Opinión
Por José Gregorio Hernández.-Definitivamente no solo se está aplicando el llamado “fast track” para reformar la Constitución y hasta para sustituirla, sino que el Congreso ya no es libre. Carece de iniciativa en materias que, por su misma naturaleza -como la justicia- son de su resorte, y no puede modificar las iniciativas a su conocimiento.
El “debate” de este 13 de marzo en el Senado, sobre JEP, fue deplorable. Porque no hubo discusión, porque faltó el intercambio de ideas y criterios -que es algo esencial en todo cuerpo colegiado, más todavía cuando se trata de modificar el Estatuto Fundamental del Estado y la base del orden jurídico- y porque se declaró arbitrariamente la “suficiente ilustración” cuando era evidente que no la había. Claro está: si algo ha brillado por su ausencia en la recta final del proceso de paz, antes y después de los acuerdos, incluido el caso del plebiscito del 2 de octubre, ha sido la ilustración. Todo ha ocurrido de espaldas a la opinión pública y a los sufragantes, y ahora vemos a los congresistas votando como autómatas, sin entender lo que votan, ejerciendo su función bajo la batuta del Gobierno, sin poderse apartar de sus mandatos. Un Gobierno que, a su vez, está sometido a los acuerdos, como si en La Habana hubiese sesionado una Constituyente, o como si el pueblo hubiese aprobado tales acuerdos -que los negó el 2 de octubre de 2016-.
En materia de Justicia Especial de Paz, el más importante de todos los temas provenientes de los acuerdos, y en donde era natural que afloraran las inquietudes, las preguntas y las dudas, así como las respuestas y las soluciones, resulta que no hubo verdadero debate, porque no hubo discusión. No fueron escuchados los argumentos de quienes formularon proposiciones, ni siquiera aquellas que contaban con el aval del Gobierno -todo un engendro introducido, a ciencia y paciencia de la Corte Constitucional, pues sencillamente implica que el Ejecutivo desplaza y sustituye al legislador, aun en su papel de reformador de la Constitución-.
Eso es muy grave en una democracia. Que unos proyectos de ley y de reforma constitucional sean llevados el Congreso, pero el Congreso no pueda hacer nada. No pueda reformarlos sin permiso del Gobierno, y deba votarlos en bloque. Y, a la vez, que el Gobierno diga, como lo dijo textualmente el Ministro del Interior Juan Fernando Cristo, que “no puede avalar proposiciones que se oponen a los acuerdos” (los pactados en La Habana), es algo que refleja un poder público rehén y hasta esclavo.
Surgen allí muchas preguntas, desde la perspectiva constitucional: ¿Entonces, para qué el Congreso? ¿Es apenas, como lo hemos advertido aquí varias veces, un convidado de piedra? ¿Un monigote, que apenas va a dar la apariencia de legitimidad de lo actuado? ¿Quiere dar la impresión engañosa en el sentido de que todo ha pasado por su previa deliberación y análisis? ¿Qué validez puede tener un acto reformatorio de la Constitución cuando ni siquiera se ha dado lugar a debatir puntos tan importantes como la propuesta de aplicar la meritocracia en la selección de los magistrados, o el de la impunidad para el narcotráfico, claramente planteado por el Fiscal General de la Nación? ¿La Corte Constitucional se entregará definitivamente y claudicará en el ejercicio de su función esencial?
Con toda razón, por cuanto el pueblo no es tan torpe como están creyendo, Congreso, Gobierno y Corte Constitucional presentan los más altos niveles de impopularidad y desaprobación.
Por Juan Fernando Londoño.-Los últimos 50 años de la vida nacional han tenido como antagonistas privilegiados a la guerrilla y a los partidos tradicionales. De una parte, las guerrillas tratando de derrotar por las vías armadas las instituciones que representaban el estatus quo. Y del otro, los partidos liberal y conservador configurando y sirviendo de soporte a ese sistema. Tal parece que el fin de la guerra acarreará también el fin de los partidos tradicionales.
El enfrentamiento militar e irregular entre estas dos fuerzas configuró el Estado y la sociedad en la cual vivimos el último medio siglo. Tiene sentido entonces que al desaparecer la confrontación los protagonistas dejen de ejercer el rol que han tenido hasta ahora. Las FARC sin armas ya no son las FARC, serán otra cosa y evolucionarán hasta convertirse en una fuerza política, fusionarse con otras fuerzas de izquierda o desaparecer en la bruma de la historia. Su contraparte, los partidos tradicionales, parecen también destinados a evolucionar o desaparecer.
La encuesta aparecida esta semana, elaborada por la compañía Guarumo, del exregistrador Carlos Ariel Sánchez, muestra que las simpatías políticas de los ciudadanos se inclinan preferencialmente hacia fuerzas nuevas en el panorama político. Por una parte, el Centro Democrático, se ha convertido en el más férreo vocero del estatus quo y de los intereses de los privilegiados, como corresponde normalmente a las fuerzas de derecha y ultraderecha en cualquier sociedad. Que una cuarta parte del electorado se identifique con ellos muestra tanto la capacidad que ha tenido de posicionarse bajo el liderazgo del expresidente Uribe, como el declive de la influencia del conservatismo en la opinión pública, pues la colectividad azul tan solo se acerca al 3 % de la identificación partidaria.
Por otro lado, la Alianza Verde, con el 19 % aparece como la segunda fuerza en las preferencias ciudadanas. Con un claro discurso y sobre todo enorme credibilidad en la lucha anticorrupción, los verdes parecen recoger las fuerzas modernizadoras de las clases medias de las capas urbanas. Igualmente significativo resulta que las siguientes fuerzas que capturan las identidades partidarias sean el progresismo con el 11,5 % y el Polo Democrático con el 7,7 %, es decir que dos alas de la izquierda no ligada a la lucha armada alcanzan también una cifra cercana al 20 % y sumados a los verdes rayan el 40 %.
Liberales y conservadores suman, respectivamente, 4,1 % y 2,7 %, sus partidos adláteres carentes de cualquier tipo identidad programática, Cambio Radical y La U, obtienen 7,3 % y 1,3 %. Es decir que el porcentaje de ciudadanos que se identifican con las fuerzas tradicionales del establecimiento sólo alcanzan, sumados, el 15,4 % de las identificaciones partidistas.
¿Significa esto que hay que expedirles la partida de defunción a los partidos tradicionales?
No lo creo.
En primer lugar, no hay que confundir las identidades partidarias con las preferencias electorales. Estas últimas están determinadas por el contexto de cada elección. El uribismo, por ejemplo, puede movilizar consistentemente el 20 % del electorado en aquellas contiendas donde Uribe está implicado, pero sin el jefe a bordo su masa electoral se contrae significativamente, como ocurrió en las elecciones locales, donde escasamente obtuvo el 8 % de respaldo popular.
En segundo lugar, hace rato que los partidos tradicionales dejaron de ser votados por identificación partidaria. En la campaña del 2006 el conservatismo tenía el 4 % de identificación partidaria y el liberalismo, el 35 %. Al final el conservatismo obtuvo el 20 % de los votos y el liberalismo, sólo el 18 %.
Tercero, el peso de los personalismos en nuestra política es enorme. Principalmente para la elección presidencial, donde los ciudadanos votan al que les da la gana, independientemente de sus militancias partidistas, pero también en la política local, donde los compadrazgos, el clientelismo y el peso de la corrupción generan más votos que cualquier oferta programática de los partidos.
Por último, las reglas de juego no están diseñadas para traducir adecuadamente las preferencias generales en resultados políticos. Con el voto preferente y el sistema de financiamiento actual de las campañas, sumado a las garantías de impunidad para quienes cometan actos de corrupción, será imposible que las preferencias políticas se reflejen en los resultados electorales.
Por eso parece muy temprano, por ahora, para la misa de réquiem para los partidos tradicionales. Pero las campanas empezaron a doblar.
Por William Ospina.-Si hubo una guerra, todos delinquieron, todos cometieron crímenes, todos profanaron la condición humana, todos se envilecieron. Y la sombra de esa profanación y de esa vileza cae sobre la sociedad entera, por acción, por omisión, por haber visto, por haber callado, por haber cerrado los oídos, por haber cerrado los ojos.
Si para poder perdonar tienen que hacer la lista de los crímenes, hagan la lista de los crímenes. Pero esas listas sólo sirven si son completas, y quién sabe qué ángel podrá lograr el listado exhaustivo.
Ya comete un error el que trata de convertir en héroes a unos y en villanos a los otros. Lo que hace que una guerra sea una guerra es que ha pasado del nivel del crimen al de una inmensa tragedia colectiva, y en ella puede haber héroes en todos los bandos, canallas en todos los bandos, en todos los bandos cosas que no merecen perdón.
Y ahí sí estoy con Cristo: hasta las cosas más imperdonables tienen que ser perdonadas, a cambio de que la guerra de verdad se termine, y no sólo en los campos, los barrios y las cárceles, sino en las noticias, en los hogares y en los corazones.
Pero qué difícil es pasar la página de una guerra: la ciudadanía mira en una dirección, y ve crímenes, mira en sentido contrario, y ve crímenes.
Es verdad. La guerra ha durado 50 años: de asaltos, de emboscadas, de bombardeos, de extorsiones, de secuestros, de destierros, de tomas de pueblos, de tomas de cuarteles, de operaciones de tierra arrasada, de tomas de rehenes, de masacres, de estrategias de terror, de cárceles, de ejecuciones, de torturas, de asesinatos voluntarios, de asesinatos involuntarios, de minas, de orfandades, de infancias malogradas, de bajas colaterales, de balas perdidas. Medio siglo de crímenes a los que nos toca llamar la guerra.
Pero cuando las guerras no terminan con el triunfo de un bando y la derrota de otro, cuando las guerras terminan por un acuerdo de buena voluntad de las partes, no se puede pretender montar un tribunal que administre justicia sobre la interminable lista de horrores y de crímenes que, hilo tras hilo, tejieron la historia.
Lo que hay que hacer con las guerras es pasar la página, y eso no significa olvidar, sino todo lo contrario: elaborar el recuerdo, reconciliarse con la memoria. Como en el hermoso poema “Después de la guerra”, de Robert Graves, cuando uno sabe que la guerra ha terminado, ya puede mostrar con honor las cicatrices. Y hasta abrazar al adversario.
Y todos debemos pedir reparación.
Hay una teoría de las víctimas, pero en una guerra de 50 años ¿habrá quién no haya sido víctima? Basta profundizar un poco en sus vidas, y lo más probable es que hasta los victimarios lo hayan sido, como en esas historias de la violencia de los años 50, donde bastaba retroceder hasta la infancia de los monstruos para encontrar unos niños espantados.
También eso son las guerras largas: cadenas y cadenas de ofendidos. Por eso es preciso hablar del principal victimario: no los guerrilleros, ni los paramilitares, ni los soldados, colombianos todos, muchachos de la misma edad y los mismos orígenes, hijos de la misma desdicha y víctimas del mismo enemigo.
Un orden inicuo, de injusticia, de menosprecio, de arrogancia, que aquí no sólo acaba con las gentes: ha matado los bosques, los ríos, la fauna silvestre, la inocencia, los manantiales.
Un orden absurdo, excluyente, mezquino, que hemos tolerado entre todos, y del que todos somos responsables. Aunque hay que añadir lo que se sabe: que todos somos iguales, pero hay unos más iguales que otros.
Enumeren los crímenes, pero eso no pondrá fin al conflicto. La guerra, más que un crimen, es una gran tragedia. Y más importante y urgente que castigar sus atrocidades es corregir sus causas, unas causas tan hondas que ya las señaló Gaitán hace 80 años.
Por eso se equivoca el procurador pidiendo castigo sólo para unos, y se equivocan los elocuentes vengadores, señalando sólo un culpable, y se equivoca el expresidente que sólo señala las malas acciones de los otros, y se equivoca el presidente, que habla como si, precisamente él, fuera el único inocente.
Señores: aquí hubo una guerra. Y aún no ha terminado.
Y no la resolverán las denuncias, ni los tribunales, ni las cárceles, sino la corrección de este orden inicuo, donde ya se sabe quién nació para ser mendigo y quién para ser presidente.
Si, como tantos creemos, es la falta de democracia lo que ha producido esta guerra, sólo la democracia puede ponerle fin.
Al final de las guerras, cuando estas se resuelven por el diálogo, hay un momento en que se alza el coro de los vengadores que rechaza el perdón, que reclama justicia.
*Pero los dioses de la justicia tenían que estar al comienzo para impedir la guerra. Cuando aparecen al final, solo llegan para impedir la paz*.
Difunde: Circulo de Humanidades Unaula
Por: Jorge Enrique Robledo.-En la corrupción de Odebrecht hay dos hechos nuevos que no han recibido la debida atención. El primero, que María Jimena Duzán y Noticias Uno, a partir de documentos de la Fiscalía de Colombia, le informaron al país que tres altos ejecutivos de Odebrecht, de los que han confesado sus sobornos, acusaron a José Elías Melo –a la sazón presidente de Corficolombiana (Grupo Aval, Episol), la socia de Odebrecht en la Concesión Ruta del Sol 2– de haber participado en el pago de las coimas con las que se consiguieron los contratos.
Aunque las autoridades deberán precisar cada dato, se quedaría sin sustento el gracejo que dice que los de Odebrecht “subsidiaron” en el soborno al Grupo Aval Corficolombiana Episol, en beneficio de Luis Carlos Sarmiento Ángulo. Porque, según las confesiones, el pago del soborno se lo repartieron como un costo del negocio entre las dos empresas asociadas, para poder apropiarse en esa misma proporción de las ganancias. Lamentar que esta denuncia periodística, que debió estallar con gran fuerza dada su gravedad, se perdió en el aguacero de noticias y nombres que al día siguiente le tiró la Fiscalía al país, entre las que esta no se realzó.
Tampoco produjo la noticia debida algo que en otro país habría generado un escándalo. El gobierno (ANI) y la Concesión Ruta del Sol 2 llegaron a un acuerdo amistoso para dar por terminado el contrato, de forma que a los beneficiarios de los sobornos se los trató como si no hubiera pasado nada, asegurándoles además 700 mil millones de pesos, 441 mil millones de los cuales fueron para Odebrecht y 235 mil millones para el Grupo Aval (Corficolombiana Episol). El premio que les dio el gobierno a Odebrecht y a Luis Carlos Sarmiento Ángulo –por cuenta de Santos y Vargas Lleras– lo justificó con la extraña e ilegal decisión de la Superintendencia de Industria de ordenar, ¡y como medida cautelar!, la terminación del contrato, acto que le sirvió a la ANI para no declararle la caducidad, justo lo que el gobierno ha debido hacer para poder sancionar a los socios de la Concesión. Tal como quedaron las cosas, el nuevo contrato para terminar la Ruta del Sol incluso se podría volver a firmar con Odebrecht y el Grupo Aval. ¡Impunidad absoluta, para fiesta de un puñado!
Y Juan Manuel Santos, con su famoso cinismo, que pocos pero poderosos le celebran, fue capaz de afirmar que a Odebrecht “le había ido como a los perros en misa” en su gobierno, ocultando que tan distinguidos canes salieron de la ceremonia con las alforjas llenas, dándole otra poderosa razón al clamor ciudadano que dice que “¡estamos mamados de los mismos con las mismas!”.
El país también está hasta la coronilla con la desvergonzada posición de Néstor Humberto Martínez Neira de no declararse impedido para actuar como Fiscal frente estas corruptelas, en razón de sus conocidos vínculos de negocios con el Grupo Aval y con Odebrecht, según lo he probado hasta la saciedad. Odebrecht, Corficolombiana y firmas de Martínez y de su hijo aparecen juntas en el negocio de Navelena, luego de que fracasara el intento del Fiscal de presentar a Navelena como libre de toda sospecha. También se demostraron dos asesorías de Martínez Neira a la Concesión Ruta del Sol 2, en 2012 y 2015. Y probé el contubernio doloso entre el Fiscal y Corficolombiana con el objetivo de manipular mis comprobadas denuncias, manguala ocurrida cuando ya la Fiscalía tenía que estar investigando por corrupción a Corficolombiana, tanto por Navelena como por la Ruta del Sol 2. ¡El propio Fiscal, acomodando pruebas amañadas con una entidad a la que él mismo investiga por corrupción y en contra de un senador que hace control por mandato de la Constitucion y la ley! En la globalización, “los inescrupulosos aparecen en la cumbre”, explica George Soros.
Entre las nuevas pruebas del impedimento del Fiscal pesa una asesoría de 52 páginas de MNA Martínez Abogados, firmada por su hijo, Néstor Camilo Martínez Beltrán. Está dirigida a Navelena SAS, tiene sello de recibido de Constructora Norberto Odebrecht S.A. y es del 23 de julio de 2015, fecha en la que Martínez Neira afirmó que no podía haber una asesoría como esta. El documento tiene como fin “emitir un concepto con destino a los Bancos que financiarán el proyecto”. Y me lo entregó el vicepresidente Jurídico del Banco Agrario, que lo recibió de Corficolombiana. ¿Con qué nueva astucia politiquera saldrá el Fiscal, que aumenta las sospechas por su actitud de no hacerse a un lado y que se empeña en atropellar la dignidad de un país hastiado también del derecho a la matonería que se arrogan algunos que se sienten muy poderosos? (para todos los detalles: video http://bit.ly/2mt4qSy y audio http://bit.ly/2n76Dob.)
Bogotá, 10 de marzo de 2017
Por Jorge Gómez Pinilla. Tomado de El Espectador.-Lo que acaba de pasar en la agria disputa entre Claudia López y Julio César Londoño se ajusta al refrán según el cual “al mejor panadero se le quema el pan”. Lo digo por el escritor y columnista valluno cuya lectura he disfrutado desde años atrás, gracias a su erudición borgiana y al depurado manejo de una ironía que en ocasiones llega hasta el más demoledor de los sarcasmos, al mejor estilo Óscar Wilde.
Pero el sábado anterior pasé de la admiración a la decepción con la columna ‘Yo también admiraba a Claudia López’, donde la acusa de haber querido tapar un caso de corrupción en un pueblo de cuyo nombre no quiso acordarse, y de quien dice actuó así porque “no quiere enemistarse con el alcalde y mucho menos con el jefe del alcalde”. Pero no da nombre alguno ni ubicación geográfica, lo deja todo en una sindicación temeraria y gaseosa, y el menos capcioso llega a pensar que pudo tratarse de un ejercicio de ‘mala leche’, sobre todo si incurre en una grave falta a la ética periodística: no consulta antes de su publicación la versión de la persona sobre la cual lanza una acusación… que llega de terceros.
Al principio pensé que Julio César Londoño se equivocó de buena fe y que todo fue producto de un malentendido cuando interpretó erróneamente una información que le llegó de oídas, aunque no descarté que hubiera sido un mandado para algún político o sector rival –como suele ocurrir con inusitada frecuencia- mediante el cual se hubiera pretendido meterle zancadilla al prestigio que la senadora bogotana ha venido conquistando con su campaña contra los corruptos.
El mismo día de la etérea columna se vino a saber que la fuente de Londoño había sido William Fernando Rendón, quien en el canal CNC de Palmira se presentó como el coordinador del Partido Verde en esa ciudad (ver video), y entabló una denuncia contra un contratista de nombre Henry Díaz, copartidario suyo y cercano a un concejal que le había conseguido un contrato de vacunación de animales, donde a todas luces se presentaron actos de corrupción. Pero cuando Londoño en su columna pretendió estirar la culpa hasta la senadora… fue él mismo quien quedó muy mal parado.
El malentendido o tergiversación estaría en que mientras Londoño afirma que a Claudia López le llegaron con la denuncia y respondió arrogante “no voy a tratar ese tema, punto”, ella explica que su tajante rechazo fue a que la llevaran de “gancho ciego” a un almuerzo con gente que no conocía y donde querían ponerla a resolver “semejante alacranera”. (Ver columna).
El mismo Londoño en su muro de Facebook aportó como soporte de su acusación el video del canal CNC donde Rendón expone sus fundamentadas pruebas contra el contratista. Lo sorprendente es que allí se le escucha decir de Claudia López que “ella está enterada, ella apoya totalmente el proceso" (minuto 24:44), lo cual desvirtúa lo manifestado por el columnista, respecto a que la senadora se hubiera negado a escuchar a Rendón. Si vamos a hablar del obligatorio compromiso del periodista con la objetividad, a Londoño se le refundió en su columna.
Ahora bien, me atrevo a pensar que algo similar pudo ocurrirle a Claudia en su reciente visita a Santander, cuando a falta de ser objetiva habría sido utilizada precisamente como gancho ciego por los dueños de Vanguardia Liberal, opositores acérrimos del gobernador actual, quienes le habrían suministrado una información para que se fuera lanza en ristre contra el Programa de Alimentación Escolar (PAE), sin haber conocido antes los planteamientos que en su defensa ha expuesto la gobernación de ese departamento. Al margen de quién tiene ahí la razón, yo la vi fue lanzándole un salvavidas a la maltrecha imagen del alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández (consentido de Vanguardia, por cierto), a raíz de una desatinada reglamentación del Pico y Placa y de un rabo de paja manifiesto cuando el burgomaestre local se enfrentó a Germán Vargas por la utilización política de unas casas para conseguir votos.
Algo bien llamativo fue cuando el también columnista de El Espectador y El País de Cali, Ramiro Bejarano (a quien Londoño acusa de haber sido “director del DAS” en 1994), terció en la pelea y desde el lado valluno le mandó a decir en un trino que “si va denunciar que se atreva, en vez de asustarse”; y a continuación soltó una carga profunda que podría estar dando en la pepa del corozo: “En disputa entre columnista Julio Cesar Londoño y Senadora Claudia López, por supuesto hay que creerle a ella, que no anda detrás de los momios”. (Ver trino).
Lo de los momios hace referencia a la élite valluna con la que Bejarano anda a toda hora cogido de las greñas, y basta seguir la pista cual hilo de Ariadna para aterrizar en el grupo de industriales cobijados bajo el ingenio Manuelita, cuyos intereses entrarían en choque ante una eventual presidencia de Claudia López.
Moraleja y conclusión: Un escritor y columnista como Julio César Londoño está en su derecho de trabajar para unos empresarios del azúcar, pero no tiene la mejor presentación que de ñapa les haga mandados políticos. Como Claudia con Vanguardia, digamos, pero con la diferencia entre el que se deja utilizar y la que es -en apariencia- utilizada.
DE REMATE: De algún modo se entiende el desprestigio del gobierno Santos, en parte por la poderosa campaña de propaganda negra contra la paz que con tan afinada puntería ha desplegado la extrema derecha, pero lo inaudito es que el gobierno más corrupto y criminal en la historia de Colombia –el de Álvaro Uribe, por supuesto- haya sido hasta ahora el que más prestigio tuvo. País enfermo.
En Twitter: @Jorgomezpinilla
Por José Gregorio Hernández.-Se adelanta el proceso mediante el cual serán elegidos cuatro nuevos magistrados de la Corte Constitucional.
En efecto, acaban de culminar cinco magistrados que venían ejerciendo su período de ocho años. Uno de ellos fue sucedido por el Dr. Lizarazo elegido en propiedad por el Senado, y debidamente posesionado. Otro estaba encargado, en reemplazo del Magistrado Pretelt, acusado por la Cámara de Representantes y suspendido por decisión del Senado. Los otros cuatro salieron de la corporación y hay magistrados en encargo. Es decir, la mayoría en interinidad.
Nos parece que el trámite de postulación y elección se ha demorado demasiado, y por tanto los nuevos magistrados titulares ya no se posesionaron el 1 de marzo, como siempre había ocurrido desde 1993.
En lo que atañe al perfil de los nuevos integrantes de la Corte debemos decir que resulta indispensable recuperar el prestigio de la institución, que se ha venido perdiendo aceleradamente, no sólo por las denuncias formuladas y por el caso Pretelt -que ya cumple dos años sin resolverse-, sino por fallos de muy dudosa factura jurídica como el relativo a las pensiones o el que respaldó el "fast track", además de otros contrarios a reiterada jurisprudencia constitucional.
Es indispensable que los nuevos magistrados sean juristas conocedores del Derecho, con una impecable trayectoria jurídica, y en especial de una gran independencia. Ellos no se deben al Gobierno, ni a partido o sector político alguno, ni a una determinada creencia o religión, ni a organizaciones privadas o empresas con las cuales hayan estado vinculados en el pasado. Su único compromiso es y debe ser con la Constitución de 1991. No se olvide que su función consiste en la guarda de la integridad y supremacía de la Carta Política colombiana.
Ahora tienen el desafío de fallar acerca de las normas constitucionales y legales que se están expidiendo con el objeto de implementar y desarrollar el Acuerdo de Paz.
Tiene que prevalecer el criterio jurídico imparcial y objetivo. No puede ser la Corte un tribunal dependiente del Gobierno, ni dar esa apariencia. Independencia, imparcialidad, juridicidad, rectitud, limpia trayectoria, respeto a los valores y principios constitucionales, comportamiento incorruptible, verticalidad, fundamento jurídico de las sentencias. Es lo que se espera de los nuevos magistrados.
Los jueces constitucionales no deben lealtad a quienes los postularon o apoyaron para llegar a sus cargos, ni a quienes votaron por ellos en el Senado, y quizá su mejor cualidad al respecto consiste en ser desagradecidos. Por ello, mal pueden haber asumido compromisos de ninguna índole. Tampoco les corresponde representar al Gobierno, ni ponerse en el papel que a éste compete, por ejemplo en el caso del estado de cosas inconstitucional, sino que deben impartir las órdenes necesarias para la protección o restablecimiento de los derechos fundamentales de las personas, y a la administración toca obedecer esas órdenes, so pena de desacato.
Los magistrados no deben considerar la conveniencia u oportunidad de las normas sobre cuya constitucionalidad deben decidir en el control abstracto. Esa es tarea del Congreso y del Gobierno. Su función es exclusivamente jurídica.
Ojalá se escoja a los magistrados con esos criterios, para que la Corte Constitucional recobre su puesto de honor en el más alto nivel del sistema y en la estructura de la rama jurisdiccional.
Por Juan Manuel Galán.-¿Qué significa ser defensor de derechos humanos en Colombia? Es cierto que, como resultado de los diálogos de paz, Colombia cuenta hoy con la tasa de homicidios más baja de los últimos 40 años, que se ha disminuido el desplazamiento armado, y que en general se han reducido las confrontaciones contra la población civil. Sin embargo, quienes denuncian con valentía problemas sociales y discursos de odio, siguen enfrentando amenazas, agresiones y asesinatos en todo el país.
En el reciente informe de Amnistía Internacional, se observa que estas amenazas y homicidios se concentran especialmente contra líderes comunitarios y activistas ambientales. Por su parte, el Programa No Gubernamental de Protección a Defensores de derechos humanos -Somos Defensores-, reveló que durante 2016, 481 defensores fueron víctimas de agresiones contra su vida e integridad o fueron presa de obstaculización de su labor. Las agresiones que se le atribuyen al trabajo en favor de los derechos humanos, van desde robos de información hasta asesinatos, detenciones arbitrarias, desapariciones, y violencia sexual.
El informe afirma que los sectores con más líderes muertos fueron los comunales (20), seguido de indígenas (15), campesinos (13), comunitarios (10) y afro (7). Finalmente Pacifista, -plataforma digital administrada por la revista VICE-, revela que en 2016, 80 defensores y líderes sociales fueron asesinados; 17 más que en 2015 y que en 22 de los 32 departamentos de Colombia -68% del territorio nacional- se presentaron homicidios contra defensores.
Solucionar esta situación no es fácil, pero plantea la necesidad de aplicar acciones inmediatas. Empecemos por la urgencia de diagnosticar el problema. Hoy el Estado Colombiano recoge información de organizaciones civiles como Cinep, Cerac, Indepaz, Cceeu, y Movice, entre otros.
Por Amylkar D. Acosta M.- Según lo ha advertido el Presidente de la ANDI Bruce MacMaster, “preocupa el resultado observado durante el primer mes del año, en el que el consumo decreció 3.5%. Las alarmas deben estar prendidas y esperamos que las autoridades económicas y monetarias reaccionen a ellas, de lo contrario este año podremos tener un crecimiento muy regular”. Por ello ha sido muy bien recibido tanto el anuncio del Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas de darle un nuevo impulso a la economía con su estrategia Colombia repunta, como la decisión que tomó la Junta del Banco Emisor de reducir en 25 puntos básicos la tasa de intervención, medidas estas que deberán servir de galvanizador de la economía.
Con la supresión de aranceles a más de 3 mil productos, entre materias primas y bienes de capital tanto para la industria como para la agricultura, le significará menores costos a las empresas por valor de $1 billón. Con esta y otras medidas contempladas en la estrategia Colombia repunta, como la ejecución de obras de infraestructura por valor de $9.2 billones, la construcción de 18.000 aulas escolares y la inversión de $4 billones en la implementación de los acuerdos con las FARC, se espera apalancar el crecimiento del PIB este año en 1.3 puntos porcentuales.
El Banco de la República tiene como su principal misión mantener a raya la inflación, pero no puede desentenderse del crecimiento de la economía y el empleo. Estos dos objetivos siempre entran en tensión a la hora de tomar decisiones sobre la tasa de intervención, que ya había alcanzado en diciembre del año anterior el 7.5%. Después de una pausa en enero de este año, en su segunda reunión esta semana, la Junta del Banco de la República sorprendió a los analistas al recortar en 25 puntos básicos su tasa de intervención, dejándola en 7.25%.
Para dar este paso la Junta del Banco Emisor tuvo en consideración “la debilidad de la actividad económica y el riesgo de una desaceleración excesiva”. Y al referirse al desánimo de los consumidores que pone de manifiesto la pérdida de confianza de los mismos, manifiesta la Junta del Banco que “si esto termina reflejándose en el gasto de los hogares, el pronóstico de crecimiento para el 2017 podría reducirse (2% en un rango entre 0.7% y 2.7%)”. El Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas es más optimista y le apuesta a un crecimiento del 2.5%, para lo cual será menester lograr revertir la tendencia que traíamos.
Y no le faltan razones al Ministro Cárdenas para su optimismo, pues, como el mismo lo advierte “no estamos satisfechos, este año Colombia repunta. Ya no tenemos fenómeno de El Niño y se ha despejado la incertidumbre, se aprobó la reforma tributaria así como los acuerdos de paz, que ya están en implementación”. De otra parte, el sector de minas y canteras tocó fondo en 2016 y ahora repunta de nuevo.
Cota, marzo 4 de 2017
www.amylkaracosta.net
Por José Gregorio Hernández.-Está visto que la pena de muerte, además de ser una sanción bárbara -aún para los peores delincuentes- no tiene un efecto benéfico en el seno de la sociedad por cuanto está muy lejos de desestimular o amedrentar al delincuente. El Estado no tiene el derecho para disponer de la vida de una persona, ni para torturarla -y es bien sabido que mantener a una persona a la espera de su ejecución es, en sí misma, una tortura sicológica, aunque no la haya física-, y muy pocas veces, pese a los avances de la tecnología, cuenta con la absoluta certeza, fuera de toda duda, sobre la justicia de la condena y la plena certeza de la responsabilidad penal. Son muchos los casos que registra el Derecho Penal, en los cuales se ha errado -inclusive en varias instancias-, haciendo inútil e inoperante cualquier recurso cuando ya la pena ha sido aplicada.
De cuando en cuando, ante delitos graves, no falta quienes vuelven a proponer que se reinstaure la pena de muerte.
El artículo 11 de la Constitución Política de 1991 la prohíbe de manera expresa, y el artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969 (Pacto de San José de Costa Rica) -ratificada por Colombia- establece, entre otras reglas -exigibles a las partes por el Derecho Internacional-, la siguiente:
“Artículo 4.- Derecho a la vida
1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.
2. En los países que no han abolido la pena de muerte, ésta sólo podrá imponerse por los delitos más graves, en cumplimiento de sentencia ejecutoriada de tribunal competente y de conformidad con una ley que establezca tal pena, dictada con anterioridad a la comisión del delito. Tampoco se extenderá su aplicación a delitos a los cuales no se la aplique actualmente.
3. No se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido.
(…)”.
Desde luego, es repudiable y merece penas más drásticas el delito de narcotráfico -una verdadera maldición para Colombia-, por el cual han sido condenados en China nacionales colombianos –Ismael Enrique Arciniegas Valencia acaba de ser ejecutado- , pero la pena capital es una sanción desproporcionada, que además hemos rechazado por razones humanitarias y de justicia.
En consecuencia, y con mayor razón cuando se trata de reos colombianos, hemos lamentado -y así lo expresamos directamente hace varios años al Embajador de la China en Colombia y a legisladores estatales norteamericanos- que ciudadanos compatriotas hayan sido condenados a la pena capital en otros países, cuando se trata de un castigo prohibido en nuestro sistema desde 1910 y que, además, no se podría restablecer mediante reforma constitucional, según tales perentorios compromisos internacionales.
A pesar de lo ocurrido con el señor Arciniégas -cuando fueron inútiles las gestiones de nuestra diplomacia- el Gobierno colombiano debe insistir con las autoridades chinas para que varios compatriotas ya condenados no sean ejecutados.
Por: Jorge Enrique Robledo.- El 21 de diciembre pasado, la trasnacional Odebrecht le confesó a la Justicia de Estados Unidos el pago de sobornos por 778 millones de dólares en doce países, incluidos once millones en Colombia. Al otro día, en la que puede ser la más rápida reacción de un fiscal en la historia, Néstor Humberto Martínez Neira decidió investigar a Navelena SAS, empresa perteneciente al Grupo Odebrecht en el 87 por ciento. Y el 5 de enero de 2017, ¡en una decisión exprés, en solo once días hábiles!, Martínez Neira dijo que “la Fiscalía ha descartado la posibilidad de corrupción en Odebrecht”, afirmación que repitieron todos los medios y que pudo llevar a que nadie más pusiera sus ojos en ese negocio.
Los siguientes son algunos de los elefantes que no vio el Fiscal Martínez, con sus 30 mil funcionarios, pero que sí vimos otros: en diciembre de 2015, en un trámite plagado de irregularidades, el Banco Agrario le prestó a Navelena Odebrecht 120 mil millones de pesos (http://bit.ly/2l4GORW). Para el 5 de enero, el día de la extraña absolución del Fiscal, dicha deuda ya se encontraba en mora y en peligro de no ser cancelada. El 28 de diciembre de 2016 la Contraloría advirtió que el cambio de los materiales en el proyecto del río Magdalena “pone en riesgo la estabilidad y durabilidad de las obras” (http://bit.ly/2lS1Vd8). Hay dudas sobre por qué se retiraron las otras empresas que competían. Y Otto Bula se menciona en una sospechosa prima de éxito de cuatro mil millones de pesos en este negocio (http://bit.ly/2lbRocP).
Para hacer peor su muy extraña decisión de darle una absolución política a Navelena en pleno escándalo de corrupción de Odebrecht –y digo que política porque en once días difícilmente puede ser legal–, el Fiscal actuó mal por otras dos razones: su bufete, Martínez Neira Abogados, es “asesor legal e institucional” de Navelena Odebrecht. Y Corficolombiana y Fiduoccidente son partes claves en este negocio, firmas del Grupo Aval de Luis Carlos Sarmiento Angulo, cuyo principal abogado es Martínez Neira. Tan fuertes son sus vínculos económicos y personales, que en solo cinco momentos Martínez le asesoró negocios por 3.567 millones de dólares (http://bit.ly/2kGdT5f), al igual que asesoró a Sarmiento y a Odebrecht, porque son socios, en el contrato de estabilidad jurídica de la Concesionaria Ruta del Sol 2, la beneficiaria del soborno de los once millones de dólares .
Lamentable, para él, la respuesta del Fiscal Martínez a mis denuncias en su contra en la Procuraduría y en la Comisión de Acusaciones de la Cámara. Porque con rabulerías no se puede tapar que fue la Vicepresidencia Jurídica del Banco Agrario la que me informó dos veces que Martínez Neira Abogados es asesor de Navelena Odebrecht, verdad que en un caso aportó la propia Corficolombiana, tan cercana a sus afectos y negocios (http://bit.ly/2mfODHE).
En otro país que no estuviera tan descompuesto y con tantos poderes económicos y políticos interesados en que triunfe el tapen-tapen en el caso Odebrecht, el Fiscal Martínez Neira ya habría tenido que renunciar a su cargo o por lo menos declararse impedido, cediéndole a otro servidor público la función que él se empecina en asumir. Porque por razones éticas y legales los funcionarios no pueden actuar –acusando o defendiendo– si se dan cierto tipo de relaciones entre ellos y los interesados, como ocurre en este caso.
Para completar tantas desvergüenzas, el gobierno, a través de la ANI, acaba de acordar con la Concesionaria Ruta del Sol 2 dar por terminado el contrato, como si no tuviera origen en los sobornos confesados por Odebrecht, y pagar a los socios 700 mil millones de pesos, repartidos así: 441 mil millones a Odebrecht –¡sí, a Odebrecht!–, 235 mil millones a Episol, brazo de Corficolombiana y el Grupo Aval, y 36 mil millones a los Solarte. Según la revista Dinero, el pago no será inmediato porque consideran que “no estaría bien visto” (http://bit.ly/2mr0hvH). Y quien haya seguido las noticias sabrá que las filtraciones del proceso legal ya no tratan a Otto Bula como un sobornador, sino como alguien que, simplemente, trajo una plata del exterior para una campaña electoral y que las mayorías del Consejo Nacional Electoral, en acuerdo entre la Unidad Nacional y el Centro Democrático, inhabilitaron para actuar sobre las financiaciones de las elecciones presidenciales a Armando Novoa, el único consejero que no milita en esas fuerzas.¡Al consejero independiente lo sacan del asunto ¡¡¡y el Fiscal sigue tan campante!!!
Bogotá, 24 de febrero de 2017.
