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El Alto Comisionado de Paz, Rodrigo Rivera, sostuvo que está dispuesto a convocar escenarios de diálogo con el equipo de empalme del Presidente electo, Iván Duque, para que tengan una interlocución directa con las Farc.

“Enteramos al equipo de empalme del gobierno entrante sobre cómo nos relacionamos con las Farc en la Comisión de Seguimiento Impulso y Verificación de la Implementación del Acuerdo de Paz, CSIVI, cómo se dialoga y resuelven allí las diferencias, cómo se estudian los problemas en el Consejo Nacional de Reincorporación”, sostuvo el Alto Comisionado Rodrigo Rivera señaló.

Dijo que los representantes del Presidente electo que están dialogando sobre el tema de paz, en el proceso de empalme, se quedan con la inquietud y sugerencia para que ellos tengan una participación directa con representantes de las Farc. “Se llevaron la oferta, la agradecieron y serán ellos quienes decidan si se activa antes de comenzar el nuevo gobierno”, destacó Rivera.

El Alto Comisionado para la Paz reveló que durante el empalme se han compartido visiones frente al futuro de la reincorporación de los exintegrantes de Farc y se le ha entregado a los delegados del gobierno entrante información sobre menores de edad que salieron de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación y de cómo el gobierno ha manejado autónomamente este tema.

“Hemos encontrado en el equipo de empalme un gran interés e identidad en que este propósito sea exitoso y que el Estado cumpla compromisos frente a los miles de excombatientes, en su apuesta de ser ciudadanos plenamente reincorporados a las comunidades que ahora pertenecen, incluyendo temas como el acceso a tierra, a educación y a proyectos productivos”, señaló el Comisionado para la Paz.

El Comisionado Rivera quien dejó su actividad diplomática para impulsar no sólo el Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno del Presidente Santos y las Farc, sino para el desarrollo del pos-conflicto que logre por fin  la verdadera convivencia ciudadana, destacó el interés del Gobierno entrante por conocer el relacionamiento institucional con delegados de Farc y cómo ha funcionado eso en el nivel territorial.

Bogotá, D. C, 29 de junio de 2018.

Redacción Ecos Nacional

"No vamos a permitir que el país siga teniendo ese crecimiento vertiginoso en los cultivos ilícitos", aseguró el presidente electo Iván Duque desde Washington, Estados Unidos, donde se reunió con autoridades y congresistas de ese país.

Ante el aumento histórico de los cultivos de coca en Colombia que llegó a 209.000 hectáreas en 2017, según el más reciente informe del Departamento de Estado, Duque señaló que "vamos a trabajar por una reducción sustancial y también vamos a enfrentar todos los grupos armados ilegales que se están nutriendo de ese negocio".

"Desde el primer día vamos a enfrentar ese mal y vamos a tener una agenda muy clara en materia de seguridad", sostuvo el presidente electo en declaración a medios de comunicación.

Sobre la decisión del presidente Juan Manuel Santos de reanudar la aspersión con glifosato, esta vez  por medio de drones, Duque dijo que él desde hace tiempo viene planteando esa alternativa y que la estrategia debe ser integral.

"Yo creo que en este momento tenemos que mirar todas las opciones y tienen que ser las que garanticen mayor precisión, mayor efectividad y que minimicen al máximo cualquier daño a terceros", recalcó.

Aprobación de la JEP

Frente a la aprobación de la reglamentación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el Congreso de Colombia, destacó el acuerdo que hubo entre todos los partidos para sacarla adelante.

"Lo que tenemos que celebrar todos los colombianos es que pudimos llegar a un acuerdo sobre procedimientos y se dejaron claro unos temas relacionados con extradición y también algunos relacionados con las medidas suspensivas en lo que tiene que ver con los procesos de los militares, sin quitarles a ellos la posibilidad de que voluntariamente acudan a ese procedimiento", detalló.

Duque se reunió con los congresistas; Marco Rubio, del Partido Republicano y Rubén Gallego, del Partido Demócrata. También se reunió  con el secretario del Departamento de Estado, Mike Pompeo.

Washington, 28 de junio de 2018

Redacción y Foto: Red Medios Digital

En Buenavista, vereda del municipio de Mesetas (Meta), hace un año, hacia el mediodía, se cumplió el acto final de dejación de 7.132 armas individuales de la guerrilla de las Farc, certificada por la Organización de Naciones Unidas, ONU. 

En la ceremonia participaron el Presidente Juan Manuel Santos; el jefe de las Farc, Rodrigo Londoño, y el jefe de la Misión de la ONU en Colombia, Jean Arnault. 

Al tomar la palabra el señor Arnault afirmó que la Misión a su cargo “recibió el 30 por ciento de esas armas a partir del 7 de junio, y el otro 30 por ciento a partir del 14 de junio; la tercera parte empezó el 21 de junio y al día de hoy, la Misión ha recibido en sus contenedores el conjunto de las armas individuales registradas de los guerrilleros de las Farc – EP”. 

Desde aquel rincón de Colombia el Jefe del Estado señaló que “sin armas, sin violencia, no somos más un pueblo enfrentado entre sí. No somos más una historia de dolor y de muerte en el planeta”. 

Y acto seguido dijo: “Señor Rodrigo Londoño y miembros, hoy excombatientes, de las FARC: Les tomo su palabra. Colombia entera les toma su palabra. Y la comunidad internacional es testigo. En adelante, como usted lo ha dicho, esa, su palabra, será su única arma”. 

Menos de un año después, el Presidente Santos al gradecer una vez más el esfuerzo de los miembros de la Fuerza Pública para obtener la paz y manifestó su satisfacción por que los otrora guerrilleros ahora participaban en democracia. 

“El haber presenciado en las últimas elecciones, las más tranquilas, las más seguras, las más participativas, la participación fue la más alta de la historia, al antiguo Comandante de las Farc desmovilizado, desarmado, reintegrado a la vida civil, votando por primera vez en su vida como jefe de un partido político, esa transición de la guerra a la paz, a la democracia, se debe a nuestros soldados, a nuestros policías, a nuestras instituciones armadas”, afirmó en la Escuela Naval de Cadetes, en Cartagena. 

Aquel 27 de junio en Buenavista, el Mandatario recordó que durante las más de cinco décadas del conflicto hubo más de 8 millones de víctimas y más de 220 mil compatriotas muertos, y aseveró que “habrá justicia y habrá reparación. Habrá verdad y habrá garantías de no repetición para las víctimas. De eso nos aseguramos en el Acuerdo de Paz”. 

Señaló que ese 27 de junio se convertiría en un día que “jamás olvidaremos: ¡El día en que las armas se cambiaron por las palabras ! ”. 

Hoy, a varias semanas de concluir su mandato las palabras pronunciadas por el Mandatario ese 27 de junio en Buenavista cobran vigencia. 

“Y puedo decir, desde el fondo de mi corazón, que por llegar a este día, por vivir este día, por lograr este día, ha valido la pena ser Presidente de Colombia”. 

Este miércoles en una entrevista radial el Mandatario pronunció una frase que fue su lema durante todo el proceso de paz y cuya vigencia no tiene términos. 

“Siempre lo he dicho: esa paz no es mía, esa paz no es de Juan Manuel Santos, esa paz no es del Gobierno, es la paz de todos los colombianos”. 

Bogotá, D. C, 27 de junio de 2018 

Redacción y Foto: SIG

Después de varios días de discusión, el Senado de Colombia por fin le dio luz verde al procedimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, cuando en la sesión extraordinaria de la plenaria de la corporación, después de cuatro horas de debate, aprobó el proyecto, lo que significa que el Tribunal de la JEP ya tiene las herramientas jurídicas para su funcionamiento.

Sin embargo, la iniciativa no se aprobó como la presentó el Gobierno porque fueron incluidos artículos del Centro Democrático, es decir, el pulso lo ganó la oposición en los temas respecto a la extradición y al proceso especial para investigar a los agentes del Estado, militares y policías a través de una sala especial para su juzgamiento.

Según lo aprobado, los procesos contra los militares que están siendo investigados por la Jurisdicción Especial para la Paz, por delitos atroces en medio del conflicto, estarían quietos por 18 meses, mientras que se establece un procedimiento para su juzgamiento.

El tire y afloje en la plenaria de la corporación no fue fácil para las dos posiciones en torno al tema, pero se destacó la fortaleza de la nueva bancada del Gobierno Duque, pese a que la subcomisión que viabilizó la aprobación de  la iniciativa, no le jaló a los anhelos del CD, como limitar la participación en política de los responsables de los crímenes graves, entre otros.

Lo anterior se demuestra porque más de 20 proposiciones lideradas por la bancada del Centro democrático pasó sin mayores reveses. La controversia se calentó cuando se trató la facultad de la JEP ante cualquier solicitud de extradición de un actor del conflicto armado, la práctica de pruebas para determinar la fecha del delito, así como la diferencia  en el trato judicial entre excombatientes, las Fuerzas Militares y de Policía.

“En términos del Mundial, hemos logrado ganar el último partido de este campeonato de la paz 2014-2018. Nos metieron un par de goles ilegales en el último minuto, pero el VAR, que es la Corte Constitucional, los va a corregir”, señaló en formas contundente el coordinador ponente del proyecto Roy Barreras.

En el escenario del tema y desde la óptica del Gobierno Nacional y de organismos internacionales, se insinuó la necesidad de avanzar en la aprobación del proyecto de la JEP. El Presidente Santos exhortó a los senadores a aprobar urgente dicha iniciativa para agilizar la reglamentación para que la justicia transicional inicie su trabajo con mayor legitimidad. De igual manera lo pidió la Misión de las Naciones Unidas en Colombia que le pidió al Gobierno y al Congreso remover los “obstáculos” que impiden, a su juicio, que la implementación del Acuerdo de Paz cumpla con los compromisos de la justicia y de los derechos de las víctimas.

Tampoco se quedó atrás el Alto Comisionado de Paz, Rodrigo Rivera, quien instó a la cámara Alta, “estar a la altura del compromiso histórico con las víctimas y el proceso de paz”.

Lo que se desprende del resultado de la aprobación del procedimiento de la JEP es que el Centro Democrático ganó en los aspectos ya mencionados, lo que significa que es una bancada que empezó a obtener triunfos con la fuerza del Presidente Iván Duque, lo que permite establecer que vendrán, vía proyectos de ley o de Acto legislativo, promover cambios en lo acordado entre el Gobierno y las Farc. Así se desprendió del resultado de la aprobación del procedimiento de la JEP.

Una constancia leída por la vocera del centro Democrático, Paloma Valencia, al término de la votación, deja de manifiesto que lo que sigue respecto al tema apunta a que vendrán más iniciativas que conllevan a cambiar más aspectos de lo acordado en La Habana.

Por ahora el país amanece con un texto de conciliación que le da vía libre al procedimiento de la JEP al término de las sesiones extraordinarias y donde se aprobaron otras iniciativas de paz y de origen parlamentario, culminando el trabajo legislativo del gobierno del Presidente Santos y a la expectativa de un nuevo Congreso que se instala el 20 de julio para darle posesión el siete de agosto al Presidente Electo Iván Márquez.

Bogotá, D. C, 28 de junio de 2018.   

Por Luis Fernando García Forero

A un año de los procesos más significativos y trascendentales de la Historia de Colombia, la dejación de armas por parte de las Farc y con el acompañamiento internacional, la Cámara Alta del Congreso de Colombia, debe decidir en pocas horas, una clara posición que determinará el futuro de todos los actores involucrados en el contexto de la Justicia colombiana, que van desde las 83 mil víctimas hasta los efectivos militares y todas aquellas instancias implicadas en el devenir del conflicto armado.

La decisión es histórica porque puede dividir la historia de Colombia y apagar una legitima salida jurídica, ya que el proyecto a consideración del Congreso, el procedimiento para la Justicia Especial de Paz, permitirá que excombatientes, agentes del Estado, fuerza militares y de policía, comparezcan ante dicho tribunal para desarrollar los principios de verdad, reparación y retribución de las víctimas, basado en la Justicia Transicional.

Ecos diálogo con el senador Roy Barreras quien fue contundente en expresar que el procedimiento de la JEP es el eje fundamental de la paz porque garantiza la seguridad jurídica a todos los colombianos.

Las horas y los minutos se están acercando para que el Senado de Colombia defina la suerte del procedimiento de la JEP. El senador Roy Barreras, quien ha entregado  toda su actividad política y legislativa a la paz de Colombia, fue certero en afirmar que “echar por tierra la JEP, destruirla, dañarla, es quitarle a las víctimas el derecho a la verdad. Pero además, es quitar a los militares la salida jurídica que con ellos construimos y que ha permitido que más de 2 mil integrantes de la Fuerza Pública vuelvan a su casa”.

Fue enfático en argumentar que el Congreso aprobando dicha iniciativa, beneficiaría a las víctimas que sólo en la JEP podrían conocer la verdad.

En ese mismo espíritu, Barreras recordó que “dolorosamente hay 84 mil desaparecidos, madres de colombianos que no olvido y que no saben dónde están sus hijos y sus esposos. Es la JEP las que les permitirá saber dónde están”.

Barreras, coordinador ponente del proyecto en mención, dijo que si hunden la JEP y piensan cambiarla “por una sala inconstitucional, como lo propone el Centro Democrático, que no se puede crear en esa ley, deja a los militares en el limbo en manos de la Corte Penal Internacional”.

Señala Roy Barreras que el otro efecto negativo, si se archiva la iniciativa, es que “si destruyen la JEP, la seguridad jurídica que se logró para los terceros, también se echa por tierra y en esa nueva guerra jurídica, que empezaría, los terceros terminarían en la justicia penal ordinaria”.

Expresó el senador valluno que la suerte sobre el proyecto está echada y dijo que “si se traiciona el Acuerdo de Paz, no habría con quien negociar nada, eso fue lo que pasó en Centro América con las Maras. Ese destino violento puede evitarse todavía dejando estable y segura la paz, gracias a la JEP” y agregó que si hunden la JEP, estarían llamando a la CPI para juzgar a los militares.

Finalmente aseveró el médico y senador Roy Barreras, que  el nuevo Gobierno debe tener muy buenos proyectos y una agenda legislativa positiva.

“Lo que sea bueno para Colombia lo apoyaremos, pero si ellos no vienen a construir sino a destruir la paz, no pasarán, aquí estaremos defendiendo la paz”, aseguró.

Bogotá, D, C, 27 de junio de 2018.

Por Luis Fernando García Forero

El tema no se define en el Senado de la República. No hay consenso entre la subcomisión que deberá rendir un informe a la plenaria de la corporación que posibilite la aprobación de dicha iniciativa y que fue aprobada en la Cámara de Representantes.

Las reuniones con el Ministro del Interior Guillermo Rivera y los senadores avanzan, pero sin resultados. Es importante destacar que la JEP ya está en funcionamiento, pero en la realidad jurídica, carece de una ley que reglamente sus funciones.

El Congreso y más directamente la Cámara Alta, tiene la responsabilidad del futuro del proyecto que ya se discute en sesiones extraordinarias que fueron decretadas por el Gobierno, pues el 20 de junio se culminó el periodo legislativo ordinario.

Los senadores Jorge Robledo, Paloma Valencia, Armando Benedetti, Eduardo Baena, entre otros son algunos de los miembros de la subcomisión, pero las propuestas de la bancada del Centro Democrático estancan el consenso.

Los temas que propone el partido del Ex presidente y Senador Álvaro Uribe tienen que ver con crear una sala especial dentro del tribunal, que juzgue a los militares involucrados en el conflicto armado con diferentes magistrados a los ya existentes. Sobre este tema, el senador Armando Benedetti, ponente del proyecto de Ley, ha dicho que esto es imposible porque se requeriría una reforma constitucional.

Benedetti quien ha criticado la actitud de la bancada del Centro Democrático para viabilizar la aprobación de la iniciativa, sostuvo que “ están poniendo trabas y que con lo que proponen dejaran a los militares sin una situación jurídica clara lo que llevaría a la intervención de cortes internacionales”.

La participación en política de los líderes de las Farc ha sido otro de los puntos en controversia. Según los opositores,  lo que se pretende es que los responsables de crímenes de lesa humanidad no puedan participar en política. Y por último se solicita que las víctimas del conflicto puedan tener una participación en los procesos con mayor impacto.

Según el senador Roy Barreras, “la subcomisión no puede encontrar solución para la JEP porque las pretensiones del Centro Democrático son de rango constitucional y no pueden modificarse con una ley ordinaria. Así que lo que corresponde es aprobar ya el texto de la Cámara”, dijo en su cuenta de twitter, y donde también señaló que “No tiene sentido enfrascar al Presidente electo en un debate estéril  y desgastante negándose a aprobar ley de procedimiento JEP que todo el mundo sabe que es necesaria. Van a pasarse los 4 cortos años demoliendo en lugar de construyendo?”.

Presidente Santos insiste

Entre tanto el Presidente Juan Manuel  Santos hizo un nuevo llamado al Senado de la República para que apruebe las normas procedimentales de la Justicia Especial para la Paz, JEP, porque “a las Fuerzas Armadas de Colombia les conviene”.

El Jefe del Estado enfatizó en que “no es cierto, óigase bien, no es cierto que nuestras Fuerzas quieran lo que algunos pretenden decir que quieren: que quieren un espacio especial, unos magistrados especiales dentro de la justicia transicional” y agregó que “eso no es lo que le conviene a nuestras Fuerzas (…) porque inmediatamente los pondrá, nuevamente, en la lupa de la Corte Penal Internacional”.

Recordó el arduo trabajo cumplido ante la Corte Penal Internacional para que esta aprobara la justicia transicional para las Fuerzas Armadas. “No hay excusa para demorar esta decisión que es lo que le conviene a todo el mundo”, puntualizó el Mandatario.

Sobre el tema, el comandante general de las Fuerzas Militares, general Alberto Mejía, afirmó que “nosotros tenemos tres imperativos (…) el primero es impulsar, desarrollar y apoyar a la Justicia Especial para la Paz. El segundo, es armónico con el primero, consiste en fortalecer la Justicia Penal Militar y el tercero, mantener, soportar esa orden constitucional de que las Fuerzas Militares y de Policía “tienen un fuero carcelario especial”.

Dijo que en su condición de representante de las Fuerzas Militares puede afirmar que la Justicia Especial para la Paz en lo que tiene que ver con los integrantes de la Fuerza Pública “no se escribió y no se construyó en La Habana”.

Aseveró que “el Gobierno nos invitó a participar y allí en ese diálogo que realizamos nosotros con el Congreso de la República con los diferentes ministerios ayudamos a construir una Justicia Especial para la Paz, que hoy en día es uno de los elementos vitales del proceso de paz”.

Bogotá, D. C, 25 de junio de 2018.

Por Luis Fernando García Forero.

El presidente electo de Colombia Iván Duque Márquez, luego de visitar el municipio de Gómez plata en el departamento de Antioquía, la tierra natal de su padre, ya fallecido, Iván Duque Escobar, se trasladó al proyecto  hidroeléctrico Ituango.

Allí Duque, quien se posesionará este 7 de agosto del 2018, conoció en compañía del Gobernador de Antioquia., Luis Pérez, y el Gerente de Empresas Públicas de Medellín, los avances de la construcción y la mitigación de la emergencia que se presentó el pasado 28 de abril en HidroItuango, obligando la evacuación de varias poblaciones aguas abajo.

El presidente electo resaltó la importancia de esta mega obra para el país explicó que “estamos hablando de más de 2 300 megas de capacidad instalada, en un país que tiene 16.600. Es el proyecto de generación hidroeléctrica más importante de la historia de nuestro país”.

Destacó el esfuerzo de los trabajadores de la obra y los calificó como héroes porque evitaron lo que hubiera podido ser una gran tragedia y mitigaron bastantes riesgos.

“Se está trabajando con mucha dedicación para poder contener cualquier situación de riesgo que exista. Pero tendremos que seguir deseándole al equipo de ingeniería, trabajadores, al consorcio constructor, a la Gobernación, los mejores vaticinios y deseos para que esta obra se pueda rescatar y sacar adelante para que Colombia se beneficie de un proyecto de semejante envergadura”.

Anunció que aspira a “contribuir y ayudar en todo lo que sea posible para que el proyecto salga adelante, para que se mitiguen los riesgos. Quiero también dar un mensaje a las familias que han tenido que ser reasentadas por la mitigación de riesgos, agradecerles la paciencia que ha tenido. Y también espero como presidente de los colombianos, atenderlos y ayudar a resolver sus problemas inmediatos”. 

Finalmente Iván Duque dijo que “esta visita para mí es la reafirmación del deseo que tenemos todos los colombianos de que un proyecto de esta naturaleza pueda salir adelante y que podamos enfrentar cualquier adversidad, aquí se han enfrentado riesgos grandes”.

Medellín, 24 de junio de 2018.

Redacción Ecos.

La solución a la crisis venezolana pasa inevitablemente por la salida del poder de Nicolás Maduro, afirmó el Presidente Colombiano, Juan Manuel Santos, en una entrevista con EFE, en la que señaló que es “muy difícil” la relación con un vecino así.

“Sin duda alguna. La salida de Maduro es una condición necesaria para un cambio de régimen y para la devolución a los venezolanos de su Democracia“, afirmó el mandatario al responder una pregunta sobre si la salida de Maduro es indispensable para resolver la crisis.

Santos, que entregará el poder el próximo 7 de agosto a Iván Duque, elegido presidente el pasado domingo, afirmó que el mundo ha visto “que Venezuela ha venido avanzando hacia una dictadura“.

“Hoy es una dictadura”, dijo Santos y añadió que el régimen de Maduro “acabó con las instituciones democráticas, no ha hecho otra cosa diferente a violar los DD.HH. de los venezolanos y eso es algo que Colombia no puede aplaudir”.

Explicó que, por ello, no se puede ser socio de un Gobierno como el de Venezuela, país con el que Colombia comparte una frontera de 2.219 kilómetros. “No podemos estar en ese sentido de socios de Venezuela, por eso nos hemos venido distanciando y efectivamente tenemos una relación muy difícil”, manifestó.

Dijo además el Primer Mandatario Colombiano que con el Gobierno de Maduro, los colombianos han sido y serán “implacables” y seguirán “presionando por todas las formas posibles para buscar un cambio de ese régimen y una situación que le permita a Venezuela recobrar sus libertades y su democracia”.

Santos llegó al poder en agosto de 2010 y uno de sus primeros logros en política exterior fue recomponer las relaciones de Colombia con Venezuela y Ecuador, dos de sus cinco vecinos, rotas durante el Gobierno de su antecesor, Álvaro Uribe (2002-2010), pero el deterioro de la democracia venezolana las puso nuevamente al borde de la ruptura. 

“Nosotros mantuvimos unas relaciones cordiales hasta el momento en que comenzaron realmente a destruir las instituciones democráticas. El punto de quiebre, lo que rebasó la copa, fue la Asamblea Constituyente (…) eso fue la confirmación o el principio del fin de la democracia en Venezuela“, afirmó Santos.

Colombia no reconoció la Asamblea Constituyente instaurada por Maduro el año pasado para suplantar a la Asamblea Nacional de mayoría opositora, ni tampoco las elecciones del pasado 20 de mayo en las que fue reelegido el mandatario venezolano.

“Y ahí fue cuando rompimos. No reconocimos esa Asamblea Constituyente, después fuimos los primeros en decir ‘no reconocemos las elecciones convocadas por esa Asamblea Constituyente"”, agregó.

El mandatario colombiano reiteró la condena de su Gobierno a “lo que ha venido sucediendo en Venezuela en materia de represiones y violaciones de los derechos humanos” porque eso significa “acabar con las libertades” algo que considera “un principio inviolable”.

Sobre la llegada a Colombia de más de un millón de venezolanos que huyen de la crisis, Santos afirmó que es “una situación realmente dramática” con un “costo altísimo” para su país.

“Mi obligación y la de todos los colombianos es ser solidarios con los venezolanos, mas no con el régimen que está produciendo esta crisis”, dijo el jefe de Estado, quien afirmó que la ONU, que hace unos días pidió a los países latinoamericanos involucrarse más con este problema es quien debe hacer más.

Bogotá, 22 de junio de 2018.

Por Redacción Ecos.

Foto: EFE

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los DD.HH., Zeid Ra’ad al Hussein, instó a la Corte Penal Internacional (CPI) “se implique” en el caso de los graves abusos cometidos en Venezuela, dada la “impunidad generalizada” y la inacción del Estado.

“Dado que el Estado parece no tener la capacidad ni la voluntad de enjuiciar a los responsables de las graves violaciones de los DD.HH., existen sólidas razones para considerar una mayor implicación de la Corte Penal Internacional en esta materia”, afirmó Zeid.

La Oficina de Alto Comisionado publicó su Segundo Informe a distancia, las autoridades le niegan el acceso al país, sobre la situación en Venezuela, en el que se denuncian cientos de homicidios, presuntas ejecuciones sumarias, uso excesivo de la fuerza en contra de manifestantes, torturas y detenciones arbitrarias a manos de las fuerzas de seguridad.

Concretamente, el Informe documenta las presuntas ejecuciones sumarias perpetradas en el curso de operaciones de lucha contra el crimen organizado denominadas Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP) entre 2015 y 2017, y Operaciones Humanitarias de Liberación del Pueblo a partir de 2017.

La Fiscalía General r,egistró 505 muertes a manos de las fuerzas de seguridad durante las OLP que según las fuentes de la Oficina, seguían el mismo patrón: incursiones en los barrios pobres con el fin de detener a los “criminales” sin orden judicial y manipulación del lugar de los hechos para simular enfrentamientos y poder afirmar que las muertes fueron el resultado de intercambios de disparos. La Fiscalía inició 373 investigaciones de agentes, pero a día de hoy no hay información sobre ninguna de estas.

Asimismo, el Informe documenta la muerte sin investigación de 43 reclusos en una cárcel del Amazonas.

El Informe denuncia también la aparente “impunidad generalizada en beneficio de las fuerzas de seguridad presuntamente responsables de la muerte de al menos 46 personas durante las protestas de 2017″. De las 54 órdenes de detención cursadas por la anterior Fiscal General contra agentes de las fuerzas del orden por esos hechos, solo hay conocimiento del inicio de un juicio formal.

Según las informaciones recabadas, al menos 280 personas han sido “arbitrariamente privadas de libertad por expresar sus opiniones políticas, por ejercer sus derechos o por ser consideradas una amenaza al Gobierno”.

Además, el Informe documenta unos 90 casos de personas detenidas que fueron sometidas a tratos crueles, inhumanos y degradantes desde 2014, lo que “en muchos casos puede llegar a constituir tortura“.

“El hecho de no haber responsabilizado a las fuerzas de seguridad por las violaciones tan graves de DD.HH. que se han perpetrado, sugiere que el Estado de Derecho está prácticamente ausente en Venezuela”, aseguró Zeid.

“Desde hace años se vienen menoscabando las salvaguardas y los equilibrios institucionales, así como el espacio democrático en Venezuela, lo que deja un escaso margen para hacer rendir cuentas al Estado. La impunidad debe terminar”, agregó el responsable.

El texto también se refiere a la grave crisis alimentaria por la que atraviesa el país y acusa al Gobierno de Venezuela de “ignorar” su dimensión. Según cifras citadas en el Informe, el 87 % de la población de Venezuela está afectada por la pobreza, el 61,2 % se encuentra en situación de pobreza extrema, y se ha constatado un rápido incremento de la desnutrición infantil.

Ginebra, 23 de junio de 2018.

Por Luis Fernando García Forero.

Foto: Foreign Policy

La ilusión de un mundo libre de armas atómicas se desvance: se están desarrollando nuevas armas nucleares, informa el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, en su informe anual.

2017 fue un año especial para quienes luchan contra las armas nucleares: 122 Estados Miembros de las Naciones Unidas firmaron un acuerdo para ni producirlas ni adquirirlas. Sin embargo, el objetivo de un mundo libre de armas atómicas no está más cerca.

Según las últimas estimaciones del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI), todavía hay 14.465 armas nucleares que se encuentran en manos de sólo nueve países: EE.UU., Rusia, Gran Bretaña, Francia, China, India, Pakistán, Israel y Corea del Norte. Aunque estas nueve naciones son pocas, ni siquiera piensan en renunciar a sus arsenales nucleares.

En comparación al año pasado, el número total de armas nucleares ha disminuido ligeramente, pero al mismo tiempo las existentes se están modernizando, destaca Shannon Kile, jefe del proyecto sobre armas nucleares del SIPRI. "Eso significa que las armas más antiguas serán reemplazadas, algunas tienen 40 o 50 años, pero también se desarrollará armamento nuclear con nuevas capacidades y nuevas funciones técnicas".

El gobierno de EE.UU. no confirmó hasta febrero el desarrollo de nuevas armas nucleares, cuando lanzó una versión actualizada de su doctrina nuclear. Alemania, que no tiene armas nucleares propias, se ve también afectada como miembro de la OTAN bajo el escudo nuclear de los EE.UU. La veintena de bombas atómicas estadounidenses B61 estacionadas en la región del Eifel (en el oeste de Alemania) deberán ser reemplazadas en los próximos años por sistemas de mayor precisión.

Los EE.UU. prevén invertir mucho dinero en la renovación de su arsenal nuclear: 400.000 millones de dólares hasta 2026. Para las potencias nucleares más pequeñas, como India y Pakistán, se trata, según Shannon Kile, de una especie de "carrera de armas estratégicas": desarrollan nuevas armas nucleares y aumentan al mismo tiempo su capacidad de producción de material fisible. Las armas nucleares siguen siendo un componente central de su respectiva estrategia de defensa nacional.

Kile considera que no está clara la efectividad de los tratados internacionales: "Lo que me preocupa en este momento es que la relación política y estratégica entre EE.UU. y Rusia se ha derrumbado… y ambos países juntos tienen el 92 por ciento de todas las armas nucleares".

El experto teme que los acuerdos de desarme más importantes, como el "New START", con vencimiento en los próximos años, no sean reemplazados por otros nuevos. En ese caso, no habría restricciones contractuales sobre la limitación de arsenales. "Nos estamos alejando claramente de la visión de Barack Obama de un mundo libre de armas nucleares en 2009", resume.

El rápido progreso técnico alcanzado por Corea del Norte, que en doce meses ha probado bombas nucleares y misiles de largo alcance, resulta sorprendente para el experto del SIPRI, que lleva años monitoriando la evolución de los nueve países nucleares. No está claro, considera, que la reunión entre Donald Trump y el líder norcoreano, Kim Jong-un, vaya a conducir a un desarme nuclear efectivo. "Soy un poco escéptico", admite. Pero la cumbre abrió la puerta para avanzar con medidas de fomento de la confianza.

En su "Informe anual 2018", los investigadores del SIPRI compilaron datos que ponen de relieve la delicada situación de seguridad: nunca antes, desde el final de la Guerra Fría, se gastó tanto dinero en defensa como en 2017. La suma del gasto militar mundial fue de 1.739.000 millones de dólares, 230 dólares por cada habitante del planeta. En 2016, el gasto per capita en armamento era todavía de 227 dólares.

Este aumento se explica por un mayor gasto militar en algunas, aunque no en todas, las regiones del mundo. Sorprende el aumento en Asia: por ejemplo, China incrementó su presupuesto de defensa en un 5,6 por ciento hasta los 228.000 millones de dólares. En Europa, mientras los países del Este gastaron significativamente menos en defensa en 2017 que en el año anterior, los de Europa Central y Occidental aumentaron sus presupuestos militares. 

Alemania destinó el año pasado 37.000 millones de euros (unos 43.500 millones de dólares) al ejército, lo que representa unos 2.000 millones de euros más que el año anterior. El presupuesto de defensa más alto de todos los países se mantiene sin cambios: el de EE.UU., con 610.000 millones de dólares. Le siguen China, Arabia Saudí y Rusia.

Según los investigadores de Estocolmo, otra tendencia continúa: el comercio mundial de equipos militares sigue creciendo tras alcanzar su nivel más bajo a principios de la década del año 2000. Entre los mayores exportadores de armas se cuenta Alemania: tras EE.UU., Rusia y Francia, el país es el cuarto mayor exportador de equipos militares del mundo.

Estocolmo, 20 de junio de 2018.

Por Redacción Ecos.

Foto: Voces del Periodista Diario