Opinión

Por Jairo Gómez.- Eran las once y treinta de la noche del 19 de abril de 1970 y mi padre, un hombre trabajador con inclinaciones políticas, por supuesto, estaba sentado en el comedor de su casa escuchando los escrutinios presidenciales que hasta ese momento le daban una leve ventaja al general Gustavo Rojas Pinilla, candidato de la ANAPO, sobre el “frentenacionalista”, Conservador Misael Pastrana Borrero. Intempestivamente se interrumpió la transmisión y con voz de autoridad el Presidente Liberal, Carlos Lleras Restrepo, del Frente Nacional, palabras más palabras menos, ordenó: “se suspende la transmisión de resultados hasta nueva orden”

La reacción de mi padre, Emilio, anapista, fue airada, pero premonitoria: “¡juepuerca! Nos robaron las elecciones”. No se equivocó, al día siguiente en las emisoras y principales diarios del país apareció ganador el candidato del Frente Nacional, Misael Pastrana Borrero, por un margen muy estrecho.

Cinco años atrás, el 26 de agosto de 1965, el padre Camilo Torres, en un editorial en el periódico bajo su dirección, “El Frente Unido”, había anunciado el “Por qué no Voy a las Elecciones”, y en términos muy concretos resumió así su posición: “En Colombia, el que escruta elige”.

Lo dicho por el cura Camilo, se corroboró, de nuevo, 46 años después. En las elecciones regionales del 2011, el 30 de octubre de ese año a las doce de la noche los electores del candidato al Concejo de Bogotá, Juan Carlos Flórez, se fueron a dormir desencantados pues se había perdido la curul. Más de 30 mil votos no le alcanzaron. Conocidos los resultados, al día siguiente, aconsejado por un curtido político de la capital, Juan Carlos optó por pelear esa curul. Al final del ejercicio, que duro casi un mes haciendo seguimiento al reconteo de votos, se recuperaron más de cinco mil sufragios que estaban favoreciendo a unos políticos clientelistas, marrulleros e inescrupulosos a quienes desvergonzados funcionarios del sistema electoral les estaban transfiriendo a sus urnas los votos que no eran suyos, y se logró el cupo esperado.

Hago estas referencias históricas para ilustrar el argumento de que el país  necesita, ¡urgente!, de una reforma Electoral. Y más aún, cuando estamos a las puertas de sellar con éxito un proceso de paz.

Advierte el jefe negociador de las FARC en La Habana, Iván Márquez, que para cambiar “las balas por los votos (…) urgen medidas efectivas de inclusión, modernización y transparencia electoral”. No está sugiriendo nada nuevo. Lo claro es que sobre estos temas se viene hablando por años, pero los políticos tradicionales (llámense caciques y barones electorales) no lo permiten: eso sería afectar sus feudos.

Dice la teoría política que cuando las intervenciones se orientan premeditadamente a adaptar el sistema institucional y político para hacer prevalecer la hegemonía de una clase o fracción determinada se vicia la democracia. Y eso es lo que ocurre con el sistema electoral colombiano.

Por ello, con el devenir de la paz y la nueva realidad política que se avecina, la reforma al sistema Electoral colombiano es una inaplazable necesidad. Definir un Estatuto para la Oposición y la reforma Política son cambios que no dan espera. Hacerlo, se traduciría en oxigenar las instituciones para construir una sociedad abierta que propicie el debate económico, social y cultural; y, sobre todo, purifique las maneras de hacer proselitismo político en el país.

Por Gabriel Ortiz.- ¿Quiénes serán los enemigos más poderosos que tiene la justicia en Colombia? ¿Quiénes los que incansablemente trabajan para desprestigiarla, mancillarla, acabarla y aprovechar ese desdoro en provecho propio, de las mafias, de la delincuencia y de la corrupción?

Son increíbles los niveles de descredito en que se encuentra, y la velocidad con la que avanzan. Todos los días se conocen las trampas con las que actúan jueces, investigadores, abogados, magistrados y funcionarios de la rama.

Atravesamos por un período en el que nadie cree, ni espera nada serio de esos fallos, amparados por leguleyadas, tesis fraudulentas, acuerdos tramposos y veredictos dudosos o comprados.

Se descubre que, el Tribunal de Bogotá está manipulado desde el 2010. Durante seis años se ha actuado dudosamente, sin ética y sin derecho. ¿Cuántos fallos habrá a favor y cuantos en contra para favorecer bandidos, o condenar inocentes? Difícil saberlo. Y nada se diga de los juzgados que con acomodados dictámenes médicos dejan en libertad a peligrosos criminales, o dan casa por cárcel a reconocidos corruptos que se han apoderado de ingentes cantidades de dinero de los contribuyentes, como es el caso de los Nule. ¿Habrá o no dinero detrás de estas decisiones? Difícil creer que no. Son centenares los maleantes que están libres. Calculan que casa por cárcel se logra con menos de 200 millones.

También se burla la justicia a base de triquiñuelas jurídicas o vencimientos de términos. ¿Y qué tal maniobras para driblarla como en el caso Pretelt?

Por venalidad hay criminales libres, inocentes presos, hacinamiento carcelario y credibilidad de la justicia por el suelo.

Es hora de sancionar a médicos que certifiquen enfermedades inexistentes, a jueces, investigadores y magistrados venales y muy ricos, a abogados sobornadores e inmorales y frenar la galopante corrupción.

Tampoco se puede perder de vista la moda de aquellos corruptos que para eludir la justicia, se refugian en otros países y se cobijan con el apelativo de “perseguidos políticos”.

Tarea difícil e ingrata la que les espera al nuevo Fiscal, al Ministro Londoño, a los pocos jueces y magistrados éticos, y a un país atónico, perplejo y absorto, si realmente se quiere eliminar el cáncer que carcome la justicia.

BLANCO: La decisión del gobierno y las Farc de trabajar día y noche para salvar la paz.

NEGRO: El lamentable fallecimiento del gran caricaturista Pepón. Gran profesional, amigo y compañero. Paz en su tumba.

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Por Juan Fernando Londoño.- El Acuerdo del punto 2 de La Habana contempló la creación de circunscripciones transitorias de paz en la Cámara de Representantes con el fin de darle mayor representación política a las personas que han vivido en las zonas de conflicto y como consecuencia de ello han visto conculcados sus derechos políticos. Desde el asesinato de líderes sociales, el boicoteo de las elecciones hasta el desplazamiento forzado ha impedido que dichas comunidades disfruten de sus derechos civiles y políticos. Por ello merecen una medida de reparación como esta que les ayudará a ganar un mayor peso en el escenario político nacional y, finalmente, ser escuchado y defendido.

Muchos han dicho que estas son curules para las Farc. No es así. Son curules para la gente de esos territorios y será ellos quienes decidan quienes los representan mejor. Por lo tanto, la discusión sobre curules para las Farc está aún pendiente.

En recientes columnas de opinión Ariel Ávila y Gustavo Duncan se han referido al tema. El primero para señalar la necesidad de darles curules a dedo para que participen en la reglamentación del acuerdo de paz y el segundo, para señalar que darles dichas curules sería un premio inmerecido a dicha organización. Ambas opiniones, muy respetables, parten de la premisa equivocada de que las curules son el resultado del desempeño militar. Para Ávila, se justifican por los 50 años de guerra en que estuvieron. Para Duncan, la incompetencia militar de la guerrilla no permite que el Estado les retribuya su acción premiándolos pues enviaría un mensaje incorrecto a la sociedad.

En realidad, no se trata de transformar el poder militar en poder político automáticamente sino de cómo facilitar la transición entre una forma de búsqueda el poder y  la otra. Por tanto, hablar de curules en el congreso para las Farc obedece a una premisa distinta pues se trata  es facilitar la transición de quienes han hecho la guerra para que aprendan a hacer política sin armas. En lugar de usar fusiles tendrán que argumentar, deliberar y lo más importante, conseguir votos. Si a un deportista lo cambian de deporte, digamos luego de pasar 15 años jugando futbol se va al baloncesto, pues es necesario entrenarlo y facilitarle que use las manos y no los pies para llevar la pelota. Por esta razón, el Estado puede establecer normas transicionales que faciliten ese proceso.

Una circunscripción nacional de paz puede sonar antipático pero no es estrambótico. Lo importante es entender que serían las Farc las que tendrían que conseguir los votos para conseguir dichas curules. Por ejemplo, se podrían dar entre 3 y 6 cupos para la guerrilla en una circunscripción nacional de Senado y establecer que las primeras 3 curules se obtendrían con 100 mil votos y aumentarían con cada 50 mil votos adicionales. Esto se convertiría en un incentivo real para que las Farc acudan a la ciudadanía a obtener su favor y se reconecten con la sociedad.

Para que el esquema funcione se requiere establecer el doble voto, esto es, los ciudadanos pueden votar en la circunscripción nacional y también en la circunscripción de paz. No se trata de que escojan entre uno y otro. Tampoco se trata de que las Farc le disputen los votos a la izquierda democrática que ha actuado en la legalidad. Los ciudadanos podrán votar también en la circunscripción de paz sin tener que negar su apoyo al Polo u otras fuerzas.

El sistema de doble voto para las circunscripciones de paz, tanto las de Cámara ya acordadas como ésta para el Senado, es el único mecanismo que permite que el sistema funcione y que asegure el proceso transicional.

Adicionalmente, un mecanismo de esta naturaleza permite que se adicionen curules para el ELN cuando por fin se decida a negociar y firme la paz creando para ellos varias curules adicionales con el mismo sistema.

En cuanto a las curules directas para que participen en el Procedimiento Legislativo Especial, a estas alturas eso es imposible, pues implicaría una reforma constitucional y la misma no podría estar lista para antes de la activación de dicho procedimiento. Lo que si se puede es crear una comisión asesora de las iniciativas legislativas que permita que el gobierno consulte con una delegación especial de las Farc, creada para estos efectos, los contenidos de las normas. Como el Gobierno es el único que podrá presentar iniciativas para el uso del Procedimiento Especial, no hay problema que dicha comisión se establezca luego de la votación del plebiscito y pueda opinar sobre el contenido de las normas.

Para que funcione bien, se debe aclarar que la comisión asesora de acompañamiento no tiene la función de colegislar ni de vetar las iniciativas del gobierno. Se trata de permitirles que opinen y hagan conocer su forma de pensar públicamente, pero es claro que el momento de la negociación bilateral ya terminó (con la firma del acuerdo) y que ahora es responsabilidad del gobierno, como contraparte, desarrollar los acuerdos de paz.

Faltan pocas semanas para que el Acuerdo de Paz se cierre y es necesario terminar los puntos pendientes con la misma audacia, generosidad y responsabilidad con que se ha tramitado todo el acuerdo. Al igual que Ávila y Duncan, espero que estas ideas ayuden a los debates de cierre que faltan en La Habana.

Por Jairo Gómez.- La posibilidad de que no se castigue a los responsables de delitos en razón del conflicto, es decir, que aflore la impunidad, queda descartada.

La cifras no son exactas –cómo podrían serlo- pero los investigadores y académicos de nuestra historia reciente coinciden en que en Colombia la violencia bipartidista –décadas 40 y 50- dejó más de 300 mil muertos, y por ellos nadie pagó un día de cárcel. 

En esa época, un acuerdo político del Frente Nacional resolvió los asuntos de justicia, y hubo borrón y cuenta nueva. Como dirían hoy, políticamente se pactó una “ley de punto final”, y Liberales y Conservadores (Alberto Lleras y Laureano Gómez) decidieron firmar la paz dejando de lado a los cientos de miles de víctimas. Impunidad total.

Y efectivamente, esa impunidad fue la partera del conflicto armado que hoy estamos tratando de superar vía negociación política, pero con una diferencia conceptual y jurídica comparada con lo ocurrido en las décadas de los años 50 y 60, en donde las víctimas de esa fratricida guerra fueron ignoradas por completo: en la actual negociación de paz en La Habana, entre Gobierno y FARC, “las víctimas están en el centro de los acuerdos”.

El asunto es relevante, porque cerca de firmar un acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC el tema de la impunidad no deja de provocar polémica.

En reciente carta de respuesta del senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez al jefe máximo de las FARC, “Timoleón Jiménez”, tras la ocurrencia de una serie de supuestas acciones delictivas por parte de esta organización guerrillera durante la  negociación, el exmandatario asegura que el país va camino a una “condena retórica, sin cárcel, a los responsables de atrocidades”.

Y asegura, el más enconado opositor al proceso de paz, que en “los anteriores términos el acuerdo genera ejemplo para que haya más violencia y no garantiza estabilidad. La impunidad es partera de nuevas violencias y dificulta el perdón sincero”.

Ni riesgos que lo sugerido por el senador Uribe Vélez pueda ocurrir si nos atenemos al acuerdo sobre “Las Víctimas del Conflicto”.

En su esencia jurídica, “El Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y NO Repetición”, acordado por las partes, concibió la “Jurisdicción Especial para la Paz” cuya tarea será la de ejercer funciones judiciales y cumplirá con el deber del Estado de investigar, juzgar y sancionar los delitos cometidos en razón del conflicto armado, en particular los más graves y representativos.

Y además de crear una “Comisión de la Verdad”, establece tres categorías en las que el “Tribunal Para la Paz” fijará “las condiciones y modalidades para su ejecución”.

Veamos cuáles son:

-Sanciones Propias: Tendrán una función retributiva y una función restaurativa de realización de obras y trabajos de reparación del daño causado”. RESTRICCIÓN EFECTIVA DE LA LIBERTAD de 5 a 8 AÑOS. (En esta instancia debe haber reconocimiento de responsabilidad)

-Sanciones Alternativas: En condiciones carcelarias ordinarias. PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD de 5 a 8 AÑOS. (Afecta a quienes con posterioridad reconozcan responsabilidad antes de la sentencia).

-Sanciones Ordinarias: En condiciones carcelarias ordinarias. PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD de 15 a 20 AÑOS. (Se le aplica a quienes no reconozcan responsabilidad y sean hallados culpables).

Ahora bien, a estas instancias se llegará una vez se halla conducido una exhaustiva investigación, que proporcionará pruebas que el Tribunal Para la Paz valorará y analizará a fondo para tomar una decisión. La posibilidad de que no se castigue a los responsables de delitos en razón del conflicto, es decir, que aflore la impunidad, queda descartada.

La impunidad que tanto preocupa a la oposición obedece, antes que a los procesos de fin del conflicto armado, a un problema estructural de la justicia en Colombia, o de lo contrario ya hubiéramos superado ese añejo mal que ronda el 98 por ciento de los casos sin resolver en los estrados judiciales.

Por Jorge Gómez Pinilla. Es deseable que el Presidente Juan Manuel Santos mantenga el tono beligerante que comenzó a exhibir frente a los dos máximos exponentes de la extrema derecha nacional, Álvaro Uribe y Alejandro Ordóñez. Y que inclusive lo arrecie porque, donde no se ‘pellizque’, el anhelo nacional de paz y reconciliación podría desembocar en un nuevo fracaso, como todos los anteriores.

El columnista Juan Diego Restrepo puso el dedo en la llaga con su columna de la semana pasada, El desorden por la paz, cuando dijo que “poco a poco se está desgastando la fe que se le tuvo a la resolución del conflicto armado. Es de tal magnitud el caos que si nadie ordena, se perpetuará la guerra”. (Ver columna).

El asunto de fondo es que Uribe, Ordóñez y sus fuerzas –oscuras y claras- han comenzado a aplicar todas las formas de lucha hacia el objetivo supremo de impedir que las FARC se incorporen al ordenamiento jurídico de la nación, y en función de ese propósito, hoy cuentan con vanguardia mediática (los medios que acogen entusiastas toda barrabasada suya) y retaguardia armada (los grupos paramilitares que no se desmovilizaron), en lo que constituye un accionar de claro tinte subversivo, como sostuve en columna anterior.

La última zancadilla a la paz la quiso meter el procurador Ordóñez cuando amenazó a todos los funcionarios del orden gubernamental con sanciones si salen a apoyar el plebiscito por la paz, a lo cual Santos le respondió enérgico, ¡por fin!, con que “usted no les va a prohibir a los funcionarios hablar de paz ni usted va a pasar por encima de la ley”.

La restricción que pretendió colar Ordóñez es un atentado a la lógica, pues significaría que ante un eventual plebiscito el gobierno no podría hacer campaña a favor del SÍ, pero Ordóñez sí podría continuar su rabiosa campaña por el NO A TODO lo que huela a paz…

Es conveniente entonces que el Presidente Santos ponga en su sitio a los que están dedicados a “hacer invivible la República”, pero hay un aspecto al que su gobierno no le está prestando la debida atención. Y es, volviendo a la importante columna de Juan Diego Restrepo, a lo relacionado con que “nadie sabe a ciencia cierta cómo va el proceso de paz. Se intenta resolver un viejo conflicto armado con una guerrilla y la gente sabe poco al respecto. Y eso ocurre porque las dependencias gubernamentales son ineficientes en sus estrategias pedagógicas”.

Lo más criticado en el gobierno de Santos ha sido el manejo de sus comunicaciones hacia afuera. Pareciera que no hay una línea estratégica unificada de imagen corporativa en el tema de la paz, y menos en la producción de contenidos. Esto ha permitido que las fuerzas políticas afines a la guerra hayan ganado terreno en el imaginario colectivo, con la repetición constante de que no puede haber paz con impunidad, o que el Presidente de la República está entregando el país a las FARC. (¿Han  notado por  cierto que la palabra ‘castrochavismo’ salió de circulación?)

Entre los esfuerzos mediáticos del gobierno para ambientar la idea de la paz hay una publicitada página web, conocida como ‘la conversación más grande del mundo’, pero hay una evidente contradicción cuando se advierte que ni siquiera es la conversación más grande del barrio, y que en esa página no se conversa, sino que sus realizadores van  a los pueblos o salen a la calle a recoger testimonios o expectativas de la gente en torno a la paz. O sea que la “conversación” se torna forzada por monotemática, porque a nadie le gusta que lo pongan a conversar –ni a escuchar una conversación- sobre un único tema.

Lo cierto es que el gobierno Santos debería estar desde ya brindando información puntual, lúcida, completa y pedagógica sobre lo que significan la paz y el posconflicto. Y el mensaje tendría que ser alegre, optimista ante el nacimiento de una nueva era, dinámico y activo porque estamos ad portas de reconciliarnos como hermanos, yo qué sé.

Pero el ojo avizor de Restrepo percibe que “todo este caos es producto del desorden por la paz, donde predominan la incoherencia, la desarticulación, la falta de convicción, la ausencia de credibilidad, la ineficacia y el interés económico. El efecto de tanto caos es la pérdida, poco a poco, de la confianza ciudadana, el peor escenario para cualquier mecanismo de refrendación”. Y remata con una afirmación que pone los pelos de punta, pues de llegar a ser cierto exige inmediata solución: “Profundiza el absurdo la falta de articulación entre los ministerios, algunos de los cuales ni se comunican entre sí para crear estrategias conjuntas”.

Esta columna tiene entonces el propósito de hacerle eco al llamado de alerta temprana que lanza Juan Diego Restrepo, a la espera de que no sea tarde. Se requiere un timonazo, y este tiene que venir de la comunicación. Si el gobierno de Juan Manuel Santos no logra juntarse y actuar como un equipo cohesionado en la transmisión del mensaje de la paz, apagué y vámonos.

La estocada que las fuerzas oscuras de la extrema derecha han logrado propinarle al proceso de paz, se expresa en un ambiente de incredulidad general frente a los dos actores del conflicto sentados en La Habana, el Gobierno y las FARC, con un tercer actor que no se cansa de boicotear y patear las patas de la mesa.

No hay credibilidad porque pusieron una fecha y no cumplieron, no hay credibilidad porque el gobierno no tiene un mensaje claro frente al postconflicto que supuestamente se avecina, no hay credibilidad porque los dos más poderosos canales (RCN y CARACOL) se han convertido en corifeos de los que hoy le sacan el mayor provecho político a la confusión que ellos mismos han creado con sus gritos histéricos y su calurosa acogida mediática. ¿Y a qué puede obedecer esto? Tal vez a que los mismos dueños de esos medios son los primeros interesados en que las FARC nunca, por ningún motivo, se integren a la vida política nacional.

Lo que el gobierno nacional se ha negado a entender es que debe convertirse en competencia informativa de esa visión oscura del acontecer nacional, porque es esa la que se está imponiendo. Falta un hábil comunicador al frente (como sí lo es desde la otra orilla Álvaro Uribe) y no aparece.

DE REMATE: Viéndolo desde una perspectiva más indulgente, diríamos que el uribismo está ayudando a que se cumpla una de las leyes de Murphy: "si hay algo susceptible de empeorar… empeorará".

En Twitter: @Jorgomezpinilla

http://jorgegomezpinilla.blogspot.com.co/

Por José Gregorio Hernández.-Lo ocurrido con la contestación de una demanda entablada contra el Distrito de Bogotá, en la cual, a manera de argumento en defensa de los intereses capitalinos, la apoderada -una abogada de la Secretaría de Gobierno- , sostenía que Rosa Elvira Cely -brutalmente asesinada por un sádico en 2012- era la culpable exclusiva de su muerte, dejó -además de la natural y justificada indignación de la ciudadanía- varios motivos de reflexión, tanto en el aspecto jurídico como en el administrativo:

- Una vez más, el Estado -en este caso la administración distrital- queda a la saga de los medios de comunicación. El texto del memorial -cuyo sentido y fundamento, se supone,  han debido conocer los superiores de la abogada, puesto que se trataba de expresar la posición oficial frente a la demanda- fue conocido y divulgado por El Espectador, y la respuesta y desautorización  del Secretario de Gobierno y del Alcalde Mayor estuvieron determinadas por la airada reacción de los ciudadanos expresada en las redes sociales.  De no haber sido por la publicación periodística, ni se habrían enterado del contenido de la respuesta oficial en el proceso.

- La situación expuesta pone de presente también una falencia en la falta de preparación de algunos de los juristas que prestan sus servicios al Estado, y esto no solamente a nivel distrital sino nacional. La tesis en referencia, sobre exclusiva responsabilidad de la víctima, no habría podido ser sostenida en un escrito serio que hubiese sopesado los hechos notorios del caso a la luz del ordenamiento jurídico y sobre la base del juicioso estudio de las normas y la jurisprudencia.

- Lo acontecido también refleja la actitud de algunos abogados en relación con los procesos. Están convencidos -quizá por justificar sus honorarios o su sueldo- de que su tarea, en defensa del cliente o de la entidad que representan, no tiene límites éticos. Algunos han llegado a sostener públicamente que la ética es completamente ajena al Derecho. De manera que, por la causa que emprenden, todo vale, en la argumentación y en la acción. Con verdades o con mentiras, o retorciendo los criterios jurisprudenciales.

Debemos modificar  a fondo los enfoques vigentes en cuanto a la enseñanza del Derecho. Hay necesidad de superar la transmisión mecánica de conocimientos. Entender, y hacer entender a los estudiantes que el objeto  fundamental de su profesión es la realización de la justicia-–el valor esencial del Derecho-.  Ello exige formación integral, sólidos fundamentos jurídicos y profunda formación moral y ética.  

Por Fabio Callejas Ramírez.- Resulta inconcebible,  pero nada anormal, que un personaje  de la talla del Señor Procurador Alejandro Ordoñez  siga, desde su cargo, abusando de su poder y desconociendo a la Constitución  Nacional, cuando juró respetarla, en el momento de asumir su cargo.

Jamás, en este país, se había visto un funcionario utilizar, de manera descarada y grotesca,  su poder para irrespetar el propio estado  y al  Presidente de la República.

El Procurador como un “viejo buey “y terco en sus condiciones filosóficas,  se aferra a ideas del pasado, oponiéndose  que los jóvenes quieran ejercer el liderazgo y  edificar una Colombia oxigenada.

Al  señor candidato Ordoñez le gusta la paz a su manera, a su estilo, a su forma de la blasfemia, porque para él, quienes  apoyamos el proceso de paz, somos guerrilleros.

No Señor Procurador. Respete al país, respete a los colombianos. Respete a los que no tenemos su facilidad burocrática para, con su voz temblorosa, aplastar  a quienes no  comulgamos a lado de su iglesia, que para nosotros es Católica  y para Ud. debe ser diabólica. 

Este es un mensaje de un colombiano que no tiene ni votos ni poder. Este es un mensaje para que no asuste  al país  diciendo que  los funcionarios públicos no  pueden hablar  de la Paz, ni de plebiscito.

Entonces,  ¿por qué usted Señor Procurador, ya hace campaña en contra del Si en el plebiscito?

Hágalo por sus hijos, por mis hijos,  que tanto adoramos. Por qué no hace un acto  de Paz con Dios. No incendie más al país.

Usted está haciendo política  en contra del plebiscito desde la Procuraduría, fustigando, a  su forma, a quienes quieren la Paz.

Así a usted no le guste, el país si quiere la Paz.

Por Jorge Enrique Robledo.-De la privatización de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) puede decirse lo que se dijo de la venta a menosprecio de Isagén definida por Santos y Cárdenas: que no la venden por ser una mala empresa sino una muy buena. Es más. Si la ETB fuera de propiedad de Carlos Slim –el dueño de Claro– y su gerente decidiera venderla, sería fulminantemente destituido. Pero en la Bogotá de Enrique Peñalosa, en la que no se gobierna en función del interés ciudadano, el gerente de la ETB, Jorge Castellanos, cumple sus órdenes y puede, además, dedicarse a desacreditar a la empresa que le pusieron a su cargo, maltrato que obviamente la desvaloriza antes de su venta. En otro país, ya le habrían abierto un proceso por dañar el patrimonio público.

Entre otras, resalto tres grandes razones para rechazar esta privatización. La ETB no es una empresa de teléfonos, como se dice para minusvalorarla, sino de telecomunicaciones, que no es lo mismo, y de gran importancia para Bogotá y Colombia, en razón del sector estratégico en el que actúa. Se trata de un grupo empresarial que, además de su empresa matriz, posee el 88 por ciento de Colvatel, el 75 por ciento de Skynet y el 40 por ciento de American Business Process Services. Presta servicio de telefonía fija local y de larga distancia, internet de alta velocidad, televisión digital e interactiva, telefonía móvil 4G, almacenamiento masivo en la nube y seguridad informática. Durante 132 años ha construido una infraestructura subterránea en toda la ciudad, más segura y estable y de mejor calidad que la de sus competidores.

La avidez con la que observan a la ETB las trasnacionales que acechan para comprarla –seguramente a la barata, como ha sido la norma en las otras privatizaciones en Colombia– también se explica por su fortaleza en Bogotá, aunque opera en el resto del país. Su participación en el mercado de la capital de la República, de lejos el mayor y de más rápido crecimiento en el país, es sobresaliente: 55 por ciento de la telefonía fija, a la que solo por ignorancia se le puede restar importancia, 34 por ciento del internet y 3.5 por ciento de la televisión por cable, negocio recién montado y de excelentes perspectivas.

La composición de sus negocios cambió positivamente. En 2008, el internet representaba el 16 por ciento de sus ingresos, la telefonía básica el 53 por ciento y el resto –larga distancia, datos y negocios especiales– el 31 por ciento. Para 2015, internet representó el 26 por ciento, la telefonía básica el 35 por ciento y el resto –los anteriores más TV y móvil– el 39 por ciento. Es decir, se ha movido a nuevos servicios y los presta en forma competitiva. En el estrato tres, por ejemplo, mientras que Claro ofrece 10 MB de navegación, 97 canales y telefonía ilimitada por 119.900 pesos, la ETB ofrece 25 MB, 103 canales y telefonía ilimitada por 118.300 pesos. Según un estudio de EAFIT, en 2016 el retorno del capital invertido (ROIC) de la ETB alcanza el 10.8 por ciento y para el 2023 ascenderá a 18.5 por ciento.

A un costo de 1.3 billones de pesos, la ETB acaba de montar una excelente red de fibra óptica en Bogotá, lo que la hace en transmisión de datos y TV interactiva la empresa más avanzada del país. Es en buena medida tras esta poderosa capacidad tecnológica tras lo que medran las trasnacionales a las que quiere favorecer Peñalosa. Una alcaldía y una gerencia realmente preocupadas por el progreso de Bogotá estarían dedicadas, no a su venta, sino a promover la comercialización de la fibra óptica, en lo que casi todo está por hacer.

Además del gran repudio ciudadano que genera esta privatización, también ha caído muy mal la maniobra de Peñalosa de meter de contrabando, dentro del salpicón del Plan Distrital de Desarrollo, la privatización de la ETB, en lugar de proponérsela al Concejo de Bogotá de frente, dando la cara, en un proyecto de acuerdo separado que pueda debatirse rigurosamente. Tira esta maniobra, muy de su talante en nada democrático, porque considera que posee unas mayorías incondicionales en el Concejo, dispuestas a votarle hasta el peor adefesio. Que cada concejal y cada partido cante su voto y explique si defenderá o no los intereses de los bogotanos y las bogotanas.

Bogotá, 20 de mayo de 2016.

Por Iván Díaz Mateus.-Acabamos de salir de una emergencia costosa y dramática causada por el verano, las voces de alarma cundieron entre agricultores, ganaderos, pescadores y muchas poblaciones se vieron abocadas a racionamiento de agua, solo el cambio del clima nos salvó de un apagón que le iba a costar al gobierno de Santos los pocos puntos de opinión favorable y al país millones de pérdidas por su afectación a la industria, el comercio, el turismo, etc.

Tristemente semanas después de esta coyuntura llegan los efectos adversos de las lluvias y ahora no es por falta de agua sino por su exceso que se presentan contingencias, en viviendas, vías, cultivos y explotaciones económicas. El fenómeno de la Niña empieza su cadena de estragos y le dará paso a su oponente El Niño para que vuelva y haga de las suyas.

Difícilmente aprendemos las lecciones de la naturaleza que son tozudas, sistemáticas e imposibles de ignorar y así no hemos diseñado un política pública y de inversiones dirigidas a enfrentar estos fenómenos no mediante paliativos de urgencia, sino con una preparación estratégica y puntual que nos permita vivir lo más normal posible durante su ocurrencia o sin ella, y aunque parece remoto prepararnos de manera perfecta para afrontar los caprichos del clima si debemos empezar por entender que aunque somos un país tropical, sin estaciones, los tiempos de verano e invierno vendrán tan acentuados cada uno que es obligatorio iniciar un camino hacia una trasformación de nuestra manera de pensar y de actuar.

Hasta hace pocos años nos guiábamos por el almanaque Bristol y el poster de la Cabaña, o nos concentrábamos en los primeros días del año para predecir lluvias o tiempo seco de acuerdo al comportamiento de los días respectivos, eso es historia patria, las circunstancias son diferentes ya que como lo ha sostenido James Lovelock en su libro “La Venganza de la Tierra”: “…para comprender y tratar de salir del lio en el que nos hemos metido con el cambio climático es necesario conocer la verdadera naturaleza de la Tierra e imaginarla como el ser vivo más grande del sistema solar, no como algo inanimado, al modo de esa vergonzosa idea de “la nave espacial tierra”, y agrega citando al escritor Michael Crichton quien afirma que: “… la previsión del tiempo a largo plazo es imposible debido a las matemáticas del caos que dominan los sistemas meteorológicos”.

Los frentes en que hay que trabajar son diversos, como son los problemas que se vienen, pero hay que empezar a consolidar una voluntad política que vea ese tema con responsabilidad, poco se habla hoy de energías renovables como la solar, la eólica, la mareomotriz fuentes alternativas reconocidas y probadas; son escasos los proyectos de apoyo al campo para el riego, el análisis de suelos, la producción alimentos almacenables; tampoco hemos tomado con seriedad los planes de ordenamiento para evitar urbanizaciones en sitios con alto riesgo; la guerra por sitios de disposición final de basura nos hace ignorar la posibilidad de convertirla en energía, en fin hay multiplicidad de temas que los expertos sabrán tratar con mayor puntualidad.

Es inevitable que nos preparemos para tiempos difíciles porque lo cierto es que la era del almanaque Bristol ha llegado a su fin.

@idiazmateus

Por Amylkar D. Acosta M.- En el último mes se ha venido especulando en torno a la idea de crear una Gerencia para La Guajira que, según rumores más recientes, sería inminente. El sólo anuncio ha despertado una encendida polémica entre la dirigencia guajira en la que ha habido más calor que luz. Para que no se preste a equívocos o malas interpretaciones mi posición al respecto prefiero fijarla por escrito, como acostumbro a hacerlo.

No se trata de estar o no de acuerdo con la designación de un Gerente para La Guajira, que no es lo mismo que un Gerente de La Guajira. Hago esta distinción, para explicar que si de lo que se trata es de nombrar un Gerente  que vaya a suplantar o a desplazar a las autoridades legítimamente constituidas (tanto la Gobernadora  como los alcaldes fueron elegidos por el voto popular que, además, es programático) no estaría de acuerdo. Pero, si de lo que se trata y creo que de eso se trata, es de una Gerencia con el propósito de que coordine y articule las acciones de las distintas entidades nacionales que han venido interviniendo en La Guajira, sí estoy de acuerdo, porque lo que tenemos actualmente es un verdadero caos, en donde la mano derecha no sabe lo que hace la mano izquierda y ello le resta eficacia a su intervención en procura de superar la problemática que embarga a nuestra tierra.

También dije que, en todo caso, esa Gerencia deberá trabajar de la mano con la Gobernadora, los alcaldes, la Asamblea departamental y los concejos municipales, además de contar con las autoridades tradicionales de las comunidades indígenas, especialmente los Wayüu, asentadas en nuestro territorio. Y no es para menos, sólo de esta manera se podrán implementar soluciones efectivas y sostenibles en el tiempo.

Para la muestra un botón: allá andan perforando pozos a la topa tolondra por todas partes, sin orden ni concierto, el Ministerio de Agricultura, el DPS, el Ministerio de Vivienda y la Dirección Nacional de Gestión de Riesgo, cada quien por su lado, incluso sin tener en cuenta la información de la que dispone el Servicio Geológico Colombiano sobre las aguas subterráneas en el Departamento y además sin pedirle permiso siquiera a CORPOGUAJIRA, que es la entidad que tiene la responsabilidad del manejo del recurso hídrico en La Guajira. Eso no puede continuar y la Gerencia entraría a poner orden.

Ya el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina tuvieron la Gerencia por casi cuatro años en la administración de AUV del Ex Senador Juan Guillermo Ángel y fue de muchísima utilidad. Y más recientemente, el ahora Ministro de Medio Ambiente Luis Gilberto Murillo al momento de su designación se venía desempeñando como Coordinador del Plan Pacifico, sirviéndole de puente a la Región Pacífica con el Gobierno Nacional y me consta que, también en este caso, fue de gran utilidad para esta región el papel desempeñado por él.

De modo que lo más prudente es esperar lo que disponga el Presidente Santos al crear la Gerencia y designar su titular. Solo en ese momento sabremos cuales van a ser sus funciones y cuál el rol que va a tener.

Yo entiendo la prevención que hay por parte de la opinión pública en La Guajira, debido a que la presentación inicial que se hizo a través de la W-Radio fue que, en vista de la falta de gobernabilidad que se estaba dando en La Guajira, el Presidente debía nombrar un Gerente que hiciera a un lado a las autoridades tanto departamental y la de los municipios y ocupará su lugar. Desde luego que yo rechazo y no estoy de acuerdo con esta propuesta, por antidemocrática y arbitraria, además de ser inviable por ilegal e inconstitucional. Así de claro!

Bogotá, mayo 21 de 2016

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