugares extremos de la geografía como Leticia y San Andrés y Providencia-
El reto que viene ahora para las campañas presidenciales, es como captar el voto de los abstencionistas, de los jóvenes y de las mujeres – que hoy están firmes- alrededor de causas como la educación y el respeto de sus derechos fundamentales, al tiempo de “abrir una puerta” a las nuevas audiencias, que no solo deben descansar en las redes sociales, sino en darle la cara a los ciudadanos.
Si miramos con detenimiento, las redes sociales, son a esta altura de un año pasado por agua “un gran hervidero de posverdad, que a la luz de la comunicación social, el periodismo y la comunicación es inaceptable y puede conducir al país “a una guerra civil verbal sin precedentes”, con un alto impacto al interior del Estado, una vez se posesione el sucesor de Juan Manuel Santos el 7 de agosto.
También es oportuno indicar, que menos de 10 días que el presidente de los Estados Unidos Donald Trump visite Colombia por primera vez, que de una u otra manera será un indicador del papel que tendrá Colombia “Era posSantos”. Los jóvenes entre 18 y 25 años si quieren ser parte del cambio. “Lo harán votando”. Lo que los candidatos presidenciales deben reconocer es que atrás quedaron los discursos eternos sobre la política intrinsica. Que quieren una vida real para ellos y su descendencia. Que quieren un presidente que se pueda conversar. Que no provoque miedo o solo rechazo cuando aparezca en televisión como Jefe de Estado o presida el recibimiento de una delegación deportiva, después de llevar la bandera nacional, a sitiales de honor en cualquier lugar del mundo. No quieren el oportunismo. “O no sabe quién soy yo” “O yo hice”. Quien un presidente con capacidad gerencial y proyectado a una Colombia, más allá de la “estadística electoral”.
Si algo quedó claro en el debate presidencial de Telecaribe, es que los movimientos sociales, la crisis de los servicios públicos y la defensa del medio ambiente, es la clave para que los caribeños acudan a las urnas en la última semana del mes de mayo. Su mirada es fresca y tiene vuelo propio. Considero como consultor político, que esta ciencia del conocimiento la comunicación en las semanas que están por venir generaran estímulos y respuestas adecuadas al contexto que experimenta Colombia, que el lunes 9 de abril conmemorará el Día nacional de las Victimas con una sesión del Congreso en pleno presidida por el presidente del senado Efraín Cepeda (Conservador).
La mujer hace parte de la historia del país. Hoy más que nunca esa historia debe salir a la “luz pública” con investigación, educación, pedagogía y un debate local, regional y nacional. En la mujer descansa “el corazón de la democracia”. La mujer no puede ser mirada como un objeto decorativo o un dato demográfico, sino como una ciudadana con un liderazgo, donde su feminidad representa liderazgo y su voz “las palabras para dar la vuelta definitiva a la página de la violencia”.
Este nuevo paradigma merece otro debate presidencial con altura como el que se llevó a cabo en la ciudad de Barranquilla. Donde la paz no sea solo el único tema de debate. O determinar la aceptación de un candidato por interpretar un partido político de derecha o de izquierda. Lo que se requiere es diálogo con una perspectiva propositiva de la administración pública.
La amenaza y el peligro de la democracia colombiana no está si los ciudadanos votan en blanco o por algún candidato presidencial. El verdadero peligro radica que quién resulte ganador -en primera o segunda vuelta- es que desvíe el mandato que le entregarán en las urnas, que me atrevería a pronosticar, superará en participación los 10 millones de votos, que no se aleje de entrada de los tentáculos de la corrupción, que no sepa interpretar la amenaza “epidemilogica que se levanta como un tsunami sobre Colombia por la migración masiva de venezolanos que supera el 1600.000 personas, la más grande en los tiempos que corren en el mundo. Que no le de orden a su administración. Que tenga un gabinete equilibrado. Que esté preparado para enfrentar la crisis, que coloque la casa en orden, que tome las medidas que deba de tomar de manera autónoma. De convertirse en un inspirador. Que castigue con ejemplaridad la violación de la ley por parte de algún miembro de su equipo o un desastre natural como una inundación, un terremoto o la explosión de un macizo volcánico.
Finalmente, es oportuno decir en esta reflexión den materia de comunicación política –después de las elecciones del 11 de marzo cuando se eligió el nuevo Congreso que se posesionará el 20 de julio- que Colombia entrará a partir de la segunda semana de abril, en una etapa de la política y el futbol estarán de la mano. Los candidatos presidenciales en campaña. Y la selección de José Néstor Pékerman con la mira puesta en el Mundial de Rusia. En ese contexto lo que escucharemos los colombianos –dentro y fuera del país- es de estrategia, liderazgos, pasión y una tendencia arriesgarlo todo con la intención de ganar. Las cicatrices deben cerrarse. No se puede caer en un escenario, -sea en la carrera presidencial o por un partido de fútbol- que un error nos haga sentir superiores en medio del rol que jugamos en la sociedad como ciudadanos. Si trabajamos en equipo como país sea en democracia o en el deporte, el que ganará seremos todos los que habitamos esta esquina de Suramérica. No solo los aspirantes a suceder al presidente Santos o Jammes Rodríguez, Falcao o David Ospina. Nuestra recomendación es que seamos protagonistas de esta etapa de nuestra historia. Nuestros espectadores son nuestros abuelos, padres, hijos, nietos y hermanos. También nuestros amigos. Lo que el país reclama desde las regiones. En el caso particular del caribe, es que los aspirantes a la jefatura del Estado, sepan el privilegio que tienen de tener esa investidura. Los jugadores de fútbol de representar a Colombia en la cita orbital y el poder de las palabras. Sino queremos que todo siga igual hay que cambiar el foco. Y cambiar el foco se traducirá en despertar el interese y lo inequietud de lo nuevo. El cambio está a nuestro alcance como sociedad. Aprovechemos el voto y la pelota. Gritar viva por un candidato debe ser igual de importante un gol. No es dividiendo sino sumando, cuando nacerá la Colombia que soñaron nuestros antepasados y que llevamos en la piel. Y eso no hizo sentir el debate presidencial en la Universidad del Norte. A propósito de este comentario usted que piensa. E mail carlosvillotasantacruz@yahoo. com.co
Por Gabriel Ortiz.- Tradicionalmente el candidato escogido por el partido Liberal asumía automáticamente la jefatura del partido y desde luego recibía el respaldo unánime de los dirigentes de esa colectividad. Sin aplicar “disciplina para perros”, el escogido decidía, actuaba y ordenaba.
Esta vez, Humberto De la Calle, un hombre idóneo, sin tacha, decente y al que este país le debe, en gran parte, la paz y la convivencia que hoy se respira, fue dejado “colgando de la brocha”. Los miembros de su partido se asustaron con las encuestas. Razonable, porque Colombia se encuentra en el túnel del espanto, al cual se acude últimamente para arañar votos.
Una nación que lleva más de medio siglo en guerra es aprovechada por los politiqueros de siempre para sembrar el sobresalto. Buscan conservar sus privilegios, usurpando gobiernos, mandatos y desde luego lucrarse de la corrupción. Hoy son más importantes la politiquería y sus secuelas, que la paz. Por ello De la Calle, tuvo que dar su brazo a torcer y abandonar la idea de conformar con Fajardo una fuerza política poderosa y limpia, que hubiera podido alcanzar la presidencia en una primera vuelta.
Por fortuna De la Calle es un hombre al que el país quiere y agradece haberlo encausado por las paralelas de la paz. Nuestras estadísticas no muestran, como antes lo hacían para aterrarnos, cuántos hombres de nuestra fuerza pública mueren a diario. Menos, cuántos se salvan diariamente. El termómetro que mide nuestra tranquilidad, no se muestra.
Los logros de la paz que gracias a De la Calle, y desde luego de Santos, se ven con claridad en el incremento del turismo en las cuentas nacionales, en el control al narcotráfico y demás reflejos de la paz. Solo queda la delincuencia común y de cuello blanco.
Se dificulta la situación para De la Calle, el hombre de la paz. No será fácil aglutinar la votación que necesita para alcanzar la Casa de Nariño, pero es posible que durante estos cincuenta y un días que restan para el 27 de mayo, el país sensato valore la trayectoria y voluntad de servicio de quien nos llevó a la paz y se logre así cambiar el rumbo de las cosas para beneficio de la Colombia oculta.
Es obvio que los otros candidatos tienen méritos suficientes para alcanzar la presidencia, pero la polarización, el miedo, el sobresalto, la mentira, las noticias falsas y demás vicios que enseñorean la escena política colombiana impiden que la gente, ese elector primario, pueda tomar libremente una decisión acertada.
El Dios de Colombia nos acompañe y podamos tomar la más recta, democrática y progresista decisión ese último domingo de mayo, para que nuestra patria alcance los grandes días que están por venir, como decía el expresidente López.
BLANCO: El colega Armando Caicedo entregó su nuevo libro, en el que retrata una historia reflexiva de nuestra guerra.
NEGRO: La prensa que es señalada por el expresidente Uribe como “dañina”, sigue amenazada. Esta vez Matador es la víctima.
Por José G. Hernández.- ¿Cuál será el nuevo orden jurídico? Todo depende.
Con independencia del nombre y del partido del próximo presidente de la República, bien sabemos que, además del desarrollo e implementación del Acuerdo de Paz, el país tiene muchos problemas pendientes de solución, tanto en el campo económico como en el social, en el jurídico, en el ecológico, en el plano de las relaciones internacionales, en materia de seguridad ciudadana, en el orden público, y en otros campos. Sin duda hay cuestiones muy importantes que deben ocupar la atención del Estado en el mediano y en el largo plazo, y asuntos por resolver con carácter urgente, que no dan espera, como la lucha contra la corrupción y el narcotráfico.
En todas esas materias, lo que se espera es que los candidatos tengan claras las directrices fundamentales de sus políticas, programas y proyectos. Lo que aplicarán y dispondrán en el caso de ganar la presidencia. Y han de aprovechar estos días para comunicarse con el electorado y para decirle, también con claridad, cuáles son las prioridades de su eventual administración, sus compromisos y los medios que emplearán para cumplirlos.
Ahora bien, viene un nuevo orden jurídico. Aunque no todo tendrá que pasar por la expedición de reformas constitucionales o de leyes, lo cierto es que, tras la elección presidencial, tanto el ciudadano que se apreste a asumir la conducción del Estado y del Gobierno como los integrantes del nuevo Congreso tienen que definir la agenda en que se ocuparán. Hay algunos proyectos que el actual gobierno ya ha presentado a las cámaras, y no todos culminarán su trámite en el período que transcurre. Muy probablemente habrá asuntos por replantear, cambios en la orientación y nuevas iniciativas. Eso depende de los resultados electorales.
Pero también es claro que no todo se decidirá en el Congreso. Se observa una tendencia, en algunas campañas, hacia la convocatoria de una asamblea constituyente. De hecho, algunas de las propuestas que hemos escuchado de los candidatos requerirían ese procedimiento de reforma. Es el caso de la idea -que, con todo respeto, no compartimos- de suprimir las actuales altas corporaciones judiciales para dejar una corte única, que concentraría tanto la cabeza de la jurisdicción constitucional como la ordinaria, la de lo contencioso administrativo, la disciplinaria y la máxima autoridad electoral.
Sin duda, además de la natural complejidad del asunto, creemos necesario advertir que, de ser acogida la propuesta, ella implicaría una evidente sustitución de la Constitución Política de 1991, y por ende no cabría su trámite por el procedimiento del acto legislativo a cargo del Congreso. Nos atrevemos a pensar que, antes de desaparecer, la Corte Constitucional declararía la inexequibilidad por falta de competencia de dicho órgano. De modo que el camino tendría que ser el de una constituyente, por cuanto antecedentes jurisprudenciales como el sentado en la Sentencia C-141 de 2010 -sobre reelección presidencial- nos llevan a estimar que semejante reforma tampoco podría llevarse a cabo mediante referendo.
Sin duda, por otra parte, habrá muchos temas que hoy permanecen en los portafolios de los candidatos, y que no verán la luz como proyectos, pero en todos ellos hemos percibido la intención de introducir nuevas reformas constitucionales. Será el candidato triunfador el que defina cuáles estima que debe presentar, y las fuerzas políticas dirán la última palabra.
Por Jairo Gómez.-Esta semana de descanso sirvió para hacer un repaso a nuestra historia reciente y eché mano de un texto que hoy reposa en los escaparates de las librerías Historia mínima de Colombia, del historiador Jorge Orlando Melo (2017).
Reza en la pasta del libro que es la “historia de un país que ha oscilado entre la guerra y la paz, la pobreza y el bienestar, el autoritarismo y la democracia”. Cómo cobra vigencia esta reflexión ahora que los colombianos nos enfrentamos a elegir a un nuevo presidente en un ambiente polarizado y sin posibilidades de que una tercería logre colarse por la mitad; creo que no hay tiempo.
Para no ir tan lejos en la historia, comencé por lo años en que la República Liberal (1930-1946) hacía su aparición y lograba socavar la hegemonía conservadora que sufría el desgaste del poder y estaba sumida en la “corrupción y el clientelismo”. Ocho décadas después seguimos en las mismas. Agarrados de patas y manos, como ocurre hoy, los conservadores en ese entonces defendían la supremacía en el poder a como fuera lugar. Cuando los liberales de la época comenzaron a hacer públicas sus propuestas de cambio inmediatamente los tildaron de: “demagogos dispuestos a promover la lucha de clases y la destrucción del orden, mediante la violencia y la expropiación injusta de los bienes legítimos de los propietarios”. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia.
Pero sigamos repasando esa historia colombiana. Cuenta Melo en su relato breve y exquisito que por esos aciagos años de la Revolución en Marcha la violencia política se recrudeció al mando de su más radical y exponente líder Laureano Gómez, quien, para descalificar al partido Liberal, no lo bajaba de ser un “monstruo, un basilisco de cabeza comunista y cuerpo liberal, y había que destruirlo”. El discurso de la derecha, léase Centro Democrático, hoy es similar y acude a las mismas argucias: el miedo y el amedrentamiento, como estrategia. Volver sobre esa historia reciente de Colombia es necesario para sopesar el futuro, para definir un nuevo rumbo. Nunca el Frente Nacional (FN) -liberales y conservadores- cumplió lo prometido e hizo que la política se diluyera en promesas cada que había elecciones; los partidos, como hoy, eran lo mismo y, como pertenecían al mismo bando, prometían educación, salud, tierra y trabajo, reformas agraria y urbana, y nunca, reitero, cumplieron. La realidad actual parece calcada, es como si, como sociedad, involucionáramos.
Constata Melo en su narrativa histórica cómo todos los gobiernos, desde 1936, le mamaron gallo al pueblo campesino y a Colombia con la tal Reforma Agraria hasta que Carlos Lleras Restrepo llegó al poder. El “enano Lleras”, como le decían cariñosamente sus allegados, logró en su gobierno aprobar una ley y creó el Instituto Colombiano de Reforma Agraria –Incora- para comenzar un proceso de adjudicación de tierras a los marginales campesinos y, además, los organizó en la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos –Anuc-; pero ocurrió lo que muchos en ese tiempo temían: llegó Misael Pastrana, el último presidente del FN, se robó las elecciones en 1970 y, para cerrar con broche de oro, acabó con la reforma agraria. Empobreció al campesino y enriqueció a los terratenientes y, de contera, eliminó la Anuc.
Qué pertinente el texto del historiador Melo. Nos devela un país histórica e institucionalmente débil, inmerso en una economía precaria, lejos de propuestas de desarrollo a largo plazo e incluyentes. Nos pone de presente que Colombia es una colcha de retazos, no hay proyecto de nación y menos un concepto serio de patria. Para nadie es un secreto que en el presente la sostenibilidad de la economía colombiana no depende del desarrollo de industria alguna, ni del mejoramiento de las instituciones económicas y políticas, ni de la inversión en el capital humano de la nación: de ningún rubro de desarrollo mencionado en los discursos de los economistas contemporáneos. Depende, o bien de la ilegalidad: la minería (ilegal), la corrupción burocrática, el contrabando y el narcotráfico, como sucede en la mayoría de los casos, o bien está sujeta a los vaivenes del capital especulativo, a la sobredependencia del petróleo y a los ingresos de las remesas, es decir, los miles de millones de dólares que envían los colombianos que viven en el exterior. Y este estado lamentable de las cosas es el producto de la historia de involución que narra Melo.
Para alterar esta múltiple ecuación se requiere de cambios profundos y la derecha representada en las ideas del Centro Democrático no está interesada en proponerlos. Ante la inminente amenaza de que Gustavo Petro logre la presidencia las élites, con sus medios de comunicación a cuestas, el país político, el país tradicional y la maquinaria corrupta (liberales, conservadores, cambio radical, La U, etc.), irán a parar a las toldas del partido de la perpetuación que lidera Álvaro Uribe. ¡Qué miedo!
@jairotevi
Por Horacio Serpa.- Este año se cumplen 100 años del inicio de la industria petrolera en Colombia con el descubrimiento del primer pozo productivo de petróleo, el día 29 de Abril de 1918, en tierras del Magdalena Medio, hoy Corregimiento de El Centro, en la Ciudad de Barrancabermeja, por parte de la empresa Tropical Oil Company, delegataria del señor Roberto de Mares. El 25 de Agosto de 1951 se fundó la Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol, la que en nombre del Estado recibió de la “Troco” el emplazamiento industrial petrolero que se levantó durante los años de Concesión.
¡Cien y más años de experiencia en asuntos petroleros, de estos 67 directamente por parte de Ecopetrol! Por eso no tiene sentido, al menos yo no lo entiendo, que la tragedia ecológica de Lizama haya causado tanto daño y la reparación del pozo en afloramiento se haya demorado tanto tiempo. Es inaudito. Hasta se tuvo que acudir a recursos técnicos y personal extranjero para medio solucionar la calamidad. No puede ser posible que Ecopetrol no le hubiera puesto la atención debida al percance ni que no cuente con personal y medios apropiados para enfrentar con diligencia el grave problema descrito.
Recuerdo que hace una veintena de años, en esa misma región, al borde de la carretera que de Barrancabermeja conduce a Bucaramanga, se incendió un pozo en producción, que solo fue posible apagar al cabo de varios meses, también con auxilio técnico y personal extranjeros.
Si se trata de hacer memoria, vale la pena comentar que durante años y años, las quebradas, ríos y ciénagas de la zona del Carare, Opón, El Centro y sitios aledaños a Barrancabermeja, estuvieron absolutamente contaminadas. De unos cuarenta años para acá, debo reconocerlo, se empezó a poner cuidado a los desbordamientos de crudo, a las contaminaciones de diferente orden y a los daños causados por el crudo mal manejado, con regular resultado por lo que vemos. Hay daños irreversibles, irreparables en toda la zona.
En estos tiempos no pueden ocurrir tales cosas. Como se dice en lenguaje popular, ya está inventado cómo evitarlas, de qué manera prevenirlas y qué hacer de inmediato si existe algún escape de petróleo. Lo que ocurrió es irresponsabilidad de Ecopetrol, merece sanciones severas, pagar los daños e indemnizar a los perjudicados.
No lo digo solo yo, lo expresó el Ministro del Medio Ambiente, lo recalcó la Autoridad de Licencias Ambientales, lo comprobaron los funcionarios de la Alcaldía de Barrancabermeja, lo reiteraron las ONG ambientalistas y los expertos.
Poca atención presta Ecopetrol a la región que le dio vida, a la gente que durante muchos años ha sufrido negligencias y desamparos en las zonas de producción, a la ciudad que ha producido para los colombianos la gasolina que han consumido durante 80 años, a las personas que más quieren a la Empresa y no se resignan a que su refinería se vuelva chatarra.
Ecopetrol debe reconocer su responsabilidad y garantizar que no ocurrirán más tragedias de esta naturaleza.
Por Amylkar D. Acosta M.- Según la Comisión del Gasto Público, “el esquema tributario colombiano actual es insuficiente en materia de recaudo; además, de que no cumple con los principios de eficiencia y equidad característicos de un sistema fiscal exitoso”. Y estos, además de los principios de progresividad y redistribución, deberían ser inherentes al Estatuto tributario, porque así lo consagra la Constitución política, pero al igual que sucedía durante la Colonia española con las cédulas reales, en este caso tales principios se obedecen pero no se cumplen.
Como lo afirma el analista Mauricio Cabrera, no son progresivos los impuestos en Colombia “porque la única tarifa progresiva es la de renta de personas naturales, pero estas solo contribuyen con el 5% del total de impuestos recaudados, mientras que en los países de la OCDE representan el 75% del impuesto de renta”. Lo propio puede afirmarse con respecto a su esperado efecto redistributivo, toda vez que al comparar los países que hacen parte de la OCDE, Club exclusivo a cuya membresía aspira Colombia, mientras en ellos el Gini de la distribución del ingreso antes y después de impuestos y transferencias pasa de 0.47 a 0.30, cae el 26% (¡!), en Colombia permanece estático en el 0.51.
Según afirma la Comisión de expertos, “el sistema tributario no es progresivo o equitativo verticalmente, pues quienes tienen mayor capacidad de pagar impuestos no aportan relativamente más que aquellos con menores posibilidades”. Y ello aplica no solamente cuando hablamos del impuesto sobre la renta de las personas sino a los impuestos corporativos. Se suele decir con alguna ligereza que en Colombia la tasa impositiva sobre las empresas es exageradamente alta, pero sólo se refieren a la tarifa nominal y no a la tarifa efectiva, que es sobre la cual se tributa.
Bien se ha dicho que el sistema tributario colombiano se asemeja al queso gruyere, debido a sus perforaciones por cuenta de las exenciones, exclusiones, descuentos y deducciones que proliferan en el mismo. Estas, según el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) del Ministerio de Hacienda ascendieron en 2016 a la friolera de $72.3 billones (sólo en referencia al impuesto de renta al Cree de las empresas), un 8.1% más que en 2015, cuando sumaron $61 billones. El ex director de la DIAN Horacio Ayala nos cuenta que “de acuerdo con el Banco Mundial, en el 2010 había 99 beneficios tributarios en el impuesto de renta, con costo fiscal de 2.4% del PIB; en diez años habían crecido 50% en número y 77% en el costo fiscal”. Y lo más preocupante, por no decir alarmante, que dichos beneficios fueron blindados a través de los contratos de estabilidad jurídica, amparados en la Ley 963 de 2005.
De allí que cuando se descuentan estos beneficios la tasa efectiva que pagan las empresas es sensiblemente menor que la tasa nominal. Se ha llegado a afirmar, sin sustento alguno, que en Colombia las empresas tributan hasta un 70% sobre sus utilidades operacionales, lo cual explicaría su baja competitividad frente a aquellas domiciliadas en otros países. Nada más alejado de la realidad, pues según FEDESARROLLO la tasa efectiva es de sólo el 29.5%. Ello es tanto más cierto después del desmonte del impuesto sobre la riqueza y de la sobretasa al impuesto de renta, amén de la supresión del impuesto a las remesas de utilidades, que existe en casi todos los países, pasando la tasa nominal de 40% en 2017 al 33% en 2019.
También se desmontaron los parafiscales, considerados por las empresas como una carga insoportable, al tiempo que se había eliminado la contribución del 20% en la tarifa de los servicios públicos. Y más recientemente según estudio realizado por los economistas del Banco de la República Martha Delgado Rojas y Hernán Rincón Castro, “durante el período 1994 – 2016 las tasas efectivas promedio netas sobre el consumo, el trabajo y el capital fueron, respectivamente, de 10.7%, 18.6% y 15.4%. Entre tanto para 2016, alcanzaron, en su orden, niveles de 11.2%, 20.8% y 21.4%”.
El Congreso de la República está en mora de aprobar una reforma tributaria verdaderamente estructural, que corrija los entuertos del Estatuto tributario, en vez de seguir cargándole la mano a los impuestos indirectos que, como el IVA, son tremendamente regresivos y sólo contribuyen a la mayor concentración del ingreso. Bien dijo Albert Einstein que “locura es seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes”. Y éste es el caso!
Medellín, abril 1 de 2018
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Por Jorge Enrique Robledo.- Entre las primeras cosas valiosas que comprendí en mi vida política fue que el desarrollo científico-técnico es la base de todo progreso, en el entendido de que este se fundamenta en el avance del conocimiento.
