Opinión
Por José G Hernández.-Ya desde hace un tiempo, en diversos documentos, artículos y conferencias, quien esto escribe ha mostrado preocupación -compartida por académicos y juristas- por el creciente fenómeno de pérdida de poder o de vigor efectivo del Derecho en el seno de la sociedad colombiana. Ese fenómeno se ha venido acentuando en los últimos años, en especial por el auge de la corrupción en algunos sectores de la administración de justicia, por la interferencia política en los procesos de selección de los altos funcionarios judiciales y de las cabezas de los organismos de control, además de la manera como el Gobierno y el Congreso han querido plasmar -en normas votadas a la carrera y sin discusión- los compromisos estatales y las consecuencias jurídicas de los acuerdos de paz, su implementación y desarrollo.
Es como si el Derecho -de suyo relativo, por su misma naturaleza, pero no al nivel de desdibujarse y convertirse en plastilina- hubiera llegado a la relativización absoluta, es decir, a desparecer como sistema establecido, desde las épocas más remotas, con el objeto de ordenar la vida en sociedad, de realizar la justicia, de encuadrar y delimitar -mediante principios y reglas- el ejercicio del poder, evitando o sancionando los abusos, y amparando la libertad y los derechos, para -en cambio- convertirse en cúmulo de normas sin sentido propio y sin coherencia interna, siempre sujeto a las interpretaciones ingeniosas y a los argumentos sofísticos, cuando no a la malintencionada desfiguración y alteración de sus contenidos esenciales con la finalidad de satisfacer apetitos políticos o intereses particulares y de grupo.
La crisis del Derecho llegó a su máximo punto cuando la voluntad del pueblo -expresada en las urnas, en un plebiscito- fue desacatada con artificiales pretextos -infortunadamente aceptados por la Corte Constitucional- para que un órgano constituido -el Congreso-, sin autorización ni facultad alguna otorgada por el Constituyente, confundiera su función de control político -que, desde luego, podía y debía cumplir- con la potestad de refrendación popular que, como su nombre lo indica, reside exclusivamente en el pueblo. En él reside, según el artículo 3 de la Constitución, la soberanía, de la cual emanan los poderes públicos. El pueblo la ejerce directamente o por medio de sus representantes, pero la Constitución afirma que, en este último caso, ese ejercicio únicamente tendrá lugar en los términos que la Constitución establece. El Congreso no gozaba de atribuciones constitucionales para sustituir al pueblo en su potestad de refrendar el Acuerdo de Paz.
El pueblo -el 2 de octubre de 2016- ya se había pronunciado, en sentido negativo, frente al primer Acuerdo de Paz -Cartagena, 26 de septiembre de 2016-, y, si las cosas en Derecho se deshacen como se hacen, el segundo Acuerdo -Bogotá, 24 de noviembre de 2016-, que según el Gobierno se ajustaba al veredicto popular del 2 de octubre, ha debido ser sometido también a la votación popular en plebiscito.
Pero, aparte de esa flagrante desobediencia al pueblo, que por tanto desconoce la democracia y el Derecho, lo cierto es que las fórmulas de ingenio para burlar la Constitución -la base de nuestro orden jurídico- han sido muchas. Las seguiremos comentando en esta columna.
Por Jaime Enrique Durán Barrera.- A propósito de la decisión del Presidente de la República, Juan Manuel Santos, de objetar la Ley que reduce los aportes de los Pensionados a la Salud, un derecho fundamental de todo ciudadano, de un 12% al 4 %, merece realizar algunas consideraciones como senador de la República.
Lo primero que tenemos que estimar es que un pensionado es un adulto mayor, un ciudadano con necesidades especiales y propias. En otras palabras, personas que requieren sistemas de pensiones de amplia cobertura, aceptables y accesibles servicios de salud y entornos sociales favorables. Sin eso un adulto mayor está a su suerte.
Los organismos internacionales como las Naciones Unidas han afirmado muy acertadamente que las personas de tercera y cuarta edad son una población que, aparte de crecer, especialmente en los países en desarrollo, son uno de los sectores más vulnerables de la sociedad.
Este sector social, hoy en día, protestando activamente en Colombia, por sus derechos y necesidades impostergables, está a punto de convertirse en uno de los grupos humanos que pueden generar las transformaciones sociales más significativas del siglo XXI, con consecuencias para casi todos los sectores de la sociedad, como el mercado laboral y financiero y la demanda de bienes y servicios (viviendas, transportes, protección social...), así como para la estructura familiar y los lazos intergeneracionales.
Situaciones que están cercanas a suceder en Colombia y requieren de mejores condiciones para su sostenimiento económico y el tratamiento de su estado social y de salud.
El impacto de los costos de los sistemas de salud para los pensionados ubica a este ciudadano y a su familia en indefensión, debilita su acceso a la atención médica y supone una decisión terrible entre comer y comprar medicamentos y tratamientos asistenciales. Esta realidad es escalofriante. Sobrevivir para un pensionado, es un acto de malabarismo.
La deuda histórica con el sector de los pensionados y adultos mayores nos pone a todos los colombianos en tela de juicio, en cuanto a nuestra responsabilidad de atender las demandas de los sectores más vulnerables, más aún cuando ha sido promesa de campaña electoral.
No podrá haber una paz verdadera si las desigualdades y la exclusión continúan existiendo. No procesar esta demanda de los pensionados es crear condiciones que afectan la gobernabilidad democrática.
Invito al pueblo de Colombia a acompañar a los pensionados y a mis colegas en el Congreso para ratificar el apoyo a esta imperiosa iniciativa legislativa que busca dignificar la condición de vida de los colombianos mayores.
Por Rodrigo Villalba Mosquera.- En 2001, como Ministro de Agricultura, recibí de la Organización Internacional de Epizootias (OIE), en París, la certificación de área libre de aftosa con vacunación del Caribe colombiano y Antioquia, siendo el reconocimiento a un trabajo juicioso realizado entre el gremio ganadero y el gobierno de la época, logrando más tarde la certificación plena como país libre de la enfermedad. Este logro le permitió al sector ganadero colombiano unas posibilidades enormes de reactivación interna para proveer mercados exigentes en el contexto internacional. En esta dirección la OIE adelantó un trabajo de concientización en la región, consiguiendo que todos los países de América Latina, con excepción de Venezuela, se certificaran como naciones libres de aftosa, lo que significaba la apertura de mercados con Norteamérica, Europa y Asia (carne, leche y derivados).
Desde esa época nuestro país se había caracterizado por mantener una responsable tarea, realizando dos ciclos de vacunación al año, financiada con recursos de la parafiscalidad ganadera. Sin embargo, hoy la situación es bien distinta y los brotes de aftosa han hecho su agosto en Arauca, Cundinamarca, Magdalena Medio y Norte de Santander, dando al traste con la política de sanidad animal y convirtiéndose en una amenaza real para la economía sectorial. Es una vergüenza lo que está sucediendo.
Fedegán culpa al gobierno y Minagricultura responsabiliza de la enfermedad al contrabando de Venezuela. Otros sindican al ICA o a las autoridades sanitarias por falta de control. Que los responsables de la crisis se determinen, pero lo claro es que estamos frente a una peste, a un virus muy contagioso que se transporta por el aire, la ropa, los zapatos, el pelo de la gente y en las llantas de los camiones, como se ve, es de fácil propagación y sus efectos para la economía son terribles.
Los brotes de aftosa y la amenaza de su propagación en el territorio patrio, tienen a todo el mundo con los pelos de punta y no vemos una reacción efectiva de las autoridades sectoriales para atender la emergencia y enfrentar la crisis. Lo único cierto es que se ha interrumpiendo el comercio (exportación de carne, leche y derivados) a países como Perú, Ecuador, Panamá, Chile, México, Curazao, Rusia, Turquía y Jordania. Si a esto le sumamos la situación de Venezuela, país con el que compartimos 2.219 kilómetros de frontera, y con quien no podemos coordinar ninguna acción conjunta porque esa nación está convertida en un “relajo”, es fácil deducir que estamos frente a un problema de marca mayor.
Las pérdidas son millonarias para los ganaderos, quienes no solo han dejado de exportar sino que ya están viendo cómo se reduce el consumo interno de carne. La aftosa solo afecta al ganado bobino, caprino, porcino y bufalino y en nada la salud del ser humano, algo que no muchos entienden.
Es imperativo un plan integral para enfrentar la crisis. No más disculpas.
Por Jorge Gómez Pinilla.- Tomado de El Espectador.-En columna de hace cuatro años preguntaba, con cierta timidez no exenta de temor: ¿Es Uribe un peligro para la sociedad? (Ver columna). Hoy no temo afirmarlo, y en tono de denuncia, porque su empeño de hacer invivible la República desde su cuenta de Twitter constituye el mayor peligro para los anhelos de reconciliación que vive Colombia, y responde a lo que María Jimena Duzán diagnosticó el domingo pasado: “el fin del conflicto con las Farc dejó a Uribe sin enemigo”. Es por ello que “ha decidido enfilar su furia contra los medios de comunicación, como lo hizo Donald Trump en la campaña presidencial que lo llevó al poder”. (Ver columna).
Uribe ha escalado el lenguaje de la confrontación, se defiende atacando. Ello obliga a sus críticos a subir el tono, y en río revuelto ganancia de pescadores: la estrategia consiste en encochinar a todo el mundo, para que no se note lo cochinos que están por igual él, sus secuaces y sus vasallos.
Hablando de cochinadas, la última consistió en acusar a Daniel Samper Ospina de ser un “violador de niños”. No se puede acusar al acusador de lo mismo, pero sí es llamativa la estrecha relación que el Centro Democrático sostiene con un verdadero violador de menores, más exactamente con alguien a quien la Corte Suprema de Justicia condenó a 42 meses de prisión por el delito de “acceso carnal violento agravado”.
Se trata de Jorge Luis Henao Arango, a quien el requete-uribista Fernando Londoño presenta en La Hora de la Verdad como vicepresidente del Comité Municipal del Centro Democrático de Buga (ver foto), y según los bugueños es el que maneja los hilos de ese partido. Allá se le ve en fotos con Carlos Holmes Trujillo, con José Obdulio Gaviria o con el mismísimo expresidente Uribe, y cuesta creer que no son amigos si aparece abrazándolo, lo cual indicaría un nivel de amistad o confianza entre ambos, pues una cosa es tomarse una foto a su lado y otra es que Uribe se deje abrazar.
Sea como fuere, resulta inconcebible que antes de ser vinculado al uribismo nadie del Centro Democrático conociera sus antecedentes, que incluyen además de la violación (“en la madrugada del 25 de diciembre de 1989 de la empleada del servicio doméstico Luz Adriana Aristizábal, de 13 años de edad”) una condena a 120 meses de cárcel en Panamá por narcotráfico, según denunció Ramiro Bejarano en columna para El Espectador. (Ver columna).
Pero ténganse de atrás: tan demoledora revelación no hizo siquiera pestañear a Henao, ni a su partido ni a la opinión pública, y esto también demostraría que el hombre está muy bien ‘protegido’. Lo cierto es que mientras su entronque con la alcaldía de Buga se mantuvo intacto, Daniel Samper Ospina fue salvajemente atacado por las hordas de matones virtuales que desató Uribe con su acusación infame, trayendo el amargo recuerdo de Jaime Garzón, asesinado por las balas de quienes pensaban sobre su víctima lo mismo que hoy piensa Uribe sobre el humorista bogotano. A Garzón lo mataron, con Samper Ospina va en su asesinato moral.
Y como al que no quiere caldo se le dan dos tazas, también de Buga llega la noticia de un candidato al Concejo (adivinen por cuál partido… exacto, el Centro Democrático), Ricardo Buitrago Osorio, encarcelado en 2015 por los delitos de acto sexual abusivo y acceso carnal violento con menor de 14 años, violación que según la denunciante ocurrió dentro de una iglesia cristiana al finalizar el ‘culto’. (Ver noticia).
Pero no perdamos la atención sobre el primer violador de menores, Jorge Luis Arango, cuyo caso se ajusta a lo que comenté en columna anterior sobre Yidis Medina: una clara manifestación de la cultura ‘traqueta’ que se impuso desde el gobierno Uribe, consistente en la notoriedad que adquieren ciertos personajes condenados por la justicia, tipo alias Popeye o el mismo Fernando Londoño, más conocido como ‘el Héroe de Invercolsa’.
En consonancia con lo anterior, según Ramiro Bejarano “la estrategia de los mafiosos aliados con políticos no es nueva. Por ejemplo, en Buga el exalcalde John Harold Suárez Vargas y el actual, Julián Latorre, en vez de responder ante la ciudadanía por la corrupción que los agobia, han empoderado a un individuo de precaria reputación” (Jorge Luis Henao), a quien Bejarano muestra como “un ostentoso directivo del Centro Democrático y próspero constructor de una urbanización que ya mis paisanos bugueños, burleteros con el apunte oportuno, la denominan “Villa Coca”.
Lo sorprendente es que la cercanía de Henao se da no solo con lo más granado del uribismo, sino también con el ‘zarrapastroso’ Angelino Garzón (hoy reacomodado en las filas del CD) y con el subdirector de la Policía, general Ricardo Alberto Restrepo, de quien es amigo suyo desde cuando fue comandante de la Policía en el Valle. Bejarano tiene razón cuando afirma que “produce no solo desconcierto, sino miedo, que el comandante de la Policía de un departamento ande con personas que han sido condenadas penalmente”, y por dos delitos de peso mayor: narcotráfico y violación de menores. Desconcertante, sin duda, pues a cualquier oficial de la Policía le basta con introducir la cédula de cualquier persona en una base de datos para conocer en cosa de segundos todo su prontuario…
Lo más desconcertante de todos modos no es eso, sino constatar que mientras no es posible probar que Samper Ospina sea un violador de menores, Álvaro Uribe sí sigue manteniendo relaciones cercanas –e inalteradas- con un verdadero estuprador, a quien además ha ayudado a impulsarle su carrera política y sus negocios. Baste saber que Henao preside el Comité de Ganaderos, es el principal beneficiado en las licitaciones de construcciones de vivienda y tiene a toda su familia, incluidos su esposa y amigos de ella, trabajando en la alcaldía de Buga.
Por cierto, ¿sería acaso por tratarse de una simple muchacha del servicio que la condena al violador fue de solo 42 meses? Y sin cambiar de tema: ¿será posible que el Centro Democrático asuma ahí su responsabilidad política? Mejor dicho: ¿el país le permitirá a Uribe pasar de agache frente a tan delicado tema…?
DE REMATE: Daniel Samper Ospina y Antonio Caballero han dicho que no le tienen miedo al expresidente Uribe, pero no nos digamos mentiras: el complique está en el día que nos crucemos con alguien que quiera hacerle el favor a su patrón de sacarlo a uno del camino.
Por Jairo Gómez.-¿Qué vamos a hacer el día que sepamos la verdad? ¿Usted lo sabe? Yo no, pero lo quiero saber porque creo que es el camino para volvernos un país mejor, mucho mejor. No es bueno para la sociedad colombiana negociar la paz, y hacer como el avestruz: meter la cabeza bajo tierra, como si nada hubiera ocurrido, como si nada hubiera pasado.
La fotografía de esta nueva etapa preocupa mucho a ciertos grupos sociales que no quieren que se sepa la verdad, consecuencia del acuerdo de paz que se negoció. No se puede seguir esgrimiendo el peregrino argumento de que en Colombia “no existió un conflicto interno, sino un ataque terrorista contra la democracia” para desvirtuar el derecho que tiene cada colombiano de conocer qué sucedió y quiénes apadrinaron durante décadas esta abominable confrontación.
Hay quienes insisten en relegar al pabellón del olvido los violentos hechos que mancillaron la democracia colombiana, considerada la más sólida y antigua de América Latina; democracia en la que hubo, en estos 50 años de guerra, además de los cientos de miles de muertos, más de 60.000 desaparecidos, un número superior a los aniquilados en las dictaduras militares de Argentina y Chile juntas.
Por eso, alienta saber que hay cambios en la forma y la sintonía con que la sociedad colombiana y sobre todo las víctimas quieren asumir esta etapa que busca enterrar el horror; no hay argumento sensato que valga para que no se conozca la verdad.
Lo anterior da pie para saludar con positiva incumbencia el acuerdo a que llegaron tres exjefes de las Autodefensa Unidas de Colombia (AUC) y otros tres miembros del Secretariado de las Farc de comprometerse a contar la verdad de cuanto sucedió en la aterradora confrontación colombiana. Es una catarsis necesaria porque como lo dice el exconstituyente Álvaro Leyva Durán: “El día que los colombianos sepamos toda la verdad de esta guerra, vamos a ser un país mejor”.
Claro, seremos un país mejor por muy duro que resulte develar el evangelio de la guerra. Según se dijo en la cumbre, la cifra que el Centro de Memoria Histórica reveló en su informe ‘Basta Ya‘ de 220.000 muertos producto del conflicto armado, se quedó corta. Se calcula, comentaban, que los muertos producto de la violencia pueden estar cerca del millón. Y no es una cifra fuera de foco si partimos de la inocultable realidad de recordar que muchos cadáveres fueron desmembrados y tirados al río, y de que en muchos casos los cuerpos terminaron en hornos crematorios o enterrados en las agrestes montañas que cobijan al país.
“Nos utilizaron, ahora el país debe saber la verdad”, dijo uno de los contertulios de las AUC tras dejar expuesta la sensación de sentirse traicionado, cuentan algunos testigos de la crucial reunión.
Todo parece indicar que esta es la primera de varias reuniones a realizar en el inmediato futuro y esperan, según lo manifestaron varios de los protagonistas del histórico encuentro, que en las próximas conferencias los exmilitares, implicados en esta atroz violencia, también reciten su versión sobre la guerra. Justamente esa es la intención: contar la verdad sin límites.
@jairotevi
Por Amylkar D. Acosta M.-Como se suele decir a menudo coloquialmente, esta sí es la tapa, por no decir el colmo. De ELECTRICARIBE, empresa esta operadora de red de la región Caribe, se sabía hace rato que venía prestando un pésimo servicio de energía eléctrica a sus 2´565.855 usuarios, caracterizado por las continuas y prolongadas interrupciones, por los recurrentes racionamientos no programados disfrazados de “mantenimiento” a las redes, los altibajos en el voltaje y la consiguiente avería de los electrodomésticos y más recientemente los frecuentes amagos de “limitación de suministro”, esto es racionamientos programados por parte del operador de red, XM, por mora e impago de la energía suministrada por los generadores para ella distribuirla, que estuvo a punto de apagar a la región. Se sabía, además, que ELECTRICARIBE, en los 7 años que lleva bajo el control de Gas Natural Fenosa (GNF) no había hecho las inversiones requeridas, lo cual había llevado a la obsolescencia de redes, transformadores, herrajes e instalaciones, lo cual se ha traducido en la calamidad pública que agobia a sus usuarios, convirtiéndose en la empresa más abominada en la región.
Todo eso se sabía, lo que nadie sospechaba es que ELECTRICARIBE, mientras estuvo en manos de GNF, se quedaba con los subsidios al consumo de energía de la población más vulnerable, que se financian con recursos provenientes del Presupuesto General de la Nación. Sólo ahora, en momentos en los que ELECTRICARIBE, ha estado intervenida con fines de liquidación desde el pasado 15 de noviembre, gracias a la actuación especial por parte de la Contraloría General de la República, se ha podido establecer que “la gestión adelantada por ELECTRICARIBE, respecto a la administración de los recursos FOES es ineficaz, por cuanto no cumplió con el propósito de los recursos y los fines esenciales del Estado al no aplicar la totalidad del beneficio FOES a que tenían derecho usuarios identificados en el cuerpo del informe”.
El calificativo que le da la Contraloría General de “ineficaz” a la administración de los recursos FOES nos parece demasiado eufemístico y veamos por qué. Primero, expliquemos qué es el FOES. El Fondo de Energía Social (FOES) fue creado mediante el artículo 118 de la Ley 812 de 2003, como un Fondo especial del orden nacional, el cual se alimentaba inicialmente del 80% de las llamadas “rentas de congestión” y sus recursos tienen como destinación específica el descuento de hasta $40 por kilovatio-hora, que posteriormente se incremento a $46 del consumo de subsistencia establecido por la UPME de la energía facturada a los usuarios ubicados en las zonas de difícil acceso, áreas rurales de menor desarrollo y en zonas subnormales urbanas. Es de anotar que, por las características peculiares del mercado al cual sirve ELECTRICARIBE, más del 80% de los mismos se asignan a través de esta empresa. Huelga decir, que los recursos del FOES son públicos y con ellos se pagan por parte de la Nación los subsidios a las personas de menores ingresos, para que estas “puedan pagar las tarifas de los servicios públicos domiciliarios”, en este caso el de la energía eléctrica, tal como lo dispone el artículo 368 de la Constitución Política.
El Ministerio de Hacienda le gira al Operador, en este caso a ELECTRICARIBE, para que esta le traslade y le aplique el beneficio a los usuarios que son objeto del mismo y el valor del subsidio se debe reflejar en la factura del usuario a manera de un descuento, “como un menor valor a pagar” por parte del mismo. Y aquí fue donde saltó la liebre. Se quedó corta la Contraloría cuando al término de su auditoría termina calificando de “incorrecta aplicación del subsidio FOES”, pues lo que realmente sucedió, dicho en buen romance, fue que de los $46 sólo se le abonaron a los usuarios $0.46 (¡!), o sea, que se quedaron con el 99% del monto de los subsidios que le giró el Ministerio de Hacienda, que ascienden, aproximadamente a la suma de $4.000 millones/mes.
Después del análisis efectuado por parte de la Contraloría General, esta arrojó como resultado un “hallazgo administrativo con alcance fiscal por valor de $78.517,59 millones para las vigencias 2015 y 2016”. Y como esta práctica tan detestable como descarada por parte de ELECTRICARIBE, de quitarle a los más pobres de los pobres “para enjugar parte de sus pérdidas” era consuetudinaria, desde 2012 según la Superintendencia de Servicios Públicos, está por establecerse cuánto se embolsillaron en los años anteriores a estos.
Esto es escandaloso y no deja de ser irónico que los señores de GNF, que llevaron al Estado colombiano hasta un Tribunal de Arbitramento Internacional para dirimir la controversia que planteó, alegando que se les está expropiando, cuando en realidad son ellos los que se han venido apropiando de recursos que no son suyos, los cuales tendrán que reintegrar y de paso tendrán que resarcir a sus resignados usuarios, que fueron esquilmados por ella. Increíble, pero cierto, ha terminado el Estado subsidiando a GNF, porque los recursos del FOES han ido a parar a sus faltriquera, en lugar de aliviar el costo de la factura a sus usuarios de más bajos ingresos, como lo manda la Constitución y la Ley. Su avilantez no conoce limites!
Bogotá, julio 21 de 2017
www.amylkaracosta.net
Por Felicia Saturno Hartt.- El 2018 es un año clave para muchos países de América Latina, en un contexto signado por la corrupción, la tendencias autoritarias y una creciente desigualdad y exclusión.
Las diferentes crisis financieras han generado una realidad oculta. Puede crecer el PIB, las cifras de consumo e incluso industrias tan exigentes como el turismo, pero existen unas cifras disimuladas en los documentos que hablan de recuperación.
La pobreza, la desigualdad y la exclusión caminan por la calle, van al mercado, alejan a los niños y adolescentes de los centros educativos y al pensionado de la atención pagada a los sistemas de salud, entre otras muchas evidencias.
La realidad de la pobreza y de sus generadoras, la desigualdad y la exclusión, es visible, porque ya no son pobres solo los de escasos recursos, sino aquellos que han visto menguado sus ingresos por la crisis financiera, los que han perdido sus empleos y aquellos (o todos) los que sus entradas económicas no pueden equipararse a las reformas tributarias.
Para muchos políticos de oficio o de beneficio, el tema de la pobreza es complicado. Indudablemente lo es. Sobre todo porque la gente ya no cree en el voto. Las continuas imágenes del peculado, la corrupción, el tráfico de influencias y las decisiones políticas tomadas o no, hacen más escéptico al elector promedio.
La pobreza es, definitivamente, en la Agenda Política de América Latina, un desafío en la defensa de los DD.HH. Es una cuestión de estado, el académico y exacto término político de O´Donnell, quieran o no, porque ya no es maquillable, ya no es ocultable y mucho menos aprovechable en términos estadísticos.
La pobreza tiene mil caras y los políticos que quieran asumir cargos dirigentes, directivos y de representación tienen, por ética y por estrategia, no sólo que contratar a los que les pulen la imagen, sino aquellos profesionales que afinen sus propuestas a la realidad de los espacios humanos donde les toca vivir y gobernar.
Tan auditable como un programa financiero, es un programa de inclusión social, o educativo o de pensiones. Queda ir más allá de la oferta imposible al abordaje de la realidad cotidiana de la gente.
Por: José Gregorio Hernández.- En Colombia y en otros países se corrompió la sal, y la sociedad se pregunta el porqué del auge de este cáncer, que en los últimos años se ha extendido de manera alarmante y que golpea fuertemente no solo a las ramas y órganos del poder público en todos los niveles sino al sector privado.
Es urgente que se adelanten al respecto, y con toda seriedad y sinceridad, los debates a que haya lugar, y poner en práctica mecanismos efectivos que permitan, en el más corto plazo sanear las costumbres, reparar los muchos daños ya causados y sobre todo, prevenir. Un examen de conciencia colectivo, en busca de razones, causas y correctivos, en los diferentes ámbitos de la vida social.
Erradicar las distintas modalidades de corrupción y castigar con rigor a los corruptos, son hoy imperativos ineludibles, en especial para gobiernos, jueces, fiscales y órganos de control, para no seguirnos moviendo indefinidamente en un mar de suciedad y delincuencia.
La corrupción no es nueva -al punto de haber derribado imperios-, aunque renovadas modalidades de ella han surgido y se han desarrollado en la vida moderna, y por paradoja, al amparo o por mal diseño de los controles legislativos y judiciales, o por indebido aprovechamiento de los sistemas jurídicos que proclaman y propician la efectividad de derechos y libertades.
No es extraño que ordenamientos legales que buscan supervisar el cumplimiento de normas vigentes, por ejemplo en materia de tributos en los mismos procedimientos que buscan esclarecer los hechos en casos de delitos o contravenciones, se presten -infortunadamente- para lo contrario, y estimulen las prácticas corruptas. Acabamos de ver, en Colombia, cómo funcionarios designados en cargos con gran poder, justamente para perseguir y sancionar la corrupción, han caído -y de qué manera- en ella, aprovechando y pervirtiendo esos mismos poderes que les fueron otorgados.
Disposiciones establecidas en las reformas tributarias de marcada orientación fiscalista y sancionatoria, que desesperan a los contribuyentes y dotan de amplias facultades y gran credibilidad a visitadores, inspectores y contralores, multiplican las causas de corrupción porque abren o incrementan las posibilidades de extorsión, concusión, cohecho, coimas y compra de conciencias.
Lo propio ocurre con la permanente creación de nuevos delitos o infracciones penales y disciplinarias. Y ello porque, cometidas las faltas y para evitar la cárcel o la sanción, muchos prefieren comprar a funcionarios y empleados (desde luego, de aquellos que se dejan comprar) que enfrentar los procesos con argumentos jurídicos, alegatos y pruebas. Unos y otros -los que compran y los que venden la conciencia y manipulan las normas- son corruptos.
El espacio de esta columna no nos permite explayarnos en otras muchas causas, entre ellas la palpable y progresiva pérdida de valores, principios y auto control; la búsqueda del dinero fácil; el fatal “efecto demostración”; la obsesión por el lujo; el desbarajuste de la moral pública; la contemporización con corruptos y delincuentes dentro del erróneo concepto del “todo vale” con tal de alcanzar los fines buscados.
Por: Jorge Enrique Robledo / @JERobledo.- El martes iré a la Corte Suprema de Justicia a decir que no tengo nada que conciliar con el Fiscal Néstor Humberto Martínez, quien debe retractarse de su acusación embaucadora e ilegal. Primero, porque he probado mis acusaciones en su contra, incluidos sus contratos con Navelena-Odebrecht y la Ruta del Sol (Odebrecht y Grupo Aval). Tan cogido se encuentra, que él mismo tuvo que declararse impedido con respecto a Gina Parody por el Conpes 3817 de 2014 para la vía Ocaña-Gamarra, hecho que, en la práctica, me da la razón.
Pero su bárbara agresión en mi contra se agrava por otras razones. Con su denuncia penal pretende la desproporción antidemocrática de borrarme del mapa, condenándome a ocho años de cárcel, multa de mil millones de pesos, pérdida de la investidura de congresista y no poder ser candidato a la Presidencia. ¿El gravísimo crimen de este senador? Haber demostrado que Martínez Neira no era el fiscal idóneo para establecer la verdad total sobre la corrupción de Odebrecht en Colombia. Y constituye también un abuso su pretensión de que me juzgue y condene la Corte Suprema de Justicia, la misma que lo eligió Fiscal General y a la que asistirá en la investigación en mi contra el CTI de la Fiscalía, cuerpo bajo las órdenes de Martínez Neira.
Además, y este argumento prueba que al Fiscal Martínez le importan un pepino la legalidad y los criterios democráticos, al agredirme atropella la inviolabilidad de todos los parlamentarios y partidos por sus opiniones, principio en el que reposa la separación de los poderes y la independencia del Legislativo, es decir, la más elemental idea de la democracia que se supone se practica en Colombia, cuya Constitución establece el deber y el derecho de los congresistas a “ejercer control político sobre el gobierno y la administración” (Art. 114) y que “serán inviolables por las opiniones y los votos que emitan en el ejercicio del cargo” (Art. 185).
Dichos derechos fueron confirmados por la Corte Constitucional en su importante Sentencia de Unificación SU 047 de 1999 (http://bit.ly/2tc5iep), que los valora al máximo al decir que “solo por medio de la figura de la inviolabilidad, es posible que se cumpla el mandato constitucional según el cual los senadores y representantes deben actuar ‘consultando el bien común’, y no movidos por el temor a eventuales represalias jurídicas”.
Tan son pilares de lo democrático estos criterios, que se remontan al inicio de la lucha universal contra todos los despotismos, razón por la cual aparecieron en la Declaración de Derechos de 1689: “Que la libertad de palabra y de debates o de actuaciones en el Parlamento no pueda ser impedida o puesta en cuestión ante tribunal alguno, y en ningún lugar que no sea el Parlamento mismo” y en las Constituciones de Estados Unidos (1787) y Francia (1791): “los Senadores y Representantes (…) no podrán ser objeto de inquisición alguna con motivo de discusión alguna o debate en una de las Cámaras o en ningún otro sitio” y “los representantes de la Nación son inviolables; no podrán ser buscados, acusados ni juzgados por lo que hayan dicho, escrito o hecho en el ejercicio de sus funciones de representantes”.
En otro país, esta agresión del Fiscal Martínez contra la democracia, al igual que su papel en el caso Odebrecht y ocultar las razones que lo llevaron a la irresponsabilidad de nombrar a un Fiscal anticorrupción corrupto, lo habrían sacado de su cargo en un instante. Pero en la Colombia aletargada por “los mismos con las mismas” ello no ha ocurrido, como podría no pasar nada tampoco porque el Consejo Electoral y la Fiscalía logren coronar la impunidad por la financiación de Odebrecht a las campañas presidenciales de Santos-Vargas Lleras y Zuluaga-Trujillo.
La impunidad del Fiscal, incluida la justicia espectáculo en la que actúa como acusador y juez, no sería posible sin el respaldo de Juan Manuel Santos y de Álvaro Uribe (Unidad Nacional y Centro Democrático), de su copartidario y candidato Germán Vargas Lleras, del primer banquero de Colombia, de DLA Piper, la mayor trasnacional de abogados del mundo, con José María Aznar entre sus cabezas, y de casi todos los formadores de opinión del país. Nada bueno puede salir, les digo a sus sostenedores, al igual que a los todos los colombianos, de mantener a Néstor Humberto Martínez Neira abusando de tanto poder.
Bogotá, 14 de julio de 2017
Por Amylkar D. Acosta M.-Se anuncia por parte del Gobierno la presentación de un proyecto de Ley para reglamentar las consultas que proliferan en este momento en el país, pero ya es tarde, son 7 municipios en los que a través de consultas populares le han dicho no a la actividad extractiva. Según la Asociación Colombiana de Petróleos (ACP) vienen en camino otras 20 iniciativas de convocatorias de consultas a lo largo y ancho del país para prohibir la actividad petrolera en diferentes municipios del país, que pondrían en riesgo la producción de más de 80.000 barriles/diarios e inversiones que se podrían aproximar a los US $5.000 millones. A estas se vienen a sumar 23 más, tendientes a la prohibición de la actividad minera.
El trámite de dicho proyecto no es de buen pronóstico, toda vez que las sesiones del Congreso de la República en esta última legislatura que se inicia el 20 de julio estará interferida por el debate electoral, que ya arrancó y por lo tanto se impondrá el ausentismo en sus sesiones. Adicionalmente, por esa misma circunstancia, es dudoso que una mayoría de parlamentarios, en pleno proselitismo electoral para reelegirse, vaya a darse la pela aprobando un proyecto que le ponga cortapisas a las consultas populares, ello sería políticamente incorrecto. Y, para rematar, las leyes que regulen lo relativo a la participación ciudadana tienen carácter estatutario y por ello mismo son objeto de control previo constitucional, circunstancia esta que tardaría aún más su entrada en vigencia, en el evento de ser aprobada. Y mientras tanto a la seguidilla de consultas populares en curso se han venido a sumar los acuerdos municipales a través de los cuales también se ha venido vetando la actividad extractiva, como ya ocurrió en los municipios antioqueños de Támesis y Jericó.
La otra observación a la bien intencionada iniciativa del Gobierno Nacional es que, si en gracia de discusión llegara a aprobarse dicho proyecto, servirá de muy poco pues esta racha de consultas anunciadas y otras por anunciarse se habrán realizado y estaríamos ya ante hechos cumplidos. Y, como si lo anterior fuera poco, resulta que ahora los concejos municipales han dado en la flor de aprobar mediante acuerdos municipales la prohibición de la actividad extractiva en sus jurisdicciones, de tal modo que cuando se reglamenten las consultas, si es que se reglamentan, el problema ya es otro, la seguidilla de acuerdos municipales en tal sentido, hasta ahora imparables.
Llama poderosamente la atención el hecho de que quienes promueven tanto las consultas populares como los acuerdos municipales proscribiendo la actividad extractiva en sus territorios no se han detenido a pensar ni a explicar qué otra actividad distinta a esa va a suplirla como fuente generadora de los recursos con los cuales se financian tanto el Presupuesto General de la Nación (24% de sus ingresos corrientes dependen de la actividad extractiva) y de las entidades territoriales, que tienen hoy en día en el Sistema General de Regalías (SGR) los únicos recursos ciertos y casi su única fuente de recursos para financiar sus proyectos de inversión.
Finalmente, queremos decir que la incertidumbre y la inseguridad jurídica que se ha sembrado con el expediente de las consultas populares y ahora con las decisiones que vienen tomando los consejos municipales, no se limita sólo a la al sector minero y petrolero, puesto que otros sectores como el de la energía, el transporte, las comunicaciones, están también en ascuas, pues como dice el adagio cuando las barbas de tu vecino veas arder pon a remojar las tuyas. Recordemos que un proyecto muy importante para el Sistema eléctrico a nivel nacional como el de Porce IV se frustró por decisiones de este tenor. Y cuánto no tardó la Estación eléctrica Nueva Esperanza, poniendo en riesgo la confiabilidad, estabilidad y firmeza de la prestación del servicio de energía eléctrica los departamentos de Cundinamarca (incluida Bogotá), Meta, Guaviare y el Norte del Tolima. Lo propio vienen acaeciendo con las Concesiones de infraestructura de cuarta generación, cuya ejecución se está viendo interferida y diferida, esta vez por cuenta de las consultas previas, que tampoco han sido reglamentadas.
Ya va siendo hora de propiciar un gran debate en torno a este verdadero tsunami que amenaza con llevarse de calle a la economía nacional y con desarbolar las finanzas públicas, antes de que sea demasiado tarde. Este es un asunto que demanda una Política de Estado y no de gobierno, amén de involucrar en su concepción y estructuración a las organizaciones sociales. Pero, ojo, se tiende a confundir la Política de Estado con el hecho de que se plasme a través de una Ley de la República y eso no es Política de Estado. Esta debe comportar tres prerrequisitos: primero, que las fuerzas políticas comprometidas con la misma dispongan de toda la información pertinente, la cual, además, debe ser fidedigna y confiable. Segundo, todas ellas deben participar activamente del análisis de las directrices y de las decisiones que se derivan de la misma. Y tercero, las fuerzas políticas concurrentes e incumbentes debe de estar, igualmente, comprometidas en las estrategias y acciones que se definan para su implementación.
Bogotá, julio 15 de 2017
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