Opinión
Por José Gregorio Hernández.-Que la Corte Constitucional tenga a su cargo la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución tiene un profundo significado que a veces pierden de vista las autoridades llamadas a cumplir sus fallos y, en algunos casos, hasta los mismos integrantes de la Corporación. Por eso es necesario, en especial cuando nuevos magistrados ingresarán a ella, recordar conceptos elementales sobre el sistema y acerca del papel que juega en nuestra democracia el control de constitucionalidad.
La existencia de un tribunal encargado de defender la Constitución, como se enseñó en Austria desde la época de Hans Kelsen -y como también se dijo desde las primeras constituciones colombianas del siglo XIX- se explica por la necesidad de sostener la vigencia efectiva de los fundamentos institucionales, políticos y jurídicos del Estado; los valores y principios en que se basaron los constituyentes; los derechos, garantías y libertades de los asociados.
Desde el Acto Legislativo 3 de 1910 ejerció tal función, hasta 1991, la Corte Suprema de Justicia, que dictaba sus sentencias de constitucionalidad en Sala Plena, con participación de los magistrados integrantes de las salas de casación civil, penal y laboral, sobre ponencias que elaboraba desde 1968 la Sala Constitucional, integrada por especialistas en Derecho Público. Además de este sistema de control abstracto -que recaía sobre las leyes y los decretos con fuerza de ley (decretos leyes, en ejercicio de facultades extraordinarias, o decretos legislativos, en desarrollo de las atribuciones propias de los estados de excepción) dictados por el Presidente de la República-, la reforma de 1910 había contemplado la excepción de inconstitucionalidad, prevista para casos concretos de incompatibilidad entre una norma inferior y la Constitución.
En la Carta del 91 se mantuvo en esencia el sistema de defensa judicial de la Constitución, si bien la función se sustrajo de la Corte Suprema y se confió a la Corte Constitucional, que ha venido actuando durante estos veinticinco años. La norma del artículo 241 de la Carta Política incluyó dentro de aquellos actos sujetos a control abstracto, además de las leyes y decretos con fuerza de ley, los reformatorios de la Constitución, los proyectos de leyes estatutarias, los tratados internacionales y las leyes aprobatorias de los mismos, cuya sujeción a la jurisdicción constitucional había sido objeto de permanente controversia. Y, frente a la recién creada acción de tutela, para la protección de los derechos fundamentales, se estatuyó la figura de revisión eventual de los fallos dictados en la materia por jueces y tribunales, con las finalidades de unificar la jurisprudencia y estructurar la doctrina constitucional, resguardando la dignidad de la persona y la vigencia de los derechos humanos.
Pues bien, para cumplir estas trascendentales tareas, el país requiere una Corte Constitucional cuyos integrantes, además de una muy exigente y sólida formación jurídica y de una gran experiencia, se distingan por su credibilidad y respetabilidad, por sus antecedentes sin mancha, por su compromiso con el imperio y la vigencia de la Constitución, por su comportamiento ceñido a los principios jurídicos, éticos y morales, y ante todo, por su independencia e imparcialidad. Ellos no son voceros de partido o corriente alguna; ni representantes del Gobierno, ni de quienes los postularon, ni de quienes los eligieron, ni de los bancos, ni de las empresas, ni de los sindicatos, ni de las iglesias.
Prestan juramento de defender la Constitución de 1991, y no deben dictar sus fallos por conveniencia ni oportunidad, ni para complacer al Ejecutivo o ignorando los derechos con el objeto de cuidar las finanzas públicas, que no es su función, y menos todavía las privadas.
En fin, son magistrados de la más alta corporación de justicia, y están obligados a preservar con rectitud y constancia, en cada uno de sus votos y ponencias, los valores y principios democráticos que inspiran nuestro sistema jurídico constitucional.
Por Horacio Serpa.- Juan Fernando Cristo es un liberal de tiempo completo. Conoce y comparte la filosofía del liberalismo, su doctrina, los planteamientos programáticos, su historia y sus perfiles, la trayectoria del Partido, su “vida y milagros” a lo largo de 168 años de existencia, desde el famoso documento de Rojas Garrido. Es, además, hombre de Partido, formado en un hogar de liberales, María Eugenia Bustos, una matrona respetable que sigue siendo la luz de la familia, y Jorge Cristo Sahium, médico, juicioso analista de la vida con gran sensibilidad social, quien se alejó de su exitosa carrera como traumatólogo para servirle con devoción y honradez a los Nortesantandereanos.
El Papá de Juancho era socialista de recias convicciones y en el Partido rojo lideraba el ala más progresista. Fue Representante a la Cámara y Senador. Recuerdo que en el Salón Elíptico existían unos pupitres de tres puestos, que en 1978 ocupamos Jorge, Aurelio Iragorri y yo, quienes entre grandes afectos y solidaridades nos convertimos en tres mosqueteros que éramos “uno para todos y todos para uno”. Entre otras cosas, fuimos fundadores del Poder Popular con Ernesto Samper Pizano y Álvaro Uribe Vélez.
Un día desgraciado, este Senador médico de recto comportamiento, honrado y generoso, quien en 1990 se escapaba conmigo de las sesiones para, en la enfermería de la Corporación, curarme una herida de bala ocasionada en un accidente, fue vilmente asesinado por el Ejército de Liberación Nacional en su consultorio, que especialmente utilizaba para atender a los humildes de su Departamento. Muchos lloramos el crimen del hombre pacífico y altruista que nunca olvidaremos.
Años después, en el gobierno de Pastrana, buscando la paz se organizó una reunión con los elenos en el sur de Bolivar. Recuerdo que fueron Vivián Morales y Germán Vargas. Le insistí al Senador Cristo que nos acompañara, a pesar de su dolor, sabiendo que como su padre anhelaba la paz. Asistió y participó de la reunión, cuando al despedirnos les preguntó, “¿por qué mataron a mi papá?”. Después de un silencio de miedo le contestaron: “Fue una grave equivocación; a usted y a su familia les pedimos perdón”.
Nuestro Ministro del Interior es un autorizado vocero de las víctimas del conflicto, a las que representa con coraje y las ha defendido hasta lograr la expedición de la Ley de Víctimas. Más que abanderado, es un apóstol del perdón y la reconciliación.
Juancho ha sido el mejor Ministro de Gobierno y del Interior que ha tenido Colombia. Serio, responsable, juicioso, convincente, eficaz, polémico cuando ha sido necesario, ha triunfado en todos los compromisos legislativos. Increíble su labor, en esta época llena de contradicciones. Su palmarés no tiene comparación.
Hoy este acucioso Ministro, bueno y sano, está en medio de un conflicto interior intenso, como el que ayudó a terminar para la paz. Renuncia al cargo como su Partido lo ha pedido para aspirar a la candidatura presidencial, o continúa hasta que termine el gobierno, como se lo solicita el Presidente Santos. ¡Difícil situación! Cualquiera que sea la decisión, este hombre sano y exitoso no puede resultar crucificado.
Por Amylkar D. Acosta M.- Con todo éxito se clausura la 30ª versión de la Feria Internacional del Libro (Filbo) en Bogotá, que vuelve a ser la Atenas de Suramérica, la cual convocó a más de 500 expositores y una muestra de no menos de 150 mil títulos. Dos premios Nobel de Literatura V.S Naipaul (2001) y Maxwel Coetzee (2003), así como el premio Goncourt (2013) Pierre Lemaitre fueron las figuras centrales y Francia el país invitado, país este que al decir del Presidente de la Cámara Colombiana del Libro Enrique González es el “que más traduce obras en el mundo”.
En el marco de la Feria se realizó el IX Encuentro Internacional de periodismo y, cómo no, el tema central de sus deliberaciones fue el fenómeno “viral” de la post-verdad (post-Truth) que ha venido haciendo carrera en la política y en la sociedad, al punto que se convirtió en la palabra del año 2016 para el Diccionario Oxford. Este neologismo describe la impostura de quienes asumen como “verdades” los llamados eufemísticamente “hechos alternativos” que se apartan de la realidad y en consecuencia no tienen empacho al darse la licencia para “no estar de acuerdo con los hechos”, como lo expresó nada menos que el Secretario de prensa de la Casa blanca Sean Spicer. Este endriago y sus estragos merecían la atención prestada por este evento, tanto por su relevancia como por su actualidad.
También fue propicia esta ocasión para celebrar los primeros 50 años de la primera edición de Cien años de soledad (1987), la obra cumbre de nuestro laureado con el Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. De ella dijo en su momento Gabo: “nunca me he cansado de decir que Cien años de soledad no es más que un vallenato de 350 páginas”. También se celebraron los 150 años de la primera vez que se publicó La María, obra icónica de la novelística colombiana, al tiempo que se contó con un stand especial para dar a conocer la obra de su autor, el novelista y poeta vallecaucano Jorge Isaac.
Entre las novedades de esta Feria se destaca el anuncio por parte de Amazon, la compañía estadounidense de comercio electrónico, con sede en Seattle, la tienda virtual de libros digitales más grande del mundo, de la “impresión por demanda” de libros de autores colombianos. Esta vez la tecnología se pondrá al servicio de la edición impresa de libros ordenada, desde un ejemplar hasta miles de ellos, ya sea por sus autores, por los editores o por las librerías a través del internet. El libro impreso se resiste a desaparecer y así como el acetato en la música vuelve por sus fueros, con esta decisión de Amazon se le da un renovado impulso.
Otra novedad en esta Feria fue la incursión del reputado escritor Hector Abad Faciolince, el autor de La oculta y de El olvido que seremos, como Editor, con la Editorial Angosta. El ya había sido, además de brillante escritor, bibliotecario, corrector de estilo, librero y, como dice él “Editor de editoriales ajenas”, ahora hace esta apuesta literaria que lo habrá de consagrar como literato integral.
En esta ocasión, como en las anteriores se dio cita toda una pléyade de escritores colombianos entre los cuales descollan Daniel Samper Pizano, Roberto Burgos, Conrado Zuluaga, Yolanda Reyes, William Ospina, Juan Esteban Constaín, Ricardo Silva, Diana Uribe, Federico Díaz-granados, Celso Román, Mario Mendoza y Fernando Vallejo, entre otros. Estos dos últimos aprovecharon la ocasión para lanzar su más reciente producción literaria, el primero El libro de las revelaciones y el segundo Las bolas de Cavendish, cuya edición se agotaba al cierre de la Feria.
En la Feria del año anterior los Youtuber fueron la novedad, uno de ellos, el chileno Germán Garmedio, con más de 27 millones de suscriptores, fue la sensación. La presentación de su obra opacó hasta la presentación de Holanda como país invitado y la conmemoración de los 400 años de la muerte de William Shakespeare. Los organizadores de la Feria se vieron a gatas para contener la turba de jóvenes que se arremolinaron para tener de cerca al autor de la obra cuyo título habla por sí solo, Chupa el perro. Su video promocional tuvo 6 millones de visitas. Afortunadamente ello fue flor de un día, que, como toda moda pasó de moda; este año tuvimos una Feria que no se vio deslucida por este tipo de fenómenos que fueron magistralmente expuestos en la obra de Mario Vargas Llosa La civilización del espectáculo.
El mayor éxito de la Feria debe ser lograr que los colombianos leamos más, dado que 1.9 libros en promedio por habitante al año es demasiado bajo cuando se compara con otros países de la región. Chile y Argentina, por ejemplo, encabezan la lista de cantidad de libros leídos al año por habitante y nos llevan muchos codos con 5.4 y 4.6, respectivamente, para no hablar de España en donde ese índice es de 10.2. Tenemos que convencernos del aserto de Norberto Vallejo, quien conduce el programa Club de lectores de CARACOL, cuando dice que “quien lee un libro no vuelve a ser el mismo” y el del gran escritor José Ortega y Gasset cuando atinó al decir que “quien lee vive dos veces”. El día que en Colombia se trine menos y se lea más tendremos un país distinto!
Bogotá, mayo 7 de 2017
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Por Jorge Enrique Robledo.-Para evadir el debate sobre Odebrecht en el Senado, el Fiscal Martínez Neira dijo que no podía asistir porque se trataba de asuntos de la Justicia. Mas el pretexto no le impidió distribuir un texto que los medios, engañados, presentaron como sus respuestas a mi cuestionario. Porque, como bien lo explicó Antonio Caballero, “lo que hace es contestar lo que Robledo no le pregunta y defenderse de cosas de las que Robledo no lo acusa, sin contestar lo que sí le pregunta ni rebatir las acusaciones que sí le hace” (Enlace 1). A continuación, verdades por las que temió darle la cara al país.
¡Tras solo once días de investigación!, el Fiscal Martínez les dijo a los medios: “Hoy la Fiscalía ha descartado la posibilidad de corrupción” en Navelena Odebrecht, absolución irresponsable, por decir lo menos, que hubiera podido dejar escondidos los elefantes que él no vio y que otros sí vimos. Como los 120 mil millones de pesos de un crédito ilegal del Banco Agrario a Navelena Odebrecht, plata que está perdida y que se usó para el turbio favorecimiento a un banco del Grupo Aval, controlado por Luis Carlos Sarmiento Angulo –LCSA–, a quien el Fiscal le debe casi toda su fortuna (enlace 1A). Y ocultó que MNA Martínez Abogados, bufete de él y de su familia, contrató con Navelena Odebrecht (Enlace 2).
Martínez Neira le hizo tres asesorías a la Concesionaria Ruta del Sol –de Odebrecht, Episol, Corficolombiana, Grupo Aval, LCSA–, incluida una sobre la vía Ocaña–Gamarra en la que conceptuó que había que licitarla (Enlace 3). Hasta agosto de 2014, perteneció a la Junta de El Tiempo, de Sarmiento Angulo, y en octubre firmó el Conpes 3817, con lo que prevaricó y violó el régimen de incompatibilidades. Porque si bien el contrato ilegal de adjudicación a dedo de esa vía data de marzo de 2014 y Martínez no lo suscribió, una de sus cláusulas exigía modificaciones legales para poderse aplicar, las cuales se aprobaron en el Conpes que Martínez, como ministro, no podía aprobar y aprobó y que, para colmo, lo hizo sin informarle lo que sabía al Consejo de Ministros (Enlace 4). Y los funcionarios de Odebrecht que pagaron los sobornos acusaron de ser su cómplice a José Elías Melo, presidente de Corficolombiana y compañero en otros negocios de Martínez Neira (Enlace 5).
Mintiendo y engañando, Martínez –¡El Fiscal General de la Nación!– afirmó que la “Casa Editorial El Tiempo no tenía interés en la vía Ocaña–Gamarra”, que el Conpes 3817 beneficiaba a la Concesionaria Ruta del Sol “y no a Episol del Grupo Aval” y que “la participación real de Sarmiento Angulo en la Ruta del Sol es de 14,5%”, todo para ocultar que está impedido por sus negocios con el mayor banquero de Colombia y con Odebrecht, sin importar los detalles de esas operaciones porque la sola relación se lo impide.
El Fiscal hizo además el ridículo al intentar justificar las muchas razones jurídicas con las que ha contratado como abogado –¡van en 24 las encontradas!–, incluidas las tres con las que firmó cada uno de los negocios que hizo con la Ruta del Sol y las cuatro que usa su hijo, Martínez Beltrán, en la sociedad que Martínez Neira montó con DLA Piper, poderosa trasnacional (Enlace 6). Y a propósito de su hijo, por lo menos hasta el 7 de abril pasado, era abogado de Corficolombiana (Enlace 7).
Por muchas argucias que despliegue, al Fiscal Martínez le toca responder con un sí a estas preguntas: ¿Tras una investigación de once días, absolvió por corrupción, sí o no, a Navelena Odebrecht? ¿Están perdidos hoy, sí o no, los 120 mil millones de pesos del crédito del Banco Agrario a Navelena Odebrecht? ¿Suenan en sus bolsillos, sí o no, platas de contratos con Odebrecht y con su socio en Colombia? ¿Acusaron los de Odebrecht a Melo, presidente de Corficolombiana, sí o no, de ser socio de ellos en los sobornos de la Ruta del Sol? ¿Habría podido aplicarse el contrato de la vía Ocaña–Gamarra, sí o no, sin los cambios legales del Conpes 3817, documento que usted aprobó? ¿Ha sido su hijo, sí o no, abogado de Corficolombiana, luego de que metieran a la cárcel al presidente mundial de Odebrecht? ¿Fue usted, sí o no, gran recaudador de fondos para la campaña Santos 2014, a la que entró plata de Odebrecht? (Para todo mi debate: Enlace 8).
Bogotá, 5 de mayo de 2017.
Por Jairo Gómez.- El debate sobre la responsabilidad de terceros civiles, empresarios o políticos, en el conflicto armado interno en Colombia, comenzó a tomar cuerpo desde el momento en que el Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, habló en el año 2015 de un listado de más de trece mil personas investigadas por su incumbencia en hechos relacionados con el paramilitarismo.
En ese momento en La Habana se discutía el diseño de la Justicia Transicional en el quinto punto de la agenda: Víctimas. Era un proyecto y sus alcances hipotéticos, pero hoy es una realidad y hace parte del acervo constitucional del país. Los empresarios y políticos tendrán que responder ante La Justicia Especial para la Paz (JEP). Obviamente, no son todos los empresarios ni todos los políticos de Colombia, sino aquellos que en lugar de acudir al Estado en busca de protección, terminaron por financiar grupos paramilitares para, supuestamente, garantizar su seguridad ante la desafiante presencia de la guerrilla.
No hay duda, las llamadas Convivir fueron la fuente que alimentó el pretexto para que en algunas regiones del país empresarios y políticos regionales optaran por la estrategia equivocada de auspiciar grupos armados ilegales que hoy los tiene a las puertas de la JEP, estrategia que los indujo a hacer justicia por su propia cuenta e ir más allá, provocar el desplazamiento de cientos de miles de campesinos para adueñarse de sus tierras. En ese lío también se encuentran las empresas multinacionales que prohijaron y financiaron grupos paramilitares según versiones de postulados de Justicia y Paz, mecanismo jurídico con el que el Gobierno Uribe (2002-2010) negoció con los paracos un sometimiento a la justica.
Esa Justicia transicional diseñada por el Gobierno Uribe, reconoció un solo actor: los paramilitares. Los determinadores, los financiadores, pasaron de agache y pensaron que habían borrado todo rastro criminal. Esa fue y ha sido la estrategia: que paguen ante la justicia otros, pero la semilla de la impunidad que una vez floreció comenzó a marchitarse. La JEP y la Comisión de la Verdad son dos instancias a la que deben acudir los terceros civiles, empresarios o políticos, a contar la verdad para borrar de sus vidas el fantasma de la Corte Penal Internacional (CPI), de lo contrario será un fantasma con el que tendrán que convivir el resto de sus días.
Por Jorge Gómez Pinilla.-La doctrina del Shock es un libro de la escritora y periodista canadiense Naomi Klein, cuya versión audiovisual fue un documental que cabe dentro del género ‘película de terror’, porque parte de una tesis espeluznante pero comprobable: el neoliberalismo se alimenta de los desastres naturales, de la guerra y del terror para establecer su dominio.
El punto de partida de película y libro es el asalto perpetrado por el general Augusto Pinochet contra el Palacio de la Moneda el 11 de noviembre de 1973, que produjo la muerte del presidente Salvador Allende y desembocó en la aplicación de la doctrina económica neoliberal impulsada por Milton Friedman, quien obtuvo el premio Nobel de Economía en 1976, tres años después del ‘exitoso’ golpe de Estado que, como se sabe, fue orquestado desde el gobierno de Richard Nixon y tuvo como punta de lanza al entonces Secretario de Estado, Henry Kissinger.
Ese mismo modelo fue aplicado en países tan dispares como el Chile de Pinochet, la Argentina de Videla, la Rusia de Boris Yeltsin o la Gran Bretaña de Margaret Thatcher.
El problema hoy es que un partidario del capitalismo salvaje llamado Donald Trump conquistó la presidencia de Estados Unidos, y con él la doctrina del Shock no solo se revitaliza desde lo doméstico hacia lo global, sino que ahora podría traer consecuencias catastróficas para el planeta. Un segundo problema de fondo es que la ascensión al poder de este buscapleitos envalentonó a la extrema derecha nacional representada en el tóxico Álvaro Uribe, el inquisidor Alejandro Ordóñez y el hijo de papi Andrés Pastrana.
Son tres las cabezas de esta Hidra de Lerna, pero el gran peligro está en Uribe, quien tiene una copiosa audiencia cautiva e invierte su capital político en azotar las más bajas pasiones contra el gobierno de Santos, con el apoyo entusiasta de Ordóñez desde el flanco religioso. Es aquí donde Santos no se puede descuidar, porque si hay un terreno que Uribe maneja a la perfección, es cuando pareciera estar acorralado pero sale airoso mediante la aplicación de medidas ‘terapéuticas’ radicales, tan radicales como la ocasión lo exija.
Por ejemplo, cuando algunos miembros de la cúpula paramilitar en cumplimiento de la ley de Justicia y Paz comenzaron a contar quiénes los habían patrocinado: en menos de 24 horas Uribe subió a todos a un avión y se los entregó a Estados Unidos. Según el general Óscar Naranjo en su libro entrevista con Julio Sánchez Cristo, solo a dos de los catorce extraditados se les comprobó que seguían delinquiendo desde la cárcel, motivo aducido por Uribe para cargar con todos.
O como cuando en abril de 2008 se supo que por un sótano entró subrepticiamente a la Casa de Nariño el exjefe paramilitar Antonio López, alias Job, en compañía de un abogado de la mafia, y fueron recibidos por los respectivos secretarios de Prensa y Jurídico de la Presidencia, César Mauricio Velásquez y Edmundo del Castillo. Uribe convocó a una rueda de prensa sobre las escaleras del mismo palacio presidencial, hizo que esta comenzara en coincidencia con la apertura de los noticieros del mediodía y luego de dar una explicación a las volandas sobre el ingreso de ese mafioso, se despachó contra la Corte Suprema alegando ser víctima de su persecución.
Dos meses después de esa visita Uribe estuvo tan de buenas que alias Job fue asesinado en un restaurante de Medellín, del mismo modo que lo amparó el azar cuando el 24 de febrero de 2006 el helicóptero donde Pedro Juan Moreno viajaba a Quibdó… se vino a tierra. Antes que nos acusen de capciosos, el mismísimo general Rito Alejo del Río en alguna ocasión declaró que la caída de esa nave “no fue accidental sino planeada”.
No sabemos si ese accidente se ajusta a la particular doctrina del Shock de Uribe, pero la memoria nos indica que Moreno se le ‘abrió’ a su jefe y amigo desde 2002, cuando no le dejó remplazar el DAS por la Agencia de Seguridad que él quería crear, y prefirió nombrar a Jorge Noguera. También sabemos que Moreno había prometido contar cosas sobre Uribe cuando llegara al Congreso, y que en su condición de secretario de Gobierno de Antioquia aparecía involucrado en la masacre de El Aro, ocurrida entre el 23 y el 30 de octubre de 1997.
Es posible que las ‘providenciales’ muertes de alias Job y P.J. Moreno (incluso la de Francisco Villalba, principal testigo contra Uribe por El Aro) nada tengan que ver con la doctrina del Shock de Naomi Klein, pero sí lo fue la extradición de la cúpula paramilitar cuando comenzaron a mostrar el andamiaje de la organización. Esto también se ajusta a lo manifestado por el exembajador Myles Frechette en entrevista para El Espectador, donde dijo que la desmovilización del paramilitarismo fue algo “completamente chimbo”, y que “cuando Uribe se dio cuenta de que los gringos estaban oliéndose todo, decidió hacer el desarme de los paramilitares”. Y a renglón seguido agregó: “Es que se fueron a otros lugares. En lugar de seguir operando en los lugares donde habían estado, se fueron al sur y al este del país, a continuar sus fechorías”. También dijo Frechette que “nunca me olvido del pilón de armas que dejaron los paramilitares: muchas de ellas eran nuevas cuando Napoleón fue Emperador de Francia. Es decir, a otro perro con ese hueso”.
Esto se traduce en que Uribe es hoy el único político colombiano que contaría con un refuerzo bélico dispuesto a apoyarlo, llegado el caso. Si no es que desde ya le brinda su apoyo, por ejemplo mediante el asesinato graneado de defensores de derechos humanos o de milicianos de las Farc, de reciente ocurrencia. Sea como fuere, lo cierto es que con el aparataje político-militar que lo respalda tras bambalinas, Uribe estaría en condiciones de provocar un Shock ajustado a su conveniencia.
He ahí el peligro inminente al que hoy se ve abocada nuestra democracia.
DE REMATE: Suena estrambótico cuando el fiscal Néstor Martínez dice que esa racha de crímenes no tiene origen paramilitar, porque solo se trata de bacrim (bandas criminales). ¿Cómo hacer para explicarle que solo hubo un cambio de nombre? Mejor dicho, ¡que se deje de ‘cantinflar’!
En Twitter: @Jorgomezpinilla
Por Amylkar D. Acosta M.- El pasado fin de semana, con puente incluido, tuvo lugar uno de los eventos más esperados y añorados de cuantos se realizan en Colombia, en donde abundan como la verdolaga los certámenes que contribuyen al cultivo, el apoyo, la difusión y promoción de nuestro folklor, el cual responde al carácter multiétnico y pluricultural de nuestro país, producto del mestizaje que dio lugar a la “raza cósmica” de la cual habla el filósofo mexicano José Vasconcelos Calderón, a través del crisol del sincretismo de razas tan diversas como la amerindia, la europea, la africana y la asiática.
Se trata, nada menos que del Festival de la Leyenda Vallenata Consuelo Araujonoguera, La Casica, personaje este a quien se le debe, junto con el Maestro Escalona y nuestro laureado con el Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, la idea de crear este Festival, que arribó a sus 50 años ininterrumpidos de su realización; fueron ellos quienes se lo “cranearon”. El ex presidente López se encargaría de darle al Vallenato el estatus que no tenía, fue como si él se hubiera propuesto presentarlo en sociedad. Años después, el Vallenato se pondría el saco leva para entrar por la puerta grande nada menos que a la Casa blanca, de la mano del Turco Gil y Lolita con Los niños del Vallenato.
Primero fue declarado el Vallenato en el 2013 como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Nación por parte del Consejo Nacional de Patrimonio, el cual dispuso de un Plan Especial de Salvaguarda del mismo, gracias al tesón y al empeño del Clúster de la Cultura y la Música Vallenata, bajo la Dirección de Carlos Llanos. Allí se sentaron las bases para el reconocimiento posterior, a finales de 2015, por parte Comité Intergubernamental de Patrimonio Cultural, integrado por 23 países, de la UNESCO a la música Vallenata tradicional del Magdalena Grande, que integran Cesar, Magdalena y La guajira, como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad.
En su pronunciamiento la UNESCO manifiesta la urgencia de adoptar medidas tendientes a su salvaguardia, dada las acechanzas del conflicto armado, “exacerbado por el narcotráfico”. Aunque también se refiere a “un nuevo tipo de vallenato” que “está marginando el género musical tradicional”, de ello hay que tomar atenta nota, en orden a preservar, proteger y difundir el auténtico Vallenato para impedir que la “maleza” arrase con el cultivo. Llama la atención, además, la UNESCO sobre la circunstancia de que “cada vez se usan menos los espacios callejeros para las parrandas vallenatas, con lo cual se corre el peligro de que desaparezca un medio importante de transmisión intergeneracional de los conocimientos y prácticas musicales”. Vea pues!
Por ello cayó muy bien y fue de muy buen recibo el fallo del Jurado calificador al ceñirle la Corona como Rey de Reyes a Álvaro López, Rey profesional en 1992, ejecutor magistral del acordeón y compañero de fórmula del reputado cantante Jorge Oñate, de la Dinastía de los López. Digitó su acordeón en la tarima Colacho Mendoza del Parque de La Leyenda, acompasado con la caja y la guacharaca, con sus pitos y sus bajos, como los dioses, cautivando tanto al público como al Jurado. Diez reyes se disputaron esta vez la cuarta Corona de Rey de Reyes y él, el hijo de Miguel López (el prodigio del “bajo”), Quinto Rey vallenato, demostró ser el mejor de los mejores (fueron 10 reyes quienes se disputaron la Corona) con su interpretación de los cuatro aires del Vallenato, el paseo, la puya, el son y el merengue. Con Álvaro López el auténtico, el último acordeonero de Diomedes, el genuino vallenato tiene guardián en la heredad.
Es de anotar que también se coronó como Rey de reyes de la canción inédita Ivo Díaz, el hijo de uno de los juglares más queridos de la comarca, quien hizo honor a su padre al ganarse el título con la canción que le compuso al legendario cajero Pablo López, de la misma Dinastía de Álvaro y que lleva por título El Rey de los cajeros. La piqueria también tuvo su Rey de reyes, se trata de José Felix Ariza, después de ser 5 veces Rey, al igual que los acordeoneros en la categoría de aficionados, Daniel Holguín, al tiempo que José Juan Camilo Guerra Mendoza y José Aldana Vergara se coronaron como los Rey de reyes de la categoría juvenil e infantil, respectivamente.
Valledupar, mayo 1 de 2017
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Por José Gregorio Hernández.- El presidente venezolano Nicolás Maduro suele invocar la democracia para hacer imposible la democracia. Y acostumbra a esgrimir la Constitución para ignorar los principios constitucionales, entre ellos el de la soberanía popular. Como en Colombia, en donde la reforma constitucional que simplificó las condiciones y los trámites para reformar la Constitución (Acto Legislativo 1 de 2016) entró en vigor mediante una curiosa “interpretación” de una de sus normas (el artículo 5), que exigía para tal efecto la refrendación popular. En virtud de ese entendimiento, que echó por tierra el fundamento esencial de la democracia directa o participativa -la cual no equivale a la representativa o indirecta-, se admitió, inclusive por el tribunal a cuyo cargo se encuentra la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución (C.P., art. 241), que la refrendación popular no exige la participación del pueblo sino que -desplazado el pueblo- el Congreso puede hacer sus veces. Y ello, aunque previamente -el 2 de octubre de 2016- el pueblo -en votación directa- había dicho NO a los acuerdos que el Congreso refrendó después a su nombre y en su sustitución.
Volviendo al caso venezolano, el gobierno pretende sofocar las protestas populares -reprimidas con violencia-, mediante las cuales la gente reclama elecciones -de aquellas previstas en la Constitución-, acudiendo a la convocatoria de una asamblea constituyente, prevista en el artículo 347 de la actual Carta Política, “con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución”. Quinientos integrantes -que Maduro llama “constituyentistas” y que, al parecer -según la intención presidencial-, no todos serán elegidos directamente por los ciudadanos sino por organizaciones y gremios, lo que nos recuerda un poco al fascismo.
Olvidó Nicolás Maduro que esa Constitución fue inspirada por el artífice de la revolución bolivariana, de cuya obra se dice continuador -el “comandante eterno” Hugo Chávez Frías-, y quizá no ha tenido en cuenta que, según su preámbulo, en 1999 se buscaba “refundar la República para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural en un Estado de justicia, federal y descentralizado, que consolide los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, la integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley para esta y las futuras generaciones”. ¿Se va a transformar el Estado y se va a crear un nuevo ordenamiento jurídico sobre bases distintas, para que nadie se oponga al gobierno, ni reclame participación democrática?
Se entiende que una “transformación” de la República implica “cambiar los fundamentos”; sustituir los postulados en que se funda la actual República, para proceder a instaurar otro modelo distinto, y un orden jurídico diferente.
¿Quiere Maduro eso? ¿No le gusta una sociedad democrática, participativa y respetuosa del imperio de la ley, y aspira a sustituirla por otra? ¿O quiere sostener esos valores, que predica constantemente? Y, si es así, cabe preguntar: ¿para qué la Constituyente? ¿Para ser fiel al fundador de la República Bolivariana de Venezuela, no sería mejor realizar esos principios democráticos y participativos, cumplir la Constitución de 1999 y cumplir las leyes, respetando la protesta y permitiendo las elecciones?
Como lo decíamos hace unos días, quizá estamos ante el mal jugador, que, cuando pierde, suele romper el naipe. ¿O es que Maduro cree que con esta convocatoria puede acabar con las protestas, con el hambre, con el desempleo, con la inflación, con la devaluación, y con la terrible crisis que afronta su gobierno y que tiene a Venezuela al borde de una guerra civil?
Por Jairo Gómez.- A sombrerazos se quiere acabar con la oficina del Alto Comisionado para los DD.HH. en el país desconociéndose una experiencia de más de 20 años monitoreando, en terreno, la deshonrosa y sistemática violación de los derechos humanos en Colombia.
Aunque aún no existen razones de peso para su eventual abolición, muchas organizaciones denuncian que sus funciones se incorporarían a la Misión de Paz que se creó con el respaldo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, tras el Acuerdo entre el Gobierno y las FARC.
Craso error; es cierto que a muchos países en el mundo les molesta que desde afuera se les observe en un asunto tan sensible y específico como los derechos humanos; no les gusta que les hagan reparos sobre violaciones y desmanes que atentan contra los ciudadanos, pero en el caso de Colombia suprimir su presencia en plena implementación de los acuerdos, es delicado. Una cosa es la Oficina en mención y otra muy distinta la Misión de Paz de la ONU que debe garantizar que lo plasmado en los acuerdos se cumpla.
Es preciso recordar que no fue fácil que el país aceptara la presencia de la Oficina del Alto Comisionado de DD.HH. de la ONU, y que fueron muchos los años de lucha de las organizaciones defensoras de los derechos fundamentales para que esa instancia internacional hiciera presencia en territorio colombiano.
Se firmó la paz, sin embargo la protección de los Derechos Humanos, no hay duda, sigue siendo una asignatura pendiente que hay que consolidar; la firma de la paz no garantiza que la violación de esos derechos desaparecerá, al contrario, se incrementará y de eso da testimonio la población más vulnerable que a diario, en las regiones, convive con amenazas de muerte y desplazamientos continuos. Así lo corrobora el último informe de la Oficina cuando expone, por ejemplo, su preocupación por el sistemático asesinato de defensores y líderes sociales (en 2017 van 30).
Ese último informe de la Oficina liderada por Todd Hoawland, es mesurado, serio e imparcial y pone el dedo en puntos sensibles que develan la poca firmeza con que el gobierno asume su responsabilidad en materia de derechos humanos. Tras destacar la firma del Acuerdo de Paz, al mismo tiempo evidencia los incumplimientos en la etapa de la implementación; expresa su preocupación por la promoción de altos mandos vinculados a los falsos positivos a brigadier general; y, por supuesto, trasluce su inquietud por la persecución sistemática y el asesinato de líderes sociales, defensores de derechos humanos, indígenas y afrocolombianos a manos de grupos armados ilegales.
Al parecer, este informe no gustó en la Cancillería y hoy la presencia de Howland es incómoda o siempre lo ha sido. Pero, más allá de Howland, lo preocupante es que el gobierno pretenda socavar la importancia de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU en el país, porque eso sería abandonar a su suerte la investigación de los asesinatos y graves violaciones de las que han sido objeto inermes ciudadanos en muchas regiones en donde la presencia de la Oficina, porque no decirlo, suplanta la del Estado, que brilla por su ausencia.
No me quiero meter con el intrincado mapa burocrático de la ONU, seguramente atiborrado de intrigas y consejas, pero concentrar toda esa responsabilidad en la Misión de Paz de la ONU es quitarle peso a una Oficina con más de 20 años de experiencia que logró ganarse, con confianza y prestigio, la comunidad campesina, indígena y étnica del país.
@jairotevi
Por Juan Fernando Londoño.- Nadie se opone a la necesidad de una reforma política, pero nadie está dispuesto a apoyar cualquier clase de reforma política. La multitud de reparos que surge frente a la necesidad de hacer transformaciones en nuestro sistema político y electoral se debe a que no tenemos consenso sobre los objetivos de la reforma. El debate principal radica entre la búsqueda de la apertura del sistema para el ingreso de nuevas fuerzas (no sólo las Farc) y el fortalecimiento de los partidos actuales, evitando que surjan organizaciones que les compitan.
Vale la pena recordar que luego de la Constitución de 1991 se inició un proceso para ajustar la extrema apertura que se había generado y el enorme caos partidista. Las elecciones posteriores a la constituyente mostraron que las nuevas reglas terminaron de desordenar los partidos tradicionales y no generaron una mejor competencia política. Por el contrario, los partidos artífices de las nuevas reglas, la Alianza Democrática M-19 y el Movimiento de Salvación Nacional fueron las primeras víctimas de sus propios inventos.
La Comisión de Reforma de Partidos durante el gobierno Samper estableció las recomendaciones iniciales de lo que debía ser un proceso de reformas, aunque la crisis política del proceso 8 mil hizo imposible su trámite. El gobierno Pastrana también planteó una reforma política que naufragó por su negativa a excluir facultades exorbitantes para el Presidente de la República relacionadas con la negociación de la paz (la misma que ahora tanto critica).
En el año 2003 un pacto entre los partidos permitió sacar adelante una reforma con el fin de fortalecer las organizaciones políticas, contrario a las intenciones del Presidente Uribe, que intentó tramitar su propia reforma por la vía del Referendo. La modificación constitucional fue posible gracias a que la reforma tenía un objetivo claro: reorganizar el sistema de partidos. En torno a ello se incluyeron las modificaciones electorales de una sola lista por partido (aunque con voto preferente), disciplina de bancadas para quienes hicieran parte de dicha lista, cambio en la fórmula electoral para premiar las grandes agrupaciones y la introducción de un umbral del 2 por ciento.
En el año 2009 se tramitó una nueva reforma con el propósito central de castigar la relación de los políticos con la criminalidad consagrando el principio de responsabilidad política sobre la presentación de candidaturas y haciendo más estricto el proceso para el otorgamiento de avales.
El problema de la actual reforma es que no está claro el objetivo de la misma, pues muchos actores tienen visiones distintas.
El Acuerdo de Paz de La Habana busca la apertura del sistema político en condiciones de equidad con el fin de permitir el ingreso de nuevas fuerzas políticas al sistema durante un regimen de transición de 8 años. Como consecuencia de esta concepción se establece en los Acuerdos la idea de un régimen de adquisición progresiva de derechos que facilite la incorporación de nuevas fuerzas políticas y sociales a la institucionalidad, especialmente desde la política local.
Este planteamiento no parece ser compartido por los grandes partidos que temen no sólo la competencia de nuevos actores sino que además consideran una amenaza las nuevas reglas pues podrían desbaratarlos de nuevo.
Por otra parte, muchas de las ideas planteadas hasta ahora no establecen una relación de causalidad clara entre las reformas y la superación del conflicto y la construcción de la paz, con lo cual se generan muchas dudas sobre la utilización del Fast Track para el trámite de las mismas, dada la advertencia de la Corte Constitucional en el sentido que solo puede usarse dicho mecanismo para temas estrictamente relacionados al Acuerdo de Paz.
Como si esto fuera poco, un partido político de oposición, con clara opción de convertirse en gobierno en 2018 ha decidido no participar en las discusiones de la reforma, con lo cual sería la primera vez que se tramita una reforma que no refleja un grado al menos mínimo de participación de todas las fuerzas políticas.
Y para terminar de enredar esta situación, la opinión pública espera una reforma que realmente ayude a luchar contra la corrupción, con lo cual una reforma aceptable para el país tiene que explicar cómo su contenido será eficaz para este propósito, de lo contrario, la opinión pública ilustrada y popular difícilmente creerán en la utilidad de dicho esfuerzo.
Sin tener un hilo conductor y sin una idea fuerza que ayude a articular las distintas propuestas y preocupaciones, va a ser muy dificil determinar qué cosas pueden o deben hacer parte de la reforma y cuales otras no.
El gobierno aún está a tiempo de construir los consensos para avanzar en una reforma que ayude a transformar la política en Colombia. Por mi parte, y si puede servir para el debate considero que el objetivo debe ser el diseño de un sistema transicional que permita la incorporación de nuevas fuerzas al sistema en condiciones de equidad y con garantías reales de transparencia. Solo así será posible, construir la paz plasmada en los Acuerdos con las Farc y responder al clamor ciudadano de una política que no esté al servicio de la corrupción.
