Opinión

Por Amylkar D. Acosta M.- El país ha venido registrando, con perplejidad  y sin entender a cabalidad su trascendencia, una seguidilla de consultas populares en distintos municipios del país, que se han rebelado en contra de la actividad extractiva y en todas ellas por abrumadora mayoría de los sufragantes se ha decidido proscribirla de sus territorios. Las más recientes se realizaron en Cajamarca (Tolima), en contra de la minería y en Cumaral (Meta), en contra de la exploración y explotación petrolera. Ello amerita un análisis sobre sus alcances y consecuencias, para poder establecer la procesión que va por dentro de este hecho inusitado.

Se aduce en todos los casos que la actividad extractiva se constituye en una amenaza contra la sostenibilidad del medioambiente, sobre todo se hace hincapié en que la misma pone en riesgo el acceso al recurso hídrico por parte de la población. Ha hecho carrera en el imaginario colectivo, como fijación, de que la comunidad debe decidirse por el agua o por el oro, por el agua o por el petróleo, lo cual, como lo veremos no pasa de ser una falsa disyuntiva. Planteada así, de esta manera simplista, dicha dicotomía, es obvio de toda obviedad que primero está la preservación, conservación y el acceso al preciado líquido.

La verdad sea dicha, como lo sostiene el Ingeniero de Minas Pablo Liemann, “es difícil encontrar algún sector de la economía o alguna industria que no utilice en forma habitual algún producto obtenido de un mineral y, por lo tanto, que provenga del sector minero”. En este sentido son atinentes las palabras de la columnista Enoris Restrepo cuando afirma que “hoy hay municipios en Colombia que prohíben la minería, pero quieren vías pavimentadas, con agregados producidos por la minería, asfalto derivado del petróleo, viviendas, escuelas y hospitales hechos con cemento, acero, ladrillos, tejas, revoques y pinturas, productos todos cuyo origen es la explotación de minerales…fertilizan sus suelos para la agricultura con cales y abonos de origen mineral. Es un contrasentido”.

De allí que, en hablando de los recursos naturales no renovables, verbo y gracia el oro, el cobre, el níquel, el carbón, el petróleo, el gas natural, es preferible tenerlos y no necesitarlos que necesitarlos y no tenerlos. Y la verdad es que los colombianos los necesitamos. Por fortuna Colombia, sin ser un país minero cuenta con los recursos mineros y sin ser un país petrolero cuenta con el petróleo, de otro modo tendríamos que importarlos. En efecto, la economía crece al ritmo de crecimiento del sector minero-energético. Durante la década 2005-2014, según el BID, el crecimiento promedio del PIB fue de 4.7%, muy por encima del 3.2% promedio de las dos décadas anteriores. Las exportaciones del sector minero-energético y los ingresos de divisas al país han llegado a representar hasta el 70% de la totalidad de las exportaciones. Y hablando de ingresos, la renta petrolera (impuestos + dividendos) que recibió la Nación en el año 2013, en la cresta de la ola del auge de este sector, ascendieron a la suma de $23.6 billones y si sumamos las regalías que van a las regiones a través del SGR ingresaron más de $40 billones, equivalente al costo del más ambicioso programa de modernización de la infraestructura vial del país (4G).

Ello no nos lleva a plantear, entonces, que en aras de disponer del recurso para tales efectos este se extraiga en cualquier lugar y de cualquier manera, sin parar mientes en su impacto y en sus secuelas. No hay actividad humana que no tenga un impacto y la actividad extractiva no es la excepción, de lo que se trata es de minimizar y reducir ese impacto, prevenirlo, mitigarlo, compensarlo o reponerlo, cuando hay lugar a ello.

No se trata, entonces, de decir sí o no, a rajatabla, a la minería. Me acojo a la frase que ha circulado profusamente: Minería sí, pero no así, para significar que no es permisible ni conveniente cualquier minería, desarrollada de cualquier manera. Solo es admisible y beneficiosa para el país, para las regiones y para las comunidades, aquella minería responsable con el medioambiente y con las comunidades, que utilice buenas prácticas y cumpla con los estándares más exigentes. Así y sólo así podemos decir que le conviene al país y a las entidades territoriales la actividad extractiva.

Medellín, junio 17 de 2017

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Por Jaime Enrique Durán Barrera.- Recientemente los colombianos nos enteramos con una noticia que nos impactó: el Ministro Alejandro Gaviria de la cartera de salud manifestó en su blog, que presentó malestares y que al no soportar los dolores se remitió a una clínica, donde después de unos exámenes le determinaron que tenía una especie de cáncer. Afortunadamente diagnosticado a tiempo.

Gaviria dijo que “está completamente seguro del tratamiento al que debe someterse y aún más tiene plena confianza en los galenos colombianos y en el sistema de salud del país”.

La novedad para el Ministro, hoy muy frecuente por el estilo de vida, es un aviso importante para los que tenemos funciones donde no se tienen en cuenta  los tiempos y espacios para el descanso y la recreación.

Valoramos el interés del ministro Gaviria de tratarse en Colombia, como un acto de confianza en la medicina y médicos del país que, como ministro de salud, puede evaluar. No nos es extraño, porque los médicos latinoamericanos y en especial, los colombianos, son invitados y muy bien recibidos por las mejores universidades y centros médicos del mundo.

Apreciado ministro Gaviria, desde este espacio de lucha por los derechos fundamentales de los colombianos, le deseamos una muy pronta recuperación y así mismo reconocerle haber comunicado su enfermedad, que estamos seguros contribuirá a estimular a los colombianos para que revisemos periódicamente nuestro estado de salud, es decir, aplicar las políticas de medicina preventiva que usted viene llevando a cabo y que es el mejor medicamento para evitar las enfermedades.

Admiramos su fortaleza y valoramos su empeño en seguir al frente del Ministerio de Salud para sacar adelante al sistema, pese a los graves problemas que aquejan al sector. 

Adelante ministro Gaviria, usted puede, Colombia lo requiere para mejorar la prestación de los servicios de salud de nuestros compatriotas.

Por José Gregorio Hernández.-Como lo dije en estos días ante numerosos notarios del país a propósito de muy diversos acontecimientos, lo cierto -y no está bien que nos engañemos- es que,  en este período que se ha denominado “del posconflicto”, el país está desconcertado, sin guía ni norte.

No lo dice un enemigo de la paz. Pues, como consta en numerosos escritos, siempre entendimos que el camino para terminar la guerra y la violencia de muchos años no era otro que el diálogo. Un diálogo fecundo, digno, importante -como decía Álvaro Gómez Hurtado- ; un diálogo para acercar, no para desunir, ni para dividir, ni para estigmatizar, ni para polarizar; un diálogo para la paz, no para la guerra entre las comunidades, los amigos, y hasta los familiares. No para el conflicto, so pretexto del posconflicto.

Por ello -así entendido el diálogo, y así entendida la paz-, apoyamos siempre el proceso, lo cual no significaba aprobar en su texto, ni en bloque,  todo cuanto se proyectara en La Habana, ya que allí no sesionaba una Asamblea Constituyente capaz de reformar todo nuestro ordenamiento jurídico, sino que era un foro de diálogo abierto, para buscar posibles salidas al conflicto, siempre sobre la base del sometimiento de los antiguos guerrilleros a la institucionalidad. No a la inversa. Es decir, jamás este país creyó que, a partir del diálogo y en busca de la paz,  la institucionalidad terminaría sometida al querer y a las directrices políticas y jurídicas de la guerrilla de las Farc; una sociedad derrotada, apenas interesada -y desesperada-  en la procura de un premio internacional. Es eso lo que no aceptamos.

Seguimos siendo entusiastas amigos de la paz mediante el  diálogo, pues igualmente dijimos en su momento que la guerra  había fracasado y que era necesario aplicar un criterio diferente, acorde con el mandato del artículo 22 de la Constitución, a cuyo tenor “la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”. Pero nuestro concepto del diálogo y sobre  la paz no incluye la abjuración de los principios democráticos, ni la clausura de los conceptos jurídicos, y menos un paréntesis en la vigencia de la institucionalidad. La paz es un valor de máximo nivel dentro de nuestra estructura democrática, pero, precisamente por ello, la paz no se puede desvalorizar, ni disfrazar, ni confundir con la  ruptura del esquema estatal vigente, ni con la anulación efectiva de las instituciones democráticas.

Lo alcanzado en la mesa de negociaciones ha debido circunscribirse .y así no aconteció, o cuando menos, no tenemos una prueba,  a ciertos temas muy especiales -propios del sometimiento de una organización guerrillera a la legalidad-, como su renuncia definitiva a los métodos delictivos, la verdad y la justicia; su promesa formal y comprobable de no seguir delinquiendo; desde luego, su real y efectiva  protección y la de sus más cercanos familiares;  la entrega completa e inmediata de las armas (todas); la desmovilización, la liberación de secuestrados y de menores reclutados –también inmediatas-,  y la indemnización o reparación integral, cierta y verificable, concreta y real,  a las víctimas, todo a cambio de amnistía o indulto respecto a los delitos políticos y conexos, sin incluir en los beneficios a los autores de crímenes de lesa humanidad, o de crímenes de guerra cometidos en forma sistemática, de genocidio, o de violencia carnal, entre otros.

Viva la paz, pero no cantemos el réquiem por las instituciones.

Por Jairo Gómez.-No nos debe extrañar la frescura con que el Gobierno de Estados Unidos se inmiscuye en los asuntos internos de nuestro país. Así ha sido siempre, durante muchos años de relación bilateral; y eso ocurre porque los presidentes de ayer y de hoy lo admiten, sin reparo alguno, sin reclamar reciprocidad.

Eso explica cómo el imperioso embajador de ese país en Colombia tiene la osadía de enviarle una carta a la Corte Suprema de Justicia cuestionando una decisión judicial que es de su absoluta y soberana competencia. En Colombia la justicia toma una determinación y los colombianos, estemos o no de acuerdo, la acatamos y la respetamos, pero el señor Kevin Whitaker, no.

Tímidamente el presidente Santos, sin mencionar al diplomático, respondió que los fallos de la justicia no deben ser puestos en tela de juicio ni por autoridades nacionales y mucho menos extranjeras. ¿Suficiente respuesta? A mi entender, la reacción del Gobierno debió ser mucho más formal y con nota oficial de la Cancillería a la que, dicho sea de paso, el funcionario ignoró puesto que envió su comunicación directamente a la Corte Suprema, con copia al presidente, a todas las autoridades judiciales, al consejero de Paz y a su asesora, y no a María Ángela Holguín, la ministra de Relaciones Exteriores. Qué indelicadeza. 

Pero más allá de esta intromisión lo grave de su carta a la corte es el desmedido cuestionamiento que hace al Acuerdo Final suscrito entre el Gobierno y las Farc, tras expresar su desacato por una decisión judicial, al amparo de la JEP, que favoreció, recientemente, a un guerrillero de las Farc sindicado, en su país, de haber secuestrado a un ciudadano estadounidense. Asegura, el embajador, que “la decisión de la corte es inconsistente con las metas del Proceso de Paz y por ello pudiese debilitar la credibilidad de los procedimientos judiciales especiales asociados con dicho acuerdo”. Pero, como si fuera poco, el diplomático, intimidante, advierte que esta decisión, repito, soberana de la corte, “desarrolla un gran riesgo de crear un precedente preocupante y peligroso para la justicia bilateral”.

Por Elías Pino Iturrieta.- En los tiempos recientes, la sociedad venezolana ha querido rastrear su historia con especial interés. Mira con ahínco hacia el pasado, como si la memoria la pudiera sacar de los embrollos de la actualidad. Jamás habíamos manejado antes la vida con la mirada puesta cada vez más en el espejo retrovisor, se pudiera afirmar. Pero, ¿tiene sentido semejante empeño?, ¿conduce a desenlaces prácticos? Las preguntas tienen respuestas variadas, aunque seguramente predomine aquella de acuerdo con la cual, como la historia jamás se repite, es poco lo que puede enseñar sobre los hechos de la posteridad.

Es lo que sostiene sin vacilación la historiografía contemporánea. Pero un historiador luminoso, Nicolás Maquiavelo, le concedía gran utilidad para el remiendo de los embrollos de cada presente. Veamos ahora un poco su punto de vista, para que no perdamos la afición nacional por los asuntos de antaño y aún para que no dejemos de pensar que pueden servir de salvavidas.

Como se sabe, Maquiavelo fue un agente político de especial trascendencia, si lo definimos con palabras de nuestros días. Fue figura esencial en el arreglo de los sucesos relacionados con el poder en la Florencia de su tiempo, entre 1494 y 1527. Como Secretario de la Señoría y debido a sus  contactos con los poderosos de la ciudad, fue portavoz de los intereses de una vacilante república  en la mayoría de los negocios que se ventilaban en las cortes de la península itálica y del extranjero, en conciliábulos estelares y en los campos de batalla.

Su interés era el presente, en consecuencia. De los sucesos que discurrían en el entorno no solo dependía su salario de burócrata, sino también su reputación y su vida. Su oficio era descifrar una endemoniada rutina y cobrar por ello. Como no pertenecía a la nobleza, ni tenía dinero, dependía de sugerir soluciones sobre los agobios de su actualidad.

Unos agobios descomunales, si juzgamos por los personajes con los que lidió: figuras capaces de trascender el tiempo y los confines geográficos para convertirse después en referencias universales. Tales los casos de Savonarola, un fraile fanático; de los poderosos Médicis, del sanguinario César Borgia y del papa Julio II, quien más congeniaba con las soldadescas que con la vaticana piedad. La obligación de tratar con unos individuos como ellos no admitía descuidos, ni salidas eruditas que podían parecer anacrónicas.

En su papel de interlocutor, o de testigo privilegiado, debía llegar a análisis capaces de servir a los patrones florentinos que esperaban sus luces. Si se agrega el hecho de que debía proponer salidas sobre las discusiones de los grandes en palacio, sobre la formación de milicias, sobre la ropa de moda o sobre cómo aumentar los impuestos sin provocar demasiada roncha, estamos ante un predicamento en el cual la actualidad tenía dedicación exclusiva.

Pero el Secretario se aficionó a los libros de historia desde su juventud, cuando el padre lo puso a leer a Tito Livio. De las páginas de la Historia de Roma saltó a los escritos de Tucídides sobre las guerras griegas, a la vida de los personajes ejemplares descrita por Plutarco y a la crónica de villanos descomunales redactada por Tácito. Esas obras, que en ocasiones citaba de memoria, se convirtieron en compañía reiterada y lograron que fuera uno de los historiadores más célebres de su época, autor de investigaciones como los Discursos sobre la primera década de Tito Livio o la Historia de Florencia, estimadas como joyas de la historiografía renacentista.

Veamos la razón del interés: buscaba ejemplos en la antigüedad, para que sirvieran como analogías a la hora de hacer su trabajo de agente político. Consideraba que de la obra de los personajes antiguos manaban comparaciones provechosas para el entendimiento de las turbulencias de su tiempo, circunstancias y pormenores que servían para su rol de consejero y de remendador de entuertos. El enigma de los hombres de su época, escribió Maquiavelo, se podía descifrar y hasta pronosticar gracias al conocimiento de la conducta de los protagonistas del pasado. ¿Por qué? Porque los circunstancias varían, pero los hombres no.

Maquiavelo consideraba que, mientras el teatro en el que actúan los hombres se renueva a través del tiempo, los actores siempre se manejan como sus antecesores, movidos por las mismas virtudes y por los mismos vicios, por temores y entusiasmos que se machacan fatalmente mientras rueda el almanaque. Solo la influencia de la suerte puede deparar sorpresas, agregaba, debido a que la buena y la mala fortuna, es decir, resortes que no dependen de la voluntad de los seres humanos, pueden modificar el rumbo de las cosas. Si no fuera por un elemento así de fortuito, la historia casi podía ser cartilla infalible para pasar con lucidez las pruebas del futuro.

Tal vez los venezolanos de nuestros días sientan como el Secretario cuando enfrentan su rompecabezas. Quizá encuentren sentido práctico a lo que respondemos los historiadores cuando nos preguntan sobre las salidas de un país atormentado, es decir, sobre problemas para cuya solución carecemos de respuestas serias. ¿Acaso los venezolanos de ogaño no son iguales a los de antaño? ¿Acaso se equivoca un pensador tan certero como Maquiavelo? Antes de aventurar una contestación fulminante debe saberse que, cuando debía enfrentar desafíos que le parecían arduos, el autor de El príncipe consultaba a los astrólogos.

Por Juan Manuel Galán.-Si tuviéramos que resumir la guerra de los últimos 52 años en Colombia, en una palabra, yo escogería “pretexto”, para mantener el statu quo y no hacer las reformas que el país necesita para superar la desigualdad. 

Colombia después de Haití es el país más desigual del continente y aun así, no nos hemos propuesto como nación cumplir la deuda histórica que tenemos con quienes nunca logran una oportunidad. 

Me refiero especialmente a la Colombia rural y a la clase media empresarial donde está la mayoría de los colombianos, la que no puede pagar lobby en el Congreso y en el Gobierno para preservar su exención tributaria. El proceso de paz nos da la gran oportunidad de superar ese “pretexto histórico” que ha sido la guerra para superar un estado de cosas injusto e inequitativo. 

Sin embargo, la extrema derecha opositora y la izquierda dogmática, han querido enfrascar al país en un falso dilema, anti-democrático y que pretenden una constituyente. Por un lado, el Centro Democrático y el expresidente nos dice que los acuerdos de paz no sirven para nada y que los harán “trizas”. En el otro extremo están quienes dicen que nos quedemos en los estrictos acuerdos, mirando a las Farc y a 8 mil guerrilleros para cumplirles. 

Existe un camino distinto, una tercera vía que no desecha los acuerdos, se compromete a cumplirlos pero en beneficio de todos los colombianos, especialmente de los más pobres y de quienes nunca tienen oportunidades. Empecemos por cumplirle a 8 millones de víctimas que hace décadas esperan verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición en sus territorios. 

La tercera vía que propongo, le exige a las Farc que declaren los bienes y las tierras que despojaron y que aún no han devuelto. ¿Dónde está el dinero en efectivo enterrado fruto del narcotráfico y el crimen? ¿Acaso lo guardan para hacer política en lugar de reparar a sus víctimas? El acceso a los beneficios de la Justicia Especial para la Paz debe estar condicionado a esa declaración individual y colectiva de bienes.

Amylkar D. Acosta M.- El Acuerdo de París fue suscrito en diciembre de 2015 por 195 jefes de Estado, solo Nicaragua y Siria se sustrajeron del mismo, el primero por considerar que el Acuerdo a su juicio no era satisfactorio y el segundo por estar enzarzado en una guerra civil y su propósito es conjurar el peligro en ciernes de que el aumento de la temperatura global supere los dos grados centígrados con respecto a la Era preindustrial, cuando ya el termómetro marca un incremento de 1.1 grados. Ello delata los desvaríos del Presidente Trump al darle el portazo al resto del mundo exterior, pero el tiro le puede salir por la culata.

Trump fue enfático al anunciar el retiro de los EEUU de dicho Acuerdo en que "es hora de poner a Youngstown, Detroit y Pittsburgh por delante de París", siendo los EEUU el segundo mayor responsable, después de China, de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), causantes del calentamiento global y, de lejos, el mayor contaminador per cápita del mundo, con 19.8 toneladas métricas de CO2, mientras un chino incurre en 8.6, un hindú 2.2 y un colombiano 3.3 (¡!). Después que a través de un trino en el 2012 puso a circular la especie de que “el concepto de calentamiento global fue creado por y para los chinos para hacer no competitiva a la manufactura de EEUU”, el Presidente Trump se ha convertido en rehén de sus propias palabras, las que contrarían el concepto autorizado de los científicos.

La diferencia entre las post verdades, como esta, que están ahora en boga y el conocimiento científico estriba en que no requieren demostración, son axiomáticas. Pero, no puede desconocerse que desde 1988 se creó el Panel Intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, más conocido con el acrónimo en inglés IPCC, acogido en su seno posteriormente por Naciones Unidas, el cual está integrado por centenares de científicos y expertos de todo el mundo, de todas las lenguas, razas, posturas ideológicas y credos religiosos. El objetivo fundamental de este Panel de expertos es observar, monitorear, investigar y hacerle seguimiento constante al cambio climático y producir informes periódicos, que son cada vez más alarmantes y dramáticos, los cuales le son reportados a La Convención de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (UNFCCC por sus siglas en inglés), el más reciente de ellos fue el sexto informe en 2016.

Y por consenso este Panel de expertos ha llegado a dos conclusiones básicas, debidamente soportadas en sus rigurosas investigaciones: la primera, que existe una gran correlación entre la concentración de CO2, uno de los principales gases de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera y la temperatura global; segundo, las mayores emisiones de CO2, que se van acumulando en la atmósfera, son atribuibles a la actividad humana, su origen es antropogénico. Trump justifica sus dislates escudándose en que no tiene tiempo “de ser políticamente correcto”, pero bien dijo Antonio Machado que "es propio de aquellas mentes estrechas, embestir contra todo aquello que no les cabe en la cabeza".

Para Trump, el Acuerdo de París no pasa de ser un Pacto "debilitante, desventajoso e injusto" y "un castigo para EEUU" que no les permite "utilizar todos nuestros recursos energéticos" haciendo referencia a los energéticos de origen fósil (carbón, petróleo y gas), los mayores contaminantes, que tiene en el nuevo Director de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) a quién es considerado como el caballo de Troya de la industria con chimenea, Scott Pruitt. Este se atrevió a afirmar, sin rodeos, que ¨el Presidente ha tomado una decisión muy valiente” y frente a la reacción que provocó esta decisión dentro y fuera de los EEUU espetó: “no hay razón para que pidamos disculpas como país…El mundo aplaudió cuando adherimos al Acuerdo…porque sabían que pondría a nuestro país en desventaja”.

No obstante, las declaraciones del Secretario de Estado Rex Tillerson, pone al desnudo las grietas en el equipo de Trump, pues, según expresó “no pienso que vamos a cambiar nuestros esfuerzos para reducir esas emisiones en el futuro y así espero que todos puedan mantener la perspectiva”. Será este un caso de polaridad manifiesta?

Bogotá, junio 10 de 2017

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Por Juan Fernando Londoño.- Las consultas populares son la más evidente expresión de la pérdida de legitimidad social del sector extractivo en el país. Pero no son la única expresión, también los bloqueos y las vías de hecho han aumentado en forma significativa. El problema no se soluciona pues acabando con las consultas porque eso es intentar buscar la fiebre en las sábanas y porque en la Colombia del pos conflicto resulta inaceptable política y moralmente pretender restringir los derechos políticos de los ciudadanos.

El reto para el país consiste en comprender porque llegamos a una situación de este tipo y tratar de construir una agenda positiva para superarlo. Lo bueno de lo que ha sucedido es que nos debe obligar a todos a pensar sobre nuestra relación con las industrias mineras y petroleras.

Para ello, la primera pregunta que tenemos que hacernos es si queremos tener un sector extractivo y cuál es el papel que le adjudicamos en nuestro desarrollo. Creo que son muy pocos los que defienden la idea de que Colombia debe renunciar a la actividad extractiva y sus recursos. De otra parte, también deben ser pocos los que defiendan la idea de que no deben existir limitaciones y controles e incluso la imposibilidad de desarrollar ciertos proyectos por razones ambientales o sociales. Ya tenemos un consenso sobre los páramos, por ejemplo, ¿no? 

Entonces, si como sociedad queremos que exista la industria extractiva, ¿por qué la animadversión reciente? Una cadena de errores y malas políticas nos han llevado al momento actual donde, similar a lo sucedido con la paz, lo que nos conviene a todos afecta a algunos de un modo distinto.

Por José Gregorio Hernández.-Lo acontecido la semana pasado en el Senado, que eligió bajo presión y amenaza a una nueva magistrada de la Corte Constitucional, la doctora Diana Fajardo, demuestra -no por  la elegida, de cuyos méritos no dudamos-  sino por el comportamiento de algunos de sus electores y del Gobierno,  que las frecuentes manifestaciones públicas hechas por dignatarios y funcionarios sobre apego a la legalidad y a los principios democráticos no siempre son sinceras. Por el contrario,  la baja política suele proclamar a voz en cuello su respeto a las instituciones, pero en realidad  busca someter las normas  -aun las de la Constitución-  y las decisiones judiciales a sus coyunturales intereses.

Es decir,  exactamente lo opuesto al deber ser de un esquema político que funda la acción estatal y los procesos de toma de decisiones en el sometimiento del poder a unas reglas jurídicas esenciales. Eso es lo propio del Estado de Derecho. En él,  como corresponde a una democracia, el poder público no está concentrado; sus ramas  son independientes; cada órgano cumple una función, sujeto a la normatividad que fija roles y  establece competencias. En últimas, impera el Derecho sobre la arbitrariedad y el querer  de quienes transitoriamente ejercen el poder estatal.

No en vano hemos optado por la democracia. Ello  tiene sus consecuencias. Si  decae o se pierde por completo el respeto a la Constitución -base de la pirámide jurídica, norma fundamental  y muro de contención contra el abuso y la arbitrariedad- , y si por encima de ella prevalecen intereses de corto plazo y conveniencias de la pequeña política,  la democracia fracasa.

En ese orden de ideas, los actos electorales no escapan a las directrices trazadas por la Constitución y las leyes. El hecho de que el Senado deba elegir, de ternas enviadas por otros organismos, a quienes hayan de desempeñar el cargo de Magistrado de la Corte Constitucional  implica, por supuesto,  una facultad pero también estamos ante una función, que en cuanto tal está sujeta a ciertas reglas. Una de ellas, como es lógico, la que garantiza la autonomía de voto de cada senador -quienes, al ejercer su derecho y cumplir su función, no deben ser manipulados por nadie-, y la que asegura que  todos los ternados estarán en pie de igualdad.

Todo ello se quebró en el caso de la elección que comentamos, no solamente por la coacción de la que fueron objeto los congresistas, al ser señalados como culpables de una posible ruptura en materia de paz si votaban por un candidato diferente, sino por la evidente falta de respeto a los otros dos  integrantes de la terna, y en especial  por la indebida  injerencia del  Presidente de la República, quien al parecer presionó a los senadores en idéntico sentido.

La elección de un magistrado,  en especial si lo es del  tribunal encargado precisamente de salvaguardar el imperio de la Constitución,  no puede tener lugar  bajo coacción,  ni como consecuencia de un mandato del Ejecutivo. 

En este caso, no se respetaron los principios, y la elegida tiene el reto de demostrar que ejercerá su cargo de manera independiente.

Por Frank Molano Camargo.- Plata si hay pero no llega a las escuelas. Se queda entre la nómina paralela del Men, la corrupción neoliberal educativa y la transferencia de recursos públicos a bolsillos privados. Por eso Santos y su Ministra de Educación no están dispuestos a dejar tan fácilmente la mermelada que entregan a sus socios. Aquí algunas pistas.

Primero: Nomina paralela de contrastistas del MEN. Esta ha crecido alarmantemente en los últimos años. Un ejército de profesionales con ingresos superiores a los $6.800.000 mensuales, jovencit@s neoliberales sin experiencia educativa, tecnocratas funcionales que permite la Resolución 0126 de 2016. Ver Informe de Procuraduría en este link: http://www.universidad.edu.co/images/cmlopera/descargables/pgn_men.pdf

 Segundo: Contratos con corruptos, por ejemplo Odebrecht Junio de 2016, el Men adjudicó al Grupo Graña y Montero (socio de Odebrecht y también dedicada al extractivismo aurífero) un contrato por US$ 135 millones de dólares para la ejecución del proyecto “Grupo N°2: Eje Cafetero y Pacífico del Contrato Marco de Diseño, Estudios Técnicos y Obra que ejecute los proyectos de infraestructura educativa en Colombia”. Su alcance es la construcción de aproximadamente 3 mil aulas de colegios distribuidos en 14 ciudades y ubicados en 4 departamentos del sur occidente colombiano. Ver: http://alianzaestrategica.info/?p=9080

 Tercero: el negocio de la alimentación escolar. Como parte del proceso de privatización de la educación, la entrega de contratos de alimentación escolar se ha convertido en un negocio rentable en el que pierden los niños y niñas. Ver: http://www.semana.com/educacion/articulo/corrupcion-en-el-programa-de-alimentacion-escolar-del-ministerio-de-educacion/468169

Cuarto: 5 billones robados por los negociantes de la salud del magisterio El sistema de salud manejado por las uniones temporales con que contrata la Feduprevisora, es también un negocio altamente rentable. Atender maestros y maestras es una modalidad de bajo costo, cualquier edificio sirve para improvisar consultorios. La salud no llega, la plata se pierde. Ver: http://www.semana.com/educacion/articulo/corrupcion-en-el-programa-de-alimentacion-escolar-del-ministerio-de-educacion/468169

Quinto: la transferencia de recursos públicos al sector privado mediante la modalidad de Alianzas Público Privadas. La distorción ideológica de que la educación es pública ya sea prestada por entidades estatales o empresas privadas ha servido para ocultar el proceso de privatización. Las escuelas en concesión, el giro a ONGs para que cubran servicios educativos, a empresas privadas para procesos de capacitación docente, entre otras modalidades, van en detrimento de la inversión y el patrimonio público. 

Ver: http://elpais.com/elpais/2017/05/31/contrapuntos/1496241832_077401.