Opinión

Por Mauricio Cabrera Galvis.-Según el Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) el área sembrada de coca en Colombia llegó a 146.000 hectáreas. Es un hecho preocupante, pero debe ser analizado con cuidado para no sacar conclusiones de que al país se lo tomó el narcotráfico como resultado de la debilidad del gobierno y del Acuerdo de Paz con la guerrilla. Algunos hechos para tener en cuenta.

Primero, la causa del aumento de los cultivos ilícitos no es que el gobierno hubiera suspendido las fumigaciones con glifosato, tal como lo ordenó la Corte Constitucional. La experiencia demostró que esas fumigaciones no sirven para controlar la producción de hoja de coca y solo logran que los cultivos se desplacen a nuevos sitios, aumentando la deforestación.

Entre 2005 y 2007 se fumigaron 470.000 Has. y el área cultivada de coca aumentó de 83.000 a 100.000 Has. entre 2005 y 2014 se fumigaron 1.2 millones de Has., y el área cultivada solo se redujo en 14.000 Has. Dejar de usar glifosato no tuvo la culpa.

Segundo, hay evidentes factores económicos que si explican el aumento de los cultivos ilícitos. Ante todo la devaluación del peso frente al dólar. Al pasar el precio del dólar de $1.800 a $3.000 los cultivos de coca se hacen mucho más rentables pues, según el mismo SIMCI, el precio del kilo de hoja de coca subió 40%. Con un incentivo de estas magnitudes es apenas lógico que aumente la producción.

Oro factor económico ha sido la caída del precio del oro que hizo menos rentable la minería ilegal llevando a que muchos mineros se fueran a cultivar coca. Estudios de Daniel Rico de la Fundacion Ideas para la Paz (FIP) han demostrado la estrecha correlación inversa entre precio del oro y área de cultivos ilícitos. 

Tercero, No es cierto que por el Acuerdo de Paz se haya abandonado la lucha contra el narcotráfico. lo que ha habido es un cambio de estrategia que ya no se concentra contra el campesino cocalero –que es más una víctima que un delincuente- sino contra los otros eslabones de la cadena como los laboratorios de producción de cocaína y los distribuidores. Las mismas Farc están colaborando en esta tarea. Por eso en dos años las incautaciones de cocaína crecieron 156% al pasar de 147 a 378 toneladas, y el número de laboratorios desmantelados en un año pasó de 2.172 a 4.513.

Por Rodrigo Villalba Mosquera.-Por estrategia de la oposición, con polarización política incluida, y el acostumbrarnos las presentes generaciones por haber vivido siempre alrededor de los efectos de la violencia y el conflicto armado, donde este entorno nos pareciera “normal”, hoy cuando se silencian los fusiles que causaron muerte al entregar las FARC su armamento a la ONU, y dar el paso hacia la inserción en la sociedad, acatando el Estado Social de Derecho, obedeciendo a nuestras instituciones y nuestras autoridades, pareciera como si eso no fuera trascendente, o se tratara de algo marginal, lo que nos lleva hacer un análisis sociológico de nuestro comportamiento, pero por encima de cualquier consideración hay que ser claros, de que el 27 de junio de 2017 la historia de Colombia y el mundo lo recordará  como una  fecha transcendente, y el desarme como un hecho histórico, así muchos lo soslayen. Ese día terminó el conflicto armado más largo del continente y el último del hemisferio occidental, el mismo que en 53 años de lucha armada dejó algo más de siete millones de desplazados, alrededor de 215.000 muertos y cerca de 80.000 desaparecidos.

Las Farc, así no la quieran y contra todos los pronósticos, le cumplieron al país y eso es un hecho innegable. Firmaron el acuerdo de La Habana, se concentraron en las 26 zonas veredales, entregaron las armas y ahora se preparan para saltar a la arena política.

El Gobierno también les ha cumplido.

Los colombianos no podemos ser miopes ni dejarnos contaminar por los que le sacan jugo a la guerra. Es innegable que las Farc en su accionar armado dejó muchas heridas abiertas, pero no podemos seguir en el pasado sino pensar en  las futuras generaciones.

Reconozcamos con regocijo la dejación de las armas, recuperando el optimismo hacia el nacimiento de la Nueva Colombia, donde focalicemos los esfuerzos estratégicos y fiscales y la voluntad política para hacer justicia con las principales víctimas que son los campesinos y el campo colombiano, sinónimo de atraso y de la Colombia profunda, la ruralidad que tiene tantas ventajas comparativas como lo reconoce la FAO, al afirmar que nos  podemos convertir en uno de los siete países proveedores de alimentos frente a las necesidades de consumo de la creciente población del planeta hacia el 2050. Soñemos con un nuevo país plantado de verde esperanza, con agroindustria y una economía llamativa para la inversión, donde caminemos hacia la productividad y competitividad. Si Colombia crece en medio de la guerra cómo no será en condiciones de normalidad. Seriamos una potencia mundial, donde nuestros mayores esfuerzos se lo podamos dedicar a la felicidad de los niños, a la educación de calidad, a lo social. 

Nada es perfecto. Lo único perfecto es la creación divina. Pero vamos en la dirección correcta.

Por Amylkar D. Acosta M.-La profusión de leyes expedidas y de reformas a la Constitución tienen su costo, pues a través de muchas de ellas se comprometen recursos del Presupuesto General de la Nación y en no pocos casos de los presupuestos de las entidades territoriales. En efecto, muchas de las leyes expedidas al entrar en vigencia conllevan un costo fiscal, en la mayoría de los casos permanente y en otros transitorio, aunque hablando de transitoriedad no hay nada más permanente que las normas transitorias.

El impacto fiscal de estas leyes ha venido creciendo de manera sostenida, las del 2013 le significaron al fisco, según el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) $372.000 millones, las del 2014 $2.5 billones, las del 2015 $522.000 millones y las del 2016 $3.184.000 millones, de los cuales sólo $384.000 corresponden a gasto temporal, el resto es para cubrir gastos recurrentes, esto es permanentes. Y está por establecerse el costo de las que pasan esta vez a sanción presidencial, de lo que sí podemos estar seguros es que el costo fiscal de las mismas no será inferior a las del año anterior.

Conviene dejar establecido que, de conformidad con la Constitución Política la última palabra en materia de gasto público la tiene el ejecutivo, de modo que todas aquellas iniciativas de los parlamentarios que no cuentan con el aval del Ministro de Hacienda nacen muertas. Este año se presentaron a la consideración del Congreso, a través de las comisiones económicas, 31 proyectos de ley, entre ellos el que sometió a su consideración el Gobierno Nacional para adicionar al Presupuesto General de la Nación de la actual vigencia, con el fin de incorporar el mayor recaudo esperado de la reforma tributaria que se aprobó el año anterior, en un monto de $8.5 billones, el cual fue aprobado sin mayores inconvenientes. También se aprobó el proyecto que reforma el Acto legislativo 05 de 2011, a través del cual se dispone del 7% de la totalidad de los recursos del Sistema General de Regalías (SGR) durante los próximos 20 años para ser invertidos en las zonas del país más afectadas por el conflicto.

Como lo advirtió el Ministro del Interior Guillermo Rivera, el Gobierno va “a objetar aquellas leyes aprobadas con violación del reglamento del Congreso y vamos a poner de presente que toda obligación para el Gobierno derivada de una Ley, debe tener garantizada su financiación”.

Primero fue la Ley 819 de 2003, la que estableció la obligación por parte del Ministerio de Hacienda de presentarle al Congreso de la República a mediados de año el Marco Fiscal de Mediano Plazo, que es como su hoja de ruta, posteriormente, en el 2011 se incorporó a la Constitución el principio de sostenibilidad fiscal (artículo 334 de la Constitución Política) y, a renglón seguido, se expidió la Ley 1473 de 2011, que consagra la Regla fiscal, que es como una camisa de fuerza que se le impone al gasto público. De allí la advertencia del Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, en el sentido que “durante el trámite de los proyectos de ley se debe consultar la sostenibilidad de las finanzas públicas, teniendo como referencia las metas fiscales”, que en este momento están fincadas en el propósito de reducir este año el déficit fiscal al 3.3%.

Por esta razón y por haberle negado el aval tanto al proyecto que rebaja las semanas de cotización a pensión a las mujeres que ganen hasta dos salarios mínimos y que cumplan con la edad de 57 años, a la del “tamizaje neonatal y la que incorpora el tratamiento de fertilización al POS, así como al que rebaja del 12% al 4% los aportes de los pensionados a salud, al que se comprometió el Presidente Santos con los pensionados de Colombia durante su campaña, es previsible, como ya se ha anunciado, que sean objetados por parte del ejecutivo, alegando que no hay espacio fiscal para cubrir su financiamiento. En caso dado que sus objeciones sean rechazadas por parte del Congreso de la República, muy seguramente el Gobierno apelará al instrumento que le da la Constitución y la Ley y presentará ante la Corte Constitucional un “incidente de impacto fiscal” contra tales leyes para tumbarlas.

Cayó muy mal entre los parlamentarios las declaraciones del Ministro Cárdenas afirmando que estas son “leyes populistas”, pero más allá de calificar como populistas iniciativas como estas, los reparos del Ministro ponen en evidencia una vez más el aserto según el cual se hace campaña en poesía y se gobierna en prosa!

Riohacha, julio 8 de 2017 

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Por Juan Manuel Galán.-La pasada cumbre de la Alianza del Pacífico concentró en Cali no solo a dignatarios públicos sino académicos y empresarios, interesados en este nuevo proceso de integración. Muchos de ellos imaginaban su plan de vida a partir de las oportunidades que pudieran salir de esta alianza, otros llevaban nuevas ilusiones de expansión comercial y algunos también traían frustraciones al conocer a fondo las dificultades del emprendimiento en Colombia.

Estos sentimientos y pensamientos encontrados son un llamado de atención. La nueva Alianza no puede verse meramente como una plataforma de integración entre países, sino como una verdadera oportunidad de asociación que nos permita lograr un desarrollo sostenible en la actual coyuntura que nos impone el posconflicto. Para eso, este tipo de alianzas deben partir de la identificación real de fortalezas y debilidades internas con el fin de que el libre comercio y la integración regional, promuevan un crecimiento sostenido e inclusivo. En esta misma línea es fundamental mantener canales de comunicación abiertos con empresarios líderes de la región que generen oportunidades para las empresas de todos los tamaños, sobre todo, para las Mipymes que representan el 99% de las empresas en Colombia.

Dicho de otra manera y de forma concreta, es necesario que esfuerzos como los de la Alianza del Pacífico se traduzcan, por ejemplo, en el establecimiento de un fondo común para financiar Mipymes o en acuerdos de intercambio de conocimiento y personal dirigidos a mejorar la productividad de estas empresas, o en reducciones a barreras del comercio intraregional (aranceles, trámites). 

Mejor aún, es necesario que, desde el más alto nivel se tomen decisiones dirigidas a apoyar la creación de centros de información y clúster comunes entre países para resolver problemas de coordinación y generar cadenas de valor regionales de Mipymes. De esa manera, se puede incrementar el comercio entre sus miembros y con el mundo.

Por José Gregorio Hernández.-Hace veintiséis años  -el 7 de julio de 1991- fue promulgada la Constitución Política de Colombia. Hoy, tras cuarenta y cuatro actos reformatorios y aunque se trata de una Constitución escrita -cuyo texto y linderos son siempre definidos y terminantes-, nos encontramos con un esquema surrealista en el cual ya no es un conjunto ordenado y predeterminado de normas superiores -que todos sabíamos dónde empezaba y dónde terminaba, tanto en su normatividad permanente como en sus disposiciones transitorias, y en su espíritu, por lo cual la Corte Constitucional conocía con exactitud cuál era la Constitución que debía guardar y cuyo imperio debía preservar-, sino un texto abierto, indefinido y gaseoso, al cual puede haber ingresado el Acuerdo Final firmado con las Farc el 24 de noviembre de 2016 -310 páginas- , con carácter superior y prevalente. O puede que no, pues hay diversas interpretaciones acerca del alcance de los más recientes actos legislativos aprobados por el Congreso.

En efecto, el Acto Legislativo 01 de 2016, con el fin de facilitar y asegurar la implementación y el desarrollo normativo de dicho pacto, dispuso que, una vez  firmado y en vigor, ingresaría “en estricto sentido” al bloque de constitucionalidad para ser tenido en cuenta “como parámetro de interpretación y referente de desarrollo y validez de las normas y las leyes de implementación”.

Después se aprobó, por el procedimiento abreviado, el Acto Legislativo 01 de 2017, que creó un Título de disposiciones transitorias de la Constitución, introduciendo la Justicia Especial de Paz, modificando la estructura de la Rama Judicial.

Más tarde, el Congreso aprobó, también por el procedimiento breve, el Acto Legislativo 02 de 2017, que, para “blindar” el Acuerdo -darle “estabilidad y seguridad jurídica”, según su encabezamiento-, dispuso que los contenidos de dicho documento “que correspondan a normas de derecho internacional humanitario o derechos fundamentales” serán obligatoriamente parámetros de interpretación y referente de desarrollo y validez de las normas y las leyes de implementación y desarrollo del Acuerdo Final”,  aunque se advirtió que  ello tendría lugar “con sujeción a las disposiciones constitucionales”.

Allí se ordenó a todos los órganos y autoridades del Estado “guardar coherencia e integralidad con lo acordado, preservando los contenidos, los compromisos, el espíritu y los principios del Acuerdo Final”, y se añadió que tal reforma constitucional “rige a partir de su promulgación hasta la finalización de los tres periodos presidenciales completos posteriores a la firma del Acuerdo Final”.

En ese orden de ideas, se convirtió en discutible lo que menos debe prestarse a discusión en un Estado de Derecho: ¿Cuál es el contenido definitivo de la Constitución?

Constitucionalistas y politólogos, académicos, Congreso, Gobierno y Farc, profesores y estudiantes de Derecho, todos estamos hablando lenguajes diferentes. La Constitución ya no es fija. Parece estar en construcción, a sus veintiséis años. Y lo peor: tampoco concordamos en establecer si la Constitución prevalece sobre el Acuerdo Final -lo que piensa quien esto escribe-, o el Acuerdo Final sobre la Constitución -como dicen otros-. 

Tiene la palabra la Corte Constitucional, que decidirá si su función consiste en guardar la Constitución o en declarar exequibles, porque sí, todas las normas de implementación del Acuerdo Final.

Por: Jorge Enrique Robledo. @JERobledo.-Luego de un larguísimo medio siglo, los colombianos pudimos celebrar que terminara el alzamiento armado de las Farc contra el Estado, levantamiento que no debió darse porque fue equivocado desde el momento en que lo concibieron y que no solucionó nada y lo empeoró todo. Lamentar que lo que debería ser un consenso nacional, el de saludar lo que sin duda constituye un suceso positivo para Colombia, no lo sea, en razón de que, enredando unas cosas con otras, sectores influyentes convencieron a muchos de negar lo que puede confirmarse como cierto hasta la saciedad.

Un proceso de paz con tantas complejidades, tras los horrores de una violencia tan larga, puede generar desacuerdos y hasta reacciones indignadas. Puede incluso entenderse la idea –aunque no la comparto– de que la confrontación armada debió mantenerse, por cualquier cantidad de tiempo y de costos, hasta liquidar a bala a las Farc. ¿Pero negar la entrega de las armas que se les traspasaron nada menos que a los representantes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas? ¿O negar que a fecha fija la ONU también recibirá las caletas de las Farc, cuyos sitios ya están identificados? ¿Y que esas armas llevan dos años sin utilizarse, evitándonos varios miles de muertos y heridos?

Por lo demás, como también está probado, el proceso de paz, incluso en lo relativo a las armas, cuenta con el respaldo de Estados Unidos y de las demás potencias militares del mundo, al igual que de los restantes países. Y lo respaldan el Ejército de Colombia y la Policía Nacional, que además participaron en su diseño. ¿Será que todos ellos son cómplices de una pantomima diseñada para engañar a los colombianos? ¿También son “castro-chavistas”?

Para negar estas verdades, se usan sofismas, es decir, afirmaciones ciertas con las que sustentan las falsas: como continuarán otras violencias, el proceso de paz es mentira; como se mantendrán el desempleo y la pobreza, para qué el proceso; como seguirá la gran corrupción nacional, para qué el acuerdo; como Santos es pésimo Presidente… Y así, ocultando que el proceso no se diseñó para resolver todos los problemas nacionales, sino uno específico, que no es el causante de otros y que además ha dificultado solucionarlos.

Parte de la confusión, y del uso que algunos le dan, tiene que ver con no reconocer que el problema de fondo no son las armas. Sino su uso. Porque las armas no se disparan solas, necesitan de una voluntad para dispararse. Y dicha voluntad fue la que cambió y la que explica el éxito del desarme, el aspecto principal del proceso de paz. Las Farc no se levantaron en armas como la inevitable respuesta a la pobreza, a la falta de condiciones democráticas y a otras lacras sociales y políticas, viejos males que no desaparecerán con los acuerdos de La Habana. Entraron en rebeldía militar porque adoptaron la decisión política de tomarse el poder a tiros. Y hoy las armas les estorban porque decidieron actuar en la sociedad de otra manera. Así de simple, según demuestra la experiencia.

Coletilla: el caso del supuesto gran fiscal anticorrupción corrupto avergüenza a los colombianos ante el mundo y nos convierte en reyes de burlas. Pero más nos deberían avergonzar e indignar otros dos hechos. Que se permita que el Fiscal General Martínez Neira no explique por qué nombró a Luis Gustavo Moreno en ese cargo. ¿Porque era su amigo, y él mismo le sirvió de fiador? ¿Porque alguien de su confianza se lo recomendó y avaló? Y que también se tolere la alcahuetería de tantos poderosos con el descaro y falta de criterio de Martínez para escoger a su subalterno.

Porque, según La Silla Vacía, José Luis Barceló, Vicepresidente de la Corte Suprema, alertó a Martínez Neira “acerca de las actitudes éticas de Luis Gustavo Moreno”, cuando se supo que lo iba a nombrar. Y le pregunta el mismo medio a Martínez, entre otros interrogantes, por los vínculos entre Moreno y Enrique Vargas Lleras, así como con los magistrados que fueron claves para escogerlo como Fiscal, en representación de Cambio Radical (http://bit.ly/2tabsgM). 

¿Hasta cuándo tolerarán los colombianos tantas corruptelas, cinismos y mediocridades del grupito de mandamases que gobierna al país de manera vitalicia?

Por Amylkar D. Acosta M.- El pasado 27 de junio se protocolizó en la vereda Buenavista, del Municipio de Mesetas (Meta) dicha entrega, allí y ahora las FARC efectivamente dejaron de existir como guerrilla, como insurgencia, como grupo armado al margen de la Ley. Cuánto no se especuló en su momento por parte de los detractores del proceso de negociación con las FARC en torno al término “dejación de armas” que quedó consignado en el Acuerdo de la Habana, ratificado en el Acuerdo final del Teatro Colón, se llegó a afirmar que ese era un subterfugio de las FARC para no entregarlas. Pues, las entregó y el receptor de las armas, quien verifico y constató su entrega fue nada menos que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. “Las FARC han cumplido y entregaron todas sus armas individuales”, sentenció Jean Arnault, Jefe de la Misión de la ONU en Colombia. 

En efecto, recibió 7.132 armas, que ahora quedan bajo su custodia, caso único en el decurso de la historia de los conflictos armados en Colombia y en el mundo en donde al término de los mismos por la vía negociada el número de armas se corresponde con el número de los desmovilizados. Y no se trata de armas hechizas y fierros inútiles, como sucedió en la desmovilización de las AUC, sino, como lo dijo el vocero de las Naciones Unidas, “de alta calidad y operatividad”.   

A más tardar el 31 de julio se retirarán por parte de las Naciones Unidas desde las Zonas Veredales de Transición y Normalización (ZVTN) los contenedores en los cuales se depositaron dichas armas, las cuales, en cumplimiento del Acuerdo final, serán destruidas y fundidas para luego construir con ellas 3 monumentos, los cuales se instalarán en las Naciones Unidas, Cuba y Colombia, respectivamente. Entre tanto, se avanza en el proceso de identificación y destrucción de las 942 caletas con armas y municiones reportadas por las FARC a la Misión de las Naciones Unidas, de las cuales ya han sido verificadas 77 y al finalizar el mes de agosto de este año deberá haberse cumplido con el registro, la extracción, acopio y destrucción del pertrecho encontrado. 

Pero no faltarán las “narrativas obscuras”, como las denomina la periodista Juanita León, que intentarán de restarle importancia a este acontecimiento y tratarán de hacerle creer a muchos colombianos que todo ha sido y será una farsa. Dirán las aves de mal agüero que todo esto ha sido un montaje del castro-chavismo para hacer creer que las FARC se desarmaron, que son más las armas “enterradas” que las entregadas, que su incursión en la política, gracias también al Acuerdo final, es parte de su libreto de la combinación de las formas de lucha, en fin…Es que tanto los enemigos agazapados como los enemigos declarados de este proceso están en lo suyo, pues realmente ellos no es que no estén de acuerdo con lo negociado, ellos han estado y están en desacuerdo es con la negociación, que es diferente. Lo que ocurre es que les queda muy cuellón salir a decir que no están de acuerdo con la paz, porque ello sería políticamente incorrecto; pero, la real realidad es que no hay otra paz distinta a la que podemos alcanzar por esta vía, lo demás son sólo elucubraciones y cantos de sirena sobre lo que pudo ser y no fue. 

En Colombia, al contrario de lo que acontece en otras partes del mundo civilizado, en donde la paz y la guerra unen a sus países en torno a la defensa de la institucionalidad como patrimonio común, aquí, en cambio, como lo afirma el Cardenal Primado de Colombia Monseñor Ruben Salazar, “este proceso de paz ha generado una de las divisiones más dramáticas en la sociedad colombiana” y añade, “qué bueno que la visita den Santo Padre nos ayudara a vencer esta polarización política y principalmente ayudarnos a entender el verdadero sentido de la política, más allá del partidismo”. Y él acierta al caracterizar esta nefasta polarización en que está el país, “la confrontación política caníbal”, que es como él la llamó, en donde la contienda política más parece una corraleja, al señalar que en este país “no se reciben los mensajes de buena manera, todo se tergiversa y por lo tanto, es un diálogo imposible”. 

El lema de la visita del Papa Francisco a Colombia en septiembre próximo  es “Demos el primer paso” y es ese primer paso y el más importante y decisivo es el que ha dado Colombia el día de hoy para alcanzar la anhelada paz. Con este paso que se dio hoy las FARC le dijeron Adiós a la guerra. Para que la paz sea estable y duradera, el paso que se acaba de dar era necesario, pero no suficiente,, se requiere además el desarme de los espíritus y desengatillar la lengua. 

Santa Marta, julio 1 de 2017

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Por Mauricio Cabrera.-Cuando se firma un Acuerdo de Paz que pone fin a un conflicto armado siempre quedan disidentes que quieren seguir en la guerra, porque no aceptan los términos de la negociación, porque piensan que significa rendirse, o simplemente porque la guerra es su negocio y les genera grandes utilidades. Eso está pasando acá con el Acuerdo entre el Estado colombiano y las Farc.

Es un hecho conocido que del lado de la guerrilla la gran mayoría entregaron sus armas, pero quedaron unos pocos que no lo hicieron. En mucha menor escala que lo que sucedió con las AUC después de Ralito, cuando una gran parte de los reinsertados volvieron a la delincuencia y al narcotráfico conformando las “bacrim”, unos cuantos guerrilleros desconocieron la autoridad del secretariado, rechazaron las negociaciones de la Habana y decidieron seguir en sus negocios ilícitos.

Esos grupos de delincuentes –que ya no tienen justificación política ni ideológica– deben ser combatidos y derrotados por el Estado, y en este caso puede ser más temprano que tarde dado que las mismas Farc están dando información para combatirlos pues les interesa que desaparezcan.

Lo que es menos reconocido es que del lado del Estado colombiano también hay disidentes que rechazan la legitimidad del Acuerdo. No solo cuestionan la autoridad del Presidente –la rama Ejecutiva del Estado– para haberlo negociado y firmado, sino que quieren ignorar que las otras dos ramas del poder público, el Congreso y la Corte Constitucional, ratificaron y avalaron el texto del Acuerdo con las modificaciones sustanciales que se le introdujeron después del triunfo de las mentiras del No en el referendo.

Entre los disidentes que pretenden que el Estado incumpla los compromisos que adquirió al firmar el Acuerdo hay diferentes posiciones. Unos, los más extremistas, quieren continuar la guerra y están asesinando a líderes sociales y exguerrilleros. Otros son los que quieren volver trizas lo pactado e imponer a las Farc las condiciones de una victoria que no pudieron lograr en la batalla. Finalmente otros más moderados que plantean solo modificaciones al Acuerdo, pero son tan sustanciales que harían imposible su cumplimiento. 

El objetivo de todos estos disidentes es hacerle conejo a la Paz y a las Farc, ahora que estas ya han cumplido con el principal de sus compromisos que era desmovilizarse y entregar las armas.

Por Jorge Gómez Pinilla. Tomado de El Espectador.- Este domingo 2 de julio se escenifica en Barrancabermeja una contienda que tiene a dos políticos como principales protagonistas: en una orilla el alcalde en propiedad, Darío Echeverri Serrano, de filiación liberal; y en la otra orilla la exrepresentante a la Cámara por el Partido Conservador Yidis Medina, quien hizo célebre a su ciudad natal cuando por deshonesta vendió su voto a cambio de una notaría para aprobar la reelección del entonces presidente Álvaro Uribe.

Es un hecho político inocultable que la gobernabilidad de Darío Echeverri se encuentra golpeada, y al parecer obedece a que habría incumplido ciertos acuerdos políticos, frente a lo que según una fuente de la Alcaldía fueron “pretensiones inmanejables”. Ello habría dado lugar a que se conformara una especie de gavilla, en la que participan algunas personas que durante la campaña lo apoyaron pero hoy le quieren atravesar un precoz sucesor.

Si algo obra a favor del alcalde es la multitudinaria acogida que tuvo su convocatoria a una marcha el pasado 18 de mayo en defensa del Plan de Modernización de la Refinería (PMRB), con una asistencia superior a las 50.000 personas. (Ver foto). Ello indica que posee un importante margen de acción, pero a la vez es preocupante que el actual proceso de revocatoria se haya convertido en un palo en la rueda contra esos legítimos esfuerzos de presión que se venían ejerciendo sobre el Gobierno Nacional, orientados a impedir que ocurra lo que parece sobrevenir, la progresiva chatarrización o ‘descuido’ de la refinería para luego privatizarla.

Sin modernización habrá un evidente retroceso económico y social, pues se pierden los 40.000 nuevos empleos en sectores diferentes al petróleo que esta traería. Lo preocupante entonces es que en lugar de la unidad que durante el año y medio que lleva Echeverri se venía generando alrededor de este propósito, ahora se advierte una dañina división, solo favorable a los intereses mezquinos de quienes quieren revocar al alcalde, con Yidis Medina entre ellos.

Una clara manifestación de la cultura ‘traqueta’ que se impuso desde el gobierno Uribe es la notoriedad que adquirieron ciertos personajes condenados por la justicia, sobre los cuales no se ejerce ninguna sanción social, sino lo contrario: su prontuario pareciera darles reconocimiento, distinción y prestancia. A Yidis la acompaña en esta meritocracia el exministro Fernando Londoño, más conocido como ‘el ladrón de Invercolsa’, o un alias Popeye que, aprovechando lo célebre que lo volvieron los medios, asistió en su natal Medellín a una marcha uribista contra la corrupción (¡!) donde acusó en vivo y en directo al presidente Santos de ser “una rata”.

Medina tuvo una muy activa participación en la campaña que eligió a Darío Echeverri, a tal punto que bautizó su camioneta como la Yidis Móvil (ver camioneta), y se dice que los dos habrían pactado un acuerdo consistente en que el alcalde le daría cupos para meter a su gente como prestadores de servicios (OPS) de la Alcaldía. En este contexto, Yidis se estaría portando como la niña caprichosa que arma un berrinche porque no le dieron el juguete que esperaba, y es la demostración de que porta en sus genes un virus que debería ser desterrado, el de quienes asumen la política como una oportunidad para hacer negocios.

Según un barranqueño que trabajó con Yidis, “Darío le estaba cumpliendo, pero a medias. A su hermana Mayerlis le dio dos contratos como auxiliar de enfermería, pero no le aprobó un proyecto para víctimas”. Por eso ella grabó un video donde se despacha contra el alcalde, el cual parece producido por su peor enemiga, con la mirada perdida y tan pobre dicción que solo ve “oscuridá” y no logra pronunciar “ciudad” sino “la suidá que merecemos”. (Ver video).

Sumado a lo anterior, en su muro de Facebook anunció que se cambiaba de orilla y que “colocaré las denuncias de todas las irregularidades (…) ante la Fiscalía General de la Nación”, lo cual no hizo (ver publicación). Lo llamativo es que —pecando quizá de ingenua— aparece allí acompañada de Gustavo Duarte Ruiz, un reconocido contratista del anterior alcalde, Elkin Bueno, quien en sus cuatro años de gloria disoluta se dedicó a endeudar a la ciudad con tal desenfreno que al final de su administración hizo aprobar un empréstito por 170.000 millones de pesos para la ejecución de obras macondianas, como canchas de microfútbol con grama sintética que no pudieron ser usadas porque producían un calor insoportable. (Ver SOS por Barrancabermeja). 

Sin el menor atisbo de vergüenza propia, ese mismo contratista le confesó a La Silla Vacía, en artículo titulado La zancadilla de Yidis Medina al alcalde de Barranca, que Echeverri “se montó con un discurso de unir fuerzas, pero (…) solos les dan OPS a los de otros lados”.

Un segundo motivo por el cual Yidis se despegó de Echeverri es que quiso acomodarse en las filas de Jonathan Vásquez, un ‘pelado’ hijo de un concejal que por su pinta de galán comienza a tener acogida, sobre todo entre gente joven. Pero fue él mismo quien la puso a distancia, advirtiendo en su Facebook que “no existe razón alguna” para trabajar con ella. Y en lo que deja ver su verdadero talante, Yidis le responde ahí mismo pidiéndole cacao… (Ver publicación).

No es sano poner las manos en el fuego por un político —ni por nadie, incluidos parientes—, pero si me tocara escoger entre el alcalde Darío Echeverri y Yidis Medina, no dudaría un segundo en apoyar al que hoy rige los destinos de la ciudad que refina el 80 por ciento de la gasolina que consume el país. Urge no perder el impulso alcanzado en la lucha por obligar a Juan Manuel Santos a que cumpla la promesa que hizo cuando, en desarrollo de su campaña para hacerse reelegir, en el Hotel Pipatón nos dijo a los barranqueños que “tiene más reversa el río Magdalena que la modernización de la refinería”.

Presidente Santos, cúmplale a Barrancabermeja —y al país— lo que prometió. Solo así pasará a la Historia.

DE REMATE: Si votar la revocatoria es hacerlo a favor o en contra de Yidis, prefiero abstenerme.

En Twitter: @Jorgomezpinilla

http://jorgegomezpinilla.blogspot.com.co/

Por José Gregorio Hernández.-En las clases de Derecho Constitucional enseñamos que, en materia legislativa, la cláusula general de competencia reside en el Congreso, lo que significa que, si en algunas hipótesis -definidas por la Constitución- legisla el Presidente de la República, éste goza apenas de una comisión excepcional, y la debe cumplir dentro de los estrechos y exigentes linderos de la norma que lo habilita.

Así está previsto en la Carta de 1991: la función de hacer las leyes se radica en ese órgano, cuyos  miembros son escogidos por voto popular. Por tanto, cuando quiera que en la Constitución se hable de "la ley", o de “las leyes”, o del “legislador”,  a menos que se disponga expresamente otra cosa, se entenderá que se habla de leyes en sentido formal y orgánico, expedidas por el Congreso.

En casos excepcionales, como ocurre con los previstos en los artículos 150, numeral 10, 212, 213,  215 y 241 de la Constitución, el Presidente puede quedar extraordinariamente investido de facultades para expedir decretos con fuerza de ley, pero, como el poder de legislar no le compete, en los aludidos eventos el poder presidencial no se extiende a sustituir al Congreso, ni se trata de una investidura legislativa general, amplia, indefinida o implícita, sino que sus atribuciones están clara y precisamente delimitadas por la misma Constitución, y en el caso de las facultades extraordinarias, por la ley habilitante.

El artículo 2 del Acto Legislativo 01 de 2016 otorgó al Presidente facultades extraordinarias. Fueron, pues, unas facultades de origen constitucional y no simplemente legal. Sin embargo, mediante esa norma no se abrogó el postulado de la cláusula general de competencia, y por tanto, las atribuciones excepcionales de las que se trató tenían por objeto específico y estricto la implementación de lo expresamente pactado entre el Gobierno y las Farc en el Acuerdo de Paz del 24 de noviembre de 2016. Nada menos, pero -con arreglo a la Constitución- nada más.

De modo que esa habilitación legislativa, que ya venció -era de 180 días-  no debía ser entendida como investidura legislativa general, ni como poder omnímodo. Por el contrario, se estaba ante un ejercicio de poder relativo, restringido y doblemente controlado: por el Congreso en lo político y por la Corte Constitucional en lo jurídico. Un entendimiento  abierto, permisivo o  complaciente acerca del alcance de esas atribuciones llevaría necesariamente a un desbarajuste de la estructura constitucional de la República.

De allí que la Corte Constitucional, cuando examinó el precepto habilitante, haya sido enfática en afirmar su carácter delimitado y circunscrito a la materia en él enunciada. Lo que se espera, entonces, es que mantenga ese acertado criterio al estudiar, en ejercicio del control automático de constitucionalidad, el cúmulo de decretos leyes que lo desarrollan y que han sido llevados a su conocimiento. 

Así que, frente a las muchas y extensas disposiciones expedidas por el Presidente cuando ya expiraban las facultades extraordinarias que tuvo por seis meses, no podemos menos de recordar que el Gobierno carecía en ese momento, como carece hoy, de facultades indefinidas y de poder legislativo para sustituir al Congreso. Y confiar en fallos imparciales y estrictos, que -sabemos-  habrá de proferir la Corte Constitucional.