Opinión
Por Rodrigo Zalabata Vega.- El gobierno Gaviria solía aliviar las crisis con una fórmula de sanación política: “Los males de la democracia se curan con más democracia”. La idea, aunque cierta, pudo llamarnos a engaños, pues trataba de definir el momento político que dio a luz la actual Constitución y elevaba las nuevas banderas del Estado Social de Derecho.
Si aceptamos que los mecanismos de participación aumentaron, y contrario a estos propósitos democráticos los males de la Nación se han agudizado, podríamos preguntarnos qué corroe la Constitución que se anuncia en nombre del pueblo, e invoca la protección de Dios, pero nos mantiene en medio del fuego. Aquella frase inauguró el marketing de Estado en Colombia, aplicado a nivel global, al significar que toda expresión que exhiba las bondades de la libertad puede ayudar a vender al mejor postor la propia democracia.
Era el mismo momento en que abríamos las puertas a la globalización, con la que se anunciaban los descuentos al consumo que ofrecía la liberalidad de la economía sin fronteras. Lo cual daba lugar al principal equívoco, porque mientras a los nacionales les redactaban la Constitución como si rezaran un rosario de salvación, el trato con los poderes externos evidenciaba que el territorio nacional se abría como una nueva tienda de productos de los dueños del mercado mundial.
El pregón político vendía la nueva realidad económica. El gobierno le anunciaba al país la llegada al futuro cuando aún se contradecía entre anquilosadas estructuras agrarias, basadas en el valor improductivo de la propiedad latifundista, y al lado de los viejos terratenientes, décadas atrás, había sido creada y criada como hija menor una pequeña industria, mecida en la cuna de un mercado protegido.
La sociedad colombiana, tejida de manera artesanal de las costumbres de antaño, ya venía siendo asaltada en su buena fe por las fuerzas del contrabando y el narcotráfico, lo que nos empujó prematuros al consumo del éxtasis de la vida moderna. Ningún estamento se puso a salvo de las tentaciones; hasta la sal que alimentaba las luchas sociales fue corrompida. Para el momento en que adoptamos la globalización resultaba demasiado atractivo hacernos de manera legal y cotidiana a los lujos que apenas nos dejaban ver estos fenómenos.
Cada estado de cosas refleja con exactitud sus costumbres políticas. Desde que nos constituimos como República no ha existido un proyecto común de Nación. Los privilegios de sangre de la Corona española fueron trasfundidos a sus hijos criollos hechos libres, quienes instauraron en el naciente Estado su tipo de propiedad real sin limitaciones, heredada de aquellos que robando los milagros de Dios echaron cerca al horizonte y como en un cuento de hadas convirtieron en labriegos a quienes estaban dentro de sus tierras.
El ideal con que nació la vieja democracia griega, rodeada de esclavos pero incuestionable en su propósito esencial, choca en el Estado moderno con los mecanismos prácticos de su aplicación, pues abre la pregunta sobre quiénes representan las instituciones públicas y cómo se financia cualquiera de sus formas indirectas de gobierno.
La política en Colombia, dado que el Estado su fundó sobre una base desigual, se centra en un juego electoral, elaborado en reuniones sociales en la casa de los partidos políticos, en el que se baraja, una vez se hacen las apuestas, la manera de ganar privilegios a costa de la ruina de quienes están fuera del círculo. Por eso Jorge Eliécer Gaitán distinguía entre un país político y un país nacional; corresponde al primero quienes casan sus apuestas, y al segundo, el contingente de abstencionistas que no se arriman a la mesa por no tener dinero, lo que les significa no tener partido.
La Constitución del 91 en nada cambió el núcleo del conflicto social, cual es la consagración de una propiedad sin ideales de Nación. Se relaciona con un Estado que funciona al debe, ya que paga por anticipado a la clase política lo que invierte en sus intereses. Salvo haber anunciado la inauguración del futuro al traer a nuestra aldea la globalización, nos retrotrajo al estado puro de la Colonia, una vez arrasó la pequeña industria nacional, pues, al día de hoy, en medio de la invocación de Santos se concesionan a empresas extranjeras la explotación de nuestros recursos naturales y la prestación de los servicios que nos promete.
Cada tanto, los gobiernos anuncian la cura de nuestros males, y con efecto placebo nos invitan a rezar en las urnas un rosario de derechos que después cobran a precio de penitencia. La corrupción que nos azota, que devora el erario y amenaza ruina a nuestras instituciones, es la manera tramposa de rapar en la casa de las apuestas, pero la verdadera trampa consiste en acuñar en moneda de cambio el valor esencial que representa la democracia.
RODRIGO ZALABATA VEGA
Cel. 320 – 3336025
Por Amylkar D. Acosta M.-No vamos hablar de ningún acontecimiento que tuvo lugar el 8 o el 10 de enero, nos vamos a referir a la decisión que acaba de tomar el Ministro de Minas y Energía Germán Arce, al expedir la Resolución 4 0185 fechada el 27 de febrero, mediante la cual eleva el porcentaje de la mezcla de etanol con la gasolina motor que se expende al público en todo el territorio nacional del 8% al 10%. De esta manera, a partir del 1º de marzo se nivelan en el 10% tanto la mezcla del etanol con la gasolina como del aceite con el diesel.
Entre las consideraciones de dicha Resolución se tiene que “con base en el estimativo de producción y la proyección del año 2018”, se demuestra “la viabilidad y capacidad de sostener una mezcla del 10% de alcohol carburante”. En efecto, mientras la demanda interna de etanol para la mezcla en 2017 fue en promedio de 1.050.800 litros/día, la capacidad instalada de producción de las 8 plantas en operación es de 1.650.000 litros/día, es decir que Colombia tiene como autoabastecerse. Este aumento del porcentaje de la mezcla representará, aproximadamente, 262.700 litros/día adicionales en la demanda.
Como autor de la Ley 693 de 2001, que estableció la obligación de dicha mezcla y en ejercicio de la paternidad responsable tengo que manifestar mi complacencia por este paso que acaba de darse, pues contribuirá a consolidar una política tendiente a reducir las emisiones de gases contaminantes a consecuencia de la combustión de los motores de los vehículos. En efecto, con la mezcla del etanol con la gasolina-motor se oxigena el combustible y de esta manera la combustión es más completa, al tiempo que se reduce el contenido de aromáticos, benceno, azufre y olefinas, que de otra manera se arrojarían a la atmósfera, incidiendo notablemente en el deterioro del aire que se respira en las ciudades. Y, como es apenas lógico, cuanto mayor sea el porcentaje de la mezcla sus beneficios para la población citadina serán mayores.
Recordemos que, según el Alcalde de Medellín Federico Gutiérrez “el 80% del smog que se posa sobre el cielo del Valle de Aburrá proviene de la combustión de los motores”, viéndose precisado a decretar de manera recurrente la emergencia ambiental para tratar de contrarrestarlo, imponiendo el pico y placa ambiental. Es más, de acuerdo con un estudio del DNP, en Bogotá el 10.5% del total de las muertes prematuras en 2015 son atribuibles a causas asociadas con la contaminación del medio ambiente, lo que generó costos estimados en salud de 44.2 billones, equivalentes al 2.5% del PIB de la capital. Igualmente, en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá ese porcentaje fue de 12.3% y el costo $2.8 billones, equivalente al 5% de su PIB. En el 2015 se registraron 10.527 muertos por esta causa, cifra similar al número de homicidios en todo Colombia en 2017 (11.000).
Colombia, además de haber sido el promotor de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, vigentes desde el 2015, suscribió el Acuerdo de Paris en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, ambos vinculantes, por lo que se comprometió con la comunidad internacional en reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 20% hacia el 2030. Y, para lograrlo, según el Ministro Arce “uno de los elementos en los que más esperanzas tiene el Gobierno es el plan de biocombustibles y dentro de esa iniciativa, uno de los ejes es aumentar la participación del alcohol dentro de la gasolina que consumen los carros”. A partir del análisis de ciclo de vida de la cadena del etanol producido en Colombia se ha podido establecer que el mismo está contribuyendo a reducir 2.5 millones de toneladas/año de GEI, equivalentes a 6 puntos porcentuales de la meta de reducción del 20%. Y no es para menos, dado que el mismo reduce las emisiones de GEI en un 74%.
Como no faltará quien critique el incremento de la mezcla aduciendo que con ello se va a aumentar el precio de referencia de la gasolina al consumidor final, nos anticipamos a disipar esa preocupación, pues no se va a dar ni lo uno ni lo otro. En cuanto a su incidencia en el precio, comparto el punto de vista del Ministro Arce cuando llama la atención sobre el hecho de que dadas “las condiciones de los mercados el alcohol carburante muestra una tendencia a la baja, lo que permitirá una reducción cercana a los 7 pesos por galón”. Y advierte el Ministro, además, que “pesan más en el precio del combustible el tema tributario (impuesto a los combustibles, sobretasa e impuesto al carbono), los cuales representan el 29% en promedio del precio”. Huelga decir que los combustibles de origen fósil, llámese gasolina o diesel, tienen unos costos ocultos que no se reflejan en sus precios, nos referimos a la huella de carbono que dejan tras de sí y a su impacto en el medio ambiente y en la salud.
Bogotá, marzo 10 de 2018
www.amylkaracosta.net
Por Mauricio Cabrera Galvis.-Escribo esta columna el sábado antes de las elecciones para el Congreso, de manera que no pretendo hacer de adivino pronosticando cuántos congresistas va a sacar cada partido ni quiénes se quemaron en sus aspiraciones; no obstante, intentaré vaticinar algunas tendencias generales de estas elecciones, con base en lo que ocurrió en el 2014.
En primer lugar, el triunfo absoluto de la abstención –directa o indirecta- que puede acercarse al 70% de potenciales votantes. Esta enorme apatía y confusión cuestiona la legitimidad del Congreso, pues implica que solo es elegido por menos de la tercera parte de los ciudadanos, llegando al extremo de tener senadores elegidos con menos de 20.000 votos y políticos que llegaron a la Cámara con 1.500 votos. ¿Es eso una democracia representativa?
Llamo abstención directa a los que no fueron a votar, en 2014 fueron el 57% de los 33 millones de colombianos en edad de votar; y abstención indirecta a los más de 3 millones de votantes, es decir casi el 10% del censo electoral que no quisieron (votos en blanco) o no pudieron (votos anulados por marcar mal el tarjetón) votar por un partido o candidato.
Hay que recordar que el partido con la mayor votación en las elecciones pasadas fue el de la U con el 16% de votos; es decir que si esta abstención indirecta fuera un partido político habría sido el triunfador con el 21.5% de los votos depositados.
La impresionante cifra de votos nulos o no marcados (2.4 millones) implica que se perdió el voto de uno de cada 6 ciudadanos que hicieron el esfuerzo de ir a las urnas hace 4 años. En esta ocasión es posible que sean más los votos perdidos por la complejidad de los tarjetones, que es solo un reflejo de la fragmentación de partidos políticos y predominio de aspiraciones personalistas.
En efecto, el tarjetón para elegir senadores tiene 16 opciones de partidos -10 de ellos con voto preferente- y otras 7 de circunscripciones indígenas, con 900 candidatos para escoger. El tarjetón de la Cámara es todavía más complejo.
Tal complejidad y confusión implica que se van volver a perder millones de votos, dando una ventaja adicional a las bien aceitadas maquinarias de caciques electorales que tienen la capacidad de adiestrar a sus clientelas en la forma de marcar el tarjetón.
Por Jaime Durán Barrera.- Este domingo 11 de marzo será recordado como uno de los acontecimientos electorales más significativos de la Historia reciente de Colombia. No sólo porque es, después de más de 50 años de conflicto armado, los comicios menos complicados por la dinámica de la violencia, sino porque la elección directa de los congresistas impactará en la consolidación de la Democracia Colombiana y la consolidación del Proceso de Paz en el Postconflicto.
En este sentido, la tarea que toca asumir como senadores y representantes de los diversos espacios territoriales, en su diversidad y pluralidad, es una de las más importantes, en términos sociopolíticos.
Legislar para hacer de nuestro país un lugar más inclusivo, con una legislación acorde a nuestra identidad y necesidades, con mejores instituciones, con inversiones reales y vigiladas y con un estado presente en todos sus municipios y departamentos para llegar a todos los ciudadanos, es una misión que no sólo cambiará las condiciones estructurales que generaron el conflicto armado y aún están presentes, sino que conducirá a crear las vías de un futuro prometedor y sostenible.
Mi compromiso con Colombia está dirigido a generar todo un debate sobre los grandes temas del Agro y de las Tierras, aspectos incipientes y que deben ser prioridad, en término de justicia social y desarrollo territorial. Sin estas definiciones es poco lo que se puede hacer por la gente que vive en la Colombia profunda.
Asimismo, planteo a mis electores y demás ciudadanos asumir la defensa de los DD.HH. de los más humildes, de los campesinos que, con su trabajo sostenido y solidario, hacen de nuestro país una potencia agroalimentaria y con perspectivas de desarrollo turístico.
También es mi interés promover un equilibrado desarrollo regional, para sostener la autonomía histórica territorial de los municipios más pequeños, promover su desarrollo sostenible y su integración a los planes más ambiciosos de integración.
Quiero ser un vocero para la consolidación de la Paz y de las estrategias requeridas para el Postconflicto, como único pasaje viable y posible de un mejor destino para cada uno de nosotros. Este proceso jamás iba a ser fácil, pero si puede ser una profunda posibilidad de optimizar a nuestra sociedad como democrática y a nuestro gobierno como participativo.
Espero que este domingo los colombianos ejerzamos nuestro Poder Supremo y Soberano, votemos y no dejemos que otros decidan por nosotros.
Como candidato por el Partido Liberal mi número es el 13, votando L 13 en el tarjetón para Senado. Deseo poder contar este histórico domingo 11 de marzo con tu confianza, con tu Voto.
Unidos por el futuro de Colombia.
Jaime Durán Barrera. Candidato Liberal -L 13- al Senado.
Por Gabriel Ortiz.-Los enemigos de la paz, los cultores de la guerra y del odio torpedean el debate electoral de este domingo.
Debate en paz, era mucho pedir a conocidos dirigentes, falsos caudillos y gerifaltes que con encorvados picos tratan de aferrarse a un poder, del que abusaron y quieren confiscar de por vida.
Su meta: atacar al nuevo partido de antiguos guerrilleros, hasta diezmarlo y aniquilarlo. No quieren permitir que ingrese a la política, pese a que esa fue una de las condiciones acordadas para firmar la paz, que hoy mal que bien, disfrutamos.
Contrataron muchachos, que por pocos pesos, de esos mismos que utilizan para comprar votos, se dedicaran a sabotear las manifestaciones de los exfarc. Empezaron con insultos, guijarros, piedras, huevos y cuanta porquería encontraban. Dirigentes de la intransigencia, del fanatismo, antiguos paras y reconocidos maleantes, justificaron la acción de los saboteadores a sueldo. Cínicamente señalaron que era la comunidad la que actuaba y expresaba su rechazo a sus antiguos verdugos.
Como suele suceder, con la violencia prefabricada, amparada, financiada, alabada y fomentada, se sabe cómo empieza, pero nunca, cómo termina. Ha ido creciendo en esta época electoral, a tal punto que ya amenaza, hostiga y azota, a sus propios patrocinadores, y a movimientos, partidos y grupos políticos por igual.
Los promotores –de todos conocidos- nunca advirtieron a dónde llegaría su torpeza, en un país que han llevado a la polarización. Se atropella a quienes piensan con claridad mental, a quienes tienen la tolerancia e inteligencia para aceptar que existe la libertad de pensamiento.
Cualquier discrepancia del adversario nos eriza, nos desquicia, nos embrutece y nos conduce a la utilización de guijarros, injurias y armas. Parecemos afiliados a la NRA (Asociación Nacional del Rifle) gringa.
Nos queda un día para reflexionar y participar en el evento electoral de mayores repercusiones e incalculables dimensiones; del que depende la ilusión de un país que marcha hacia esa esperanza que no podemos dejarnos robar, como lo advirtió el Papa Francisco.
Estamos a tiempo de reflexionar, de cambiar, de asegurar la convivencia y la tolerancia, que nos permita legar una próspera nación a quienes nos siguen y esperan acariciar la paz con empleo, ingreso, salud y vida amable. La puerta que nos llevará a una Colombia próspera, pensante, generosa y haciendo camino al andar, está abierta.
Si queremos recuperar nuestra plena democracia, mantener la paz y eliminar la corrupción, tenemos que transitar por los caminos de la tolerancia y respetar la opinión de los demás.
Nuestra obligación es elegir bien, porque en juego están la escogencia de un admirable Congreso y un intachable y justo presidente, que nos garanticen futuro próspero. Podemos eliminar la guerra, el odio, la polarización, la corrupción y el atraso. ¡Buen voto dominical!
BLANCO: Los pensionados tienen un aliado: Oscar Iván Palacio los defenderá en el Senado, luchando contra el odioso 12% a las pensiones. C 51.
NEGRO: De nuevo Uribe burló la justicia. No rectificó sus afirmaciones contra el colega Daniel Coronell.
Por José G. Hernández.- El próximo domingo 11 de marzo tiene lugar la elección de quienes durante cuatro años integrarán el Senado de la República y la Cámara de Representantes. Tras una campaña muy agresiva, en que predominaron la diatriba, el insulto y la intolerancia, por encima de las razones, los argumentos y el debate respetuoso, finalmente todo se verá en las urnas.
Se quisiera, desde luego, que fuera un Congreso renovado, aunque no nos hacemos muchas ilusiones porque, pese a la presencia de candidatos jóvenes bien intencionados y de personas con experiencia y conocimiento, hay muchos otros que, a juzgar por sus antecedentes, en caso de salir elegidos, prolongarán seguramente comportamientos y prácticas indeseables y perniciosas.
La renovación, en todo caso, es urgente, y no puede limitarse a nombres. Deben ser replanteadas muchas cosas, y en tal sentido, es importante que los ciudadanos voten a conciencia, debidamente informados, sin compra de sufragios y con sentido crítico frente a especies no dignas de crédito.
Ahora bien, lo que surge del concepto democrático es, ante todo, un congreso independiente, libre y deliberante, que no sea, como ha venido ocurriendo entre nosotros, una oficina más de la Casa de Nariño, ni otra dependencia del Ejecutivo, manejable y manejado por la vía de los cupos presupuestales y la burocracia oficial. Que sea capaz de ejercer el control político con talante imparcial pero firme y contundente. Que examine de manera autónoma las actividades y ejecutorias de los ministros, directores de departamentos administrativos y superintendentes y les exija comparecencia y explicaciones. Que debata. Que controvierta sin compromiso previo.
Se requiere, además, un Congreso en que los proyectos de ley y de acto legislativo sean estudiados de verdad, puestos a prueba, discutidos y votados a conciencia.
Hacemos votos porque el próximo Congreso responda a la confianza que le depositen los electores. Que recobre, además de su independencia, la iniciativa legislativa, desde luego en aquellas materias en que la Constitución no la hace exclusiva del Gobierno.
Los nuevos senadores y representantes deben estar preparados para el post conflicto, y han de presentar proyectos de reforma en muchos campos en que, hasta ahora, o se han limitado a seguir con mansedumbre al Ejecutivo, o han guardado silencio, permitiendo que el Congreso sea suplido por la Corte Constitucional.
Y se necesita, desde luego, un Congreso que no apruebe tan fácil la carga tributaria, como lo hizo el actual, cuya actuación al respecto fue deprimente. Si el artículo 338 de la Constitución exige ley en sentido formal para el establecimiento de impuestos, tasas y contribuciones, es porque parte del supuesto de que en nuestro sistema existen frenos y contrapesos, siendo los congresistas los primeros depositarios de la representación de los intereses del pueblo que los ha elegido. Por ello, en vez de voracidad fiscalista, al Congreso corresponde prudencia, control y ponderación. Y que expida las normas necesarias para combatir males enormes, que nos afectan a todos, como la corrupción, el narcotráfico, la inseguridad, la desigualdad, la pobreza, el mal sistema de salud, el déficit en la educación, el excesivo centralismo, el abandono de muchas regiones. Y, ojalá, este Congreso se atreva, de una vez por todas, a reformar la Justicia, y elegir a los funcionarios cuya selección le compete pensando más en su preparación y hoja de vida que en el guiño gubernamental.
Hay mucho por hacer, señores candidatos. Si son elegidos, su compromiso es grande.
Por Juan Fernando Londoño.- Las consultas populares de los partidos son un muy buen negocio para los candidatos. Este es el fenómeno que explica el rápido crecimiento de Iván Duque y Gustavo Petro. El primero se perfila como el seguro ganador de la denominada Gran consulta por Colombia y el segundo parece tener un triunfo sólido en la Consulta inclusión social para la paz.
Las consultas para escoger candidato permiten proyectar la imagen de los candidatos que participan en ellas, posicionar sus ideas y atraer la atención de la opinión pública. Esto le ocurrió ya a Humberto de la Calle, quien gracias a la consulta liberal de noviembre pasado logró ascender en su intención de voto hasta el 10 por ciento. Incluso Sergio Fajardo, escogido en un proceso de consulta mediante encuestas también vio favorecida su intención de voto catapultándose al primer lugar de las preferencias con un 17 por ciento en diciembre pasado.
En esta ocasión son Duque y Petro los que se han beneficiado del bono de atención que generan las consultas y han protagonizado un crecimiento vertiginoso en los últimos meses. De acuerdo con el Índice Agregado de Preferencias Electorales (Iape) - que mide el comportamiento conjunto de los candidatos promediando el conjunto de las encuestas- Petro pasó de tener un 12 por ciento de intención de voto en diciembre a un 22,6 por ciento en febrero. Por su parte Duque pasó de un 9,8 a un 21,9 por ciento en el mismo período.
Factores externos han ayudado también ambas candidaturas, por ejemplo, los anuncios de procesos judiciales contra Álvaro Uribe generaron un proceso de cohesión de las bases del Centro Democrático en torno a su jefe y a su candidato presidencial, consolidando así las opciones de Duque tanto en la consulta como en la elección general. Por su parte, las dificultades para organizar las manifestaciones de Petro en Medellín y Cúcuta ayudan al protagonismo del candidato, mientras que las agresiones en su contra despiertan una solidaridad aún mayor.
Las consultas no solo aumentan la intención de voto, sino que efectivamente generan un importante flujo de electores cuando coinciden con los comicios parlamentarios. La confluencia genera que se inflen los resultados de las consultas, pues al fin y al cabo los ciudadanos no tienen que asumir un costo mayor por emitir un nuevo voto.
Lamentablemente, el fervor electoral producido por las consultas no necesariamente genera un apoyo sostenido en el tiempo. Varias veces quienes han ganado las consultas encuentran disminuido su capital electoral cuando llegan a la primera vuelta. Así ocurrió con Horacio Serpa en 2006 y con Noemí Sanín en 2010. De momento el protagonismo y el liderazgo en la intención de voto han permitido que los candidatos de los extremos del espectro político se roben el show. La pregunta es si esos niveles de favorabilidad se mantendrán hasta asegurar su paso a la segunda vuelta.
En el caso de Iván Duque el arrastre de la consulta parece más sólido y duradero. Por una parte, además del buen desempeño que pueda tener en la consulta va a contar con un posible triunfo del Centro Democrático en la elección del Senado. El uribismo cuenta además con el logro de su anterior candidato, Óscar Iván Zuluaga, quien ganó la primera vuelta en 2014 con una votación cercana al 30 por ciento. Con este conjunto de cifras no parece posible que la candidatura del senador se pueda desinflar.
La situación de Gustavo Petro es distinta. Por una parte, no se sabe qué pasará con su lista al Senado. Si la lista de los “decentes” no pasa el umbral sería un serio traspié para sus posibilidades, pero aún en caso de superar el 3 por ciento no parece posible que vaya a obtener una bancada fuerte para acompañar su aspiración. Los antecedentes no son tan sólidos como los del uribismo. En 2010 el propio Petro obtuvo en primera vuelta el 9 por ciento de los votos. Previamente, en el año 2006, el candidato Carlos Gaviria logró un 22 por ciento de los votos consiguiendo el mejor desempeño electoral de la izquierda hasta ahora.
Es previsible entonces que el empate de 22 puntos entre Duque y Petro refleje el piso electoral del primero y un posible techo para el segundo, juzgando por los antecedentes electorales. No obstante, es posible que el triunfo el domingo contribuya a que ambos sigan creciendo en las encuestas. Veremos si les dura hasta la primera vuelta.
Por Jairo Gómez.- Muchos colombianos, muchísimos, no despegan sus ojos de los "smartphones", el aparato inteligente en el que se desarrolla la batalla electoral a través de las redes sociales. Destronaron a los medios de comunicación en su ancestral y arraigada posibilidad de incidir en las elecciones.
Y no es para menos. Es tan evidente la carga ideológica de la mayoría de los medios periodísticos que constantemente se revelan como simples máquinas políticas que presionan a favor de los objetivos corporativos de sus propietarios. Buscan, a través de las encuestas, manipular la opinión y, cuando les son adversas, no ocultan su frustración al ver que el candidato de su predilección está fuera de combate y se ufanan de poseer tramas, en muchos casos ficticias, para enlodar las aspiraciones de quienes no les son afectos. No admiten críticas y se consideran omniscientes; descargan sus poderosas baterías (micrófonos, cámaras y algo más) contra quienes se atreven a cuestionarlos. Hacen piña, se autoentrevistan y se ponen de acuerdo para promover la cizaña. Sí, porque de cizañeros está lleno el periodismo colombiano, con algunas excepciones claro está.
Siempre hay que culpar a alguien de los males de la sociedad. Evidentemente los omnipresentes medios de comunicación nunca lo son, son inmunes, refractarios. Creen tener la verdad revelada y se embadurnan de una credibilidad que no tienen. La sociedad se cansó de que se utilice el periodismo para promover la ignorancia y para distorsionar la realidad con mentiras descaradas.
Esa perversa proclividad de algunos medios a defender intereses distintos a los de la sociedad en general, es nociva y dañina para el país; y, lo peor, es que se utilice la cobertura mediática de manera malintencionada para propagar una realidad deformada de los hechos, que no se ajusta, ni de lejos, a lo que padecemos a diario los colombianos y que nada tiene que ver con los acontecimientos que ocurren en la vecina Venezuela.
Constantemente hablan del ambiente de polarización que se vive en el país, pero desde los púlpitos mediáticos no se hace otra cosa que alimentar la atmósfera de la confrontación ideológica. No dudan en descalificar sistemáticamente al candidato que se opone a sus intereses, utilizando perversamente el miedo como estrategia. Dijo recientemente un activo periodista, con responsabilidad de mando, que “la gente en Colombia está tomando el camino de Miami por temor a que esto se vuelva una nueva Venezuela”. Esto solo se le ocurre a una mente retorcida. Una mala persona no puede ser un buen periodista, dijo alguna vez Kapuscinski.
Muchos medios y periodistas transitan por los caminos de la opulencia y no miran al lado, nada los detiene y poca autocrítica se hace. Son omnímodos. Por ello siempre es bueno acudir a los ejemplos. Veamos: después de haber desempeñado un papel en la consolidación del gobierno del presidente Uribe y de haber apoyado su Seguridad Democrática avalando con ello los falsos positivos, los medios de comunicación dieron un triple salto a favor de la Paz de Santos. Nunca nos explicaron cuál fue la alquimia que los llevó a cambiar de posición. Siempre caen parados, sin importar quién los gobierne. En la Colombia de hoy al statu quo mediático le asusta que una alternativa distinta llegue al poder y ponga en peligro los privilegios de los que hacen gala amparados en una supuesta imparcialidad.
Por ello, volviendo al comienzo, hoy los colombianos no se despegan de ese territorio virtual que les abre el camino a expresar sus opiniones o a hacer manifiesta una posición crítica sobre la realidad del país. Ya no es necesario sintonizar una hora prima de noticieros hipócritas para informarse sobre la realidad de nada. Cada cual tiene en sus manos el poder de buscar sus temas de interés, de interactuar y debatir con los demás. Nunca antes tuvo el ser humano, ni que decir el colombiano promedio, tanto acceso a la información.
Y los medios, sorprendentemente renuentes a aceptar que su poder de influencia se les escapa de las manos a la velocidad del rayo, se ven relegados al espacio del publirreportaje, de la anécdota, de los chismes, de la más cretina farándula política.
@jairotevi
Por Yoani Sánchez.- Desde comienzos de este año en América Latina han muerto al menos dos periodistas, uno de ellos en Brasil y otro en México, según los datos que recoge Reporteros sin Fronteras. La organización francesa confirma que cuatro profesionales de la información han sido encarcelados y que los reporteros ciudadanos tampoco atraviesan un buen momento en esta parte del mundo.
La región se ha vuelto un campo minado para los informadores, en la misma medida en que muchos países de la zona reciben la embestida del autoritarismo, el crimen organizado y la impunidad.
Quienes se preguntan las causas que hacen de los periodistas un blanco de las balas y los ataques en nuestras sociedades, deben buscar la respuesta en la debilidad de otras instituciones que deberían velar por el respeto a los derechos ciudadanos y el cumplimiento de la ley. Allí donde el poder judicial es ineficaz o responde más a intereses ideológicos que legales, las páginas de los periódicos se han convertido en la única opción para dar visibilidad a las víctimas de la injusticia.
Muchas veces los carteles armados y las pandillas le temen más a que su modus operandi quede diseccionado por la pluma de un periodista que a los operativos policiales. Las organizaciones criminales cada vez prestan mayor atención y dedican más esfuerzos a comprar el silencio de los periódicos o a intimidar a quienes investigan sus manejos para sacar a la luz los detalles del tráfico, la extorsión y la violencia.
Los gobiernos tampoco desarrollan mecanismos efectivos de protección del gremio, al que ven como una parte incómoda de la sociedad. Si fuera por la mayoría de los políticos de la zona, las conferencias de prensa serían un aburrido monólogo donde los mandatarios o funcionarios cantarían loas a su gestión y no aceptarían preguntas. En ese "mundo ideal” con el que sueñan los líderes autoritarios, los diarios se convierten en el brazo escrito de su propaganda ideológica y los canales televisivos transmiten -una y otra vez- sus discursos.
No son pocos los profesionales de la información que, amenazados por varios flancos, optan por la autocensura. Evitan tocar ciertos temas, meter las narices en historias que provoquen que un cóctel Mólotov entre por la ventana y prefieren los asuntos inocuos para llenar las planas de los periódicos. Pasan así de periodistas a "escribidores” y sus estrategias de sobrevivencia terminan matando la profesión.
Cada vez que un reportero, un editor o el director de un medio borra una frase para no provocar a las autoridades o a los matones, la profesión languidece un poco más. Si América Latina no se transforma en un espacio donde narrar la realidad no le siga costando la vida a quienes laboran en una redacción informativa, sus posibilidades de contar con democracias sólidas y estables disminuyen.
Un periodista muerto es un paso hacia atrás, hacia ese momento soñado por los depredadores de la palabra donde nadie se atreve a poner por escrito lo que ocurre.
Por Amylkar D. Acosta M.-Estamos ya a pocos días de la convocatoria a las urnas a los 36´025.318 ciudadanos habilitados para votar en Colombia, 2.739 aspirantes y 385 listas, abiertas todas ellas, compiten para elegir el Parlamento para el período 2018 – 2022, el cual pasará de 268 curules a 280, 12 más. Adicionalmente, se concurrirá a las urnas también para votar en las dos consultas internas que estarán en juego, la del triunvirato Iván Duque, Martha Lucía Ramírez y Alejandro Ordoñez y la de la dupla Gustavo Petro y Carlos Caicedo.
Como es bien sabido la participación en estas elecciones legislativas, en promedio, no superan el 43% del censo electoral y se espera que, debido al desencanto generalizado por cuenta de los escándalos de corrupción y el desprestigio de la política, la abstención esta vez sea más pronunciada. Como lo afirma Castells, la apatía general sobreviene cuando “el interés general es sustituido por el desinterés general” y este es el caso. Esta abulia ciudadana y el desgano frente al derecho y al deber de votar consagrado en la Constitución Política, es una reacción no tanto contra el establecimiento como contra lo que denomina el Nobel de Economía Milton Friedman “la tiranía del statu quo”.
En la más reciente encuesta de Gallup la institucionalidad en su conjunto sale muy maltrecha, la percepción que se tiene de ella la deja en grave predicamento. En efecto, la reprobación del ejecutivo, del Congreso y del poder judicial registran el 73%, el 84% y el 86%, respectivamente. En cuanto a los congresistas, en esta misma encuesta, en una proporción que supera el 80% tienen un pésimo concepto de ellos. Por su parte los partidos políticos tienen una imagen negativa del 89%, peor que la de las FARC, que se sitúa en el 81%. La aversión por los partidos políticos es mayor entre los jóvenes, entre los 18 y 28 años, pues sólo 1 de cada 10 de ellos se identifican con algún partido y manifiesta confiar en ellos (¡!).
Ello es un reflejo, a su vez, de la percepción que se tiene por parte de la opinión pública sobre el rumbo que está tomando el país, a tal punto que el 75% de los encuestados cree que en general las cosas en Colombia están empeorando. Así mismo, el 79% conceptúa que la economía va por mal camino, el 80% manifiesta su preocupación por el desempleo, cuya tasa volvió a los dos dígitos. Ello se explica en gran medida porque no obstante los avances en la reducción de la pobreza y de la tasa de desempleo, la desigualdad no cede y la informalidad tampoco, al tiempo que los rebrotes de violencia y la desbordada inseguridad ciudadana opaca el logro alcanzado al ponerle fin al conflicto con las FARC.
De allí que las prioridades para los colombianos, según INVAMER, en su orden, sean el desempleo con el 20.1%, la corrupción con el 19.8% y la atención en salud con el 18.8%, en tanto que la implementación de los acuerdos con las FARC, no obstante que según las Naciones Unidas el nivel de cumplimiento de los mismos a duras penas va en el 18.7%, ocupa el 10º lugar, con el 3.3% de los consultados, entre los principales problemas que consideran deberán avocar quienes salgan elegidos al Congreso y a la Presidencia de la República. Así se explica que quienes habían montado su campaña en el caballito de batalla de echar atrás la elegibilidad de los cabecillas de las FARC y los beneficios de la Justicia transicional para que purguen cárcel por sus delitos se hayan bajado de él. Este planteamiento no sólo no encontró eco entre los electores, sino no tiene asidero en el ordenamiento jurídico del país.
El resultado de la elección congresional, como lo afirma la firma encuestadora Guarumo, “serán un indicador de cómo quedan las fuerzas políticas en el país” de cara a la elección presidencial. Pero, la verdad sea dicha, los resultados que arroje el escrutinio de las consultas y la elección del Congreso de la República, no reviste la importancia que algunos le atribuyen, pero tampoco es irrelevante. Me explico: la periodista María Isabel Rueda sostiene que “el 80% de los votos presidenciales viene…de las fuerzas políticas ganadoras en las parlamentarias”, pero lo cierto es que la maquinaria y la relación clientelar que prima en estas no llega con la misma fuerza y empuje a las presidenciales.
Además, la motivación del sufragante para depositar su voto en las presidenciales difiere mucho con respecto a las parlamentarias, máxime cuando los partidos políticos y sus montoneras, además de haberse reducido a ser dispensadores de avales, están en desbandada. En lo que sí estoy de acuerdo con ella es que “después de las parlamentarias se consolidarán las alianzas, que serán definitivas en la elección del próximo Presidente”. En ese sentido el 11 de marzo se corre la “pole position” y al día siguiente se sabrá, conocido sus resultados, cómo quedará cada aspirante presidencial en la “grilla” de partida.
Bogotá, marzo 5 de 2018
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