Opinión

Por: Guillermo García Realpe.- Recientemente junto a varios senadores de la Comisión Primera, el Ministro del Interior Guillermo Rivera, los viceministros de Defensa y Agricultura, autoridades militares, representantes del Gobierno departamental de Nariño y varios alcaldes del litoral pacífico nariñense, sostuvimos un importante encuentro en Tumaco, con el fin de abordar las múltiples problemáticas que hoy afronta no sólo la perla del pacífico, sino también los municipios adyacentes que comparten las mismas necesidades sociales y económicas. 

Se escucharon los planteamientos de los mandatarios locales, quienes reclamaron mayor presencia del Estado colombiano, para que a través del gobierno nacional se ejecuten programas y políticas públicas que permitan minimizar la brecha social que hoy  tiene esta región frente al resto del país.

En ese orden de ideas, se hizo una evaluación por parte de las entidades nacionales, regionales y locales sobre la temática de Tumaco, fundamentalmente, para seguir trabajando permanente e integralmente con enfoque territorial en este municipio, el segundo puerto en importancia sobre el Pacífico colombiano.

Tumaco, con una población que supera los 200 mil habitantes, es un municipio critico a nivel nacional y prácticamente de  lo que pase en Tumaco depende la Paz de Colombia, por lo tanto, salimos motivados de la sesión descentralizada de la Comisión Primera del Senado, pero, a seguir en la tarea de acompañar a sus alcaldes en las gestiones ante las entidades nacionales, para buscar gestiones que permitan la inversión de recursos significativos en todos los frentes.

Hay que reconocer que son muy complejos los problemas de Tumaco, entre ellos, la coca, el narcotráfico, la marginalidad, la pobreza, la presencia de bandas criminales, la debilidad institucional y la falta de oportunidades de ingreso para la gente, son factores que alimentan un conflicto social y que por ende no se deben ocultar, sino enfrentar con todo el apoyo del Gobierno.

La coca llegó al litoral pacífico nariñense a finales de la década de los noventa y con ella llegó la violencia y con la coca llegaron los actores armados, entonces acabar con la coca debe ser una prioridad para el Gobierno, pero acabar con esto, no significa desconocer el origen en las  precariedades socioeconómicas que se viven en esta zona del país para que este tipo de cultivos crecieran a la manera como han crecido, pues se estima que de las 30 mil hectáreas que hoy existen en Nariño, 18 mil están en territorio tumaqueño.

La inseguridad del puerto, es otro tema que preocupa a la ciudadanía, según cifras oficiales, en lo corrido del año ya van 86 homicidios frente a 54 ocurridos durante el 2016, hay 14 policías por estación, por ejemplo, municipios como Barbacoas, con 36 mil habitantes no llega  a veinte uniformados policiales.

Por eso, para contrarrestar este flagelo, el Ministro del Interior, anunció que ya se ha avanzado en la creación de un cuerpo élite para perseguir el crimen organizado, se va desarrollar un plan piloto de ese esfuerzo combinado entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, en dos municipios de Colombia, uno Buenaventura y el otro Tumaco.

También se ha anunciado que ya está en marcha el plan de sustitución de cultivos, que según cálculos, tendría un costo de $720 mil millones. Así mismo, el proyecto de reforma al sistema general de regalías está a un debate de ser Ley de la República y permitirá invertir cerca de un billón y medio en vías terciarias, y a Tumaco y a los demás municipios les va a corresponder una proporción muy importante para ejecutar recursos en esta materia.

Las circunscripciones de Paz, en zonas con múltiples fenómenos como cultivos ilícitos, pobreza extrema, aislamiento por la ausencia de vías de comunicación, debilidad institucional y una serie de problemas más, va a permitir que estas comunidades tengan un Representante más a la Cámara, para que sea su vocero y el encargado de velar para que las inversiones del Estado lleguen a los territorios históricamente excluidos.

Por último el Plan Todos Somos Pacífico, con 400 millones de dólares se debe convertir en el vehículo para que todas estas inversiones sociales lleguen gradualmente no sólo a Tumaco, sino también a Buenaventura, al resto del litoral  pacífico y desde luego a los municipios de López de Micay, Santa Bárbara de Timbiquí y Guapi de la costa Pacífica caucana, los cuales ocupan el 28% del área total del departamento del Cauca.

El futuro en el corto y mediano plazo, será y debe ser mejor, el posconflicto tiene enormes retos por delante y esperamos que regiones olvidadas como estás tengan un mejor porvenir y en este propósito seremos un aliado incondicional.

@GGarciaRealpe     www.GuillermoGarciaRealpe.com

Por Jaime Enrique Durán Barrera.- Esta semana es crucial para Colombia y para el mundo. La Farc, el grupo guerrillero más viejo del continente, terminará de entregar las armas a la ONU. Más allá de sentir que este proceso es un paso tremendamente significativo en la construcción de la paz, es un hecho que enriquece la posibilidad de vivir en una sociedad menos violenta.

El conflicto armado de nuestro país, uno de los más complejos y terribles de la historia de la humanidad, tuvo un costo enorme, en lo político, en lo económico, en lo social, en lo sociocultural y, desde una perspectiva íntima y cotidiana, en lo personal de varias generaciones.

Queramos o no, ese poder de fuego cedido a los garantes de la ONU, no entendido aún por completo por las mayorías, por el ataque mediático y desesperanzador de unas minorías viudas del conflicto armado, es un paso muy importante para instaurar una Cultura de la Paz en Colombia.

No solamente porque existe el control y la destrucción de ese armamento, como lo señalan los especialistas, sino porque van a construirse nuevas visiones del mundo, después de 52 años asfixiados por el discurso de la violencia.

De hecho, se escucha el balance de lo que significará este paso decisivo para todos los colombianos, donde se destacan las cuentas del horror: índices de homicidios, secuestros y emboscadas, el número de las víctimas y  desplazados, un tema triste, pero que es del pasado para que no vuelva a ocurrir y a cambio: el paso para organizar las instituciones, brindarle al campesino oportunidades en la producción de alimentos y así llegar al aumento del PIB, que es la nación que nos merecemos.

Claro está, este proceso es novísimo para todos los colombianos. Observar el país desde la perspectiva de la paz, desde el reto de ir más allá de lo político como negociación a lo político como realización, implica cambios, otros balances, otras perspectivas.

Pero desarmar ese contingente de guerreros es un cambio emblemático para los colombianos y el mundo entero. Ellos van a buscar su espacio en la sociedad política, desde el contexto de los consensos y los disensos, porque el postconflicto, desde el punto de vista político, no sólo representará la incorporación de este grupo a la sociedad desde ahora, sino el concurso de otras voces. Voces que ha silenciado, primero las desigualdades sociales, segundo la diversidad, que nos acerca y separa como ciudad y provincia y, luego, la inexistente presencia del estado, cuya deuda es tan grande como las consecuencias del más viejo conflicto armado de la región. 

Como colombiano celebro este significativo paso, sin dejar de estimar las críticas constructivas y las alabanzas innecesarias, porque no puede haber una Cultura de la Paz y menos de la Verdad, el Perdón y la Reconciliación, si lo que separa a un ser humano de otro, es su poder de fuego. 

Por Rudolf Hommes.- Curiosamente a menos de un año de las próximas elecciones presidenciales los consejeros de los aspirantes a la presidencia les están aconsejando que es prematuro declarar su candidatura y la mayoría de ellos les han hecho caso, a tal punto que todavía no tenemos una idea clara de qué piensan o qué proponen. El mismo Germán Vargas que es candidato desde hace más de cuatro años posa ahora de no serlo, más aún, de no tener partido, y se ha puesto misterioso sobre sus intenciones.

En ese ambiente de impostura y aparente indefinición resultó refrescante la entrevista que le concedió Humberto de la Calle a Hugo García y Lorena Arboleda de El Espectador el 17 de junio en la que sin declararse candidato, para no desentonar, dejó sentadas las bases de cuál sería su filosofía de gobierno. De la Calle es un precandidato singular porque está entre los primeros en las encuestas en términos de su aceptación y reconocimiento pero no en intención de voto.

Los políticos no creen o no quieren que sea candidato, pero sus posibles adversarios en los partidos de la coalición de gobierno le tiran mucho rayo, lo cual es indicación de que no les gustaría tenerlo como rival. Una de las razones de ese temor puede ser porque tiene cualidades que otros no tienen, entre las que se destaca su capacidad de mediar y obtener resultados. Esto no se refiere exclusivamente a su actuación reciente en las negociaciones con las Farc sino también al papel decisivo que desempeñó como representante del gobierno en la Asamblea Constituyente en 1991.

No solamente es una persona sensata, con capacidad para entender a otros, sino para tomar decisiones difíciles y valientes cuando es necesario. La entrevista también revela que tiene claridad política y es fácil prever qué haría De la Calle como gobernante. 

Esta es en pocas palabras una propuesta de gobierno abiertamente progresista y liderada por un dirigente al que le preocupa que “hay un exceso de odio en Colombia y una degradación de la reflexión política. Hemos reemplazado la reflexión por el insulto.” En lugar de refutar un argumento se trata de aniquilar a quien lo emite. Lo que se necesita es recuperar la sensatez y buscar una genuina reconciliación. La guerra con las Farc concluye con la entrega de las armas y lo que se debe emprender en un pacto de no violencia para no volver a caer en lo mismo.

Por Mauricio Cabrera.- Asombra pero no sorprende el anuncio de los dos expresidentes de conformar una coalición para las elecciones presidenciales del 2018. Asombra ver juntos y deponiendo sus egos a dos antiguos enemigos políticos, que se atacaron e insultaron mutuamente con agresividad e inquina. No sorprende, porque ya se habían juntado en la campaña del no, y porque para ambos es más fuerte su envidia y odio contra Santos que sus propias rencillas personales.

En principio esta coalición no le aporta mayor cosa a la fuerza política del Centro Democrático, antes le podría restar, porque es muy exigua la cauda electoral del expresidente del Caguán y muy grande su desprestigio, pero su objetivo es conformar una coalición mucho más amplia con todos los grupos políticos y religiosos que se unieron en la campaña del no a la paz y llegar con un solo candidato a la primera vuelta de las elecciones presidenciales.

No les va a quedar fácil escoger al candidato único pues es muy amplio el abanico de precandidatos, y más si se integran a la coalición el destituido exprocurador o Marta Lucia Ramírez. Lo que les resultará mucho más fácil es nombrar al gerente de la campaña pues ahí tienen a Juan Carlos Velez para que intente repetir con el mismo éxito la estrategia de desinformación y mentiras con las que se provocó la indignación de la gente para que “saliera a votar verraca” por el no en el referendo.

De todas maneras el anuncio de esta santa alianza de la derecha colombiana empieza a aclarar un poco el todavía confuso panorama de las próximas elecciones y les exige a los demás partidos políticos definir sus estrategias y posturas para conformar sus respectivas coaliciones, pues lo que hace evidente es que ningún partido, ni siquiera el CD, tiene la fuerza suficiente para pasar solo a la segunda vuelta de las elecciones sino que es indispensable juntar fuerzas.

Frente a la derecha, son tres los sectores políticos que deben definir su estrategia de alianzas. El primero, los partidos de la coalición de gobierno, el Liberal y el de la U, que buscan posicionarse como la alternativa para defender el proceso de Paz y que necesitan aceptar una consulta interpartidista si quieren tener un candidato único. Segundo, Germán Vargas, que es la continuidad del gobierno, pero a quien no le gusta el proceso de Paz. Tercero, un heterogéneo grupo de líderes alternativos de centro izquierda (Clara y Claudia López, Fajardo, Robledo y Navarro) que también apoyan el proceso de Paz, pero que se oponen a muchas otras políticas del gobierno y tienen la bandera de la anticorrupción.

El que está en una posición más difícil para hacer alianzas es Vargas, pues su oposición al proceso de Paz lo aleja de los otros dos sectores del centro-izquierda, y su cercanía a Santos lo aleja de la coalición derechista del no. Si mantiene esa ambivalencia acabará yendo solo a la primera vuelta, lo que le reduce sus posibilidades de pasar a la segunda. 

Pero los otros dos sectores tampoco la tienen fácil: el de la coalición oficial por la bajísima popularidad del gobierno y la campaña de odio y desprestigio que ya ha montado la derecha, y el de los alternativos por las diferencias ideológicas y programáticas entre sus líderes. En la segunda vuelta seguramente se volverán a unir estos dos sectores para enfrentar la coalición de la derecha como lo hicieron en el referendo; si lo hicieran antes de la primera vuelta podrían incluso ganarla, pero esto es pensar con el deseo.

Amylkar D. Acosta M.-El Congreso de la Republica tiene como funciones propias hacer las leyes, interpretarlas, ejercer el control político y, como Constituyente derivado, puede reformar la Constitución Política. A menudo la percepción que se tiene de un Congreso de la Republica que cumple con su deber es aquel que expide el mayor número de leyes, por ello ningún congresista quiere quedarse atrás a la hora de presentar sus propias iniciativas, las que sumadas a las del ejecutivo son muchas y se termina sacrificando la calidad por la cantidad. 

No obstante que muchos proyectos se quedan en el camino, se hunden y no alcanzan su cometido, no dejan de proliferar aquellas que alcanzan a convertirse en leyes de la Republica, muchas de ellas sin ton ni son, inicuas, inocuas y vacuas. Ello es lo que da lugar a la hiperinflación legislativa. Basta con decir que en un solo cuatrienio (2010 – 2014) se expidieron 296 leyes. Cabe preguntarse, a ese ritmo a dónde vamos a llegar? Esta hiperinflación, dicho sea de paso, afecta la seguridad jurídica, que se fundamenta en reglas de juego claras y estables e incrementa los costos de transacción, dos lastres que, a juicio del Nobel de Economía Douglas North, frenan el crecimiento económico y el desarrollo social de los países. 

Son tantas leyes y actos legislativos expedidos por el Congreso que, según el jurista, experto en Derecho constitucional, Hernán Olano de las 1.830 expedidas desde 1992 no se sabe a ciencia cierta cuales están vigentes, derogadas o declaradas inexequibles. Según él el 30% de las leyes expedidas son inútiles, destacándose entre ellas el cúmulo de leyes de honores; es así cómo entre 2010 y 2016 se aprobaron 100 de ellas, la mayoría de las cuales no son más que un saludo a la bandera. 

Hace cuatro años el Presidente Juan Manuel Santos propuso que el Congreso de la República dedicara un período legislativo a “purgar” el ordenamiento jurídico, con el fin de depurarlo dejando sin efecto las leyes inútiles, muchas de las cuales son anacrónicas o han entrado en desuso. Esta loable tarea se inició pero quedó trunca y amerita retomarla, con el fin de que la armazón jurídica del país deje de ser una maraña inescrutable y así se le facilite el trabajo a todos los operadores jurídicos, ganando en eficiencia y eficacia.

Se estima que desde la publicación del primer Diario Oficial, en donde se registran y validan las leyes sancionadas por el ejecutivo hasta la fecha son más de 16.000 las que siguen vigentes, por no haber sido derogadas expresamente, aunque la coletilla con la que finalizan todas ellas, derogando “todas las normas que le sean contrarias” podría haber dado cuenta de muchas de ellas, sin que se sepa al final cuales siguen y cuales fenecen. Ni el jurista más avezado lo sabe. Colombia se cuenta entre los países más atrasados en la región en este aspecto, países como Perú, Ecuador o México han hecho serios esfuerzos en la actualización y tamizaje de su normatividad jurídica. Colombia está en mora de hacerlo. 

Un primer esfuerzo se hizo en el Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos al proceder a compilar, conciliar y concordar más de 7.000 decretos en sólo 26, en uso de la potestad que le otorga al Presidente el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política. Algo similar habrá que hacer con ese arrume de leyes que hacen del conjunto de las mismas algo farragoso, incoherente, inconsistente e incongruente.  Este pasó que se dio va en la dirección correcta, de procurar la racionalización y simplificación del ordenamiento jurídico, lo mismo que los decretos expedidos por la Dirección Administrativa de la Función Pública (DAFP) 1068 y 1083 de 2015. 

Por qué no puede el Congreso de la República a motu propio o a pedido del ejecutivo hacer un alto en el camino, decretar un paréntesis en su acostumbrada actividad legislativa y dedicarse a la cacería de todas aquellas normas inútiles o que simplemente su decaimiento las torna inoficiosas, para proceder a suprimirlas, fusionarlas o simplemente codificarlas, para que dejen de ser ese amasijo normativo, fuente de tantos artilugios y argucias jurídicas deplorables. Así lo hizo hace 44 años Suecia y borró del mapa un sinnúmero de leyes que sólo servían para estorbar el normal ejercicio de las funciones públicas y para menoscabar la tan ansiada seguridad jurídica. Y se ufanan de haberlo hecho. Por qué no imitarla, si es que nos conviene hacerlo. Esta es una asignatura pendiente, hace rato, del Congreso de la República. 

Barranquilla, junio 23 de 2017

www.amylkaracosta.net

Por Ariel Ávila.- Presidente Santos, en tan solo algunas horas, las Farc terminarán de dejar las armas. 52 años de guerra habrán terminado. Con esto, usted cumple gran parte de su promesa a la sociedad, aunque falta aún el reto de lograr transformar a Colombia mediante la implementación de los acuerdos de paz.

Lo que ha hecho usted presidente, es de admirar. Estoy seguro que si su discurso hubiera sido el de la guerra, el país lo estaría aplaudiendo. Si su discurso durante estos siete años de gobierno se hubiera basado en matar gente, bombardear, eliminar y destruir a lo que es diferente en este país, buena parte de una sociedad como la colombiana, lo estaría alabando y su popularidad sobrepasaría el 80 por ciento. Colombia es una sociedad enferma, aquí hay quienes aún justifican el paramilitarismo, creen que lo que este hizo le sirvió al país. Es decir, que las miles de mujeres violadas, los descuartizamientos de civiles con motosierras, los empalamientos, las mutilaciones, las más de 400 masacres sucedidas, no sirvieron para que este país rechazara a este tipo de grupos armados ilegales; también hay quienes continúan con la idea de que la lucha armada para llegar al poder es legítima y con esta disculpa justifican cualquier tipo de atrocidades. Imagínese, aún hay quienes justifican el secuestro.

Haber construido un proceso de paz, humanizado al enemigo y haber hecho entender que este país nunca deberá justificar lo que pasó ni volverlo a vivir, ha sido una gran hazaña. Usted acabó con su capital político por hacer un proceso de paz. Esto es una acción de grandes figuras, porque hacer la paz no es popular, la gente se acostumbra a la guerra, vuelve lo excepcional normal, y permite que otros actúen de modo tal que es imposible justificar en una democracia estable y fuerte. La paz por el contrario exige un nuevo humanismo en la sociedad. En esta, los seres humanos somos pares, nadie tiene derecho a ejercer violencia sobre otro por ideas o por desacuerdos. Por eso la violencia une más que la guerra, porque en épocas violentas se abusa de la fuerza y se ejerce sobre el otro, mientras que en épocas de paz, se podría decir, que la fuerza que se ejerce es sobre uno mismo, ya que es preciso controlarse y aceptar a los otros y otras como iguales. La excepcionalidad de la violencia no se puede normalizar.

Sin embargo, son pocos los que ven que la paz además de beneficiar a la generación actual, será tal vez el baluarte más importante, después de nuestra independencia, que entregaremos a nuestros hijos y nietos. La paz no es solo para nosotros, es también para las generaciones futuras. La paz le incomoda a aquellos que se beneficiaron de la guerra pues los obliga a devolver lo que se robaron, a contar la verdad y a pedir perdón, y por ello se oponen tanto al proceso, prefiriendo, por algunos pesos, sacrificar a nuestras generaciones futuras.

Además, el cambio no le gusta ni siquiera a los revolucionarios. Es cierto que usted ha sido un presidente de derecha en términos sociales y económicos, pero también es cierto que es un presidente de avanzada en términos políticos. Usted ha apoyado la ejecución de políticas que benefician a las minorías y las poblaciones vulnerables, ha logrado construir nuevos lineamientos para comenzar a afrontar los retos sociales en los territorios y nombró a dos ministras lesbianas en su gabinete. 

Obviamente, una política de avanzada ha traído la reacción conservadora de la sociedad colombiana; por ejemplo, la de aquellos que creen que las mujeres solo sirven para la cocina y que es legítimo maltratarlas o abusar de ellas, porque la mujer agente de derechos, trabajadora, emprendedora y autónoma, les disgusta.

Por Jorge Enrique Robledo.- Finlandia es un país de economía de mercado que posee la merecida fama de tener la mejor educación del mundo. Entre las razones de su éxito están un profesorado bien pago, que le permite a cada maestro llevar una vida digna dedicada a la docencia, al igual que las mejores condiciones laborales en libertad de cátedra, número de estudiantes por salón, horas de clase semanales, laboratorios, bibliotecas y demás instalaciones. Los finlandeses, además, han sido formados en la idea de que la docencia es una profesión respetabilísima, hecho que, sumado a las buenas condiciones de trabajo, atrae hacia ella a los mejores estudiantes del país, quienes se forman con excelencia, en pregrado y posgrado, en universidades públicas gratuitas de alto nivel, que son las mismas para todos los finlandeses. Y gozan de un grande y respetado sindicato con el que los gobiernos se relacionan con el profesorado.

Entonces, el sistema educativo de Finlandia no se parece en nada, ¡pero en absolutamente nada!, al de Colombia, donde los profesores son muy mal pagos y con exageradas horas de clase y estudiantes por aula, instituciones con pésimas instalaciones y dotaciones y cero respaldo para acceder a los costosos posgrados. Como si fuera poco, van décadas de una campaña de descrédito contra los docentes, presentándolos como indeseables y como los responsables de las graves fallas del sistema educativo.

A propósito del sistema educativo, diseñado por los gobiernos y no por el magisterio, este nunca se ha pensado para dotar al país de la mejor educación, sino todo lo contrario, como lo prueban unos ejemplos. Medio siglo se gastaron los gobernantes de Colombia en reconocer –y solo lo han hecho en el papel– que la doble jornada en los colegios públicos –unos van a clase por la mañana y otros por la tarde– le hizo y le hace un daño enorme a la educación. Porque al terminar sus estudios, los que asistieron a la doble jornada recibieron tres años menos de clases, ¡tres años!, que los que estudiaron todo el día. Y no fue casual que en estos diez lustros, y todavía ahora, los que pudieron pagar por la jornada única no sometieron a sus hijos a la formación de inferior calidad. También sirve de prueba reina que los gobiernos hayan convertido la educación privada –que puede existir–, no en la excepción, sino en la política oficial. Porque si bien la educación privada puede ser de alta calidad, solo lo logra la de matrículas muy caras, que por definición excluye a casi todos los colombianos, a los que se condena a la educación privada de garaje, de inevitable mediocridad.

Una última prueba: nadie puede refutar que el mejor sistema educativo debe tener como propósito la educación universal, es decir, para todos, y de alta calidad, ni que para que pueda ser universal tiene que ser gratuita y pagada por el Estado, el único que puede pagarla. Y es obvio que solo el Estado puede garantizar las mejores condiciones laborales para los docentes, claves en todo sistema educativo, objetivos que no significan implantar un país socialista o que no pueda haber educación privada de la mejor calidad.

¿Que por qué respaldo el paro del magisterio?, pregunta el santismo insidioso. Por la simple razón de que las maestras y los maestros tienen la razón, según aprendí en 26 años de profesor de tiempo completo en la Universidad Nacional de Colombia, Sede de Manizales, y porque con estas ideas llegué al Senado y no es de mi personalidad cambiar mi manera de pensar a cambio de la mermelada que reparten quienes malgobiernan a Colombia.

Coletilla uno. Se necesitaron los reclamos de la Procuraduría y la decisión del Tribunal Superior de Cundinamarca de parar la venta de Cafesalud, según demanda que interpusimos con Sofía Gaviria y José Roberto Acosta, para impedir que se cerrará este negocio oscuro, montado por el gobierno en favor de no se sabe con precisión quiénes y en qué condiciones, porque lo ocultan tras un pacto ilegal de confidencialidad (http://bit.ly/2suyJvw).

Coletilla dos. Nos dio la razón la Contraloría en el caso del crédito que el Banco Agrario le concedió, ilegalmente, a Navelena-Odebrecht, en el que se encuentran perdidos 138 mil millones de pesos, suma que en parte se destinó para favorecer, abusivamente, al Banco de Occidente, del Grupo Aval (http://bit.ly/2r7F64y). Y la Fiscalía investiga a ejecutivos de segundo nivel del Banco pero no a su junta directiva, que aprobó el crédito que no ha debido aprobar.

Por Jairo Gómez.- Una conspiración de altísimos quilates se cierne sobre el acuerdo de paz, y lo peor está por venir. Lo grave del asunto es que el conjuro se está fraguando desde afuera, desde Estados Unidos, y el enlace y componedor de esa trama está en Colombia.

No quiere decir esto que todos los demócratas y republicanos estén contra la paz, o incluso que el Embajador Withaker haga parte del pastel. Pero sí que hay conservadores norteamericanos de la derecha más recalcitrante que hacen buen uso de la vaporosa e impredecible personalidad del presidente Trump para promover una agenda desestabilizadora en la región. Sacando, de hecho, réditos de un Presidente acorralado por varias investigaciones que hacen temer que su permanencia en la Casa Blanca esté signada por un camino lleno de espinas.

Hechos recientes corroboran la efectiva influencia cubano-americana de derecha sobre el presidente Trump, en especial su decisión de hacer una pausa en las relaciones bilaterales con Cuba. Quienes inspiraron ese viraje de la Casa Blanca, lo dicen analistas en Washington, fueron los congresistas republicanos Marco Rubio y Mario Díaz-Balart, hoy aliados incondicionales del Senador Álvaro Uribe Vélez.

Esa perversa alianza tiene sus efectos sobre la realidad colombiana y las gestiones de Uribe Vélez con estos parlamentarios republicanos, de origen cubano, están logrando su objetivo.

Vamos por partes, no se trata de hechos aislados: La estrategia de desestabilización pasó, primero, por hacer pública la carta del embajador Withaker que critica una decisión judicial emanada de la Corte Suprema de Justicia; segundo, por la calculada intervención de Uribe en Atenas sembrando dudas, como es costumbre, sobre la Justicia Especial para la Paz; y, tercero, días después, por las exigencias del Secretario del Departamento de Estado Rex Tillerson dirigidas al Gobierno colombiano a través de una declaración pública en la que presiona por reanudar la fumigación de la hoja de coca con glifosato. Los días y los tiempos lo dicen todo: la orquesta afinada.

Pero, ¿qué tan influyentes son Rubio y Díaz-Balar en el gobierno Trump como para intrigar en contra del acuerdo de paz en Colombia? Veamos: Rubio, tiene una silla en el comité de inteligencia del senado que investiga las implicaciones de Rusia en la campaña electoral, y que hoy tiene al presidente en un muelle sin salida; y Díaz-Balart negoció su voto con la Casa Blanca para eliminar el “Obamacare” a cambio de que el despacho oval endureciera su política anticubana y contra la paz en Colombia. Este “bi-poder” se acrecienta día a día sobre un presidente que gobierna bajo sospecha.

La BBC en una reciente entrevista le hacía la siguiente afirmación al académico y polemista de izquierda Noam Chomsky: “usted define al Partido Republicano como la organización más peligrosa de la tierra”, él respondió: “Y de la humanidad. En su momento dije que eran unas declaraciones escandalosas, pero es verdad”.

Repito, probablemente no todos los republicanos estén contra la paz en Colombia, pero los congresistas mencionados –Rubio y Díaz-Balart- indudablemente sí, y tienen varios objetivos: obstaculizar la ayuda económica de Washington, que penda sobre el Acuerdo Final el fantasma de la extradición, y ejercer presión a favor de la fumigación. Es una conspiración quirúrgica, y quien maneja el bisturí en nuestro país es el Senador Uribe Vélez, el gran componedor de una trama que hoy quiere abrirle un nuevo frente de dificultades a la descuadernada democracia colombiana.

@jairotevi

Por Juan Manuel Galán.-Ni candidato del Gobierno, ni candidato de maquinarias, ni un delfín. Por si aún existe alguna duda, vamos a dejarlo claro, no soy el candidato oficial del continuismo. Soy un liberal independiente que ha defendido posturas renovadoras dentro del Liberalismo. Es por eso que hablo del Nuevo Liberalismo, un movimiento que convertirá a Colombia en el país de las oportunidades para todos. Invito a los liberales y a quienes se niegan a entregarle el país a extremos populistas, para que hagamos una consulta popular el día de las elecciones parlamentarias. Que sea la gente, los ciudadanos, quienes tengan el poder de decisión sobre el candidato que defenderá una propuesta de centro en las elecciones presidenciales. Con esta iniciativa, busco el apoyo no solo de los Liberales, sino de todos los precandidatos que tienen el legado liberal en el corazón. Vamos a hacer una revolución pacífica, electoral, que libere a Colombia del yugo clientelista, un cáncer que se ha devorado a nuestro país y que nos cuesta entre 3 y 5% del PIB. Una revolución que construya igualdad a través del crecimiento inclusivo en uno de los países más desiguales del mundo. Una revolución que permita superar definitivamente el flagelo del narcotráfico, fuente de corrupción e inseguridad.

La consulta popular debe tener garantías, unas reglas claras, bajo un escenario neutral que, desde el más alto nivel, ofrezca garantías suficientes a todos los precandidatos. Solo así, lograremos un consenso alrededor de una propuesta que responde con claridad a las demandas de seguridad y justicia y que, bajo una visión democrática, le apuesta a la distribución de la riqueza con políticas fiscales novedosas y progresivas. Necesitamos propuestas que no estén casadas, ni con la extrema derecha del Centro Democrático que quiere hacer trizas los acuerdos, ni con la extrema izquierda, que pretende entronizar en Colombia el modelo venezolano Chavista. Se trata más bien, de reunir a todos aquellos candidatos interesados en propuestas que rescaten el proceso de paz y que avancen en las reformas que el país necesita para construir igualdad, y hacer de Colombia el país de las oportunidades. 

Convoco entonces a un Nuevo Liberalismo, como opción renovadora, rebelde y en contra de las maquinarias electorales, como oportunidad de transformación social, que nos lleve a una nueva forma de hacer política en Colombia. Una política cuyo principio y objetivo es garantizar derechos, no hacer favores ni negocios particulares desde el poder. ¡Es la hora de la renovación!

Por Guillermo García Realpe.-Esta semana que concluyó el Senado de la República aprobó un importante proyecto de corte social y que es de nuestra autoría.

Se trata de una iniciativa que permitirá que 420 mil colombianos que hoy carecen del servicio de energía eléctrica, a partir de esta ley, puedan gozar del servicio de manera gradual y oportuna.

El proyecto que pasa ahora a sanción presidencial, fortalecerá el fondo pro electrificación rural, facultando a Concejos municipales y Asambleas departamentales a expedir estampillas para tal fin por un término de veinte años.

Pero además de esto, también se establece que se destinarán recursos para financiar proyectos de energía fotovoltaica y energía solar, esto con el fin de llevar el servicio a los más recónditos lugares de la geografía nacional donde habitan colombianos humildes.

Este proyecto, sin lugar a dudas, hace justicia con miles y miles de colombianos que en pleno siglo XXI continúan iluminando sus hogares a punta de velas. Esto, desde todo punto de vista es lamentable.

Ahora, más de 400 mil compatriotas podrán mejorar ostensiblemente su calidad de vida, las amas de casa podrán refrigerar sus productos, sus hijos podrán acceder al mundo virtual y tener todas las herramientas a la mano para ser más competitivos académicamente, los campesinos tendrán posibilidades de mejorar su productividad, en fin, disfrutar de todas las bondades que un servicio tan vital como la energía eléctrica puede ofrecer, sobre todo a las familias que habitan la periferia colombiana.

Hoy, donde más déficit de este servicio hay es en la Amazonía, Orinoquía y todo el litoral Pacífico, departamentos como Amazonas, Vaupés, Vichada, Guainía, Chocó, Cauca, Nariño, etc, presentan baja cobertura en cubrimiento de energía eléctrica.

Lo que se hará a partir de éste proyecto de ley, es identificar los lugares no interconectados y extender el servicio a tales sitios.

Y en aquellos lugares donde por cuestiones geográficas y por las grandes distancias no sea posible llevar la red eléctrica, para ello se dispuso que el servicio llegue a través de energías alternativas, facilitando la instalación, ahorrando costos en redes y siendo amigable de paso con nuestro medio ambiente.

El proyecto que permitirá garantizar que el servicio de energía eléctrica llegue a miles de familias, sobre todo de nuestro campo colombiano, también fue obra de los congresistas, Harry González García, Orlando Guerra de la Rosa, Marco Sergio Rodríguez, Olga Lucía Velásquez, Éduar Benjumea Moreno, Carlos Julio Bonilla, Rafael Elizalde Gómez, Carlos Alberto Cuenca, Leopoldo Suárez Melo, Nilton Córdoba, Óscar Hurtado Pérez, Norbey Marulanda Muñoz, Flora Perdomo, Ángelo Villamil Benavides, todos Representantes a la Cámara de las zonas de la periferia y de las regiones donde están los mayores beneficiarios de esta iniciativa. 

Está es otra conquista social, que como los subsidios del gas propano o GLP, beneficiará  a los colombianos más humildes, a quienes por muchos años estaban esperando la mano amiga del Estado y hoy me complace ser uno de los autores e impulsores de esta ley, para ayudar que más compatriotas iluminen sus vidas.