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Londres, 7 de junio de 2018. Por Felicia Saturno Hartt. Foto: El Comercio de Peru.- El actual Índice de violencia en el mundo no ha disminuido, al contrario, más allá del sufrimiento humano, los costos económicos de los conflictos y las guerras, son gigantescos: 2.000 dólares por cada persona que vive en el planeta.
De acuerdo al índice de Paz Global, el mundo no fue un lugar más pacífico en el 2017. Así lo señala un informe publicado en Londres por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP, por sus siglas en inglés).
En 2017, la paz disminuyó en 92 naciones, mientras que hubo mejoras solo en 71 países, reporta Steve Killelea, fundador y Presidente del IEP. La tendencia negativa se mantiene por cuarto año consecutivo.
En general, la paz mundial ha disminuido en la última década, según el analista Killelea. Esto se debe principalmente a los conflictos en Medio Oriente. Según el GPI, el Medio Oriente y el norte de África son las regiones menos pacíficas del mundo. En el fondo de la clasificación de 163 Estados se ubica Siria. Otros países al final de esta escala son Afganistán, Sudán del Sur, Irak y Somalia.
El IEP ha identificado a Europa como la región más pacífica de nueve regiones del mundo. Cuatro de los cinco países más pacíficos del planeta están en Europa: Islandia, Austria, Portugal y Dinamarca. El otro es Nueva Zelanda. Alemania todavía está en el lugar 17.
Sin embargo, Killelea dice: "23 de los 36 países que contamos como Europa se deterioraron durante el año pasado". Estos se encuentran principalmente en Europa Occidental. En términos generales, Europa del este ha incluso mejorado.
El Índice de Paz Global se calcula sobre la base de 23 indicadores en las áreas de "seguridad en la sociedad", "conflictos permanentes" y "militarización". En el área de seguridad en la sociedad, los investigadores del IEP analizan, por ejemplo, la tasa de homicidios, el número de detenidos, el número de agentes de policía e incluso la percepción de criminalidad. El área de militarización incluye el número de soldados, el gasto militar en relación con la producción económica y también las posibles exportaciones de armas.
Mientras que Europa está bajo presión de la administración estadounidense para que aumente su presupuesto armamentístico, la tendencia mundial del gasto en Defensa está apuntando hacia abajo.
Killelea explica que: "Durante la última década, 104 países han reducido su gasto armamentístico en relación con la producción económica y 115 países han reducido su personal militar".
Sin embargo, una mirada a los últimos diez años también revela que la intensidad de los conflictos ha aumentado significativamente. Killelea lo expresa en números: "La cifra de muertos en los campos de batalla del mundo ha aumentado 246% y el número de muertos por terrorismo se ha incrementado 203% en la última década".
Los cambios positivos más grandes en el Índice de Paz Global han resultado en África subsahariana. Gambia, por ejemplo, escaló 35 lugares en el ranking, la mejoría más grande en el índice. Pero también Liberia, Burundi y Senegal figuran entre los cinco países con mayores avances.
Paz Positiva, nueva categoría del Índice de Paz Global
El Índice de Paz Global también presenta la categoría "paz positiva" por primera vez este año. El ranking intenta no tratar la paz simplemente como una ausencia de conflicto y guerra.
La "paz positiva" examina las estructuras, los factores sociales y las instituciones que contribuyen con la paz de las sociedades. Y lo que es bueno para la paz también es bueno para la economía, dice Killelea: "Cada porcentaje de mejora de la paz positiva va de la mano con un crecimiento económico de 1,8 por ciento".
Ante la escalofriante cifra del costo global de la violencia, es importante estimar que los dividendos de la paz positiva son factores indispensables.
Ninguna nación que sufra el conflicto armado, la crisis humanitaria y los desmanes del terrorismo, podrá lograr un desarrollo sostenible, no solo por la inversión en el gasto de Defensa, sino porque es imposible la productividad, la inversión y el intercambio. Sin estimar otros aspectos vinculados al desarrollo como la formación, la creación cultural y la preservación del patrimonio material e inmaterial.
Bogotá, D. C, 5 de mayo de 2018. Foto: Leonardo Vargas.- Con 84 votos a favor, el Congreso autorizó la convocatoria a las urnas contra la corrupción y que será convocada después de la segunda vuelta presidencial.
La cámara alta había decidido, en sesión en el mes de abril, aplazar la discusión y votación del tema para que no fuera “politizada”, teniendo en cuenta la campaña para la primera vuelta presidencial que se realizó el 27 de mayo.
La plenaria debatió el tema demostrando que las diferentes bancadas le apostaron a dicha consulta en medio de un debate donde el Centro Democrático refutó las acusaciones de la representante a la Cámara Angélica Lozano, quien los acusó de estar saboteando la iniciativa.
De inmediato la senadora Paloma Valencia le salió al paso y respondió a Lozano que el compromiso de la bancada del Centro Democrático respecto a dicha consulta es muy claro: “Iván Duque y el Centro Democrático, somos de palabra, no decimos mentiras y daremos la lucha contra la corrupción, votaremos la consulta”, señaló.
En el debate intervino el senador Álvaro Uribe Vélez, quien anunció su voto positivo al señalar que lo hacía por instrucciones del candidato a la presidencia Iván Duque y por la defensa de la institucionalidad”.
Uribe justificó el voto destacando que “voy a votar positivamente porque he sido honorable, porque he administrado el patrimonio público con decencia, con austeridad y sin desgreño. Voto acatando la instrucción del doctor Iván Duque, ajeno a la politiquería, a la mentira”.
El senador Liberal Horacio Serpa sostuvo que “la corrupción no puede ser patrimonio de un partido político y tampoco podemos creer que los corruptos son los políticos, hay muchos políticos que trabajan con honestidad”, manifestó, al anunciar su voto positivo a la propuesta.
La senadora de la Alianza Verde Claudia López, quien ha liderado la consulta, agradeció a sus colegas el respaldo a la iniciativa: “Quiero darle las gracias a esta plenaria que ha votado por unanimidad el aval para que los ciudadanos podamos votar los 7 mandatos anticorrupción y a los millones de colombianos que han dado su apoyo para que esta consulta sea posible”.
El ministro del Interior, Guillermo Rivera, aseguró que “el Gobierno creará las condiciones políticas y financieras para que se lleve a cabo esta consulta”.
Bruselas, 4 de junio de 2018. Por Redacción Ecos. Foto: Juan David Tena/SIG.- El ingreso de Colombia a la Organización del Atlántico Norte (OTAN) es un paso importante desde el punto de vista estratégico y geopolítico.
Más aún si se considera que sus aportes como socio estratégico global serán, como lo expresó el Presidente Colombiano, Juan Manuel Santos, al formalizar su ingreso, son referidos a “mayor capacidad para el Desminado, mejores herramientas para la Ciberseguridad y más información para combatir el Crimen Organizado Transnacional.
Al término de su encuentro con el Secretario General de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Jens Stoltenberg, el Jefe de Estado declaró que tal categoría para el país implica, por ejemplo, “más transparencia en las compras militares”.
“La lucha contra la corrupción es algo que la OTAN tiene como prioridad y nosotros queremos también todas las lecciones y todas las mejores prácticas para luchar contra la corrupción, y ya hemos establecido varios de los procedimientos que nos han permitido mejorar muchísimo en ese frente”, afirmo Santos Calderón.
En este sentido, el presidente colombiano explicó que esa relación con la también llamada Alianza Atlántica, significa aumentar la capacidad “en algo que estamos haciendo nosotros los colombianos con mucha efectividad que es el desminado”… “Le pedí al Secretario General de OTAN a ver si nos podía ayudar a certificar nuestros centros de entrenamiento de desminado, para poder darle ayuda a otros países que están interesados, como Afganistán, en tener experiencias y capacitaciones en ese frente”, dijo el Mandatario.
Durante su declaración, Santos afirmó que, en materia de intercambio recíproco Colombia tiene experiencias que aportar en solución de conflictos, en lucha contra el crimen organizado, y, por supuesto, en lucha contra el tráfico de drogas, migración irregular y desastres.
Colombia es el primer país de América Latina que es socio global de la OTAN.
Bogotá, D.C. Junio 3 de 2018. Por Redacción Ecos.- Foto: feedyeti.com.- Luego de dos semanas de trabajo en terreno, el grupo de expertos de ONU Medio Ambiente entregó, en el marco del Comité Ambiental Interinstitucional para el manejo de la contingencia generada durante la construcción de Hidroituango, las recomendaciones técnicas de la misión solicitada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Gobierno de Colombia.
“Esas recomendaciones están orientadas, en primer lugar a establecer los escenarios de riesgo que tenemos, han establecido que la presa es de alto riesgo y este riesgo está asociado a tres escenarios principales”, señaló el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Luis Gilberto Murillo Urrutia.
El primer escenario corresponde al riesgo geotécnico de la masa montañosa del margen derecho (oriental), sea por deslizamiento o por afectaciones a la casa de máquinas, lo que pudiera ocasionar el fallo de la presa.
El segundo de los escenarios se daría si el impacto de dicho deslizamiento desencadena en una ola (onda) sobrepasando la presa y generando un overtopping, lo que también llevaría al fallo de la presa, sin embargo, aclaran que no hay datos que permitan determinar la probabilidad de la ocurrencia de este evento.
El tercer escenario tiene que ver con la construcción de la presa misma, el lleno prioritario desde la cota 385 hasta la 410 y hacia la 430. "Por la manera en que se realizó este lleno prioritario para poder responder a la situación de emergencia, se podrían generar algunas filtraciones y esas filtraciones pudiesen desencadenar en el fallo de la presa”, anotó Murillo Urrutia.
Los expertos recomendaron un monitoreo constante del estribo derecho y del lleno prioritario para entender y modelar de una forma más robusta los escenarios posibles frente a las condiciones geológicas de esta zona y su afectación sobre la represa.
Asimismo indicaron que la culminación de la cresta de la represa, así como estudios detallados de las opciones para bajar de manera controlada el nivel del embalse, siguen siendo prioritarios.
Además, el equipo ha recomendado que la construcción del lleno prioritario continúe, pero con reforzamiento de las caras de la presa y del eje de la misma, para mejorar su impermeabilidad y la estabilidad de la obra.
También hicieron recomendaciones técnicas para reforzar dicho relleno de forma que pueda ser permanente y cumpla con estándares adecuados de seguridad.
Adicionalmente a esto, el equipo de expertos entregó una serie de recomendaciones para el mediano plazo, una vez que haya pasado la emergencia actual.
“Con base en esas recomendaciones, la ANLA ha impuesto unas medidas de monitoreo y también para que se pueda hacer el fortalecimiento del lleno prioritario. Adicionalmente estamos estudiando las recomendaciones que nos ha hecho ONU Ambiente en el mediano y largo plazo. Más adelante les daremos a conocer nuestras decisiones en ese sentido”, puntualizó el Ministro Murillo.
El equipo de expertos fue movilizado por la Unidad Conjunta de ONU Medio Ambiente y la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, con el apoyo del Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea y la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación, en respuesta a la solicitud de asesoría y acompañamiento técnico al Director Ejecutivo de ONU Medio Ambiente, Erik Solheim, por parte del Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Luis Gilberto Murillo.
Cúcuta 1 de junio de 2018. Prensa - Senado de Colombia.- Foto: Leonardo Vargas.- Durante el Primer Encuentro de Congresos por Venezuela, los congresistas pidieron solidaridad para con el pueblo venezolano y la necesidad de facilitar la migración de los ciudadanos a otros países.
En una declaración piden sanciones contra altos funcionarios y restablecimiento de las garantías electorales. Desconocen resultados de elecciones del pasado 20 de mayo e instan a la ONU para que coordine una gestión regional logística que atienda a los migrantes venezolanos que ingresan a los países vecinos.
Los congresistas latinoamericanos, reunidos cerca al Puente Internacional Simón Bolívar, exhortaron a los gobiernos e instituciones de los países vecinos, ejercer acciones concretas para condenar el régimen impuesto por el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.
La declaración firmada por los presidentes de Senado y Cámara de Representas de Colombia, Efraín Cepeda Sarabía y Rodrígo Lara, respectivamente, al igual que sus homólogos de Venezuela y delegaciones de los países asistentes al Encuentro, establece la necesidad de llamar a la solidaridad del continente, para implementar un corredor humanitario de ayuda a la población, afectada por la grave crisis, que pone en alto riesgo el goce del derecho a la vida y los derechos económicos, sociales y culturales de los venezolanos.
El siguiente es el texto de la declaración:
Declaración de los Presidentes, Mesas Directivas y Delegaciones de los Órganos Legislativos de América Latina y el Caribe
En el marco de la Carta Democrática Interamericana y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Presidentes, Mesas Directivas y Delegaciones de los Órganos Legislativos de América, en reunión solemne realizada en Villa del Rosario, Norte de Santander, el día 1° de Junio de 2018, con absoluto respeto por las normas de derecho internacional incluidas en los Instrumentos adoptados en el marco de las Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos y otros organismos internacionales competentes, teniendo en cuenta el desarrollo del derecho internacional de los Derechos Humanos y conscientes de la imperiosa necesidad de activar planes conjuntos de alivio humanitario y restablecimiento de la democracia y el orden constitucional en la República de Venezuela,
CONSIDERANDO
Que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el Informe “Institucionalidad Democrática, Estado de Derecho y Derechos Humanos en Venezuela”, de 31 de diciembre de 2017, señala que “ha venido observando un acelerado deterioro en la institucionalidad democrática y en la situación de derechos humanos en Venezuela que se ha profundizado e intensificado significativamente a partir de 2015”.
Que el régimen político presidido por Nicolás Maduro ha anulado el principio de separación e independencia de poderes, base de toda constitución democrática y pilar protegido por el derecho interamericano.
Que el Gobierno de Nicolás Maduro ha instalado un régimen de represión y de violencia gubernamental que hace parte de una política de violación sistemática de los derechos humanos, de tal gravedad, que ha desencadenado en crímenes de lesa humanidad, respecto de los cuales la Corte Penal Internacional investiga en la actualidad un cúmulo de denuncias.
Que la falta de independencia del poder judicial, junto a la pretensión de eliminar la Asamblea Nacional y sustituirla de facto por una Asamblea Constituyente irregular e ilegítima, son expresiones de concentración del poder en el Gobierno que desprecian el Estado de Derecho y los principios democráticos a los que se han obligado soberanamente y libres de toda presión los países de la región, según sea el caso Convención Americana de Derechos Humanos, la Organización de Estados Americanos, Mercosur, Unasur, y demás organizaciones multilaterales de la región.
Que la crisis humanitaria en Venezuela, producto de la hambruna, el desabastecimiento general, la hiperinflación, los graves problemas en los servicios de salud y en el acceso a los mismos, así como la intensa represión, afectan severamente el goce del derecho a la vida, los derechos económicos, sociales y culturales de los venezolanos.
Que en Venezuela el régimen de Maduro ha destruido la clase media, y ha deteriorado la calidad de vida del pueblo en general al multiplicar la pobreza por ingreso que en 2014 fue de 48%, en 2015 de 73%, en 2016 de 81.8% y en 2017 de 87%, de este último el 64% de los venezolanos está en extrema pobreza.[1]
Que la represión militar, policial y paramilitar ha cobrado cientos de víctimas mortales, que hoy el presidio político se extiende a más de 600 personas y que los líderes políticos y estudiantiles en su mayoría se hayan encarcelados, exilados o perseguidos, así como la severa restricción de la libertad de expresión que constituyen un componente ya histórico en la lógica represiva del gobierno.
Que producto de lo anterior las zonas de frontera que acogen migrantes se han visto profundamente afectadas, que las capacidades de atención a los exiliados se hallan desbordadas, lo cual agudiza los problemas sociales en dichos lugares y que esta debe ser una responsabilidad compartida por todo el continente,
DECLARAN
1. Llamar a la solidaridad a los Gobiernos del Continente y a la Comunidad Internacional con el pueblo de Venezuela, ante la ruptura del orden constitucional y la suspensión del sistema democrático efectuada por el Ejecutivo encabezado por Nicolás Maduro en abierta violación de las normas de protección del régimen democrático, el ejercicio de las libertades y de los derechos humanos que obligan a los países del hemisferio.
2. Desconocer los resultados de las elecciones nacionales del 20 de mayo de 2018 en Venezuela y rechazar la jornada electoral que se adelantó, cuya convocatoria fue ilegal y no cumple con los mínimos estándares democráticos aceptables para una elección.
3. Exigir la convocatoria a unas elecciones libres, transparentes y democráticas, que cuenten con todas las garantías para los participantes, incluyendo misiones imparciales de observación electoral y que se haga efectivo el derecho del pueblo venezolano a decidir sobre su futuro.
4. Convocar a la comunidad internacional para aunar esfuerzos con a fin de contribuir con decididas acciones para que se restablezca en Venezuela el principio de separación e independencia de poderes y se respete la soberanía de su Asamblea Nacional, desconocida por el régimen de facto impuesto por Nicolás Maduro.
5. Condenar al Gobierno de Nicolás Maduro por pretender acallar las denuncias ante el mundo sobre la sistemática violación a los derechos humanos que ocurre en Venezuela, mediante el decomiso, la no expedición y el bloqueo de pasaportes a los miembros de la oposición que ostentan la dignidad de Diputados ante la Asamblea Nacional.
6. Reconocer la grave crisis humanitaria por la cual atraviesa el pueblo venezolano, producto de la ruptura de las instituciones democráticas, las violaciones flagrantes a las libertades y garantías básicas por parte del régimen encabezado por Nicolás Maduro y los miembros de la Asamblea Constituyente, respaldados por parte de Fuerzas Armadas desleales a la Constitución, Colectivos irregulares e intereses corruptos.
7. Rechazar las flagrantes violaciones al debido proceso, así como la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes a que han sido sometidos los presos políticos venezolanos y sus familias, por el simple hecho de ejercer sus derechos fundamentales a la expresión y la protesta.
8. Reconocer la “responsabilidad de proteger” que tiene la Comunidad Internacional respecto a la debacle humanitaria, nutricional, sanitaria y migratoria venezolana, que ha generado un éxodo masivo.
En consecuencia,
NOS COMPROMETEMOS
A propiciar ante los Gobiernos de nuestros países las siguientes medidas inmediatas:
1. (Unasur)
2. Convocar la Oficina de Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios (OCHA, por sus siglas en inglés), a coordinar la gestión regional logística y presupuestal, para la atención de los migrantes venezolanos que ingresan a nuestros países a causa del evidente colapso institucional y de la hambruna en Venezuela.
3. Instar a nuestros Gobiernos a crear un Fondo de Cooperación Internacional para garantizar la atención humanitaria de los migrantes, su inserción laboral y productiva transitoria.
4. Desarrollar en nuestros Órganos Legislativos una agenda legislativa común que permita responder a la crisis coyuntural por la que atraviesan millones de venezolanos expulsados de su territorio producto de la represión del régimen y la situación de hambruna en dicho país a partir de las siguientes medidas:
Conceder refugio de forma automática a los funcionarios y dirigentes que hayan sido elegidos mediante voto popular, en cualquier fecha, desde 1998, a corporaciones o gobiernos locales, al igual que a los integrantes del poder judicial de Venezuela que así lo soliciten.
Facilitar la permanencia y tránsito de ciudadanos venezolanos con pasaportes y documentos caducados, ante la incapacidad o negligencia del régimen de Nicolás Maduro para suministrarlos.
Flexibilizar los requisitos de permanencia y residencia de los ciudadanos de Venezuela, así como la expedición rápida de salvoconductos migratorios para el tránsito interamericano de la población migrante.
Elaborar un régimen especial migratorio respecto de nuestros colegas de la Asamblea Nacional de Venezuela, para su libre tránsito y permanencia en nuestros territorios, eximiéndolos de los requisitos generales de regularización tales como la presentación de pasaportes, de manera que se les permita ejercer su derecho de locomoción en el territorio interamericano con cualquier documento de identidad.
Flexibilizar los criterios de acreditación de los títulos de los migrantes y adopción de un trámite expedito para la misma.
5. Frente a la corrupción del régimen de Nicolás Maduro y la consecuente pérdida de patrimonio venezolano, requerir a los Gobiernos y Órganos Legislativos de nuestros países:
Activar las unidades de inteligencia e investigación financiera y adoptar la legislación necesaria, para incautar y congelar los capitales controlados por altos funcionarios del gobierno venezolano en los países de la región, de las empresas controladas por estos y los fondos y demás patrimonio personal y de sus testaferros.
Negar y revocar las visas o el ingreso a los altos funcionarios del régimen de Nicolás Maduro, a quienes hacen parte del Gobierno, a funcionarios judiciales involucrados en la violación del orden constitucional y del ordenamiento jurídico y a miembros de la Asamblea Constituyente, así como a sus socios en actividades comerciales.
Revisar los antecedentes de las solicitudes de visados especiales por inversión, para evitar que corruptos y violadores de derechos humanos, puedan establecer su patrimonio en nuestros Estados.
Cúcuta, Norte de Santander, Colombia, 1o. de junio de 2018.
Bogotá, D. C, 1 de junio de 2018.Redacción Ecos. Foto: SIG.- ‘Usted deja un legado único a su pueblo, el legado de la paz, con más oportunidades para las nuevas generaciones’, le dijo en forma contundente el director de la Organización Internacional del Trabajo, Guy Ryder, al presidente Juan Manuel Santos en Ginebra, por lograr el fin del conflicto con las Farc.
“Aún quedan muchos desafíos. En la OIT asumimos el compromiso de continuar apoyando a Colombia para lograr un futuro de trabajo decente para todos, de pleno respeto de las normas internacionales y con especial atención para las numerosas víctimas de la violencia”, afirmó Guy Ryder.
Ante la Asamblea de la OIT, Guy Ryder le dijo al jefe de Estado colombiano: “por su determinación de poner fin al conflicto, el Comité señala sus decididos esfuerzos para llevar a su fin a más 50 años de guerra, una guerra que ha costado la vida de al menos 220 mil colombianos y que ha desplazado a 6 millones de personas”, aseveró Ryder, quien fue testigo de la firma del Acuerdo de Paz en el 2016.
“Deseamos para Colombia un día más luminoso, un día en paz y con justicia social”, puntualizó Guy Ryder.
Bogotá, D. C, 1 de junio de 2018. Por EFE. Foto: milenio.com.- El socialista Pedro Sánchez fue elegido nuevo presidente del Gobierno de España, tras obtener el apoyo de la mayoría absoluta del Congreso a una histórica moción de censura con la que forzó la salida del poder del conservador Mariano Rajoy.
La moción, presentada hace una semana por los socialistas tras conocerse la sentencia de la Justicia española que condenaba al Partido Popular (PP) por beneficiarse de una trama de corrupción, fue aprobada por 180 votos a favor, 169 en contra y una abstención.
Sánchez contó con el apoyo del Partido Socialista (PSOE), de la coalición de izquierda Unidos Podemos y de los grupos nacionalistas e independentistas del País Vasco y Cataluña.
En contra votaron los diputados del PP de Rajoy y los de Ciudadanos (liberales), mientras que solo hubo una abstención, la de una diputada regionalista canaria.
Tras la votación, Mariano Rajoy felicitó a Sánchez y salió del salón de plenos seguido de sus correligionarios, mientras que en la bancada se oyó el grito de "sí, se puede", un lema clásico de Unidos Podemos.
Los socialistas justificaron la moción para censurar al Gobierno con el argumento de que Rajoy no asumió sus responsabilidades políticas después de hacerse pública la sentencia judicial, que el Partido Popular nunca reconoció.
Con esta votación, Pedro Sánchez se convierte en el séptimo presidente del Gobierno español y el tercero socialista desde la restauración de la democracia en 1977, y el primero que llega al Ejecutivo tras una moción de censura.
El nuevo presidente del Gobierno se comprometió a "atender las urgencias sociales", así como a combatir la precariedad y la desigualdad, a la vez que asumió los compromisos europeos de estabilidad presupuestaria.
"Tenemos una tarea muy importante por la cohesión social, es necesario estabilizar socialmente a nuestro país", dijo Sánchez, quien pidió al PP que sea "tan leal" en la oposición a su Gobierno como lo ha sido el PSOE con el Ejecutivo de Rajoy.
El partido socialista, que ha sido muy crítico con el gobierno del PP en aspectos económicos y sociales, lo ha apoyado en un tema delicado para España como es el de frenar el proceso independentista de Cataluña.
En ese sentido, Sánchez aseguró que es consciente de la responsabilidad que asume y del momento político "tan complejo" y todos los desafíos que tiene España, que afrontará "con voluntad, entrega y determinación", así como desde el consenso.
Respecto a la estabilidad económica, algo que ha cuestionado el PP al candidato socialista, Sánchez afirmó que su Ejecutivo intentará que haya presupuestos en 2019 y reiteró que tendrá como prioridad cumplir los compromisos europeos de estabilidad presupuestaria.
En el nuevo mandato gubernamental que comienza hoy, el partido socialista tiene solo con 84 diputados en el Congreso, por lo que deberá contar con el apoyo de otros grupos para sacar adelante sus propuestas.
El hasta ahora presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, afirmó que acepta "como demócrata" el resultado de la moción de censura, aunque no comparta "lo que se ha hecho".
Washington, D.C. 31 de mayo de 2018. Por Luis Fernando García Forero. Foto: OEA.- El Informe de un grupo de expertos designado por el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, concluyó que el Gobierno de Nicolás Maduro ha cometido delitos de lesa humanidad, y por tanto, existe base legal para denunciarlo ante la Corte Penal Internacional (CPI).
En este Informe 2018, integrados por 400 páginas, el panel de expertos concluyó que existe "fundamento suficiente" para concluir que se cometieron crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
En una rueda de prensa en la sede de la OEA en Washington, Santiago Cantón, ex Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de DD.HH. (CIDH) aseguró que en Venezuela se han llevado a cabo 131 ejecuciones extrajudiciales, cometidas por las fuerzas de seguridad del Estado o por los llamados "colectivos", ciudadanos que supuestamente se coordinan con las autoridades para reprimir manifestaciones.
El experto aseguró que el informe recoge denuncias de 8.000 homicidios, 12.000 personas detenidas arbitrariamente en los últimos dos años, 289 alegaciones de tortura y 192 casos de violencia sexual contra hombres y mujeres, que llegaron a sufrir "descargas eléctricas en sus genitales".
"Plan sistemático" del Gobierno
Cantón denunció un "plan sistemático" del Gobierno de Nicolás Maduro para ejercer el "control social" y aseguró que el grupo de expertos ha detectado "una clara persecución política presente en todos los crímenes de lesa humanidad" que han sido recogidos en el informe.
La OEA como institución no tiene capacidad para enviar un caso a la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, pero sí pueden hacerlo cualquiera de los 28 Estados miembros del organismo panamericano que han suscrito el Estatuto de Roma, el tratado fundacional de esa corte.
Si ningún país diera ese paso, y hasta ahora ninguno ha mostrado voluntad de hacerlo, Almagro podría enviar a título personal la información a la Corte Penal Internacional, como ya han hecho senadores de Colombia, Chile, Perú y Argentina, así como la exfiscal venezolana Luisa Ortega Díaz.
La diferencia radica en que, si un Estado denuncia a los miembros del Gobierno de Venezuela ante la CPI, la Oficina del Fiscal debe abrir una investigación de manera automática; mientras que, si lo hace un individuo (en este caso Almagro), la Fiscalía debe recibir la autorización previa de un grupo de jueces.
La CPI tiene competencias para juzgar los crímenes contra la humanidad supuestamente cometidos en Venezuela desde el 1 de julio de 2002, cuando entró en vigor el Estatuto de Roma.
Bruselas, 31 de mayo de 2018. Por Felicia Saturno Hartt. Foto: AP.- La Unión Europea anunció que destinará 15 millones de euros adicionales para facilitar la implementación del Proceso de Paz en Colombia. La cifra se suma a los 220 millones que Bruselas ya ha aportado para resolver el conflicto.
"La UE ha decidido una contribución adicional de 15 millones de euros" para la reinserción de antiguos miembros de las FARC, anunció la alta representante para la Política Exterior de la Unión, Federica Mogherini.
La Jefa de la diplomacia comunitaria europea realizó el anuncio durante su participación, junto al Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, en el Debate "Resolución de Conflictos en el siglo XXI: "El caso de Colombia", organizado en el Palacio de Bellas Artes de Bruselas, Bozar.
"Os estamos acompañando durante todo el camino, desde el primer día. Y seguiremos acompañándoos en la implementación del Acuerdo de Paz", subrayó Moguerini.
El mandatario colombiano, por su parte, agradeció el gesto de la Unión Europea y su labor de apoyo al proceso de paz en su país.
Santos destacó ante el Parlamento Europeo el legado que deja su mandato sobre el Proceso de Paz con las FARC. "Entrego a mi sucesor, en algo más de dos meses, un país sin conflicto armado con las FARC, un país con menos pobreza, con más igualdad, con más empleos, con más y mejor educación, con un sistema de salud que ahora tiene cobertura universal, con mucha mejor infraestructura y un país comprometido con el cuidado de nuestra extraordinaria biodiversidad", declaró.
En su discurso, el presidente colombiano aseguró que el Proceso de Paz con las FARC es "irreversible" y "definitivo", con independencia de quien obtenga la victoria en la segunda ronda de los comicios presidenciales el 17 de junio.
Bogotá, D. C, 30 de mayo del 2018. Redacción Ecos. Foto: Semana.- El Polo Democrático Alternativo, que forma parte de la Alianza Verde y que apoyó a Sergio Fajardo, decidió mayoritariamente apoyar para segunda vuelta al candidato de la Colombia Humana, Gustavo Petro.
El Polo Democrático Alternativo, un partido catalogado como de centroizquierda e izquierda y una orientación política diversa centrada en la socialdemocracia, el socialismo democrático, el progresismo, la economía social de mercado y el anti-neoliberalismo, definió unirse a la causa presidencial con Petro sin el respaldo del senador Jorge Robledo quien le pide a sus seguidores votar en blanco.
Los voceros de dicha colectividad se reunieron con el candidato de la Colombia Humana en la noche de este miércoles, luego de la reunión donde las mayorías decidieron la ruta para la segunda vuelta presidencial.
En diálogo con Ecos, el representante Germán Navas Talero calificó dicha decisión como “una muestra de unión de la izquierda para contener el triunfo de la derecha en Colombia”.
