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Vidrí (Antioquía) 10 de mayo de 2018. Por Redacción Ecos. Foto: Jennifer Moreno/Misión de Verificación de la ONU.- La escuela “Alianza para el Progreso” acoge a los niños y niñas de Vidrí, una comunidad rural al borde del río Arquía, al noroeste de Colombia. En esta institución, situada en una zona históricamente controlada por las FARC-EP, trabaja Yasisris, una profesora que educa a los niños sobre la paz.

A las siete de la mañana, de lunes a viernes, inician las clases en la escuela rural “Alianza para el Progreso” de la comunidad de Vidrí, Antioquia. La jornada estudiantil empieza con el saludo habitual de la profesora Yasiris Copete y la oración del Padre Nuestro. Los niños y niñas que asisten a esta escuela son de Vidrí, comunidad rural de 26 familias que viven de la pesca y la agricultura.

La profe Yasi, como le dicen sus alumnos de cariño, es una Quibdoseña que llegó a Vidrí hace más de 7 meses para cubrir una licencia de maternidad. Cuando le ofrecieron el trabajo, Yasisris tenía una idea negativa sobre la dinámica en el río Arquía, zona históricamente controlada por las FARC-EP en los tiempos de la guerra entre este grupo y el estado colombiano. “Primero pensaba que me podía pasar algo, tenía un poco de miedo, pero cuando llegué y me di cuenta como estaban las cosas, supe que todo era muy diferente. Para mí ha sido una experiencia maravillosa y gratificante”, cuenta Yasiris.

Y es que Yasiris llegó a Vidrí durante el proceso de dejación de armas de las FARC, para ese entonces la dinámica en las comunidades ribereñas del río Arquía ya había cambiado desde que se instaló, en enero de 2017, el Punto Transitorio de Normalización (PTN), acordado entre gobierno y FARC, para que combatientes dejaran sus armas. 

Hoy, es el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) en donde los ex combatientes hacen su tránsito a la vida civil y para el cual la Misión de Verificación de la ONU, por medio de su Oficina Regional de Quibdó, monitorea los compromisos adquiridos por gobierno y FARC en los puntos que tienen que ver con la reincorporación y garantías de seguridad.

En este recóndito pueblo antioqueño, pero culturalmente chocoano, sus habitantes han sido testigos de los cambios que ha generado el Acuerdo de Paz, aunque la presencia estatal es aun precaria el hecho de que no exista conflicto armado, entre gobierno y FARC, ha sido benéfico para la tranquilidad de los pobladores.  Sin embargo, al principio del proceso la comunidad y los niños y niñas aun sentían miedo. “Ahora les veo actitud positiva porque cuando llegué a la comunidad notaba que los niños estaban temerosos de ese proceso, de que los ex combatientes estuvieran cerca” afirma Yasiris.

Fue en ese momento en que la profesora Yasiris consideró oportuno hablar con sus 17 estudiantes sobre temas de Paz. “Yo empecé a hablarles sobre los beneficios del proceso y así empezaron a interesarse por el tema y ahora son ellos los que me dicen que les hable, su actitud ha cambiado”. Para hacer el tema ameno, Yasiris implementó estrategias pedagógicas de “Educar Jugando” y por medio de actividades lúdicas incentiva el interés de los niños y niñas de la escuela a dialogar sobre la Paz.

“Yo los incentivo a que pintemos y dibujemos los símbolos que representan la paz. Por medio de esas actividades empezamos a hablar sobre el proceso y lo que ellos sienten. Además, jugamos rondas, fútbol, voleibol … entonces por medio de la dinámica y la recreación, construimos paz”, cuenta Yasiris.

La cobertura educativa para las seis comunidades que viven a orillas del Arquía (Puerto Medellín, Puerto Palacios, Vidrí, Vegaez, La Isleta y Belén) es precaria. Las escuelas cuentan con recursos escasos para brindar el servicio. Los jóvenes que cursan el bachillerato deben desplazarse hasta Vegáez, comunidad que cuenta con el único colegio de educación secundara en la zona.

Una de las causas de este rezago viene por cuenta de la dinámica de conflicto armado en la que esta región vivía. Ahora, las comunidades esperan que los dividendos de la paz sean tangibles y la institucionalidad llegue con los servicios básicos que permitan una mejora sustancial en su calidad de vida. Por ahora, los niños y niñas de Vidrí seguirán jugando mientras hablan de paz.

Gracias a Jennifer Moreno, Oficial de Información Pública - Regional Chocó, de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, por escribir esta crónica esperanzadora, publicarla para el mundo y hacer más palpable los dividendos del Proceso de Paz en Colombia.

Ginebra, 10 de mayo de 2018. Por Redacción Ecos. Foto: Cancillería Colombiana.- Los entes encargados de garantizar los DD.HH. en Colombia están en Ginebra, para dar cuenta de los avances, perspectivas y compromisos por hacer. Este examen periódico de la situación de los DD.HH. es un mecanismo importantísimo para evaluar el impacto de los Acuerdos de Paz.

El Ministerio del Interior, en la persona de su titular, Guillermo Rivera, presentó un amplio informe donde expresó que “Colombia asiste a este Examen Periódico Universal con una profunda convicción sobre la importancia del mecanismo como ejercicio constructivo y de cooperación entre naciones para fortalecer el marco de protección de los derechos humanos de todas las personas”.

“Como Estado reconocemos que la firma del Acuerdo no es la Paz en sí misma, sino un paso necesario y definitivo para la construcción de una sociedad más justa y equitativa. La comunidad internacional ha reconocido el valor del Acuerdo al ir más allá de la dejación de las armas y la reincorporación de los excombatientes y promover un gran proyecto de país, más democrático e incluyente”, aseguró el Ministro del Interior.

En este sentido, Colombia presentó cifras alentadoras: “El 2017 fue el año con la tasa de homicidios más baja de los últimos 42 años, permitiendo salvar 3.000 vidas; el reclutamiento de menores, el secuestro, la desaparición y el número de personas desplazadas han disminuido considerablemente. El desminado humanitario permitió una reducción de más del 95% en el número de afectados en los últimos diez años. Hoy, la tercera parte de los municipios con sospecha de minas han sido declarados libres de sospecha de minas, y seguimos trabajando en 232 municipios más, beneficiando así a dos millones de personas”.

Asimismo, una mejor perspectiva del tratamiento de las víctimas: “El compromiso de Colombia con las víctimas del conflicto armado empezó antes de las negociaciones de paz entre el Gobierno Nacional y las FARC, y hoy continúa a través de la puesta en marcha del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición”.

La Consejera Presidencial para los DD.HH. de Colombia, Paula Gaviria, también participó en el examen y expresó:  “Un Estado comprometido con los DD.HH.  es un Estado que reconoce las voces y visiones de los diferentes sectores y movimientos que defienden los derechos humanos. Por ello el Acuerdo Final de Paz, además de tener un enfoque en DD.HH., contempla históricas luchas y reivindicaciones de organizaciones y movimientos sociales”, afirmó.

La puesta en marcha de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que ha llegado a todo el territorio nacional, ha significado un gran avance en la garantía de los derechos de las víctimas. Tres millones de víctimas han recibido alguna medida de reparación, 4 millones de desplazados han sido atendidos con ayuda humanitaria y cientos de comunidades y colectivos adelantan procesos de reparación. En materia de restitución, 300.000 hectáreas de tierra han sido devueltas a sus legítimos dueños, informó Gaviria.

Para garantizar la promoción y protección de derechos de los campesinos, así como la seguridad alimentaria del país, el Gobierno Colombiano ha invertido más de 1.8 billones de dólares, en procesos de formalización y restitución, en construcción y entrega de 140 mil viviendas rurales y en la implementación de Proyectos y Alianzas Productivas para la Paz, informaron los altos funcionarios colombianos.

La situación de los niños víctimas del conflicto fue otro de los temas del Examen de DD.HH.  Este aspecto fue un eje central en las negociaciones en La Habana. Fue la primera vez que, en el marco de un Proceso de Paz, se generaron acuerdos respecto de la salida y atención de los menores de edad de un grupo armado ilegal.

Colombia también, informaron sus delegados, ha avanzado en la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales, aunque persisten desafíos. En los últimos 7 años, más de 5 millones de personas salieron de la pobreza, producto de las políticas, estrategias y programas implementados. El fin de la pobreza es la primera meta fijada por el Estado para el cumplimiento de la Agenda 2030.

En educación, se ha establecido la gratuidad en las instituciones educativas públicas, beneficiado a 8 millones de estudiantes. Adicionalmente, la cobertura en educación superior ha crecido. Pasamos de 37% en 2010 a 53% en 2017. En salud, se alcanzó una cobertura en afiliación del 95%. Por otro lado, para mejorar la calidad de vida de los colombianos, se han construido 1.500.000 viviendas, la mitad de ellas han sido entregas de manera gratuita o subsidiada.

Según el Ministro Rivera, las agresiones en contra de líderes sociales y defensores de DD.HH. son uno de los mayores desafíos. “Manifiesto nuestro absoluto rechazo a todo tipo de violencia en contra del ejercicio de su labor, y reconocemos su trabajo como elemento fundamental en el fortalecimiento de la democracia y del Estado Social de Derecho”, afirmó.

Para responder a esta situación, el Gobierno está trabajando coordinadamente con la Fuerza Pública y la Fiscalía General de la Nación en la consolidación de la política pública basada en la prevención y la protección.

Además, hoy el país cuenta con un renovado Sistema de alertas tempranas en el territorio, se fortaleció la protección colectiva a través de una ruta especial y se estableció el Programa Integral de Seguridad y Protección para las comunidades y organizaciones en las áreas del país en donde más se necesitan.

La delegación también se refirió a la investigación y sanción de los responsables de violaciones a los DD.HH., tema sobre el que ha recibido distintas recomendaciones.

Durante los últimos años, Colombia ha registrado importantes avances, mediante la puesta en marcha de modelos de investigación y priorización de casos. Además, la delegación insistió en que el Estado colombiano seguirá avanzando en la identificación, juzgamiento y sanción de los responsables.

“Para el Estado colombiano, la cooperación y el acompañamiento internacional han sido fundamentales en la consecución de esos avances y la superación de los retos. No desfalleceremos en continuar trabajando por las poblaciones más vulnerables y en nuestro deber de garantizar la labor de los defensores de derechos humanos, líderes sociales y campesinos. El compromiso de Colombia es la consolidación de un Estado garante de los derechos humanos, a través de la institucional con la que contamos, la cual se ha visto fortalecida con la puesta en marcha de la implementación del Acuerdo de Paz. Nuestro compromiso inquebrantable es alcanzar una paz con derechos humanos”, agregó el Ministro Rivera.

Washington, D.C. 8 de mayo de 2018. Redacción Ecos. Foto: J. Moore/Getty Images.-Según un estudio del Banco Mundial, si no se actúa contra el Cambio Climático, en el 2050, más de 140 millones de personas emigrarán en África, Asia Meridional y América Latina, dentro de sus respectivos países.

Sequías, malas cosechas y el aumento del nivel del mar son algunos de los motivos que forzarán a millones de personas residentes en zonas vulnerables a desplazarse en los próximos años. 

El Informe "Groundswell: Prepararse para las migraciones internas provocadas por impactos climáticos", prevé que América Latina tenga 17 millones de emigrantes internos por motivos climáticos en 2050. 

El reporte es el fruto de un trabajo conjunto de investigadores del Center for International Earth Science Information Network (Columbia University), el Institute for Demographic Research (CIDR) de la City University of New York (CUNY) y el Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK). 

Tomando como base una investigación internacional, este informe se centra en la relación entre los impactos del Cambio Climático y el estrés hídrico, la pérdida de productividad de los cultivos, la subida del nivel del mar, los patrones de migración interna y los modelos de desarrollo. 

"El PIK proporcionó escenarios de los impactos del Cambio Climático en la agricultura y los recursos hídricos, como base para investigar sus efectos potenciales sobre la migración interna. Además de proporcionar los datos, estuvimos involucrados en la interpretación de los resultados", explicó a Jacob Schewe, investigador del centro. 

El Informe del Banco Mundial identifica zonas vulnerables a los impactos climáticos de tres países. "Etiopía, Bangladesh y México son países populosos de los cuales existen datos y estudios previos sobre migraciones climáticas”, aclaró Susana Adamo, demógrafa argentina, especializada en migración, población y medio ambiente e Investigadora del Center for International Earth Science Information Network. 

Asimismo, Adamo señaló que "los países difieren en términos de condiciones climáticas, ecosistemas, indicadores de desarrollo y urbanización, grado de vulnerabilidad al riesgo climático, perfil demográfico, patrones migratorios y capacidad institucional”. 

Cambios que fuerzan desplazamientos 

El Cambio Climático se une a las causas migratorias que obligan a las personas a abandonar sus hogares y buscar otras oportunidades debido a cuestiones económicas, sociales y políticas. "Los impactos del Cambio Climático, como las inundaciones o las sequías, son solo un factor determinante”, puntualizó el experto alemán, Jacob Schewe. 

Por otro lado, "la merma de productividad agrícola podría poner en peligro los medios de subsistencia de las personas, especialmente en los países en desarrollo. Se espera que el Cambio Climático disminuya el potencial de rendimiento de muchos cultivos agrícolas importantes en las regiones tropicales, debido al aumento del estrés por calor y las condiciones de sequía. Los recursos hídricos también se verán afectados por patrones cambiantes de precipitación y una mayor evaporación", lamentó Scheve. 

En este sentido, a pesar de que México cuenta con una mayor capacidad de adaptación, "el Cambio Climático puede potenciar la emigración rural-urbana en áreas donde la población depende fuertemente de la agricultura”, subrayó Adamo. 

"A más largo plazo, la subida del nivel del mar amenaza las tierras bajas a lo largo del Golfo de México”, avanzó. Aunque las principales ciudades ubicadas en tierras altas, incluida la Ciudad de México, serán  puntos críticos de inmigración climática, "en América Latina, la transición urbana ya está muy avanzada, y es probable que la mayor parte del movimiento interno sea urbano a urbano o urbano a periurbano, a medida que la población agrícola deja de ser exclusivamente rural”. 

No obstante, según el informe existen diversas medidas, como la reducción de emisiones de gas de efecto invernadero, que pueden ayudar a reducir el número de personas afectadas por esta problemática hasta en un 80 por ciento. 

"En los países afectados por los impactos del Cambio Climático, es importante reconocer que éste es un posible impulsor de la migración interna y que esta posibilidad se incluya en los planes nacionales de desarrollo”, apuntó Jacob Schewe, recordando que "un desarrollo que incluye una mejor educación y la lucha contra la pobreza, reduce la necesidad de migración".

Bogotá, D. C, 8 de mayo de 2018.- EFE.- El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró  estar dispuesto a negociar con Irán y otros países un nuevo acuerdo relacionado con el programa nuclear iraní y pronosticó que Teherán acabará prestándose a hacerlo, tras anunciar que retirará a Estados Unidos del pacto multilateral de 2015.

“Ahora que nos retiramos del acuerdo con Irán, trabajaremos con nuestros aliados para encontrar una solución real, integral y duradera a la amenaza nuclear iraní”, dijo Trump en una declaración a la prensa desde la Casa Blanca.

“Los líderes de Irán dirán, naturalmente, que se niegan a negociar un nuevo acuerdo. Se niegan, y me parece bien. Probablemente yo diría lo mismo si estuviera en su lugar. Pero lo cierto es que al final van a querer negociar un acuerdo nuevo y duradero, uno que beneficie a todo Irán y al pueblo iraní”, indicó.

“Cuando quieran hacerlo, estoy preparado, dispuesto y capaz”, añadió.

El asesor de seguridad nacional de Trump, John Bolton, aseguró poco después a los periodistas que las conversaciones con los aliados de EE.UU. para negociar “un pacto mucho más amplio” que el firmado en 2015 comenzarán “literalmente mañana por la mañana”.

Trump advirtió que ese nuevo acuerdo no debería limitarse al tema nuclear, sino que también debe “incluir esfuerzos para eliminar la amenaza del programa de misiles balísticos de Irán, para detener sus actividades terroristas en el mundo y para bloquear su actividad amenazante en todo Oriente Medio”.

El secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, dijo en un comunicado que mientras su Gobierno construye “un esfuerzo global” para reemplazar el actual acuerdo con Irán, “las sanciones entrarán en vigor completamente, y recordarán al régimen iraní el aislamiento diplomático y económico que resulta de sus actividades malignas”.

No está claro que Trump pueda alcanzar un nuevo pacto con los firmantes del arreglo de 2015 (Irán, Rusia, China, Francia, el Reino Unido y Alemania), dado que todos ellos defienden el acuerdo nuclear firmado hace tres años.

La alta representante de la Unión Europea (UE), Federica Mogherini, aseguró hoy que el bloque europeo está “determinado a preservar” el pacto de 2015, mientras que el presidente francés, Emmanuel Macron, lamentó la decisión de Trump pero se mostró abierto a negociar “un acuerdo más ambicioso”.

Mientras, el presidente iraní, Hasan Rohaní, dijo este martes que, tras la decisión de Trump, ha ordenado a la Organización Iraní de Energía Atómica que esté preparada para adoptar “medidas en caso necesario”, incluido el enriquecimiento de uranio.

Ginebra. 6 de mayo de 2018. Por Felicia Saturno Hartt. Foto: OIT News.- Un nuevo informe de la Organización Mundial del Trabajo (OIT) muestra que 2.000 millones de personas ocupan un empleo informal, gran parte de ellas en los países emergentes y en desarrollo (93%). La mayoría de estos trabajadores carece de protección social, de derechos laborales y de condiciones de trabajo decentes. La OIT pone de manifiesto que la transición hacia la economía formal es una condición imprescindible para hacer realidad el trabajo decente para todos.

Uno de los indicadores más preocupantes, en términos demográficos es, que si se excluye la agricultura, la mitad de la población activa del mundo tiene un empleo informal, según el informe. En África, 85,8% de los empleos son informales. La proporción es de 68,2% en Asia y el Pacífico, 68,6% en los Estados Árabes, 40,0% en las Américas y 25,1% en Europa y Asia Central.

Desde la perspectiva de género, el trabajo informal es una mayor fuente de empleo para los hombres (63%) que para las mujeres (58,1). De los dos mil millones de trabajadores que ocupan un empleo informal en el mundo, poco más de 740 millones son mujeres. Las mujeres están más expuestas al empleo informal en la mayoría de países de ingresos bajos e ingresos medios bajos y con mayor frecuencia se encuentran en las situaciones más precarias.

El nivel de educación es un factor determinante del nivel de informalidad. A escala mundial, cuando el nivel de educación aumenta, el nivel de informalidad disminuye, indica el informe. Las personas que han completado la educación secundaria y superior tienen menos probabilidades de ocupar un empleo informal que los trabajadores que no tienen ninguna instrucción o solo han finalizado la educación primaria.

Las personas que viven en las zonas rurales tienen casi el doble de probabilidades de estar empleadas en la economía informal que las que viven en las zonas urbanas y la agricultura es el sector con el nivel más alto de empleo informal, estimado en más de 90%.

Dos de los autores del Informe, Florence Bonnet y Vicky Leung, señalan que si bien no todos los trabajadores informales son pobres, la pobreza es tanto una causa como una consecuencia de la informalidad.

“El informe muestra que las personas pobres enfrentan tasas de empleo informal más altas y que las tasas de pobreza son más altas entre los trabajadores en la economía informal”, explicó Vicky Leung.

Por su parte, Florence Bonnet, señaló que: “existe la necesidad urgente de combatir la informalidad. Para cientos de millones de trabajadores, la informalidad implica una falta de protección social, de derechos en el trabajo y de condiciones de trabajo decente y para las empresas significa baja productividad y falta de acceso al crédito. Los datos sobre estas cuestiones son esenciales para elaborar políticas apropiadas e integradas que se ajusten a la diversidad de situaciones y necesidades”. “La elevada incidencia de la informalidad es un gran desafío para la realización de trabajo decente para todos y el desarrollo inclusivo y sostenible."

Este informe llega en un momento oportuno debido al impulso creado por la Recomendación sobre la transición de la economía informal a la economía formal, 2015 (núm. 204)  y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que incluyen indicadores estadísticos específicos sobre el empleo informal.

La Recomendación núm. 204 de la OIT destaca la necesidad de facilitar la transición de los trabajadores y de las unidades económicas a la economía formal, a fin de promover la creación, preservación y sostenibilidad de las empresas y de empleos decentes en la economía formal y para prevenir la informalización de los empleos de la economía formal.

“La elevada incidencia de la informalidad en todas sus formas tiene múltiples consecuencias nefastas para los trabajadores, las empresas y las sociedades y es, sobre todo, un gran desafío para la realización de trabajo decente para todos y el desarrollo inclusivo y sostenible. Haber logrado medir esta importante dimensión, incluida ahora en el marco de los indicadores de los ODS, puede ser considerado un excelente progreso para actuar al respecto, en particular gracias a la puesta a disposición de un número mayor de datos comparables de los países”, declaró Rafael Diez de Medina, Director del Departamento de Estadística de la OIT.

Nueva York. 6 de mayo de 2018.-  Redacción Ecos. Foto: Noticias ONU. “No hay recetas fáciles. Garantizar la reintegración en la sociedad de los niños excombatientes en Colombia y asegurar que formen parte activa de sus comunidades es una de las claves para la desmovilización de menores involucrados en el conflicto armado, pero eso lleva tiempo”.

Así lo afirmó la Representante Especial del Secretario General para la Cuestión de los Niños y los Conflictos Armados de la ONU, Virginia Gamba, durante su segundo viaje oficial al país sudamericano.

Tras una anterior visita el pasado mes de noviembre, Gamba reincidió en afirmar la importancia de destinar los recursos técnicos y financieros adecuados para llevar a cabo los programas de reintegración, enfocándose principalmente en la protección, la educación y la asistencia psicosocial de los niños y adolescentes.

En el marco de su visita a Colombia, Gamba asistió, junto a representantes gubernamentales, de las Naciones Unidas, de la sociedad civil y un grupo de jóvenes y expertos internacionales a un taller sobre "Lecciones aprendidas y buenas prácticas en prevención del reclutamiento y atención de la niñez vinculada al conflicto armado”.

Durante el evento resaltó que los progresos realizados en Colombia, en especial con la separación de 135 niños y adolescentes de las FARC-EP, presentan una oportunidad para demostrar que los programas de protección a los menores en los procesos de paz pueden ser beneficiosos para la totalidad del país y ayudan a participar en la construcción de una paz duradera.

Gamba destacó la importancia de traer al evento a personas que habían participado en procesos similares en Sri Lanka, Nepal y Sierra Leona y contrastar sus experiencias con las dificultades y avances que experimenta el Gobierno Colombiano en materia de reintegración.

“Lo que se ve con muchísima claridad en esta comparativa es que no hay respuestas fáciles, no hay recetas fáciles. Todo lo que tienen en común es que demoran, que hay que sostener ese proceso, que hay que ir avanzando, institucionalizando las cosas que funcionan y tratando de corregir lo que no funciona”, señaló contundentemente Gamba.

Niñas soldado

Entre los temas más interesantes que se trataron durante el taller Gamba destacó la reintegración de las niñas soldado. “Tenemos que convencerlas de salir adelante, tenemos que proteger el estigma que su propia sociedad y el mundo en general les da por ser mujer en la situación que está y hay que apoyarlas mucho más”.

El Coordinador Residente de ONU Colombia, Martín Santiago Herrero, quiso destacar los ciclos de violencia que persisten en el país ponen en riesgo a los menores de nuevo.

“Creo que Colombia todavía tiene algunas dinámicas, nuevos ciclos de violencia que ponen en riesgo y amenazan la posibilidad potencial de reclutamiento de niños y niñas. El encuentro nos permite poder señalar una ruta crítica y un camino hacia delante de como un tema tan absolutamente complejo, que solamente puede ser atacado de manera efectiva a través de la garantía de derechos, en Colombia se han hecho cosas que pueden ser un gran aprendizaje”.

Ginebra, 6 de mayo de 2018. Por Redacción Ecos. Foto: El Pitazo.- El número de inmigrantes venezolanos en América Latina pasó de 89.000 a 900.000 personas en dos años, lo que representa un incremento de más del 900%, según la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), que está ayudando a reubicarlos en países como Brasil.

En todo el mundo, la inmigración venezolana creció entre 2015 y 2017 casi un 110 %, al pasar de 700.000 personas a un millón y medio. "Estos números son grandes. Es una de las mayores crisis migratorias que hemos vivido en los últimos cuatro años”, decía el portavoz de la OIM, Joel Millman.

Los venezolanos abandonan su país debido a diversas razones como los factores políticos, las necesidades socioeconómicas, la búsqueda de oportunidades laborales o la situación de inseguridad y violencia.

Los gobiernos de cada país de acogida determinan la condición que les asignarán, ya sea la de refugiado, la residencia temporal o permanente, o protección temporal. Gracias a estos mecanismos de regularización se ha otorgado la residencia temporal o permanente a 400.000 venezolanos.

Los migrantes más vulnerables son los indígenas, las mujeres y los menores no acompañados. Las mayores dificultades a las que se enfrentan son la salud, las redes de trata y su inserción en los mercados laborales de los países de acogida.

La OIM y el Gobierno de Brasil asisten a los venezolanos

La OIM está reubicando a 236 venezolanos desde la ciudad brasileña de Boa Vista, ubicada en el Estado de Roraima, en la frontera entre Venezuela y Brasil, hacia las urbes cariocas de Manaos y San Pablo.

El grupo está compuesto por treinta y cuatro familias que se alojarán en seis albergues temporales, gracias a una iniciativa del Gobierno de Brasil, que cuenta con el apoyo de la OIM, la Agencia para los Refugiados y el Fondo de Población, entre otras agencias de las Naciones Unidas. 

La OIM  identifica a las personas que desean ser reubicadas en otras ciudades, prepara la documentación para el viaje y su transporte hacia los albergues temporales donde reciben atención médica.

Según los datos proporcionados por el Gobierno de Brasil, hasta el mes de abril 43.000 venezolanos solicitaron regularizar su condición como migrantes en Brasil en el Estado de Roraima. Anteriormente, la Organización reubicó a un primer grupo de 265 venezolanos en las ciudades de San Pablo y Cuiabá.

Aparte de Brasil, Colombia, Chile, Argentina, Ecuador, Perú y Uruguay son otros destinos a los que se dirigen los venezolanos que deciden abandonar su país, de acuerdo a un informe de la Organización.

Asilo en EE.UU.

Un portavoz de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) resaltó los crecientes riesgos a los que se enfrentan los venezolanos que viven en la calle en Roraima, pese a la atención sanitaria y el alojamiento que presta este organismo y el Gobierno de Brasil.

ACNUR gestiona los nuevos refugios, hacen  el registro biométrico y entregan tarjetas de identificación para la distribución de alimentos y ayuda.

Hasta el pasado 26 de abril, 170.169 venezolanos solicitaron asilo político en todo el mundo, la mayoría de ellos en EE.UU. En Brasil, 24.000 venezolanos pidieron la condición de refugiado hasta marzo.

Más de medio millón de venezolanos están en Colombia

Por su parte, el Programa Mundial de Alimentos señaló que del millón de venezolanos que han cruzado la frontera con Colombia, 660.000 se han quedado en el país, de acuerdo con los datos proporcionados por el Gobierno Colombiano.

El plan para financiar la ayuda alimentaria con carácter de urgencia para 350.000 migrantes en Colombia asciende a 46 millones de dólares. El operativo, de ocho meses de duración, incluye la distribución de tarjetas para comprar comida con un valor de 35 dólares por persona y mes.

Buenos Aires. 4 de mayo de 2018. Por Redacción Ecos. Foto: EFE.-  La Unión Europea (UE) lanzó un plan de financiamiento de proyectos para el desarrollo en los países latinoamericanos y caribeños, dotado con 9,5 millones de euros.

La iniciativa estará apoyada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Centro de Desarrollo de la Organización y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y tiene como misión fundamental atender a las necesidades sociales y ambientales fijadas en la Agenda 2030 de la ONU, de desarrollo sostenible.

El Director de Cooperación Internacional y Desarrollo de la UE, Stefano Manservisi, explicó que los proyectos serán de "fortalecimiento de las capacidades para realizar reformas", por ejemplo, del sistema fiscal o para establecer reglamentaciones, cofinanciados al 40 %, por parte de los países receptores de las ayudas.

La financiación de los proyectos, que serán "de software, de capacidades, incluso de análisis", irá acompañada de un diálogo triangular, es decir, entre uno de los miembros de la UE y dos países de América Latina y el Caribe, sobre los retos en el ámbito correspondiente.

"La idea no es que traigamos una solución, sino el diálogo", declaró el Director del Centro de Desarrollo de la OCDE y añadió que "ha habido fases en las que se pensaba que había que aplicar una receta común" para el desarrollo y eso "no ha funcionado".

"No hay una estrategia de desarrollo, hay diferentes, dijo Pezzini y ejemplificó la utilidad de las mesas triangulares de cooperación en que a un país caribeño le puede servir más la ayuda de Uruguay que la de Dinamarca, al ser la nación sudamericana algo más desarrollada, pero tener características más similares.

Manservisi defendió que para la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible también es necesaria la ayuda a las regiones en transición, como América Latina y el Caribe, que "no son tan pobres pero viven cada día las contradicciones y dificultades" en asuntos como la desigualdad y los problemas de gobernanza, dos de los puntos a los que se dirige el proyecto de la UE.

En esa línea, Pezzini señaló que en los últimos 30 años ha habido un desarrollo económico "sin precedentes", pero al mismo tiempo el PIB "ha perdido valor como medida" del desarrollo, lo que en el caso de la región se traduce en que la renta es media-alta, pero las condiciones de seguridad son más equiparables a la de países con una renta media-baja.

El Secretario Ejecutivo Adjunto de la CEPAL, Mario Cimoli, expresó su intención de que la cooperación con la UE sirva para "tomar experiencias" de una mayor integración como el fin del "roaming" en la UE.

Cimoli ensalzó la iniciativa y su "contexto de myultilateralismo y globalización", en un mundo donde "se cuestionan los acuerdos comerciales y algunos países tienden a aislarse".

También el representante de la UE valoró el "mensaje político" del plan y su condición de "simbólico" al haberse discutido informalmente con motivo de su lanzamiento los desafíos del desarrollo en el mundo.

Los ponentes expusieron la elaboración del informe Perspectivas económicas de América Latina, de la CEPAL, como un ejemplo de la cooperación que se persigue y Cimoli explicó que no es un reporte de coyuntura macroeconómica sino de "problemas estructurales" y que no fue realizado por investigadores sino de manera conjunta por los países.

Bogotá, D. C, 4 de mayo de 2018. Por Carlos Alberto González Dorado. Foto: ECOS.- La productividad y el dinamismo de la industria petrolera y de los hidrocarburos arrojaron un buen balance para el sector, que en 2017 vio como sus cifras de producción y abastecimiento aumentaron de manera considerable.

Fue así como de 1.665  millones de barriles de crudo en 2016, se pasó en 2017 a una producción de 1.782 millones de barriles.

Para el presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) Orlando Velandia estas cifras reconfirman el buen momento por el que atraviesa el gremio al destacar que “sino se  hubiera hecho nada el año anterior hoy  tendríamos un horizonte de reservas por debajo de los 4 años”.

Anotó el presidente de la entidad que no solo se repusieron los 312 millones de barriles que se consumieron, “sino que se generó un adicional más de 117 millones de barriles, lo que representa una buena noticia para el país ya que eso no sucedía en los últimos cuatro años”.

El directivo exaltó que estos buenos resultados “se derivan de la optimización de los yacimientos, del recobro mejorado y de los proyectos de producción incremental” que es lo que se ha impulsado.

Pero para lograr estos exitosos balances, la inversión en exploración y producción no podía quedarse atrás y le inyectaron a esos trabajos  3.500 millones de dólares, superando casi en un 70 por ciento la inversión del 2016 que estuvo por el orden de los 2.040 millones de dólares.

En cuanto a las áreas en donde se potencializan estos recursos, la Cuenca de los Llanos y el Magdalena Medio siguen encabezando los niveles de producción y reservas. “El factor de reposición de nuestras reservas en el 2017 superó el 138 por ciento, lo que significa que producimos 38 por ciento más de lo que consumimos y eso es bueno para el país”, reiteró el presidente de la ANH.

Sobre las reservas de gas, los niveles arrojan una productividad en 2017 de 3.896 giga pies cúbicos, cifra muy superior a los 3.692 del 2016, lo que despierta el interés de las compañías extranjeras que ven en  Colombia  un potencial tanto en minería como en petróleos.

“Tenemos que seguir manteniendo esos factores que nos dan competitividad a la seguridad jurídica, mejorar cada día en los tiempos, en los trámites para otorgar los permisos de la contratación y seguir trabajando en los temas ambientales”, puntualizó el presidente de la ANH Orlando Velandia.

Velandia destacó el trabajo mancomunado realizado entre el Gobierno, el Congreso de la República, el Ministerio de Minas y la academia que ha sido pilar para el acercamiento con las comunidades.

Entre los desafíos y retos que restan para este año, Velandia aseguró que se debe seguir allanando el camino en las regiones mejorando los mecanismos de comunicación con las comunidades. Así mismo seguir creando los incentivos contractuales para que Colombia siga manteniendo ese nivel de competitividad, mejorar en los temas de licenciamiento ambiental, "pero sobre todo buscar cada vez que las comunidades se apropien más de esta industria".

Bogotá, D.C. 3 de mayo de 2018. Por Felicia Saturno Hartt. Foto: DPA.- Cuando el Ejército Republicano Irlandés (IRA) dio por terminada su "lucha armada", El grupo separatista vasco ETA permaneció como el último grupo armado de Europa Occidental.

ETA nació en Bilbao el 31 de julio de 1959, en plena dictadura de Francisco Franco (1939-1975). Durante casi medio siglo, asesinó a 853 personas con el objetivo de lograr, por la vía de lo que calificaba como "Lucha Armada", la Independencia del País Vasco

Surgido de un grupo de estudiantes, que expresaba sus ideas en un periódico nacionalista y antifranquista, su ideología se basó, en los inicios, en el Anticapitalismo y el Antimperialismo. Sus siglas, que se convertirían en sinónimo de medio siglo de Terrorismo en España, significan "Euskadi ta Askatasuna" (Patria Vasca y Libertad.

En octubre de 2011 abandonó de forma definitiva la violencia y en abril de 2017 entregó sus armas, pero aún no se disolvió. Todo indica que dará ese último paso a principios de mayo.

El primer atentado mortal del grupo separatista vasco tuvo lugar nueve años después de su fundación, el 2 de agosto de 1968 y terminó con la vida del comisario de Policía Melitón Manzanas.

Desde entonces, el grupo armado mató a 853 personas, según cifras del Ministerio del Interior Español y dejó acciones que marcaron la historia de España, como el asesinato del entonces presidente del Gobierno Luis Carrero Blanco, heredero del Dictador Francisco Franco, con un coche bomba en 1973 o la colocación de una bomba que dejó 21 muertos en un supermercado en 1987.

La principal aspiración de ETA fue la creación de un Estado Independiente, formado, no solo por las tres provincias vascas en el norte de España (Álava, Guipúzcoa y Vizcaya), sino también por una parte del departamento francés de los Pirineos Atlánticos y la vecina región de Navarra, un conglomerado que denominaba "Euskal Herria".

Tras varios intentos frustrados de negociación y treguas quebradas, ETA anunció su adiós unilateral a las armas en 2011, poco antes de la llegada del conservador Mariano Rajoy al Gobierno.

El grupo intentó, desde entonces, negociar su desarme y su disolución, a cambio de mejorar la situación de sus presos, casi en su totalidad alejados de cárceles del País Vasco, pero su fracaso lo llevó a escenificar la entrega de armas en abril de 2017.

Acabada su existencia, ETA insiste en que su fin "no supera" el "conflicto" de Euskadi con Francia y con España. "El conflicto no comenzó con ETA y no termina con el final del recorrido de ETA".

La organización, que lamentó el daño causado y pidió "perdón", solo a una parte de las víctimas, por el "sufrimiento desmedido" en una carta el pasado 21 de abril, vuelve a reconocer "el sufrimiento provocado como consecuencia de su lucha".

ETA aseguró que esta primera semana de mayo concretará finalmente su disolución, de "dar por terminados su ciclo histórico y su función, dando fin a su recorrido",  paso histórico definitivo para cerrar uno de los capítulos más oscuros en la historia reciente de España.